Por Ángela Cardona

El 15 de octubre se anunció la firma de un nuevo pacto colectivo entre los trabajadores del sector de salud estatal y el gobierno de Otto Pérez Molina. Sin duda alguna este acuerdo traerá múltiples beneficios a unos 35 mil trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Una de las ventajas para los trabajadores es que 17 mil empleados que laboran bajo un régimen temporal serán contratados formalmente, gozando todas las prestaciones de ley. Otra es que los numerosos trabajadores que ganan sueldos por debajo del mínimo serán nivelados para estar acordes con las leyes laborales. Por otro lado, todos los bonos salariales que hasta ahora recibían los empleados serán unificados de modo que hagan parte del salario base; de este modo, los salarios más bajos ahora ascenderán a Q 4,400.

Sin duda estas conquistas son un gran logro para las compañeras y compañeros trabajadores de la salud. Pero este logro significó un costo político muy alto, pues los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) y del Frente Nacional de Lucha (FNL), al cual pertenece, se plegaron al gobierno, al igual que desde hace años lo hicieron, no solo con el actual gobierno, sino con el anterior, los dirigentes del principal sindicato magisterial con Joviel Acevedo a la cabeza.

Mientras que en El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica los trabajadores públicos, en especial los de salud y los maestros están a la vanguardia de las luchas populares contra los gobiernos neoliberales, en Guatemala sucede todo lo contrario. Desde antes de tomar posesión de su cargo, el presidente Otto Pérez Molina implementó la astuta política de neutralizar a los sindicatos públicos, iniciando pláticas con las dirigencias sindicales del magisterio y de salud, para llegar acuerdos haciéndoles concesiones para ganárselas y tener la paz social necesaria para implementar sus políticas a favor de los empresarios nacionales y extranjeros.

Haciendo gala de una torpe visión política, de un cerrado oportunismo, y traicionando a los militantes y dirigentes del FNL y de las demás organizaciones populares asesinados y perseguidos por el actual gobierno, el dirigente sindical Luis Lara (y seguramente detrás de él los funcionarios del FNL), no cabía en sí elogiando al general Otto Pérez, llamándolo “presidente amigo” y “usted está identificado con las clases más desposeídas” (Siglo XXI 15/10/13), durante la asamblea general del sindicato realizada en el Hospital San Juan de Dios. El general no pudo más que reciprocar los cumplidos, diciendo “Muchos quisieran que estuviéramos enfrentados, que ustedes estuvieran en las calles protestando, porque hay detractores que solo saben enfrentar. Aquí hemos encontrado una dirigencia que critica, pero que también propone” (Siglo XXI 15/ 10 /13) y “Les agradezco y le agradezco sus palabras a Luis Lara, que ha dicho que este es un Presidente amigo, me siento honrado con esas palabras y yo les digo a ustedes que son mis amigos, quiero ser amigo de ustedes, para que juntos podamos trabajar y salir adelante con la salud de los guatemaltecos, que es algo tan importante, por eso este pacto colectivo, que finalmente está disponible” (La Hora 24/10/13).

Las vergonzosas alabanzas de Luis Lara hacia Pérez Molina hacen abstracción de la constante represión sindical existente en otras dependencias del Estado y en numerosas municipalidades, de la persecución del gobierno contra las y los dirigentes populares y comunitarios que valientemente se oponen a las empresas mineras e hidroeléctricas que, los estados de sitio y de excepción impuestos por el gobierno, de los continuos desalojos contra comunidades campesinas, de la represión contra los estudiantes de magisterio y de un largo etcétera de injusticias y calamidades que sufre el pueblo guatemalteco.

El Frente Nacional de Lucha y su sindicato de salud ya empezó a realizar concentraciones en las afueras del Congreso para presionar por la aprobación del presupuesto 2013 solicitado por el gobierno, tal como lo hizo Joviel Acevedo y su sindicato magisterial para beneficiar al gobierno de Álvaro Colom.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a las compañeras y compañeros del SNTSG a oponerse a la lamentable traición de sus dirigentes; convertirse en furgón de cola del gobierno patriota es un alto precio por pagar por las innegables ventajas del pacto colectivo. La implementación del acuerdo con el gobierno tomará más tiempo del que esperan los compañeros trabajadores, por lo que avecinan nuevas luchas en las que las trabajadoras y trabajadores deben exigir a sus dirigentes que rompan con el gobierno y cesen de lamer sus botas.


