Por Maximiliano Fuentes

La elección de los siete magistrados restantes para la Corte Suprema de Justicia se encuentra empantanada desde el pasado 25 de enero. El acuerdo partidario entre los nacionalistas y liberales no fue lo suficiente para establecer un acuerdo y distribuir la corte como históricamente se había realizado. La presencia de PAC y LIBRE ha logrado frenar la distribución bipartidista, generando un vacío de poder en el Estado burgués, controlado, casi en su totalidad por Juan Orlando Hernández.

El forcejeo interno

A pesar de los múltiples intentos y a la presión ejercida por el bipartidismo por medio de la iglesia y los distintos medios de comunicación, no se ha logrado establecer un acuerdo para obtener mayoría simple y elegir a los magistrados restantes. A pesar de que el papel de la oposición ha sido positivo para nombrar una corte a servicio del sistema de gobierno que impulsa planes de hambre y miseria, no se realiza sin condiciones de por medio.

Tanto la bancada de PAC como de LIBRE intentan imponer sus propios candidatos o simplemente negociar para establecer cuotas de poder al interior de la nueva corte. Lograr un cambio en la distribución del poder asegura tener cierto control y frenar el proyecto reeleccionista de Juan Orlando Hernández y de esa manera fortalecer las aspiraciones presidenciables de Salvador Nasrrala y Manuel Zelaya Rosales. Eso por un lado, pero también se trata de controlar la corte penal para sepultar las acusaciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios de gobierno y militantes de los diferentes partidos, de la misma manera, que se hizo con los ex funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que se les dictó sobreseimiento definitivo por los casos de corrupción en su gestión administrativa, o la acción por parte de la corte penal que ha logrado frenar el proceso de extradición contra el banquero Jaime Rosenthal Oliva.

Sin lugar a dudas, el tema de los extraditables por parte del gobierno de los Estados Unidos ocupa un peldaño muy significativo en el forcejeo político al interior del Congreso Nacional.

Juan Orlando Hernández en su gestión como Presidente del Congreso Nacional logró obtener el control de la actual Corte, para ello, debió expulsar mediante la asamblea legislativa, aquellos magistrados que se oponían a las políticas y acciones impulsadas desde el poder legislativo. Semejante injerencia, fue calificada como un golpe técnico. No obstante, la acción emprendida significó la aprobación de las ciudades modelos y las reformas constitucionales para despenalizar las aspiraciones reeleccionistas de Juan Orlando Hernández.

Los resquebrajamientos

El proceso de nombramiento de la nueva corte suprema de justicia ha evidenciado los resquebrajamientos internos de los partidos de oposición. En los últimos procesos los miembros de las bancadas de (LIBRE) y de (PAC) no han logrado cerrar sus filas de forma hegemónica, al contrario, han empezado a tejerse rupturas con las línea de los jefes de partido y de bancadas, que por cierto, no han logrado establecerse a partir de mecanismos democráticos. Los ejemplos concretos son el de Esdras Amado López y Dennis Sánchez, quienes han actuado de forma contraria a la línea política de partido.

Desafortunadamente, la oposición solo logra vincularse alrededor de la reelección de Juan Orlando Hernández, sin lugar a dudas, por el temor que genera en sus aspiraciones presidenciables, pero no a detener por medio de la movilización el saqueo del Estado y la aplicación de los planes de hambre y miseria en contra del pueblo trabajador.

La Corte Suprema debe ser electa directamente por el pueblo trabajador

Sin lugar a dudas, los aspirantes a la corte suprema de justicia fueron seleccionados a partir de los intereses del bipartidismo, tal y como lo contempla la actual constitución, que por cierto, fue diseñada para favorecer al Partido Liberal y Nacional, estableciendo una alternabilidad en el ejercicio del poder y mecanismos de cogobierno. En los últimos 34 años la Corte Suprema ha representado los intereses de ambos partidos, de hecho, ha sido integrada por miembros del partido liberal y nacional. Por tal razón, la justicia ha sido organizada en función de los intereses partidarios que necesariamente obedecen a los intereses de grupos.

Por lo anterior, desde el PSOCA cuestionamos el actual proceso de nombramiento, incluso de los candidatos propuestos desde la institucionalidad sin considerar los intereses y necesidades del pueblo trabajador. Por ello proponemos, que la Corte Suprema sea organizada por medio de un amplio debate y consenso por las organizaciones campesinas, gremiales, sindicales y patronales.

