Por Abelardo de la Torrente
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala juega con fuego al reclamar lo que constitucionalmente, en base al Presupuesto de Ingresos de la Nación le corresponde al alma mater. Según el artículo 84 de la Constitución de la Republica, este monto es de no menos del cinco por ciento del presupuesto, además de que esa cantidad debe aumentar conforme crezca la matricula estudiantil.
El CSU hace un planteamiento oportunista de esta justa reivindicación. Aunque es cierto que la situación financiera para el funcionamiento administrativo y académico de la universidad tambalea, también es cierto que el CSU chantajea con que no hay dinero, sobre todo en lo que respecta a salarios y la negociación del pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC), que tiene casi una década de estar en discusión.
Otros elementos que flotan en el ambiente son: la imagen que el actual rector Estuardo Gálvez quiere levantar de cara a algunas aventuras en la politiquería nacional; y la intención del actual secretario académico Carlos Alvarado Cerezo de lanzar su candidatura para convertirse en el próximo rector por el grupo gobernante de la estructura burocrática universitaria, para lo cual intenta obtener protagonismo.
Los dimes y diretes entre el gobierno y las autoridades universitarias han hecho que el CSU tenga que modificar su exigencia. El Ministerio de Finanzas argumentó mañosamente que sí ha transferido el 5 %, basándose solamente en los ingresos ordinarios, mientras que la Constitución es clara, pues menciona que se debe tomar en cuenta todos los ingresos, tanto ordinarios como los de otro origen. Esta situación le requirió al CSU que por medio de un estudio técnico modificara su primer exigencia, de pedir que se transfieran recursos financieros de ejercicios presupuestarios anteriores que no han sido entregados, a exigir lo que realmente corresponde constitucionalmente.
Sabemos que la estructura burocrática de la USAC tiene intereses espurios. Pero también sabemos que cuando una demanda de esta naturaleza es lanzada, por el carácter justo de la exigencia es vital entender la coyuntura. En este caso se levanta la posibilidad que de los sectores democráticos broten posturas independientes. Aquí hay una realidad, y es que independientemente de sus intereses, el CSU se está enfrentando con el gobierno central. Esa realidad concreta no se puede negar y ante eso hay que crear un movimiento independiente que plantee sus propias reivindicaciones junto a la demanda del 5% del presupuesto de la nación para la USAC.
El CSU convocó a una marcha para el 24 de abril, acción que por muchos motivos será masiva, sobre todo por la participación del STUSC. El sector de trabajadores aprovechará para levantar sus propias demandas. Como PSOCA hemos llamado al estudiantado a participar, pero demandando al CSU que entregue cuentas claras del gasto de los recursos de la USAC y que impulse el proceso de reforma universitaria. Algunos grupos estudiantiles que exigen con justeza que el CSU inicie un proceso de reforma, ven la participación en la marcha como un aval a la actuación de las autoridades, pero consideramos que esta postura lleva a aislarse y a desaprovechar una oportunidad para desenmascarar al CSU ante la opinión pública.
La exigencia del 5 % es justa, pero de nada nos sirve ese dinero si el CSU no rinde cuentas claras de su uso, si los recursos no se distribuyen democráticamente entre todas las unidades académicas, si se mantienen sueldos exorbitantes para funcionarios y catedráticos que prácticamente son inamovibles y si la USAC continúa siendo un botín para empresarios, partidos políticos de derecha y burócratas que sólo piensan en enriquecerse y usarla de trampolín para incursionar en la política nacional.
Por tanto exigimos un proyecto académico que respalde la ejecución de gasto a partir de las necesidades populares y eso se da con la reforma universitaria. Previamente demandamos que los planes de inversión establecidos en el ejercicio presupuestario para este año tengan una coherencia entre ellos a partir de ejes del quehacer sancarlista, extensión, docencia e investigación.
A pesar de que estamos haciendo un llamado voluntario a participar, denunciamos las presiones de parte de las autoridades a trabajadores y docentes para que participen en la marcha, así como a los malos docentes que se prestan a darles puntos a sus estudiantes para lo mismo y a la mafia lumpenizada del deshonorable comité de huelga que aprovechando esta situación se pone a cobrar parqueos extorsionando al estudiante. Exigimos a las autoridades que paren esas situaciones.
