Por Sebastián Ernesto González

La movilización del 1° de mayo pasó sin pena ni gloria, un día del año más en el que se olvidó la enseñanza de la huelga de 1954. Cada dirigencia sindical hace presencia con su manta y grupos de afiliados para al terminar la movilización ir a celebrar. No existe una planificación real por el sindicalismo que tenga como objetivo movilizar a los afiliados como un preámbulo a una lucha mayor: la defensa del trabajo.

Movilización espontanea

La movilización se caracterizó por la ausencia de propaganda política, o de líderes políticos con sus seguidores. Probablemente para evitar la estigmatización de la prensa burguesa, que inmediatamente acusan al Partido Libre de copar estas movilizaciones.

Las Centrales Obreras se pusieron de acuerdo en publicar un discurso único, pero esto no impidió que el ex Presidente Manuel Zelaya arengara a los trabajadores en la Plaza Morazán, lugar donde terminaba la movilización.

La arremetida neoliberal del régimen post golpe y los planes de miseria impuestos por Juan Orlando Hernández, no han sido suficientes para estremecer la conciencia de la clase trabajadora y su dirigencia sindical, a pesar de que ya se perdieron muchas conquistas y se amenaza con eliminar los contratos colectivos.

Ningún contrato colectivo se ha firmado desde hace 7 años; es evidente que con el golpe de Estado del 2009, quien ha pagado muy caro las consecuencias ha sido la clase trabajadora. Fueron golpeando por partes y muy letales, sin importar si violentaban la ley al reprimir a los sectores de vanguardia que se levantaban en lucha.

El ejemplo más claro es la derrota sufrida por el magisterio. Al derrotar al gran gigante y referente de la lucha de los últimos 30 años, el régimen daba el gran paso para su ofensiva inhumana con los trabajadores, todos los demás sindicatos fueron cayendo como baraja de naipes.

Actualmente los sectores laborales ya no tienen como prioridad las mejoras de sus condiciones de trabajo o la pelea por un salario digno. Todo se ha reducido a agachar la cabeza para poder mantener el trabajo. Los ejemplos de despidos masivos son diversos y las formas en que el Estado lo impone es sin ninguna consideración.

La doble cara de los Secretarios Generales

Es así como el globo sonda para abolir la firma de los contratos colectivos se escucha en los medios periodísticos. En el diario La Tribuna (02/0572016) “Los secretarios generales de las tres centrales obreras del país, coincidieron ayer que con los despidos masivos, el cambio de nombre de las instituciones y la abolición de los sindicatos, cada vez más está en precario el contrato colectivo de los trabajadores”.

Juan Barahona (secretario de la FUTH): “Estamos perdiendo todas las conquistas que se lograron con la huelga de 1954, como el derecho a la organización, a la contratación y a la estabilidad laboral, pero con estos gobiernos neoliberales nos están quitando hasta los contratos colectivos”. Hilario Espinoza (secretario de la CTH): “La violación de los derechos laborales por parte del gobierno está por todos lados con los despidos masivos, con cambios de nombre a las instituciones y no se negocia ni se platica con las organizaciones sindicales y eso es un abuso que nos preocupa”. Daniel Durón (secretario de la CGT): “La situación de la crisis actual es compleja, hay que tratar de defenderse para sobrevivir porque hay un avasallamiento y laceraciones y si no se le da seguimiento a esta situación dictatorial vamos a tener graves problemas todos los de la clase asalariada”.

Defender los contratos colectivos

Pero estos mismos dirigentes son los que han firmado con el régimen los aumentos miserables al salario mínimo y traicionaron la lucha, como el caso de Daniel Durón, que traicionó la huelga del magisterio en agosto del 2010.

La defensa de los contratos colectivos es una realidad que será exclusiva solamente de los propios trabajadores, a quienes corresponde organizarse y propiciar las condiciones correctas para la permanencia de los mismos. La amenaza de eliminar los contratos colectivos será real si los trabajadores no asumen el compromiso de levantarse en lucha.

Hasta ahora el régimen Juaorlandista no ha tocado los contratos colectivos, pero sin duda alguna que lo hará si no encuentra oposición, a pesar de que no se han firmado la vigencia de estos contratos, aún siguen ahí, esperando a ser defendidos por los trabajadores o abolidos por el régimen.