 

Por Justo Severo Izquierdo

Tremendo revuelo han causado en el país las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández, al manifestar que ya es tiempo de revisar la Constitución de la República y establecer un nuevo pacto social en Honduras.

En una entrevista exclusiva con el noticiero dominical de TN5, el mandatario dijo que: “Yo por primera vez voy a decir algo que creo que es el sentimiento de muchos hondureños, y particularmente en mi caso como ciudadano y como servidor público, creo que ha llegado el momento de que revisemos todo el contrato social del país y que lo hagamos de una forma seria, transparente y altamente participativa, y que si vamos a revisar todo el estamento constitucional hagámoslo para contar con una nueva Constitución.” (El heraldo.hn, 31 de enero, 2016).

Lo anterior coincide también con la propuesta de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-UNAH, Julieta Castellanos, que en el marco de divulgar la creación de la primera maestría en Derecho Constitucional en el país, sostuvo que era necesario reformar la actual Carta Magna, ya que “el ambiente para que eso suceda está dado con la ruptura del bipartidismo, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y la falta de claridad en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).” (Criterio.hn, 31 de enero, 2016)

Otro sector, que es de entero crédito en el país como el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de La compañía de Jesús-ERIC, en el reciente Sondeo de Opinión Pública, dejó mal parado al gobierno, la gente está clara que Honduras se sumerge en una crisis. La ciudadanía cree que el camino para salir a la actual situación del país es convocar a un diálogo nacional con la participación de todos los sectores.

En la encuesta, el 72 por ciento de la población cree que una Asamblea Nacional Constituyente es una opción para salir de la crisis. Además la encuesta arrojó otros datos interesantes como: el 75 por ciento de la población cree que la elección de la Corte Suprema de Justicia es un proceso manipulado; 8 de cada 10 hondureños y hondureñas no conocen el programa Alianza Para la Prosperidad; 7 de cada 10 afirma que JOH es responsable del saqueo del IHSS y la población lo reprobó con 4.2 en su segundo año de gestión (ver el boletín en el siguiente enlace: http://www.jamolandia.com/wp-content/uploads/2016/02/Boleti%CC%81n-SOP2015.pdf )

Juan Orlando Hernández y su grupo aprovecharon esta coyuntura para manifestar de manera demagógica la necesidad de crear una nueva constitución, donde participen todos los sectores, sin exclusión alguna, para subsanar la corrupción y acabar con la impunidad. Consideramos que el verdadero trasfondo de promover una nueva constitución en este momento, por parte de JOH, es la de maniobrar para llevar a la negociación a Mel Zelaya como líder de la tercera fuerza política, junto al PAC, que conforma la cuarta fuerza y por tanto los dos grupos de oposición que entorpecen el proyecto reeleccionista de JOH. En este caso, la estrategia de los nacionalistas es que Zelaya termine negociando y se le cumpla lo de tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, a cambio de que Manuel Zelaya apruebe a través de toda su bancada la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Consideramos como Partido Socialista Centroamericano, que en el caso que se diese el proyecto de una nueva Constitución, esta se amarraría desde las altas cúpulas, se redactaría desde ahí, ya que hay un proceso de reorganización del Estado desde arriba, impulsado por el imperialismo norteamericano, con mucho forcejeo allá abajo con la burguesía. Al gobierno lo que le interesa en este momento es elegir la Corte Suprema de Justicia para manejarla a su antojo, y crear una constitución que cambie y consolide el régimen al hacerlo más autoritario, más centralizado. La actual constitución urge cambiarla, ya que presenta dificultades en el marco institucional, ya no obedece a los intereses de los Liberales y Nacionalistas, porque se rompió el bipartidismo, ahora hay cuatro fuerzas que luchan por el control político; la constitución que está vigente ya no permite el consenso para elegir la Corte, en ese sentido, toda propuesta de constituyente que venga de las cúpulas, sería una constituyente desvirtuada desde el inicio, no representaría la voluntad del pueblo, los sectores poderosos se pondrían de acuerdo en cómo redactar la misma para su propio beneficio. ¡No más demagogia!

 

Por Ricardo Velásquez

A seis años de los sucesivos gobiernos nacionalistas con el ciego apoyo del Partido Liberal, la crisis económica la siguen pagando los trabajadores del país. Tanto Porfirio Lobo como Juan Orlando Hernández no han escatimado oportunidad para orillar a los trabajadores y sus familias a la línea de miseria. Y sin duda alguna, que el sector más golpeado han sido los docentes, a quienes no se les ha dado un aumento desde hace 7 años.

