Por Maximiliano Fuentes

Recientemente, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y demás operadores de justicia emprendieron una serie de acciones para desarticular el enorme negocio de la extorsión y de empresas vinculadas al crimen organizado, fundamentalmente aquellas que en apariencia son administrados por la Mara Salvatrucha (MS-13).

En este proceso, se capturó al alcalde de Talanga Jorge Neptalí Romero y el Ex Subcomisario de la Policía Nacional Álvaro García. Lo que evidencia la participación de funcionarios de gobierno vinculados a la extorsión y otros ilícitos.

¿Qué hay detrás de la operación Avalancha?

La aparente efectividad de los órganos operadores de justicia se debe a la enorme presión e injerencia del imperialismo norteamericano, quien por medio de la Embajada ha insistido en el proceso de depuración del Estado. Por otro lado, la operación Avalancha se da en el marco de la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el cual, es un organismo impuesto desde la Organización de Estados Americanos para vigilar e investigar los crimines de corrupción que el Estado de Honduras ha mantenido en la impunidad, y que sin lugar a dudas mantiene la presión de iniciar el proceso de depuración ante la enorme vinculación del crimen organizado en la institucionalidad del Estado.

La creación de la MACCIH obedece a una política para la región centroamericana de los Estados Unidos para depurar los Estados nacionales, sobre todo la institucionalidad de los países del Triángulo Norte. Resulta evidente la vinculación de los gobiernos de estos países con el crimen organizado para la distribución de drogas y otros negocios ilícitos. El gobierno de Juan Orlando Hernández se ve obligado a justificar su política de lucha contra el narcotráfico en la palestra pública, sin embargo, también lo pone en evidencia ante la opinión pública el peso que tienen las dudas que tiene la población acerca de las acciones emprendidas por el Estado. Entre estas dudas está la sospecha de que el gobierno esté protegiendo a sectores del ejército y de la policía vinculados a un determinado cartel, mientras intenta eliminar a los demás.

Como parte de las políticas de reducción del Estado, unos sinnúmeros de instituciones públicas han sido reducidas y su presupuesto recortado, además se ha dado el crecimiento desproporcionado de las desigualdades sociales producto de la aplicación de planes de hambre y de miseria por parte de los diferentes gobiernos de turno; pero también la excesiva influencia de la globalización de consumo. Estos han sido factores determinantes para que miembros de la policía y del ejército, así como otros funcionarios de gobierno, se vinculen a negocios lucrativos como el secuestro, la extorsión, sicariato y el narcotráfico.

Pero es tan lucrativo el negocio del narco, que sectores de la oligarquía hondureña se han vinculado de forma directa a realizar transacciones y negocios con los propios carteles, el caso concreto de los Rosenthal es el ejemplo más significativo. La excesiva violencia producto de los enfrentamientos entre los grupos y carteles han hecho de Honduras y de la región una de las zonas más violentas del mundo, perdiendo en muchos casos la gobernabilidad del Estado burgués y el control político. Razón por la cual, el imperialismo ha tenido que intervenir para frenar la expansiva ola de violencia y de calamidades sociales bajo la sospecha de posibles movilizaciones o estallidos sociales.

El congelamiento de cuentas y las incautaciones realizadas por el Estado burgués por medio de la operación Avalancha han tenido repercusiones directas en los cuantiosos negocios que manejan los grupos del crimen organizado en Honduras. Sin embargo, las medidas no han sido lo suficientemente efectivas, dado que otros sectores se apoderan de los lucrativos negocios por medio de horrendas masacres. En el transcurso del 2016, de acuerdo a las Autoridades del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el país han ocurrido trece homicidios múltiples que han dejado al menos 57 personas muertas.

A pesar de los discursos falaces de Juan Orlando Hernández, quien el fin de semana anunciaba la reelección en la convención nacional del Partido Nacional, desde el PSOCA sostenemos que la única vía de eliminar la violencia y la criminalidad es por medio de la revolución socialista. Solo eliminando la pobreza y las desigualdades sociales y teniendo control   por parte los trabajadores y campesinos de las instituciones de Estado se asegura un funcionamiento efectivo para los intereses populares.

