Por Olmedo Beluche

El 9 de Enero marcó un punto de quiebre de la política norteamericana en Panamá. En esa fecha estallaron 60 años de contradicciones acumuladas, fue una verdadera revolución popular en el pleno sentido de la palabra. Allí se hizo añicos el sueño de riquezas que la oligarquía panameña había pintado en 1903 para imponer un estado "independiente" que en realidad era un "protectorado", es decir, una colonia norteamericana, así como el oprobioso Tratado Hay Bunau Varilla que entregó el canal a EE UU "como si fueran soberanos".

Hay que recordar que los abuelos de nuestra oligarquía, desde 1903, se sintieron cómodos con la situación colonial, creyéndose yanquis de corazón. A los sectores populares, en cambio, les costó encontrar claridad en la construcción un proyecto político propio, pero desde el principio pusieron el pecho en la defensa de la soberanía, porque comprendieron que la prosperidad del país y la propia dependía de ella.

En 1964 eclosionó la experiencia acumulada del pueblo panameño, dirigida por sus sectores más combativos, que habían enfrentado la presencia colonial imperialista: en la Huelga Inquilinaria de 1925, en el Movimiento Antibases de 1947, así como las grandes gestas del movimiento estudiantil de los años 50, la Operación Soberanía y la Siembra de Banderas, en un ambiente fermentado por el influjo de la Revolución Cubana.

El 9 de Enero, al conocerse de la agresión sufrida por los estudiantes del Instituto Nacional, de la bandera mancillada por los "zonians", de la brutal represión de la soldadesca yanqui, el pueblo panameño reventó de indignación y se hizo presente en masa, espontáneamente, para cruzar la cerca (nuestro "muro de Berlín") y plantar una bandera.

Allí, en la barricada o simplemente tumbados en el piso en torno a lo que hoy es el "Palacio Legislativo", miles se enfrentaron con valor a la metralla de los tanques, dirigidos por caudillos populares de las organizaciones de izquierda, desde algunas alas juveniles del Partido del Pueblo (Comunista) con Adolfo Ahumada o Víctor Ávila y otros, los de Vanguardia de Acción Nacional (VAN) de Jorge Turner y las huestes de lo que sería después el Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR)de Floyd Britton.

Un "pueblo" que socialmente era un "proletariado joven, vigoroso y en rápida expansión" (expresión del industrialismo de los 50-60), se organizó en los Comités de Defensa de la Soberanía. Esos comités fueron embriones de doble poder que llenaron el vacío de poder ante la ausencia del gobierno-estado oligárquico el cual se borró de las calles. Estos comités organizaron desde la consecución de armas, hasta la defensa y el ataque, y la organización civil que se expresó en donaciones de sangre y transporte de heridos a los hospitales. Al respecto, es recomendable leer: "Significado y consecuencias del 9 de Enero", José Eugenio Stoute, Revista Mujeres Adelante No. 13, enero, febrero y marzo de 1989. 

Una columna enorme de gente, entre 40 y 60 mil personas, según Stoute, rodeó la Presidencia de la República exigiendo armas para enfrentar la agresión imperialista. El gobierno oligárquico de Roberto Chiari, hijo del ex presidente Rodolfo Chiari, que en 1925 pidió la intervención militar de EE UU para aplastar la Huelga Inquilinaria, decidió dos medidas contrapuestas: una, encuartelar a la Guardia Nacional, para que sus armas no fueran usadas por el pueblo en defensa de la soberanía; dos, tratando de apaciguar la furia popular, rompe relaciones diplomáticas con Washington, una medida desesperada que no da cuenta de ninguna vocación nacionalista de la oligarquía, sino del pavor que sentía el gobierno ante la insurrección que amenazaba con entrar a la fuerza en el Palacio de las Garzas.

Tres días duró el pueblo insurrecto en las calles de las ciudades de Panamá y Colón. Tres días en que las acciones no se limitaron a plantar banderas, sino a enfrentar, con las pocas armas de que se disponía, a las tropas imperialistas. Hubo varios muertos reconocidos por el "gobernador" de la Zona del Canal. Tres días en que todo símbolo o propiedad de empresas norteamericanas fue saqueado y quemado, desde el famoso edificio de la aerolínea Panamerican hasta las sucursales bancarias del Chase Manhattan Bank. Decenas de automóviles con placas de la Zona fueron volteados y quemados a lo largo de las calles de la ciudad.