Por Armando Tezucún

Durante el desarrollo de la 68 Asamblea de las Naciones Unidas, el 30 de septiembre el canciller de Belice, Wilfred Erlington, solicitó que se dé una solución urgente sobre el reclamo territorial, insular y marítimo que este país tiene con Guatemala. “El reclamo guatemalteco es una causa constante de ansiedad para nuestros ciudadanos y para los inversores”, declaró Erlington, señalando además que los guatemaltecos que viven cerca de la Zona de Adyacencia causan depredación y degradación ambiental en el territorio beliceño. También hizo ver que el gobierno guatemalteco anunció en abril de 2013 que el referendo simultáneo para decidir si el diferendo se eleva a la Corte Internacional de Justicia, que se debería haber efectuado el 6 de octubre, no se celebraría en Guatemala (Siglo XXI 1/10/13).

El gobierno de Pérez Molina, por su parte, por medio de su ministro de Relaciones Exteriores Fernando Carrera, calificó de irresponsables las declaraciones del canciller beliceño, indicando que dijo verdades a medias. Erlington, dijo Carrera, no explicó que Guatemala tomó la decisión de no efectuar el referendo debido a que el gobierno beliceño, en agosto de 2008, cambió en secreto su legislación electoral para que ningún referendo fuera válido a menos que contara con la participación de al menos el 60% de los electores registrados. “No aceptamos la consulta por la falta de buena fe de Belice al cambiar su legislación, y ellos aceptaron los acuerdos”, dijo Carrera (Siglo XXI 1/10/13).

Unos días después, el 3 de octubre, Carrera denunció que el gobierno de Belice se ha estado acercando a autoridades locales de Guatemala, en especial a los gobernadores departamentales de Izabal y Petén para proponer acuerdos de cooperación, sin tomar en cuenta al Ministerio de Relaciones Exteriores ni al gobierno de Guatemala. Fernando Carrera aseguró que “La representación del Estado guatemalteco en el extranjero la tiene la Cancillería y el presidente es quien dirige la política exterior”. La promoción de acuerdos de cooperación entre Belice y departamentos de Guatemala “…no se puede hacer porque jurídicamente es inválido”… (Diario La Hora 3/10/13).

Las declaraciones del canciller guatemalteco hacen ver que desde junio último Guatemala y Belice acordaron, con la Organización de Estados Americanos como testigo, trabajar medidas para fomentar la confianza que permita retomar el proceso de realización de referendos simultáneos que permitan llegar a la Corte Interamericana de Justicia y resolver el diferendo. Sin embargo, afirmó Carrera, las acciones tomadas por Belice van en sentido contrario a estos acuerdos. El 7 de octubre se dio continuidad a estas negociaciones con la reunión entre autoridades de los organismos electorales de ambos países, realizada en San Ignacio, Belice.

El centenario reclamo de Guatemala sobre parte del actual territorio de Belice tiene su origen en las tramposas acciones del voraz imperialismo británico, que aprovechando las vicisitudes y conflictos de la región centroamericana y la debilidad de los gobiernos guatemaltecos, logró hacerse del control del actual territorio Beliceño. El análisis histórico y jurídico de este diferendo amerita un estudio que está más allá de los límites de este artículo.

El Partido Socialista Centroamericano denuncia a los gobiernos burgueses de ambos países. Las autoridades beliceñas parecen haber aprendido de sus maestros británicos, pues continuamente su ejército penetra en la zona guatemalteca y ha reprimido violentamente a campesinos a chapines que inadvertidamente han penetrado al territorio beliceño en busca de leña y otros insumos, llegando a asesinar a algunos. Por su lado, los sucesivos gobiernos guatemaltecos pretenden dejar en manos de organismos internacionales representantes del imperialismo y de los gobiernos burgueses, como la OEA, la ONU y la CIJ.

Es necesario mencionar también los intereses económicos existentes a ambos lados de la frontera, en especial de las empresas extranjeras dedicadas a la explotación de petróleo y también el narcotráfico. Una investigación en este sentido seguramente nos daría luz sobre los intereses que se ocultan detrás del diferendo.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) plantea a las organizaciones sindicales, campesinas y populares de Belice y Guatemala que reclamen a ambos gobiernos: 1) el retiro inmediato de los ejércitos de ambos países de la zona de adyacencia. 2) que se proclame la libre movilidad de los ciudadanos beliceños y guatemaltecos en dicha zona, y se otorguen salvoconductos para aquellos que por sus actividades económicas necesiten movilizarse en la zona fronteriza. 3) que el diferendo sea resuelto, no por los organismos internacionales del imperialismo, sino por Asambleas Constituyentes populares y soberanas que decidan los destinos de ambos países.