Por Justo Severo Izquierdo

La elección del pleno de magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras se realizó tras un largo y extenuante proceso que mantuvo tensas a las cúpulas del bipartidismo; luego de cinco intentos infructuosos, al final, en un sexto intento, se logró conformar la nómina impuesta por el gobierno de los 15 magistrados que conformarán el Poder Judicial hasta el 2023. A partir de allí el camino se encuentra listo y servido para que el proyecto reeleccionista de Juan Orlando Hernández se ejecute sin obstáculo alguno.

Así lo pregona la gente más cercana y colaboradora del mandatario, aunque JOH no lo diga públicamente y otros nacionalistas lo suavicen con frases sutiles, es el punto de agenda en este año. “Lo que queremos dejar claro para que no haya duda y es que en el Partido Nacional vamos por la reelección del Presidente Juan Orlando Hernández y en eso enfocaremos nuestro trabajo” (Francisco Rivera, diputado por el departamento de Olancho). Mientras que el diputado por el departamento de Santa Bárbara, Rolando Dubón Bueso, expuso que como la reelección está permitida y por tanto hay “luz verde” para ello (La tribuna 9 de febrero 2016).

Injerencia norteamericana

El proyecto reeleccionista de JOH marcha viento en popa, así lo demuestra el control que ejerce el mandatario sobre los tres poderes del Estado. La elección de esta nueva corte es lo que le faltaba para estructurar todo un aparato que lo consolide como un gobierno bonapartista. Este proceso reeleccionista ha contado con el empuje del gobierno de Los Estados Unidos a través de la Embajada Americana. El imperialismo ha reconocido la tremenda crisis institucional que atraviesa el Estado de Honduras desde hace mucho tiempo. La clase política hondureña ha contribuido a elevar los niveles de descrédito y desconfianza en la ciudadanía y comunidad internacional; el país tocó fondo con los últimos actos de corrupción de políticos y empresarios ligados al bipartidismo que llevaron al país a la calamidad.                                                                                                            

Con el ánimo de poner orden, el imperialismo ejerce un enorme nivel de intervencionismo, a tal grado que todas las decisiones de JOH y los diversos entes del Estado pasan subordinadas a lo que diga la embajada gringa. Esto ha llevado a Estados Unidos a emplear alianzas con sectores tradicionales y poner las cartas sobre la mesa para imponer sus políticas. No es casual la desarticulación de grupos de narcotraficantes como los Cachiros y los Valle, políticos de gran envergadura que en Honduras eran intocables, y el caso de Rafael Leonardo callejas y tres miembros de la familia Rosenthal, todos extraditados para rendir cuentas ante las leyes norteamericanas. Esta intervención le ha permitido a JOH subordinarse y cumplir al pie de la letra el mandato del amo.

Reelección presidencial depende de los Estados Unidos

Juan Orlando Hernández, desde que fungió como presidente del Congreso Nacional, creó un proyecto reeleccionista que se fue consolidando cada vez más hasta llegar al punto actual, ganar los tres poderes del Estado. El último logro y el más codiciado es haber ganado la presidencia y el control de la Corte Suprema de Justicia; antes había derogado las figuras jurídicas aprobadas en el 2013, frenó las reformas electorales como la segunda vuelta y la emisión de una nueva tarjeta de identidad al igual que el control del Registro Nacional de las Personas; logró reformar la Ley de Funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la instancia desde donde alcanza control legal de todos los poderes del Estado.

La reelección de JOH solo espera la venia del gobierno norteamericano, éste es el que decidirá qué figura dentro de la reelección conviene más: la reelección continua, la alterna o indefinida. La estrategia de la embajada americana, de obligar a JOH a promover un diálogo abierto con las demás fuerzas políticas, le da en apariencia un tono de alto espíritu democrático. Todas las fuerzas políticas, de alguna manera coinciden con el tema de la reelección, después que ésta fue la manzana de la discordia en el conflicto que se suscitó en el 2009. El partido Libre con Manuel Zelaya Rosales y el Partido Nacional con figuras como Porfirio Lobo, Rafael Leonardo Callejas y el propio Juan Orlando Hernández están completamente de acuerdo con la reelección, el tan esperado diálogo no es otra cosa que ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre la alternancia en el poder.

