Por Oliverio Mejía

El 14 de abril de 1920, en la denominada “Semana Trágica”, una heterogénea fuerza de distintos sectores civiles y militares derrocaba al dictador José Manuel Estrada Cabrera, tras una serie de enfrentamientos con las fuerzas represivas leales a la dictadura, instaurando una serie de gobiernos de apariencia democrática hasta la instauración de otra dictadura, la de Jorge Ubico, en 1931.

Los antecedentes

Estrada Cabrera, conocido como Racaraca, fue un abogado formado en el Partido Liberal, que instauró un régimen político oligárquico desde 1871. Fue funcionario de los gobiernos de Justo Rufino Barrios, quien gobernaba desde 1873, así como del gobierno de José María Reina Barrios, siendo secretario de éste en la cartera de gobernación y justicia. Estos gobiernos, producto de la reforma liberal de 1871, rompieron con el orden instaurado por los conservadores y el gobierno Rafael Carrera en 1838 y modificaron el modelo económico, insertando a Guatemala en la división imperialista del trabajo.

Los liberales se caracterizaron por expropiar tierras de la iglesia y las órdenes católicas, así como de las comunidades indígenas (pilares del régimen conservador), cuyos ejidos se privatizaron, quedando algunos en mano de las municipalidades, pero la mayoría en manos de particulares. El objetivo de esto fue acelerar el cultivo de café, con el cual se buscaba competir en los mercados internacionales ante lo cotizado de este producto.

Esto agilizó el proceso de acumulación capitalista -durante los gobierno conservadores habían preservado las formas coloniales de producción-, lo que implicó un verdadero calvario para los pueblos mayas, convirtiéndose en un despojo más, porque además de la expropiación de los ejidos en manos de los denominados ladinos, implicó un sistema para garantizar el trabajo indígena en las fincas cafeteras de la Boca Costa del Pacifico, bajo formas laborales serviles pre capitalistas, así como para mantener fincas de mozos en la región occidental, que en cierta parte del año se volvían jornaleros. A éstos se les adelantaba parte de su salario endeudándolos, y obligándoles así a trabajar en la época de cultivo y de corte en las fincas del sur del país.

Surgió la figura del ladino que, producto del mestizaje entre indígena y europeo, fueron ubicándose por fuera de los llamados Pueblos de Indios de la época colonial. Con apoyo de las autoridades gubernamentales liberales, los ladinos se fueron apropiando de las tierras comunales, convirtiéndose en el sujeto dominante de la época liberal, que por medio de la expropiación fue adquiriendo propiedades comunales. Para sostener esta forma de producción, se instauraron dictaduras como la de Rufino Barrios y Reina Barrios, así como se formó un ejército profesional.

En 1897 se generó un golpe de Estado cívico-militar conocido como la revolución quetzalteca, porque sus instigadores provenían de la ciudad de Quetzaltenango, ante el intento de Reina Barrios de relegirse, hecho que violaba la Constitución de 1871, convocando a una nueva Asamblea Constituyente para eso. Para detenerlo, este movimiento asesinó al dictador; se ha comentado si Estrada Cabrera participó en la conspiración, pero lo cierto es que la aprovechó, pues había sido designado presidencial anteriormente, y, aunque no era ya parte de ese gobierno, logró que el consejo de ministros lo designara presidente provisional. Una de sus primeras acciones fue decretar amnistía a los participantes de la revolución quetzalteca.

La dictadura de Estrada Cabrera

En 1898 Cabrera convoca a elecciones donde participan otros tres candidatos; recordemos que en estas elecciones no participaba la mayoría de la población, sino solo los hombres que podían acreditar propiedades. En estas los opositores denunciaron persecución política, así como el hecho que los partidarios de Cabrera y personal militar cercano a éste, votaron varias veces. La entronización de este abanderado de la Unión Liberal fue tan evidente, que al terminar el evento electoral los otros tres candidatos, dos liberales disidentes y uno del Partido Conservador, tuvieron que huir al exilio.

Su gobierno se caracterizó por una clara restricción de los derechos y las libertades básicas, continuando con la tradición liberal de encabezar dictaduras con asambleas legislativas supeditadas al dictador. Así, el descontento se hizo patente, pues tan solo en los primeros dos años de su gobierno hubo dos rebeliones militares e intentos de invasión de parte de liberales opuestos a Racaraca. Otro ejemplo fue prohibir la recientemente inaugurada Huelga de Todos los Dolores, un desfile bufo de sátira política protagonizada por estudiantes universitarios.

Su dictadura se caracterizó por relegirse, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, por tres periodos, 1905, 1911 y en 1917, en elecciones fraudulentas, llegando al grado del ridículo que la cantidad de votantes era mayor que la población guatemalteca de esta época, además con el agravante de que eran antidemocráticas como ya se mencionó más arriba.

En 1901 hubo un amague de guerra con El Salvador, gobernado por Tomas Regalado, por el intento de hegemonizar una unión centroamericana a la fuerza. En 1906 hubo otro intento de invasión de exiliados liberales desde México, en 1907 Cabrera sufrió un atentado terrorista por anarquistas guatemaltecos (los hermanos Echeverria, una familia acomodada). En 1908 un grupo de cadetes, aprovechando las procesiones de semana santa, donde estos iban a participar, ideó un golpe de Estado que fue rápidamente desarticulado. Ese mismo año un cadete, en venganza por el destino de sus compañeros, le disparó a quemarropa, pero, salvándose el dictador, reaccionó fusilando a la compañía de cadetes y disolviendo la Escuela Militar.