¡5 % CON TRANSPARENCIA Y SIN CORRUPCIÓN¡
¡5 % DEL PRESUPUESTO, 100 % DE REFORMA UNIVERSITARIA¡
GUATEMALA.- La toma del edificio de Rectoría en una encrucijada
Por Jocelyn Rosales
La toma del edificio de rectoría en la Universidad de San Carlos por parte de estudiantes ya lleva más de dos meses. Como lo explicamos en su momento, el motivo de la toma es que el Consejo Superior Universitario, en sesión del 6 de febrero decidió no aceptar la propuesta de metodología de reforma universitaria elaborada por la Comisión Multisectorial surgida de los acuerdos firmados con Estudiantes Por la Autonomía en septiembre de 2010, sino integrarla con otra propuesta presentada por representantes del mismo CSU y sectores conservadores que abandonaron la Comisión multisectorial en mayo de 2012. La Coordinadora de Planificación de la USAC sería la encargada de elaborar un documento final. Ese 6 de febrero los compañeros tomaron el edificio.
Sindicatos de docentes, trabajadores, distintos grupos y algunas asociaciones estudiantiles se solidarizaron con la toma. El edificio de rectoría se volvió un centro de difusión e información y se fue ganando simpatía estudiantil para la causa de la reforma, hecho importante puesto que los estudiantes serán la vanguardia organizativa y propositiva de este proceso.
El CSU respondió con una denuncia ante el Ministerio Público y medidas represivas administrativas contra dos compañeras y un compañero que son voceros de la lucha. En sesión del 13 de marzo los integrantes del CSU recogieron una propuesta de salida a la coyuntura que hizo un grupo de estudiantes de la Escuela de Ciencia Política con representación en la Comisión Multisectorial, que planteaba que se forme una comisión de trabajo con representantes del CSU.
Es evidente para una buena parte de los grupos estudiantiles que apoyamos la toma desde el inicio, que esta medida de hecho ya está agotada, que ya se aprovechó lo que se podía de ella (presión al CSU, instalación de una radio reforma con denuncias continuas, acciones de divulgación de la necesidad de la reforma, etc.), pues las autoridades no han desistido de las medidas represivas contra los tres compañeros y están jugando la carta de vencer por cansancio la toma. Las compañeras y compañeros han hecho un enorme sacrificio al sostener por tanto tiempo esta acción de hecho, pero consideramos que dejaron pasar el momento de aprovechar la presión generada por la acción para realizar una negociación con resultados ventajosos para las fuerzas que apoyamos la reforma universitaria. Esta negociación debió realizarse a lo sumo un par de semanas después de tomadas las instalaciones de la rectoría.
En la sesión del CSU del 10 de abril, los compañeros, bajo el nombre de Asamblea Permanente de Estudiantes Universitarias y Universitarios presentaron una propuesta que a nuestro juicio no promueve una solución del conflicto, pues exige a las autoridades que respeten el acuerdo firmado con EPA en 2010 y no tomen en cuenta la metodología presentada por los grupos que abandonaron la Comisión Multisectorial, y se acepte tal como está la propuesta elaborada por esta última. Además demanda que cesen las medidas tomadas contra los tres compañeros, entre otras cosas. Esta propuesta, aunque justa, no deja espacio para una negociación con las autoridades, pues exige el todo por el todo.
Una acción de hecho tiene como objetivo obligar al contrincante a negociar. En toda negociación hay cosas en las que tendremos que ceder, y otras en que no, de modo que al final se llegue a un acuerdo lo más ventajoso posible. Además es erróneo apostar a una sola acción para conseguir un objetivo. El movimiento estudiantil universitario es lo suficientemente creativo como para generar mil formas más de lucha para obligar al CSU a impulsar la reforma universitaria.
El CSU está aprovechando la intransigencia de los compañeros que mantienen la toma para desgastar el movimiento; la administración de la USAC ya está funcionando en otros edificios y las autoridades solo están esperando que la toma caiga por sí sola. Los resultados se están viendo en la profunda y lamentable división que esta toma innecesariamente prolongada está generando en el movimiento estudiantil, entre quienes apoyaron desde el inicio pero piensan que la acción ya debería haber finalizado y quienes han decidido continuar la toma.
El PSOCA propone que se dejen a un lado las rencillas que minan a lo interno el movimiento y se presente al CSU una propuesta que dé una salida: que las autoridades suspendan las medidas legales y administrativas contra los compañeros y que se abra una discusión sobre la metodología de reforma entre ambas partes, pero en el seno de la Comisión Multisectorial.
