Por Oliverio Mejia

El 29 de mayo de 1978 efectivos del ejército masacraban a un grupo de campesinos mayas-kekchis en el municipio de Panzos, departamento de Alta Verapaz durante el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García. La cifra oficial fue de 30 persona asesinadas. Sin embargo, testimonios de las población local reportan hasta más de 100 asesinados,  así como el gran número de desplazados y heridos que provoco tal masacre.

Antecedentes

Tras la reforma liberal de 1871 el presidente Justo Rufino Barrios, aplico el Decreto 170 (de Redención de Censos) en lo cual expropiaba las tierras comunales indígenas y las que quedaban en manos de la iglesia católica. La aplicación de ese decreto en la cuenca del rio Polochic donde se encuentra el municipio de Panzos, consistió en traspasar por medio del expolio, grandes cantidades de tierras a inmigrantes alemanes y belgas en menor medida, que estaba en posesión de las comunidades Kekchis y Pocomchis, para desarrollar el monocultivo de café y cardamomo en cantidades menores. Estos europeos tenían conexiones con capitales europeos sobre todo alemanes que fortalecían la exportación de estos productos a las capitales europeas.

Con la reforma agraria de 1952 bajo el gobierno de Jacobo Arbenz, las comunidades mayas del Polochic procedieron a organizarse en Comités Locales de Tierra, iniciando un proceso en que fueron beneficiadas en el otorgamiento de tierras que anteriormente estuvieron en manos suyas, pero que habían sido expropiadas por los gobiernos liberales a favor de los grandes finqueros.  Sin embargo tal proceso fue interrumpido por la contrarrevolución de 1954 financiada y organizada por el gobierno de Estados Unidos;  procediendo a devolución de  las fincas a los propietarios privados anteriores y generando una persecución política contra liderazgos comunitarios.

En la década de los 60s del siglo pasado, el Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista) inicio un proceso de organización y vinculación con las poblaciones indígenas por la defensa del derecho al acceso a la tierra aunque estaba presente desde la época de la reforma agraria;  por esos años en 1962 se crea el Instituto de Nacional de Transformación Agraria (INTA), que buscaba repartir tierras baldías sin tocar los intereses de los grandes finqueros. En los años 70s, las elites conformadas desde los gobiernos militares – el denominado generalato – empezaron a acumular capital, en lo que se denominó por esas épocas la burguesía burocrática. En ese sentido el ejercito identifico regiones como la del Polochic o la Franja Transversal del Norte, situada más al norte, para la explotación maderera, agropecuaria, petrolera  y minera por medio de concesiones a empresas extranjeras, a partir del Decreto 60-70 del gobierno del general Carlos Arana Osorio.

Las comunidades indígenas junto a la Federación Sindical Autónoma de Guatemala, donde el PGT tenía influencia exigían al INTA la entrega de tierras, sin embargo, ante la negativa de los militares, fueron radicalizando sus exigencias y sus métodos de lucha. Además, se enfrentaron contra empresas como la  Explotación Minera de Izabal (EXMIBAL) de capital canadiense, las petroleras Basic Resource (francesa), las estadounidenses Shenandoah y Gettin Oil Company y  la española Hispanoil, que ubicaban a Guatemala como importante en el proceso de acumulación extractiva.

Por su parte en 1976 inicio la construcción de la Planta Hidroeléctrica Chixoy sobre el rio del mismo nombre, en manos del Estado, finalizada en 1983, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, que implico una masacre a varias comunidades en 1978, quienes se oponían a su traslado y la inundación de poblados y sitios arqueológicos mayas.

La movilización campesina alerto a los terratenientes y las empresas extractivas allí asentadas, lo cual llevo a que un contingente militar se instalara en el poblado de Panzos a inicios de mayo del 78, pese a eso las comunidades y FASGUA pensando la buena gestión del alcalde Walter Overdick García, le entregan un documento donde ponen sus exigencias.

La masacre

El 29 de mayo de 1978, para insistir en el reclamo de la tierra y manifestar el descontento ocasionado por los actos arbitrarios de los terratenientes y de las autoridades civiles y militares, campesinos de las aldeas Cahaboncito, Semococh, Rubetzul, Canguachá, Sepacay, finca Moyagua y barrio La Soledad, decidieron realizar una manifestación pública en la plaza de Panzós,  dirigiéndose  a la plaza de la cabecera municipal, cargando sus instrumentos de trabajo, machetes y palos.