Por Maximiliano Fuentes

Durante los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández hemos asistido a los más grandes ataques contra los derechos y libertades individuales. Durante este proceso, se han cercenado derechos laborales, sociales y políticos, hasta el punto de que varios dirigentes gremiales y sindicales, entre ellos nuestro camarada José Manuel Flores Arguijo, han sido vilmente asesinados por las fuerzas represivas del Estado.

De la misma manera, se han desarticulado organizaciones sindicales y atentado contra la libertad de prensa y de opinión, pero lo peor de todo, se atenta con el derecho por la vida. El atentado contra Felix Molina y el asesinato de Berta Cáceres son una muestra clara de la situación de indefensión producto del retroceso del movimiento sindical y popular.

La vinculación del gobierno en el asesinato de dirigentes populares

Las capturas realizadas por el Ministerio Público por medio de la Agencia Técnica de Investigación ATIC han evidenciado la participación de la institucionalidad del Estado en la planificación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres. De la misma manera, en que fueron asesinados Alfredo Landaverde y el General Julián Arístides González, por la alta cúpula policial, el asesinato de Berta Cáceres demuestra la forma en que operan el Ejército y la Policía Nacional en la ejecución de crímenes violentos, lo cual, a todas luces constituye un estrepitoso negocio.

En la ejecución de la operación Jaguar fueron capturados parte de los asesinos intelectuales y materiales de la dirigente indígena, que por cierto, era personal vinculado a la Empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) quienes por medio de su Gerente Sergio Rodríguez y Ex Jefe de Seguridad, Douglas Bustillo, Teniente retirado del Ejercito de Honduras, contrataron los servicios del Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz para planificar el sangriento asesinato.

Sin embargo, el asesino material, es decir quien ejecutó a Cáceres fue Edilson Duarte, Sicario contrato para ejecutar el asesinato. Cabe señalar, que las personas implicadas en el violento crimen fueron denunciadas en diversos momentos por Berta, que por cierto, desde hace varios años libraba una lucha férrea con las compañías explotan los recursos hídricos en el occidente de Honduras.

Resulta evidente las razones por las cuales la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA) mando a ejecutar a Berta Cáceres, dado que su lucha por proteger el ecosistema, recursos hídricos y el derecho de los pueblos indígenas por conservar su espacio territorial, implicaba enormes pérdidas para los intereses e inversiones de la empresa. Sin embargo, la captura de los implicados demuestra la forma en que el gobierno de Juan Orlando Hernández protege a los propietarios de la Empresa Desarrollos Energéticos, tienen vínculos directos con el Partido Nacional. Para el caso, Gladis Aurora López, Presidente del Comité Central del Partido Nacional y Vicepresidente del Congreso Nacional es la propietaria del acceso público que da al río donde se ejecutó el proyecto energético de su propiedad. Así mismo, se encuentran vinculados con este proyecto energético la familia Atala, propietarios de Banco Ficohsa y grupo empresarial ampliamente favorecido con las políticas públicas aprobadas en las dos últimas administraciones de Estado.

Defender la vida de los dirigentes

La jornada de movilizaciones emprendidas por el COPINH en las inmediaciones de casa de gobierno marcan la ruta a seguir por el movimiento popular y sindical. No basta con la captura de los asesinos a sueldo, sino también de todos aquellos que tienen vínculos con la empresa y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y que de alguna manera participaron en la planificación y ejecución del asesinato.

Por otro lado, es muy importante exigir de forma paralela la desarticulación del Ejército y la policía, dado que son instituciones que no resguardan la pequeña propiedad, es decir, los bienes de los trabajadores y los campesinos, al contrario, contribuyen con la perpetuación del orden cimentado en la desigualdad. De la misma forma, la Policía y el Ejercito funcionan como organismos que controlan y dirigen operaciones de forma conjunta con el narcotráfico y el crimen organizado, por tal razón disolverlos y articular comités de autodefensa en los barrios y colonias populares, así como en la mayoría del territorio nacional sigue siendo nuestra propuesta.

