Por Melchor Benavente

La primera guerra civil centroamericana (1826-1829) terminó con el triunfo militar de los liberales criollos bajo el mando del general Francisco Morazán. El liberalismo de la época no era homogéneo, no existía un partido liberal centroamericano, sino que eran la sumatoria de las diversas agrupaciones nacionales, las que tenían diversos intereses, a veces contradictorios entre sí.

El 13 de abril de 1829 fue derrocado el gobierno conservador de Mariano Beltranena y Llano (1828-1829), quien ejerció la presidencia de la república federal por un corto periodo. Los liberales expulsaron al arzobispo Ramon Casaus y Torres, a los curas de ciertas ordenes religiosas y los principales miembros de la oligarquía guatemalteca.

El 25 de junio de 1829 le sucedió como presidente interino el senador Jose Francisco Barrundia y Cepeda, quien organizó las elecciones en las que, en septiembre de 1830, resulto ganador el general Francisco Morazán, quien asumió como el cuarto presidente de la recién nacida república federal.

La elitista democracia de los liberales criollos

Habiendo reconquistado el poder, la corriente liberal de Morazán, la más importante e influyente, inicio una reforma liberal, para sacudir el lastre de las instituciones que había establecido la breve Constitución de Cádiz de 1812, que todavía perduraban y eran dominantes en el conjunto del Estado Federal. Morazán pretendió modernizar la débil democracia de una elite criolla, que era absoluta minoría en relación al conjunto de la población indígena y ladina.

La primera Constitución del Estado de Guatemala, aprobada en 1825, era una copia local de la Constitución de la República Federal de 1824, que a su vez retomaba muchas las instituciones de la Constitución de Cádiz de 1812.

El articulo 46 definió que eran ciudadanos “todos los habitantes del Estado naturales o naturalizados en cualquiera de los otros Estados de la Federación que fuesen casados o mayores de diez y ocho años, siempre que ejerzan alguna profesión útil, o tengan medios conocidos de subsistencia”. De esta manera, aunque todos los habitantes varones eran considerados ciudadanos, no todos tenían derechos políticos. La mayoría de los indígenas y ladinos no podían ejercer el derecho de elegir o ser electos, mucho menos las mujeres, que no tenían ningún tipo de derecho.

Aunque teóricamente la asamblea legislativa era unicameral, en realidad era bicameral por la existencia del “Consejo Representativo”, una especie de senado, compuesto por “representantes elegidos popularmente, en razón de uno por cada departamento del Estado (…)” (artículo 115). Este Consejo Representativo tenía la facultad de vetar las leyes (Título V, sección 2), lo que hacía aún más elitista la democracia liberal de los criollos. Guatemala no era la excepción, esa era la regla en toda la república federal.

Las enormes contradicciones de la reforma liberal

En ese periodo fue electo como Jefe de Estado de Guatemala, el liberal Mariano Gálvez (1831-1838). Los liberales morazanistas impulsaron la reforma liberal, la que tuvo enormes repercusiones políticas en Guatemala. Se aprobó la libertad de cultos, la abolición de los diezmos a favor de la Iglesia Católica, la transformación de conventos en escuelas, cuarteles u hospitales. Se instauró el matrimonio civil y el divorcio. Con muchas limitaciones financieras, se instauró la educación pública. El conjunto de la legislación fue adaptada a los Códigos de Livingston, originalmente elaborados en 1826 para el Estado de Lousiana, Estados Unidos.

En Guatemala, la reforma legal inspirada en los Códigos de Livingston, fue aprobada por la Asamblea Legislativa entre abril de 1834 y agosto de 1836, y entró en vigencia en enero de 1837. El sistema de justicia sufrió un repentino cambio, al instaurarse el sistema de jurados. La reforma educativa y judicial fueron las que tuvieron más impacto en Guatemala y El Salvador, por ser los Estados con mayor población indígena.

Aunque las masas indígenas no tenían derechos políticos, sufrían directamente las consecuencias económicas para sufragar los gastos de esta reducida y elitista democracia liberal de los criollos. La implementación de los Códigos de Livingston al establecer el sistema de jurados, hubiera gozado del apoyo y aceptación de la población indígena, acostumbrada a una justicia comunal, si hubiesen gozado de los derechos para elegir a sus representantes como miembros de los tribunales de jurados, pero no fue así, sencillamente porque no tenían derecho a ser electos como tales. La democratización del sistema judicial era solo para la minoría criolla. Para implementar el nuevo sistema de justicia, se obligó a las comunidades indígenas a construir cárceles mediante trabajo forzado, incluida la construcción del puerto Livingston.

La reacción conservadora pasa a la ofensiva

Después de finalizada la primera guerra civil centroamericana, en 1831 la reacción conservadora pasó nuevamente a la ofensiva. Irónicamente, la Iglesia Católica, perseguida por los liberales, ejerció siempre una influencia total en las masas indígenas, que habían fusionado a sus dioses paganos con los santos del catolicismo.

En 1831 estallaron rebeliones en Honduras, El Salvador y Guatemala., que fueron apoyadas por los exiliados que fueron derrotados en 1829. El expresidente Manuel Jose Arce, refugiado en México, ataco la región de Los Altos de Guatemala.

