Rios Mont rie a carcajadas por la paralización del juicio

Por Edgar Miguel Kan

Las reivindicaciones democráticas, por un sistema de justicia imparcial, implican que el poder que el Estado le ha dado a un juez, sea ejercido de manera independiente de las presiones políticas, esas que ejercen: La oligarquía, los grupos burgueses emergentes y pequeño burgueses -para salvar sus intereses económicos, de explotación y opresión sobre el pueblo- y; los funcionarios públicos de cualquier poder del Estado -para cubrir y manipular intereses espurios ajenos a la adecuada función pública-. (Esto hacerlo un recuadro, un cuadro insertado en letras pequeñas en vez de una foto)

El llamado juicio del siglo, llevado en contra de los generales en situación de retiro José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, es el único juicio en el mundo en donde un Estado persigue por delito de Genocidio a ciudadanos de su país. La trama retórica del juicio se debe a que el modelo de justicia burguesa sigue estando atada a un expediente y no a argumentos válidos expresados ante los jueces, que el pueblo debería poder observar y entender; en consecuencia, la fatal interpretación de muchos medios de comunicación en cuanto a las vicisitudes del mismo.

El proceso, tras un año y medio de impulso en los tribunales judiciales, finalmente llegó a la instancia más importante de un proceso penal, el debate, espacio de discusión y argumentación técnica de la parte acusadora (Ministerio Público) y la defensa técnica de los acusados, para dilucidar los hechos acaecidos, manifestando de manera congruente una teoría del caso, que con diversas pruebas, deberán convencer al tribunal, para que este trate de dar vida histórica a dicha teoría.

El famoso juicio ha sido un calvario judicial, en donde se presentaron más de 100 recursos y acciones dilatorias por parte de la defensa, En estas no se dilucidó ninguna justa reivindicación de derechos violados, por el contrario fueron el vivo ejemplo de lo inoperante de la justicia burguesa, que es en sí, el retardo de clamores populares, mediante plazos eternos ligados a ineficacia burocrática de: el papel sobre las víctimas.

La engorrosa trama se profundizó cuando se suspendió el debate de 19 días, en donde más de 100 víctimas directas relataron el horror vivido en carne propia a mano de militares, en cumplimiento de órdenes directas del alto mando militar con su aprobación y conocimiento, según lo expuesto por mismos peritos de la defensa. Al suspenderse el juicio, se argumentan 2 amparos (figura que restituye derechos violados), el primero que se restituya el derecho de los querellantes para que conozca un juez de garantías de mayor riesgo, el segundo que se reciban pruebas que en su momento fueron denegadas por el juez de garantías.

Abriendo el expediente

En noviembre de 2011 se apartó del caso a la jueza A de mayor riesgo, ya que los futuros acusados solicitaban que conociera el caso un juzgado "normal" y no uno de mayor riesgo, esta situación llevó a que los querellantes solicitaran un primer amparo. Resulta que de esa discusión no la conoció la jueza A, sino el juez B, siempre de mayor riesgo; quiere decir que el derecho a que un juez de mayor riesgo conociese el caso se restituyó aún sin haber resuelto el primer amparo interpuesto. El proceso siguió y conoció el juez B, el cual determinó que hay elementos suficientes para determinar que se cometió el delito de Genocidio y que conociera el tribunal de mayor riesgo A y en un debate oral y público decida sobre la culpabilidad. Bien, esto se logró en el mes de marzo de 2013.

Antes de entrar al debate en abril de 2013, el juzgado B conoció los medios de prueba que iban a discutirse en él, de los cuales depuró varios tanto de la Fiscalía como de los acusados, a lo cual los acusados interpusieron un segundo amparo, amparo que conoció la Sala de Apelaciones y luego la Corte de Constitucionalidad (CC). La resolución determinó que se recibieran varias pruebas en el juicio, situación que fue notificada al tribunal, el tribunal le dio cumplimiento y recibió los medios de prueba que fueron depurados inicialmente, por lo que de nuevo una supuesta violación al proceso y los acusados fue restituidos, más la CC, determinó que es un juez de garantías que debía conocer y no el tribunal, lo que implica que se tuvo que suspender el debate únicamente para que la jueza A de mayor riesgo recibiese la prueba que resultase pertinente.