Otra característica de su gobierno fue el entreguismo a los intereses imperialistas; por un lado la continuación del despojo de tierras comunales a poblaciones indígenas entregando tierras a emigrados alemanes y belgas en menor medida, para cultivar café en la región de Las Verapaces en el norte del país, que lograron generar una alta productividad, a diferencia de las fincas de la Boca Costa. Por otro lado, en su gobierno inició la concesión de tierras en el departamento de Izabal, en el Atlántico, a empresas productoras de banano de capital gringo, que, en la segunda década del siglo anterior, se concentró en la tristemente célebre United Fruit Company, con presencia en toda la costa Atlántica centroamericana. Se otorgó el derecho a construir una línea de ferrocarriles hasta Puerto Barrios en ese océano a esta empresa, dando origen a la Internacional Railways of Central America y así como brindar energía eléctrica en la ciudad capital a una empresa también de capital estadunidense.

El derrocamiento del dictador Estrada Cabrera

El declive de Estrada Cabrera vino a raíz del terremoto del 17 de noviembre de 1917, que afectó gravemente la ciudad capital y las ciudades del centro del país, así como a raíz de la entrada al territorio de la llamada fiebre española, la primera pandemia globalizada, en parte debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

Recordemos que a nivel mundial, tras finalizar la Primera Guerra, y como consecuencia de la revolución bolchevique en la Rusia zarista, se instauró la primera revolución socialista, sucediéndose en varias partes del globo revoluciones sociales y políticas; además más cerca del país, se vivía la revolución mexicana, que había derrocado a Porfirio Diaz, un dictador de las mismas características, pero que para ese momento se consolidaban las facciones burguesas dirigidas por los constitucionalistas de Venustiano Carranza en el vecino país.

Todos estos hechos políticos y naturales, repercutieron en el ánimo de las masas cansadas del servilismo, la represión, el despotismo de Estrada Cabrera, que como se dijo, se había religado una cuarta vez en 1917, generando mucha oposición. Además, la naciente clase obrera, que en su mayoría eran trabajadores artesanales y de una que otra industria, como la de Textiles en Cantel o la de cerveza en la capital, que en 1917 había protagonizado una huelga por mejoras salariales, y en 1919 contaba con 39 organizaciones obreras.

Por otro lado, círculos democráticos de la pequeña burguesía y de antiguas familias aristocráticas conservadoras venidas a menos, también exigían derechos democráticos, las cuales, junto al Comité Patriótico de Obreros formaron el Partido Unionista (PU) bajo un derrotero progresista y centroamericanista. Un sector fuerte de esto eran los estudiantes de la universidad pública, cuyo nombre Estrada Cabrera había cambiado, bautizándola con el suyo propio; en los universitarios se reflejaban las reformas de Córdoba, exigiendo una transformación democrática al interior y la autonomía para la universidad, demanda que se mantuvo durante toda la década posterior. Así se fueron generando Círculos Unionistas en las principales cabeceras y la Ciudad de Guatemala.

Por su parte, la Asamblea Constituyente legalizaría el 11 de marzo el PU, el cual convocó a una movilización que concitó el apoyo de toda la población de la capital, la cual fue respondida por disparos de elementos de la policía secreta, mas no así del ejército. El ocho de abril, en parte por la presión del gobierno de Carranza y el de Woodrow Wilson, la Asamblea Constituyente declaró mentalmente incapacitado a Cabrera, rompiéndose así el bloque cabrerista y estableciendo una alianza con los unionistas. Ese órgano eligió a Carlos Herrera, un conservador, como presidente.

El 8 y el 14 de abril de 1920 sucedió lo que la historiografía ha denominado como la Semana Trágica. Ante la negativa de Cabrera de renunciar, éste se refugia en su residencia en La Palma, y con el apoyo de los cuarteles de Matamoros y San José, atacó la base de los Unionistas en la finca El Zapote. Sin embargo, la población organizó barricadas y puestos de control en toda la ciudad, sucediendo una batalla cruenta con una gran cantidad de muertos y con el apoyo de soldados insurrectos que hicieron sublevar a Matamoros, y obligaron a los cabreristas reducidos en San José a rendirse. Así, Cabrera renunció y salió hacia México, mientras varios esbirros de la dictadura fueron linchados en las plazas públicas del país.

El gobierno de Herrera fue débil y asumió cierto discurso nacionalista, negándose a firmar la prórroga a contratos con empresas norteamericanas; por su parte, el Unionismo se desintegró por la incompatibilidad de intereses entre sectores burgueses y obreros; estos últimos aprendieron la lección, formando su propio partido, el Partido Comunista Centroamericano, matriz de los partidos comunistas iniciales en Guatemala, EL Salvador y Honduras y que se adhirió a la Internacional Comunista.

El gobierno de Herrera fue depuesto el 5 de diciembre por un golpe de Estado orquestado por la embajada gringa, imponiendo a un títere de ésta, José María Orellana.

Por Evelyn Ajpop López y Manuela Castro

Escribimos estas líneas desde Santa Cruz del Quiché, en donde el 31 de enero del presente año se conmemoró en un acto público la Matanza de la embajada de España del 31 de enero de 1980. En el parque central, mujeres ajq’ij ofrendaron una ceremonia maya por los hermanos campesinos, en su mayoría originarios del departamento del Quiché, que ocuparon pacíficamente la Embajada española, con la manta: «Ejército asesino fuera del Quiché» y como respuesta fueron quemados vivos junto a estudiantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robín García, FERG.