Varios miembros del Ejército armados, algunos con ametralladoras, se encontraban en la puerta y también había francotiradores en el techo de la iglesia, el punto más alto de la aldea. El alcalde accedió a hablar, pero solo con cuatro representantes del grupo. Sin embargo, los ánimos estaban crispados y la presencia militar intimidaba, por ende, no se realizó.

Los disparos se realizaron durante unos cinco minutos, fueron hechos por las armas de reglamento que portaban los militares, así como las tres metralletas ubicadas a las orillas de la plaza. Varios campesinos hirieron con machetes a varios soldados, ningún soldado fue herido por arma de fuego. De inmediato, el Ejército cerró las principales calles de acceso y un helicóptero del Ejército sobrevoló el pueblo antes de recoger a los soldados heridos

Después de la masacre, los militares prohibieron entrar a la plaza. En la tarde, autoridades municipales ordenaron levantar los cadáveres,  metiéndoles en el recipiente trasero de un camión azul de la municipalidad. Los llevaron a un lugar cercano al cementerio público y, con un tractor ―posiblemente de propiedad del terrateniente Flavio Monzón― cavaron un hoyo, donde colocaron los cuerpos. Muchas de las personas que huyeron del lugar de los hechos se refugiaron en el barrio La Soledad, pero hasta allí los persiguieron los soldados, maltratando a los que encontraba en su avance. Otras personas, malheridas, murieron en la huida y sus cadáveres fueron encontrados más tarde en potreros o ahogados en el rio Polochic.

Repercusiones

Panzós quedó ocupada por el Ejército después de la masacre, registrándose un aumento considerable del número de soldados destacados en el pueblo. Por espacio de varias semanas los pobladores no regresaron a sus casas.

La masacre causó un gran impacto nacional e internacional, el 1 de junio de 1978 se realizó una numerosa manifestación de protesta en la capital, encabezada por la Asociación de Estudiantes Universitarios conocida como la Marcha de los Paraguas. Se demandó el acceso a Panzós de una comisión estudiantil, de la Cruz Roja y de la prensa nacional e internacional.  A partir de la masacre el Ejército inició en el Valle Polochic una represión selectiva contra los líderes comunitarios que reivindicaban tierras, activistas sociales y así también contra guías espirituales mayas.

Un comando armado vinculado al PGT de la Comisión Militar de este como mecanismo de venganza,  ataco en los días siguientes un convoy militar en la Ciudad de Guatemala, esta acción que no fue reconocida por el comité central de ese partido provoco un cisma al interior de la organización comunista, generando que importantes elementos del ala militar de tal partido, se separaran de ésta, creando una facción que se denominaba del partido pero realizando acciones armadas contra las fuerzas represivas del Estado.

Se puede considerar que esta masacre junto a la de las comunidades afectadas por la hidroeléctrica sobre el rio Chixoy ya mencionada, fue el preludio del accionar asesino del ejército. Aunque eso materializo en 1980, con la masacre e incendio de la embajada del Reino de España contra campesinos del occidente del país ligados al Comité de Unidad Campesino, que paradójicamente denunciaban la represión militar. A finales de 1981 en el gobierno militar de Romero Lucas García primero y en los gobiernos golpista militar de Efrain Rios Montt, la masacre contra población civil aumento.

Esto a la par de que la movilización popular adquirió vistos insurreccionares en el gobierno de Lucas García sobre todo en 1979 y 1980, pero fue derrotado por la represión y por los errores de la conducción política comandadas por el PGT y las direcciones guerrilleristas. Lo que dio paso a la acción descarnada contra las bases insurgentes campesinas e indígenas sobre todo ligados al Ejército Guerrillero de los Pobres, entre ellos el llamado genocidio ixil,  en el gobierno  de Rios Montt.

