Por Armando Tezucún

El lunes 9 de septiembre estudiantes de la Escuela Normal Central Para Varones protestaron porque el Ministerio de Educación (MINEDUC) ha incumplido con entregarles el pago del bono de transporte y becas de estudio. Estos dos beneficios son un compromiso que asumió el gobierno y constituyen una ayuda para las familias trabajadoras que tienen a sus hijos estudiando en los establecimientos públicos. El Mineduc no ha entregado el bono durante cuatro meses, lo que hace una deuda de Q 120 por cada estudiante (Diario La Hora 9/09/13).

Esta es al menos la cuarta ocasión en que los compañeros estudiantes de los institutos públicos realizan acciones demandando el cumplimiento de lo que el Ministerio les ha prometido. El 13 de agosto los estudiantes del Instituto Nacional Central Para Varones manifestaron en las afueras del Congreso de la República, donde supuestamente se encontraba la ministra Cynthia Del Águila; en esta ocasión el presidente de la Asociación de Estudiantes, Óscar López, manifestó que en los últimos meses no habían recibido el bono y en lo que va del año las becas brillan por tu ausencia (La Hora 13/08/13). El 19 del mismo mes los de la Escuela Normal Central Para Varones marcharon de la sede de su establecimiento al Ministerio de Educación. A inicios de septiembre los mismos compañeros realizaron una toma del edificio del instituto, que solo fue cubierta por los noticieros televisivos.

El lunes 9, los compañeros de la Normal Central junto a los del vecino Instituto Técnico Vocacional Imrich Fischmann bloquearon el paso frente a su establecimiento educativo, quemando llantas. Tenían la intención de marchar de nuevo al Mineduc,  pero esta vez el ministro de gobernación López Bonilla les envió a sus esbirros de la Policía Nacional Civil, quienes disolvieron la protesta utilizando gases lacrimógenos, en medio de una lluvia de piedras que les lanzaban los compañeros (La Hora 09/09/13).

Esta lucha de los compañeros de enseñanza media adquiere relevancia en la capital, donde las movilizaciones de los normalistas en contra de la reforma a la carrera magisterial han disminuido considerablemente debido, en gran parte, a la aplicación del represivo Acuerdo 1505-2013.

Las protestas son un indicativo del fracaso del Ministerio y el gobierno en cubrir las necesidades del estudiantado, además de las conocidas deficiencias en infraestructura, materiales, alimentación, etc., que debería cubrir la educación pública y gratuita. Los últimos gobiernos han aplicado la política de invertir sus recursos principalmente en la educación primaria y preprimaria, en detrimento la educación media, el bachillerato y las carreras de diversificado. Esto ha deteriorado el nivel de los establecimientos públicos de enseñanza media en todos los sentidos, y ha permitido la proliferación de colegios privados que cobran cantidades exorbitantes y realizan cobros ilegales de todo tipo. Para las familias trabajadoras, inscribir a sus hijos en básicos, bachillerato y diversificado es cada vez más un lujo, y  las elevadas mensualidades no significan de ninguna manera una elevada calidad de la enseñanza.

Si el problema de los bonos y las becas es general, se debe trabajar por una coordinación de los estudiantes para unificar las protestas y tener más fuerza y efectividad. Las demandas deben ampliarse gradualmente a la exigencia del incremento de la calidad de la enseñanza pública a nivel medio y el aumento del presupuesto para inversión del Mineduc en este sector. Sabemos bien que las autoridades están aplicando la política neoliberal de dejar la enseñanza media en manos de los comerciantes de la educación que buscan lucrar por medio de los colegios privados. El resultado es el descenso dramático de la inscripción de estudiantes en establecimientos con una tradición y prestigio que se remonta a inicios del siglo pasado, como el Instituto Nacional Central Para Varones. Esta es la situación en la ciudad capital, puede que sea distinta en los departamentos.

Exhortamos a los compañeros de los institutos públicos de la capital a que inicien la ardua labor de construir una coordinadora de estudiantes que unifique las luchas e incluya la de los compañeros normalistas contra la modificación de la carrera de magisterio; indudablemente deben involucrar a los padres de familia y a los docentes conscientes y  progresistas. Para ello es indispensable terminar de una vez por todas con las rivalidades sin sentido entre varios institutos, alentadas por elementos lumpen ajenos al estudiantado, que han provocado enfrentamientos violentos entre compañeros.

