Por Sebastián Ernesto González

El día 3 de marzo fue vilmente asesinada la camarada Berta Cáceres, al igual en que han asesinado centenares de compañeros que dedicaron su vida a luchar contra el sistema capitalista y el régimen actual, que después del golpe de estado del 2009, arremetió con fuerza e impuso las políticas neoliberales y entreguistas a empresas transnacionales con la colaboración de empresarios hondureños.

La prensa mediática al servicio de Juan Orlando, con el propósito de invisibilizar la lucha revolucionaria de Berta Cáceres, ha señalado a la compañera como “ambientalista”, cuando nuestra camarada fue más que una luchadora para defender el medio ambiente.

Berta Cáceres fue una permanente luchadora; en contra del sistema capitalista, en contra del imperialismo, en contra de los gobiernos entreguistas que hemos tenido, luchó contra los mandatos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), luchó por la defensa de la vida y de los trabajadores, fue una mujer que señaló y denunció la discriminación de la mujer hondureña, en consecuencia condenó el sistema patriarcal con claridad revolucionaria, porque siempre planteó primero la lucha de clases, señalando que al igual que habían hombres capitalistas explotadores también existen mujeres capitalistas explotadoras. Es así que la lucha de Berta no fue simplemente ambientalista, fue revolucionaria.

Berta Cáceres como coordinadora del Copinh, fue perseguida y vigilada por el régimen, fue judicializada por mantener la defensa del territorio indígena y por luchar contra las transnacionales que adquieren el territorio nacional para crear sus empresas capitalistas.

La lucha de Berta Cáceres fue revolucionaria y por eso la asesinaron, a más de un mes no se sabe nada de la investigación, no hay expectativa de que se haga una investigación transparente de parte de los operadores de justicia, y entre más avanza el tiempo; se teme que al igual que los centenares de asesinados que se dieron en el régimen post golpe, quede en el olvido.

El asesinato de Berta estremece al movimiento popular

La muerte de la compañera ha logrado que nuevamente confluya el movimiento popular, como en su momento confluyó en lo que fue la CNRP (Coordinadora Nacional de Resistencia Popular) o luego en el FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular). A los pocos días de asesinada la compañera se dio la primera reunión auto convocada y realizada en Siguatepeque, donde se definió y convocó a la primera Asamblea del Movimiento Popular Berta Cáceres Vive, en la ciudad de Tegucigalpa, el día sábado 9 de abril.

Si bien es cierto, que en esta primera Asamblea es evidente la articulación de las organizaciones populares, se convierte en un reto sumar a las organizaciones gremiales y sindicales, que son las capaces de paralizar las instituciones del Estado. Existe el señalamiento permanente a los líderes sindicales de gobiernistas, hecho que se verifica en sus decisiones, sin embargo; es necesario sumar a los sindicatos para una estrategia de lucha sistemática y paulatina.

En la actual coyuntura los trabajadores no levantan la cabeza, es razonable ya que el régimen no respeta ley para hacer despidos, suspensiones o judicializar. Sin embargo, con los gremios y sindicatos sumados a la Articulación del Movimiento Popular, también se puede ir construyendo una línea de lucha poco a poco, de tal forma que se proteja la estabilidad laboral.

Sin duda alguna que es un trabajo arduo y muy fino para volver a crear un movimiento de lucha en contra de las políticas neoliberales del gobierno de JOH, pero sobre todo se trata de sumar en base a la unidad, y esta debe ser detener a Juan Orlando Hernández y todas sus políticas entreguistas.

Cese a la criminalización de la lucha y la protesta

La participación de las instituciones represoras del Estado en asesinatos no es nueva en el país, los más de 300 luchadores asesinados y quedados en el olvido son una prueba fehaciente de tal hecho, en la que sin duda alguna participaron agentes de la policía o militares, como es el caso de nuestro camarada Manuel Flores Arguijo, asesinado el 23 de marzo del 2010 y sin esclarecimiento alguno.

Lo mismo han hecho con la camarada Berta y con muchos más, por ello en el punto 3 de la declaración final de la asamblea se expresa: “Demandamos el cese inmediato a la persecución, criminalización y judicialización de los líderes, liderezas y organizaciones populares”.

