Pérez Molina entrega al presidente del Congreso iniciativa de amnistía fiscal
Por Armando Tezucún
La gestión gubernamental de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota hizo para este año proyecciones económicas que pecaron de optimistas, y al final del primer semestre los funcionarios del gobierno se están viendo en serios aprietos para alcanzar sus metas.
Veamos algunos datos. De enero a mayo la Superintendencia de Administración Tributaria esperaba recaudar en concepto de impuestos Q 21,203.8 millones, pero la recaudación sólo alcanzó la cantidad de Q 19,893.3 millones. Esto implica una brecha fiscal de Q 1,310.5 millones (El periódico 19/06/13).
Pero en realidad el faltante en los fondos para cubrir el presupuesto 2013 es mayor, puesto que en el mismo están contemplados dos préstamos que aún no aprueba el Congreso. Estos son un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 237 millones (Q 1,896 millones) y un préstamo por US$ 200 millones (Q 1,600 millones) con el Banco Mundial (Prensa Libre 8/06/13). Un tercer préstamo por US$ 35 millones (Q280 millones) con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola se perdió porque el Congreso no lo conoció a tiempo (La Hora 27/06/13). Además hubo una sobrestimación de Q 500 millones en el  monto de donaciones que se recibirán. Todo suma un hoyo fiscal de Q 5,586.5. Sin embargo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales sitúa la brecha en los ingresos tributarios en Q 2,030 millones y el agujero fiscal en Q 6,100 millones (La Hora 13/06/13).
A mediados de mayo el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria acordaron bajar la meta de recaudación 2013 de Q 50,375 millones a Q 49,100 millones, dejando una brecha “oficial” de Q 1,275 millones (Prensa Libre 16/05/13).
En realidad la crisis fiscal del gobierno está íntimamente ligada al estancamiento de la economía nacional y ésta a su vez está vinculada al estancamiento de la economía mundial. Además, la incertidumbre generada por las impugnaciones a la Ley de Actualización Tributaria ha retrasado el pago de impuestos por parte de empresarios y la población en general.
El 35% de la recaudación fiscal proviene de impuestos al comercio, y el comercio exterior está en franco retroceso. En junio el Banco de Guatemala tuvo que revisar a la baja sus expectativas de crecimiento de las exportaciones de entre el 6 y el 11%  a entre 3 y 7%. Con las importaciones al inicio la expectativa era de un crecimiento de entre 7.3 y 12.7%, mientras que ahora espera un crecimiento de entre 5 y 9% (Siglo XXI 20/06/13). Por otro lado, el Banco de Guatemala esperaba un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 3.5 y 3.9% para 2013; en julio fijó las expectativas en el porcentaje más bajo, 3.5%.
El 17 de mayo el presidente Pérez Molina anunció que el gobierno tomaría medidas de austeridad para paliar el déficit en la recaudación fiscal. Ordenó que los ministerios limiten los gastos en viajes al exterior, combustible, alimentación, vehículos, maquinaria y equipo de cómputo, además de suspender la contratación de nuevo personal y los bonos a los empleados estatales.
En otra medida para aliviar la falta de fondos, el 12 de junio el gobierno anunció una amnistía fiscal consistente en la condonación del 5% y 10% del pago de impuestos atrasados y exoneración de multas durante tres meses. Además redujo en un 50% el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, el cual había sufrido un gran incremento en la Ley de Actualización Tributaria que entró en vigencia este año. El Congreso aprobó la medida unos días después, aunque analistas consideran que sumando y restando lo recaudado con lo exonerado, el incremento en la recaudación será exiguo (ver La Hora 26/06/13).
Mientras, a inicios de julio fue presentado al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Actualización Tributaria, consensuado entre el gobierno y las cámaras empresariales, que dota a los empresarios de una serie de privilegios y exoneraciones. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, “Se pretende legitimar vía nueva legislación un mecanismo de fraude fiscal, es decir, evasión de impuestos en proyectos de vivienda; también quieren exonerar de Impuesto Sobre la Renta a los que compren energía eléctrica a proveedores fuera de Guatemala” (El Periódico 3/07/13).
Llamamos a los compañeros trabajadores, campesinos y pueblo en general a estar alerta para impedir que el gobierno rebaje el poco gasto que realiza en salud, educación, y gasto social en general. Para solucionar el déficit fiscal el gobierno debe eliminar las exoneraciones y privilegios fiscales que otorga a los empresarios nacionales y extranjeros, aumentar los impuestos directos sobre las ganancias de las empresas. La crisis no la debe pagar el pueblo, la deben pagar los capitalistas.