Asimismo, se colocaron imágenes de hemeroteca y fotografías de campesinos que venían de Uspantán y la región Ixil, que junto a la primera generación de lideres y lideresas del Comité de Unidad Campesina del sur de Quiché, acompañaron esta toma pacifica, en los momentos más álgidos de la guerra. En honor a ellos, las fotografías fueron ornamentadas con claveles rojos, pino verde y se colocó la consigna: ¡PORQUE EL COLOR DE LA SANGRE JAMÁS SE OLVIDA!

Esta actividad fue promovida en el marco de la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché —ADMQ—. Frente al edifico conocido como Torre de Gobernación, símbolo del triunfo del Estado finquero en la cabecera municipal, una torre de piedra, poco creativa y copiada de la arquitectura occidental. Fue inaugurada «con motivo del segundo aniversario de la toma de posesión del presidente José María Reina Barrios, en 1894», construida con piedras extraída de Q’umarkaj, después de su destrucción y de la «cantera que existió en el caserío de Xesic» [1]. En este sitio, María Toj Medrano, originaria de Xesic, realizó una reseña histórica, donde recordó a su compañero de trabajo Mateo López Calvo, de Cucabaj, «como formador de formadores» en los inicios del Comité de Unidad Campesina, CUC, que sale a luz pública el 15 de abril de 1978 [2].

En febrero de 1980, tan sólo dos semanas después de la Quema de la embajada de España, surgieron dos acontecimientos emblemáticos de la rebelión indígena: La Declaración de Iximché y la Huelga de «miles de machetes en alto como banderas» de la Costa Sur [3]. Estos tres acontecimientos: Quema de la embajada, Declaración de Iximché y Huelga de la Costa Sur, interrelacionados, sostenían demandas claras y contundentes contra los gobernantes dictatoriales y los «ricachones» de Guatemala.

La ADMQ, a través de su programa radial Chujk’astajoq («El despertar del pueblo», en castellano), profundizó estos acontecimientos y sus lecciones en presente. En el primer programa participo María Toj Medrano, y en el segundo Sergio Palencia Frener [4]. En estos dos programas se planteó una solución de continuidad que explica los momentos de rebelión y porqué el departamento de Quiché tuviera la carga más alta de represión del Estado contrainsurgente durante la guerra civil en Guatemala [1960-1996].

Sergio Palencia plantea que los 36 años de guerra no fueron homogéneos, y que en el año de 1980 «se cuestiona el orden finquero». Esta reorganización estatal, surge 100 años antes de estos tres acontecimientos, con la imposición a sangre y fuego de las Reformas Liberales de 1871. Con ello se estructura el Ejército y se legisla para despojar a las comunidades indígenas de sus tierras (comunales y ejidales), en el Altiplano, Costa Sur y la Boca Costa. Despojados de sus tierras son coaccionados como fuerza de trabajo destinada al circuito económico de la producción del café, luego al algodón y las plantaciones de banano.

Paralelamente, las reformas liberales construyeron el Estado-nación, la guatemaltequidad, esa forma en que nos imaginamos la nación hoy en día, con sus símbolos patrios, la bandera y sus monumentos. Como señalamos, la Torre de Gobernación de Santa Cruz del Quiché, se inaugura durante el gobierno de José María Reina Barrios, también durante su gobierno se inaugura la Avenida Reforma, una avenida que conmemora el triunfo liberal y el sometimiento de las comunidades indígenas.

El general Reina Barrios cuenta con su estatua ecuestre, cueste lo que cueste, porque la creación de la Avenida Reforma conllevó una crisis económica en el país. Esta estatua, símbolo del caudillismo y del Estado finquero, fue cercenada por la indignación popular, en otra conmemoración, la del 12 de octubre de 2021, que celebra la llegada de Cristóbal Colon al continente americano.  En su editorial del 3 de marzo de 2023, elPeriódico, señaló como «actos vandálicos» y «movidos por la ignorancia y la ceguera ideológica» esta indignación, reproduciendo una actitud racista e insultante hacia los pueblos indígenas, al señalarlos de ignorantes de su propia historia.

Sin embargo, la «Declaración de Iximché», escrita desde la antigua ciudad maya de Iximché, hace un recorrido por los agravios desde la llegada de Cristóbal Colon hasta la Matanza de la embajada de España, manifestando una profunda autoconciencia de los pueblos indígenas sobre su propia historia, que les permite no permanecer en silencio ante el uso brutal del terror estatal. La Declaración de Iximché es una crítica contra la finca y su sistema de dominación; señala la contradicción que supone que los indígenas del Altiplano viajasen hacía la Costa Sur en busca de mejorar sus condiciones de vida y regresaban con deudas.

María Toj Medrano comentó en el programa radial que una esperanza ante el orden finquero y la posibilidad de recuperar sus tierras ancestrales se vio con la aparición de la Reforma Agraria arbencista, pero esta esperanza murió con la contrarrevolución de 1954. Además de que los caudillos locales, Casimiro Gutiérrez Blanco, en el caso de Santa Cruz del Quiché, entorpecieron este proceso con artilugios legales o imponiendo a otros campesinos a disputar las mismas tierras. Fue el Decreto 900, lo que «le costó la salida al presidente Jacobo Árbenz», en opinión de María Toj Medrano.

Para los obreros agroindustriales y el campesino con poca o nula tierra, era latente que, a mayor enriquecimiento de las fincas, mayor pobreza los históricamente desposeídos. Es en este contexto que emergen las primeras protestas en la Costa Sur y el Altiplano, como la Huelga del Ingenio Pantaleón (mayo de 1976) o la marcha de los mineros de Ixtlahuacán (noviembre de 1977), entre otras. La singularidad de la gran Huelga de la Costa Sur es la capacidad de articulación entre las distintas modalidades de trabajo y fincas. Primero se detienen pocos rabajadores del corte de caña, luego llegan a 700 los que acuerpan al primer grupo. Después «el fuego se corre, como corre en la caña seca» a otras fincas. Y los que están en paro toman las carreteras para que no pase la caña de otras fincas, hasta paralizar más fincas, ahora también de café y algodón, estableciendo no únicamente una alianza entre las modalidades existentes de trabajo, sino la alianza obrera-campesina.

