Por Olmedo Beluche

Treinta tantos años atrás, cuando Estados Unidos invadió Panamá, el mundo vivía una coyuntura histórica de cambio de signo político; la Guerra Fría agonizaba, aunque no nos dábamos cuenta. Semanas antes habían empezado en Europa Oriental y la República Democrática Alemana las movilizaciones que culminaron con la caída del Muro de Berlín y, meses después, con la desaparición de la Unión Soviética y el llamado Bloque Socialista. 

Aunque no éramos conscientes de ello, se estaba produciendo una derrota social y económica para la clase trabajadora mundial, gracias por causa del modelo neoliberal; y una derrota ideológica y política para el movimiento comunista, la cual se hizo extensiva a todos los proyectos de “izquierda”. Una derrota relativa, por supuesto, pero derrota, al fin y al cabo. 

No vimos venir la nueva coyuntura. Tan es así que la revista internacional de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI) editorializó, en diciembre de 1989, que una invasión a Panamá era imposible. 

Influidos por esos criterios erróneos, la noche del 19 de diciembre, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Panamá estuvo reunido hasta tarde analizando los informes sobre una posible invasión, pero se descartó la idea. Nos despedimos hasta el año nuevo. Poco después de llegar a nuestras casas las bombas despejaron todas las dudas.

La época de los Acuerdos de Paz en Centroamérica

La coyuntura 1989-90 también implicó un cambio de época en Centroamérica. Veníamos de 20 años de guerras civiles contra las dictaduras militares apoyadas por el Pentágono, cuyo cénit fue la victoria de la Revolución Sandinista en 1979, que abrió diez años a un gobierno del FSLN presidido por Daniel Ortega y los 9 comandantes. Aunque esa revolución fue sitiada, como todas, y agredida por Estados Unidos (recordemos el escándalo Irán-Contras), su triunfo dio impulso a los procesos revolucionarios en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Sin embargo, contra todo pronóstico, aquel diciembre de 1989 se gestaba una nueva fase que inició con una gran ofensiva militar del FMLN en San Salvador, la cual terminaría no con la victoria tan esperada, sino en una mesa de negociaciones que puso fin a la guerra e incorporó a los exguerrilleros a la política nacional, por supuesto, sin que se cumpliera ninguno de los objetivos políticos y sociales que habían guiado la lucha armada. 

Los Acuerdos de Paz se extendieron a Guatemala también y abrieron una época de 20 años de estabilidad política basada en gobiernos seudodemocráticos y neoliberales, con los guerrilleros devenidos en partido político. 

Para decepción de muchos, en paralelo se dio la derrota electoral del FSLN en Nicaragua y la asunción al poder de doña Violeta Chamorro, al frente de una coalición de derechas, con lo cual se cerró el ciclo revolucionario abierto en 1978-79.

Panamá, del acuerdo neoliberal EEUU-Noriega a la invasión

Panamá venía de una década de crisis política creciente, acicateada desde arriba por una lucha por el control del liderazgo militar, luego de la muerte del general Omar Torrijos, en 1981; y desde abajo, por la resistencia a la aplicación de políticas neoliberales, que se expresó en una oleada de huelgas y movilizaciones, especialmente a partir de 1984, cuando EE UU y los militares impusieron mediante el fraude electoral a Ardito Barletta, funcionario del Banco Mundial.

Aunque el general Manuel A. Noriega recibió como apoyo del Pentágono la asistencia militar para crear un ejército (las Fuerzas de Defensa) que sustituyera al norteamericano a medida se concretaba la reversión del canal con el cumplimiento de los Tratados de 1977, cuando la crisis iba en escalada y la figura del general concitaba el repudio popular, Washington empezó a pedirle, al principio muy cuidadosamente, que pusiera fecha a su jubilación. Pero en febrero-marzo de 1988 se produjo la ruptura entre ambos aliados (EE. UU.-Noriega), misma que se formalizó en sanciones económicas muy duras para el país.

Según el periodista Bob Woodward, la decisión definitiva de invadir Panamá se tomó luego de las fracasadas elecciones presidenciales, en mayo de 1989. En ese momento se planeó una estrategia para rediseñar las instituciones políticas del país y probar nuevos criterios con los cuales hacer la guerra en el extranjero y superar el llamado Síndrome de Vietnam.

En Panamá se estrenaron métodos y armamento que serían habituales en las dos Guerras del Golfo y en Afganistán.

El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el «arte» de hacer la guerra, y que luego serían usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico: bombarderos Stealth F-117, bombas de 2,000 libras, misiles Hellfire, helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra, aviones de asalto A-37, cañones de fuego rápido de 30 mm, vehículos HMMWV (Hummer) con  ametralladoras de alto calibre, fusiles M-16 con mirilla infrarroja. 

Diversos organismos de derechos humanos, entre los que podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), consideraron que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que era violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I) que «prohíbe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios».

La manipulación de la verdad y el control a la prensa, la principal arma de EEUU

Pero lo más novedoso de la invasión consistió en el control de la prensa, que impidió a los periodistas acceder a las zonas de conflicto para que no reportaran situaciones de violación a los derechos humanos y crímenes contra civiles, una de las causas del repudio generalizado a la guerra de Vietnam. Por eso la inexistencia de imágenes directas del combate y la prevalencia de tomas lejanas o posteriores. 