 
Por Juan Castel
        El paisaje son fusiles y plomo; desfilan por las calles patrullas policiales, pero estas, están cargadas de militares, casi siempre van con armamento pesando y apuntando al  enemigo; pero aun hoy no sabemos  ¿Quién es el enemigo?.. Ellos se preguntan, yo me pregunto ¿para qué están en las calles? “Si la guerra ya ha acabado”.
Anónimo.
El constante problema de la seguridad en Guatemala se ha incrementado este último año, poniéndose en contraposición el actual gobierno del Partido Patriota que busca solucionarlo con la puesta en marcha de nuevos batallones militares, para la seguridad ciudadana, la inauguración de nuevas bases militares y el incremento de las actuales fuerzas de tarea. Esto busca aumentar el número de efectivos militares que ayudarán en tareas conjuntas a la Policía Nacional Civil (PNC); pero también muy agazapado el gobierno de Pérez Molina busca restablecer a los efectivos que después del conflicto fueron dados de baja –de acuerdo a “la paz firme y duradera 1996”- según la cual ejército no podía exceder de entre 25 mil y 30 mil efectivos según lo establecido y firmado.
El actual gobierno busca tapar el hoyo dejado por el gobierno de Óscar Berger que redujo ese número aun más, por directrices y mandamientos de la oligarquía, que temía, que a lo interno de la estructura militar se diera un resurgimiento del nacionalismo –abanderado por las FAR, primer grupo insurgente reconocido por el gobierno de Guatemala a mediados de la década de 1960- y buscara la destrucción de la hegemonía oligárquica.
Pero Pérez Molina y sus sirvientes armados, el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla y el de la defensa Manuel López Ambrosio no buscan fortalecer al ejército para destruir el estatus quo dominante, si no aprovechar la natural descomposición de la PNC, que yace como un cadáver putrefacto y corrupto desde la refundación de la Policía Civil,  para tener una excusa y gradualmente militarizar el país. Podemos destacar también el retiro dudoso del ahora ex-director de la policía Gerson Lima, el cual después de hacer un comentario resonante en una citación de la bancada opositora al gobierno (Líder), inmediatamente se enteró que estaba en situación de retiro –que se da después de cumplir 20 años en la fuerza- aunque el ya llevaba 23 años en servicio. Lo que le mereció a Oliva su destitución fue, y cito: “Debido al abandono en que se encuentra desde hace varios años la (PNC), los tres mil 500 agentes que se graduarán en diciembre de este año no recibirán armas” (Prensa Libre 20/06/13). Lima fue sustituido en acto oficial en la Brigada Militar Mariscal Zavala el pasado 30 de junio, día en que se conmemoraba el 142 aniversario de fundación del ejército burgués guatemalteco.
El que tendrá que enfrentar ahora a los esbirros de Pérez Molina y/o atenerse a sus órdenes es el recién ascendido Director de la PNC Telémaco Pérez, quien tendrá que llevar a cabo los planes para la formación policial. Ésta debe ser adaptada al nuevo programa de entrenamiento que deben recibir los policías, para poder utilizar de manera adecuada las armas que el ministerio de gobernación por excepción y sin licitación le comprará a varias empresas de Austria, Italia e Israel.
Con estas adquisiciones de más de 33 mil armas durante el periodo 2013-2015, el gobierno busca tapar ese déficit de armas que Oliva hizo saber y que el gobierno salió a minimizar. Pérez Molina dijo: “El director trabajó año y medio con nosotros e hizo su mejor esfuerzo, lo vi en los gabinetes. Hubo una especulación en las declaraciones que dio si estaba abandonada la Policía, pero ya comprobamos que es un trabajo que tenemos que seguir y es responsabilidad del director de la PNC” (PL 26/06/13). Recordando que este gobierno no es precisamente venerado por su trasparencia, a través de esta compra por excepción, los mecanismos de control quedan totalmente fuera y esto se presta a ser otro de esos grandes casos de corrupción, sobre valoración, producto deficiente, no adecuado o que nuca llega a destino.
Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) defendemos que la única forma de detener el militarismo del gobierno actual y la decadencia y corrupción a lo interno de la PNC, es conciliar aparatos de control y organización popular que fiscalicen a la policía y al Ministerio de Gobernación; también llamamos a que el gobierno detenga el incremento del gasto militar y se dedique a atacar los factores claves que producen la delincuencia común, como lo es la desigualdad imperante, la falta de educación y por lo tanto la falta de oportunidades de una gran parte de la sociedad guatemalteca. Hay dinero para armas, pero no para libros.