Lo cual nos deja importantes lecciones sobre la articulación. María Toj Medrano; señala que, ante el paso de una represión selectiva a una represión más generalizada, «lo que nos quedaba era la unidad y solidaridad», por se organizó la toma pacifica de la Embajada de España, pensando que, siendo una entidad internacional, el Estado no sería capaz de hacer lo que hacía en el interior del Quiché y para que los pueblos del mundo se solidarizarán con la causa: «Los compañeros iban preparados para varios días, con el objetivo de solicitar una comisión internacional que fuera a verificar lo que estaba sucediendo en el norte del Quiché, como dice la consigna íbamos tras la vida».

Cabe destacar que durante los años setenta se incrementa la organización social y las alianzas entre trabajadores rurales, urbanos y estudiantes organizados; marcando una tendencia insurreccional con las movilizaciones revolucionarias en toda Centroamérica, contra regímenes represivos y dictatoriales. Actualmente, 43 años después, el neoliberalismo ha generado un modelo basado en salarios bajos, sin prestaciones laborales, en informalidad, subempleo y desempleo para toda la clase trabajadora sin importar su origen étnico.

Las conmemoraciones, buscan contribuir en la comprensión de los acontecimientos históricos de Guatemala. Como mencionaba la canción en esos momentos: «en el pueblo del Quiché se está librando la guerra, en defensa de la tierra y el pan para no morir» [6] y ahora también, en defensa de la memoria histórica. De esta manera, acontecimientos que se mantienen en una memoria subterránea, cada vez más ocupan espacios en debates públicos locales.

Estas conmemoraciones públicas incorporan «el orgullo de haber tenido la valentía de enfrentar a los ricos y su estado racista y discriminador» [7], gracias a que comienza a surgir debates sobre memoria local y por los testimonios que reivindican la participación indígena consciente y activa. Con ello se van refutando las versiones académicas de «los dos fuegos» [8] o de indígenas manipulados, apolíticos e ignorantes. Esto mantiene viva la memoria y el diálogo respecto a conmemoraciones que hasta ahora se han centralizado en la ciudad de Guatemala. Naturalmente irán surgiendo nuevas preguntas y replanteamientos de las generaciones venideras de Santa Cruz del Quiché, que demandan respuestas a estas inquietudes y buscan reflexionar sobre estas experiencias para construir un mejor futuro.

Notas:

1. Cfr: https://www.sicultura.gob.gt/directory-directorio_c/listing/torre-de-piedra/. La Torre de gobernación fue decretada Patrimonio Cultural, según resolución No. AJ 102-2007. La estatua del presidente Reina Barrios fue derribada el 12 de octubre de 2021, en la ciudad capital.

2. La reseña fue transmita vía Facebook Live y puede verse en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/CUCquiche/videos/496769105945764

3. La imagen de miles de machetes en altos como banderas es de Cindy Foster. Forster, C. (2011). «‘Miles de machetes en alto’: Las luchas campesinas de la costa sur en el surgimiento de la revolución guatemalteca, 1970–1980». En: Guatemala, la infinita historia de las resistencias, 573-613.

4. Ambos programas pueden verse en los siguientes enlaces. «A 43 años de la masacre en la Embajada de España». (facebook.com/100085349205168/videos/551372106954004).

5. Editorial: «libre el acusado de decapitar a Reyna Barrios» (sic). Diario elPeriódico, 3 de marzo de 2023. Resulta curioso y contradictoria esta postura, sobre todo, ante sus actuales demandas de libertar de prensa ante el caso del periodista Rubén Zamora.

6. Canción «Pueblo Quiché», de Kin Lalat.

7. Véase el comunicado por el «Día de la dignificación de las víctimas de la guerra», publicado por la comunidad Primavera del Ixcán. 25 de febrero de 2023.

8. Fundamentales en la obra Yvon Le Bot y David Stoll, pero normalizadas por la prensa derechistas y los aparatos ideológicos del Estado.

Por Olmedo Beluche

Treinta tantos años atrás, cuando Estados Unidos invadió Panamá, el mundo vivía una coyuntura histórica de cambio de signo político; la Guerra Fría agonizaba, aunque no nos dábamos cuenta. Semanas antes habían empezado en Europa Oriental y la República Democrática Alemana las movilizaciones que culminaron con la caída del Muro de Berlín y, meses después, con la desaparición de la Unión Soviética y el llamado Bloque Socialista. 

Aunque no éramos conscientes de ello, se estaba produciendo una derrota social y económica para la clase trabajadora mundial, gracias por causa del modelo neoliberal; y una derrota ideológica y política para el movimiento comunista, la cual se hizo extensiva a todos los proyectos de “izquierda”. Una derrota relativa, por supuesto, pero derrota, al fin y al cabo. 

No vimos venir la nueva coyuntura. Tan es así que la revista internacional de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI) editorializó, en diciembre de 1989, que una invasión a Panamá era imposible. 

Influidos por esos criterios erróneos, la noche del 19 de diciembre, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Panamá estuvo reunido hasta tarde analizando los informes sobre una posible invasión, pero se descartó la idea. Nos despedimos hasta el año nuevo. Poco después de llegar a nuestras casas las bombas despejaron todas las dudas.