El gobierno que cobardemente se había escondido empezó a sacar a la Guardia Nacional de los cuarteles hacia el 11 y 12 de Enero. Pero no lo hizo para defender a la nación agredida, sino para detener a los dirigentes populares de la insurrección, una gran cantidad de los cuales fue a parar a la cárcel Modelo. La labor represiva de los gobiernos liberales de Chiari y Robles seguiría en los años subsiguientes, cebándose contra el líder estudiantil colonense Juan Navas, que había sido herido durante la Gesta de Enero y había viajado a la Unión Soviética para recibir tratamiento médico. A su regreso de la URSS, en 1966, fue arrestado por la policía política del régimen, torturado, asesinado y tirado su cadáver en el Corredor de Colón. A todo lo cual siguió un juicio para inculpar a sus compañeros del Partido del Pueblo de aquella ciudad.

El sacrificio de los mártires y la insurrección popular de 1964 no fueron en vano, sino todo lo contrario, una victoria que se fue configurando en el tiempo y que hoy se siente sobre el país: se impuso el criterio, hasta ese momento sólo sostenido por sectores populares de izquierda, de que había que acabar con el estatuto colonial de 1903, derogar el Hay-Bunau Varilla y negociar un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá, que eliminara la "Zona", las bases militares y traspasara la administración de la vía acuática en un plazo perentorio. El Tratado Torrijos-Carter de 1977 reflejó esas demandas, pese a sus enmiendas y al Pacto de Neutralidad.

La prosperidad económica que hoy campea sobre el país se debe, sin duda alguna, a la Gesta del 9 de Enero, porque está fundamentada en los ingresos que el canal está produciendo y que antes Panamá no recibía. Porque, contrario a lo que sostenía la oligarquía panameña que, hasta 1999, temía el retiro de las bases militares, se ha demostrado que: "la soberanía sí se come".

Lamentablemente la prosperidad que el canal produce está siendo apropiada en su mayor parte por una clase social, que se ha llamado los nuevos "zonians", que no es otra que los descendientes de la misma oligarquía que vendió al país en 1903, que durante cien años actuó como aliada interna del colonialismo norteamericano y que acusó de "comunistas" a los líderes populares del 64 y de "saqueadores y ladrones" a los Mártires. 

Esa apropiación de los beneficios del canal, que es lo contrario de lo sostenido por Omar Torrijos cuando afirmó que se le debía dar el "uso más colectivo posible", se debe al otro acontecimiento: la invasión norteamericana del 20 de Diciembre de 1989.

Por Olmedo Beluche

Érase una vez una empresa de capital francés que inició las obras para construir un canal por el istmo de Panamá, allá por 1880. Pero la Compañía Universal del Canal Interoceánico, como la llamaron, fue dando tumbos hasta que, en 1888, paralizó la construcción. 

¿Por qué? Los niños de primaria en Panamá saben que “la culpa fue del mosquito que producía la fiebre amarilla”. Los de secundaria, los que estudian, caen en cuenta que también le falló el diseño a Fernando de Lesseps, que intentó un canal a nivel que se estrelló contra el Corte Culebra. Muy pocos, a nivel universitario, se enteran de que hubo u tercer culpable: la corrupción. 

Sí. Los gerentes franceses de la compañía resultaron ser unos pillos que le robaron millones de francos a los incautos inversionistas de clase media en Francia que compraron acciones de esta empresa creyendo que el canal los inundaría de riquezas. El escándalo, que fue asociado al nombre de Panamá, llegó a los estrados judiciales siendo condenados a penas de cárcel varios directivos. 

Pero los pillos siguen siendo pillos y no se componen ni con la cárcel. Algunos de los directivos y accionistas mayoritarios idearon un plan para seguir chupándole la sangre al Canal de Panamá. En 1892 – 94, se dieron a la tarea de reorganizar la empresa bajo otro nombre, la Compañía Nueva del Canal Interoceánico. Lo primero que gestionaron fue una prórroga para terminar la obra. Una prórroga de diez años que culminaba en 1904. Anote la fecha. 

Pero un sinvergüenza nunca deja de serlo, así que estos señores nunca pretendieron, ni juntaron capital suficiente para completar la obra. Solo buscaban ganar tiempo para vender sus “derechos” a un tercero, y así sacar hasta la última gota del negocio. ¿Quién tenía interés, capacidad para comprarles las acciones y continuar la obra? El gobierno de Estados Unidos de América. 

En 1894, los franceses tuvieron la buena idea de contratar a uno de los abogados más influyentes en la política y en los negocios del naciente imperio norteamericano: William Nelson Cromwell. La firma Sullivan and Cromwell, que todavía existe, estaba bien ligada a capitalistas como J. P. Morgan, la General Electric y otros negocios de alto peso en Wall Street. De su seno salieron políticos influyentes como los hermanos Allan y John Foster Dulles, que dirigieron la Agencia Central de Inteligencia (CIA). 

