Por Claudia Ayestas

El pasado 2010 fue un año totalmente adverso para el magisterio. Aunque desde la década de los  ochenta las luchas magisteriales han sido el pan de cada día y en cada ocasión estas han concluido en acuerdos firmados por dirigencias oportunistas que pactan con los diferentes  gobiernos entregando a cambio de prebendas y favores personales las conquistas de todo el gremio, el 2010 puede considerarse el año de la derrota total si dejamos que –a base de engaños y diatribas- el gobierno consiga al fin, la derogación absoluta de nuestra Ley.

Comenzando la semana y gracias a la observación de un periodista que leyó detenidamente el diario oficial La Gaceta, nos enteramos que en el Artículo 136 de la ley de Presupuesto Nacional, emitida el 28 de diciembre recién pasado queda “en suspenso” el Decreto 174-2000 del 30 de octubre de 2000 que contiene la Ley del Estatuto del Docente. Con esto ya no se puede negar que las intenciones del gobierno se encaminan hacia la desaparición total de los derechos ganados en las calles a favor del gremio más organizado y beligerante que tiene el país.

Desde las páginas de El Socialista Centroamericano se ha denunciado permanentemente que el hostigamiento contra el magisterio se incrementaría con la consolidación del golpe de estado del 28J, la empresa privada del país siempre le ha llevado hambre al Estatuto Docente porque consideran que este merma su botín de guerra que logran a través de sus múltiples negocios con el Estado, esta política ha sido más  acentuada en los gobiernos nacionalistas de Ricardo Maduro y ahora de Porfirio Lobo, no es casual ya que Pepe Lobo fue el presidente del Congreso Nacional en el gobierno de Maduro.

Es inevitable: la calle nos espera

No podemos permitirnos el fracaso. El martes 18 de enero fue celebrado el primer Consejo Consultivo de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) con los representantes de los seis colegios magisteriales radicados en los dieciocho departamentos del país. En este CC se acordó retornar en unidad a la lucha por el rescate del Estatuto del Docente, dejando atrás las riñas domésticas que el año pasado imposibilitaron a los dirigentes el estar alertas ante las artimañas gubernamentales, dejando libre el espacio para que el Congreso Nacional nos diera la inocentada del siglo.

Esta fue la primera reprimenda que la base dio a la dirigencia durante el CC aduciendo que los mismos dirigentes se prestaron para desviar la atención de los agremiados y así obtener favores pactados bajo la mesa, recordemos que en muchas situaciones la dirigencia se vuelve cómplice de los gobiernos, tal y como lo han demostrado con el acta de compromiso que se firmó el 30 de agosto de 2010, donde a pesar que se dio un plazo para despedir del Inprema a los que fueron contratados por activismo político o afines a la burocracia gremial, ninguna dirigencia dio un paso para cumplir con este punto del acta.

Pepe Lobo y su aliado del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández aprovecharán los primeros dos años de su gobierno para aprobar cualquier ley en contra de los derechos del magisterio o de los trabajadores en general, así que este es su segundo año  y solo una base gremial unificada en alianza con los padres y madres de familia, aliados con el FNRP y las Centrales Obreras podrá revertir  estas violaciones a los derechos no solo del magisterio sino de toda la clase trabajadora del país.

Tras el anuncio de que el Reglamento del Estatuto del Docente queda en suspenso más la inconformidad por el incumplimiento del Acuerdo firmado el 30 de agosto pasado entre la Comisión del gobierno y la FOMH no podemos quedarnos a la espera paciente y conforme de que sean otros quienes lleven la bandera de lucha. Somos cada uno de los docentes, quienes con el apoyo de los padres de familia y el alumnado debemos salir a las calles por la conservación y cumplimiento de los derechos adquiridos: hemos de sumarnos a la lucha contra la municipalización de la educación que, aunque quieran maquillarla, denota su objetivo final: privatizar la educación. Es aquí donde los padres y alumnos deben estar atentos y exigir el cumplimiento de su derecho a una educación para todos, laica, gratuita y obligatoria, que los proyectos de infraestructura, bonos estudiantiles y matrícula gratis  lleguen a los Centros Educativos y no se queden en los bolsillos de los Alcaldes.