El periodista que mejor documentó con imágenes la invasión, el español Juantxu Rodríguez, fue sospechosamente asesinado por las tropas norteamericanas con un certero tiro en la cara, en la puerta de su hotel, en una zona en la que no había combates.

Desde el primer momento de la invasión, la mentira y la manipulación de la verdad fue una estrategia clave del gobierno de George Bush y sus aliados en los medios de comunicación. Este método se ha vuelto clave en todos los conflictos en que interviene Estados Unidos, militar o políticamente, desde Venezuela a Bolivia, en el último período. En Panamá sirvió para amedrentar a las víctimas y sus familiares imponiendo la mentira de que todos eran norieguistas y delincuentes.

Panamá: 30 años de régimen oligárquico y neoliberal gracias a la invasión

Frecuentemente explicamos a los jóvenes que la invasión no fue algo malo que le pasó a gente que no conocieron. La invasión y sus consecuencias se han padecido por treinta años:

Un régimen político antidemocrático controlado por cuatro partidos que a su vez son manejados por un par de grupos económicos;

Una política neoliberal de privatizaciones, apertura de mercado y reformas laborales impuestas por el Convenio de Donación de julio de 1990;

Un título constitucional sobre el canal de Panamá que lo ha colocado fuera del alcance del pueblo panameño y sus organizaciones sociales y en manos de una oligarquía depredadora;

Unos “acuerdos de seguridad”, como el Salas Bequer, que son una burla de los Tratados de 1977 y una continuidad de bases militares extranjeras en el país.

Treinta años ha costado en Panamá que la gente empiece a comprender la esencia antidemocrática y corrupta del régimen actual y todos sus órganos del Estado. Una nueva generación se ha levantado contra el lavado de cara que quieren hacer con las reformas constitucionales que no cambian nada. Luchando por verdaderas transformaciones, la juventud ha ganado la calle y rodeado la Asamblea Nacional.

Treinta años también han tardado decenas de familiares y de víctimas de la invasión en atreverse a salir del ostracismo y narrar los horrores que han vivido el 20/12/89. Tres décadas no han sido suficientes para que la sociedad panameña procese mental e intelectualmente el trauma de la invasión, aún cuando se la han dedicado ensayos, poemas y novelas, documentales y hasta películas.

El signo de los tiempos está cambiando y en América Latina ha empezado un ascenso revolucionario

El tiempo y la historia no se detienen. Si “el mundo cambió” en 1989-90, ahora, treinta años después, está volviendo a cambiar. Si bien aún no se ha cuajado en una revolución triunfante, como las de hace un siglo (rusa, mexicana, etcétera) no hay dudas de que la globalización neoliberal capitalista está en crisis, de que una nueva generación de jóvenes en todos lados (como ocurrió en 1968) se ha lanzado a luchar y cambiar el mundo, y de que cada vez más personas comprenden que el capitalismo está destruyendo con miseria a los trabajadores y con polución a la naturaleza, como señalara Carlos Marx.

Desde los millones que se movilizan para salvar al planeta del cambio climático, de los que la joven Greta es el símbolo central, pasando por las luchas de los chalecos amarillos y los trabajadores en Francia, las movilizaciones juveniles en Irak y, en especial, en América Latina, con la juventud chilena, colombiana y costarricense a la cabeza, así como también la masacrada juventud hondureña y nicaragüense, y los indígenas ecuatorianos y bolivianos. En fin, una nueva generación ha echado a andar.

Panamá no escapa a ello y así lo demostraron las movilizaciones contra la reforma constitucional de 2019. Acá continuamos la lucha que empezó el 20 de Diciembre de 1989 contra la ocupación del imperialismo yanqui y las consecuencias sociales y económicas de la última invasión.

Por Olmedo Beluche 

La conmemoración de la firma de los Tratados Torrijos-Carter ha sido utilizada por los dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para exaltar la figura de su fundador, Omar Torrijos, y resaltar el supuesto “error” de los que, por razones patrióticas o antiimperialistas, no apoyamos en ese momento el acuerdo. El momento obliga a la evaluación objetiva de los hechos, donde la verdad histórica suele estar equidistante de cualquier unilateralismo.

Las razones del Sí y las razones del No

Desde el momento en que se conoció el texto del tratado, y durante los pocos días de debate democrático que se abrió, entre el 7 de septiembre, fecha de la firma, y el 23 de octubre, fecha del plebiscito, quedó en evidencia su carácter contradictorio. Sin duda alguna, el tratado contenía grandes conquistas, pero también contenía importantes retrocesos que afectaban, y siguen afectando, la soberanía.

Quienes se inclinaban por el voto Sí, reivindicaban el desmantelamiento de la Zona del Canal, el comienzo de la reversión y una fecha fija para la salida de Estados Unidos y sus bases militares, el 31 de diciembre de 1999. Quienes se inclinaban por el voto No, señalaban la legalización de las bases militares, el Pacto de Neutralidad que no era neutral y no tenía fecha de finalización, así como ceder por 23 años la administración primaria del canal.

Por supuesto, también las subjetividades y convicciones políticas influyeron en el debate. Las razones para votar “Sí” o para votar “No” eran tan diversas como la sociedad panameña: desde los gringueros de derecha, para quienes Panamá sólo podía existir como colonia; hasta los oportunistas que aprobaban lo que dijeran los militares panameños sin importar más razones.

En la izquierda también había sus extremos, desde los pancistas que, desde 1972, recibían prebendas del régimen a cambio de apoyo incondicional; hasta la izquierda independiente, separada de Torrijos por las violaciones a los derechos humanos, los asesinados y desaparecidos de los años anteriores.