A los empleados públicos se les aprobó un miserable aumento en el presupuesto del 2016, al igual que todos los años se han dado miserables aumentos al salario mínimo, estos trabajadores principalmente laboran con la empresa privada. Sin embargo, al magisterio se le dejó por fuera de los aumentos en el presupuesto de este año, dejando exclusivamente la decisión a criterio de Juan Orlando Hernández. Hay que señalar que en esta represión en contra de los docentes, también son cómplices el resto de partidos que han apoyado todas las leyes aprobadas por JOH en el Congreso Nacional, como son los liberales, D.C., los de la U.D., algunos PAC e incluso algunos de Libre.

Juan Orlando Hernández reiteradamente ha manifestado demagógicamente que se revisarán los índices macroeconómicos y que si estos siguen mejorando se podría hacer el análisis de un aumento salarial. Lo que sí ofrece a los docentes es la facilidad de consolidar la deuda a aquellos maestros sobre endeudados, así como ofrece un bono de 60,000 lempiras para la compra de vivienda o mejoras a la casa, siempre y cuando el maestro haga la solicitud correspondiente.

Es evidente que el interés de JOH es manipular el hambre de los maestros. Por un lado, en vez de otorgar un aumento ofrece una consolidación de deuda donde el gobierno sería el aval y un bono que seguro será manejado políticamente. Mientras un posible aumento sigue siendo un espejismo.

Mientras tanto, la canasta básica sigue aumentando

Contradictoriamente, el índice de inflación sigue orillando a las familias hondureñas, que ven reducida la capacidad de adquisición de sus salarios: “…aseguraron ayer autoridades del organismo rector de la política cambiaria y monetaria, en los últimos tres meses la moneda presentó una depreciación mayor a 40 centavos”. “Sin incorporar lo que es combustible, miramos un déficit en la balanza de bienes y servicios de alrededor del 35 por ciento. Ese déficit, sin combustibles en el 2014 era del 10 por ciento, ahora se muestra en 35 por ciento. Eso nos da una presión”, razonó (LT 7/2/16).

Por otro lado, “El índice de precios al consumidor (IPC) presentó una variación de 0.31% durante el mes de enero, informó ayer el Banco Central de Honduras (BCH). De los 282 productos que conforman la canasta básica, el 67.02% (189 productos) experimentó un incremento, 6.74% (19) disminuyó, entre los que destacan los combustibles y el suministro de electricidad. La inflación registrada se explica por alzas en el precio de granos básicos como frijoles rojos, maíz y arroz, y aumento en las carnes de res, cerdo, pollo y pescado.” (EH 7/2/16).

Lo anterior nos indica que mientras los salarios reciben raquíticos aumentos o no reciben ninguno como el caso de los docentes, la moneda se devalúa y los precios de los principales productos de la canasta básica aumentan, volviendo insoportable el diario vivir de los trabajadores.

Solo movilización y lucha logrará aumentos más justos

El gobierno de JOH y sus comparsas no hubieran aplicado las políticas neoliberales tan efectivamente de no ser por la desmovilización de los trabajadores. Por un lado, JOH ha coaptado a la dirigencia sindical o en todo caso los ha manejado muy a su favor, y en el caso de que las dirigencias no cayeran en las fauces de JOH, éste ha reprimido aun violentando la ley y manipulando el sistema judicial a su antojo. No es casual que tanto nacionalistas como sus compinches se empecinen en elegir magistrados que les garanticen legislar a conveniencia del gobierno, sin importar si se violenta la ley.

Por todo lo anterior se vuelve una necesidad impostergable que los trabajadores rebasen a las dirigencias y se movilicen para exigir un aumento general de salarios de acorde al índice de inflación. Corresponde al magisterio mismo levantar la bandera de lucha para obtener un aumento salarial, la misma población ya está consciente de que el gobierno debe otorgarlo. Pero este régimen no regalará nada, así que corresponde a los mismos sectores salir a pelearlo y exigirlo.

Por Maximiliano Fuentes

Este 27 de enero, el gobierno de Juan Orlando Hernández cumplirá dos años de su gestión presidencial, los cuales se han caracterizado por la aplicación de una política contrarrevolucionaria en materia económica, la centralización del poder político al estilo de los regímenes bonapartistas, fortalecimiento de los aparatos represivos y enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios debido a los grandes negocios que se tejen desde la cúpula gubernamental.