Estado de coma…

Recientemente el Secretario de Educación anunció que a partir de este año está facultado para que los nombramientos pasen primero por sus manos sin respetar el régimen de contratación (Título IV de la Administración del Personal) estipulado en el Estatuto del Docente y su Reglamento, con esto perdemos también el derecho a gozar de la movilidad en el sistema (traslados, permutas, licencias) de acuerdo a los requisitos establecidos pues todos estos procedimientos serán politizados.

…en agonía...

Con la desindexación del salario mínimo perdimos la aplicación del Régimen salarial, aunado a esto, la reparación económica que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ejecuta con aproximadamente quince mil docentes por “irregularidades” en sus salarios, siendo esta una acusación arbitraria en la mayoría de los casos pues, estos docentes gozan de plazas completas con el pago de la calificación académica que consiste en la compensación económica por poseer grado universitario.

Además sigue vigente la falta de pago para 3184 docentes a quienes se les adeuda el salario de todo el año 2010, a otros se les debe el pago incompleto de las vacaciones y el PASCE de noviembre.

Si la dirigencia no es consecuente con la lucha las bases están en la obligación de expulsarlas

2011 será un año duro para el magisterio, la lucha debe centrarse en tres aspectos principales: rescatar el Estatuto del Docente y exigir su cumplimiento; impedir la privatización de la educación, para que  los alumnos y padres de familia tengan la garantía de que seguirán gozando de su derecho a una educación gratuita; y, vigilar por que no desaparezca nuestro sistema de previsión que se mantiene en riesgo por la deuda millonaria que aún mantiene el gobierno con el Inprema.

Las Centrales Obreras y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) tienen la obligación de unificar las luchas en este año, dejar solo al magisterio significa renunciar a todo derecho social o laboral para el resto de organizaciones sindicales, tal y como quedó demostrado con el SITRAUNA que fue casi aniquilado en el 2010, la base del magisterio solo con la unidad podrá rescatar de las garras del lobo, la Ley que regula la carrera docente. La dirigencia y los docentes deben sumar a los padres de familia en esta  lucha que se vuelve de todo el pueblo hondureño,  se debe defender con presteza el  derecho a ser enseñados para no vivir bajo la sombra de la ignorancia y tras las puertas de la pobreza.

Solo la movilización permanente y la Huelga General podrán hacer recular en sus acciones a los herederos del Golpe de Estado, solo la unidad del magisterio y la denuncia permanente podrá hacer que las dirigencias no traicionen.

Hasta la victoria.

Por Sebastián Ernesto González

El día sábado 15 de enero la dirección del FNRP realizó una asamblea de trabajo para decidir la forma en que se seleccionarían los delegados de parte de las organizaciones políticas, sociales, sindicales o gremiales para su participación en la asamblea del 26 de febrero, donde el punto principal será decidir la participación o no del FNRP en el siguiente proceso electoral. En dicha asamblea se acreditarán más de 600 delegados.

Hay que señalar que el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 fue preventivo, es decir; tenía el objetivo de frenar el ascenso revolucionario de las masas, pero este golpe despertó a todo un pueblo que se ha mantenido en Resistencia desde ese día. Para detener ese ascenso en la lucha de clases que todavía perdura la burguesía y la oligarquía han aprobado la reforma al artículo 5 de la Constitución para quitarle las trabas legales al Plebiscito y Referéndum.

Este cambio de posición de los diputados golpistas y del gobierno de Lobo obedece a la presión internacional para poder legitimar el régimen sucesor del golpe de Estado, y tener derecho al desembolso de fondos que le han sido detenidos, tal y como quedó reflejado con la Cuenta del Milenio que se ha detenido hasta el año 2011. Con esta reforma constitucional también logran calmar a un fuerte sector de la Resistencia que desde ya andan en campaña electoral. Ante la estrategia de unidad de la derecha golpista; el FNRP no se podía dar el lujo de desechar a un significativo sector de la izquierda y de organizaciones sociales.