Acciones penales posteriores

El 29 de mayo de 1997, 19 años después de la masacre, el Comité de Viudas de la zona presentó la denuncia ante el Juzgado de Paz de Panzós. Pero hasta 2011 que Juzgado Primero de Alto Riesgo abre la etapa de instrucción convocado a testigos entre ellos el ex alcalde de la época Overdick, posteriormente no ha avanzado el proceso penal.

Por otra pare se realizó la exhumación de las víctimas de Panzós en septiembre de 1997, entregando un informe en junio de 1998 de parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, en su momento el personal de esta instancia civil denuncio amedrentamiento de ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil de Panzos. Además, se recibieron siete declaraciones de testigos presenciales, en la elaboración de ese informe no hay sindicados de los hechos. 

En el Informe forense consta el hallazgo, en dos fosas, de 35 osamentas. De estas, sólo se logró la identificación tentativa de dos, debido a su mal estado de conservación o a la escasa información ante mortem disponible. La gran mayoría de los restos analizados correspondieron a personas de sexo masculino (26 masculinos y 3 posibles masculinos), la edad de la mayoría se situaba entre los 19 y los 29 años. De las osamentas encontradas, sólo dos presentaban heridas de proyectil de arma de fuego evidentes, pero sobre la base de la interpretación de las placas de rayos X se pudo determinar que 18 osamentas, esto es el 51% de las encontradas, presentaban fragmentos de proyectil de arma de fuego.

Por Melchor Benavente

A inicios del siglo XX, Estados Unidos impuso su hegemonía en Centroamérica, a raíz de los acuerdos suscritos por todos los gobiernos del área, en las Conferencias de Washington, en diciembre de 1907. No obstante, el gobierno nacionalista de Jose Santos Zelaya se mantuvo rebelde, porque Estados Unidos había escogido construir el canal interoceánico en Panamá, y no en Nicaragua.

Zelaya estaba negociando con Japón y Alemania la construcción de otro canal interoceánico por Nicaragua. Estados Unidos reaccionó violentamente a semejante desafío. En 1907 financió una “revolución” contra el gobierno de Zelaya, utilizando una alianza entre el Partido Conservador y un ala disidente del Partido Liberal. Estalló una nueva guerra civil.

 La nota Knox

Entonces, el Secretario de Estado, Philander Chase Knox, emitió una nota rompiendo las relaciones diplomáticas con el gobierno de Zelaya: “(…) el presidente ya no siente por el gobierno del Presidente Zelaya el respecto y la confianza que serían necesarias para mantener con él en lo sucesivo regulares relaciones diplomáticas (…)

La Nota Knox condujo finalmente a la renuncia de Zelaya el 22 de diciembre de 1909, depositando la presidencia en manos de José Madriz. En su mensaje a la nación, Zelaya justificó la renuncia para “evitar a Nicaragua humillaciones y ultrajes de un poder extraño y colosal, empeñado en ejercer una influencia decisiva en los destinos del país (…) protesto ante el mundo por la injerencia indebida del Gobierno americano en los negocios internos de nuestro país".

A pesar que la “revolución” libero-conservadora recibía apoyo de los destructores norteamericanos anclados en los puertos de la costa Caribe de Nicaragua, las tropas de Zelaya, y después de Madriz, estaban ganando la guerra. Pero al abierto apoyo militar norteamericano inclinó la balanza a favor de los insurrectos.

Derrumbe del Estado y ocupación militar norteamericana

En agosto de 1910 los conservadores tomaron el poder y se inició un caótico periodo de gobiernos efímeros y conspiraciones. La guerra civil, lejos de detenerse, se profundizo y se extendió a todo el país. El Estado colapsó. Finalmente, alegando la defensa de sus empresas y sus ciudadanos, Estados Unidos intervino directamente con los marines yanquis para restablecer el orden, acorde a sus intereses.

Nicaragua perdió su independencia política y se convirtió en un protectorado de Estados Unidos. Este periodo (1910-1934), se inicia la transición hacia la llamada “segunda república conservadora”, que abarca la caída de Zelaya hasta el asesinato del general Augusto C. Sandino. Se caracterizó por una interminable guerra civil, con escasísimos periodos de tensa paz. Fue el periodo en que Nicaragua estuvo ocupada militarmente por las tropas norteamericanas, quienes eran el poder detrás de los presidentes títeres conservadores.