GUATEMALA.- El gobierno entregó puerto Quetzal al capital extranjero
Por Armando Tezucún
El 27 de marzo, miércoles santo, aprovechando que la mayor parte de la población estaba pendiente del inicio del descanso de Semana Santa, el presidente Pérez Molina anunció en conferencia de prensa que el día anterior se concretó la entrega en usufructo a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) un área de 348,171 metros cuadrados de terrenos pertenecientes a la estatal Empresa Portuaria Quetzal, que maneja el Puerto Quetzal en la costa del Pacífico de Guatemala. TCQ es una subsidiaria de la empresa española Transporte de Contenedores de Barcelona y fue creada seis meses antes de que el gobierno firmara el contrato de usufructo con ella en julio de 2012, con un capital de tan solo Q 5,000.
En ese terreno, entregado por 25 años prorrogables, TCQ construirá una terminal de descarga y manejo de contenedores para suplir la supuesta insuficiencia que existe en las instalaciones de la empresa estatal, la cual causa atrasos en la descarga y pérdida de competitividad frente a otros puertos de la región.
Como comentamos en su momento (El Socialista Centroamericano No. 141, agosto 2012), este contrato fue firmado en secreto, el gobierno negó su existencia hasta que fue denunciada por partidos de oposición y los sindicatos de trabajadores del puerto. El antagonismo que generó este acuerdo, a todas luces dañino a los intereses del país, y sobre todo las acciones de hecho realizadas por los compañeros trabajadores (marchas, huelgas) obligaron al gobierno a suspender el contrato mientras se entraba a un diálogo con los sindicatos y las instancias correspondientes resolvían impugnaciones y acciones legales. Después de siete meses aún quedaban acciones legales por resolver, y según los dirigentes sindicales, el diálogo se suspendió desde septiembre de 2012.
En la conferencia de prensa del 27 de marzo el presidente y el interventor de la EPQ, Allan Marroquín, en presencia de los empresarios españoles, sostuvieron una serie de falsedades, como que las acciones legales ya quedaron resueltas y los sindicatos finalmente acordaron respaldar la entrega del usufructo.
Lázaro Reyes, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puerto Quetzal, los refutó diciendo: “Están hablando de un puerto saturado y eso es una vil mentira, porque no lo está…Ellos están detrás de vender los servicios del puerto…El presidente habla de que estamos perdiendo gran cantidad de dinero anualmente, pero eso es mentira…” (El Periódico 27-3-13). “No hemos hablado de la concesión desde septiembre del año pasado. Es una vil mentira que nosotros lo estamos apoyando. A todas luces es un negocio que le interesa al presidente” (Prensa Libre 28-03-13).
Lo primero que hizo el gobierno a continuación fue enseñar los colmillos y los dientes enviando a Puerto Quetzal tres contingentes especiales antidisturbios, que se unirían a fuerzas navales y de paracaidistas estacionadas en el área, en caso de que los trabajadores realizaran acciones de hecho.
Pero los trabajadores han decidido actuar con prudencia. Para empezar plantearon una denuncia ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pues se sienten amenazados por la presencia policial y militar en el puerto. El 2 de abril el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puerto Quetzal y el Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal presentaron ante la Corte de Constitucionalidad dos amparos contra el interventor Allan Marroquín por considerar que no tiene facultades para enajenar bienes del Estado, como el usufructo en cuestión.
El 4 de abril los compañeros bloquearon la entrada al Congreso junto a miembros de la Unidad de Defensoría del Pueblo y estudiantes normalistas, que planteaban otras demandas. El 11 de abril, el mismo día que 90 mil campesinos protestaron en 20 departamentos del país, los trabajadores de Empresa Portuaria Quetzal realizaron una manifestación en la ciudad de Escuintla presentando un documento de peticiones en la Gobernación Departamental.
La entrega del terreno de la portuaria a la transnacional española es a todas luces ilegal por múltiples razones. Los compañeros trabajadores tendrán en su momento que acompañar las acciones legales de medidas y acciones de presión, inclusive la huelga. Es necesario actuar con cautela, pues el gobierno está listo para reprimir a la menor señal. Los sindicatos de Puerto Quetzal deben también deslindarse de los partidos burgueses de oposición, que sólo buscan jalar agua para su molino, y mantener total independencia.
GUATEMALA.- Gran marcha normalista contra el gobierno
Por Juan Castel y Dante Melgar
Cerca de dos mil personas entre estudiantes, padres de familia, docentes y activistas por la educación, salieron el pasado domingo 10 de marzo, en recorrido desde “El Tejar”, Chimaltenango, para dar inicio a la marcha en protesta contra las imposiciones que el gobierno, y el Ministerio de Educación (Mineduc), tratan de mantener con la “F.I.D” (Formación Inicial Docente), el nuevo maquillaje estructural, de corte neoliberal que el gobierno desea aplicar en la educación.