Se desarrolló el debate con varios problemas, pues la defensa se ha mal encargado de destruir a la fiscalía en su tesis, más, no ha aportado una teoría del caso congruente y fuerte, situación que hace que los hechos mismos caigan por su propio peso: masacres planificadas desde planes militares, destrucción de cultivos encaminados a la hambruna y posterior muerte, desplazamientos, violaciones etc. Los abogados de los acusados han tenido un actuar mediocre y pusilánime; cabe resaltar que el primer día del debate se ordenó a la defensa apartarse del juicio por ser impertinente y confrontativa con el tribunal, casi al punto de ser irrespetuosa.

Tras dicho incidente el debate se desarrolló con normalidad y la defensa, acostumbrada al expediente   y mostrando su ineptitud en la litigación oral, fue cayendo poco a poco con la fuerza y dignidad de las víctimas y de los diversos peritajes aportados.

A un día de los argumentos conclusivos se notificó el famoso segundo amparo de la CC y el primer amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), situación que suspendió el juicio, y el tribunal envío el expediente al Juzgado de mayor riesgo A. La titular de esa judicatura debía conocer con exclusividad el segundo amparo y dejar sin efecto el primer amparo, pues la supuesta violación se había subsanado y en consecuencia no debía botar el juicio, ya que contradice un principio fundamental que es el de preclusión, según el cual no se puede regresar a etapas anteriores en el proceso penal.

A pesar de lo anterior, la jueza A decidió, más allá de su facultad y actuando de manera ilegal botar el proceso por un tecnicismo o interpretación, alejada de la aspiración de justicia, el derecho y el momento procesal. El tribunal realizó una consulta a la CC para determinar si sigue el juicio y, que decida qué corresponde, denunciando el acto ilegal de la jueza A.

Estado actual

El Debate se encuentra en espera y es la CC es a quien le compete dilucidar como órgano constitucional la lluvia de amparos y resolver en definitiva, si se continúa el juicio o se retrocede como mal ordena la jueza A. Sobre la resolución de los dos amparos, así como la consulta hecha por el tribunal de mayor riesgo A, estos son los elementos fundamentales en el proceso más allá de cualquier otra vicisitud procesal que la defensa ha interpuesto.

El día 26 de abril la jueza A dio efectivo cumplimiento al segundo amparo, recibiendo la prueba rechazada por el juez B, que implicaría, en palabras del abogado de los querellantes, Héctor Reyes del Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos “lo que procede es la reanudación del juicio, porque la CC es clara en indicar que el proceso no se puede retrotraer a etapas que ya concluyeron” (El Periódico 27/04/2013). Sin embargo, la defensa en una evidente actitud dilatoria y de mala fe declaró: “Esta audiencia queda sin efecto porque nosotros ya renunciamos a las pruebas y la única resolución vigente es la del 18 de abril que retrotrae todo el proceso hasta 2011” (El Periódico 27/04/2013).

La reanudación del juicio para la semana del 29 de abril al 3 de mayo es una posibilidad real, ya que la resolución de la jueza A del 26/04/2013, hace efectivo cumplimiento al segundo amparo y en este se debe regresar el proceso al debate. Sin embargo, queda pendiente si se acata la resolución -ilegal- de la jueza A del 18/04/2013 que mal usó la figura del primer amparo y regresó el proceso a etapas precluidas.

La responsabilidad es hoy del órgano judicial más político que existe: la CC, quien se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Estos magistrados son nombrados por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados.

Valoraciones

Hay una lluvia de tecnicismos legales que la defensa está planteando y seguirá planteando. La realidad objetiva es que la cultura judicial burguesa mantiene atados a los jueces a un expediente, así como a plazos técnicos que se yuxtaponen sobre el clamor de justicia y, por lo tanto no realizan una interpretación integral de lo que es un derecho y las garantías. La jueza A por evidentes intereses está actuando más allá de lo ordenado, lo que hace denotar lo frágil del sistema de justicia burgués ante las injerencias de poderes que se benefician con la legitimación de actos como el genocidio.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), creemos que: la dignidad de las víctimas en lucha por la búsqueda de justicia sigue abierta y, es eso el verdadero peso del caso. Son contundentes los hechos conocidos y relatados por ellas y ellos quienes sobrevivieron al horror de los ríos de sangre propios y de sus familias, son la máxima expresión de lucha popular. Ellas y ellos se mantendrán firmes hasta lograr una sentencia.

Más no es con la sentencia de culpabilidad en este proceso, que culminará la lucha del pueblo ixil, y de todo el pueblo guatemalteco sino, con la búsqueda de justicia social que destruya la estructura burguesa que permitió el nivel de violencia contra el pueblo enajenado.