Representación para las organizaciones a cambio de aumentar la representación de la burocracia

Hay que reconocer que en esta ocasión la dirección del FNRP acertó en incluir a la asamblea de preparación a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales y gremiales dándoles la representación de dos miembros por organización. Sin embargo, la maniobra para aumentar el número de delegados de una misma  posición política siempre se dejó notar al tomar en cuenta a sectores diversos dentro de una misma organización como por ejemplo; jóvenes del COLPROSUMAH, mujeres del COLPROSUMAH, niños del COLPROSUMAH, etc.

Esto refleja el interés de la dirección por mantener una mayor cantidad de delegados que les permita controlar la decisión que se tome el 26 de febrero, ya que las organizaciones del COLPROSUMAH obedecen la línea del presidente de dicha organización. Así se ha demostrado en todas los congresos realizados por esta organización durante los últimos 12 años. Esto al parecer será repetitivo en diversas organizaciones gremiales y sindicales. En el sector de la juventud se solicitó la representación de 30 delegados, pero muchos de estos grupos  están conformados por miembros de una misma organización, lo que implica que todos estos delegados no hacen más que asegurar que el “voto” sea a favor de los intereses  de determinadas posiciones políticas, sobre de todo de aquellos que sostienen que el “poder” debe ser peleado en las urnas. De esa forma pretenden obtener una mayoría de diputados en el Congreso Nacional e impulsar la refundación del país desde las alturas del aparato del Estado burgués.

Una lógica infantil para algunos de estos dirigentes oportunistas que se prestan a la estrategia del imperialismo y de la derecha golpista hondureña. Los grupos fácticos del país no dieron un golpe de Estado para entregarle el gobierno a la Resistencia cuatro años después.

Asambleas democráticas con debate político para la elección de los delegados

Al final de la asamblea del día 15 de enero se decidió que todas las organizaciones tengan representación para la asamblea del día 26 de febrero. Las organizaciones con cobertura nacional tendrán 4 delegados, cobertura departamental 2 delegados y cobertura municipal 1 delegado. Hay que reconocer que las organizaciones en su totalidad tendrán representación en la asamblea. Sin embargo, es preocupante que organizaciones como los gremios magisteriales elijan a los delegados arbitrariamente. Los sindicatos, gremios u organizaciones políticas que tienen la obligación de convocar a sus bases para que por medio de asambleas democráticas discutan sobre la conveniencia de  participar o no en el siguiente proceso electoral, y elijan democráticamente a los delegados deben asistir a esa magna asamblea del FNRP el próximo 26 de Febrero. El futuro político del país se decidirá en ese evento, por ello se debe garantizar la democracia interna.

Por Gerson de la Rosa

El día miércoles 12 de enero del presente año, los diputados del Congreso Nacional han aprobado reformas al artículo 5 de la Constitución de Honduras. La acción emprendida por el gobierno ilegitimo de Porfirio Lobo Sosa ha levantado una serie de reacciones dentro de la sociedad hondureña; como habría de esperarse los sectores más conservadores se han pronunciado en contra de la misma, por otra parte, sectores más progresistas observan la acción como positiva para abrirle paso a nuevas reformas o a una nueva Constitución. Precisamente esas son las reacciones que esperan los golpistas, pero no debemos olvidar que las reformas maquilladas son una de las tantas trampas impuestas por la oligarquía y la burguesía que emprendió el golpe de Estado a una sociedad que ha reclamado la refundación nacional a través de la instalación de una asamblea nacional Constituyente.

Pretenden robarnos las banderas de lucha

En diversas ocasiones hemos manifestado que una de las causas fundamentales del golpe de Estado en contra del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales era prevenir la reforma a la Constitución para su posterior reelección, es decir, que el golpe era de carácter preventivo para evitar la reformas emprendidas por Zelaya y de esa manera asegurar el estatus quo y la alternabilidad en el ejercicio del poder por parte del partido liberal y su contraparte el partido nacional.