A la par de esta demanda hay que iniciar una estrategia muy sistemática pero que movilice poco a poco hasta que todos estemos nuevamente en la lucha.

Es la oportunidad para que el movimiento popular emerja nuevamente, más sólido, con más ímpetu, con más claridad que solo en la unidad radica la fuerza.

Por Maximiliano Fuentes

El 23 de marzo se cumplirán seis años del brutal asesinato de nuestro camarada José Manuel Flores Arguijo, quien fue asesinado en las instalaciones del centro de enseñanza donde laboraba como docente en la colonia el Pedregal de Tegucigalpa.

José Manuel era Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y pasante de la Maestría en Investigación Educativa de dicho espacio educativo. Desde muy joven se desempeñó como profesor, aunque en algún momento se formó como seminarista en el Seminario Mayor de Nuestra Señora de Suyapa. Su capacidad crítica y su posición como humanista secular no le permitió concluir su formación teológica.

Durante sus años de formación como cientista social era miembro de los combativos frentes estudiantiles de la UPNFM, donde logró ser un reconocido dirigente estudiantil. En el año de 1997 ingreso al Partido de los Trabajadores (PT) en el que permaneció hasta el año de 2005. Su trayectoria en dicha organización fue admirable, siendo en varias ocasiones miembro de dirección de dicho partido. En el año de 1999 logró ser miembro de la Junta Central de unos de los colegios magisteriales más combativos en Honduras, a saber: Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH); su trayectoria intachable, transparente y firmemente combativa con las posiciones oportunistas y los roles burocráticos de la dirección le permitió ganar el aprecio y la confianza de las bases del magisterio nacional.

En el año de 2005 fue candidato al Congreso Nacional por parte de una coalición entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Unificación Democrática (UD) obteniendo una cantidad de votos considerable, a pesar del aparato propagandístico y la manipulación mediática por parte de los partidos tradicionales, y desde luego, a la falta de transparencia en los procesos electorales.

Cabe destacar, que José Manuel Flores Arguijo fue miembro fundador del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), que a pesar de su reciente fundación tuvo como prueba el escenario del golpe de Estado. En ese proceso, de la misma manera que cientos de dirigentes y militantes del Frente Nacional de Resistencia Popular fue brutalmente reprimido por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Sin embargo, ninguna golpiza era lo suficientemente fuerte para nuestro camarada, su firme convicción por transformar a Centroamérica en una gran patria sin fronteras y bajo el control de los trabajadores y más necesitados lo impulsaba y le llenaba de vitalidad.

Su preciada existencia fue arrebatada por parte de sicarios, seguramente policías encapuchados, que le dispararon desde la parte superior del edificio mientras organizaba a los alumnos del Instituto para ingresar al aula de clases. En ese momento, las únicas armas de José Manuel Flores, eran unos marcadores y unas hojas de papel.

A pesar de que el ministerio Público haya arrestado y procesado a los supuestos asesinos, aún no se han vislumbrado las verdaderas razones de su muerte, que a todas luces son políticas. De la misma manera que con Berta Cáceres, la policía entorpece las investigaciones para encubrir a los verdaderos responsables, y bajo la complicidad de los medios de comunicación manipulan la percepción de la población para desviar la opinión pública y encubrir las razones de su asesinato.

Los actuales asesinatos contra los dirigentes gremiales, campesinos y sindicales, incluyendo el de Berta Cáceres, se dan el marco de una de las más grandes embestidas de los grupos de poder por medio del gobierno nacionalista en contra del pueblo hondureño. El enorme retroceso de la clase obrera y del movimiento campesino experimentado por la derrota en la lucha contra el golpe de Estado, sumado a la reestructuración y reconversión del Frente Nacional de Resistencia popular a un partido político que abandono los principales estandartes de lucha han propiciado la más grande arremetida neoliberal de la historia política reciente.

El sacrifico de José Manuel Flores Arguijo, y de manera más reciente el de Berta Cáceres, y Nelson Noé García, ambos dirigentes del COPINH, no pueden quedar relegados en el olvido y mucho menos en la impunidad. Desde el PSOCA hacemos un llamado al movimiento popular, centrales y federaciones obreras, al movimiento campesino y al de los indignados a conformar un frente de lucha común para exigir el esclarecimiento y el castigo de los violadores de los derechos humanos, a los asesinos de aquellos que apagan la luz y la vida de los mejores hijos de esta contradictoria Honduras.