En agosto de 2010, con la protección de los marines, asumió el poder interinamente la presidencia, por tres días, el general conservador Luis Mena Vado y después el gobierno libero-conservador del general liberal Juan José Estrada y Adolfo Diaz, un eterno agente del imperialismo norteamericano. En ese gobierno, el general liberal José Maria Moncada, un oscuro personaje, del que hablaremos más adelante, asumió el Ministerio de Gobernación.

La guerra civil de 1926

En 1926 esta una nueva guerra civil, llamada “constitucionalista”. Ante el golpe de Estado impulsado por el general conservador Emiliano Chamorro, y la renuncia del presidente conservador, Carlos Solorzano, correspondía asumir el poder al vicepresidente liberal, Juan Bautista Sacasa.

Estalló una nueva guerra civil. Una nueva revolución, encabezada por lideres liberales, estalló en la costa caribe, las tropas rebeldes avanzaron rápidamente y amenazaron con derrocar violentamente al gobierno cipayo de Adolfo Diaz. Estados Unidos envió al coronel Henry L. Stimpson, como embajador extraordinario y plenipotenciario a negociar la paz, para evitar el colapso de la segunda republica conservadora, cuyas consecuencias se harían sentir en todo el istmo centroamericano.

Los generales liberales estaban seguros de una inminente victoria militar, pero el coronel Stimpson comenzó a presionar para que hubiese una negociación de paz. De hecho, el ejercito liberal se detuvo en los alrededores de Tipitapa y detuvo el asalto sobre Managua.

El general José María Moncada, acumulando mucho poder, había sido nombrado ministro de guerra del gobierno rebelde encabezado por Juan Bautista Sacasa. Desde esa posición, Moncada permitió a los marines norteamericano ocupar las alturas que dominaban Tipitapa, para disuadir a las tropas liberales.

El Pacto del Espino Negro

Antes de llegar a un acuerdo, hubo muchas reuniones conspirativas. El historiador Sofonías Salvatierra, nos narra los entretelones de las negociaciones: “El coronel Stimson y el general Moncada, separándose de los otros tres, hablaron para ellos solos y de allí resultó que, sin convenir en nada con los delegados, todos se fueron a Managua, inclusive el general Moneada. Por fuerza de lógica todo indicaba que este jefe había convenido la paz con Stimson, bajo la indicación de que él sería el futuro presidente».

El acuerdo final se firmó el 4 de mayo del año 1927. Ese día, el coronel Stimpson le envió una carta a Moncada, que resumía los acuerdos; (…) Confirmando nuestra conversación de esta mañana tengo el honor de comunicarle que estoy autorizado para declarar que el Presidente de los Estados Unidos tiene la determinación de acceder a la solicitud del Gobierno de Nicaragua para supervigilar la elección de 1928; que la permanencia en el poder del Presidente Díaz durante el resto de su mando se considera como indispensable para dicho plan y se insistirá en ello; que el desarme general del país es también necesario para el buen éxito de esta decisión, y que las fuerzas de los Estados Unidos serán autorizadas para hacer la custodia de las armas de aquellos que quisieran entregarlas incluyendo las del Gobierno y para desarmar por la fuerza a aquellos que se nieguen a hacerlo.

El acuerdo que ponía fin a la guerra iniciada en 1926 consistía en que el gobierno de Adolfo Diaz terminaría su mandado, que habría elecciones supervigiladas en 1928, que ambos ejércitos se desarmarían y que se crearía una nueva fuerza militar llamada Guardia Nacional

Pese al acuerdo reaccionario firmado bajo la sombre de un Espino Negro, los generales liberales pidieron tres días para deliberar.

Todos, menos uno

Al final, Moncada logró convencer a todos los generales, menos uno: el entonces desconocido general Augusto C Sandino.

Sandino se opuso al pacto del Espino Negro, y fue el único que se opuso al desarme del ejercito liberal.

Sandino escribió sobre sus discusiones con Moncada. “Me dijo textualmente estas palabras, en tono despreciativo. «No hombre... ¿Cómo se va a sacrificar usted por el pueblo? El pueblo no agradece... Esto se lo digo por experiencia propia... La vida se acaba y la patria queda... El deber de todo ser humano es: gozar, y vivir bien sin preocuparse mucho...»