Las causas de la rebelión indígena

Algunos historiadores han creado el mito que el triunfo de la rebelión campesina e indígena dirigida por Rafael Carrera fue producto de las conspiraciones de los conservadores y de la Iglesia Católica. En realidad, intervinieron otros factores mucho más importantes.

Ante la declinación de los precios del añil en el mercado internacional, en Guatemala se produjo un auge de las exportaciones de cochinilla, la que era cultivada en Amatitlán, Antigua, Cuajinicuilapa y Chiquimula (47). Esta fue una zona donde el levantamiento de Carrera gozó de amplio apoyo social. Este auge de las exportaciones fue posible a costa de la propiedad comunal indígena.

Desde 1825 la Asamblea Constituyente de la República Federal decretó que las tierras baldías podían ser denunciadas y compradas a un precio bajo. En vez de legalizar la propiedad comunal, bajo la Republica federal se acentuó el proceso de concesiones a compañías extranjeras, y el despojo de las comunidades indígenas. De igual manera, la distribución de las tierras ejidales causó conflictos entre las diferentes comunidades. Los indígenas no tenían dinero para comprar tierras. Los hacendados fueron los únicos beneficiados, porque tenían dinero para comprar las tierras “baldías”.

Adicionalmente, al proceso de despojo de las comunidades indígenas, el gobierno liberal de Mariano Gálvez, necesitados de fondos, decretó nuevos impuestos: uno de contribución directa, parecido al tributo que los indígenas pagaban en la época colonial, y que había sido derogado con el movimiento independentista de 1811, restablecido por Fernando VII y vuelto a derogar inmediatamente después de la independencia.

En 1834 se creó un impuesto sobre el destace de reses sacrificadas en cada pueblo. El diezmo eclesiástico, existente durante la época colonial, odiado por los indígenas y campesinos, fue derogado en 1832, pero fue sustituido por un nuevo impuesto territorial. En 1836 el Congreso Federal, necesitado de fondos, decretó un impuesto de dos pesos por cabeza, que echó más leña al fuego.

El inicio de la rebelión y el surgimiento de Rafael Carrera

En abril de 1833 se produjo la rebelión de los indios nonualcos en El Salvador, contra el impuesto de capitación, que terminó con la muerte del líder indígena Anastasio Aquino. En mayo se produjo una rebelión en Mataquescuintla, Guatemala, al frente del desconocido líder Rafael Carrera, un bastardo ladino que desempeñó diferentes oficios: comerciante de cerdos, arriero de mulas, etc.

En ese mismo periodo se produjo otra rebelión en San Juan Ostuncalco, departamento de Quezaltenango. Todo el oriente de Guatemala, con mayor presencia ladina, fue sacudido por levantamiento violentos contra los impuestos del gobierno de Gálvez. Incluso, hasta los hacendados estimulaban las protestas. Morazán intervino militarmente ayudando a aplastar la protesta campesina e indígena. En Santa Rosa se produjo otra insurrección, llegando a formar un gobierno rebelde. Carrera se convirtió en el líder de una masiva revuelta campesina, bajo la forma de una guerra de guerrillas, contra las políticas expoliadoras del gobierno de Gálvez.

La división de los liberales guatemaltecos

La rebelión campesina e indígena dividió al gobierno liberal. Mientras Gálvez intentaba aplastar la rebelión con el apoyo militar del gobierno federal, Barrundia y Pedro Molina insistían en respetar las libertades. La política de terror de Gálvez mas bien ampliaba la base social de la rebelión. Presionado por la fracción de Barrundia y Pedro Molina, Gálvez acepto otorgar una amnistía limitada. Gálvez era apoyado por los comerciantes, mientras Barrundia era apoyado por los terratenientes, quienes se mostraban conciliadores con la rebelión, y querían pacificar el campo.

En la medida que el gobierno de Gálvez se debilitaba, este busco apoyo entre los conservadores, que habían sido derrotados en 1829. Estableció alianzas con el padre Jose de Aycinema. En agosto, Gálvez decreto una amnistía general. Mientras tanto, crecía la rebelión campesina.

Gálvez formo en diciembre de 1837 un gobierno de unidad nacional con los conservadores, teniendo como ministros de Justicia al padre José de Aycinema, y a Marcial Zebadúa como ministro de finanzas. Esta fue la gota que colmó la paciencia de la otra fracción de Barrundia y Molina

Barrundia y Morazán se acercan a Carrera

Consciente de la importancia de la rebelión indígena, Barrundia intentó negociar infructuosamente con Carrera. Pedro Molina solicitó la intervención militar del ejercito federal, pero Morazán se mostró muy cauto, y autorizo a la fracción de Barrundia y Molina entablar negociaciones con Carrera. Gálvez decretó un empréstito forzoso para aumentar el numero de tropas. Barrundia reaccionó instalando un gobierno paralelo en Antigua, lo que enfrentó a las dos fracciones liberales en medio de la guerra.

José Gregorio Salazar, vicepresidente de la federación, y Miguel Alvarez, ministro de relaciones exteriores, mediaron entre los dos gobiernos liberales. Acordaron en el cuartel de Guardia Vieja que Gálvez debía renunciar y Pedro Valenzuela asumiría el gobierno de Guatemala. Parecía que la fracción de Barrundia se había impuesto, pero no fue así.