Por Justo Severo Izquierdo

La semana anterior el presidente Juan Orlando Hernández determinó cerrar de manera abrupta la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), evidenciando una vez más el abuso de poder y las prácticas despóticas en contra de la clase trabajadora. La DEI pasó a la historia (en apariencia) después de 21 años de actividad desde su creación en diciembre de 1994. La estatal fue establecida para cumplir con las funciones de recaudar, fiscalizar y cobrar los impuestos tributarios y aduaneros en el país.

1,500 empleados despedidos

Luego que el presidente Juan Orlando Hernández anunciara en diciembre de 2015 la creación de un nuevo sistema tributario novedoso, moderno y tecnológico, con personal altamente calificado que ayudaría a eficientar el cobro de impuestos, jamás pensaron los empleados de la DEI que se trataría de un golpe más a la clase trabajadora. A todos les tomó por sorpresa ingresar a las instalaciones y verse obstaculizados por un fuerte contingente de efectivos del Ejército y de la Policía Militar, quienes irrumpieron en las oficinas para desalojar a todo el personal de la institución. La medida creó desconcierto, angustia y tristeza, pero sobre todo indignación por parte de los trabajadores, quienes criticaron fuertemente al presidente Hernández y a la directora ejecutiva Mirian Guzmán por tan vil acción.

Según los afectados, el cierre y liquidación de la DEI fueron notificados por cuadrillas de limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), no así por las máximas autoridades. El despido por donde se mire es totalmente arbitrario, muchas personas quedaron sin empleo y con sus sueños y proyectos truncados, incluso fueron despedidas hasta mujeres en estado de embarazo, personas en edad para jubilarse; Por consiguiente, el despido de estos empleados crea un fuerte impacto en la clase trabajadora del país, son mil 500 personas que engrosarán las estadísticas de los desempleados, mil 500 familias que quedarán sin sustento.

Gobierno continúa privatizando las instituciones del Estado

El cierre de la DEI no es más que el cumplimiento firme del gobierno de JOH a las determinaciones que impone los Organismos financieros internacionales. El país siempre ha estado supeditado al sistema económico impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el golpe de Estado del 2009, la dependencia fue mayor, Honduras entró en una profunda crisis económica, la necesidad de salir del aprieto obligó a los gobiernos de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández a pactar y aceptar las condiciones de estos entes financieros, con tal de ser financiados y fortalecidos económicamente.

Dentro de esta dinámica, el FMI dirige las políticas del gobierno e impone las políticas neoliberales que asfixian cada vez más al país. Muchas empresas estatales han sido afectadas por las recomendaciones de estos organismos, todas manejan un mismo patrón: reducir a través de despidos el número de trabajadores públicos, destruir las organizaciones sindicales y apostarles a las inversiones público privadas, todo eso a cambio de financiar al Estado. Así han caído empresas emblemáticas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), todas ellas han pasado por la depuración y actualmente se encuentra en procesos de transición a través de inversiones público-privadas. Estas acciones han causado el despido de miles de trabajadores sin que el gobierno se interese en el impacto que ocasiona esta medida a la clase trabajadora.

Lo ocurrido en la DEI es exactamente lo mismo que ocurrió con las empresas anteriormente mencionadas, el fin es el mismo, privatizar los servicios públicos. Por otro lado, existe la sospecha que el cierre repentino de la DEI ha sido aprovechado por algunos grupos empresariales pro-gobierno que le adeudan al Estado hondureño cantidades enormes, el fin es borrar algunos datos para desaparecer montos y sustituirlo por otros, todo a cambio de apoyo político durante la próxima campaña electoral de Hernández.

Ante la deplorable situación en que se encuentra la clase trabajadora hondureña, exigimos el reintegro inmediato de cada uno de los empleados despedidos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y las demás empresas estatales, llamar a todos los sectores para frenar los planes entreguistas de JOH que causan hambre y miseria en el país.

