Por Andrés Morales

El pasado lunes 26 de agosto, se reabrió el caso Guapinol, uno de los expedientes judiciales que muestra sin ambages, la situación concreta de las instituciones encargadas, aparentemente, de impartir justicia en el país. Las salas de los tribunales volvieron a retomar este caso que mostró desde un inicio, el ensañamiento y confabulación de las empresas extractivas en manos de empresarios nacionales, bancos y organismos financieros internacionales, y el Estado hondureño. El absurdo dictamen de los jueces fue “prisión preventiva”; los compañeros pasaron de estar en la penitenciaría ubicada en Támara, Departamento de Francisco Morazán, a la Tolva. En total son siete miembros de esta comunidad acusados injustamente de portación ilegal de armas y “asociación ilícita”.

“Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez…” (Criterio.hn, 26 de agosto de 2019).

Los propietarios de este proyecto minero que fue denominado ASP y ASP 1, ahora de Inversiones Los Pinares, son Lenir Pérez y Ana Facussé; apellido éste último sumamente conocido por ser de vínculo consanguíneo directo con el que fue uno de los representantes más detestables de los terratenientes que alimentaron el conflicto agrario en el Bajo Aguán: Miguel Facussé.

Mientras se llevaba a cabo el proceso de juzgamiento en contra de estos ambientalistas, hubo acompañamiento incondicional de parte de la comunidad de Guapinol, ciertos defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios, que, con pancartas, marcadores y suficiente indignación por las circunstancias, hicieron notar las injusticias cometidas por los tribunales del país.

Según un artículo del periódico digital Criterio.hn, el caso Guapinol ya suma en total seis muertes de dirigentes comunales, quienes defendieron hasta las últimas consecuencias este río. El río Guapinol se encuentra cercano a la zona núcleo y alrededores del Parque Nacional de Botaderos, “establecida desde el año 2012 como zona protegida y ahora conocido como Parque Nacional Carlos Escaleras, en memoria del líder ambientalista Carlos Escaleras” (Criterio.hn, 21 de febrero de 2019).

Dos autores consabidos sobre el tema de la defensa del agua, suponen lo que sigue al respecto del papel del Estado y la gestión de este recurso primario: “…el papel del Estado en la gestión del agua ha aumentado considerablemente desplazando a los viejos sistemas autogestionarios. Esto ha producido una erosión de las estructuras administrativas democráticas y participativas, lo que a su vez deteriora las fuentes productoras y los procesos de conservación...”  El caso Guapinol –comunidad ubicada en Tocoa, Departamento de Colón–, viene a demostrar el papel del Estado hondureño en la mala gestión del agua, con procedimientos de despojo territorial, por un lado, al conceder a través de instituciones como Mi Ambiente e ICF, licencias ambientales que permiten acabar con reservas naturales; y por otro, las políticas encaminadas al ecocidio mediante las famosas “concesiones” que liquidan las decisiones comunitarias en no permitir el acceso del modelo extractivista.

Los compañeros de Guapinol, que hoy lidian con el encierro y por consiguiente la pérdida de su libertad, colocan en su justa dimensión un fenómeno que atañe a las distintas generaciones de hondureños –sino a todos–: la lucha frontal contra el modelo extractivista en su faceta minera, que tiene grandes consecuencias, como lo asegura Esperanza Martínez: La minería utiliza grandes cantidades de agua para obtener los metales. Este líquido contaminado normalmente es vertido en sus cursos originales… Las minas a cielo abierto secan las vertientes de agua e implican la eliminación de toda vegetación. Esto afecta la absorción del agua además que el polvo y los desechos de la mina contaminan las fuentes de agua cercana.”

Otro caso que muestra el modelo entreguista y concesionario: el proyecto habitacional en La Tigra

La tendencia general en las ciudades europeas y latinoamericanas, que viven las arremetidas del neoliberalismo, es la gentrificación. El modelo neoliberal contempla, en sus programas orquestados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, la pauperización de los grupos sociales más pobres, a través del desplazamiento de estas capas sociales bajas, de los centros o focos del urbanismo de las capitales; que en adelante son entendidas por las rapaces burguesías como nuevos espacios para el mercado inmobiliario. A la definición de nuevos espacios vistos como proyectos habitacionales en la ciudad, les sigue el crudo interés por los recursos que se encuentran accesibles a dicho mercado más allá de los centros urbanos, en este caso el agua y el bosque en Reservas Naturales. “Hoy la atención del mercado inmobiliario va dirigida a otros lugares, internos a la ciudad y con vocación de usar de forma transitoria la industria turística” asegura Gaia Redaelli.