Entre esos extremos estaba la mayoría de la ciudadanía, motivada por verdaderos sentimientos antiimperialistas y patrióticos forjados por generaciones que lucharon valientemente contra la Zona del Canal y su status colonial. Aquí también la gente se dividió, la mayoría a favor del tratado, la minoría en contra, evaluando “los pros y los contras” según fuera su lectura del tratado.

El mérito es de los Mártires del 64

Algo que se suele pasar por alto es que las conquistas contenidas en el tratado se deben primero que, y por encima de todo, a la lucha generacional del pueblo panameño, pero especialmente a los Mártires del 9 de Enero de 1964. Ellos fueron los que obligaron al imperialismo yanqui a sentarse a negociar y a aceptar la derogación del oprobioso Tratado Hay-Bunau Varilla, impuesto durante la invasión de noviembre de 1903 y la manipulada separación de Colombia, para imponer una república intervenida y colonizada.

Algunos sectores del PRD, por evidentes motivos políticos, manipulan los hechos para concentrar exclusivamente en su líder fundador, lo positivo alcanzado en los Tratados de 1977, y suelen olvidarse de la Gesta Heroica que fue el verdadero acontecimiento que cambió la historia. También es cierto que entre la derecha y las élites oligárquicas panameñas se pretenden menospreciar la figura histórica del general Torrijos.

Parafraseando a los religiosos, en este caso, “la gloria sea”, en primer lugar, a los Mártires del 64. En ese marco, hay que reconocer objetivamente los méritos a Omar Torrijos y su equipo negociador, a quienes tocó la responsabilidad de firmar lo bueno y lo malo del tratado. Al menos Torrijos fue sincero y reconoció al momento de firmarlo que el Tratado nos mantiene (hasta hoy) “bajo el paraguas del Pentágono”.

Lo positivo y lo negativo del Tratado de 1977

En el libro Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990), hemos evaluado el contenido del Tratado de la siguiente manera:

“La conclusión rápida de los tratados en 1977 fue forzada por varias circunstancias coincidentes: en el plano nacional, la crisis económica interna de Panamá, y el comienzo del desgaste del apoyo popular al régimen militar panameño. En el plano exterior, se destaca la instauración de un nuevo gobierno demócrata en Estados Unidos, más abierto a la posibilidad de modernizar sus relaciones con Panamá, debido a la crisis política de Watergate y a la reciente victoria de Vietnam (1975), después de más de 10 años de intervención militar yanqui.

El Tratado Torrijos Carter tuvo un carácter contradictorio, puesto que a la vez que Panamá obtuvo importantes conquistas, sobre todo en materia jurisdiccional, tuvo que ceder en aspectos relativos a la defensa y neutralidad del canal.

Entre las conquistas del tratado podemos señalar: el fin de la perpetuidad con la firma de un acuerdo con fecha fija de terminación; eliminación de la situación colonial de la Zona del Canal, con el retorno a la jurisdicción panameña de ese territorio; entrega a Panamá de los puertos (Balboa y Cristóbal) adyacentes al Canal; participación creciente de Panamá en la administración del canal y aumento de los beneficios directos (10 millones de dólares anuales fijos y otros 10 millones en caso de haber superávit).

En cambio, el gobierno panameño tuvo que conceder que la responsabilidad primaria del manejo, mantenimiento, protección y defensa del canal era de los Estados Unidos, mediante una agencia de dicho gobierno, la Comisión del Canal, y bajo leyes norteamericanas (Ley 96-70), lo cual de hecho coarta la jurisdicción y la soberanía.

En materia de defensa, el tratado legalizó la presencia de las bases militares norteamericanas, que antes estaban de hecho y no de derecho, bajo la excusa de proteger el canal. Y en cuanto al Pacto de Neutralidad, el Senado norteamericano consignó una cláusula que permite la intervención militar norteamericana en Panamá, en cualquier momento después del año 2,000 (o sea, a perpetuidad) si a juicio de Washington estuviera en peligro el libre tránsito por el canal.

Como se puede apreciar, los ingresos económicos que Panamá obtuvo del tratado no fueron lo suficientemente significativos como para revertir la crisis económica, la cual a partir de comienzos de los años ochenta se volvió a profundizar.

El tratado tuvo, además, otra consecuencia muy importante para el país, como lo fue el acuerdo para la democratización de las instituciones políticas que el gobierno de James Carter impuso al General Omar Torrijos como condición para aprobar el tratado. Retomaremos este aspecto más adelante, baste mencionar por el momento que la firma del Tratado Torrijos Carter significa el fin del período de confrontación relativa, entre el régimen bonapartista de Torrijos y Estados Unidos, respecto al canal, y el comienzo de la implementación de una estrategia política para Panamá ejecutada de común acuerdo entre ambos.

Es el fin del bonapartismo “sui generis” apoyado en las masas y confrontado con el imperialismo, para dar paso, nuevamente, a un régimen bonapartista que gobierna confrontando a las masas y en acuerdo con el imperialismo”.

La invasión y el uso “menos colectivo posible” del Canal

Pero “la vuelta a los cuarteles”, proclamada por Torrijos, fue solo aparente, porque los coroneles siguieron manejando los hilos de la política nacional y el Cuartel Central siguió siendo la sede del poder real. Durante la siguiente década los militares impusieron un criterio militarista del uso de las instalaciones que iban revirtiendo. Cada cuartel yanqui era sustituido con uno panameño.