POR UNA JUSTICIA POPULAR: JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS.

Por Armando Tezucún

El miércoles 24 de abril se realizó la marcha de todos los sectores de la Universidad San Carlos (USAC) de Guatemala para exigir al gobierno central que entregue a la Alma Mater el 5% del presupuesto de la nación que por mandato constitucional le corresponde. El recuento total de participantes que hicieron las autoridades universitarias fue de 35 mil personas, la más grande de los últimos años.

La demanda de las autoridades al gobierno es que se entregue a la USAC Q 433 millones: Q 358 millones que no fueron entregados en 2009 y 2010 y Q 75 millones que fueron presupuestados este año inconsultamente para destinarlos a la construcción de un hospital de trasplantes. La universidad tiene para este año un déficit de Q 250 millones que ocasionaría a mediados de año el cierre de algunos programas. Durante la marcha el rector Estuardo Gálvez entregó en el Ministerio de Finanzas un documento técnico que demuestra que el Estado no ha entregado el 5% constitucional a la USAC; en la Corte de Constitucionalidad presentó una acción para que se reforme el presupuesto nacional evitando el desvío de Q 75 millones de la universidad para construir el mencionado hospital, acción que viola la autonomía universitaria; en el Congreso presentó una iniciativa para adicionar un aporte extraordinario a la USAC de Q 225 millones provenientes del desaparecido Fondo Nacional para la Paz.

A pesar de las presiones de todo tipo hechas por catedráticos y autoridades, la afluencia fue en gran parte voluntaria y masiva, sobre todo de parte de los centros universitarios del interior, que aportaron el grueso de los participantes.

Aunque al inicio la marcha iba encabezada por el rector y las autoridades, la marea estudiantil los rebasó, poniéndose al frente agrupaciones que demandaban el 5% al gobierno, pero también transparencia y rendición clara del gasto a la autoridades universitarias, así como la Reforma Universitaria. Este grupo estaba conformado por estudiantes de diversas unidades académicas, liderados por reyes feos de Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico. “No estamos de acuerdo con el rector, ni AEU ni EPA. Sí venimos a exigir el cinco por ciento, pero queremos que todo el dinero se fiscalice, porque nos parece raro que Gálvez después de 5 años venga a exigir el dinero que le corresponde a la USAC”, mencionó el rey feo “San Pascual Bailongo” (diario La Hora 24/04/13). Estos compañeros realizaron mítines en cada parada de la marcha, y ello puso en evidencia la participación en el evento de una fuerte corriente independiente y crítica al CSU, que aprovechó el espacio para plantear las justas reivindicaciones del movimiento estudiantil. Sin duda en ello influyó la intensa campaña que el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) realizó en las semanas anteriores a la marcha, llamando a participar pero demandando a las autoridades transparencia, cero corrupciones y Reforma Universitaria.

El mismo fenómeno se vio al final de la marcha, en la Plaza de la Constitución. En la tarima instalada se suponía que solo diera su discurso el rector, pero un grupo de compañeros estudiantes de ingeniería, ciencias políticas, historia, ciencias económicas y del sindicato de trabajadores se abrieron paso para leer un comunicado conjunto denunciando tanto al gobierno como al Consejo Superior Universitario.

Presionado por las circunstancias, el rector Gálvez en su discurso agradeció la asistencia, cuestionó al gobierno y reconoció la necesidad de una reforma universitaria para mejorar la USAC, llamando a una movilización permanente para lograr el 5% del presupuesto. Gálvez tiene interés en participar en la política nacional, por lo cual se muestra confrontativo con el gobierno. Hay que tomarle la palabra, presionarlo, confrontarlo y desenmascararlo, fortaleciendo en el camino el movimiento universitario independiente.

El presidente Pérez Molina reaccionó con la obstinación usual, asegurando: “esos Q75 millones de aporte extraordinario, más Q25 millones que yo les ofrecí, son Q100 millones de aporte extraordinario que les estaríamos haciendo por arriba del 5 por ciento, para este año a la USAC”…“el cinco por ciento se ha cumplido, no hemos tenido ni siquiera retraso para las entregas que les tenemos que hacer” (El Periódico 25/04/13). Lo cierto es que el gobierno está a las puertas de una crisis financiera, con un déficit de Q 900 por la baja recaudación de impuestos provenientes del comercio exterior (La Hora 26/04/13). Por tanto, se avecina una lucha dura para asegurar el financiamiento para la USAC. Estudiantes, trabajadores y docentes progresistas universitarios tenemos una doble pelea, contra la burocracia corrupta que gobierna la universidad y contra el gobierno que pretende estrangularla.