El 1 de febrero de 1838, Carrera entró triunfante a la capital, a la par cabalgaba nada menos que Barrundia. Las tropas campesinas saquearon negocios y mansiones. El vicepresidente federal Jose Gregorio Salazar fue asesinado. En medio del caos, Carrera restableció el orden, convirtiéndose en el centro de un nuevo poder.

Carrera se prapara para el asalto final

Carrera se subordinó al nuevo gobierno, su fuerza militar fue disuelta y enviada a sus hogares. Era una situación caótica por que el Consejo Representativo no había aceptado la renuncia de Gálvez, pero Pedro Molina ya era presidente de la Asamblea Legislativa. Los conservadores tenían muchas dudas sobre las intenciones de Carrera. El nuevo Jefe de Estado, Pedro Valenzuela, al tener información que Carrera estaba reorganizando sus fuerzas, decretó un nuevo empréstito forzoso para reclutar mas soldados. Los conservadores se opusieron. Pedro Molina renunció a la presidencia de la Asamblea Legislativa. El último gobierno liberal moría aceleradamente.

El 3 de marzo de 1838 la Asamblea Legislativa aceptó formalmente la renuncia de Mariano Gálvez, a pesar de la existencia del gobierno de Pedro Valenzuela. El día 13 de marzo fueron derogados los Códigos de Livingston, lo que se hizo efectivo hasta el día 29. Mientras agonizaba el gobierno liberal, los conservadores levantaban la cabeza y Carrera reorganizaba sus tropas campesinas para la batalla final contra Morazán.

Por Leonardo Ixim

Con la denominada revolución de 1871, los liberales al mando de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios Auyún retoman el poder, el cual perdieron tras la disolución de la República Federal de Centroamérica y la creación del Estado de Guatemala bajo la figura caudillista de José Rafael Carrera y Turcios, que llevó a los conservadores al gobierno.

Pese a que la historiografía liberal la considera una revolución, sobre esto existe aun mucho debate; toca profundizar el alcance de ésta, si fueron reformas o una revolución propiamente dicho y cuánto modificó tanto el modelo social como al régimen político existente. Esto tras el derrocamiento del mariscal Vicente Cerna, que gobernaba desde 1865 tras la muerte de Carrera -brevemente gobernó Pedro de Aycinena- continuadores del conservadurismo. 

Características del período

De tal forma que Miguel García Granados gobernó entre 1871 a 1873, para que posteriormente asumiera Barrios en 1873. Entre las características mas destacadas de este gobierno -las cuales le dieron fisonomía a la denominada revolución liberal- estuvieron: a) Separación definitiva de la Iglesia y del Estado, que procedió a expropiar a las órdenes regulares y a los jesuitas, sobre sus vastas propiedades. b) Supresión de diezmos y primicias obligatorios. c) Extinción de las cofradías. d) Instauración del matrimonio civil. e) Secularización de cementerios. f) Creación del registro civil. g) Instauración de la enseñanza laica. h) Instauración de la escuela primaria gratuita y obligatoria. i) Reorganización de la Universidad de San Carlos, para eliminar los cursos de teología.

El elemento central en el plano económico fue el aumento de la extensión del cultivo del café, bebida demandada por los mercados internacionales, considerada vital para mantener a la fuerza de trabajo europea produciendo. En ese sentido, se valió de dos estrategias, a saber, uno la expropiación de tierras a la iglesia católica y dos, la eliminación de las tierras comunales indígenas (Decreto 170). Estas medidas, realizadas por los distintos gobiernos liberales de Centroamérica fueron consideradas la entrada a la división internacional del trabajo.

Esto, que ya estaba considerado en el viejo ideario liberal pos independencia, consideraba ambos reservorios de tierras vitales para la producción y por ende, como improductiva la forma en que estaban. Para los Pueblos Indígenas este proceso ha sido considerado un verdadero despojo, a partir de que las tierras de indios mantenidas por el sistema colonial y los gobiernos conservadores fueron disueltas. De tal forma que muchas de estas tierras robadas fueron a parar a sectores de la pequeña burguesía que se identificaba como ladina, entre ellos a cercanos colaboradores del nuevo régimen liberal. Pese a todo, algunas tierras comunales quedaron en manos de las municipalidades, convertidas en ejidos.

Este expolio fue acompañado de la necesidad de garantizar mano de obra por métodos pre-capitalistas, aunque el objetivo era acrecentar al máximo las ganancias de los dueños de las plantaciones de café. De tal forma, que el gobierno emitió el Decreto 177 o Reglamento de Jornaleros; este decreto establecía que los indígenas y campesinos debían trabajar obligatoriamente en las fincas de café, y el Estado velaba porque eso fuera efectivo. Los campesinos quedaban sujetos a la habilitación, es decir, se les pagaba anticipadamente para endeudarlos y oblígalos a pagar la deuda a discreción del finquero. Además, se creó la libreta de jornaleros, el cual fue un documento probatorio de solvencia del trabajador frente a su patrono, y sin la cual estaba sujeto al rigor de las autoridades y de los dueños de fincas, que incluía la cárcel o vejámenes físicos

El Reglamento de Jornaleros fue eliminado en 1874 por el gobierno liberal de José María Reina Barrios, pero impuesto nuevamente por el también liberal Manuel Estrada Cabrera, hasta la derogatoria de estas formas serviles de trabajo, por la revolución democrática de 1944.