Muerto Torrijos, el gran proyecto del general Noriega era que la Guardia Nacional panameña se convirtiera en un ejército profesional, denominado Fuerzas de Defensa, para suplantar al ejército norteamericano en el canal. En ello fue apoyado financieramente por Estados Unidos. Así se ejecutó, hasta que la crisis por las medidas neoliberales del gobierno fraudulento de Barletta, 1984-85, puso en jaque este proyecto.

Salvo la bandera en la cima del cerro Ancón, de gran valor simbólico, no hubo ningún criterio para dar a las áreas revertidas el “mayor uso colectivo posible”, como había prometido Omar Torrijos durante el debate del plebiscito. Todo el enfoque fue militarista.

Tampoco se utilizaron los millones adicionales del canal para tratar de revertir la brecha social entre ricos y pobres que se ensanchó abrumadoramente entre 1980 y 1990. Cuando más, algunas viviendas fueron repartidas con criterios políticos y amicales.

Cuando la crisis escaló en 1988, gracias a las sanciones norteamericanas, un sector destacado de la burguesía organizó un proyecto alternativo a los militares fundando no sólo la Cruzada Civilista, sino que los hermanos Lewis Galindo crearon el llamado grupo Modelo, que incidió no solo en el apoyo a la invasión de 1989, sino en la configuración de un proyecto de uso del canal al servicio de la burguesía y no de los militares.

De manera que, sobre la pila de muertos de la invasión del 20 de Diciembre de 1989, Estados Unidos impuso a Panamá no sólo el modelo político de estado oligárquico corrupto con careta “democrática” que tenemos, sino que apadrinó la imposición de un modelo de apropiación de las áreas revertidas y manejo del canal conveniente a la burguesía y tutelado por ellos.

El conjunto de los partidos políticos burgueses, incluyendo al PRD, desarrollaron el enfoque empresarial de la Ley de Uso de Suelos para las áreas revertidas, por la cual se las ha ido vendiendo, no siempre al mejor postor. Lo que no se vende, se ha dejado deteriorar, antes que traspasarlo a organizaciones cívicas y sociales. La idea es, no perder el valor comercial artificialmente definido.

Así también los Acuerdos de Coronado sentaron las bases para la redacción del título constitucional sobre la administración del canal, que convierte a la Junta Directiva de la ACP, y al cargo de Administrador, en un club exclusivo para la élite empresarial panameña, como si de una nueva “zonita sin gringos” se tratara. De manera que, el resto del país no puede opinar, menos influir, sobre las decisiones que ahí se toman, como se evidenció recientemente con el presupuesto. A lo cual se agrega una Junta Asesora compuesta por las transnacionales del comercio marítimo, cuya opinión cuenta más que la de los gremios panameños.

Hagamos memoria, ese título constitucional, que permite una Junta Directiva sin representación de la clase trabajadora, los gremios profesionales y las organizaciones sociales, fue aprobado por dos Asambleas de manera unánime, bajo los gobiernos de Guillermo Endara (Panameñista) y Ernesto Pérez Balladares (PRD).

Bajo la administración de Pérez Balladares (1994-1999) también se diseñó un plan para tratar de incumplir con el retiro de todas bases militares norteamericanas, permitiendo que la base aérea de Howard se disfrazara con la “guerra contra las drogas”, bajo la máscara de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA), proponiendo que se quedara más allá del año 2000.

Pero la movilización popular y el descontento producido por sus privatizaciones y medidas neoliberales (abaratamiento del despido de trabajadores y desprotección a productores agrícolas bajando los aranceles), llevó al fracaso de este plan antinacional del primer gobierno del PRD en la postinvasión.

El Pacto de Neutralidad y los acuerdos de seguridad

Fracasado el CMA, y con la reversión total el 31 de Diciembre de 1999, el gobierno norteamericano y sus lacayos empresariales y políticos en Panamá, dieron paso a continuar el control militar del territorio nacional, no con las llamativas y repudiadas bases militares, sino con diversos acuerdos de seguridad, ninguno de los cuales ha pasado por la Asamblea Nacional ni el debate público.

Tan temprano como 1999-2000, el gobierno de Mireya Moscoso firmó el acuerdo Salas – Becker, por el cual se cede la soberanía para que Estados Unidos custodie o “vigile” el espacio aéreo y el mar territorial de Panamá, con el cuento de la “guerra contra las drogas”. De modo que lo “conquistado” en materia de soberanía en el Tratado de 1977 ha quedado en papel mojado.

Miles de habitantes de las regiones limítrofes con Colombia dan testimonio de la presencia de soldados norteamericanos en la región. También se sabe que la administración del Canal de Panamá ha firmado acuerdos de seguridad con agencias norteamericanas, pero su contenido se desconoce.

El gobierno del PRD del hijo del general Torrijos, Martín Torrijos (2004-2009), no sólo no anuló estos acuerdos de seguridad que menoscaban la soberanía panameña, sino que nos siguió manteniendo “bajo el paraguas del Pentágono” participando del llamado Plan Mérida de seguridad para toda la región centroamericana diseñado por los norteamericanos.

Durante el gobierno del segundo Torrijos también se impuso en un referéndum, cuestionable por la alta abstención, el criterio de destinar miles de millones para la ampliación del canal y un tercer juego de esclusas que no eran urgentes, pero que desviará miles de millones de dólares de sus ingresos a favor de bancos y empresas constructoras, y no al pago de la “deuda social” que exigíamos los sectores populares nucleados en el Frente por el NO de 2007.

