Por Juan Castel

El pasado miércoles 21 de agosto se llevaron a cabo varias manifestaciones en diversos puntos de veinte de los veintidós departamentos que conforman Guatemala –exceptuando a Chimaltenango y la capital. Las marchas fueron convocadas por “La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas” (CNOC) y por el “Comité de Desarrollo Campesino” (Codeca); llegaron a tener una participación masiva en los departamentos de Huehuetenango, Retalhuleu, Quiche, Sololá, Baja Verapaz y Zacapa.

Las motivaciones que llevan a estas dos organizaciones campesinas a movilizarse son: la eterna problemática del régimen de tenencia de la tierra en el campo guatemalteco; el elevado costo de la energía eléctrica; la aprobación inmediata de la ley de “Desarrollo Rural Integral” –iniciativa de ley 4084-; la criminalización de sus protestas; la persecución y asesinato de los líderes comunitarios e indígenas; el desalojo que sufren las familias campesinas a manos de las fuerzas de seguridad gubernamentales; la inauguración de bases militares en zonas de conflictividad social, generada esta última por el interés del capital nacional e internacional, –mineras, hidroeléctricas, cementeras, latifundios de monocultivos y de agro exportación-; el indetenible crecimiento del costo de los productos que conforman la canasta básica.

Al igual que muchos otros de los problemas que agobian a la población guatemalteca, los arriba mencionados no tienen un origen reciente. Por eso nos permitirnos recordar que el año pasado el recién juramentado gobierno del  menudo Otto Pérez Molina, se enfrentó a un crecimiento de la movilización del sector campesino-indígena, que inició con una masiva movilización encabezada por el “Comité de Unidad Campesina” (CUC) realizada del 19 al 27 de marzo, y cuyos organizadores iniciaron una mesa de diálogo gubernamental que no buscó en ningún momento solucionar la problemática de los camaradas campesinos, sino solo dispersarlos en promesas vanas y en el olvido. A esto le siguió la respuesta de las diferentes organizaciones campesinas, que estuvieron en movilización casi permanente para presionar al gobierno a que estableciera compromisos fidedignos.

Pero tanto ayer como hoy, el problema de no darle solución a la desigualdad imperante en el campo tiene su raíz en las contradicciones claras de la casta política guatemalteca. Esos mafiosos descarados lucran siendo representantes de los intereses de la burguesía tradicional, la oligarquía –consagrada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras” (CACIF)- y de su servidumbre, los grupos de poder encarnados en la burguesía emergente que tampoco buscan cambiar el status quo. Los diputados, como buenos representantes del capital han pretendido dar apoyo a los compañeros campesinos solo cuando estos están a las puertas del palacio de los ladrones –“Palacio Legislativo del Honorable Congreso de la República”- para después dar un giro, una pronta amnesia y enterrar en los gabinetes lo prometido. Y sin importar el partido de la burguesía al que pertenezcan, todos se han valido de estas tácticas, hasta el propio presidente, que cuando ha sido presionado por la movilización campesina ha salido con sus discursos de voz torpe y de manos engañosas a prometer y a firmar las peticiones justas del campesinado, promesas que se desconocen pronto cuando aparece la mesa de diálogo, que más que dialogar ha buscado subyugar las demandas y comprometer la dinámica de la lucha campesina, que se ve detenida por el sosiego promovido por esta táctica perentoria.

Por eso desde el “Partido Socialista Centroamericano” (PSOCA) entendemos que este gobierno no negociará con los compañeros campesinos e inclusive seguirá haciendo sus ya naturales tácticas embusteras, a menos que se encuentre sumamente presionado por la movilización del campesinado y que se vea obligado a maniobrar incluso sobre los intereses de la oligarquía terrateniente para mantener la gobernabilidad en el país. Pero entendemos también que esa presión no se puede dar con la lucha por separado que llevan actualmente todas las organizaciones campesinas, que abanderan en su mayoría las mismas peticiones justas. Por eso llamamos y no nos cansaremos de llamar a la conformación de un frente unido campesino, que se movilice unitariamente para obligar al gobierno a negociar.

¡¡¡La fuerza ya existe camaradas, solo nos falta la unión!!!