Fracasa la reunificación forzosa centroamericana

El gobierno de Barrios, caracterizado por su despotismo pese a su ropaje liberal, representaba a las facciones de la burguesía y pequeña burguesía desplazada por los gobiernos conservadores previos y tenía entre sus horizontes la reconstrucción de la República Federal Centroamericana. Los hechos produjeron que esta intentona fuera por medio de las armas, dando como consecuencia que Barrios resultara muerto en la batalla de Chalchuapa de 1885.

Pese a que entre 1872 y 1885 existieron varias tentativas de unificación por medio de conferencias, en 1876 se realizó la Conferencia de Guatemala, pero otra guerra entre El Salvador y Guatemala detuvo las posibilidades. Barrios intervino en Honduras, derrocando a Mario Aurelio Soto e imponiendo a Luis Bogran en mayo de 1883, esperando contar con aliados en El Salvador; al final, el gobierno de ese país, más los de Costa Rica y Nicaragua, se opusieron a estas maniobras.

Tal situación desesperó a Barrios, que el 28 de febrero de 1885 emitió un decreto mediante el cual proclamaba la unificación centroamericana, por medio de la fuerza si fuera necesario. Barrios se arrogaba el titulo de Supremo Jefe militar de Centroamérica y disponía que el 1 de mayo de ese año se reuniese en Guatemala una constituyente con quince delegados por país, para emitir una Constitución, escoger una capital y elegir al presidente. Declarando traidores a quienes adversaran el plan y ofreciendo ascensos a los militares que la apoyasen; la Asamblea Legislativa de Guatemala aprobó enseguida el decreto. Al parecer, en un inicio se contó con el beneplácito de las autoridades de Honduras y la simpatía del gobierno salvadoreño de Rafael Zaldívar, sin embargo, Costa Rica y Nicaragua se opusieron tajantemente.

Por otra parte, el 10 de marzo el Secretario de Estado de Estados Unidos, Thomas F. Bayard, anunció que su país no aprobaría el uso de la fuerza para restablecer la unión centroamericana y el Senado de ese país indicó que una invasión a Nicaragua o a Costa Rica sería percibida como un acto de enemistad y de intervención hostil. El Gobierno de ese país despachó, además, cinco barcos de guerra a las costas caribeñas centroamericanas.

A su vez, el gobierno mexicano de Porfirio Díaz, temeroso de que en su frontera sur se formara una potencia competidora, envió un contingente de 30 mil elementos a la región de Soconusco en Chiapas, fronteriza con Guatemala, que unos años antes había sido apropiada por la fuerza por ese país en detrimento Guatemala.

El senado y la cámara de representantes de El Salvador se opusieron a esa tentativa y encomendaron a Rafael Zaldívar defender las fronteras de ese país. Así, el 22 de marzo los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, firmaron en la occidental ciudad de Santa Ana en el segundo país, un tratado de defensa mutua que tuvo el apoyo en armas y recursos de parte de México. Esta situación provocó un movimiento de piezas, porque Nicaragua envió tropas cerca de la frontera con Honduras y hasta Estados Unidos movilizó elementos en su frontera sur con México.

Pero Barrios, decidido, envió tropas a El Salvador, de 14 a 14,500 hombres,  entre ellos un pequeño contingente salvadoreño que simpatizaba con esta tentativa al mando de Francisco Menéndez;  mientras que El Salvador movilizó entre 5 a 8 mil hombres. Con movimiento de artillería, las tropas guatemaltecas, superiores en número, entran a territorio salvadoreño, pero en la ciudad de Chalchuapa el dos de abril, en el actual departamento de Ahuachapán, cerca de la frontera, durante un fuerte enfrentamiento entre ambos, una bala alcanzó al general Barrios, quien a los minutos resultó muerto.

Muchos de los muertos de ambos bandos fueron enterrados en fosas comunes en las faldas del volcán Chingo, situado en la frontera entre ambos países

Consecuencias

La muerte de Barrios desalentó esta tentativa y la Asamblea Legislativa rápidamente, el 3 de abril, derogó el decreto de unidad centroamericana por la fuerza si fuera necesario. El 11 de abril Honduras y Nicaragua concertaron un acuerdo de paz en Namasigue, y el 14 del mismo mes el gobierno de El Salvador, en nombre de los aliados de Santa Ana, firmó un convenio de paz con Guatemala, aprobado posteriormente por Costa Rica y Nicaragua.

A los días, el presidente salvadoreño Zaldívar invitó a los demás gobiernos centroamericanos a enviar delegados para celebrar en Santa Tecla, El Salvador, el 15 de mayo, una conferencia unionista. La iniciativa fue acogida por Honduras, pero Costa Rica, Guatemala y Nicaragua declinaron la invitación y la reunión no se celebró.