La marcha recorrió la Carretera Interamericana, hasta detenerse en San Lucas Sacatepéquez, de donde retomaría el camino el lunes 11, para entrar en un sitio de concentración a las afueras de la capital. Allí permaneció hasta iniciar el recorrido final hacia el Centro Histórico el pasado martes 12 de marzo.
Ese día, alrededor de las seis de la mañana, la marcha avanzó por calzada Roosevelt, con ruta al centro histórico vía Anillo Periférico. Los estudiantes caminarían hacia el Congreso de la Republica, acompañados de fuertes gritos de consignas, rechazando la reforma educacional, rechazando el bachillerato, proponiendo una contra reforma y demandando el magisterio.
Ya llegada la marcha al Anillo Periférico Sur, y al darse cuenta del recibimiento con mantas de parte de estudiantes de la Universidad de San Carlos, no se hizo esperar el creciente grito de consignas y vítores en apoyo a la lucha de las y los compañeros normalistas del interior, contra la creciente imposición y falta de diálogo del gobierno.
El golpeado movimiento de resistencia normalista capitalino, que el año pasado recibió una constante y creciente represión gubernamental, también se hizo notar, al sumarse más estudiantes de las normales capitalinas, durante todo el recorrido de la marcha, ya duplicado el número de personas que marchaban con rumbo al Congreso.
A la llegada de la marcha a inmediaciones del palacio legislativo, algunos de los presentes y gente que circulaba, aplaudieron e hicieron suyas las consignas de los compañeros normalistas, y también la lucha del pueblo ignorada por el gobierno y los intereses de la clase que representa.
Los estudiantes normalistas, siguiendo el motivo que los hizo caminar durante tres días largos hasta la capital, llegaron al palacio legislativo, en donde se presumía estaba la ministra de educación. Pero no estaba ahí, si no que se había trasladado a la “Casa de la Cultura”, sede de la bancada de gobierno, donde los estudiantes acudieron buscando que ella haga efectivo su papel de representante público, el cual solo ha utilizado al momento de criminalizar a los estudiantes normalistas.
Las peticiones de los estudiantes parecen simples: que la ministra convoque a una mesa de diálogo, con los sectores afectados por la reforma educativa F.I.D. La ministra, siendo coherente con la prepotencia gubernamental, no accedió a dialogar con los estudiantes, a pesar de que los diputados de la bancada de la URNG, le exigieron que lo hiciera y no fuera intransigente.
Ante la negativa de la ministra en atender el llamado de los estudiantes, estos permanecieron frente al edificio y no permitieron que nadie saliera ni entrara de él. Así fue como un diputado del partido “LIDER” permitió que sus guardaespaldas violentaran a los estudiantes y golpearan cobardemente a un estudiante normalista. Después de presenciar estos hechos los estudiantes decidieron complicar la salida de la ministra, después de rodear todos los edificios aledaños a la sede del PP en donde ella permanecía, incluso sabiendo que eso podría implicar un violento encuentro con los antimotines.
Para evitar lo anterior se acordó dialogar con la ministra en el Palacio Presidencial; así decidieron terminar con el plantón; ante esta decisión inmediatamente los antimotines se retiraron y también la ministra en una camioneta. Los normalistas marcharon hacia el Palacio Presidencial, donde una comisión acordó con los funcionaros que el diálogo seria restablecido el lunes 18 de marzo.
Los representantes del gobierno volvieron a advertir que no darán marcha atrás en la reforma magisterial, y que el diálogo será sólo para mejorar el proceso analizando las demandas de los estudiantes y padres de familia. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) alertamos a los compañeros normalistas y padres de familia para que no permitan que el gobierno les engañe de nuevo con un falso diálogo, como sucedió el año pasado, para no cambiar nada. La demanda es clara: que el Mineduc suspenda los cambios a la carrera de magisterio mientras se llega a un acuerdo.