Las intensas movilizaciones y la destabilización del régimen han sido una de las principales preocupaciones de los sectores oligárquicos, por lo que emprender reformas desde la cúpula sin el consentimiento del pueblo ha sido una de sus orientaciones políticas. Los ejes principales de la población en resistencia era la refundación a través de una nueva Constitución, sin embargo, no es lo mismo lograr una modificación radical del régimen a través de un proceso de movilización permanente y de insurrección popular que introducir algunas modificaciones emprendidas y diseñadas por los mismos golpistas al régimen democrático burgués.

Existen diferencias diametralmente opuestas, la primera es modificar las estructuras del sistema político por un sistema diseñado por las mayorías, en una palabra: es cambiar las estructuras actuales por un modelo político incluyente y participativo. Lo otro, es introducir algunos cambios para logar la existencia del actual sistema. Algunos pueden decir, los cambios son buenos y necesarios, y es cierto, no nos oponemos, pero cuando los cambios no significan una mejoría para las mayorías debemos alertar sobre la trampa impuesta.

La reforma al artículo 5 no es un hecho aislado, responde a una estrategia muy bien diseñada por la oligarquía y la burguesía nacional. Al retomar las banderas de la resistencia ganan en imagen y recuperan la credibilidad perdida tras el golpe de Estado y las intensas violaciones a los derechos humanos. El régimen ilegitimo de Porfirio Lobo requiere maquillar y darle otra cara a su gobierno, es por ello que se publicita como el gobierno de unidad y de reconciliación nacional, el que impulsa el fortalecimiento a la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos, él que aboga por el retorno de Zelaya y la convivencia de clases. No obstante, no debemos olvidar que Porfirio Lobo fue el que junto a su bancada avalo el golpe de Estado, esto más, que ha estado detrás de los secuestros y asesinatos de líderes gremiales y sindicales. Sin dejar a un lado el presente inmediato, el que asesta golpes contra los trabajadores, medidas fiscales contra el pueblo e introduce la desindexación del salario mínimo en contra de los trabajadores de la educación y la salud. Lo cierto es, que las reformas no aseguran un cambio radical en el régimen y mucho menos en la realidad social del pueblo de Honduras.

Un pequeño análisis de la reforma

El ARTÍCULO 5 reformado manifiesta lo siguiente: El gobierno del Estado debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, la estabilidad política y la paz social.

Para fortalecer la democracia participativa se instituyen como mecanismos de participación popular, el referéndum y el plebiscito. El referéndum y el plebiscito podrán hacerse a nivel municipal, subregional, regional, departamental y nacional.

Tienen iniciativa para convocar a plebiscito o referéndum:

1)Al menos diez 10 Diputados del Congreso Nacional. 2)  El Presidente de la República en resolución de Consejo de Secretarios de Estado, y; 3)  Al menos el dos por ciento (2%) de los ciudadanos, inscritos en el Censo Nacional Electoral.

Corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral dirigir las consultas a los ciudadanos.

Como podemos observar, se introduce la figura del plebiscito y el referéndum como mecanismos de consulta, sin embargo la institución encargada del mismo es el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, son los mismos golpistas que introducirán las modificaciones, dado que al final ellos imponen la manera y la forma en que se desarrollarán las consultas. Por otro lado, nadie puede asegurar procesos transparentes, si se atrevieron a violentar el modelo democrático y ultrajar la misma Constitución que ellos mismo edificaron, como asegurar honestidad y procesos transparentes. De igual forma, son los mismos diputados golpistas junto al Presidente de la República los que pueden proponer la consulta, resulta evidente que un gran porcentaje de la población hondureña no impondrá ninguna agenda, habrá que ver cuales son las trabas que impone el Tribunal Supremo Electoral para la convocatoria del Plebiscito o referéndum.