Posteriormente se realizaron tres congresos para lograr la unificación centroamericana. En 1891 se firmó el proyecto de Dieta Arbitral Centroamericana, la cual no fue ratificada por la guerra entre Honduras y Nicaragua. En 1895 se firmó la Conferencia Presidencial de Amapala, en esta ciudad en el departamento del Valle, Honduras, para crear los Estados Unidos Centroamericanos, entre Honduras, El Salvador y Nicaragua; estableciendo un ejecutivo federal en noviembre de 1898,  pero a los meses, producto de las oscilaciones políticas en estos países, se disolvió.

Por Melchor Benavente

Mucho antes de proclamarse la primera independencia en 1821, ya existía una fuerte rivalidad entre los ricos comerciantes guatemaltecos y las elites coloniales de lo que sería más tarde el Estado de El Salvador. No fue una casualidad que las elites salvadoreñas se opusieran a la anexión a México, proclamada en enero de 1822. Y tampoco fue una casualidad que los pilares de la federación centroamericana fuesen Guatemala y El Salvador.

Anexión a Estados Unidos

El 5 de diciembre de ese mismo año, la diputación de la provincia de San Salvador declaró su rechazo a la anexión a México y formó una Junta Gobernativa, encabezada por José Matías Delgado y Manuel José Arce, que decretó la anexión unilateral para formar parte de Estados Unidos, nación que en esos momentos era vista como un faro de progreso y libertad. Manuel José Arce y Juan Manuel Rodríguez fueron a Washington a negociar la anexión, la cual fue recibida con escepticismo y frialdad. Esta anexión a Estados Unidos, no progresó.

Tres sectores en pugna por la anexión a México

En ese momento, en el Salvador existían tres grupos de la clase dominante: los grupos exportadores de añil en las ciudades de San Salvador y San Vicente, y el grupo de San Miguel, baluarte del liberalismo de la época.

El localismo predominante en toda Centroamérica se debió a que las reformas borbónicas fortalecieron el rol de las municipalidades, por un lado, y la ausencia de un mercado interno, debido a que el conjunto de la economía giraba en torno a la exportación de productos. San Miguel y Santa Ana se declararon favorables a la anexión a México, mientras que San Salvador, San Vicente y Zacatecoluca se opusieron.

Después de 1821 en Centroamérica hubo tres sectores en pugna: las provincias que querían liberarse de Guatemala, pero aceptaron la anexión a México como mal menor; los guatemaltecos que siempre lucharon por mantener su hegemonía; los radicales autonomistas. En El Salvador, estos estaban representados por los notables de San Salvador, aliados de los liberales radicales de Guatemala. Estos dos sectores jugaron un papel clave en la lucha por la separación de México y la conformación de la federación centroamericana.

Al estallar la resistencia militar a la anexión, Guatemala organizó un gobierno aliado en San Miguel, en oposición a los rebeldes de San Salvador. En febrero de 1823, el general mexicano Vicente Filísola ocupó militarmente San Salvador en momentos en que se desmoronaba el imperio de Iturbide, firmando un generoso armisticio con los vencidos.

Filísola dio un giro político, y convocó a Congreso centroamericano para el 29 de marzo de 1823, con el objetivo de organizar una transición hacia un gobierno de los centroamericanos, sin presencia militar mexicana. Este congreso proclamó por segunda ocasión la independencia de las provincias de Centroamérica, en relación a España, México y cualquier otra potencia. En noviembre de 1824 fue promulgada la Constitución Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica

La primera guerra civil centroamericana (1826-1829)

En marzo de 1824, adelantándose a la Constitución Federal, El Salvador fue la primera provincia en convertirse en Estado y dotarse de su propia Constitución, eligiendo en 1825 a Manuel José Arce como su primer Jefe de Estado.

La federación Centroamérica nació dependiente de la exportación de añil, cuando los precios declinaban en el mercado mundial. Tanto las autoridades federales como los gobiernos de los Estados carecían de los fondos necesarios. No obstante, desde su nacimiento, el Estado federal tuvo que intervenir militarmente en otros Estados, como la guerra civil de Nicaragua en 1824.

La hegemonía de Guatemala en el gobierno federal y las prácticas centralistas, sobre todo en materia de impuestos y contribuciones forzosas, creo las condiciones para el estallido de la primera guerra civil de la federación

El gobierno de El Salvador criticó la confusión entre el gobierno federal y el estatal guatemalteco. Los salvadoreños propusieron que el Congreso Federal se trasladara a la ciudad de Antigua Guatemala. Un punto discordante por parte de los salvadoreños, era la representación en el Congreso Federal. Guatemala tenía más población y, por lo tanto, más diputados.

Las contradicciones entre Juan Barrundia, jefe del Estado de Guatemala, y José Manuel Arce, jefe del Estado Salvadoreño, ambos liberales, llegaron incluso hasta roces militares, hasta que los conservadores de Guatemala recuperaron el poder  en manos de Mariano Aycinena y Manuel Montúfar, como jefe y vicejefe respectivamente, que irónicamente establecieron una alianza con el presidente Arce, para luchar contra los liberales guatemaltecos. En sentido contrario, Mariano Prado, que representaba otra fracción liberal salvadoreña, desconoció al nuevo gobierno conservador del Estado de Guatemala, y se alió con la fracción liberal opositora de Guatemala. El estallido de la guerra civil era inevitable.