El espacio donde se encuentra el Parque Nacional La Tigra, está inscrito en una serie de etapas que empujaron a la historia del país al tan aclamado “desarrollo” –emprendido por diversas generaciones de liberales– vinculado a un rubro económico en particular, en este caso, la minería. San Juancito, bajo la sombra de la mina El Rosario, se convirtió en la primera ciudad modelo que representó ese proyecto de creer ciegamente en el gradual progreso material de un país a través de la extracción de metales. El costo social fue evidente luego del abandono del rubro a mitades del siglo pasado.

Hoy la Tigra es el centro de atención del grupo inmobiliario Midence-Soto-Pierrefeu, quienes a través de la constructora Santos y Compañía (que pertenece a la Familia de Elvin Santos, diputado del partido liberal), pretenden introducir un complejo habitacional denominado “Bosques de Santa María”, que daría rienda suelta al mercado inmobiliario en una zona de amortiguamiento que ocupa una reserva natural, y que además abastece de agua a numerosos barrios y colonias de la capital. Se estima que serían 130 colonias las que podrían quedar sin agua si el proyecto llegara a concretarse.

“La construcción, inició el descombramiento de la vegetación para la edificación de 1,886 residencias de lujo, 29 centros comerciales, un hotel de montaña, un club ecuestre y carreteras de penetración en un área de casi 500 hectáreas, de las que más de 100 son parte de la zona de amortiguamiento de la Tigra” (Criterio.hn, 29 de agosto de 2019).

Organicemos una amplia plataforma que le haga frente a los proyectos de despojo territorial en Guapinol y la Tigra

Los procesos de privatización de los tan preciados e indispensables recursos naturales como lo es el agua, avanzan en tres direcciones según lo plantea Tatiana Roa Avendaño y Danilo Urrea: “i) el control del Banco Mundial en la construcción de políticas públicas de agua…, ii) la pérdida de autonomía del Estado bajo la administración de gobiernos entregados y arrodillados a los lineamientos de instituciones financieras internacionales y corporaciones trasnacionales; y iii) los procesos de militarización de los territorios para asegurar el control de las fuentes y la explotación del patrimonio natural.” 

Hasta el momento la privatización del agua en la Tigra y Guapinol, avanza en los tres niveles que plantean estos autores: las movidas del capital internacional y nacional a través del mercado mobiliario ya es un hecho, y lo promueven los representantes de la Cámara de Comercio e Industria del país, y la vil familia Facussé; el Estado ha puesto las circunstancias “legales” para que las instituciones como la Fiscalía y el Ministerio Público arremetan con el señalamiento de delitos que no caben para los ambientalistas, defensores de los recursos naturales, como ser “terroristas”, “asociación ilícita”, entre otras aberraciones; y finalmente, días atrás se confirmó la presencia militar en la zona donde los dos proyectos en ciernes, mantienen maquinaria pesada para descombrar las zonas verdes de los parques nacionales ultrajados. Hasta el momento, a las protestas justas que se viven en la Tigra, las acompañan la cruda represión con bala viva.

En el año 2006 los países latinoamericanos del norte y sur, avanzaron en la formación de una “plataforma de organizaciones sociales de indígenas, campesinos, sindicalistas, académicos ambientalistas, entre muchos otros sectores,”  que le hizo frente a las directrices privatizadoras del Banco Mundial y el Consejo Mundial del Agua (CMA), que a través de un foro mundial del agua en Ciudad de México, pretendía debatir y luego promover la privatización de este recurso. Estas jornadas tuvieron como resultado –según lo narran Avendaño y Urrea– exponer el tema del agua desde una perspectiva aguda sobre la política internacional del control del agua, y además creaba así, los vínculos necesarios entre organizaciones que políticamente reivindicaban la razón comunitaria en la gestión de este bien común.