Gracias a ese contrato que hizo la Compañía Nueva, y a que en manos de ese bufete estaban las acciones de la Panama Rail Road Co., o Compañía del Ferrocarril de Panamá, tanto Cromwell como la firma de abogados jugaría un papel inconfesable en los sucesos de 1903. 

La última década del siglo XIX se caracterizó por lo que se ha llamado fase imperialista del capitalismo, cuando las grandes potencias se repartieron el mundo para asegurarse fuentes de materias primas y mercados. Estados Unidos terminó de dar su salto con la Guerra de 1898 contra España a la que le arrebató sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas. Al poseer territorios e intereses en Asia, los norteamericanos se vieron compelidos a dar urgencia a la construcción de un canal que permitiera a su armada naval cuidar sus intereses en ambos océanos. 

Entre 1894 y 1903 las autoridades norteamericanas negociaron con franceses, colombianos y nicaragüenses. Aquí es donde el papel de Cromwell se hizo clave. Por un lado, unió a un grupo de capitalistas norteamericanos para comprar en secreto un gran grupo de acciones de la Compañía Nueva, que estaba devaluadas.  Plan que denominó “Americanización del Canal”. Se afirma que invirtieron 3.5 millones de dólares por unas acciones que revenderían a su gobierno por 40 millones de dólares. Buen negocio, ¿verdad? 

La participación de prominentes empresarios y políticos norteamericanos en este negociado fue lo que en verdad inclinó la balanza a favor del canal por Panamá, y no como pinta el mito de las supuestas estampillas con volcanes de Nicaragua que habría regalado Bunau Varilla a los senadores. 

Una vez listo el grueso del asunto había que proceder con los detalles, así que Teodoro Roosevelt, buen amigo de Cromwell, exigió a Colombia el cese de la Guerra de los Mil Días, sentó a los dos partidos, liberales y conservadores, en la mesa y con su mediación salió el Pacto de Neerlandia y el del acorazado Wisconsin en noviembre de 1902. 

Siguiente paso, obligar al embajador colombiano a firmar un tratado sin mucha consulta con su país. El 22 de enero de 1903 se firmó el Tratado Herrán-Hay, que contenía: lo que se llamaría Zona del Canal con jurisdicción norteamericana; un pago de 40 millones de dólares a los accionistas “franceses” (y norteamericanos); 10 millones de adelanto a al estado colombiano, y Panamá por supuesto; y una anualidad de 250 mil dólares cuando el canal estuviera en funcionamiento. 

Los colombianos y panameños decentes de aquel tiempo sabían leer y sumar, y no eran menos listos que los actuales, así que empezaron con los cuestionamientos: ¿Cómo vamos a partir el Istmo por la mitad y ceder la soberanía a una potencia extranjera allí? ¿Eso no contradice la constitución y el derecho internacional? ¿Por qué a Colombia le tocan 10 y a los accionistas 40? ¿Con qué derechos si ellos solo poseen una concesión que vence en un año y un poco de chatarra en un hueco a medio excavar? ¿Pero si la Compañía del ferrocarril ya paga 250 mil de anualidad, ahora que se quedarán con ella y tendrán el canal seguirán pagando lo mismo? 

Todo esto se lo preguntaban panameños tan ilustres como los liberales Carlos A. Mendoza y Belisario Porras, y conservadores como Juan B. Pérez y Soto y Oscar Terán, entre otros. Esa era su opinión a mitad de 1903, al margen de si algunos cambiaron posteriormente. El crecimiento del rechazo al tratado, a nuestra manera de ver, llevó al juicio sumario y fusilamiento de Victoriano Lorenzo, el 15 de mayo de 1903, fue una advertencia para acallar cualquier intento de resistencia. 

Cuando Cromwell advirtió que podía fracasar el tratado en el Congreso colombiano, empezó a montar el Plan B: separar a Panamá de Colombia y nombrar una Junta de Gobierno leal a sus intereses que legitimara el tratado. Para ello recurrió a sus subalternos en la Compañía del Ferrocarril: José A. Arango, abogado residente de la empresa, y Manuel Amador Guerrero, funcionario a sueldo del ferrocarril. 

Prepararon el plan, pero dándole hasta el último momento la oportunidad al Congreso colombiano de aprobar el Tratado Herrán-Hay. La separación sólo sucedería si no se aprobaba el tratado y no tenía otro móvil que el tratado. Todo el cuento de que los colombianos nos tenían “olvidados” fue inventado después y no era verdad, éramos uno de los departamentos más importantes y con mayor influencia en Colombia. 

Cuando el senado colombiano resolvió no aprobar el tratado, sino proponer a Estados Unidos esperar hasta 1904, a que los franceses perdieran su concesión, sacarlos del medio, para que le pagaran 25 millones de dólares al estado colombiano, Cromwell empezó a ejecutar su Plan B y convocó a Amador Guerrero a Nueva York a finales de agosto. 