GUATEMALA.- El gobierno pretende abaratar la fuerza de trabajo
Por Armando Tezucún
El 15 de enero pasado el presidente Otto Pérez Molina presentó al Congreso de la República un paquete de leyes cuyo propósito es impulsar la inversión privada y generar 200 mil empleos formales en el país. El paquete incluye tres leyes nuevas: la Ley de Promoción de Inversión y Empleo; la Ley Marco del Sistema Nacional de Competitividad y Productividad; la Ley de Inclusión Laboral. Otras cuatro leyes ya tienen un dictamen favorable en el Congreso: Ley de Factoraje, Ley de Estabilidad Jurídica de los Contratos, Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas y la Ley de Leasing. Las otras dos propuestas se refieren a reformas a las leyes de Propiedad Industrial y la de Registro de Garantías Mobiliarias (Diario Siglo 21 16/01/13).
En esencia, el gobierno propone estimular la inversión mediante incentivos fiscales, acreditando al pago del Impuesto Sobre la Renta ciertos gastos. Desde hace años sectores enteros de la actividad económica gozan de exenciones, por ejemplo las maquilas, empresas de exportación y las zonas francas. Los hechos han comprobado que estas exoneraciones no producen por sí mismas, ni inversión significativa ni desarrollo importante para el país. Durante años la preferencia que los gobiernos han dado a estas empresas sólo ha reducido los ingresos fiscales (gasto tributario). Según la Superintendencia de Administración Tributaria, en 2012 el gasto tributario ascendió a Q 31.5 millardos, el 8% del Producto Interno Bruto. En 2013 podría llegar a Q 32.2 millardos (Diario El Periódico 16/01/13). Esta enorme cantidad de dinero el gobierno la podría invertir en educación, salud y vivienda para el pueblo, en vez de regalárselo a estos empresarios.
El plato fuerte del paquete de leyes presentado por Pérez Molina es la Ley de Inclusión Laboral. Esta ley garantiza, reconoce, legaliza y legitima los contratos de trabajo por hora, supuestamente respetando los derechos legales de los trabajadores. Los trabajadores que laboren bajo esta modalidad recibirían el equivalente proporcional al salario mínimo. El gobierno argumenta que este sistema beneficiaría a mujeres que necesitan tiempo para atender a su familia y a jóvenes que necesiten tiempo para estudiar.
Esta ley vendría a legitimar un sistema que ya se usa en las plantaciones de agroexportación, en la construcción, en los trabajos para jóvenes vacacionistas, etc. Los compañeros que trabajan en esas condiciones no reciben las prestaciones de ley ni están afiliados al sistema de seguridad social. La Constitución de la República garantiza a los trabajadores una jornada de trabajo de ocho horas, y establece que si alguien trabaja menos de ese tiempo, aun así tiene derecho a recibir el salario mínimo. Es este compromiso de ley, que asegura a los trabajadores ingresos mínimos, el que pretenden destruir las nuevas leyes, creando empleos con sueldos bajos y sin las prestaciones de ley.
El gobierno convocó el 22 de febrero a los sindicatos para lograr consensos respecto a las nuevas leyes. Sin embargo, los convocados fueron los sindicatos blancos, los que tienen representación en instancias oficiales (en la junta directiva del Igss, en la Comisión del Salario Mínimo, etc.) y los que han llegado a acuerdos con el gobierno. Los representantes sindicales objetaron la Ley de Inclusión Laboral, y Pérez Molina anunció que retrasaría el proceso de aprobación del paquete de leyes mientras realiza cuatro reuniones con los dirigentes, que culminen con un acuerdo a finales de marzo.
Las centrales sindicales independientes, agrupadas en el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, por su parte, en protesta por la propuesta del gobierno, decidieron congelar su participación en las actividades del Memorándum de Entendimiento Para la Puesta en Marcha del Marco de Cooperación Técnica de la OIT: Programa de Trabajo Decente para Guatemala 2013-2015. Este Memorándum fue firmado el 12 de octubre de 2012 por el gobierno, la OIT y organizaciones sindicales. Sin embargo, de manera unilateral y prepotente, el presidente presentó al Congreso el paquete de leyes que contradicen lo acordado sobre trabajo decente (Siglo 21, 01/03/13).
El gobierno pretende dar un golpe bajo a los trabajadores, violando acuerdos internacionales y la propia Constitución, propiciando empleos sin protección social y mano de obra barata. Llamamos a los compañeros trabajadores a defender resueltamente las conquistas plasmadas en las actuales leyes laborales, exigiendo a la vez que sean cumplidas a cabalidad. Que el gobierno cree empleos decentes mediante la inversión pública masiva en infraestructura, educación, vivienda y salud para las clases populares. Estemos alertas sobre cualquier acuerdo nocivo que los sindicatos colaboracionistas hagan con el gobierno a espaldas de los trabajadores.