Consciente de que estaba solo, Sandino maniobró y dijo que necesitaba consultar a sus tropas. Era un pretexto para largarse y continuar la lucha contra el gobierno conservador apoyado por los marines norteamericanos. Fingiendo estar de acuerdo, Sandino pidió que sus tropas se desarmaran en Jinotega. Y se fue a Teustepe, camino a las montañas de Jinotega.

El 12 de mayo, en Yalí, Sandino proclama su lucha contra las tropas norteamericanas: “(…) Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan... Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos”.

La guerra de guerrillas antimperialista

No hay duda que la historia crea los sujetos en el momento preciso. Cuando las cupulas de los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, llegaron a un nuevo acuerdo para compartir el poder, con la bendición de las tropas norteamericanas, un general desconocido, de origen plebeyo, levantó su solitaria voz en contra de los acuerdos del Espino Negro, que permitían a las tropas yanquis decidir el futuro del país.

Porque las elecciones de 1928, supervigiladas por marines yanquis, reflejarían, como en efecto ocurrió, la voluntad de los Estados Unidos: colocar en la presidencia a un liberal antizelayista, como lo fue el general Moncada, que había demostrado ser sumamente obediente ante los dictados de Washington.

Moncada era pariente de Juan Bautista Sacasa, pero también tío de Anastasio Somoza García, su secretario, quien sería el primer jefe director de la Guardia Nacional.

Al mismo tiempo que se producían las alianzas familiares para controlar el poder, se organizaba la Guardia Nacional, convirtiéndola en una fuerza militar dirigida por generales norteamericanos, pero sus soldados eran campesinos nicaragüenses, que utilizarían en la lucha contra insurgente contra Sandino.

Sandino se convirtió en el líder natural de esas masas de campesino hambrientos, golpeados duramente por el crack de la economía mundial de 1928, y de la clase media de los pueblos, que se oponían a la prolongada intervención militar norteamericana en Nicaragua.

Sandino no logró derrotar militarmente a las tropas norteamericanas, pero su tenaz resistencia armada obligó a que se marcharan en 1933. Pero ya habían dejado organizado un ejército títere, la Guardia Nacional, que terminó asesinando a Sandino y todos sus generales, imponiendo el terror contrarrevolucionario, y con ello se crearon las bases de la dictadura somocista, apoyada por Estados Unidos.

Por Melchor Benavente

La declaración de la primera independencia, el 15 de septiembre de 1821, vino a trastocar el delicado equilibrio que se había establecido a lo largo del tiempo, entre las instituciones indígenas sometidas al dominio colonial, en la que los indígenas, aunque explotados y oprimidos, seres humanos sin derechos políticos, tenían cierto grado de autonomía: los ejidos, tierras comunales, cofradías, etc.,

Irónicamente, los criollos en el poder se dedicaron a desmantelar muchos de los derechos de los indígenas, especialmente relacionado con las tierras comunales. Por ello se produjeron levantamientos indígenas en 1824, 1827 y 1844. La última gran insurrección indígena se produjo en 1881, en Matagalpa.

Los 30 años de la primera Republica conservadora

Al finalizar la guerra centroamericana con la derrota militar y expulsión de los filibusteros de William Walker. en mayo de 1857, los conservadores granadinos tomaron el poder y edificaron un régimen político de partido hegemónico, conocido como los 30 años de la república conservadora.

La segunda mitad del siglo 19 fue de expansión del capitalismo mundial, y eso trajo cierta progreso y prosperidad económica a Centroamérica. Fue el periodo de consolidación de un capitalismo agrario, ya no en el cultivo y exportación de añil, sino basado en las exportaciones de café. A nivel político, fue el periodo de reformas liberales y de relativa consolidación de los Estados nacionales que surgieron de la desmembración de la República Federal en 1838.

El progresivo despojo de las comunidades indígenas

Para consolidarse y expandirse, este capitalismo agrario necesitaba absorber o destruir la propiedad comunal indígena. Las tierras de las comunidades indígenas, alrededor de los pueblos, eran apetecidas por los oligarcas. Pero, lo más importantes, fue la necesidad de mano de obra para las labores agrícola. Por eso, en un doble objetivo, la oligarquía necesitaba despojar o separar a los indígenas de sus tierras ancestrales.