Los Estados de El Salvador, Nicaragua y Honduras, gobernados por facciones liberales radicales, constituyeron el Ejercito Aliado Protector de la Ley, encabezado por el general Francisco Morazán, los que derrotaron el gobierno conservador de Guatemala en 1829, que a su vez tenia el control del gobierno federal. La derrota militar de los conservadores, llevo al general Francisco Morazán a ser el segundo presidente del Estado federal (1830-1839), y a iniciar la primera reforma liberal.

La rebelión indígena de Anastasio Aquino en 1833

Los gobiernos liberales del Estado de El salvador, unos aliados y otros contrarios a Morazán, aplicaron políticas represivas y expoliadoras contra los indígenas, provocando en 1833 el levantamiento de los indios en Santiago Nonualco, encabezados por Anastasio Aquino, que fue apoyado por los conservadores y La Iglesia.

A pesar de la intensidad de la rebelión indígena, las tropas federales del general Narciso Benítez aplastaron a las fuerzas mal armadas de Aquino, al que capturaron y decapitaron en mera plaza pública. La rebelión de Aquino solo fue el preludio de otra rebelión indígena de proporciones mayores en Guatemala en 1838. Los liberales federalistas lejos de liberar a las masas indígenas, las expoliaron, no le dieron derechos ciudadanos, y con ello se convirtieron en base social de la Iglesia y  de la contrarrevolución conservadora

Traslado del gobierno federal a El Salvador

Para evitar la confusión entre el gobierno de Guatemala y el gobierno federal, los liberales morazanistas impulsaron la creación de un Distrito Federal, como en México y Estados Unidos, pero este tomó forma hasta 1835. En el ínterin, en diciembre de 1831 el gobierno federal decidió trasladarse a San Salvador, pero se hizo efectivo hasta 1835

A pesar que el gobierno de El Salvador era el mas fiel aliado de Morazán,  las contradicciones aumentaron por el pago de impuestos, empréstitos forzosos y gastos militares.

Joaquín San Martín, jefe del Estado salvadoreño (1833-1834), se negó a poner sus tropas en Soyapango a disposición del gobierno federal, incluso atacó Santa Ana donde estaban las tropas federales bajo el mando de Morazán. La sublevación de San Martin fue derrotada, y el gobierno federal tomo el control del puerto y aduanas de la Unión, y en 1835 la jefatura del Estado salvadoreño quedó en manos del general Nicolas Espinoza, inicialmente aliado de Morazán. La colaboración con el gobierno federal entró en crisis por el tema de los impuestos, sobre todo por las rentas provenientes del aguardiente. Espinoza fue derrocado en marzo de 1836, ocupando la presidencia Diego Vigil, pariente de Morazán.

En 1837, con el objetivo de derrotar la rebelión nacionalista de Carrera, Diego Vigil impuso nuevos empréstitos forzosos. El escenario de la guerra se desplegó en torno al Distrito federal en San Salvador.

La “rebelión de la montaña” y el inicio de la segunda guerra civil centroamericana (1838-1840)

En 1836, Mariano Gálvez implementó un impuesto personal anual de 2 pesos, lo que provocó un enorme malestar entre los indígenas y campesinos, que miraban las reformas liberales como expoliadoras. La oligarquía guatemalteca vio en la rebelión de Carrera la oportunidad para liberarse del yugo de Morazán. El ascenso de Carrera al poder en Guatemala, inició el declive del gobierno federal.

El talón de Aquiles del gobierno federal eran sus exiguas rentas. Entre 1837 y 1838, la “rebelión de la montaña”, liderada por Rafael Carrera, provoco la caída de Mariano Gálvez al frente del Estado de Guatemala.

En ese mismo periodo, en 1838, para debilitar el poder de la oligarquía guatemalteca, los morazanistas alentaron la formación de un nuevo Estado, conocido como Los Altos, conformado por los departamentos de Quiché, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez y Huehuetenango, teniendo como capital la ciudad de Quezaltenango.

Nicaragua rompió con la federación en abril de 1838, le siguieron Honduras y Costa Rica en noviembre de ese mismo año.  En febrero de 1839 se terminó el periodo presidencial de Morazán, y en julio de ese mismo año fue elegido jefe de Estado de El Salvador. Para 1839 el Estado federal estaba reducido El Salvador y el nuevo Estado de Los Altos. En septiembre de ese mismo año Morazán se refugió en Cojutepeque. Después, derrotado, decidió renunciar a la Jefatura de Estado y salió de El Salvador con sus seguidores. Despejado el escenario, Carrera firmó un tratado de paz muy lesivo para El Salvador en mayo de 1840. Por “recomendación” de Guatemala, Francisco Malespín fue nombrado comandante general del ejército mientras iniciaba su gobierno Manuel Aguilar.

Constitución de un Estado independiente

Bajo el gobierno de Juan Nepomuceno Lindo, hondureño, la Asamblea Nacional Constituyente, el 18 de febrero de 1841, tras largas deliberaciones, promulgó la segunda Constitución de El Salvador, esta vez declarando la formación de un Estado Independiente.