Por Maximiliano Fuentes

La policía y el ejército cumplen roles muy significativos al interior del Estado burgués: por un lado, protegen la propiedad privada, reprimen los movimientos sociales que luchan por transformaciones o cambios sociales y contribuyen en la perpetuación y el ejercicio del poder por parte de los grupos que ostentan el poder político y económico. En una palabra, la Policía y el Ejército actúan como fuerzas represivas que sostienen el orden social que se acentúa en la desigualdad y la miseria que genera la cruenta explotación del sistema capitalista.

Sin embargo, en Centroamérica y México la policía y el ejército han empezado a cumplir otras tareas, dado que se encuentran ampliamente vinculadas al crimen organizado. No es casual, que en la región de Centroamérica y México la Policía haya institucionalizado la criminalidad, dado que asesinatos por sicariato, extorsiones, secuestros y narcotráfico son actividades ejercidas desde la institucionalidad del Estado, vinculando en muchos casos, secretarias de Estado y desde luego organismos de la Policía y el Ejercito.

Sin lugar a dudas, las primeras décadas del nuevo siglo han dado paso al surgimiento de una nueva forma de Estado capitalista periférico en Honduras: el Estado narco, cuya manifestación externa es la de un régimen político neoliberal con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, la economía y las finanzas. Este Fenómeno es parte de la crisis actual del capitalismo global, la cual ha tomado la forma, en el caso de la sociedad hondureña, de una profunda crisis sin crecimiento económico y un déficit de legitimidad institucional. Esto ha llevado al país a altos niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia reciente de Honduras, así como a la militarización del aparato de Estado en una supuesta lucha contra la criminalidad y el narcotráfico.

La lucha por la depuración

Desde el asesinato del hijo de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos y posteriormente el asesinato de Alfredo Landaverde, se reveló ante la luz pública la naturaleza delictiva de la copula y de la alta jerarquía de la Policía. Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa hubo un desfile de Comandantes Generales que ocuparon el puesto de Director General de la Policía, evidentemente, todos ellos vinculados al crimen organizado, tal y como lo revelo el New York Times (2016) en su artículo Tres Generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras.

De acuerdo al artículo al General Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, que según la investigación de la propia policía, trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos. Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron. El poco control del Ejecutivo a la policía se explica por los nexos del Ex mandatario con el narcotráfico, dado que su propio hijo fue capturado en Haití en una operación en conjunto con la Agencia Internacional Antidrogas (DEA)

La presión ejercida por este medio de comunicación de los Estados Unidos, se da en el marco de proceso de depuración y destabilización del crimen organizado, sobre todo, de aquellos sectores vinculados de forma directa con la institucionalidad del Estado de Honduras. Desde luego, esto obedece a la orientación de la casa blanca con la región centroamericana, quien pretende depurar y limpiar los Estados nacionales para asegurar un cumplimiento efectivo y de esa manera evitar estallidos sociales o procesos revolucionarios en su zona de influencia y control político y económico.

Carteles políticos

Es tan grande la vinculación de los funcionarios del Estado de Honduras que el Ex Director de la Policía Ramón Sabillón reveló que un narcotraficante hondureño ya extraditado le cuestionó, luego de su captura, por qué no perseguían a miembros del Partido Nacional coludidos con el tráfico de drogas. De la misma manera, dejo entrever la vinculación con el narcotráfico de Tony Hernández, hermano del Presidente de la República Juan Orlando Hernández.

Desde el PSOCA, llamamos a los trabajadores y campesinos organizados, a las organizaciones obreras y sindicales a conformar brigadas de autodefensa, ya que es la única forma de proteger la vida y los medios de subsistencia de los más desfavorecidos. Por otro lado, es necesario refundar el país bajo una nueva constitución a beneficio de los más pobres y expropiar los bienes de aquellos que se han enriquecido derramando sangre inocente.

 

Por Ricardo Velásquez

El primero de mayo debe servir como un catalizador de unidad en la clase trabajadora de Honduras. Los golpes asestados por Juan Orlando Hernández, han tenido como objetivo principal de imponer el neoliberalismo, mandato ordenado por el imperialismo y sus organismos de crédito internacional. Las medidas económicas neoliberales habían sido imperceptibles hasta antes del golpe de estado del 2009, sin embargo, una vez que el golpe consolidó al Partido Nacional en el engranaje del gobierno, las medidas se fueron volviendo más drásticas contra la clase trabajadora.