Nuevamente tuvimos razón. El Grupo Unidos por el Canal, que ganó la licitación de la ampliación y tercer juego de esclusas, no solo cometió la deshonestidad de estar compuesto por una empresa de la familia del administrador del canal (CUSA), Alemán Zubieta, sino que ahora ha demandado sobreprecios que triplican el valor originalmente presupuestado.

El gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) profundizó la intromisión militar yanqui con un acuerdo para la construcción de 12 bases aeronavales que podrían contar con “asesores” norteamericanos, cuya cuantía y tipo es imposible calibrara dada la ubicación remota de estas bases militares.

El gobierno de J. C. Varela (2014-2019) ha mantenido todas estas vejaciones a la soberanía nacional y las ha profundizado convirtiéndonos en títeres de la política exterior de Washington, al sumarnos a la Coalición Internacional contra ISIS y a las presiones contra el gobierno legítimo de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por encima de todos estos acuerdos flota la sombra del nefasto Pacto de Neutralidad que, en realidad, no nos hace neutrales, sino que nos alía con el Pentágono como dijo Torrijos. El cual constituye una amenaza permanente de intervención militar cuando, a juicio unilateral de Estados Unidos, el “libre tránsito” por el canal se encuentre en peligro.

El Pacto de Neutralidad, con toda su letra intervencionista, que no se limita a la Enmienda De Concini, es como el Tratado Hay-Bunau Varilla, un tratado sin fecha de término y, por lo tanto, violatorio del derecho internacional. Ese Pacto de Neutralidad fue una de las principales razones por las que muchos sectores antiimperialistas y patrióticos votamos que NO en el plebiscito de 1977.

Si, pasados 40 años, nos pidieran ratificar el Pacto de Neutralidad con un nuevo plebiscito, los antiimperialistas y patriotas consecuentes, volveríamos a VOTAR NO. Por eso, seguimos luchando por su derogación total.

Por Clemente Bardales

El periodo de los golpes de Estado y del reformismo militar en Honduras, que abarcó un periodo de 25 años, que va en términos generales desde 1957 hasta 1982, ha sido poco estudiado.

25 años de amplia autonomía de los militares

Desde el golpe de Estado de 1956 que derrocó al presidente provisional Julio Lozano Diaz, y la posterior aprobación de la Constitución de 1957, las Fuerzas Armadas de Honduras conquistaron una amplia autonomía en relación al poder ejecutivo.

El artículo 319 de la Constitución de 1957, estableció que “las órdenes que imparta el presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por intermedio del jefe de las mismas, deberán ser acatadas. Cuando surja alguna diferencia deberá ser sometida a la consideración del Congreso, el que decidirá por mayoría de votos. Esta resolución será definitiva y deberá ser acatada”. En pocas palabras, los militares tenían capacidad de veto, y el Congreso se convirtió en una especie de tribunal arbitral.

El jefe de las Fuerzas Armadas era nombrado por el presidente con base a una terna enviada por el “Consejo Superior de la Defensa Nacional”. Los nombramientos internos de la estructura militar eran realizados por el jefe de las Fuerzas Armadas.

Estos cambios constitucionales le otorgaron un enorme poder a las Fuerzas Armadas de Honduras, durante décadas, y fueron la base legal del reformismo militar. La Constitución de 1965 mantuvo los privilegios de la casta militar, hasta la aprobación de la Constitución de 1982 y posteriores reformas constitucionales de 1984 y 1999 introdujeron el control directo del presidente de la república sobre las Fuerzas Armadas, poniendo fin al sistema de ternas.

López Arellano y el reformismo militar

Oswaldo López Arellano lideró un golpe de Estado en 1963 contra el gobierno liberal de Ramon Villeda Morales.

Bajo el gobierno de López Arellano (1963-1971 y 1972-1975) se consolidó el reformismo militar, un fenómeno en el cual, ante la debilidad estructural de la burguesía hondureña, los militares tomaron directamente el poder, impulsado una serie de reformas para modernizar el Estado, que estaba en desventaja en relación a las otras burguesías de la región, que habían aprovechado las ventajas del Mercado Común Centroamericano (MCCA).

En 1969, bajo el Gobierno de López Arellano, Honduras libró la llamada “Guerra del Fútbol” contra El Salvador. Los cambios impulsados por el reformismo militar no traspasaron el límite histórico, ya que nunca pretendieron desmantelar el poder la burguesía y los terratenientes, y terminaron sucumbiendo ante estos.

El ascenso de Melgar Castro al poder

Después de casi doce años de gobierno de López Arellano, exceptuando el breve periodo de gobierno de Ramón Ernesto Cruz, finalmente el 22 de abril de 1975, el poderoso Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, tomando como pretexto las denuncias de soborno de la United Fruit Brand en la que supuestamente estaba involucrado López Arellano decidido la remoción de este, nombrando como nuevo jefe al coronel Juan Alberto Melgar Castro.