La tarea de nuestras agrupaciones nacidas en las comunidades afectadas, es concebir una plataforma más amplia que una a todos los barrios y colonias de la capital –130 según lo afirman algunos diarios–, que, si de concretarse el proyecto en la Tigra, serían los primeros afectados por este desastre ambiental. También es necesario encarar a la Alcaldía, evidenciar las irregularidades de las instituciones que cedieron las licencias ambientales como Mi Ambiente y el ICF. Debemos manifestar descontento hacia las dependencias del Estado que se cuadran para facilitar proyectos no consensuados y aprobados a expensas de la decisión de las comunidades; y que además benefician a un grupo reducido de ricos que intentan adueñarse de los escasos recursos de la capital. Sólo la organización barrial, en colonias, y comunidades, podrá detener este proyecto que supone ser una amenaza para nuestras valiosas fuentes de agua.

Por Horacio Villegas

Las convocatorias a movilizaciones en contra del gobierno de Juna Orlando Hernández (JOH) continúan. El martes 6 de agosto del presente año, tanto San Pedro Sula como Tegucigalpa, fueron el epicentro de las protestas antigubernamentales. Los detonantes que dieron inicio a estas jornadas de movilización popular, fueron las declaraciones de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación pública, que, en su último video difundido en las redes sociales, recurrieron al llamado de distintos sectores de la población, para exigir la salida inaplazable del gobierno de Juan Orlando.

Las acusaciones de narcotráfico en contra de JOH

La fiscalía del distrito Sur de New York ha dado a conocer un informe en donde se vincula en forma de códigos (CC) a los distintos aliados cercanos al tráfico de drogas relacionado con Tony Hernández. En este informe se detallan los financiamientos de campañas políticas del Partido Nacional, a través de las copiosas ganancias del narcotráfico. Era de esperarse que se mencionara a Juan Orlando como uno de los colaboradores de esta red de narcotraficantes ligados a la política; JOH es mencionado como la pieza CC–4 en toda esta red de mafiosos.

Los distintos diarios digitales de varias filiaciones políticas han dado a conocer la noticia con severidad, haciendo los señalamientos respectivos al narcodictador Juan Orlando Hernández; la revista Forbes, que representa los intereses de las burguesías centroamericanas, ha publicado varias notas referidas al tema de la narcoactividad de JOH, anunciando posiciones que demuestran cierto descontento con las políticas del narcodictador: “La Fiscalía del Distrito de Nueva York divulgó en un informe que Juan Orlando Hernández recibió al menos 1.5 millones de dólares para financiar su campaña política cuando aspiraba a la presidencia.” (Forbes Centroamérica, 5 de agosto de 2019).

Este documento divulgado por la fiscalía Sur de Estados Unidos, tuvo repercusiones en la voluntad de ciertos sectores que iniciaron con las acciones de protestas a nivel nacional. Tegucigalpa, con los estudiantes universitarios que rápidamente demostraron su descontento con tomas esporádicas del Bulevar Suyapa, y los estudiantes universitarios de San Pedro Sula que acrecentaron su descontento tomándose ciertas calles de la capital industrial.

Hasta la fecha Juan Orlando tiene bajo su respaldo la defensa de bufetes de abogados que lo amparan ante las cortes estadunidenses. Y sus viajes a Washington, donde se pavonea haciendo ejercicios de rutina, demuestran el grado de total manejo y despreocupación en torno a las acusaciones. El gobierno de Estados Unidos lo tiene aún en el mandato, y sólo las jornadas de protesta multitudinarias podrán sacarlo a él y a su gabinete.

Las convocatorias de la Plataforma de Salud y Educación

El pasado domingo 4 de agosto del presente año, la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación lanzó un contundente video en donde se colocó como emblema principal “El momento ha llegado: la salida inmediata de Joh.” En esta declaración al estilo ya conocido de la plataforma, Suyapa Figueroa anunció lo siguiente:

“En nuestra lucha por el fortalecimiento del estado de derecho, la democracia, y el respeto de los derechos humanos, con base al grave involucramiento del gobernante Juan Orlando Hernández en actos de criminalidad organizada, narcoactividad, y corrupción pública en gran escala, mediante un patrón sistemático de violación a la constitución de la República, exige su inmediata salida del cargo ilegalmente ocupado.” (Video oficial de la Plataforma, 4 de agosto de 2019).