Esperaron para actuar hasta el 30 de octubre, cuando el Congreso colombiano cerró sus sesiones sin aprobar el tratado. En ese momento, Roosevelt dio la orden de mover sus acorazados al Istmo por ambos mares. Diez acorazados y miles de soldados norteamericanos invadieron Panamá desde el 3 de noviembre y días sucesivos. Detallito que no cuentan a los niños en la escuela. 

Quienes hacen frente a los soldados colombianos que llegaron a Colón la madrugada del 3 de noviembre, son el administrador yanqui de la Compañía del Ferrocarril, coronel Shaler y las tropas del acorazado Nashville, que instalaron nidos de ametralladoras. El 5 de noviembre fue decisiva la llegada del acorazado Dixie a Cristóbal con 500 soldados norteamericanos. 

Quien se imagina a los “próceres” dirigiendo al pueblo contra los “opresores colombianos”, mejor que deje de leer cuentos infantiles. La foto que describe el hecho es que la izada de la bandera panameña en Colón el 6 de noviembre estuvo a cargo de un oficial de inteligencia norteamericano vestido de gala, llamado Murray Black. 

La otra foto está dada por el Tratado Hay-Bunau Varilla, firmado no por casualidad 15 días después, que contenía todo lo repudiable del Tratado Herrán-Hay, pero empeorado. La otra foto la encontramos el artículo 136 de la Constitución de 1904, que permitía que Estados Unidos interviniera en todo el territorio ístmico con la excusa de imponer el orden público. 

Cromwell y sus socios obtuvieron los 40 millones de dólares, pero además él recibió del estado norteamericano otra cantidad millonaria por la Panama Rail Road Co. Para coronar sus ambiciones y probar su control sobre el gobierno panameño, fue nombrado como cónsul y agente fiscal de Panamá en Nueva York. A alguien del gobierno panameño se le ocurrió que de los 10 millones de dólares que le tocaban a Panamá, convenía separar 6 millones para crear un Fondo de la Posteridad, que sería invertido en bienes inmobiliarios y especulación financiera en Estados Unidos. Adivinen quién administró ese fondo por décadas. 

Es evidente que el 3 de noviembre de 1903, ni nos hicimos independientes ni soberanos, nos convertimos en colonia o protectorado de Estados Unidos. Situación contra la que tuvieron que pelear generaciones de panameños que sí lucharon por la independencia, como los jóvenes heroicos del 9 de Enero de 1964.

Por Oliverio Mejía

Este año se conmemoró el setenta aniversario de la revolución democrática del 20 de octubre de 1944, con una pequeña marcha protagonizada por las centrales sindicales aglutinadas en el Movimiento Sindical Autónomo Guatemalteco, partidos de izquierda, organizaciones populares y estudiantiles. Tal marcha fue poco numerosa al igual que la del año pasado, debido a los efectos de la pandemia del COVID-19

El presente artículo es de carácter histórico, cuyo objetivo es aproximarnos a los debates contemporáneos sobre el significado de este movimiento que ha dejado huellas en la historia de Guatemala. En los últimos días hemos asistido a una serie de eventos virtuales en redes sociales sobre la temática, así entonces, el presente trabajo buscará aportar algunas ideas en la materia.

Actores fundamentales del octubrismo

Primero podemos decir que esta fue una revolución protagonizada sobre todo por las capas medias urbanas, estudiantes universitarios, profesionales liberales (algunos cada vez más proletarizados), maestros, oficiales medios y sus tropas, artesanos y sectores de la naciente clase obrera. Estos, si bien no participaron con métodos propios como huelgas, se sumaron a la movilización contra los restos de la dictadura de Jorge Ubico, quien había entregado el gobierno a Federico Ponce Vaides.

El hecho fundante fue la sublevación militar contra Vaides, después de que un movimiento insurreccional civil lograra derrocar al dictador Ubico. Otro actor importante que se sumó, fue la pequeña burguesía y sectores de la burguesía, agobiados por la falta de espacios de desarrollo económico debido a los vínculos del ubiquismo con los grandes latifundistas exportadores de café y los monopolios de origen yanqui, afincados en la exportación de banano y en empresas de servicio, como la producción y distribución de energía eléctrica, los puertos y el transporte ferroviario.

La presencia de estos sectores burgueses se hizo notar nítidamente en la carta que renombrados personajes empresarios e intelectuales ligados a ellos, le escribieron al dictador exigiendo su renuncia, semanas previas a su abdicación. Así también en la participación de Jorge Torriello en la Junta Revolucionaria de Gobierno, junto a dos militares implicados en el alzamiento del 20 de octubre, Juan Jacobo Árbenz Guzmán y Francisco Javier Arana. De igual forma, en el apoyo del primer gobierno electo democráticamente, el del docente universitario Juan José Arévalo, electo en 1945, con una amplia mayoría de votos, sobre otros contrincantes ligados al ubiquismo.