Detrás de un aparente conflicto entre personalidades, se escondía, en realidad, el hecho que López Arellano se mantuvo en el poder más tiempo de lo esperado, y las reformas quedaron parcialmente congeladas, acumulándose descontento social. Melgar Castro se presentó ante el pueblo como un reformista y un gran conciliador, anunciando que un futuro cercano se realizarían elecciones generales

Melgar Castro tuvo una carrera fulgurante dentro de las Fuerzas Armadas. Fue Jefe Militar de la Zona Norte, después Comandante del Cuerpo Especial de Seguridad, posteriormente Secretario de Gobernación y Justicia, hasta que en 1975 fue nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, sustituyendo a López Arellano. No obstante, se produjo una separación de funciones: Melgar Castro ocupó la Jefatura del Estado, mientras Policarpo Paz era jefe de las Fuerzas Armadas.

Las masacres de Santa Clara y Los Horcones

Pero el gobierno de Melgar Castro se inauguró bajo fuertes protestas campesinas. Había mucho descontento social acumulado, por la paralización de la Ley de Reforma Agraria aprobada bajo el gobierno de Villeda Morales. Se produjeron muchas tomas de tierras. El 25 de junio de 1975, la Unión Nacional de Campesinos (UNC) organizó una “Marcha del Hambre” hacia Tegucigalpa, movilizando campesinos desde la costa norte, Olancho y el sur de Honduras.

La marcha hacia Tegucigalpa fue abortada con el asesinato de 14 campesinos, incluidos dos sacerdotes. Una parte fue abatida en el Centro de Capacitación “Santa Clara”, enviados al presidio de Juticalpa, Olancho, por agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN). Quienes quedaron vivos fueron trasladados primero a la prisión de Juticalpa, Olancho, y posteriormente a la hacienda Los Horcones donde fueron ultimados. Los Horcones era propiedad del terrateniente Jose Manuel Zelaya Ordoñez, padre de Jose Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras y actual dirigente del partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Los límites de la reforma agraria

Para disminuir el descontento social del campesinado, en abril de 1975 los militares expropiaron 22 mil manzanas a la Estándar Fruit Company, dando origen a la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), que fue presentada por los militares como el mayor logro de la reforma agraria. A finales de 1976 los militares intentaron expropiar otras 35 mil hectáreas a la Tela Railroad Company, pero ante las presiones de la transnacional echaron marcha atrás.

Todos los intentos de profundizar el giro populista del gobierno de Melgar Castro, se toparon con la resistencia de los empresarios y de un sector de las propias fuerzas armadas, que terminaban paralizando o desvirtuando cualquier intento de una seria reforma.

El CADEJE

El 9 de marzo de 1976, el general Melgar de Castro creó el Consejo Asesor del jefe del Estado (CADEJE), organismo corporativista donde estaban representadas las principales fuerzas económicas, políticas y sociales. El CADEJE funcionó en los hechos como un órgano legislativo con 36 miembros propietarios e igual número de suplentes. Hubo representación del gobierno militar, partidos políticos emergentes (como el PINU y la Democracia Cristiana), colegios de profesionales, UNAH, COHEP, CTH, entre otros. El Partido Liberal, el Partido Nacional y el COHEP no acreditaron representantes, para no avalar el corporativismo.

En pocas palabras, la composición de los miembros del CADEJE representaban a sectores de clase media, aliados con el sector de las fuerzas armadas que en ese momento controlaban el poder. La principal función del CADEJE fue, según los discursos oficiales, organizar la ansiada transición hacia la democracia mediante elecciones generales para el año 1979.

La transición hacia la democracia

Preparando el terreno, Melgar Castro promulgó en 1977 la primera Ley Electoral, desde que los militares habían asumido el poder, la que entraría en vigencia en 1978. En esa Ley Electoral se contemplaba la creación de un Tribunal de Elecciones (TNE) compuesto por miembros de los partidos políticos.

Esta Ley Electoral tendría el objetivo central y transitorio de organizar las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente del 20 de abril de 1980.

De esta manera los militares hondureños fueron los primeros de la región centroamericana de ponerle fin a la dictadura militar, organizando la reforma del régimen político, cuando en el conjunto de Centroamérica comenzaba a arder la llama de la revolución y la guerra civil

La Ley Electoral de 1977 trajo algunas novedades: a.- la celebración de elecciones internas en los partidos políticos; b) el principio de representación proporcional en las elecciones internas de los partidos; c) la flexibilización de los requisitos para la inscripción de nuevos partidos, y d) reconoció el derecho a las candidaturas independientes.

La caída de Melgar Castro

El populismo de Melgar Castro, y la incapacidad para realizar reformas que calmasen a la población, provocó la impaciencia de la mayoría de la cúpula militar. El 7 de agosto de 1978, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas decidió suspender al gobierno de Melgar Castro, nombrando una Junta Militar integrada por el general Policarpo Paz García, jefe de las fuerzas armadas, el teniente coronel Domingo Álvarez Cruz, comandante de la fuerza aérea, y el teniente coronel Amílcar Zelaya Rodríguez, comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP).

La nueva Junta Militar

El discurso que sostuvo la nueva Junta Militar era el de retomar los objetivos del golpe de Estado de 1975, para calmar el descontento campesino, así como apresurar el retorno a la democracia. Se trataba de incruento golpe de Estado de las propias fuerzas armadas que, preocupadas por el rumbo de los acontecimientos al interior de Honduras, y tomando en cuenta el auge de la lucha revolucionaria en Centroamérica, decidieron acelerar la apertura democrática, para devolver el poder a los partidos políticos, y así evitar un estallido revolucionario, como el que iniciaba en Nicaragua y El Salvador en esos momentos.