Por Sebastián Ernesto González

En un claro ataque a la libertad de expresión, los jueces de la sala cuarta del Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, impusieron al periodista David Romero Ellner una pena de 10 años de reclusión luego de encontrársele culpable de seis delitos de injurias por difamación. El periodista fue acusado por la abogada Sonia Gálvez. Quedándole al periodista como último recurso él derecho a casación, que de ser confirmada la sentencia, ineludiblemente deberá ir a la cárcel.

El régimen no perdona la denuncia contra los saqueadores del IHSS

Para contextualizar el hecho, todo se remonta a la denuncia que realizó el periodista desde la Radio Globo y Globo TV, del latrocinio hecho al Instituto Hondureño de Seguridad Social en el 2014 (se menciona más de 330 millones de dólares), las evidencias y documentos fueron facilitados a David Ellner de alguna forma, información que iniciaron a hacer pública a inicios del 2015, esta información dio origen al repudio de un fuerte sector de la población contra el gobierno de JOH y paulatinamente se volcó a las calles realizando las ya famosas “marchas de las antorchas”, el gigantesco saqueo contra el IHSS fue ejecutado por Mario Zelaya y sus afines, muy ligados al Partido Nacional, al que pertenece Juan Orlando Hernández, actual Presidente. Pero en el gran escándalo de corrupción, además del partido gobernante, también se menciona dirigentes del Partido Liberal como Benjamín Bográn que anda prófugo y del Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuéllar, también se señalan dirigentes sindicales.

La población volcada a las calles durante casi todo el año, pasó diversas etapas que fueron controladas por los líderes de los partidos de oposición, aunque hubo un momento entre mayo y junio que fueron muy numerosas, estas fueron mermando en el transcurso del año, aun así, se mantuvieron y se siguen realizando en el presente. Las consignas iniciales fueron fuera JOH y luego la exigencia de una CICIH, la cual con la presión del imperialismo y utilizando a la OEA y la ONU terminó en una Maccih.

Dentro de toda la documentación hecha pública por el periodista, sobresalió el pago de “coimas” a diversos funcionarios, algunos se encuentran presos pero la mayoría anda en libertad, fue de mayor notoriedad el involucramiento del Fiscal Adjunto Rigoberto Cuellar, de filiación liberal y esposo de Sonia Gálvez quien querelló a Romero el 20 de agosto de 2014 por 22 delitos en contra de la imagen y la honra. Durante el juicio, el tribunal absolvió al periodista de 16 delitos de injurias y calumnias por difamación.

Sin duda alguna, que el régimen de JOH utilizó todo su poder para dar un mensaje muy claro a los que aun hacen derecho a la Libertad de Expresión y se atreven a denunciar los casos de corrupción del partido gobernante y sus máximos dirigentes como JOH. Con el control que ejerce JOH sobre los 3 poderes del estado, demuestra que puede enviar a la cárcel a los que se le opongan.

Después de conocer el fallo David Ellner manifestó “no nos vamos a cansar mientras tengamos el poder de la palabra. Lo vamos a seguir haciendo. Vamos a denunciar a los pícaros y corruptos con su nombre y apellido. No estamos solos, hay muchos ojos observadores, especialmente de la comunidad internacional… lo que han hecho es aberrante”. LP (15/03/2016).

La Libertad de Expresión debe ser defendida por el pueblo

Hasta ahora, el régimen ha logrado controlar a la mayoría de los periodistas que no siguen la línea oficial del gobierno, uno de los últimos casos fue el del Periodista Esdras Amado López, quien también es diputado por el Partido Libre y en la elección de la recientemente nombrada Corte Suprema de Justicia se alineó completamente del lado oficialista, apoyando la nómina inicial propuesta por el Partido Nacional y el Partido Liberal, pero el diputado fue aún más allá del apoyo en la elección y la arremetió contra dirigentes del Partido Libre.

Ningún periodista podrá enfrentarse al régimen solo, debe ser la población la que debe salir a las calles a defender la Libertad de Expresión y apoyar a los periodistas que hagan denuncia pública de los casos de corrupción hechos por los gobernantes de turno y anteriores. Pero también se debe hacer la condena a los periodistas ligados al gobierno y que contribuyen a profundizar y esconder a los ladrones de cuello blanco.

A movilizarnos todos en defensa de la Libertad de expresión y a exigir cárcel para los verdaderos saqueadores del IHSS.