Por Maximiliano Fuentes

La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia evidenció la debilidad de los partidos de oposición, pues a pesar de haber postergado el nombramiento de los quince magistrados por un espacio de tres semanas, logró imponerse la orientación política del Partido Nacional y su homólogo el Partido Liberal de Honduras. El primero, logró afianzar el control en la institucionalidad del Estado, en alguna medida por el resquebrajamiento en el voto de las bancadas del   Partido Anticorrupción (PAC) y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Debilitamiento de LIBRE

El zelayismo se ha caracterizado, entre otras cosas, por ejercer presión por medio de las movilizaciones o acciones parlamentarias como aspectos tácticos para luego emprender las negociaciones y establecer acuerdos a espaldas de sus bases y del pueblo en general. Este comportamiento oscilante, fue decisivo en la derrota de la lucha contra el golpe de Estado. De acuerdo a declaraciones del Sub-Coordinador General de LIBRE, hasta antes de ser expulsado, Esdras Amado López, Zelaya y otros diputados habían establecido un proceso de negociación con Juan Orlando Hernández para llegar a un acuerdo para el nombramiento de los magistrados restantes. Sin embargo, Zelaya le sacó ventaja a Amado López, quien evidenció su avaricia y compromiso con la política de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. No obstante, el mismo Esdras Amado López mostró en un programa televisivo un grupo de cheques emitidos desde la casa de gobierno a nombre de diputados de la bancada de LIBRE.

Elevación de Nasralla

Es tan evidente la ausencia de una dirección beligerante y comprometida con los procesos de cambio del país, que Salvador Nasrralla ha logrado convertirse en un referente, sobre todo en los sectores de la clase media y con algún grado de escolaridad. El presentador de televisión ha logrado impulsar mediante sus críticas y posicionamientos su candidatura política por encima de LIBRE, de los Partidos Nacional y Liberal, al menos así lo demuestran las últimas encuestas de opinión.

Lamentamos de forma profunda el papel de las corrientes internas de LIBRE, sobre todo de aquellas que se autoproclaman de izquierda, dado que la lucha es desde la institucionalidad de los golpistas y corruptos y se dejó a un lado el proyecto refundacional por medio de una constituyente del pueblo trabajador.

De la misma forma que LIBRE, el Partido Anticorrupción ha empezado a demostrar enormes fisuras producto de la composición social de sus integrantes. Eso por un lado, pero también por el control caudillezco de Nasrralla, razón de su distanciamiento con Luis Redondo diputado por el departamento de Cortés. Pero, tanto PAC como LIBRE no son partidos centralistas y democráticos, se imponen las decisiones de sus principales dirigentes y no se discuten las posiciones partidarias en sus organismos de dirección, por tal razón las acciones de sus diputados terminan contradiciendo las líneas o programas de sus partidos, precisamente porque existen intereses individuales.

Las debilidades de los partidos oposición con mayor cantidad de diputados se reproducen en los otros organismos políticos. Lo ocurrido en el Partido Democracia Cristiana de Honduras (PDCH), bastión del Partido Nacional de Honduras y de los sectores de poder, tiene consecuencias importantes en la estructuración del nuevo escenario político electoral. La defenestración del poder de Cruz Ascencio y la conformación de VAMOS no puede entenderse en un contexto político donde el Partido Nacional no pretenda la reelección del Presidente de la República. La intención sigue siendo la misma, habilitar la mayor cantidad de fuerzas políticas para arrebatarle la mayor cantidad de votos a LIBRE o a PAC.

Zelaya y Nasrralla, líderes de la oposición, no logran establecer puntos de acuerdo y mucho menos impulsar una candidatura única, sobre todo, porque ambos aspiran al poder y no necesariamente a la transformación de Honduras al servicio de lo más pobres.

Las negociaciones para una constituyente

Juan Orlando Hernández ha hecho el llamado a todas las fuerzas políticas para establecer un proceso de negociación y reformar la constitución. Llamado que han respondido de forma favorable, siempre y cuando se cumplan los requisitos preestablecidos por la oposición. Todo apunta a que las reformas o la instalación de una constituyente será una realidad. Desde el PSOCA no nos oponemos al cambio, sin embargo alertamos sobre los peligros de instalar una constituyente desde las alturas, dado que no se considerarán los intereses reales del pueblo trabajador.