A pesar que la declaración llamaba a las protestas a nivel nacional en “barrios, colonias, territorios, municipios, departamentos y demás sectores”, no detonó una situación de quiebre para el gobierno. El método que se utilizó el lunes 5 de agosto, fue reunir a las demás regionales en Tegucigalpa, para nutrir las movilizaciones y las asambleas; se pensó en las protestas a nivel departamental. Las lecciones que dejaron las intensas protestas en la crisis electoral del 2017 y las pasadas protestas que nos libraron de los PCM ejecutivos, sus métodos empleados, arrojan luces en las medidas de presión casi insurreccionales que sí pudieron fatigar al gobierno y sofocarlo hasta su asfixia: las obstrucciones de calles, bulevares, salidas vehiculares de Tegucigalpa y otros departamentos.

Las movilizaciones masivas son un buen indicador del nivel de fuerza de los sectores en oposición al régimen, pero en los hechos solo las medidas de presión podrán asestarles un verdadero golpe de gracia a los nacionalistas enquistados en el poder. La cruda represión estatal que ya nos ha costado más de treinta vidas en las protestas ocurridas en el fraudulento proceso de elecciones del 2017, sólo se le puede hacer frente estableciendo más focos de resistencia organizada en los barrios, colonias, territorios, etcétera. Las movilizaciones dan a conocer el descontento generalizado, y deben ir acompañadas con acciones planificadas de protesta que consigan debilitar al gobierno. Ese ha sido el esquema de insurrecciones populares desarmadas, no son pacíficas, pero llegan a hacer tambalear a los regímenes dictatoriales. La historia lo ha demostrado.

Las propuestas de Libre: Reformas electorales y el fin de la insurrección popular

Desde el 12 de agosto los diarios oficialistas anunciaron el nuevo viraje de la oposición parlamentaria de Libertad y Refundación: ahora la lucha por el derrocamiento del gobierno pasa a un segundo plano, y la atención se dirige a concretar las Reformas Electorales. El método de fulminar con obstrucciones y ruidos constantes las sesiones en el hemiciclo, que provocó varios enfrentamientos entre los diputados, ya tiene su fin. Ahora se está a la espera de ocupar los cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Son 34 artículos los que fundamentan la nueva elección de cargos en dichos órganos electorales, bajo los parámetros de la Ley Especial para la Elección de Autoridades Electorales, así lo anunciaron los diputados encargados del tema. El pasado 15 de agosto fueron aprobados 20 de los artículos propuestos para esta ley, teniendo negativas de parte de representantes del PINU y otros partidos minoritarios en el Congreso Nacional.

La comisión técnica de la OEA que desde marzo ha tenido presencia en la elaboración de una propuesta para las reformas electorales, ha presentado resultados de suyo conocidos: por lo cosmético y neutro de la propuesta, que llama a la ciudadanización de las mesas electorales en un ambiente de sobrada inconsistencia por los fraudes ya recurrentes. Esta propuesta no señala ningún problema central del tema electoral: “En esta propuesta, la OEA no hace ninguna alusión a temas sensibles como la reelección, la segunda vuelta, el voto electrónico y la transmisión de resultados, pero sí aborda lo relacionado con la conformación de las mesas electorales receptoras, que propone se llamen Juntas Receptoras de Votos.” (El Heraldo, 17 de julio de 2019).

La insurrección pacífica encomendada a ficticios comandos insurreccionales ya no es el tema novedoso en los discursos de Manuel Zelaya: “‘Yo lo ordeno aquí, paladinamente frente a Morazán, bancada de Libre saque las elecciones, saque las reformas electorales para el pueblo hondureño’, dijo en una concentración en el parque Central de Tegucigalpa.” (La Tribuna, 12 de agosto de 2019., ahora se habla de ganar las próximas elecciones con un nuevo aparato electoral que busque, bajo todos los medios posibles, dar ventaja al nuevo tripartidismo (Nacionalistas-Liberales-Libres).

Organizar y convocar la Huelga General

El pueblo hondureño ha dado suficientes muestras de lucha en contra de la dictadura de JOH: movilizaciones, plantones, hasta paros nacionales escalonados. Suficiente movilización en las calles, pero el gobierno no cae. Esto no se debe a una insuficiencia de la movilización popular, sino a que las direcciones de los partidos políticos hacen lo imposible para evitar el inicio de una lucha unificada a nivel nacional. Se esfuerzan en convocar a marchas en diferentes días y horas en los departamentos.