Diálogo en Barillas el pasado 8 de Octubre

Por Leandro Flores

Los acontecimientos solo son los resultados de las circunstancias, previas a cualquier atentado ya sea contra la propiedad privada, la autodeterminación y hasta la propia vida humana ya sea de un soldado, hijo del campesino que no tiene tierras y que no le queda no más que alistarse en la máquina opresora del ejército. En este caso tenemos la conflictividad entre los pueblos originarios defendiendo su territorio, y empresas extranjeras que con sus millones vienen a crear más conflicto en Guatemala.

El presidente Otto Pérez Molina, acompañado de sus ministros, llegó el 2 de septiembre a Santa Cruz Barillas para verificar los avances en seguridad en el municipio, tras el Estado de Excepción declarado en esa comunidad en mayo de 2012. Recibido con abucheos por la comunidad con respecto a la hidroeléctrica, dijo: “Yo no vengo a defender a la empresa, sino que vengo para ver cómo se encuentra un camino adecuado para que Santa Cruz Barillas salga adelante de los problemas que hoy se están suscitando. La forma adecuada es el diálogo y respeto”, pero antes diciendo que “Estoy consciente de que aquí no existe solo el problema de esa hidroeléctrica, aquí el problema es de desarrollo” ignorando por completo las consultas comunitarias, al final no resolvió nada y se propuso otra mesa de diálogo para el 19 de septiembre (La Hora 3/9/13).

El día llegó, pero Otto Pérez no asistió, prefiriendo acudir a un acto de graduación de la PNC en Huehuetenango, dejando burlados a los líderes comunitarios.

El sábado 28 de septiembre se ejecutó una captura contra Mynor Manuel López Barrios, quien es señalado de instigar a los pobladores a rechazar el proyecto hidroeléctrico en Barillas. Para poder enjuiciarlo legalmente inventaron un sinfín de excusas; según la Policía se le sindica de evasión, robo agravado, atentado con agravación específica, instigación a delinquir, detenciones ilegales y amenazas. Tenía orden de captura del Juzgado de Primera Instancia Penal de Guatemala, pero será puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango. La PDH mencionó que la detención fue ilegal ya que López fue vilmente golpeado. Como repuesta los pobladores tomaron medidas de hechos. Tras la detención de López Barrios, estallaron disturbios en la localidad. Pablo Castillo, inspector de la PNC, confirmó que hubo disturbios cuando unas 30 personas llegaron a la sede de la subestación de la policía y dispararon quebrando vidrios. Dijo que luego atacaron las oficinas de Hidro Santa Cruz, pero que la situación fue controlada cuando llegaron unos 60 policías antimotines.

El soldado Víctor Miguelito Soria Pacheco, de 26 años, murió por una herida de arma de fuego. Las autoridades culparon a los pobladores, mientras que los residentes del área dijeron que el elemento castrense murió debido a dificultades al intentar utilizar su arma, según un reporte de la radio local Jolom Konob.

La reunión entre el Ministerio de Gobernación, pobladores y líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, después de tres días de incidentes en la región, concluyó con la firma de un acuerdo de tres puntos, para acabar con la tensión que se vivió desde la detención de Mynor Manuel López Barrios. El ministro López Bonilla explicó que, entre lo acordado en el convenio, está el compromiso de la cartera del Interior de retirar el 50 por ciento de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que llegó al municipio desde el pasado domingo por la noche.

El 8 de octubre el presidente Pérez Molina y autoridades del gobierno, con el procurador de los derechos humanos y Monseñor Álvaro Ramazzini como testigos, dialogaron durante 4 horas con representantes de las comunidades afectadas por la hidroeléctrica. Esta es la cuarta vez que se intenta una solución dialogada, pero el gobierno pidió 30 días de plazo para responder a las peticiones de las comunidades, causando frustración entre los representantes populares.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) nos solidarizamos con las comunidades en conflicto con Hidro Santa Cruz. Demandamos que el gobierno suspenda y anule la licencia que se le extendió a la hidroeléctrica, que se realice una consulta comunitaria cuya decisión sea respetada y que se solucionen los problemas de salud, educación, carreteras y energía eléctrica que afectan a las comunidades, que se suspendan las órdenes de captura y que cese la persecución a los integrantes de los grupos opositores a los proyectos hidroeléctricos, además de regular la presencia de militares. Lamentamos el fallecimiento del soldado Soria Pacheco, seguramente hijo de campesinos cuya pobreza no le dejó más salida que enlistarse en el ejército.