La estabilidad de JOH

El gobierno de Juan Orlando Hernández logró imponerse sobre sus adversarios con un 34% en el pasado proceso electoral. Sin lograr una ventaja arrolladora sobre su adversario más próximo (LIBRE), logró los votos necesarios para obtener una mayoría simple y así garantizar la continuidad del Partido Nacional al frente del ejecutivo. Sin lugar a dudas, durante este tiempo ha logrado gobernar sin mayores complicaciones, a pesar de haber estado salpicado por escandalosos casos de corrupción y una filiación de varios funcionarios de gobierno al crimen organizado y al narcotráfico. Por otro lado, durante este espacio de tiempo han sido desarticuladas grandes conquistas sociales y laborales de la clase trabajadora, desmantelados los institutos de previsión y jubilaciones, acrecentados los porcentajes de la población que viven en extrema pobreza y se ha deteriorado su calidad de vida por la aplicación de planes de ajuste y de miseria.

A pesar del aparato propagandístico del gobierno, que por cierto, destina millones de dólares para impulsar los logros en materia de seguridad y los distintos programas de asistencialismo, los altos índices de crímenes violentos, las extorsiones y otros delitos continúan siendo, desde la percepción de las personas, el principal problema de la sociedad hondureña.

Por otra parte, la política económica de JOH se ha orientado bajo el mandato de los organismos internacionales de crédito. Por ello, se ha recortado el aparato estatal, lo que ha conllevado al despido de miles de trabajadores por el desmantelamiento de varias instituciones de Estado como SANAA, ENEE, HONDUTEL y algunas secretarias de Estado. Consecuentemente a estas orientaciones, se han mantenido congelados los salarios de los trabajadores con la complicidad de los dirigentes sindicales y de la Centrales Obreras, acrecentado el índice de inflación y modificado la política cambiaria respecto al dólar, lo que ha contribuido a una reducción de los ingresos.

La estabilidad política del gobierno ha sido el resultado de una combinación de factores, por un lado la militarización y la creación de los organismos represivos del Estado, así como el control absoluto de la institucionalidad (Ministerio público, Corte Suprema de Justicia, entre otras). Por otro lado, el papel de la oposición del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Anticorrupción (PAC), que por sus contradicciones y divisiones internas no han logrado impulsar una oposición férrea en el Congreso Nacional. Pero lo más grave de su política conciliadora, el caso de LIBRE, es haber sepultado el Frente Nacional de Resistencia popular y dejado a un lado los métodos de lucha como la movilización.

El proyecto de continuidad o la reelección

Desde su comienzo, JOH logró controlar los organismos de dirección del Partido Nacional y desmantelar las corrientes de oposición interna, considerando que desde su gestión como Presidente del Congreso Nacional controlaba la institucionalidad del Estado. Esta situación le permitió plantear su reelección presidencial. Para ello, era necesario reformar la constitución por medio de acciones de inconstitucionalidad, lo que logró sin mayores oposiciones.

En el escenario electoral, la reelección de Juan Orlando Hernández se visualiza como una realidad concreta. No obstante, la misma no podrá concretizarse si no establece alianzas con las corrientes internas y los candidatos de oposición. La denuncia realizada por Esdras Amado López y Rassel Tome del partido Libertad y Refundación, evidencia las aspiraciones de Zelaya y su vinculación con el gobernante de turno; a pesar de mostrarse como su principal contendiente, se puede afirmar sin temor a equivocarse, que el proyecto de continuidad encaja muy bien con los intereses de grupo que ellos representan.

Desde el PSOCA, llamamos a las organizaciones independientes, sindicatos, organizaciones gremiales a organizarse para crear un frente común de oposición a las aspiraciones de reelección, pero sobre todo a las crueles intenciones de JOH de seguir asfixiando a los trabajadores del campo y la ciudad con sus planes de ajuste y de miseria.

Por Sebastián Ernesto González

La Corte Suprema de Justicia, que avaló y legalizó el Golpe de Estado del 2009, finalizó su periodo legal el día lunes 25 de enero, después de 7 años de estar al servicio de los grupos fácticos que han hundido a la familia hondureña en una crisis económica nunca antes experimentada en el país. Con el Partido Nacional al frente con dos gobiernos consecutivos, el de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández y con el apoyo casi absoluto del Partido Liberal, esta CSJ se mantuvo en primera línea violentando los derechos laborales de innumerables trabajadores que fueron despedidos, han puesto en venta al país o han permitido la impunidad a los asesinos que campean a diestra y siniestra.