Fracciones y pugnas interburguesas

Como podemos observar, las reformas fueron aprobadas con algunas contradicciones entre las distintas fracciones o tendencias del partido nacional y liberal. El ex presidente del Congreso Nacional durante el gobierno ilegitimo de Roberto Michelleti, “…José Alfredo Saavedra, reiteró que la bancada del Partido Liberal, a excepción de tres diputados, votarán contra las reformas a la Constitución de Honduras que pretendan trastocar los artículos pétreos.”[1] De igual manera señalo: “..estamos con un sí a la reforma del contenido del artículo 5 para volver flexible el plebiscito y referéndum en contra total de atentar contra los artículos pétreos, sobre todo en función del tema de la reelección presidencial porque consideramos(...) que en definitiva, los temas nacionales que necesitan la atención de todos, es la extrema pobreza, la inseguridad, problemas educativos, problemas migratorios y sobre todo la falta de generación de empleo".[2]

En esa dirección, dentro del mismo partido nacional, por cierto quien ha impulsado la reforma ha mostrado desacuerdos y diferencias en cuanto a la reforma. Las diferencias en el nacionalismo frente a la reforma del artículo 5 de la Constitución son cada vez más evidentes, según revelaciones del presidente del Comité Central del Partido Nacional el Alcalde golpista Ricardo Álvarez. “En la moción del Partido Nacional se manifiesta un irrestricto apoyo a la reforma del artículo 5 para que el plebiscito y el referéndum sean convertidos en figuras más fuertes para que la gente tenga oportunidad de opinar sobre más temas. Pero según Álvarez, la base del nacionalismo no respalda que esas figuras permitan modificar artículos pétreos para aprobar la reelección presidencial.”[3]

Para evidenciar las diferencias y las contradicciones entre los distintos grupos de poder el Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández “…aseveró que en el Congreso "no hay voluntad" para aprobar la reelección, según consultas que ha hecho con parlamentarios de los diferentes partidos que componen el Legislativo.”[4]

La reforma al artículo Nº 5 de la Constitución de la República generó una serie de opiniones, algunas individuales y otras de carácter institucional. Varios diputados del Congreso Nacional expusieron su posición, que no precisamente coincidió con la línea política del partido al cual pertenecen. Lo anterior evidencia la necesidad de no modificar el artículo 374 de la Constitución, el cual aprobaría  la reelección presidencial. La avaricia de poder y de control económico de la burguesía se manifiesta en las distintas reacciones de sus distintos agentes; tanto Juan Orlando Hernández como Ricardo Álvarez tienen aspiraciones de ser Presidentes de la nación, o las distintas reacciones de los diputados liberales es congruente con la forma de gobierno impuesta por la Constituyente de 1982, ya que una posible reelección suprimiría la alternabilidad en el ejercicio del poder político y del control económico del erario público. No es casual que Germán Leitzelar haya manifestado que los pétreos son intocables y que cualquier reforma al artículo 5 en ningún momento implica una reforma al artículo 374.

La movilización el camino de la refundación

Este panorama de contradicciones  ha generado mucha confusión, es muy probable que diversos sectores de la sociedad hondureña miren de buena manera la reforma, sin embargo es nuestra obligación manifestarles que las acciones emprendidas son una de las tantas trampas tendidas por los golpistas. El régimen de Porfirio Lobo no es progresista ni de naturaleza distinta que al de Michelleti. Los mecanismos emprendidos buscan confundir y tender una cortina de humo sobre su verdadera esencia; solo la movilización permanente nos garantizará los verdaderos cambios, es decir las transformaciones que requiere la sociedad hondureña.