El Salvador tiene el mérito histórico de haber sido, hasta el último momento, fiel al Estado federal, hasta que éste se desintegró, víctima de las políticas erróneas de los liberales de la época.

Por Olmedo Beluche

El 9 de enero de 1964 estallaron 60 años de contradicciones sociales, políticas y culturales acumuladas por el sistema colonial de la Zona del Canal. Ese día saltó por los aires el estado tutelado en que se había convertido Panamá desde 1903. Aquel acontecimiento marcó un punto de quiebre de la política norteamericana en Panamá.

Ese día eclosionó la experiencia acumulada del pueblo panameño, dirigida por sus sectores más combativos, que habían enfrentado la presencia colonial imperialista durante décadas. Acontecimiento de tal magnitud que obliga a reiterar dos afirmaciones axiomáticas, que se pasan por alto constantemente:

La primera es que ese día hubo una verdadera revolución popular antiimperialista en Panamá. La segunda, esta sublevación popular fue nuestra verdadera gesta por la independencia nacional del siglo XX. 

El 9 de Enero no fue una protesta más en la larga lista de movilizaciones populares panameñas contra la presencia norteamericana. Por su masividad, combatividad y heroísmo popular fue una revolución, en todo el sentido legítimo de la palabra, y constituyó un verdadero salto adelante hacia la independencia nacional del tutelaje colonial. 

Fue un acontecimiento a partir del cual hubo un antes y un después. Por eso fue una revolución popular antiimperialista y descolonizadora. Allí se hizo añicos el sueño que tenía la oligarquía panameña de que bastaban algunos parches para dar apariencia de justicia al Tratado Hay Bunau Varilla.

Si comparamos la heroica gesta del 9, 10 y 11 de Enero, con el 3 de Noviembre de 1903, fecha que la oligarquía gobernante nos ha presentado como el día de la independencia, veremos las enormes diferencias que resaltan con claridad. La comparación desenmascara aquella conspiración de 1903, entre una élite local aliada a intereses foráneos, por la que el imperialismo yanqui urdió la separación de Colombia, no para hacernos libres y soberanos, sino para apropiarse del territorio, el canal y convertirnos en protectorado. 

Los ancestros de la oligarquía, se sintieron cómodos con la situación colonial. Pero a los sectores populares, aunque les costó encontrar claridad en la construcción de un proyecto político propio, desde el principio pusieron el pecho en la defensa de la soberanía, porque comprendieron que la prosperidad del país y la propia dependía de ella.

Por ello: 

1.Mientras el 3 de Noviembre de 1903 se fraguó un acuerdo entre un puñado de oligarcas panameños, los accionistas de una compañía francesa tramposa, grandes capitalistas de Wall Street y el gobierno imperialista de Teodoro Roosevelt; el 9 de Enero de 1964 fue un acontecimiento espontáneo en que el pueblo panameño, compuesto en su mayoría por obreros asalariados, mujeres trabajadoras y la vanguardia estudiantil forjada en la Federación de Estudiantes de Panamá, acudió en masa a las calles cuando se enteró de la afrenta a la bandera y a los institutores.

2. Mientras el 3 de Noviembre se impuso la fuerza militar norteamericana con una invasión de, al menos, 10 acorazados y miles de marines; el 9 de Enero, el pueblo panameño, pese a la falta de armas, se enfrentó a la metralla derrotando moralmente a la fuerza de ocupación.

3. Mientras el 3 de Noviembre el pueblo panameño fue un espectador pasivo de unos hechos que dirigían desde las élites; el 9 de Enero, entre 40 y 60 mil personas rodearon la Presidencia de la República exigiendo armas al gobierno, el cual, para no entregarlas, se vio obligado a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, algo impensable para un oligarca como Roberto Chiari. 

4. Mientras el 3 de Noviembre no fue más que una burda intervención militar extranjera para convertirnos en colonia, que los libros de texto y la propaganda han tratado de ocultar; el 9 de Enero es un acto refulgente de soberanía popular.

5. Mientras el 3 de Noviembre ha tenido que ser cubierto con un manto de falacias históricas, para hacer parecer a nuestros ancestros como anticolombianos y a Colombia como un supuesto imperio explotador; el 9 de Enero es fruto de la diáfana lucha generacional contra las consecuencias colonizadoras del 3 de noviembre tales como: el Tratado Hay Bunau Varilla, las bases militares y la Zona del Canal.  Lucha que pasó por distintas gestas anticoloniales como: el  Movimiento Inquilinario de 1925, el Movimiento Antibases de 1947, la Operación Soberanía  de 1958 y la Siembra de Banderas de 1959.

6. Mientras el 3 de Noviembre nos heredó falsos próceres que vivieron la comodidad de ser los dueños del país y murieron en sus camas; el 9 de Enero lo parió la heroicidad de todo un pueblo que no temió morir, que entregó la vida de una veintena de los suyos, que sacrificó los cuerpos de más de 500 heridos, capitaneados por jóvenes valientes, algunos  de los cuales cayeron al fragor de la lucha, el primero entre ellos Ascanio Arosemena; mientras otros fueron perseguidos y  asesinados posteriormente como Juan Navas, que habiendo  sido herido en la gesta de Enero, fue ultimado en 1966, o como   Floyd Britton, dirigente antiimperialista asesinado el 29 de noviembre de 1969. 