Por su parte, sectores de la pequeña burguesía y de las capas medias profesionales, fueron consorte tanto de este primer gobierno como del segundo, el del coronel Árbenz, electo en 1951, que ganó las elecciones con una proporción de votos menor que Arévalo, pero sin duda con amplia mayoría sobre otros sectores tanto de la reacción oligárquica, como algunos elementos desprendidos de la revolución que asumieron la maniquea ideología del anti-comunismo.

Estos actores procedentes de las capas medias y la pequeña burguesía se organizaron en distintos partidos que fueron el sostén de los gobiernos de Arévalo y de Árbenz, tales como el Frente Popular Libertador, el Partido Renovación Nacional, el Partido de Acción Revolucionaria, el Partido Socialista, entre otras. Esta explosión partidaria era reflejo de una de las demandas más sentidas de los sectores medios, como era la libertad política, en el marco de la confrontación contra el fascismo en Europa y que después de la caída de la dictadura se extendieron como hongos. Una de las características de estas agrupaciones fue el hecho que se disputaron la influencia y el manejo de la nueva institucionalidad pública, tanto desde el Congreso de la República como dentro del funcionarato.

Otra característica fue el hecho de fragmentarse varias veces, en función de lealtades cambiantes de los distintos personajes, algunos con cierto prestigio revolucionario y otros centrados mas en el clientelismo y en el favoritismo. Durante el gobierno de Árbenz se intentó unificar los partidos con la creación del Partido Revolucionario Guatemalteco (PRG), pero este intento tampoco prosperó, por las mismas desavenencias sectarias.

El movimiento obrero

Como aseveramos, el movimiento obrero, pese a no participar con métodos propios durante la insurrección de octubre, fue un actor de peso, aunque desagregado para derrocar a los remanentes de la dictadura, pero, sobre todo, como sostén de la revolución; pues entre las grandes conquistas de ésta estuvieron la libertad sindical y política para los trabajadores asalariados.

El movimiento obrero se fue gestando a inicios de la década del veinte, a partir de la evolución de las organizaciones mutualistas propias de la asociación de los artesanos, hacia el sindicalismo, inspirado en el anarco sindicalismo y en el marxismo, tras el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, con la creación del Partido Comunista Centroamericano y sus seccionales nacionales.

Durante la década de los veinte, en un clima de mayor libertad tras el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera, donde por primera vez participaron como un movimiento organizado, aunque bajo la égida de sectores de la burguesía en el Partido Unionista, se desarrollaron una serie de centrales sindicales, algunas inspirada por la orientación marxista y otras ya bajo la influencia de las orientaciones liberales pro imperialistas, del Partido Demócrata estadunidense.

Con el advenimiento de la dictadura ubiquista se persiguió y reprimió el movimiento obrero y el también naciente movimiento estudiantil, que tenía entre sus demandas la lucha por la reforma universitaria, conquista medianamente conseguida con el otorgamiento de la autonomía universitaria por la Junta Revolucionaria de Gobierno.

En 1946 se da un intento de unificar el movimiento obrero, con la Conferencia Sindical Nacional Unitaria, donde se lanza la consigna de la reforma agraria con el fin de acuerpar la lucha del campesinado por la tierra. Sin embargo, el gobierno de Arévalo tuvo una actitud reacia, tal como señala Díaz Rossoto, a la organización sindical, pese a que se lograron conquistas importantes como el salario mínimo y el derecho a la sindicalización; en ese marco se fue generando una serie de huelgas tanto en empresas de capital nacional como estadunidense, así como en industrias estatales tales como los puertos, reprimida fuertemente por Arévalo.

Arévalo, inspirado en una orientación socialdemócrata anti-comunista, no permitió que se re-organizara un partido comunista, cerrando la Escuela Claridad y expulsando a comunistas procedentes de otros países. Es así que la organización comunista nace dentro de las filas de uno de los partidos revolucionarios de centro izquierda, como el Partido de Acción Revolucionaria, el que se separa formado la Vanguardia Democrática, la cual posteriormente se denomina en 1949 como Partido Comunista Guatemalteco. Por su parte, otro sector se formó aparte bajo el nombre de Partido Revolucionario Obrero Guatemalteco; ambos se fusionaron en 1951 con la creación del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), obteniendo seis escaños en las elecciones de ese año.