Por Úrsula López

Se desarrolló el décimo Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2013 el pasado jueves 10 en un lujoso hotel capitalino. El evento es organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), un organismo vinculado a sectores empresariales pertenecientes a lo más concentrado del capital, es decir la oligarquía.

En los últimos años, la lógica de los encuentros ha evolucionado de enfocarse a cuestiones relacionadas con la acumulación de mayor riqueza, por ejemplo mejoramiento del clima de negocios a situaciones que tienen que ver con el entorno socioeconómico.

El fondo esa preocupación, que en los últimos años ha girado el interés hacia “combatir la pobreza”, está marcado por dos cuestiones. Una, que para garantizar la mejora en sus negocios y por tanto mayor riqueza apropiada, necesitan que su inversión tenga réditos suficientes y para eso es necesario mejorar las condiciones de injusticia reflejadas en el acceso a la educación con calidad, mejoras en los índices de acceso a salud y disminución de la inseguridad alimentaria.

Otro factor está relacionado al “clima de riesgo para sus inversiones” y las de las trasnacionales de los cuales ellos son socios menores. Es decir, en los últimos años la oposición de las comunidades a megaproyectos, sobre todo en extracción de minerales sin procesar ha generado una fuerte resistencia. Junto a la oposición de los sindicatos, tanto del ámbito público como privado a iniciativas que buscan abaratar el costo de la mano de obra, ello fomenta un panorama de conflictividad social. Conflictividad marcada por la imposición de decisiones que afectan formas de vida ancestrales de comunidades y que provocan mayor explotación de la fuerza de trabajo.

Así en este último encuentro de ENADE se convocó a “1000 supuestos líderes” de la sociedad civil, a representantes de los partidos políticos -no asistieron ni URNG, ni ANN- , a Gustavo Porras como testigo de honor y firmaron un documento donde se comprometen a reducir la inequidad en estas áreas.

Se comprometen a reducir la desnutrición crónica -reflejo de condiciones estructurales de injusticia social- tomando como base el programa gubernamental de la Ventana de los 1000 días, programa que se basa en darle seguimiento a salud materna postnatal y del niño; tal programa ha sido cuestionado junto a otros programas de asistencia social, por su baja ejecución presupuestaria.

De igual forma se comprometen apoyar programas relacionados con el acceso al agua potable, capacitaciones de programas para la producción y generación de ingresos, etc. No especifican que se refieren a la población rural y campesina que sufre directamente inseguridad alimentaria, pues implicaría contraponerse aunque sea en el discurso, a todo su esquema de apropiación de la riqueza basada en la alta concentración de la tierra.

Otro interés empresarial es la situación de la educación. Preocupados por los últimos indicadores que muestran que la gran mayoría de estudiantes de sexto de primaria reprueban las pruebas de matemáticas y lectura, situación que se reproduce en tercero de básico, ponen su énfasis en mejoras al subsistema nacional de evaluaciones así como a la selección de docentes basándose en meritos y aptitudes tanto para optar una plaza en el sistema educativo público como en lo relacionado al ascenso en tal sistema. Proyectan modificar el diversificado haciendo cambios en el Curriculum Nacional Base orientado a generar “herramientas y aptitudes”, en las distintas carreras de educación media en base a programas “que capaciten productivamente según las áreas geográficas del país”.

El problema en la educación reflejado en los resultados de tales pruebas, es que no existe desde el Estado una inversión constante. Desde la educación preprimaria, los programas para garantizar alimentación escolar, infraestructura y recursos didácticos óptimos, condiciones laborales y salariales decentes, etc.; la solución pasa por aumentar los recursos financieros y por tanto por aplicar medidas distributivas fiscales, esta situación ni siquiera es mencionada en el documento final del encuentro.