Para arremeter contra el sector laboral, se violentó la ley y convenios internacionales, al reprimir, despedir, suspender u hostigar a los que se ponían enfrente para movilizar y luchar contra la arremetida. El primer sector derrotado fue el magisterio; no escatimó esfuerzo el gobierno de Porfirio Lobo primero y seguidamente el de Juan Orlando Hernández. Reprimieron y asesinaron compañeros como fue el caso de la maestra Ilse Ivania Velásquez, docente de lucha que se desmayó en una movilización que fue reprimida, cayó al suelo producto de los gases lacrimógenos y una tanqueta de las que lanza gas pimienta le pasó por encima del cuerpo.

Para terminar de doblegar al magisterio después de que fue reprimido hasta atemorizarlo, pusieron al frente del Ministerio de Educación a Marlon Escoto, quien, violentando la ley en múltiples ocasiones, ordenó disposiciones totalmente ilegales, que son aplaudidas por la comunidad internacional y la empresa privada del país que siempre vio con recelo a los maestros. Tal es la derrota sufrida por los maestros, que ya son 7 años los que han pasado desde la última vez que se gozó de un aumento salarial en el 2009.

Al derrotar al magisterio, se le volvió fácil para el gobierno doblegar a cualquier sector trabajador. De esa forma iniciaron la escalada en contra de aquellas instituciones donde se encontraban los sindicatos fuertes en la lucha y que no escatimaron esfuerzo en la lucha contra el golpe de estado del 2009. Así el turno le siguió a los empleados de la Unah en todos los niveles, a los del Infha, Enee, Sanaa, y en los casos más recientes a la Dei y la Secretaría de Transporte.

En todos estos casos de arremetida neoliberal contra los trabajadores, el que menos ha importado es el trabajador mismo. Y ha sido tan grande la derrota que no ha existido ningún intento de aglutinar a todos esto trabajadores despedidos o suspendidos en un solo objetivo de lucha: la defensa del empleo. Los Secretarios Generales de las Centrales Obreras brillan por su ausencia, los dirigentes sindicales temen se les despida si convocan a asambleas. El ejemplo más patético es el del magisterio donde se emitió un oficio prohibiendo cualquier tipo de reunión o de asamblea en los centros educativos y amenazando de despedir a los directores que prestaran las instalaciones físicas para tales actividades.

Toda esta andanada de acciones contra los trabajadores nos evidencia un plan estratégico muy bien elaborado y ejecutado por el gobierno de Juan Orlando Hernández para aplicar el neoliberalismo y destruir el sindicalismo como referente de lucha organizada.

Ante la embestida neoliberal solo unidad popular

Si el gobierno logró imponerse ante los trabajadores, entonces solo la unidad y una fina estrategia de lucha podrá oponerse y detener los planes de JOH. La dirigencia sindical hondureña cometió el gran error de la burocratización en las direcciones sindicales, de esa forma se involucró en muchas de las situaciones nacionales del país, como la elección de los nominados a la Corte Suprema de Justicia que se eligió en el 2009 y que legalizó el golpe de estado del 2009; lo mismo hicieron en la elección de los nominados del 2016 y donde los mismos Secretarios Generales propusieron como candidatos a abogados que habían actuado en contra de los derechos de los trabajadores.

Otro caso emblemático es el de latrocino hecho al Instituto Hondureño de Seguridad Social, en que los trabajadores tenían representación en la mesa directiva del IHSS y nunca supieron (aducen los representantes de las centrales) del millonario saqueo al Ihss.

Teniendo este panorama, no le queda a la base más que asumir y elaborar jornadas de discusión y análisis para conformar una estrategia de lucha que se oponga a JOH. La recién creada Plataforma del Movimiento Popular “Berta Cáceres Vive” debe ser fortalecida con la incorporación del sector laboral, desde ahí se puede iniciar la construcción de un gigante que detenga a JOH.

Solo la unidad y la sapiencia podrá detener la arremetida neoliberal de JOH, iniciemos defendiendo el empleo y movilizándonos por un aumento general de salarios.