La época de los Acuerdos de Paz en Centroamérica

La coyuntura 1989-90 también implicó un cambio de época en Centroamérica. Veníamos de 20 años de guerras civiles contra las dictaduras militares apoyadas por el Pentágono, cuyo cénit fue la victoria de la Revolución Sandinista en 1979, que abrió diez años a un gobierno del FSLN presidido por Daniel Ortega y los 9 comandantes. Aunque esa revolución fue sitiada, como todas, y agredida por Estados Unidos (recordemos el escándalo Irán-Contras), su triunfo dio impulso a los procesos revolucionarios en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Sin embargo, contra todo pronóstico, aquel diciembre de 1989 se gestaba una nueva fase que inició con una gran ofensiva militar del FMLN en San Salvador, la cual terminaría no con la victoria tan esperada, sino en una mesa de negociaciones que puso fin a la guerra e incorporó a los exguerrilleros a la política nacional, por supuesto, sin que se cumpliera ninguno de los objetivos políticos y sociales que habían guiado la lucha armada. 

Los Acuerdos de Paz se extendieron a Guatemala también y abrieron una época de 20 años de estabilidad política basada en gobiernos seudodemocráticos y neoliberales, con los guerrilleros devenidos en partido político. 

Para decepción de muchos, en paralelo se dio la derrota electoral del FSLN en Nicaragua y la asunción al poder de doña Violeta Chamorro, al frente de una coalición de derechas, con lo cual se cerró el ciclo revolucionario abierto en 1978-79.

Panamá, del acuerdo neoliberal EEUU-Noriega a la invasión

Panamá venía de una década de crisis política creciente, acicateada desde arriba por una lucha por el control del liderazgo militar, luego de la muerte del general Omar Torrijos, en 1981; y desde abajo, por la resistencia a la aplicación de políticas neoliberales, que se expresó en una oleada de huelgas y movilizaciones, especialmente a partir de 1984, cuando EE UU y los militares impusieron mediante el fraude electoral a Ardito Barletta, funcionario del Banco Mundial.

Aunque el general Manuel A. Noriega recibió como apoyo del Pentágono la asistencia militar para crear un ejército (las Fuerzas de Defensa) que sustituyera al norteamericano a medida se concretaba la reversión del canal con el cumplimiento de los Tratados de 1977, cuando la crisis iba en escalada y la figura del general concitaba el repudio popular, Washington empezó a pedirle, al principio muy cuidadosamente, que pusiera fecha a su jubilación. Pero en febrero-marzo de 1988 se produjo la ruptura entre ambos aliados (EE. UU.-Noriega), misma que se formalizó en sanciones económicas muy duras para el país.

Según el periodista Bob Woodward, la decisión definitiva de invadir Panamá se tomó luego de las fracasadas elecciones presidenciales, en mayo de 1989. En ese momento se planeó una estrategia para rediseñar las instituciones políticas del país y probar nuevos criterios con los cuales hacer la guerra en el extranjero y superar el llamado Síndrome de Vietnam.

En Panamá se estrenaron métodos y armamento que serían habituales en las dos Guerras del Golfo y en Afganistán.

El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el «arte» de hacer la guerra, y que luego serían usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico: bombarderos Stealth F-117, bombas de 2,000 libras, misiles Hellfire, helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra, aviones de asalto A-37, cañones de fuego rápido de 30 mm, vehículos HMMWV (Hummer) con  ametralladoras de alto calibre, fusiles M-16 con mirilla infrarroja. 

Diversos organismos de derechos humanos, entre los que podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), consideraron que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que era violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I) que «prohíbe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios».

La manipulación de la verdad y el control a la prensa, la principal arma de EEUU

Pero lo más novedoso de la invasión consistió en el control de la prensa, que impidió a los periodistas acceder a las zonas de conflicto para que no reportaran situaciones de violación a los derechos humanos y crímenes contra civiles, una de las causas del repudio generalizado a la guerra de Vietnam. Por eso la inexistencia de imágenes directas del combate y la prevalencia de tomas lejanas o posteriores. 

El periodista que mejor documentó con imágenes la invasión, el español Juantxu Rodríguez, fue sospechosamente asesinado por las tropas norteamericanas con un certero tiro en la cara, en la puerta de su hotel, en una zona en la que no había combates.

Desde el primer momento de la invasión, la mentira y la manipulación de la verdad fue una estrategia clave del gobierno de George Bush y sus aliados en los medios de comunicación. Este método se ha vuelto clave en todos los conflictos en que interviene Estados Unidos, militar o políticamente, desde Venezuela a Bolivia, en el último período. En Panamá sirvió para amedrentar a las víctimas y sus familiares imponiendo la mentira de que todos eran norieguistas y delincuentes.

Panamá: 30 años de régimen oligárquico y neoliberal gracias a la invasión

Frecuentemente explicamos a los jóvenes que la invasión no fue algo malo que le pasó a gente que no conocieron. La invasión y sus consecuencias se han padecido por treinta años:

Un régimen político antidemocrático controlado por cuatro partidos que a su vez son manejados por un par de grupos económicos;

Una política neoliberal de privatizaciones, apertura de mercado y reformas laborales impuestas por el Convenio de Donación de julio de 1990;

Un título constitucional sobre el canal de Panamá que lo ha colocado fuera del alcance del pueblo panameño y sus organizaciones sociales y en manos de una oligarquía depredadora;

Unos “acuerdos de seguridad”, como el Salas Bequer, que son una burla de los Tratados de 1977 y una continuidad de bases militares extranjeras en el país.