Por Leandro Flores

En el mes de abril se generaron varias jornadas de protestas de diferentes organizaciones que se movilizaron en las áreas rural y urbana. Tal fue el caso de los Sindicalistas de la Empresa Portuaria Quetzal realizaron una manifestación por las calles de Escuintla en protesta por la concesión de la Empresa Portuaria Quetzal. Mientras que el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) realizó bloqueos y caminatas en 20 departamentos del país el 11 de abril del presente año, con la participación de 90 mil campesinos. Igualmente los transportistas pidieron frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) que se les entreguen recursos de subsidio (La Hora 11/04/2013). Aunque las demandas que se exigen no son nada nuevas, son básicamente las mismas demandas justas, pero que sectores como el empresarial Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) las han tachado de atentar contra la propiedad privada y proponen reformas que impulsan un falso desarrollo rural donde simplemente no dan acceso a las tierras, protegiendo sus interés económicos, manteniendo su statu quo, dando más crecimiento a los antagonismos de clases.

Lo que básicamente piden los campesinos es la “Ley de Desarrollo Rural”, la nacionalización de la energía eléctrica, que ya no se aprueben las licencias de exploración y explotación minera y se anulen las existentes, que no se den licencias a las hidroeléctricas transnacionales entre otras peticiones. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) solicitó una reunión con el Gobierno para exponer 17 demandas, entre ellas que se declaren lesivos los contratos firmados con empresas distribuidoras de energía eléctrica; la aprobación de la ley de desarrollo rural integral; el cese de la represión contra dirigentes indígenas y agilizar la entrega de fertilizantes (Prensa Libre 11/04/2013). Ya que el desarrollo rural es un derecho humano, este desarrollo debe solventar el hambre, la miseria y la pobreza involucrando al campesinado en procesos productivos.

Otros sectores que se han pronunciado han sido el magisterio y los salubristas, que también se manifestado para reclamar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y mejoramiento en la infraestructura educativa y de salud. El gobierno es incapaz de cumplir con sus funciones y promesas en materia de seguridad, empleo y salud, porque él y los empresarios que representa son los que causan estos problemas sociales, en los diferentes sectores sociales, por las políticas del libre mercado.  

Así mismo en el Norte de Quiché se levantó el 20 de abril una asamblea indígena donde se rechazó y condenó el expolio y la usurpación de sus tierras y recursos naturales. Este ataque a la población campesina e indígena es propiciado por el Gobierno, empresas o particulares en orden a desarrollar sus propios proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos o de monocultivo, así como de reordenamientos territoriales, de recursos y de población. Los proyectos empobrecen cada vez más a las comunidades y pueblos e incluyen: La flanja Transversal del Norte, Litoral Pacífico, Corredor Interoceánico, Sistema Hidroeléctrico Nacional, Zonas Francas, etc.

La declaración final de la asamblea menciona: “Como lo sabemos el regreso del militarismo por parte de los gobiernos marionetas, que intentan sofocar las justas demandas y reiniciaciones sociales solo promueve odio, división y muerte. Lo que nosotros queremos es reimpulsar la vida de nuestras Comunidades y de nuestros Pueblos, que son los espacios en donde nace una buena vida o un buen vivir para nosotros. En donde todos los seres que poblamos esta tierra vivamos en armonía y equilibrio. Nuestros sistemas de vidas comunitarias y de Pueblos son de reciprocidad con todo lo que nos rodea. En donde nadie se aproveche del uno sobre el otro. Lo que nosotros buscamos es el “komon”, es decir, vivir juntos y todos juntos tener un buen vivir”.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a la unidad a todas las organizaciones campesinas para que cierren las filas y luchen, más allá de la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, por una verdadera reforma agraria que solucione la profunda pobreza del campo guatemalteco. La solidaridad de los sindicatos de trabajadores y de los estudiantes será indispensable en esta lucha. Los funcionarios gubernamentales nos responden con mesas de diálogo desgastantes e interminables cuyo propósito es vencernos por cansancio. No debemos caer en esa trampa. El gobierno al cual nos enfrentamos es cada vez más permisivo con los aparatos clandestinos que están reprimiendo selectivamente a nuestros dirigentes. Nos solidarizamos con los familiares y compañeros de líderes asesinados como Daniel Pedro del movimiento social en Santa Eulalia Huehuetenango, y exigimos el esclarecimiento su muerte.