Las marchas se producen aquí y allá, con mucho entusiasmo, pero descoordinadas a veces. Las dirigencias de los partidos burgueses de oposición, liberales y LIBRE, se niegan a convocar a una Huelga General o Paro Nacional indefinido para tumbar a la dictadura. Se limitan a utilizar las marchas como mecanismo de presión contra la dictadura, solo para negociar reformas electorales o cualquier otro tema.

Solo los trabajadores, organizados en sindicatos y organismos populares y barriales, son los que pueden convocar a esta Huelga General, la única arma posible para derrotar al narcogobierno de JOH. Solo una Huelga General, como la de 1954, es la que podrá arrodillar al gobierno nacionalista. La Plataforma, que tiene mucha autoridad sobre salud y educación, debe tomar la iniciativa de convocar a esta Huelga General para terminar con este cáncer que carcome a Honduras

Por Fernando Ramírez

El 29 de marzo, Consejo Universitario (CU) aprobaba con unanimidad el Reglamento Electoral Estudiantil (REE), después de extensas jornadas de discusión, planteamiento y negociación entre distintos sectores estudiantiles, autoridades académicas y actores externos, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aun más extenso y profundo es el contexto que antecede y determina su aprobación.

Desde el 2009, el proceso de organización estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha tenido distintas etapas, con múltiples representaciones para la exigencia y participación política, y complejos escenarios donde se movilizaron fuerzas por la legitimidad en el control del campo universitario. Siendo la conformación correspondiente del cogobierno universitario (autoridades, docentes y estudiantes), una exigencia permanente, en ocasiones articuladora, y conflictiva del proceso; garantizado, ahora, por el apoyo institucional a las elecciones estudiantiles través del REE.

Sin embargo, la situación actual del movimiento estudiantil de la UNAH es crítica. Semanas anteriores, durante la discusión de ‘reestructuración’ de la plataforma del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), se protagonizó una desbordada acción de violencia interna; partiendo de la instrumentalización de estudiantes como gendarmes particulares (Facultad de Ingeniería), y la consecuencia evidente de acumuladas contradicciones por parte de movimientos independientes, traducida, finalmente, en agresiones físicas entre los sectores involucrados.

El surgimiento de la Coalición de la Comunidad Universitaria también es fundamental para dimensionar la crisis del movimiento estudiantil. Después del atentado terrorista en Ciudad Universitaria, el 24 de junio, donde militares hicieron uso desproporcional de la fuerza, infringiendo a bala viva la autonomía universitaria y el respeto primero a la vida humana; se dio la urgente necesidad de articular sectores y ampliar las respuestas ─consecuente al delicado contexto de violencia estructural─ de la comunidad universitaria, conformándose una Coalición entre docentes, estudiantes y algunos trabajadores/as de la UNAH.

Esta Coalición dio espacio a la participación de otros sectores al margen, estudiantiles en especial, de los ─limitados─ medios de acción política, casi concesiones, con los que pretende resolver cada conflicto, externo o interno a la Universidad. El MEU, por su parte, mantuvo negativas de integrar esta Coalición, así como otros grupos que sostienen dudas contra sus actividades, involucrados/as y posicionamientos.

Estos elementos analizados, ¿qué cosa dicen de la crisis del movimiento estudiantil? ¿Estamos frente a un momento particular de la crisis universitaria, que se concreta en los sectores estudiantiles? ¿Qué disensos políticos, organizativos y/o ideológicos condicionan el revanchismo, la falta de articulación, el límite asegurado en los espacios de ‘decisión’ estudiantil?

¿Una ‘transición’ abandona o incompleta?… El período Castellanos-Herrera o la UNAH is open for Business.

En 2009, el Golpe de Estado propicia un reacomodamiento de las clases de poder económico y político que intervinieron directa e indirectamente para derrocar el Ejecutivo y profundizar un proceso de transformación macroeconómica en el país. Un año después, el “Gobierno de Reconciliación Nacional” de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) consolida, siendo Juan Hernández Alvarado presidente del Congreso Nacional (CNH), el “Programa Nacional de Promoción de Inversiones (2010-2014)” a través de un evento internacional en San Pedro Sula, Cortés, denominado Honduras is Open for Business.

Esto abrió complejos escenarios para la Educación Superior, los territorios, la juventud, y en particular, a la UNAH, que se vio entrecruzada por intereses sobre su reforma integral, el modelo administrativo-financiero y el control de las relaciones de fuerza entre sus actores.