Por Leandro Flores

A lo largo de la historia se pueden nombrar grandes docentes que tu vieron que pagar con la vida para dejar un camino para las futuras generaciones, como lo fue el caso de María Chinchilla, que murió manifestando contra la dictadura de Ubico. El problema no han sido los maestros, sino sus representantes sindicales que han estado complaciendo y vendiéndose a los intereses de diversos gobiernos. Tal es el caso del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

El STEG es el sindicato más numeroso del gremio magisterial y de la Asamblea Nacional del Magisterio; por eso el Ministerio de Educación lo escoge como intermediario con los maestros en las negociaciones. Es un sindicato blanco creado con bajo los auspicios del gobierno de Vinicio Cerezo del partido Democracia Cristiana en 1986. Por eso desde sus inicios ha colaborado con los gobiernos de turno tanto de derecha, centro o los pseudo socialdemócratas como la UNE; la excepción fue el gobierno de Alfonso Portillo.

La característica del STEG ha sido se ha limitado a negociar pactos colectivos y prebendas para los maestros, lo que no es criticable per se; pero media vez llega a acuerdos con los gobiernos, cesa las movilizaciones y no tiene una visión de cuestionamiento global del sistema de opresión capitalista, mucho menos se solidariza con las luchas de otros sectores explotados. Es sintomático que los sindicatos magisteriales nunca están presentes en las marchas del 1 de mayo ni del 20 de octubre, al menos en las que organizan las centrales sindicales que no son colaboracionistas. Desde hace 15 años Joviel Acevedo ejerce la secretaría general del STEG. La traición más reciente del Acevedo y su sindicato ha sido participar en la elaboración de los cambios a la carrera de magisterio, poniéndose abiertamente de parte del gobierno y el Ministerio de Educación en el conflicto con los estudiantes normalistas.

Desde finales de julio han acrecentado las denuncias de maestros en contra de la dirigencia del STEG, quejándose de que nunca pidieron su afiliación a este sindicato. El STEG está conformado oficialmente por 128 mil afiliados; al menos18 mil de ellos han indicado que no solicitaron ser inscritos. Se estima que podría haber más casos de este tipo (Prensa Libre 10/08/2013).

El Ministerio de Trabajo, como buen defensor de la burocracia sindical y velando por los intereses del Partido Patriota, dice que no puede aceptar las solicitudes de desafiliación de ese sindicato y que solo Acevedo las puede aceptar; esto a pesar de que los maestros que han llegado a la sede del STEG se han encontrado con que Acevedo nunca está para recibir los formularios. Pero los maestros se han organizado para desafiliarse masivamente, ya que siempre se les ha dicho que ellos no pueden formar parte de otro sindicato sin salir del corrupto STEG. El conflicto es a nivel de al menos 5 departamentos (San marcos, Zacapa, Chiquimula, Chimaltenango y Guatemala) y se han realizado asambleas de información por parte del Sindicato Autónomo Magisterial de Guatemala, SAMGUA y por aparte, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza.

Alicia Arellano, secretaria de SAMGUA, declaró a los medios que ellos están en contra de los cambios a la carrera de magisterio que ha enfrentado a los estudiantes normalistas con el gobierno (Siglo XXI 11/08/13). Esto es indicativo de la orientación que tienen las nuevas corrientes magisteriales que se están fortaleciendo.

Otros de los motivos que probablemente ha llevado a los docentes a desafiliarse es el cobro de Q 150 que Acevedo quería realizar para el pago de los servicios legales por la elaboración del pacto colectivo por durante 6 meses a cada afiliado, haciéndolo un negocio jugoso.

El rechazo a la sindicalización en el STEG es sintomático de la toma de conciencia de un sector políticamente avanzado del magisterio que se ve en la necesidad de romper con Acevedo y su camarilla, planteando una nueva alternativa combativa y no colaboracionista. No se descarta que un sector apático y atrasado desee romper porque no le interesa pertenecer a ningún sindicato.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos al magisterio a que la ruptura con el STEG se traduzca en la conformación de nuevas alternativas organizativas que rechacen la colaboración con los gobiernos y se vinculen con otras luchas populares como la de los estudiantes normalistas, los campesinos y toda organización que lucha contra la crisis del capitalismo. Es de vital importancia plantearse la lucha por una educación pública gratuita y de calidad, con total cobertura, en contra de la privatización que desean implementar los gobiernos y los empresarios.