Por Leonardo Ixim

El pasado miércoles 18 de septiembre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC) tomó las instalaciones de la USAC por aproximadamente dos horas; al dia siguiente nuevamente realizó una toma breve de tales instalaciones. La misma acción la habían realizado ya los compañeros el día 12.

Los motivos de tales acciones se anunciaban desde algunos meses. Están relacionados con la negativa del Consejo Superior Universitario a aprobar el pacto colectivo que ya desde hace unos años se viene negociando entre el STUSC y esta entidad, que al ser el máximo órgano administrativo de la universidad tiene la capacidad de negociar con los trabajadores administrativos y de servicios por medio de sus organismos representativos.

La USAC es la única universidad de Latinoamérica que no tiene un pacto colectivo con sus empleados. La anterior junta directiva del sindicato, en contubernio con las autoridades universitarias, por los vínculos de muchos de sus miembros con la estructura del actual rector Estuardo Gálvez, entre ellos miembros de la comisión que negocia el pacto, prolongó ese proceso, de igual forma las bases eran manipuladas para que no presionaran.

Estos elementos oportunistas, aunque ya no estén en la junta directiva no paran de plegarse a los intereses de las autoridades. Desde el mismo día en que perdieron las elecciones en junio del 2012 han buscado entorpecer tanto legal como políticamente el trabajo de la nueva junta directiva. El colmo de la traición se dio recientemente, cuando 12 miembros del sindicato pusieron un ocurso de hecho en el juzgado cuarto de lo laboral, el cual lo dio a lugar. Ante esta situación la actual junta directiva ha interpuesto un recurso de apelación en ese mismo juzgado. Esta disposición busca paralizar toda acción legal que el sindicato realice, entre ellas declarar huelga tal como estipula el Código de Trabajo.

Por su parte el CSU se niega aprobar el articulo 64 del Pacto Colectivo que versa sobre su entrada de la vigencia. Las autoridades aducen que la situación presupuestaria no es óptima para sufragar los beneficios del pacto. Recordemos que anteriormente hemos informado sobre la frágil situación financiera y nuestra postura ha sido que es vital que todos los sectores de la universidad exijan al Estado lo que constitucionalmente le corresponde, sin depositar ninguna pizca de confianza al CSU. Hasta la fecha, un anunciado recurso de inconstitucionalidad entre la actual Ley de Presupuesto y el artículo 24 de la Constitución de la República buscando que los gobiernos de turno no se hagan los locos a la hora de transferir recursos financieros, sigue durmiendo en el regazo del rector Gálvez.

A la negativa del CSU a aprobar el Pacto Colectivo se suma la denegación anterior de incluir como beneficiarios a trabajadores que se encuentran en planillas y por contrato, es decir desde el reglón 021 hasta el 029, pues solo una parte son considerados trabajadores con reconocimiento de derechos. En ese momento reprochamos a la actual junta directiva que no movilizó a las bases en función de exigir el reconocimiento de todos los trabajadores dentro de los beneficios del pacto.

Además está el problema del reajuste salarial de 8.33%, que se tenía que cumplir en junio de este año y nuevamente las autoridades usaron de pretexto la situación financiera. Ese reajuste de por si es desigual porque contradictoriamente se toma a todos los empleados por igual, sin importar las distintas jerarquías en que unos ganan más que otros, teniendo como resultado que para los que menos ganan el aumento es menor y casi irrisorio.

Es vital la más amplia unidad entre todos los compañeros del sindicato, continuar con asambleas informativas y de tomas de decisiones para realizar acciones de hecho mas fuertes en función de presionar al CSU que se apruebe el Pacto Colectivo. Importante es neutralizar o expulsar a todos los elementos oportunistas y vendidos dentro del sindicato pero apelando a las bases para que sean estas las que pidan realizar tales acciones.

Consideramos imprescindible el buscar alianzas con sectores estudiantes y docentes que apoyen y se solidaricen con las luchas de STUSC, pero también logrando un frente que levante las banderas del presupuesto justo para la universidad, sobre todo para cumplir con las obligaciones de la USAC con los trabajadores, docentes y estudiantes, es decir la calidad académica. Esto implica que este frente y sus organizaciones realicen una estricta fiscalización de la forma de distribuir y ejecutar los recursos financieros y materiales, exigiendo al CSU que de cuentas claras de cómo usa los dineros.

Por Armando Tezucún

Durante la última semana de agosto los maestros trabajadores del Ministerio de Educación tomaron las calles de la ciudad capital en dos ocasiones. En la edición anterior de El Socialista Centroamericano hicimos comentarios sobre la polémica entre la dirigencia del sindicato magisterial más grande (Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala –STEG) y nuevos grupos sindicales del magisterio que adversan su política colaboracionista y oportunista. Ambas corrientes salieron a manifestar en diferentes días de la mencionada semana.