Es en este contexto cuando el equipo rectoral de Julieta Castellanos (2009-2017) asume la titularidad de la UNAH. Habiendo exigencias concretas sobre la gestión de su gobierno, planteadas, primero, por la Comisión de Transición de la Reforma (2004-2008) que enfatizó la gobernabilidad política de la UNAH, como medio efectivo y legítimo de fortalecer la Reforma; segundo, por políticas estructurales, definidas a través del “Programa Nacional de Inversiones” ─así como posteriores instrumentos fiscales y financieros, de los también que fueron parte algunas autoridades académicas─; y, por último, desde las contradicciones con los sectores organizados de la UNAH, que veían desplazados anteriores cuotas de decisión y derechos.

El 9 de abril de 2018, Leticia Salomón contestó un oficio del rector interino de la UNAH, Francisco Herrera, negando el traslado sugerido a la Facultad de Ciencias Sociales, después de haber sido destituida de la dirección de Investigación Científica y Postgrado (2006-2018). En su respuesta, Salomón enfatiza un momento actual de “transición”, que abriría una nueva etapa en el proceso de reforma universitaria.

La UNAH requiere que sus conductores sean académicos y no administradores y mucho menos comisionados políticos entretenidos en pequeñas maniobras para conseguir apoyos futuros; que lean y reflexionen sobre las grandes tendencias de la educación superior en el mundo, en América Latina y en Centroamérica; que analicen los alcances, limitaciones y desafíos de la reforma de la UNAH en sus tres funciones básicas y de cara a los próximos diez años (Leticia Salomón, “Me despido de la UNAH, de la DICYP y de todos ustedes…, 2018).

Era evidente que el bloque consolidado por la administración de Julieta Castellanos comenzaba a ser desplazado de sus medios de incidencia y poder. Nuevas fuerzas, con poca claridad, se dieron la tarea de reacomodar intereses y grupos en esta “transición”. Pero ¿qué se dejó atrás? ¿Cuál fue la ruptura generada con la salida de Julieta Castellanos en septiembre de 2017? ¿Encontró la reforma universitaria un límite irremediable en los constantes conflictos estudiantes-autoridades entre 2015 y 2017?

El gobierno de Julieta Castellanos y su equipo se caracteriza en tres etapas: transición institucional (2009-2012), centralización administrativa (2013-2015) y agotamiento político (2015-2017).

En la primera etapa se consolida una reputante legitimidad por parte de la opinión pública, además de establecer alianzas y concesiones en la estructuración del actual régimen; partiendo del papel institucional que alcanza la UNAH en la depuración policial (la justificación de Juan Hernández para ejecutar, en 2012, un Golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, colocando magistrados de confianza que en 2015 fallan a favor de la reelección presidencial); hasta el control de la administración del Hospital Escuela Universitario en 2012.

La segunda etapa, el equipo de Castellanos acomoda sus medios de fuerza e incidencia ─internos y externos─ en todas las instancias de control del proceso de reforma. Desde la investigación científica, la carrera docente, la seguridad universitaria, hasta la gobernabilidad institucional; centralizando la rectoría, a través de los decretos legislativos 83-2012 y 46-2013, la representación y decisión de estudiantes, docentes y autoridades, así como la posibilidad de reelegirse en el cargo.

Por último, la tercera etapa rompe sistemáticamente el respaldo incondicional de muchos sectores externos, en medio de un creciente y continúo conflicto interno contra estudiantes y docentes; llevando a una toma total en Ciudad Universitaria y el Valle de Sula en 2015, a raíz de la aplicación parcial de la Normativa Académica; una toma nacional de la UNAH en mayo y junio de 2016 (siempre en el marco de la Normativa Académica); y una jornada nacional de lucha, exigiendo explícitamente la renuncia de Castellanos, entre mayo y septiembre de 2017.

La entrada de Herrera en la rectoría interina de la UNAH comienza acercando grupos concretos de estudiantes, que avanzarían en el cumplimiento de lo dispuesto por el CNH en la resolución del anteproyecto de ley presentado por el MEU. Estratégicamente, Herrera va estableciendo vínculos estrechos y consensos seguros. Este grupo, cargado de maniobras, fue perdiendo legitimidad a lo interno de la plataforma del MEU, profundizando su crisis y la capacidad de generar discursos propios.