Por Armando Tezucún

Este año el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota ha tenido serias dificultades para conseguir la aprobación de las leyes que necesita para implementar su agenda de trabajo. La bancada del principal partido opositor, Libertad Democrática Renovada (Líder), desde noviembre del año pasado inició una interminable interpelación al ministro de Cultura y Deportes Carlos Batzín, por corrupción y malos manejos en el ministerio a su cargo. Utilizando la misma estrategia que usó el Partido Patriota en el Congreso contra el anterior gobierno de Álvaro Colom, perfeccionada al máximo, Manuel Baldizón y sus diputados han logrado estancar durante nueve meses la actividad parlamentaria, amparándose en que los procesos de interpelación no pueden ser interrumpidos. Fue necesario interponer un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que resolvió favorablemente el 14 de febrero, para que el 19 de ese mes el pleno del Congreso pudiera elegir los presidentes de las 47 comisiones de trabajo y el legislativo pudiera laborar normalmente. Realizada la elección, la interpelación continuó.

Aprovechando la puerta abierta por la CC, la bancada del PP junto con las bancadas aliadas (UCN, Unionista, Todos, Gana, Creo) lograron un convenio según el cual puede interrumpirse una interpelación con 80 votos para temas constitucionales y 105 para conocer temas de orden económico, social y financiero. De esta manera el 13 de junio el Congreso logró ratificar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el tratado de libre comercio con México, las reformas a la Ley de Regulación Tributaria y reformas a la Ley de Propiedad Industrial. Estos son los únicos decretos que ha producido el legislativo en lo que va del año.

Sin embargo, la intención del gobierno de aprobar la emisión de bonos del tesoro por Q 3,500 millones (para cubrir una cuestionable deuda del Estado con empresas constructoras), ha impedido, desde la segunda quincena de julio, que se logren acuerdos para interrumpir la interpelación al ministro Batzín y avanzar en la revisión de leyes pendientes.

Las bancadas que han sido aliadas del PP cuestionan no solo la legalidad de esa deuda, sino que se oponen a que el Estado continúe endeudándose, pues la deuda está llegando a niveles poco recomendables. Desde la sesión plenaria del 25 de julio se ha intentado que entren a debate un paquete de leyes de transparencia, un informe de antejuicio contra la ministra de educación Cynthia del Águila y que se empiece a dar lectura a las 176 iniciativas de ley que están pendientes de pasar a comisiones. El temor de todas las bancadas era que los diputados oficialistas aprovechen la interrupción de la interpelación para introducir la propuesta de los bonos. Ese día las bancadas se retiraron del pleno una a una, tras conocer que el PP incluiría en la agenda dicha propuesta.

La desconfianza generalizada hacia la bancada del PP y el rechazo al endeudamiento, ha hecho que el cabildeo y búsqueda de consensos para lograr una agenda que desentrampe el Congreso fracase. El 1 de agosto el gobierno presentó oficialmente a la Dirección Legislativa la propuesta de ley de los bonos, incluyendo la aprobación de dos préstamos por Q 3,400 que están incluidos en el presupuesto oficial de este año. Esto agudizó la pugna, definiéndose 82 diputados en contra, 69 a favor y 7 indefinidos. Mientras, el PP cambió a su jefe de bloque, nombrando a Arístides Crespo, hombre clave para cabildear con otras bancadas.

En medio de denuncias de intentos de soborno a diputados, el 19 de agosto Arístides Crespo anunció que el PP retiraría de la discusión la iniciativa de los bonos y los préstamos, en vista de la imposibilidad de lograr acuerdos. Con esto se logró acordar una agenda mínima para la plenaria del 20 de agosto, que incluye la lectura de 50 iniciativas de ley y conocer la solicitud de antejuicio contra la ministra de educación. Sin embargo, ese día, aunque se logró interrumpir la interpelación, no hubo acuerdo sobre el antejuicio, que fue archivado, y en medio de altercados y empujones no se logró leer las 50 iniciativas. En una nueva sesión del 22, debido a falta de acuerdos, sólo se conocieron 25 iniciativas de ley, antes romperse el quórum.

El desempeño del Congreso este año pone al desnudo lo peor de la política parlamentaria burguesa: demagogia, compra de voluntades, corrupción e intereses ocultos. Por ello el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone como alternativa la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que transforme el país a favor de las masas oprimidas y barra toda la basura parlamentaria.