En el siglo XIX, en Nicaragua y en toda Centroamérica, la población era extremadamente reducida en relación a la extensión territorial, todavía cubierta por inmensos bosques húmedos.

Las tierras alrededor de los pueblos principales eran apetecidas, pero estaban en manos de las comunidades indígenas. Las tierras realengas, que pertenecieron a la corona o a la Iglesia Católica, así como las tierras baldías, eran un precioso botín

A pesar de la amarga experiencia de México en 1848, en relación a la colonización de Texas, que terminó siendo  tomada por colonos anglosajones,  y de la amarga experiencia vivida con los filibusteros de William Walker en 1854-1857, el Congreso de Nicaragua aprobó, en marzo de 1865, un decreto legislativo que otorgaba 120 manzanas de tierras en terrenos baldíos, “a cada familia de los inmigrantes de los EE. UU. o de cualquiera otra Nacionalidad, que lleguen a la República con objeto de naturalizarse (…) Los que vengan con este designio disfrutarán en las tierras de ejidos y comunidades de los mismos derechos que los naturales del país; y serán exentos por diez años de cargas vecinales y servicio de las armas, salvo que sea para la defensa de la libertad y soberanía de la República”. Entregaban tierras a los extranjeros, antes de entregárselas a los indios, quienes eran los verdaderos dueños.

Este fue uno de los primeros grandes ataques a los “ejidos y comunidades”, que obviamente eran de propiedad colectiva indígena. No existen datos de este bondadoso proceso de promoción de la colonización extranjera.

Debido a la falta de instrucción y pobreza general, y a la abundancia de tierras, las comunidades indígenas alquilaban o arrendaban una parte de las tierras a los colonos ladinos. Una costumbre que aun perdura en el norte de Nicaragua y en la costa caribe.

La Ley de Agricultura de 1862

En la segunda mitad del siglo XIX, el cultivo del añil fue sustituido progresivamente por el cultivo del café. En esa época no existían derechos laborales, las relaciones de los patronos con los mozos de las haciendas, estuvieron reguladas inicialmente por la Ley de Agricultura de 1862, que estableció la institución del “Juez de Agricultura”, quienes tenían la facultad de resolver “(…) en todos los asuntos privativos de su ramo, de cualquier naturaleza que sean, procederán y fallarán a verdad sabida y buena fe guardada, procurando sobre todo hacer que se cumplan los contratos y convenios”.

La principal misión de estos jueces era garantizar la sujeción de la mano de obra en las haciendas.

“(…) Todo el que se obligue a prestar algún servicio, reciba o no adelanto, está obligado a cumplirlo en los mismos términos en que se ha comprometido, y será obligado a ello por el respectivo Juez de agricultura, quien le impondrá una multa de uno a diez pesos (…) El operario que se comprometiese para un corte de añil, no podrá salir de la hacienda hasta que se concluya la temporada; a no ser que se enferme gravemente él, su mujer, hijos o padres, o deje un sustituto buscado por él: en el caso contrario, además de la multa que por esta ley merezca por la falta a su compromiso, pagará en dinero o en trabajo, a su elección, los perjuicios que causare”.

Los mozos de las haciendas, generalmente indios de las comunidades, estaban subordinados a la hacienda del patrón. No había libre contratación, ni libre movilidad de los mozos de las haciendas

La Ley Agraria de 1877

En Marzo de 1877, el Congreso aprobó una Ley Agraria sobre venta de terrenos baldíos, que ya no regulaba la relación de los mozos con los hacendados, sino que volvía a insistir en la venta de terrenos considerados baldíos y la desmembración de las tierras de las comunidades indígenas.

La nueva disposición legal reafirmaba el proceso de privatización de las tierras comunales, pero ya no solo a los arrendatarios o poseedores, sino de manera general cualquiera podía participar en la licitación, por medio de una “denuncia” o petición.