Sin embargo, el REE, como otros procesos impulsados por Herrera (como el Encuentro Nacional) no sería una concesión granítica sino más bien poliédrica. Es decir, no estaría dada en particular a un grupo, sino a una serie de intereses futuros con muchas caras; que consolidaría el control y la disposición de recursos institucionales, de frente al reacomodamiento político de las fuerzas internas que la UNAH debe garantizar en la crisis del Narco-Estado.

Por Horacio Villegas

A finales del año 2017, los hondureños vimos con un profundo rechazo, la consumación de un fraude electoral orquestado por el partido de gobierno, que ya antes –en el 2016– había preparado el terreno con un fallo a su favor por parte de corruptos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que dictaron vía libre a la reelección presidencial. Los resultados de este fraudulento proceso, gestado desde noviembre del 2017 y el transcurso del 2018, dejó una treintena de personas asesinadas en condiciones de protestas; lo que derivó en una profunda crisis post-electoral, en donde los barrios populares, los estudiantes universitarios y varios sectores de la población, asumieron la lucha frontal en las calles.

Durante la lucha post-electoral, mientras se presentaban las condiciones favorables para una insurrección popular desarmada, en contra del gobierno nacionalista, surgieron una suerte de inconsistencias de parte de la coordinación opositora; terminando los numerosos alzamientos con métodos de tomas y barricadas, en un periodo de aparente estabilidad, impuesto también por la cruda represión en manos de efectivos de la policía militar, cobras y miembros del ejército. En el presente año 2019, la lucha abanderada por la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación pública, que logró torcerle el brazo al gobierno, con la derogación de dos decretos PCM, reactivó los focos de resistencias a nivel nacional, y abrió un nuevo periodo de protestas a lo interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Meses atrás del periodo electoral de noviembre del 2017, Francisco Herrera asumió la rectoría de la Universidad en un momento de descontento generalizado, debido a las secuelas que dejó el mandato de Julieta Gonzalina Castellanos en la dirección de la UNAH (2009-2017): un proceso abierto de privatización acorde al quiebre institucional luego del golpe de estado del 2009; la desarticulación de las organizaciones estudiantiles, y por consiguiente, la nula representación de estudiantes en las instancias de poder a lo interno de la Universidad; la flagrante entrega de la autonomía universitaria a los órganos represivos del Estado, y entre otras cosas, la criminalización y una ola de prejuicios en contra de una enorme cantidad de estudiantes universitarios, miembros del movimiento estudiantil.

En lo que va del periodo de Francisco Herrera, la crisis interna de la Universidad –que fue agudizada por Julieta Castellanos mientras ocurrían las amplias edificaciones y la reorganización burocrática–, continúa latente, y sin ninguna alteración significativa de los caminos trazados por la anterior administración: existe una sutil privatización, palpable en los cobros adicionales a las clases, y la restricción del ingreso al Alma Mater por un injusto examen de admisión; no hay un panorama claro de próximas elecciones estudiantiles; continúa violándose la autonomía universitaria, esta vez en niveles máximos de violencia estatal; la alternancia de cargos a nivel administrativo no sucede; y todavía existen procesos judiciales abiertos a varios compañeros del movimiento estudiantil hasta la fecha, criminalizados. Se suma al periodo de crisis interna en la Universidad, ahora gestionado por Herrera, la precarización laboral de los profesores bajo contratación por hora, que han recibido hace algunas semanas, un contrato leonino, que les vulnera sus sagrados derechos como trabajadores.

Ante este panorama crítico antes detallado, surge la Coalición Universitaria, que reúne los pasados intentos de organización bajo un solo frente compuesto por estudiantes, profesores universitarios y trabajadores de la UNAH. La Coalición tiene por delante varias situaciones de urgente discusión, que conlleve a acciones concretas: como ser la defensa de la autonomía universitaria, única garantía que nos asegura el libre ejercicio del pensamiento al filo de una cruenta dictadura; la discusión de la crisis universitaria, en donde surjan propuestas que ensayen un verdadero planteamiento de ciudadanía universitaria; y finalmente, crear las bases para una jornada de discusión, con varios sectores de la sociedad, en donde se proponga realizar un verdadero programa de transición política, que derroque a los nacionalistas enquistados en el poder, y democratice a Honduras en beneficio de las grandes mayorías.