 
Por Juan Castel
Por Genocidio y crímenes de guerra está siendo juzgado el ex presidente de facto José Efraín Ríos Montt (1982-1983), el antiguo general y golpista, que durante su periodo implementó una militarización total del campo guatemalteco y entre sus “logros” más importantes, figuran, mediante una arremetida militar, desmovilizar las organizaciones guerrilleras, sindicales y populares opositores a la dictadura, tanto en el campo como en la ciudad.
El ex general es una figura olvidada del baluarte simbólico, que significó mucho para los gobiernos militares y ultraconservadores de Centroamérica y de la derecha guatemalteca, y hoy casi está exiliado de la vida política. Su partido, el ya desconocido FRG “Frente Republicano Guatemalteco”, está ahora desenterrado de la decadencia electoral, con el nombre de Partido Republicano Institucional (PRI). Ríos Montt es hoy otro militar sentado al banquillo de los acusados; pero no está solo, en el banquillo también lo acompaña su antiguo jefe de Inteligencia militar, el también ex general José Mauricio Rodríguez Sánchez, como autor intelectual de los asesinatos de 1,771 indígenas de la etnia Ixil, según la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos. Cifras de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico indican que ese número representa el 33.61 por ciento de esa población; de esta manera es cómo detrás de él siguen manteniéndose las estructuras de lealtad criminal de los altos mandos del ejército guatemalteco.
El juicio inició a pasar de las argucias de la defensa
Los abogados defensores de los militares acusados de genocidio presentaron ocho recursos de amparo  y afirmaron que un amparo provisional habría suspendido el proceso penal; las instancias correspondientes denegaron uno tras otro esos recursos. De esta forma fue como el pasado martes diecinueve de marzo, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, daba inicio al debate oral y público ya retrasado por las múltiples recursos legales promovidos por  la defensa del antiguo militar guatemalteco. Entre los cargos a juzgarse están los de genocidio, incumplimiento de deberes con la humanidad y crímenes de guerra, cargos que pesan sobre él, al haber sido comandante en jefe del ejército entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
Al inicio del juicio se dieron diversos roces y una acusación de la defensa hacia la fiscalía y los magistrados. El ex mandatario recurrió para aplazar el juicio, a la táctica de despedir  a su equipo defensor, argucia que no le surtió efecto. Al abrirse el debate, el Tribunal le dio la palabra al Ministerio Público, para que presentara sus alegatos de apertura. En ese sentido, el fiscal Orlando López “Acotó que durante el juicio la Fiscalía probará las muertes, violaciones, desplazamiento y bombardeo contra el grupo maya ixil; masacres que habrían ocurrido bajo la implementación de los planes Sofía y Victoria 82, supuestamente autorizados y ejecutados bajo órdenes de los procesados, quienes eran parte del alto mando del Ejército” (La Hora 19/03/13).
Los pronunciamientos no se hicieron esperar al inicio del proceso penal en contra del ex presidente. Uno de los primeros en salir a la defensa, no del ex jefe de estado, si no de la falsedad del tal genocidio suscitado en Guatemala durante la guerra, fue el actual presidente de la república. Pérez Molina reitero: “En Guatemala no hubo genocidio, porque si usted lee la figura, lo que significa genocidio, usted mismo se va a dar cuenta de que eso no ocurrió en Guatemala”, afirmó el mandatario en improvisada rueda de prensa. “Yo estoy diciendo lo que leí, lo que conozco y lo que he tratado de investigar sobre el tema de lo que verdaderamente ha sido genocidio” (Prensa Libre 19/03/13). Pérez combatió a la ex guerrilla y firmó en 1996 en nombre del Ejército la paz que puso fin al conflicto armado que dejó 200 mil muertos y muchos desaparecidos, según un informe de la ONU.
El ilícito de genocidio está establecido en el artículo 376 del Código Penal, que indica que lo comete “quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos”. Estos hechos son la muerte de miembros del grupo; lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo; sometimiento a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial; desplazamiento compulsivo del grupo, a otro grupo; medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo. El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años. En tanto, el ilícito de deberes contra la humanidad está contemplado en el artículo 378, con penas de 20 a 30 años de cárcel.