“La venta de los terrenos baldíos se hará por licitación, mediante denuncia, ante el Subdelegado de Hacienda del departamento a que pertenezca el terreno, con citación fiscal, en la cual debe expresarse la ubicación y rumbos de los linderos del terreno (…) Todo individuo sin excepción alguna, nicaragüense o extranjero, puede denunciar y comprar terrenos baldíos en la República, de conformidad con la presente ley”.

Aunque no menciona a las comunidades indígenas por su nombre, esta ley contemplaba que “Todo propietario que tenga tierras en comunión y pidiese la división de ellas, tiene derecho para obligar a sus condueños a que presten su anuencia y satisfagan proporcionalmente los costos que se impendan”.

Aquí puede observarse la clara intención de obligar a la desmembración y venta forzosa de tierras de las comunidades.

El Decreto del 17 de  mayo de 1877

El primer gran golpe contra las tierras comunales ocurrió el  17 de mayo de 1877, cuando el Congreso aprobó un decreto sobre la venta  de tierras de los ejidos.

“Art. 1.- Los poseedores o arrendatarios de terrenos de ejidos comunes y de comunidades de indígenas, que los hubieren acostado y cultivado, poseyéndolos por mas de un año, tendrán derecho a que se les dé en propiedad la parte en que hubieren verificado dicho cultivo, pagando por cada manzana no menos de dos ni mas de cinco pesos. Este precio se fijará por la Municipalidad respectiva, oyendo el dictamen de dos peritos valuadores del terreno”.

Este decreto legislativo no se limitaba a convertir en propietarios a los arrendadores o poseedores, sino que al mismo tiempo promovió la privatización de los ejidos y tierras comunales, por medio de las alcaldías. El objetivo era crear nuevos pequeños y medianos propietarios, desmembrando las tierras comunales.

“Art. 2.- Los demás terrenos de ejidos, comunes o de comunidades de indígenas, que no estén comprendidos en el anterior art., serán puestos a la venta en licitación entre los vecinos o miembros de comunidad, por lotes que no excedan de diez manzanas en los terrenos de agricultura y de cien en los de crianza de ganado, siendo la base de la licitación de cien centavos por cada manzana de terreno para la agricultura i de sesenta para la crianza de ganado”.

La “licitación” permitía que cualquiera solicitara la venta de las tierras, fuesen vecinos o no. Las alcaldías se convirtieron en apetecidos centros de poder, que redistribuían las tierras. El despojo de las tierras comunales adquirido la forma de una privatización.

La Ley de Agricultura de 1881

El 4 de marzo de 1881, el Congreso aprobó una nueva Ley de Agricultura, que ya no enfatizaba en la venta de tierras baldías o comunales, sino que retomaba el espíritu regulador de las relaciones en las haciendas, pero también otorgaba nuevas funciones a los Jueces de Agricultura.

Una de ellas era otorgar la “solvencia”, reafirmando la relación servil de los mozos de las haciendas. “El dueño de hacienda o labores, o sus administradores, no admitirán en sus trabajos a operarios é jornaleros, sin que éstos presenten la boleta de solvencia librada por su patrón o Juez de agricultura, y los que los admitan sin esta formalidad, perderán el adelanto que hicieren, a beneficio del fondo de propios respectivo, y a más de esto sufrirán una multa de cinco pesos, si se justifica que estaban comprometidos con otro patrón.

Todo dueño de hacienda o trabajo tiene obligación de dar a los operarios que ocupe, cuando éstos hayan concluido en su compromiso, la boleta de solvencia; y si se negase, tiene derecho el operario de ocurrir al Juez de agricultura para que ante éste se practique la liquidación. (..) El que a sabiendas tomase a su Servicio a algún individuo que estuviese comprometido con otro, será castigado con una multa de cinco a quince pesos, además de satisfacer los daños y perjuicios.”

El Decreto del 5 de marzo de 1881

Al día siguiente, 5 de marzo de 1881, el Congreso aprobó una nueva disposición para la libre compra de las tierras de los ejidos y comunidades indígenas. “Art. 1.- Los poseedores o arrendatarios de terrenos de ejidos, que los tengan acotados o cultivados, tendrán derecho a que la respectiva Municipalidad les dé en venta la propiedad de ellos, pagando no menos de cincuenta  centavos por cada manzana”.