El miércoles 28 unos 10 mil maestros (según cálculos de la prensa escrita) de la capital y del interior pertenecientes al STEG marcharon exigiendo un incremento del gasto en educación presupuestado para el próximo año, para que alcance los Q 15 mil millones (este año es de Q 13 mil millones); los docentes denunciaron atrasos en los programas de alimentación y refacción escolar; demandaron el cumplimiento del pacto colectivo y que se agilice la creación de plazas para maestros en el interior del país; además rechazaron el incremento de los precios de la canasta básica.

El secretario del STEG, Joviel Acevedo, había anunciado que reuniría a 30,000 docentes, lo cual no sucedió. La movilización siguió la pauta de otras realizadas por el STEG durante el actual gobierno, una demostración de fuerza para presionar suavemente, un recordatorio amistoso al gobierno, para que asuma los compromisos firmados. Así hay que entender las amenazas de paro de Acevedo, “Si el próximo año no se cumple al cien por ciento, no vamos a empezar el ciclo lectivo” (El Periódico 28/08/13). Esta bravuconada se reveló como pura demagogia cuando el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti salieron bajo la lluvia a saludar a la marcha en las afueras de Casa Presidencial, como viejos amigos. Antes, la manifestación se había detenido en el Ministerio de Educación, donde fueron recibidos por uno de los viceministros y en el Congreso de la República, donde los atendieron diputados de la Junta Directiva; en ambas instituciones los dirigentes del STEG entregaron sus peticiones.

Con esta movilización Acevedo quiso también hacer un alarde de fuerza ante las nuevas corrientes sindicales que se están nutriendo con el creciente rechazo de los maestros al STEG. Ante los medios dio variadas declaraciones en ese sentido: "Les vamos a demostrar que con ellos o sin ellos el STEG y la Asamblea Nacional del Magisterio son lo mismo o mejor”… “El sindicato no tiene necesidad de más gente, el que no quiera ser del STEG que no lo sea”…”ellos pueden organizarse como quieran” (El Periódico 28/08/13).

Estas nuevas corrientes, organizadas ahora en la Coordinadora Magisterial en Resistencia (CMR), se movilizaron el viernes 30. Unos dos mil docentes procedentes de varios departamentos marcharon para expresar su rechazo a Joviel Acevedo y su intención de renunciar al STEG, al que fueron afiliados fraudulentamente sin su consentimiento. Inicialmente se encaminaron a la sede del sindicato para presentar sus cartas de renuncia, pero estaba cerrada; luego se dirigieron al Congreso de la República y al Ministerio del Trabajo.

La prensa burguesa, con su sensacionalismo habitual, hace énfasis solamente en la aversión al STEG y la división en el magisterio, buscando en el fondo desprestigiar a los sindicatos. Lo que no menciona en relación a la CMR es su política de enfrentar al gobierno en los temas candentes de la educación: rechazo al Acuerdo 1505 2013, que impone la represión contra los estudiantes en los institutos públicos; su rechazo a la reforma de la carrera magisterial; su reclamos sobre las condiciones de contratación de los maestros.

Creemos que el amplio movimiento de desafiliación al STEG no es reflejo de apatía y rechazo al sindicalismo en los compañeros maestros, sino que significa el rechazo a la línea de colaboración con el gobierno de Acevedo y su camarilla; es un síntoma de que sectores de vanguardia están ganando influencia en el movimiento magisterial. Esta influencia se debe manifestar: a) en el fortalecimiento de una organización que coordine a la gran cantidad de pequeños sindicatos que proliferan en el interior; b) en el cuestionamiento de Acevedo y sus secuaces al interior del mismo STEG, apelando a las bases para sacarlos de la dirigencia; c) en la formulación de un programa de lucha consecuente y combativo que enfrente las problemáticas urgentes de la educación en Guatemala y se vincule solidariamente con las luchas de los campesinos, indígenas, estudiantes y el resto de trabajadores del país.

Por Leonardo Ixim

La renuncia del costarricense Francisco Dall´Anese como comisario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) (el segundo a cargo después del español Calos Castresana desde la instalación de esta entidad adscrita a la Organización de las Naciones Unidas en 2007) se hace en el marco de denuncias contra la Cicig por presiones al máximo órgano de justicia, la Corte de Constitucionalidad (CC) en el caso de la extradición a Estados Unidos del ex presidente Alfonso Portillo.