Por Justo Severo

La intención del titular del ejecutivo de no realizar elecciones internas en los partidos políticos en marzo del 2017, parece avanzar cada vez más. JOH ha preparado toda una maniobra para consumar su proyecto reeleccionista, proyecto que ha contado con la venia de todos los partidos políticos.

¿Qué obliga a JOH a promover la no realización de las elecciones primarias?

En primer lugar, JOH se mantiene con bajo perfil para no desgastar su imagen, ante su eminente candidatura reeleccionista. El mandatario actúa con sigilo al no establecerse todavía una resolución por parte del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de la reelección. Anteriormente lo que hubo fue una sentencia que terminó con la prohibición constitucional para discutir sobre el tema de la reelección. En este caso, el presidente Hernández espera el momento preciso para que estos dos poderes, que él maneja y controla a su antojo, den luz verde para que se contemple la reelección, en un momento en que no haya opción de desaprobar ni revertir tal ordenanza.

En segundo lugar, está abstenerse de brindar todos los recursos económicos que puedan financiar estas elecciones internas; con ello garantiza fondos para continuar con su proselitismo político al financiar proyectos populistas que sangran las arcas del Estado.

Los líderes de los partidos de oposición no quieren internas.

Según la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en el artículo 113 sobre la realización de las primarias, los partidos políticos están obligados a practicar elecciones primarias para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular, excepto cuando no haya movimientos internos. Al parecer en el partido LIBRE existe una estira y encoge entre el coordinador Manuel Zelaya y el diputado Rassel Tomé quien aspira a la presidencia de la República. Zelaya anunció la decisión de hacer todo lo posible para consensuar candidaturas y realizar internas por fuera del TSE en aquellos lugares donde no exista consenso; Tomé denuncia las verdaderas intenciones de Manuel Zelaya, “paradójicamente en Libre hay oposición a que haya elecciones internas sobre todo por parte del oficialismo y eso es lamentable y aparentemente eso es porque desde Casa de Gobierno, no quieren.” (La tribuna 30/3/16).

El ex presidente Zelaya anda promoviendo en todo el país su propuesta de realizar elecciones sin supervisión del TSE “¿Qué es lo que pretende el oficialismo? Imponer un candidato a través de elecciones oscuras que no tendrán credibilidad y no serán transparentes. Quieren llevar las urnas a casas de habitación y que sean manipulados los resultados por el oficialismo.” (El heraldo, 19/4/2016).

La realidad del Partido Liberal es otra. Después del golpe de Estado, el partido se resquebrajó totalmente y perdió credibilidad con la mayoría de su base. Hasta ahora no emerge un líder que pueda arrastrar, recuperar y reorganizar este instituto político. Tremenda sorpresa ha causado la reunión entre diputados del Partido Liberal y Manuel Zelaya, todo con el fin de consensuar una posible alianza entre Liberales y Libres que posibilite revivir al agónico Partido Liberal, en vista de que se sienten sin respaldo en las próximas elecciones. Así lo demuestran las declaraciones de Víctor Sabillón “Le planteamos al presidente (Mel) que si no nos unimos será difícil ganarle al Partido Nacional y por eso le expusimos que la base liberal y de Libre piden y exigen que nos unamos para las elecciones de 2017” (La tribuna, 14/4/2016).

Nasralla el rey

En el PAC todo está claro, Salvador Nasralla se opone a las internas: “El pueblo hondureño no puede permitirse gastar dinero en elecciones internas”, y calificó como positiva la decisión de Libre de no participar en los comicios primarios supervisados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) (La tribuna 12/4/2016).

En el caso del Partido Nacional todo está claro también, existe un solo discurso, llevar a una tercera victoria al partido, para lo cual se determinará en los próximos meses al candidato que representará a este instituto político. Todo parece que será JOH. Finalmente, JOH ha ejecutado otra maniobra, inscribir a través del Tribunal Superior Electoral a cinco partidos políticos más; esto le asegura garantizar las credenciales para un posible fraude en caso que no exista interna y logre competir con figuras como Salvador Nasralla, Mel Zelaya y Mauricio Villeda. Además, fragmentaría el caudal electoral en la próxima contienda. El PSOCA alerta a toda la clase trabajadora de no dejarse engañar por la aparente democracia burguesa, esta no representa los intereses del pueblo, más bien lo hunde en la pobreza y miseria.

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