Una de las primeras decisiones de la Junta Militar fue disolver el CADEJE, pero las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente fueron convocadas con base a la Ley Electoral de 1977. Al mismo tiempo, la Junta Militar preparó a las Fuerzas Armadas para la lucha contrainsurgente, iniciando una colaboración mas estrecha con Estados Unidos, para convertir a Honduras en el bunker contra las guerrillas en Centroamérica.

La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 20 de julio de 1980, y una de sus primeras decisiones fue nombrar presidente provisional de la Republica al general Policarpo Paz García, mientras se aprobaba la nueva Constitución y se realizaban elecciones generales con la nueva Ley Electoral aprobada en 1981, que reinstauró el sistema bipartidista en Honduras.

Algunos analistas han planteado que el golpe de Estado contra Melgar Castro fue impulsado por el Cartel de Medellin, y que representó la primera vinculación seria de un sector de los militares de Honduras con el narcotráfico, quienes protegieron a Juan Ramon Matta-Ballesteros, hasta que en 1988 fue capturado por agentes de la DEA y enviado a Estados Unidos, a pesar que la Constitución de Honduras prohibía la extradición de los nacionales.

El poder de los militares se fue debilitando con la instauración de una democracia semicolonial, bajo un sistema bipartidista que después entró en crisis. A pesar de ello, los militares siguen siendo el poder en las sombras.

Lic. Josué Sevilla

La historia política hondureña se caracterizó durante sus dos siglos de existencia por su proceder antidemocrático y por hechos terribles que quedaron en la mentalidad colectiva de los hondureños. El hecho histórico que comentaré no tiene nada de agradable sino de mucho repudio para las personas que vivieron a la sombra del encierro, destierro, y entierro que impuso el general Tiburcio Carías Andino. La población de la dinámica ciudad de San Pedro Sula (SPS) en la costa norte hondureña fue víctima de un baño de sangre el 6 de julio de 1944.

La década de 1940 y las revueltas contra los regímenes autoritarios de Centroamérica

Los regímenes autoritarios de Centroamérica de las décadas de 1930 y 1940, se posicionaron por la vía de la fuerza, la persecución política y por su dependencia a la política colonial norteamericana. Esto me hace recordar el escrito llamado Canto al general Francisco del poeta salvadoreño Oswaldo Escobar Velado quien a través de su narrativa denunció la situación dictatorial en Centroamérica. Sobre Nicaragua el poeta escribió “Pobre de la patria de Rubén Darío general Francisco. Ahora don Anastasio es dueño de todos los quesos de Nicaragua. Habla con el ministro norteamericano y este le pone el pecho una medalla.

Refiriéndose al dictador de Honduras el poeta salvadoreño manifestó “Yo no me explico General, llegó la sombra a mal parir la infamia. Una infamia con toga de abogado y espada de general minúsculo (Velado, 1953).” El excelente escrito de Escobar Velado describe los exabruptos en el que vivían los dictadores de la época.

No obstante, los movimientos antisistémicos de la época se prepararon en cada país para medir fuerzas en 1944. Del contexto de lucha de clases en este año, al menos dos de los dictadores no sobrevivieron a las revueltas provocados por los movimientos antisistémicos centroamericanos. Es decir, al régimen de Maximiliano Martínez y Jorge Ubico. A diferencia de los mencionados, Tiburcio Carías y Anastasio Somoza, se mantuvieron a las protestas sociales en el istmo. De los avances historiográficos que promueven nuevos hallazgos sobre esta década destaco el trabajo llamado La guerra fría en Centroamérica compilados por los historiadores Roberto García y Arturo Taracena (García, 2017). Sin embargo, la década de 1940 fue de desgaste para Tiburcio Carías a quien le sobrevino un retroceso en su imagen frente a la embajada de EUA. Mientras el dictador perdía su poder el movimiento antisistémico hondureño comenzó a organizarse, después de los hechos del 6 de julio de 1944.

Las protestas sociales de 1944 y la matanza de SPS

Las noticias sobre las protestas en Centroamérica y la caída de dos de los dictadores del vecindario motivo para que en Honduras grupos se organizaron para presentar su inconformidad. El 4 de julio de 1944, un grupo de mujeres de la élite capitalina se manifestaron junto con otros sectores exigiendo renuncia de Carías. En esa manifestación participo la comunista Graciela García y su esposo José Lardizábal. Ambos fueron enviados al exilio después de estos hechos (Villars, 1991). Ambos fueron parte del movimiento comunista hondureño.

Dos días después se repite en la ciudad de SPS una manifestación contra Tiburcio Carías. El historiador Marvin Barahona nos comenta que

“En 1944 se presentó una coyuntura favorable al cambio en Centroamérica, que se concretó en el derrocamiento de las dictaduras gobernantes en el Salvador y Guatemala. Los ecos de tal fenómeno incidieron en la situación política hondureña y provocaron manifestaciones de descontento contra la dictadura en Tegucigalpa y San Pedro Sula en 1944 (Barahona, 2005).”

La manifestación en SPS fue convocada por el Comité Democrático Centroamericano, el cual estuvo dirigido por personas reconocidas de la ciudad. Ciudadanos de las familias influyentes, personas importantes del Partido Nacional, obreros, comunistas y varios vecinos de la ciudad iniciaron la manifestación en el Boulevard Morazán. El punto donde comenzó la manifestación representa la primera calle de esta ciudad. Los manifestantes hicieron un recorrido por varios puntos de la ciudad, hasta llegar a la avenida Lempira o calle del comercio (la tercera avenida de esta ciudad).