Ya durante el gobierno de Árbenz, el movimiento obrero asume un matiz mas ofensivo, con la creación de la Central Nacional de Trabajadores de Guatemala en 1951, con cierta influencia del PGT, logrando entonces la unificación sindical aun con tendencias más proclives al colaboracionismo con las patronales y otras influidas por el sindicalismo reformista.

En el gobierno de Árbenz se asiste a un fortalecimiento del movimiento obrero y a la  profundización de la revolución, la cual había logrado desplazar a la oligarquía del poder formal, revolucionando el régimen político, siguiendo las palabras de Nahuel Moreno, pero manteniendo el carácter capitalista del Estado, De hecho, el proyecto de los partidos revolucionarios y del PGT bajo la orientación estalinista de alianza con  fuerzas supuestamente democráticas de la burguesía, era el desarrollo de un capitalismo sin ataduras con el imperialismo.

De tal forma que se desarrollan una serie de huelgas exigiendo el reconocimiento y la firma de pactos colectivos en la United Fruit Company (UFCO), la Tabacalera Nacional, la Internacional Railways of Central América (ferrocarriles), la Empresa Eléctrica y la Pan American Airway (aviación), todas de capital gringo, logrando estas conquistas. De igual forma se produce en 1952 la reforma agraria que implicaba el desmantelamiento de la concentración agraria tanto de finqueros nacionales como de tierras en posesión de la UFCO.

Un duro golpe para la unidad obrera fue la creación, según Díaz Rossoto, de la Central Nacional de Campesinos de Guatemala, pues debilitó los vasos comunicantes y orgánicos entre obreros y campesinos; aunque en el ámbito rural se fueron creando comités agrarios locales para profundizar la reforma agraria con algún tipo de organicidad con la central campesina. Sin embargo, el alejarse de la influencia obrera los dejó a expensas, por un lado, de orientaciones oportunistas del PRG y de otros partidos de centro-izquierda, así como también de acciones aisladas aventureras de algunos militantes del PGT o del reformismo que pesaba a su vez dentro de este partido producto del estalinismo. Todo esto en el momento que se preparaba la contra-revolución y la invasión procedente de Honduras, apoyada por la CIA.

¿De qué revolución estamos hablando?

Mientras se asiste a una ofensiva del actual gobierno de Giammattei para ir limitando los derechos laborales y sociales conquistados desde la década revolucionaria, como bien lo señalamos en un volante que distribuimos durante la pasada marcha de este año, se asiste a un debate alejado de estas necesarias luchas. Sin embargo, es importante señalar algunos aspectos breves.

Díaz Rossoto señaló que lo que se estaba produciendo fue la agudización del conflicto entre el capital y el proletariado bajo un Estado de matriz capitalista que respetaba la propiedad privada, pero manejado por fuerzas “democráticas” de la pequeña burguesía, donde la burguesía que apoyó al inicio la revolución y que prosperó con el proceso de industrialización, cada vez mas se sumó al carro contra-revolucionario, especialmente a partir del desbaratamiento del golpe de Estado de Arana contra Arévalo y su muerte en 1949..

Sobre eso se ha dicho, que el gran faltante fue la organización popular independiente de los partidos de centro-izquierda y del gobierno de Árbenz. El mismo PGT, en un escrito de su Comité Central en 1956 que se conoció como el documento de la Magnesia, reconoce que este partido no logró romper con la dirección pequeño burguesa de la revolución y pese a tocar con pinzas, la orientación estalinista en línea de Dimitrov de los frentes populares, la cual adujo no fue bien aplicada, sí consideró un error no impulsar una política independiente desde y para el proletariado.

En otro sentido, Sergio Tishler argumenta, equiparando con lo planteado para la revolución boliviana de 1952 por Zabaleta Mercado, que la revolución guatemalteca tuvo un carácter nacional-popular, bajo parámetros y dirección de una pequeña burguesía, pero dentro de moldes de una dominación consensuada y bajo formas relativas de la plusvalía. El mismo movimiento obrero asumió el llamado de los capitalistas productivos para desarrollar la industria y aun con Árbenz consideraban necesario un pacto con estos.

Sin embargo, fue sobre todo en el último periodo, donde el mismo Tishler reconoce existió un desbordamiento del campo popular, pero que aún dentro del marco de la intervención deja entrever, aun posible la permanencia del horizonte democrático burgués. Pero al igual que en Bolivia, pese al papel de la Central Obrera Boliviana, la cual fue un verdadero doble poder, nunca desembocó en un control total obrero del poder político, es decir del proletariado organizado en alianza con el campesinado y otras capas sociales.