Treinta años ha costado en Panamá que la gente empiece a comprender la esencia antidemocrática y corrupta del régimen actual y todos sus órganos del Estado. Una nueva generación se ha levantado contra el lavado de cara que quieren hacer con las reformas constitucionales que no cambian nada. Luchando por verdaderas transformaciones, la juventud ha ganado la calle y rodeado la Asamblea Nacional.

Treinta años también han tardado decenas de familiares y de víctimas de la invasión en atreverse a salir del ostracismo y narrar los horrores que han vivido el 20/12/89. Tres décadas no han sido suficientes para que la sociedad panameña procese mental e intelectualmente el trauma de la invasión, aún cuando se la han dedicado ensayos, poemas y novelas, documentales y hasta películas.

El signo de los tiempos está cambiando y en América Latina ha empezado un ascenso revolucionario

El tiempo y la historia no se detienen. Si “el mundo cambió” en 1989-90, ahora, treinta años después, está volviendo a cambiar. Si bien aún no se ha cuajado en una revolución triunfante, como las de hace un siglo (rusa, mexicana, etcétera) no hay dudas de que la globalización neoliberal capitalista está en crisis, de que una nueva generación de jóvenes en todos lados (como ocurrió en 1968) se ha lanzado a luchar y cambiar el mundo, y de que cada vez más personas comprenden que el capitalismo está destruyendo con miseria a los trabajadores y con polución a la naturaleza, como señalara Carlos Marx.

Desde los millones que se movilizan para salvar al planeta del cambio climático, de los que la joven Greta es el símbolo central, pasando por las luchas de los chalecos amarillos y los trabajadores en Francia, las movilizaciones juveniles en Irak y, en especial, en América Latina, con la juventud chilena, colombiana y costarricense a la cabeza, así como también la masacrada juventud hondureña y nicaragüense, y los indígenas ecuatorianos y bolivianos. En fin, una nueva generación ha echado a andar.

Panamá no escapa a ello y así lo demostraron las movilizaciones contra la reforma constitucional de 2019. Acá continuamos la lucha que empezó el 20 de Diciembre de 1989 contra la ocupación del imperialismo yanqui y las consecuencias sociales y económicas de la última invasión.

Por Olmedo Beluche 

La conmemoración de la firma de los Tratados Torrijos-Carter ha sido utilizada por los dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para exaltar la figura de su fundador, Omar Torrijos, y resaltar el supuesto “error” de los que, por razones patrióticas o antiimperialistas, no apoyamos en ese momento el acuerdo. El momento obliga a la evaluación objetiva de los hechos, donde la verdad histórica suele estar equidistante de cualquier unilateralismo.

Las razones del Sí y las razones del No

Desde el momento en que se conoció el texto del tratado, y durante los pocos días de debate democrático que se abrió, entre el 7 de septiembre, fecha de la firma, y el 23 de octubre, fecha del plebiscito, quedó en evidencia su carácter contradictorio. Sin duda alguna, el tratado contenía grandes conquistas, pero también contenía importantes retrocesos que afectaban, y siguen afectando, la soberanía.

Quienes se inclinaban por el voto Sí, reivindicaban el desmantelamiento de la Zona del Canal, el comienzo de la reversión y una fecha fija para la salida de Estados Unidos y sus bases militares, el 31 de diciembre de 1999. Quienes se inclinaban por el voto No, señalaban la legalización de las bases militares, el Pacto de Neutralidad que no era neutral y no tenía fecha de finalización, así como ceder por 23 años la administración primaria del canal.

Por supuesto, también las subjetividades y convicciones políticas influyeron en el debate. Las razones para votar “Sí” o para votar “No” eran tan diversas como la sociedad panameña: desde los gringueros de derecha, para quienes Panamá sólo podía existir como colonia; hasta los oportunistas que aprobaban lo que dijeran los militares panameños sin importar más razones.

En la izquierda también había sus extremos, desde los pancistas que, desde 1972, recibían prebendas del régimen a cambio de apoyo incondicional; hasta la izquierda independiente, separada de Torrijos por las violaciones a los derechos humanos, los asesinados y desaparecidos de los años anteriores.

Entre esos extremos estaba la mayoría de la ciudadanía, motivada por verdaderos sentimientos antiimperialistas y patrióticos forjados por generaciones que lucharon valientemente contra la Zona del Canal y su status colonial. Aquí también la gente se dividió, la mayoría a favor del tratado, la minoría en contra, evaluando “los pros y los contras” según fuera su lectura del tratado.

El mérito es de los Mártires del 64

Algo que se suele pasar por alto es que las conquistas contenidas en el tratado se deben primero que, y por encima de todo, a la lucha generacional del pueblo panameño, pero especialmente a los Mártires del 9 de Enero de 1964. Ellos fueron los que obligaron al imperialismo yanqui a sentarse a negociar y a aceptar la derogación del oprobioso Tratado Hay-Bunau Varilla, impuesto durante la invasión de noviembre de 1903 y la manipulada separación de Colombia, para imponer una república intervenida y colonizada.

Algunos sectores del PRD, por evidentes motivos políticos, manipulan los hechos para concentrar exclusivamente en su líder fundador, lo positivo alcanzado en los Tratados de 1977, y suelen olvidarse de la Gesta Heroica que fue el verdadero acontecimiento que cambió la historia. También es cierto que entre la derecha y las élites oligárquicas panameñas se pretenden menospreciar la figura histórica del general Torrijos.

Parafraseando a los religiosos, en este caso, “la gloria sea”, en primer lugar, a los Mártires del 64. En ese marco, hay que reconocer objetivamente los méritos a Omar Torrijos y su equipo negociador, a quienes tocó la responsabilidad de firmar lo bueno y lo malo del tratado. Al menos Torrijos fue sincero y reconoció al momento de firmarlo que el Tratado nos mantiene (hasta hoy) “bajo el paraguas del Pentágono”.