Por Sebastián Ernesto González

El bonapartismo de Juan Orlando Hernández se ha terminado de consolidar con la recién electa Corte Suprema de Justicia. Lo que en enero del 2015 pareció la apertura de una brecha de esperanza en la población que se opone a una probable dictadura de JOH, se ha disipado con el papel nefasto del Partido Liberal, que se ha plegado completamente a los intereses continuistas de JOH y el nacionalismo. Tal y como lo dijimos en su momento, tarde o temprano se eligieron los 15 magistrados que originalmente componían la nómina de 15 candidatos que impuso JOH al legislativo, obviamente negociando con el Partido Liberal y con el contubernio del diputado de la D.C., el de la U.D. y los tránsfugas de Libre y los diputados del PAC que no siguieron la línea decidida por la bancada.

Mayor centralización del poder

Controlar la CSJ significa 7 años más de impunidad para los involucrados en escándalos de corrupción o para interpretar la ley a su gusto. Esto ya quedó demostrado cuando una de las primeras resoluciones de la nueva Corte ha sido declarar sobreseimiento definitivo a Mario Zelaya en uno de los delitos: malversación de caudales públicos. Mario Zelaya fue el artífice principal del criminal desfalco hecho al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de donde se saquearon más de 300 millones de dólares (más de 7000 lempiras). Otra de las involucradas en bochornosos escándalos de corrupción es Lena Gutiérrez, quien goza de arresto domiciliario, pero hasta ahora no se ven indicios de que se le quiera culpar. Todos los principales involucrados en estos actos de corrupción pertenecen a la dirigencia del Partido Nacional, y seguramente controlando la CSJ podrán maniobrar por dos lados: chantajeando y amenazando a los opositores por un lado o bien, dejando libre a los culpables y borrando todas las huellas.

Pero el control de la CSJ también le significa a JOH una probable reelección, ya que la Corte saliente dejó una puerta abierta que seguramente esta nueva Corte terminará de abrir. JOH y su Partido Nacional ya empezaron a enfilar baterías para trabajar por la reelección, de hecho la Convención del Partido Nacional se llamará “Todos por la Reelección”. Dentro del PN no se ve algún dirigente con el ánimo impregnado para disputarle la candidatura a JOH. Por otro lado, la reelección también significa la candidatura del ex presidente Manuel Zelaya por el Partido Libre, quien sin lugar a dudas sería el ganador en las elecciones internas que se realizarán en Marzo del 2017. El Partido Liberal se la juega a seguirle apostando al bipartidismo y obtener las cuotas de poder que JOH les otorgue. Sin importarles ya llegar nuevamente a la presidencia del ejecutivo o a controlar el Congreso Nacional.

La nueva Corte quedó integrada por 7 magistrados liberales y 8 nacionalistas; esto en la formalidad solo es repartición del pastel, porque ya en la realidad ha quedado demostrado que nacionalistas y liberales se hacen un nudo para protegerse y bañarse en impunidad.

Solo la movilización y lucha detendrá la dictadura de JOH

Aparentemente, tanto Manuel Zelaya (LIBRE) como Salvador Nasralla (PAC) tienen la certeza de que mediante elecciones limpias serían ganadores en las elecciones generales del 2017, esto les hace apoyar de alguna u otra forma la institucionalidad burguesa. Así lo demostró el Pac apoyando algunas candidaturas de los últimos 45 nominados a integrar a la CSJ, incluyendo algunos que integraban la nómina original. Estos dos máximos dirigentes de los partidos LIBRE y PAC también vienen exigiendo un representante ante el Tribunal Nacional de Elecciones y uno ante el Registro Nacional de las Personas. De hecho, si JOH les otorga estas exigencias, seguramente estarían integrándose al “Gran Diálogo Nacional” que convocaría JOH, en el caso de que convoque.

El llamado a un “Diálogo Nacional” tiene un único propósito: canalizar el descontento popular por la severa crisis económica que arrastra el país. El temor de JOH y su gobierno es que llegue un momento en que los ánimos se caldeen en la población y que nuevamente las masas salgan a la calle. Por otro lado, se sigue ocupando de los partidos PAC y LIBRE para hacerse ver como estadista y darle vuelo a la reelección con el visto bueno de la CSJ y el Congreso Nacional.

Mientras todo esto sucede, a la clase trabajadora lo único que le queda es movilizarse para detener la dictadura de JOH, para exigir el castigo a los corruptos y para exigir medidas que mermen el efecto de la gran crisis económica en que han sucumbido todas las familias hondureñas que viven de un salario.