Lo cual, desde la programática transicional del trotskismo, consideramos que en ese ambiente de luchas de los trabajadores, hubiera implicado  la nacionalización de empresas bajo control obrero, para defender junto a los comités agrarios locales de la reforma agraria, junto a sectores medios y bajos revolucionarios del ejército, a la revolución octubrista de la intervención estadunidense y la reacción oligárquica, capitaneada  por elementos militares y civiles  anti-comunistas y bendecidos por la iglesia católica, la cual manipuló a masas atrasadas minoritarias contra la revolución.

Por Oliverio Mejía

El concepto ladino se fue configurando en los albores de colonia para ir definiendo al mestizo producto de la mezcla étnica entre indígenas, europeos y africanos o para los españolizados procedentes de los grupos mayas, xincas, africanos garífunas y esclavos negros.

Estos tenían la característica de no ser reconocidos en materia de derechos para la posesión de la tierra, el bloqueo agrario que menciona Severo Martínez, esto provoco que se fueran asentando en terrenos sin reconocimiento oficial para formar villas y pueblos, aunque al final los hechos obligo a las autoridades coloniales a por lo menos realizar registros. Esto es importante anotar que, en las otras provincias del Reino de Guatemala, estos segmentos de población fueron la mayoría, ubicándose en todas dentro de las profesiones artesanales y la ganadería, estableciéndose como capas medias.

Esta situación se generó a contrapelo de las nociones que la corona trato de implementar con el pueblo de indios y el pueblo de españoles, por medio de las dos repúblicas. Es importante anotar que las autoridades reales peninsulares fomentaron y mantuvieron los llamados pueblos de indios, formalmente para evitar los abusos de los criollos y el control político, desde los ayuntamientos que estos realizaban; pero en la práctica fue una forma de regular el trabajo forzado de indígenas hacia los criollos y el tributo hacia la monarquía, bajo la idea de la minoridad de edad de los indígenas que la monarquía y las autoridades eclesiales debían proteger.

Es decir, una forma de racialización, bajo el pretexto de la protección de los abusos de los criollos, lo cual afectaba la racionalidad económica del sistema en conjunto. Así se genera una capa de liderazgos en las comunidades indígenas por medio del control de cofradías y mayorazgos, que mediaban con las autoridades reales y eran correa de trasmisión de los poderes coloniales, centrando mucho de la resistencia contra los intentos de mestizos de tener manejo de los recursos económicos en estas comunidades.  Sin embargo, en los momentos de crisis del poder español, a partir de la Constitución de Cádiz de 1812 que suprimió los tributos el trabajo forzado, elementos intelectuales y comerciales, realizaron protestas contra el poder criollo de la Ciudad de Guatemala, siendo la más celebre el levantamiento de Atanasio Tzul de 1820 en Totonicapán.

Construcción de la idea nacional ladina

Fue la fracción liberal, vinculado al librecambismo con el Imperio Ingles, posterior a la independencia definitiva de México en 1823, quienes bajo la lógica de imprimir una ciudadanización de igualdad formal, consideraron que estas distinciones de las repúblicas de indios y españoles deberían desaparecer, a diferencia de la fracción conservadora que abogaba por mantenerla.

Los liberales que gobernaron entre 1823 a 1827 en la Guatemala y la Federación y en la década de los treinta hasta 1838, trataron de aplicar estas ideas de igualdad formal, pero sin reparar la desigualdad real y, es más, consideraron la existencia de tierras de indios, una rémora que era obstáculo para el progreso económico. De igual forma pasaron por alto las demandas de los sectores artesanales y de algunos productores pequeños contra las consecuencias del libre comercio. De ahí, que, tras el rompimiento de la Federación y la creación del Estado de Guatemala, con Carrera a la cabeza, este como buen caudillo, arbitrando entre las comunidades rurales mestizas e indígenas y las elites conservadoras, mantuvo el modelo de las dos repúblicas.

Con el ascenso de la fracción liberal nuevamente al poder en 1871 y su proyecto de incorporación a los mercados capitalistas mundiales por medio de la exportación de café, dieron el golpe a las tierras comunales, expropiándolas para una nueva capa social de origen mestiza en algunos casos y manteniendo en otros, las tierras en control municipal.  Lo cual fue otra innovación, la creación de una municipalidad centralizada y manejada por estos sectores, despareciendo las municipalidades indígenas del periodo conservador.

Este largo periodo de la historia entre 1871 hasta mediados del siglo XX, que tuvo su primera crisis con el derrocamiento de Manuel Cabrera en 1920, pero que se reconfiguro con la dictadura de Jorge Ubico quien asumió en 1931 hasta el advenimiento de la revolución democrática del 20 de octubre de 1944, tuvo que estructurarse hegemónicamente a partir de la idea de la nación ladina.