Lo positivo y lo negativo del Tratado de 1977

En el libro Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990), hemos evaluado el contenido del Tratado de la siguiente manera:

“La conclusión rápida de los tratados en 1977 fue forzada por varias circunstancias coincidentes: en el plano nacional, la crisis económica interna de Panamá, y el comienzo del desgaste del apoyo popular al régimen militar panameño. En el plano exterior, se destaca la instauración de un nuevo gobierno demócrata en Estados Unidos, más abierto a la posibilidad de modernizar sus relaciones con Panamá, debido a la crisis política de Watergate y a la reciente victoria de Vietnam (1975), después de más de 10 años de intervención militar yanqui.

El Tratado Torrijos Carter tuvo un carácter contradictorio, puesto que a la vez que Panamá obtuvo importantes conquistas, sobre todo en materia jurisdiccional, tuvo que ceder en aspectos relativos a la defensa y neutralidad del canal.

Entre las conquistas del tratado podemos señalar: el fin de la perpetuidad con la firma de un acuerdo con fecha fija de terminación; eliminación de la situación colonial de la Zona del Canal, con el retorno a la jurisdicción panameña de ese territorio; entrega a Panamá de los puertos (Balboa y Cristóbal) adyacentes al Canal; participación creciente de Panamá en la administración del canal y aumento de los beneficios directos (10 millones de dólares anuales fijos y otros 10 millones en caso de haber superávit).

En cambio, el gobierno panameño tuvo que conceder que la responsabilidad primaria del manejo, mantenimiento, protección y defensa del canal era de los Estados Unidos, mediante una agencia de dicho gobierno, la Comisión del Canal, y bajo leyes norteamericanas (Ley 96-70), lo cual de hecho coarta la jurisdicción y la soberanía.

En materia de defensa, el tratado legalizó la presencia de las bases militares norteamericanas, que antes estaban de hecho y no de derecho, bajo la excusa de proteger el canal. Y en cuanto al Pacto de Neutralidad, el Senado norteamericano consignó una cláusula que permite la intervención militar norteamericana en Panamá, en cualquier momento después del año 2,000 (o sea, a perpetuidad) si a juicio de Washington estuviera en peligro el libre tránsito por el canal.

Como se puede apreciar, los ingresos económicos que Panamá obtuvo del tratado no fueron lo suficientemente significativos como para revertir la crisis económica, la cual a partir de comienzos de los años ochenta se volvió a profundizar.

El tratado tuvo, además, otra consecuencia muy importante para el país, como lo fue el acuerdo para la democratización de las instituciones políticas que el gobierno de James Carter impuso al General Omar Torrijos como condición para aprobar el tratado. Retomaremos este aspecto más adelante, baste mencionar por el momento que la firma del Tratado Torrijos Carter significa el fin del período de confrontación relativa, entre el régimen bonapartista de Torrijos y Estados Unidos, respecto al canal, y el comienzo de la implementación de una estrategia política para Panamá ejecutada de común acuerdo entre ambos.

Es el fin del bonapartismo “sui generis” apoyado en las masas y confrontado con el imperialismo, para dar paso, nuevamente, a un régimen bonapartista que gobierna confrontando a las masas y en acuerdo con el imperialismo”.

La invasión y el uso “menos colectivo posible” del Canal

Pero “la vuelta a los cuarteles”, proclamada por Torrijos, fue solo aparente, porque los coroneles siguieron manejando los hilos de la política nacional y el Cuartel Central siguió siendo la sede del poder real. Durante la siguiente década los militares impusieron un criterio militarista del uso de las instalaciones que iban revirtiendo. Cada cuartel yanqui era sustituido con uno panameño.

Muerto Torrijos, el gran proyecto del general Noriega era que la Guardia Nacional panameña se convirtiera en un ejército profesional, denominado Fuerzas de Defensa, para suplantar al ejército norteamericano en el canal. En ello fue apoyado financieramente por Estados Unidos. Así se ejecutó, hasta que la crisis por las medidas neoliberales del gobierno fraudulento de Barletta, 1984-85, puso en jaque este proyecto.

Salvo la bandera en la cima del cerro Ancón, de gran valor simbólico, no hubo ningún criterio para dar a las áreas revertidas el “mayor uso colectivo posible”, como había prometido Omar Torrijos durante el debate del plebiscito. Todo el enfoque fue militarista.

Tampoco se utilizaron los millones adicionales del canal para tratar de revertir la brecha social entre ricos y pobres que se ensanchó abrumadoramente entre 1980 y 1990. Cuando más, algunas viviendas fueron repartidas con criterios políticos y amicales.

Cuando la crisis escaló en 1988, gracias a las sanciones norteamericanas, un sector destacado de la burguesía organizó un proyecto alternativo a los militares fundando no sólo la Cruzada Civilista, sino que los hermanos Lewis Galindo crearon el llamado grupo Modelo, que incidió no solo en el apoyo a la invasión de 1989, sino en la configuración de un proyecto de uso del canal al servicio de la burguesía y no de los militares.

De manera que, sobre la pila de muertos de la invasión del 20 de Diciembre de 1989, Estados Unidos impuso a Panamá no sólo el modelo político de estado oligárquico corrupto con careta “democrática” que tenemos, sino que apadrinó la imposición de un modelo de apropiación de las áreas revertidas y manejo del canal conveniente a la burguesía y tutelado por ellos.