JOH por el control total del Estado

Juan Orlando Hernández en su proyecto bonapartista, pretende controlar a la CSJ encajándosela como anillo al dedo. En su interés de buscar la reelección dentro de un año, ha puesto todo su empeño y el aparato estatal al servicio de lograr su objetivo; la elección de 15 magistrados con mayoría nacionalista y que la presidencia de la corte sea afín a sus intereses.

Pero el Partido Nacional y su timonel JOH, serían insignificantes si no tuvieran a su eterno aliado en la administración del país, el Partido Liberal. Para nadie es desconocido que desde el Golpe de Estado en el país en el 2009, el PN y el PL se enfrascaron en una alianza matrimonial que hasta ahora ha sido muy fiel, con algunas pequeñas diferencias por la repartición del pastel pero que al final terminan solventando a la danza de los millones.

El Partido Nacional con apenas 48 diputados de 128, se ha salido con las suyas en la aprobación de leyes y elección de cargos del engranaje público que requieren de mayoría calificada (86 votos), o bien con la aprobación del presupuesto nacional como el aprobado recientemente para el 2016, en el que se dejó al magisterio nacional sin un aumento salarial. Para lograr sus objetivos, JOH ha maniobrado maquiavélicamente dentro de las diferentes bancadas, obteniendo el apoyo a veces del Partido Anticorrupción y a veces del mismo Partido Libre.

Pero ha seguido avanzando en su propósito y hasta ahora, pareciera que no hay un movimiento fuerte que le detenga. En esta ocasión la votación quedó 82 a favor, 44 en contra y dos abstenciones. Votaron a favor 48 nacionalistas, 26 liberales, 6 tránsfugas de Libre, 1 de la UD y 1 de la DC.

En contra lo hicieron 29 de Libre, 13 del Pac, 1 del Pinu y el diputado liberal Darío Banegas. Esto obliga al Congreso a proceder a una nueva votación mediante el mecanismo de voto individual y secreto (EH 26/01/2016).

El Partido Liberal juega con Dios y con el Diablo

En el año 2015 se dieron las enormes movilizaciones de los indignados, condenando y repudiando los actos de corrupción del Partido Nacional. La dirigencia del Partido Liberal, encabezada por Mauricio Villeda, inmediatamente se puso al lado de la oposición, aparentando ir con todo en contra de JOH. Sin embargo la realidad nos demuestra lo contrario y ha sido el mismo Mauricio Villeda que ha exigido la repartición del pastel pidiendo 8 magistrados para el PL más la presidencia de la CSJ y que fueran 7 para el PN; aparentemente esta negociación no prosperó y terminaron aceptando la tajada que JOH les obsequiaba.

Solo la movilización y lucha detendrán a JOH en su proyecto continuista

La unidad de la oposición hasta ahora solo es un fantasma, las posiciones son diferentes y penden de hilos muy frágiles, que si JOH no estuviera tan ensoberbecido fácilmente los rompe. Por ejemplo la selección de los 45 nominados a ser magistrados fue un proceso viciado desde el inicio. La posición del Pac es no apoyar una nómina impuesta de 15, lo que significa que si apoyan la elección de 15 se va a la elección de 1 a 1. En cambio la posición de Libre es no apoyar ninguna forma de elección, esto en vista de que JOH no cedió a dar aperturas democráticas.

Lamentablemente, quien le ha puesto la correa a Juan Orlando ha sido la embajada estadounidense. Nuevamente ha sido evidente la injerencia norteamericana en las decisiones del país, reuniéndose con las diferentes bancadas, descalificando nominados y solicitando (exigiendo) la elección de la nueva corte. Es seguro que de una u otra forma elegirán la nueva CSJ, quizás queden rasguños y rencores pero con voto secreto o sin él, elegirán los nuevos 15 magistrados.

Hoy más que nunca debemos darnos cuenta que solo la movilización y lucha del pueblo pueden detener a JOH en sus propósitos continuistas, y ninguna corte electa con negociaciones bajo la mesa podrá impartir justicia para los desposeídos. El pueblo debe ser el que elija a los magistrados con derecho a voto revocatorio.

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