Esta idea de nación, se centra en el racismo estructural hacia la población de origen maya. Dispositivo ideológico y de control, que descansa en el trabajo servil del indígena, de ahí que, con la expropiación de las tierras comunales a finales del siglo XIX, se mantuviera y se acrecentara la obligación de trabajo semi gratuitamente de las y los indígenas en el latifundio de exportación por medio del endeudamiento de los trabajadores indígenas y manteniendo a estos el mini fundió cada vez más fragmentado, en una especie de semi proletarización y campenización constante. Aunque en otras regiones como en el norte fue el mozo colonato, formas prácticamente feudales de posesión en manos de grandes haciendas.

Esta construcción hegemónica por medio del racismo provoco que el modelo de trabajo, generara una equiparación hacia abajo de salarios para indígenas y mestizos, pero bajo prejuicios racistas de los segundos con los primeros, al considerarse distintos y superiores. De ahí, que consideramos, que la idea ladina de nación, fue un a creación de sectores en ascenso y de algunas fracciones tradicionales oligarcas, para rechazar el ethos maya y el derecho a la autodeterminación de estos, afectando a la clarificación de la conciencia de la clase proletaria conformada por mayas y mestizos. Culturalmente busco integrar al indígena a la educación, aunque limitadamente, impartida en español con la búsqueda de que perdieran su idioma y sus costumbres.

Todo esto fue configurando un modelo que Sergio Tishler lo denomino Estado finca basado en la dominación oligarca, el cual era consustancial a la representación social de la patria ladina.

La revolución de octubre de 1944

La dictadura ubiquista ahogo todo intento de rebelión, como producto de la sublevación campesina en El Salvador de 1932, asesino a liderazgos populares, la persecución contra el naciente sindicalismo, los movimientos estudiantiles por la reforma universitaria y el fusilamiento de la alcaldía indígena de Nebaj.

Con la crisis del gobierno de Ubico, los intentos de recambio con Ponce Vaidez y la sublevación contra el régimen político dictatorial, tras la rebelión militar y civil que instauran la Junta Revolucionaria de Gobierno conformada por Francisco Javier Arana, Jacobo Arbez y el civil Jorge Toriello; los sectores movilizados fueron sobre todo maestros, estudiantes, algunos obreros-artesanales y militares. La sublevación de sectores campesinas e indígenas fue casi nula al igual que en el levantamiento contra Cabrera, a lo mejor por la forma en que se estructuro el Estado finca, sin embargo, sí se sabe que en algunas fincas los trabajadores quemaron las fichas que era la forma en que se obligaba por medio de deudas hacía con los patrones, para que realizaran trabajo servil.

Paradójicamente el único levantamiento indígena fue en contra de la revolución, en el municipio kaqchiquel de Patzicia, pero sus causas tienen connotaciones locales. Es decir, los indígenas aliados al ubiquismo se levantaron contra del control político y el despojo de tierra de parte de mestizos que simpatizaban con la revolución. Estos derrotaron a la municipalidad contralada por estos, pero ladinos de otros municipios se armaron y la aplastaron, realizando una masacre en contra de los mayas sublevados.

Esto ha dado pie a clasificar por algunos intelectuales mayas actualmente a la revolución de octubre, si bien democrática como racista, lo cual es una determinación a nuestro punto de vista equivocada. Si bien ya vimos como no hubo actores indígenas y campesinos de peso en el momento inicial, las transformaciones de revolución caminaban en ir suprimiendo el colonialismo interno por medio de algunos factores.

Primero en el gobierno de Arévalo, al suprimir el trabajo forzado que Ubico reimplantó en favor de los finqueros y en obras públicas, segundo la desaparición, por medio de un decreto de formas pre capitalistas como el mozo colonato el cual tendría que irse superando y tercero el factor más radical, durante el gobierno de Jacobo Arbez la reforma agraria decretada en 1951, la cual desde 1946 la naciente Confederación Nacional de Trabajadores de Guatemala, exigió.

Si bien la reforma agraria como es sabido fue detenida tras la contrarrevolución apoyada por Estados Unidos en 1954, esta logro avanzar repartiendo tierras en algunas regiones sobre todo en oriente y en la costa sur, con el establecimiento de Consejos Agrarios y el reconocimiento de las comunidades indígenas a reclamar tierras y posesionarse de estas, más en la región oriental hacia los Chortis, logrando también cambios en el poder local contra la usurpación ladina.

Lo que la revolución y la concepción de sus liderazgos y fuerzas sociales no visualizaron, es el rompimiento cultural de la representación ladina de nación, se reconoció como sujetos de derechos a las y los indígenas, pero bajo una lógica de convertirse parte de la misma nación en igualdad de condiciones. Pero sin identifica sus particularidades étnicas y la autodeterminación como pueblo, reivindicaciones que han tomado fuerza en décadas posteriores.