La tragedia del Estado de Guatemala ha sido la lógica natural de su funcionamiento, la inoperancia de las instancias estatales sobre todo las encargadas de aplicar la justicia, la acefalia de las instituciones y la cooptación de parte del ejército durante años del Estado mismo a partir de la preponderancia política y en materia de distribución de recursos financieros. Parte de esta lógica bonapartista quedó plasmada en el Estado Contrainsurgente, responsable de terrorismo contra la población.

Esta situación se trató de reformar con los acuerdos de paz, primero de forma macro y ante el fracaso de esto, vía generación de instituciones de la paz. En ese sentido aparece la Cicig, como una forma de reducir los niveles de impunidad en los órganos de justicia, una de las herencias de la hipertrofia estatal sometida a los intereses de los grupos económicos y políticos del gran capital oligárquico y trasnacional.

Pero esta hipertrofia es vital para los intereses de la reproducción material y acumulación de capital de la clase dominante. Por eso las tentativas reformistas de muchas organizaciones sociales, ong´s y partidos de izquierda chocan contra el inmovilismo de la cosa pública, reflejo del Estado al servicio de la acumulación oligárquica y dependiente.

¿Qué le queda al entramado de las organizaciones sociales en este contexto de triunfo parcial de la contrainsurgencia? Refugiarse en la burocracia internacional y en los compromisos supuestamente reales en favor de los derechos humanos del imperialismo. En ese sentido la Cicig fue una reivindicación necesaria que nosotros apoyamos, pero desde su inicio la extrema derecha cercenó los propósitos originales relacionados con el desmantelamiento de cuerpos clandestinos, utilizando un discurso nacionalista, apelando hipócritamente a la soberanía que siempre han vendido

Limitando las capacidades de Cicig en lo relacionado al desmantelamiento de cuerpos paraestatales al servicio de grupos de poder económico, la primera administración se enfrascó exitosamente de desmantelar una mafia, la cercana al ex presidente Portillo, pero en claro servilismo a grupos del capital oligárquico, junto al MP terminó arrodillándose a las presiones gringas para la extradición de aquel.

La denuncia de que un alto funcionario de la Cicig presionó a la CC para que se diera la extradición de Portillo, cometiendo delito tanto este personero como los magistrados de la CC por no denunciarlo, es un reflejo de cómo la Cicig se enfrasca en una batalla que para la extrema derecha constituye un alivio. En el caso de la CC no se les puede eximir políticamente porque en este caso, como en el de la sentencia de genocidio a Rios Montt y otros, su servilismo a la oligarquía es evidente.

La tarea pendiente de desmantelar los cuerpos clandestinos ha avanzado poco, casi nada. El hecho de que el nuevo comisionado, un ex juez y ex fiscal del departamento de Antioquia, Colombia, Iván Velázquez, responsable de perseguir el entramado mafioso de Pablo Escobar y de desmantelar parte de una red de políticos y empresarios vinculada a grupos de extrema derecha, genera confianza en alguno grupos democráticos de la sociedad civil, pero no debemos confiar en este tipo de personas, solo debemos confiar en las acciones que puedan ejercer los trabajadores y el pueblo para terminar con la impunidad, propia del Estado capitalista. Lo poco que hemos avanzado en Guatemala se debe a la movilización popular, que la CICG busca apagar y conducir a la institucionalidad actual.

Existen roces naturales entre el gobierno derechista y la CICIG, pero aun asi acaba de prorrogar por dos años más su permanencia en Guatemala. Sin embargo, Otto Pérez declaró que los dos últimos años serán para terminar de trasladar competencias al MP y salir del país. Esa decisión de aparente defensa de la soberanía en realidad busca evitar que se inicien nuevos casos de investigación que podrían vincular al presidente y a la vice Rosana Baldetti, sobre todo en casos malversación de fondos públicos, algo que podría ser aprovechado y alentado por la actual oposición.

Nosotros consideramos que no debemos confiar en la CICIG, los organismos populares deben ejercer la justicia directamente, como lo hacen algunas comunidades indígenas. La solución contra la impunidad, no se resuelve invitando a los organismos del imperialismo, ni suplantando lo que debe hacer el pueblo de manera directa. Debemos combatir la ilusión de creer que por medio de estas costosas burocracias internacionales se logrará la tan ansiada independencia en la aplicación de justicia. Estamos por la justicia popular, ejercida sabia y directamente por el pueblo.