“En contra del general Efraín Ríos Montt hay una enorme cantidad de evidencias. Obviamente, en el mundo no hay ni un solo caso donde un genocida haya autorizado ni la muerte ni la tortura de nadie. Ni el mismo Adolfo Hitler lo hizo”, expresó Édgar Pérez, abogado de las familias de víctimas. Por su lado, García Gudiel, quien por tres horas representó al general Ríos Montt, expresó: “Jamás oí un discurso que dijera maten a los ixiles, exterminen a los ixiles. José Efraín Ríos Montt no dio una orden ni verbal ni escrita de exterminar a un ixil en este país. Ninguna prueba señala que haya emitido una orden directa”  (Prensa Libre 20/03/13).
Este juicio tachado de histórico y trascendente para la vida política y social del país, es según la fiscalía, el fin de treinta años de espera de justicia, el viejo comandante en jefe, pudo no haber usado la maquinaria del régimen para promover asesinatos en masas, pero sin duda al ser el jefe de las fuerzas, militares y civiles del país, estaba enterado del aparato militar que él mismo había movilizado para hacer realidad un golpe de estado que lo llevaría al poder 1982. El golpista con los planes de contrainsurgencia, Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83 militarizó el país, a las órdenes del imperialismo norteamericano, y llevó a cabo durante sus diecisiete meses en el poder, la política de tierra arrasada en contra de las poblaciones del interior, una de ellas la etnia Ixil señalada por documentos del ejército de colaborar con la guerrilla.
Ríos Montt es el alzado y Pérez Molina es el comándate Tito
Después de más de diez sesiones del juicio oral y público contra los acusados, el marchar de las víctimas y sus declaraciones han sido indetenibles, entre violaciones y asesinatos, ejercicios militares, bombardeos y tierra arrasada, reclutamiento forzoso para conformar las patrullas de auto defensa civil. Testigos y testimonios se han hecho presentes durante el pasar de las jornadas, todos reforzando las bases de los crímenes cometidos por el régimen de Ríos Montt. Uno de ellos es el testimonio de Jacinta Rivera Brito “Ríos Montt es el alzado”, exclamó Rivera cuando Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Alto Impacto, le preguntó si conocía a los acusados. Ríos Montt era quien estaba en el Gobierno cuando llegó el Ejército a nuestra comunidad. En ese tiempo inició la guerra”, refirió la testigo  (Prensa Libre 22/03/13). En su declaración, Rivera relató que el 22 de febrero de 1983 vivía con su familia en Sumal 2, Nebaj, Quiché, y ese día entró una patrulla militar en el lugar. “Nos fueron a sacar de nuestras casas. Quemaron nuestras cosas y cortaron las milpas. Mataron a mi esposo”, aseguró a los jueces.
Después de veinte jornadas, en las que ha sido indetenible el avance de los testimonios de la fiscalía,  ya más de medio centenar después, uno de los más resonantes pudo haber sido el de Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien sirvió en el ejército de Guatemala como mecánico especialista militar de la tropa kaibil que operó en el área ixil. Reyes involucro el pasado cuatro de abril, al actual presidente de la república: “Los militares y los soldados a las órdenes del mayor Tito Arias, conocido como Otto Pérez Molina; el general —José Luis Quilo Ayuso y (...) los comandantes de las compañías de ingenieros coordinaban la quema y saqueo de la gente para luego ejecutarlos”, fue lo declarado por Leonardo Reyes (Prensa Libre 05/04/13). Fue de esta manera como el testigo protegido por la fiscalía y por medio de video conferencia señaló al actual presidente de ser oficial a cargo de los saqueos y posterior arrasamiento de las poblaciones. A lo que Pérez Molina respondería con: “No voy a emitir opinión sobre las mentiras que están diciendo. No me voy a prestar a ese circo”, dijo. Sin embargo, después de repartir bolsas seguras en San Vicente Pacaya sí dio declaraciones, y señaló al Ministerio Público (MP) de usar testigos “falsos” en el juicio contra Efraín Ríos Montt  (El Periódico 06/04/13).
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se suma al clamor de justicia de las miles de víctimas de los generales genocidas, y demanda al Ministerio Público y al Organismo Judicial no detenerse hasta ordenar el justo castigo a estos criminales que causaron tanto dolor al campesinado indígena guatemalteco. Quienes se están librando de la justicia son los oligarcas, terratenientes y los funcionarios del imperialismo yanqui que estuvieron detrás de la criminal persecución política llevada a cabo por los gobiernos militares. Serán las masas oprimidas las que harán justicia con su propia mano cuando se alcen, destruyan el poder de las clases explotadoras y construyan su propio poder revolucionario.