Por Leandro Flores

Como en muchas instituciones públicas, el pacto colectivo es un dolor de cabeza, tanto para las autoridades como para los trabajadores, y la universidad no es la excepción. El presente pacto colectivo entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC) y el Consejo Superior Universitario (CSU) se ha venido redactando y cambiando desde 1976 sin ser firmado; pareciera que este año si se logrará firmar, ya que solo falta que sea vea la redacción de algunos artículos y los que todavía están en discusión como el 19 y 21, y se llegue a un acuerdo por parte Comisión Técnica que representa a las autoridades universitarios y el STUSC. De aquí se llevará para que el CSU lo firme, y luego al Ministerio de Trabajo para que sea autorizado y entre en vigencia.

Pero el problema no es el pacto en sí, sino los representantes de los trabajadores en las negociaciones o sea el STUSC. Estos representantes son los que estaban antes de las elecciones sindicales del año pasado, o sea pertenecen a una corriente sindical blanca. En una asamblea que tuvieron los trabajadores se decidió que continuaran los mismos representantes, error que se pagó caro por la falta de ideología y preparación política por parte de los trabajadores y del STUSC.

Por otro lado, los que están en la Comisión Técnica son los burócratas; son el secretario del Departamento Jurídico, el asesor del Rector, el secretario de finanzas y el secretario general Alvarado. Es por esta razón es que el pacto pareciera no ser la solución a todos los problemas de los trabajadores como los que están en planilla, los de seguridad o los del parqueo que no tienen los beneficios que el código del trabajo establece.

Por su parte el comité ejecutivo del STUCS electo el año pasado sabe que la solución a muchos de sus problemas se llevará por la vía de la Reforma Universitaria, donde se podrá democratizar la universidad para que sea más incluyente, para que los trabajadores tengan integración en las mesas administrativas y por supuesto se tenga una mejor relación entre trabajadores, estudiantes, profesores y autoridades.

Artículos en debate

El artículo 19 trata sobre licencias para ejercer la actividad sindical. La Comisión Técnica busca que los dirigentes sindicales dediquen solo 15 días por mes para la actividad sindical, o sea no les permitirán estar el tiempo que necesiten para solucionar las problemáticas de algún trabajador. El artículo 21 dice: Ejercicio legal de las facultades de administración, que busca básicamente que los trabajadores tengan la estabilidad laboral; la Comisión Técnica no quiere dar esta estabilidad a los trabajadores que están en contrataciones a término.

Este artículo también busca que los trabajadores tengan derecho de reinstalación cuando hayan sido despedidos sin justificación; por último la comisión técnica busca que si existiera un cambio en las condiciones de trabajo las autoridades decidan sin que exista acuerdo expreso entre las partes. Es por esto que el STUSC debe estar a la vanguardia defendiendo los intereses de los trabajadores.

Como hemos dicho en otros números de El Socialista Centroamericano, algunos miembros (si no es que todos) del CSU, ven a la universidad como un trampolín para tirarse a la politiquería nacional. Este es el caso de algunos decanos que buscan hacer negocios en su beneficio, como las dos empresas privadas que hacen la limpieza que constituye una privatización en cubierta de la universidad. Otros hacen campaña anticipada los cursos libres, para después optar para ser rector de la universidad, como lo hizo el oportunista del Licenciado Estuardo Gálvez, cuando era candidato a Decano en 1997.

Falta de Presupuesto Universitario

La falta de presupuesto para la USAC, es un problema que afecta a todos de forma directa; a los estudiantes, a los profesores en los Centros Universitarios, que se les debe el sueldo del todo el semestre pasado, y a los mismos trabajadores que no reciben su sueldo a tiempo o también se les debe. Es por esta razón que todos debemos estar unidos para exigir al Estado que pague lo que lo corresponde a la universidad y que las autoridades tengan una ejecución transparente y rindan cuentas a la comunidad universitaria.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), hacemos el llamado a todos los trabajadores universitarios a que busquen un beneficio colectivo y que luchen por un convenio en el que todos sus derechos sean respetados y todas las categorías de trabajadores gocen los beneficios de ley. No hay que dejarse engañar por los miembros del CSU y con sus políticas neoliberales que solo buscan privatizar la universidad.