Por último la necesidad de un proyecto nacional y centroamericano es vital, pero construido desde las necesidades del proletariado y acaudillado por este. En ese sentido políticas que impulsen programas educativos en el diversificado según las regiones geográficas son necesarias, pero para garantizar la generación y distribución de la riqueza, a partir de la socialización de los principales medios de producción.


Por Armando Tezucún

El pasado dos de septiembre el gobierno presentó al Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año 2014. El monto de lo solicitado se eleva a Q70,500 millones, un 5.23% (casi Q 3,500 millones) más que el del presente año, de Q 66,980 millones. Los diputados del legislativo tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, de lo contrario continuará vigente el que corresponde a este año.

Desde esa fecha se hizo evidente que el proyecto es adversado por la mayoría de bancadas no oficiales, las cuales tienen innumerables objeciones y han hecho notar las incongruencias del mismo.

Los principales motivos de oposición, no solo de parte de los diputados, sino de parte de analistas, organizaciones de la llamada sociedad civil y el empresariado, giran en torno a las expectativas de recaudación fiscal y al financiamiento del presupuesto. En el proyecto se contempla que el Ministerio de Finanzas Públicas coloque Q 10,165 millones en Bonos del Tesoro, y que el Congreso apruebe tres préstamos en el extranjero por un monto total de Q 4,075.32 millones, lo que elevaría la deuda pública en Q 14,415 millones. Además se espera que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recaude un total de Q 52,100 millones para cubrir las necesidades del presupuesto (Siglo XXI 3/9/13).

Ya hemos comentado en El Socialista Centroamericano las enormes dificultades que el gobierno ha tenido este año para cubrir sus gastos. La administración de Pérez Molina y el Partido Patriota atraviesa una tremenda crisis financiera. El problema lo han postergado emitiendo Letras del Tesoro, que se tienen que pagar con altos intereses a final del año ¿Con qué recursos se pagarán? Esto es incierto aun.

Las dificultades en la recaudación fiscal (que todo hace ver que continuarán el próximo año) y la oposición del legislativo a incrementar la deuda pública, que seguramente continuará, hacen pensar que es muy probable que este proyecto no sea aprobado en el Congreso.

Como parte del juego de presiones y forcejeos en el Congreso, las bancadas de oposición condicionaron la aprobación de los dos préstamos pendientes para este año y la lectura del proyecto de presupuesto 2014, a la aprobación de una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El año pasado el Tribunal Supremo Electoral y la comisión de Asuntos Electorales del Congreso habían acordado ya una serie de cambios a la ley. Algunos de los más importantes son el aumento del presupuesto del TSE del 0.5% del presupuesto de la República al 1%; la creación de dos nuevas direcciones para descentralizar las funciones del presidente del TSE; que las apelaciones a las multas impuestas por el TSE a los partidos políticos por delitos electorales se interpongan solamente ante la Corte de Constitucionalidad y no primero ante la Corte Suprema de Justicia; el incremento del monto de las multas de US$ 125 a Q 50,000 o Q 100,000.

Sin embargo, las diferentes bancadas han introducido cambios en este acuerdo que debilitan el poder del TSE sobre el proceso electoral. Por ejemplo, el aumento del financiamiento a los partidos por parte del Estado de US$ 2 por voto obtenido en la elección anterior a US$ 5. Otras medidas, como que el TSE compre los espacios en los medios de comunicación durante la campaña electoral y los distribuya equitativamente entre los partidos, carecen de complementos que las hagan viables, como el incremento del presupuesto del TSE necesario para comprar estos onerosos espacios. De igual manera, según expresó la presidenta del TSE María Eugenia Villagrán de León, de nada sirve incrementar el monto de las multas si no se levanta el secreto bancario que permita controlar el financiamiento privado de los partidos (Siglo XXI 29/9/13).

Las diferentes bancadas en el seno de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso no se ponen todavía de acuerdo en los cambios que desean hacer, llegando al punto de que ni la Comisión ni la plenaria del Congreso se reúnen aduciendo que no hay consensos.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) sostiene que es contradictorio que los diputados representantes de la burguesía en el Congreso discutan cambios a una ley que afecta directamente a sus partidos. Es claro que jamás aprobarán disposiciones que regulen temas como el financiamiento de las campañas, el techo del gasto, el monto de las multas y otros temas vitales. Por ello consideramos que solamente una Asamblea Nacional Constituyente soberana y popular, será capaz de barrer la corrupción y la podredumbre que impregna los partidos burgueses, haciendo cambios que favorezcan a los oprimidos.

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