La manifestación de los vecinos de la ciudad de SPS, fue totalmente pacífica. La misma fue atacada por la policía Cariísta mientras el Dr. José Peraza daba su discurso para disolver el mitin, contra el régimen. En SPS, estaba el ministro de guerra Juan Manuel Gálvez quien ordeno que se disparara contra la población civil, sin importarle que había presentes mujeres, niños, y personas distinguidas de la ciudad.

Los mártires del 6 de julio de 1944 de la ciudad de SPS

Juan Manuel Gálvez dirigió uno de los hechos más espurios de la historia hondureña y posteriormente se convirtió en el sucesor de Tiburcio Carías, dándole una especie de continuidad a los regímenes cachurecos en Honduras en la década de 1950. El novelista hondureño Ramón Amaya Amador represento la masacre de SPS, en su novela Destacamento rojo como un hecho que quedo en la memoria colectiva de las personas que sufrieron estos hechos (Amador, 1982).

Las cifras sobre la cantidad de muertos el 6 de julio son variadas. El doctor José Antonio Peraza hablo de 2,000 muertos. Este personaje público un trabajo llamado Confinamiento, prisión y destierro. La embajada de EUA, hablo de 22 y varios heridos. Comentaristas actuales hablan de 70 a 100 muertos. La población de SPS para 1950 era de 54 mil personas aproximadamente. Ese día murieron personas distinguidas y de origen humilde. La muerte de un centenar de personas fue algo escandaloso para los ciudadanos de SPS. Todas estas personas se convierten en los mártires del 6 de julio de 1944, los cuales fueron víctimas de la sed de poder, del régimen de turno. Dentro de este movimiento participaron varios nacionalistas que no estaban de acuerdo con la política de Tiburcio Carías. Me parece que los sampedranos deben de hacer año a año, actos simbólicos para que este tipo de hechos no se repitan. Es decir, crear una cultura de concientización y de memoria de esta ciudad de la cual carecen actualmente. La memoria histórica, los cambios de la vida cotidiana, y urbanización deben de ser objeto de estudios en este proceso de apertura democrática que vive Honduras. En eso deben de ser insistentes los historiadores de esta ciudad. Estas líneas se las dedico a los mártires del 6 de julio de 1944. Para este observador de la historia, nuestro análisis debe de sobrepasar el hecho en sí aislado, sino meditar las repercusiones a largo plazo, y las lecciones de la historia que señalan al Partido Nacional como una organización represora y criminal. Demás esta señalar los vínculos criminales que desarrollo este partido en los gobiernos de Porfirio Lobo (2010-14) y Juan Orlando Hernández (2014-22).

El régimen en decadencia y la oposición interna

Un compañero que vivió estos sucesos como espectador (tenía 7 años cuando ocurrió la matanza de SPS), me comentaba que al “día siguiente las calles de SPS, amanecieron ensangrentados y una tendalada de muertos”. El régimen obligo a callar los hechos, pero fue evidente la aberración ante la opinión pública nacional e internacional. La embajada de EUA, se distanció del régimen de Tiburcio Carías luego de estos hechos.

En la ciudad de SPS y Tegucigalpa organizaron un movimiento opositor a Tiburcio Carías que desemboco en la conformación de un partido de tendencia social demócrata llamado Partido Democrático Revolucionario Hondureño (PDRH) el cual represento a la juventud intelectual sampedrana y de Tegucigalpa que se oponía al régimen. Este partido que practico una tolerancia ideológica, pronto recibió en sus filas a varios comunistas hondureños con quienes organizaron una alianza estratégica para combatir al régimen de Tiburcio Carias. En efecto, como lo sostengo en un trabajo de tesis de maestría que estoy culminando.

 Los jóvenes intelectuales del PDRH y los comunistas se dedicaron a motivar a la reorganización de la clase obrera y a señalar la miseria en que tenían este país los nacionalistas y el poder desmedido de las compañías bananeras en nuestro país (Sevilla, 2022).

Mis reflexiones finales conllevan a pensar las manifestaciones de 1944, como punto de partido del movimiento antisistémico contra al régimen de Tiburcio Carías. Al año siguiente de la manifestación del 6 de julio de 1944, se organizó en SPS el movimiento que conllevo a formación del PDRH en 1948. Este partido se dedicó con mucha a tenacidad a denunciar a través del periódico Vanguardia revolucionaria las contradicciones de la sociedad hondureña. Los comunistas se dedicaron a reconstruir el movimiento obrero de forma clandestina. En otras palabras, la masacre perpetrada en SPS más que acallar la oposición política la unifico. A la memoria de los mártires del 6 de julio de 1944 dedico esta reflexión.

Referencias

Amador, R. A. (1982). Destacamento rojo. Tegucigalpa: Editorial universitaria.

Barahona, M. (2005). Honduras en el siglo XX: una síntesis de la historia de Honduras. Tegucigalpa : Guaymuras .

García, R. (2017). La guerra fría y el anticomunismo en Centroamérica. Guatemala: FLACSO.

Sevilla, J. (2022). Los Partidos Comunistas de Honduras: movimientos antisistémicos, protesta social y reformismo militar. Tegucigalpa: Tesis de maestría UNAH.

Velado, O. E. (1953). Canto al general Francisco. San Salvador.

Villars, R. (1991). Porque quiero seguir viviendo: habla Graciela García. Tegucigalpa, Honduras. : Guaymuras .