Por Leandro Flores

Después de la marcha que se realizó el 24 de abril, poco se ha logrado para resolver el déficit presupuestario que tiene la Universidad de San Carlos. Con esta marcha solo se logró que Corte de Constitucionalidad (CC) quitara el candado de los Q75 millones que correspondían a la USAC pero que habían sido asignados a la construcción de un hospital de trasplantes; el rector Estuardo Gálvez manifestó que los Q75 millones no se han recibido aún. Según algunas versiones, el gobierno desvió esos fondos como castigo porque las autoridades universitarias no apoyaron en las elecciones pasadas al gobernante Partido Patriota.

El Consejo Superior Universitario (CSU) está pidiendo de manera inmediata Q150 millones para cubrir el déficit del 2013, además de los Q25 millones que el presidente Otto Pérez Molina ofreció a raíz de la marcha, que por supuesto tampoco han sido entregados. En la reciente reunión que tuvo el presidente con el Rector Eduardo Gálvez, los Q 25 millones no fueron mencionados y el rector aclaró que se deben sueldos a 225 catedráticos y si no se solventa a tiempo el déficit, en julio ya no habrá más dinero para el funcionamiento centros regionales.

El CSU está implementando estrategias de presión hacia al Estado (como cartas abiertas a los diputados y al ministro de economía) para exigir que se cumpla con el artículo 84 de la Constitución, que habla sobre el presupuesto que necesita la casa de estudios superior para su funcionamiento normal. Por su parte los estudiantes también deberían tomar protagonismo tanto para la exigencia del presupuesto, como para la vinculación con otras luchas sociales que se llevan a cabo en todo el territorio Guatemalteco, para que la población trabajadora vuelva a sentir el apoyo del estudiantado; recordemos que la clase trabajadora es quien paga con los impuestos y todo tipo de recaudación, la educación con conciencia que tanto necesita el pueblo.

Las dirigencias estudiantiles democráticas y progresistas, independientes de la corrupta AEU, deben reorganizar la lucha por el proceso de Reforma Universitaria, ya que ésta democratizará de forma más equitativa el poder político que debería tener el universitario para el control de los ingresos y egresos que la universidad realiza, como también para poder hacer algo con esos catedráticos casi inamovibles que tienen sueldos exorbitantes. También consideramos que los académicos que trabajan en los institutos de investigación de la USAC, en su calidad de servidores públicos y trabajadores de la universidad así como tienen derecho a devengar un salario y tener un ambiente laboral óptimo, tiene la obligación de presentar resultados de sus trabajos relacionados con la problemática nacional y deben ser susceptibles a la fiscalización.  

No hay que dejarnos engañar por el oportunismo del CSU o de la burocracia universitaria, ya que ven a la universidad como un botín y como un trampolín para participar en la politiquería nacional. A la hora de no llegue el dinero lo primero que harán es hacer desaparecer los centros con menos estudiantado, sin sacrificar sus sueldos abultados, que obtienen a costillas del pueblo de Guatemala. Algo que deberíamos tener en cuenta es optimizar los gastos y no hacer más gastos inoportunos como seguridad privada o las playeras que se dieron para la marcha del 24 de abril.

Este déficit presupuestario en la USAC no es nuevo. Aunque Gálvez diga que no quiere negarle educación a nadie por falta del presupuesto, él no ha hecho nada por eliminar los exámenes de admisión, que son una gran barrera tanto para estudiantes de instituciones privadas como o para los estudiantes que vienen de institutos públicos con cierto nivel de consciencia, dispuestos a participar en las luchas sociales. Igual sucede con el plan de repitencia, que afecta al estudiantado, que ya no podrá cerrar su carrera luego de perder tres veces un curso. Es por esto que los estudiantes debemos estar interesados por la reforma universitaria para que todos tengamos esa educación critica y analítica.

Desde el Partido Socialista Centro Americano (PSOCA), exigimos a las autoridades de gobierno que cumplan con el presupuesto de la Universidad de San Carlos que está establecido en Constitución de la República. Hacemos un llamado al estudiantado para que se organice y pida tanto el presupuesto como la Reforma Universitaria, ya que sin ella de nada nos serviría por la corrupción y burocracia que existe en la universidad. ¡5% CON TRANSPARENCIA Y SIN CORRUPCIÓN! ¡5% DEL PRESUPUESTO, 100% REFORMA UNIVERSITARIA!