[1] http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/01/12/Noticias/CN-aprobo-reformas-a-Constitucion-de-Honduras?nomobile=1 (con acceso el 13 de enero de 2011)

[2] Ibidem,

[3] http://www.elheraldo.hn/Al%20Frente/Ediciones/2011/01/13/Noticias/Juguemos-limpio-pide-Ricardo-Alvarez (con acceso el 13 de enero de 2011)

[4] http://www.elheraldo.hn/Al%20Frente/Ediciones/2011/01/11/Noticias/Reforma-no-es-para-beneficiar-a-alguien-con-la-reeleccion-Juan-Orlando-Hernandez (Con acceso el 13 de enero de 2011)

Por Maximiliano Fuentes

Durante el mes de diciembre del año 2010, se practicaron las primeras audiencias en los tribunales de Honduras por los delitos de corrupción en contra del Ex Presidente Manuel Zelaya Rosales. Previo a iniciar el asueto por las fiestas navideñas y de fin de año, la Corte Suprema de Justicia nombró al Juez Claudio Aguilar para que turnara y emitiera sentencia por la casos imputados por el Ministerio Público al Ex mandatario. Durante ese espacio, “el juez Claudio Aguilar admitió la solicitud de la PGR de nombrar defensores públicos para la defensa de Zelaya. Igualmente permitió la solicitud de personamiento hecha mediante un escrito ante los Juzgados de lo Penal. En el documento legal, la Procuraduría pide que se les permita estar presente en los juicios en contra del depuesto presidente. Además, solicitaron el nombramiento de abogados que se encargarían de la defensa de Manuel Zelaya Rosales.”[1]

La acusación fue interpuesta por el Ministerio Público desde el  año 2009, los delitos imputados ascendían en un primer momento a 18, entre los que se diferenciaban delitos de orden político de los delitos comunes. Ante la amnistía por los delitos políticos emitida por el Congreso Nacional en enero del año anterior, por cierto  medida de protección de los golpistas y sus lacayos, ahora tan solo les queda levantar acusaciones por los delitos de corrupción en contra del Ex Presidente, por cierto, a nuestro juicio es una hábil maniobra para dilatar el retorno de Zelaya.

Por ahora, “el ex presidente tiene dos acusaciones en los tribunales de justicia, una es por extraer de Casa Presidencial la cantidad de 27 millones de lempiras. La segunda acusación es por la malversación de 30 millones de lempiras que se encontraban en el presupuesto del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Los delitos por los que se le acusa y tiene orden de captura es por malversación de caudales públicos, fraude y falsificación de documentos públicos.”[2].

El descaro de los golpistas

Las mismas personas e instituciones que avalaron y apoyaron incondicionalmente el golpe de Estado y por consecuencia el gobierno espurio de Roberto Michelleti, ahora son los principales defensores del Estado de derecho, la constitución y sus leyes. Lo paradójico de todo, es que la misma institución del Estado que avaló el golpe de Estado el pasado 28 de junio de 2009 y  que se hizo de la vista gorda ante la profunda violación a los derechos humanos sea la defensora de la democracia y la justicia. El falso nacionalismo de los golpistas esta íntimamente relacionado con su orientación política, que pasa por mantener alejado a Zelaya de las masas ante el profundo temor de una nueva radicalización. Los golpistas no le temen a Zelaya, sino a la reacción que pueda ocasionar su llegada; es por ello que pretender darle largas al proceso, a modo de mantener a Zelaya aislado de cualquier proceso de movilización. No es casual que la derecha representada en la Unión Cívica Democrática (UCD) haya presentado un documento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las implicaciones de absolver al Ex mandatario. Este documento manifiesta que “….si el Juez de la causa dicta la nulidad de los juicios o sobresee los mismos a favor de Zelaya, además de convalidar las declaraciones del Presidente Lobo, estaría admitiendo que Honduras no es un Estado de derecho ni una República libre, democrática e independiente, que por el contrario, cualquier gobierno totalitario y antidemocrático como los asociados en la ALBA o cualquier organización prostituida como la OEA, pueden intervenir libre e impunemente en nuestros asuntos internos, y además, que en nuestro país el Poder Judicial está supeditado al Poder Ejecutivo.”[3]

Maniobras sin sustento

Hemos manifestado que los juicios entablados por el Estado de Honduras en contra del Ex mandatario José Manuel Zelaya Rosales responden a la orientación política del régimen de mantenerlo aislado de las masas ante una posible radicalización. El escenario montado por los golpistas se presenta inconsistente y arbitrario, no es casual que el proceso desde sus inicios presente una enorme cantidad de vicios procesales. En primer lugar, Manuel  Zelaya jamás ha tenido la oportunidad de defenderse durante la investigación preliminar para descargar medios de defensa y prueba; además de ello los fiscales presentan requerimientos fiscales violando la ley del Ministerio Público que señala que el Fiscal debe conocer los cargos y descargos en la etapa administrativa antes de entablar proceso formal.