7. Mientras el 3 de Noviembre nos enajenó la soberanía y los beneficios de nuestro principal recurso, con el Tratado Hay Bunau Varilla, que se firmó, no por casualidad, 15 días después; el 9 de Enero creó las condiciones para que Estados Unidos aceptaran sentarse a negociar un nuevo tratado que derogara la perpetuidad, las bases militares y traspasara la administración del canal a nuestra república.

8. Mientras los apologistas del 3 de Noviembre procuran infundir un seudo nacionalismo plagado de chauvinismo anticolombiano y la exaltación de la intervención norteamericana que “nos salvó” (dicen); el 9 de Enero es producto de un acendrado antiimperialismo de rasgos bolivarianos fraguado en la conciencia de obreros, trabajadoras y estudiantes por acontecimientos como: el golpe de estado contra Jacobo Arbenz, en Guatemala,  tramado por la United Fruit Co.;  el golpe contra Perón en Argentina, dirigido por el embajador norteamericano; las guerras de liberación nacional de Asia, África y Medio Oriente; especialmente la lucha del heroico pueblo vietnamita; y sobre todo, por la Revolución Cubana.

9. Mientras el 3 de Noviembre produjo instituciones débiles y corruptas controladas por una docena de familias; el 9 de Enero produjo el atisbo de lo que será algún día la democracia obrera y popular, cuando decenas de miles de personas se organizaron espontáneamente en los llamados Comités de Defensa de la Soberanía, unos para llevar heridos al hospital, otros para donar sangre, otros para buscar armas, otros para combatir.

10.  Mientras el 3 de Noviembre dio por fruto un país pauperizado a partir de 1914,  con una zona que mantenía un régimen de apartheid, donde no podíamos entrar, con la que no se podía comerciar,  y con una anualidad tan ridícula que los gobiernos con algo de dignidad la rechazaron; el fruto del 9 de Enero es un país con un canal y unas áreas revertidas que han catapultado el crecimiento económico y aportado decenas de miles de millones al fisco. 

Si el canal no aporta más y si está administrado por una élite oligárquica, es producto de otro acontecimiento: la invasión del 20 de Diciembre de 1989, que engendró esta seudodemocracia corrupta, estos planes económicos neoliberales y los acuerdos de seguridad que violan la soberanía que hemos sufrido por 28 años.

En esta conmemoración de los 54 años de la Gesta Heroica de 1964, miramos hacia ella no en actitud de mera contemplación histórica, sino para comprender, aprender y actuar conforme a los principios, la determinación y el valor que movió a nuestros verdaderos próceres: los Mártires del 9 de Enero, protagonistas de la Revolución Popular Antiimperialista que nos llevó hacia la verdadera independencia del yugo colonial norteamericano, instaurado en 1903.

Debemos continuar el ejemplo de esa juventud y del pueblo rebelde que sin miedos luchó para que heredáramos esta soberanía que hoy tenemos en todo el territorio nacional. Nos toca seguir luchando por perfeccionar la independencia y soberanía contra el tutelaje neocolonial, el Pacto de Neutralidad con sus enmiendas, la dependencia económica y absorción cultural.

La Universidad de Panamá, al igual que entonces, debe seguir siendo la cuna en la que maduren las conciencias y los compromisos de nuestra juventud a partir de la reflexión y el debate sobre los grandes problemas que afectan al país. La Universidad de Panamá, tal y como lo hizo en 1964, debe ser el pivote de donde sale la juventud a la lucha, revestida con una conciencia de justicia social, de solidaridad humana y soberanía nacional. 

La Universidad de Panamá, debe seguir siendo el recinto al que vuelve la juventud de las luchas, a hacer balance de lo avanzado y ponderación de los retos pendientes, como lo hizo en febrero de 1964 acogiendo el Congreso por la Soberanía, presidido por Jorge Illueca y Víctor Ávila, cuyas resoluciones sirvieron para guiar las negociaciones de un nuevo  tratado sobre el Canal de Panamá.

Tal como entonces, el grito de guerra sigue siendo el legado por los Mártires del 9 de enero de 1964: ¡UN SOLO TERRITORIO, UNA SOLA BANDERA! ¡BASES NO!  

Lista de los 21 mártires del 9 de enero de 1964

Ascanio Arosemena

Ezequiel González Meneses

Estanislao Orobio

Víctor Manuel  Iglesias

Gonzalo Crance Robles

Teófilo de La Torre

Alberto Oriol Jr.

Rodolfo Benítez Sánchez

Víctor Manuel Garibaldo Figueroa

Ricardo Murgas

Rosa E. Landecho

Maritza Alabarca

Rogelio Lara

Jacinto Palacios Cobos

Vicente Bonilla

Jorge Enrique Gill

Alberto Nicolás Constante

José del Cid

Ovidio Lizardo Saldaña Armuelles

Renato Lara

Celestino Villareta