El conjunto de los partidos políticos burgueses, incluyendo al PRD, desarrollaron el enfoque empresarial de la Ley de Uso de Suelos para las áreas revertidas, por la cual se las ha ido vendiendo, no siempre al mejor postor. Lo que no se vende, se ha dejado deteriorar, antes que traspasarlo a organizaciones cívicas y sociales. La idea es, no perder el valor comercial artificialmente definido.

Así también los Acuerdos de Coronado sentaron las bases para la redacción del título constitucional sobre la administración del canal, que convierte a la Junta Directiva de la ACP, y al cargo de Administrador, en un club exclusivo para la élite empresarial panameña, como si de una nueva “zonita sin gringos” se tratara. De manera que, el resto del país no puede opinar, menos influir, sobre las decisiones que ahí se toman, como se evidenció recientemente con el presupuesto. A lo cual se agrega una Junta Asesora compuesta por las transnacionales del comercio marítimo, cuya opinión cuenta más que la de los gremios panameños.

Hagamos memoria, ese título constitucional, que permite una Junta Directiva sin representación de la clase trabajadora, los gremios profesionales y las organizaciones sociales, fue aprobado por dos Asambleas de manera unánime, bajo los gobiernos de Guillermo Endara (Panameñista) y Ernesto Pérez Balladares (PRD).

Bajo la administración de Pérez Balladares (1994-1999) también se diseñó un plan para tratar de incumplir con el retiro de todas bases militares norteamericanas, permitiendo que la base aérea de Howard se disfrazara con la “guerra contra las drogas”, bajo la máscara de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA), proponiendo que se quedara más allá del año 2000.

Pero la movilización popular y el descontento producido por sus privatizaciones y medidas neoliberales (abaratamiento del despido de trabajadores y desprotección a productores agrícolas bajando los aranceles), llevó al fracaso de este plan antinacional del primer gobierno del PRD en la postinvasión.

El Pacto de Neutralidad y los acuerdos de seguridad

Fracasado el CMA, y con la reversión total el 31 de Diciembre de 1999, el gobierno norteamericano y sus lacayos empresariales y políticos en Panamá, dieron paso a continuar el control militar del territorio nacional, no con las llamativas y repudiadas bases militares, sino con diversos acuerdos de seguridad, ninguno de los cuales ha pasado por la Asamblea Nacional ni el debate público.

Tan temprano como 1999-2000, el gobierno de Mireya Moscoso firmó el acuerdo Salas – Becker, por el cual se cede la soberanía para que Estados Unidos custodie o “vigile” el espacio aéreo y el mar territorial de Panamá, con el cuento de la “guerra contra las drogas”. De modo que lo “conquistado” en materia de soberanía en el Tratado de 1977 ha quedado en papel mojado.

Miles de habitantes de las regiones limítrofes con Colombia dan testimonio de la presencia de soldados norteamericanos en la región. También se sabe que la administración del Canal de Panamá ha firmado acuerdos de seguridad con agencias norteamericanas, pero su contenido se desconoce.

El gobierno del PRD del hijo del general Torrijos, Martín Torrijos (2004-2009), no sólo no anuló estos acuerdos de seguridad que menoscaban la soberanía panameña, sino que nos siguió manteniendo “bajo el paraguas del Pentágono” participando del llamado Plan Mérida de seguridad para toda la región centroamericana diseñado por los norteamericanos.

Durante el gobierno del segundo Torrijos también se impuso en un referéndum, cuestionable por la alta abstención, el criterio de destinar miles de millones para la ampliación del canal y un tercer juego de esclusas que no eran urgentes, pero que desviará miles de millones de dólares de sus ingresos a favor de bancos y empresas constructoras, y no al pago de la “deuda social” que exigíamos los sectores populares nucleados en el Frente por el NO de 2007.

Nuevamente tuvimos razón. El Grupo Unidos por el Canal, que ganó la licitación de la ampliación y tercer juego de esclusas, no solo cometió la deshonestidad de estar compuesto por una empresa de la familia del administrador del canal (CUSA), Alemán Zubieta, sino que ahora ha demandado sobreprecios que triplican el valor originalmente presupuestado.

El gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) profundizó la intromisión militar yanqui con un acuerdo para la construcción de 12 bases aeronavales que podrían contar con “asesores” norteamericanos, cuya cuantía y tipo es imposible calibrara dada la ubicación remota de estas bases militares.

El gobierno de J. C. Varela (2014-2019) ha mantenido todas estas vejaciones a la soberanía nacional y las ha profundizado convirtiéndonos en títeres de la política exterior de Washington, al sumarnos a la Coalición Internacional contra ISIS y a las presiones contra el gobierno legítimo de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por encima de todos estos acuerdos flota la sombra del nefasto Pacto de Neutralidad que, en realidad, no nos hace neutrales, sino que nos alía con el Pentágono como dijo Torrijos. El cual constituye una amenaza permanente de intervención militar cuando, a juicio unilateral de Estados Unidos, el “libre tránsito” por el canal se encuentre en peligro.

El Pacto de Neutralidad, con toda su letra intervencionista, que no se limita a la Enmienda De Concini, es como el Tratado Hay-Bunau Varilla, un tratado sin fecha de término y, por lo tanto, violatorio del derecho internacional. Ese Pacto de Neutralidad fue una de las principales razones por las que muchos sectores antiimperialistas y patrióticos votamos que NO en el plebiscito de 1977.

Si, pasados 40 años, nos pidieran ratificar el Pacto de Neutralidad con un nuevo plebiscito, los antiimperialistas y patriotas consecuentes, volveríamos a VOTAR NO. Por eso, seguimos luchando por su derogación total.