Lideres comunitarios protestan por la desaparición de Silverio Vicente

Por Beatriz Cruz

En los últimos días se han dado una serie de atentados y amenazas contra dirigentes sociales y periodistas, poniendo en evidencia el fracaso del régimen contrainsurgente democrático impuesto por la apertura democrática desde el golpe de estado de marzo de 1982.

Al bloque de poder le fue fundamental para derrotar la revolución centroamericana, como parte de una estrategia estadunidense, la represión al movimiento popular, el combate a las guerrillas y la apertura democrática creando nuevas constituciones e instituciones estatales. Esto condujo a los acuerdos de paz con las guerrillas, logrando el amaestramiento de sus dirigencias, convirtiéndolas en partidos políticos con programas reformistas y en algunos casos, en portadores de nuevas elites económicas.

En Guatemala se mantienen los elementos antidemocráticos en una democracia cerrada para las mayorías, como en el caso de los pueblos indígenas en lo que respecta al uso de sus territorios. Y pese algunas pequeñas reformas tras el autogolpe de Serrano Elías, que le dieron mayores competencias al Congreso de la República, la esencia represiva del Estado se mantiene.

Esta represión al movimiento popular que reclama sus derechos se manifiesta por dos vías: primero, la represión legal usando las fuerzas de seguridad y los organismos de justicia, que son instituciones del Estado capitalista. Segundo, la utilización de guardias privadas o aparatos clandestinos muchas veces vinculados al crimen organizado, que además están al amparo de organismos de inteligencia militares y policiales.

El actual gobierno está conformado por ex militares y politiqueros corruptos que buscan quedar bien con sus amos oligarcas, pero a la vez tienen intereses particulares en tanto grupo burgués de origen burocrático y cercano a algunos personajes del narcotráfico. Consideramos que no es un gobierno militar, sino que sigue en esencia la característica del régimen impuesto por la apertura democrática.

Así, ha servido de igual manera a los intereses de las trasnacionales que codician las riquezas del subsuelo en confrontación directa con las comunidades mayas, xinkas y mestizas que han defendido su territorio. En ese contexto es que se han dado varias represalias a comuneros y periodistas, como el caso del líder comunal de Chujuyub, Santa Cruz del Quiche, Silverio Vicente, secuestrado por desconocidos, hecho denunciado por el Consejo de Pueblos de Quiche.

Recientemente se tuvo la visita de miembros de la Federación Sindical de Servicios Públicos que junto a personeros del Frente Nacional de Lucha han denunciado internacionalmente que desde 2004 han sido asesinados más de 70 dirigentes sindicales y comuneros. Por su parte, la Confederación Sindical Internacional publicó un informe en Ginebra, sobre la violación a los derechos laborales, entre ellos el derecho a la sindicalización, considerando a Guatemala como uno de los países más peligrosos para ejercer estos derechos.

De igual forma se han dado hechos que han conmocionado al gremio periodístico. Se encontró el cadáver del periodista Carlos Orellana Chávez en el departamento de Suchitepéquez; ha habido atentados contra otros periodistas como Vernik Gudiel de El Periódico, quien hace investigación periodística, hiriendo gravemente a Freddy Rodas de Radio Corporación de Noticias. En total en lo que va del año han asesinado a cuatro periodistas: José Napoleón Jarquín, Luis Alberto Lemus, en Jutiapa y Luis de Jesús Lima en Zacapa. Es posible que todos estos atentados estén relacionados con denuncias de estos periodistas sobre la presencias de grupos del crimen organizado en la provincia guatemalteca.

Por otro lado, José Luis Zamora, accionista principal del diario El Periódico ha denunciado amenazas contra su vida, pues tiene una columna donde valientemente ha denunciado corrupción y nexos de funcionarios de este gobierno con el narcotráfico. Este medio naturalmente pertenece a grupos de poder económico, sin embargo se caracteriza por una línea editorial de denuncia relacionada a la corrupción.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos importante retomar ciertas iniciativas para lanzar un frente contra la represión de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, que sea parte de un esfuerzo articulador de las organizaciones populares de cara a un frente unitario que levante y movilice al proletariado y los pueblos guatemaltecos. De igual forma hay que exigirle tanto al Ministerio Publico (MP) que en vez de justificaciones, agilice las investigaciones sobre estos hechos, y a la Cicig que en verdad aporte al MP elementos para desarticular grupos clandestinos de derecha.