Para arremeter, el MP ordena diligencias cuando el Ex Presidente no era prófugo y le nombran defensores sin su debido consentimiento. Por otro lado, los golpistas se absuelven de sus delitos, el dictador Michelleti goza de sus derechos políticos y civiles, aún cuando violento la forma de gobierno y los derechos fundamentales. Romeo Vásquez Velásquez, el Fiscal General de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia son funcionaros del Estado cuando deberían de haber sido procesados al igual que Michelleti y su gabinete de gobierno por crimines de lesa humanidad. En la historia política reciente, ningún Presidente de la República ha sido encarcelado por delitos de corrupción o de otra naturaleza, prueba de ello son las diferentes sentencias a favor al Ex mandatario Rafael Leonardo Callejas cuando fue absuelto por los diferentes delitos de corrupción que se le imputaron.

Para nosotros los juicios entablados en contra del gobernante defenestrado por un golpe de Estado es una maniobra política del régimen para mantenerlo aislado y dejarle sin fuerzas, por otro lado, los golpistas, asesinos y violadores no tienen la altura moral para emprender ningún proceso judicial o político, al contrario deben ser fuertemente castigados por los crimines cometidos contra el pueblo de Honduras. Debemos de ser los trabajadores y campesinos los que debemos de aplicar la justicia, las instituciones que emprendieron el golpe de Estado y la violación profunda de los derechos humanos no deben iniciar ningún proceso judicial contra el Ex mandatario Zelaya, en dado caso deben ser los mismos trabajadores o el mismo Frente Nacional de Resistencia quien debe de castigar a Zelaya, en caso de encontrarle culpable de algún delito de corrupción o de cualquier otro tipo. Para nosotros el ex mandatario puede ingresar al país y gozar de sus derechos políticos y civiles, es más debe de abogar a través de sus acciones a que los diferentes delitos cometidos por los golpistas no queden en la impunidad, cualquier desviación o acuerdo entablado con los golpistas podrá ser considerado como traición.

La culpa de Zelaya

En plena lucha contra el golpe de Estado manifestamos que de no revertir el golpe de Estado a través de la lucha popular el gobernante corría el riesgo de mantenerse en el exilio eterno. A casi un año de su exilio forzado a la República Dominicana, los hechos parecieran darnos la razón. A nuestra mirada, Zelaya fue uno de las principales trabas para el triunfo político de la resistencia, sobre todo por confiar en el proceso del dialogo y la intervención externa, y no en la capacidad de lucha revolucionaria de las masas; por ello, hoy en día se imposibilita su retorno. Pese a las distintas presiones del gobierno ilegitimo por parte de la comunidad internacional pareciese que la dinámica es dilatar y mantener al pueblo en resistencia sin uno de sus iconos. Es por todo lo anterior, que el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a las organizaciones obreras, gremiales, estudiantiles y al Frente Nacional de Resistencia a no confiar en la justicia de los golpistas y mucho menos en sus instituciones, sobre todo en un momento donde se pretenden introducir reformas constitucionales para introducir “consultas populares” como el referéndum y el plebiscito. Solo la movilización permanente y nuestras propias fuerzas las que harán los verdaderos cambios de la sociedad hondureña.

[1] http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/12/20/Noticias/A-ultima-hora-incluyen-en-turnos-a-juez-que-conoce-casos-de-Mel-Zelaya (con acceso el 09 de enero de 2011)

[2] Ibídem

[3] http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/12/20/Noticias/Documento-de-UCD-entregado-a-la-CSJ-por-juicio-a-Manuel-Zelaya (Con acceso el 11 de enero de 2011)