A diferencia de las leyes anteriores, que condicionaban la venta al alquiler o posesión de las tierras, estableció: “Los terrenos ejidales que no estuviesen acotados, ni cultivados, se mandarán vender por la respectiva Municipalidad, en licitación.”

En relación a los terrenos de las comunidades indígenas, ordenó que: “Los terrenos de comunidades de indígenas se distribuirán, en lotes proporcionales, a los individuos o familias que las componen; dejando siempre una parte de dichos terrenos, para venderse a beneficio de la instrucción primaria de los miembros de la misma Comunidad”.

De esta manera, se legalizó la fragmentación de las tierras de las comunidades indígenas, y se utilizó el pretexto de fortalecer la educación primaria, para justificar la venta parcial de dichas tierras.

Las causas de la rebelión indígena de 1881

Como se ha demostrado, en las dos décadas posteriores a la expulsión de los filibusteros, se produjo una progresiva y sistemática apropiación de las tierras ejidales y de las comunidades indígenas, especialmente en el norte de Nicaragua, donde los indígenas habían conservado cierta estructura comunal, incluso el idioma náhuatl.

En 1881 era Prefecto o Alcalde de Matagalpa, el señor Gregorio Cuadra. El padre Rafel Perez explica en una carta, la situación creada por la administración del Prefecto Cuadra. “(…) el nuevo Prefecto comenzó a poner en práctica, con grande actividad y exigencias, medidas delicadísimas y muy en oposición con las habitudes de los indios (…) tales fueron el empadronamiento de las familias. . . seguía el empadronamiento militar, la estadística de las escuelas, la estadística rural, según la cual todos tenían que declarar, bajo juramento, los bienes inmuebles que poseían... añádase a esto la ejecución de una ley dada anteriormente la cual mandaba vender a particulares las tierras en común que poseían los indios: dióse otra que prohibía la elaboración de la chicha que se perseguiría como el contrabando del aguardiente; y finalmente otra sobre el destazar de las reses.. ,”

El padre Perez se refiere, sin lugar a dudas, a los decretos del 17 de mayo de 1877 y del 5 de marzo de 1881. Era un ataque brutal contra las propiedades y tradiciones indígenas.

Además de los factores mencionados por el Padre Perez, los indígenas también fueron sometidos a trabajos forzados en la construcción de la casa del Cabildo y el establecimiento de la línea de telégrafo Managua- Matagalpa. Los jesuitas, que habían sido expulsados de Guatemala en 1871, usaban gratuita mano de obra indígena para construir la Catedral.

En una carta de los indios dirigida al padre Alejandro Cáceres, ellos expresaban su malestar:

“el trabajo del templo es de balde (gratuito) también, pero eso ha sido una avenencia de nuestro pueblo (…)”, pero al mismo tiempo protestaban porque “(…) el trabajo al Camino, el trabajo del Cabildo, el trabajo de los puentes es de balde y en El Camposanto de balde”. Aclaraban que al Gobierno “no le damos un sólo Hombre para que vallan a trabajar de balde, el que con su gusto quiere ir aganar su plata que vaya nosotros estamos satisfechos que el Gobierno está pagando a nueve reales el día a cada hombre (no indígena) y hoy que causa hay para que nos hagan trabajar de balde etc.”

Aunque el gobierno del presidente Zavala echó la culpa de la rebelión indígena a los jesuitas, en realidad ellos alertaron al prefecto Cuadra, sobre los preparativos de la insurrección.

El febrero 12 de 1881, el Presbítero Tomás Matus, publicó en el periódico El Porvenir de Nicaragua una "Advertencia al Gobierno y al Partido Conservador sobre la situación presente de Matagalpa”, en la que se explicaba la tensa situación que se vivía con los indígenas. El Vicario de Matagalpa lo obligó a renunciar, siendo sustituido por el Padre Ramon Pineda.

30 de marzo: estalla la primera rebelión

El 30 de marzo, se inició el ataque indígena contra la ciudad de matagalpa. Alrededor de 1000 indios, armados de Tafiste y Fisga (arco y flecha) algunas escopetas, machetes y algunos fusiles de chispa. Las mujeres iban armadas con masas de chile para untar a los enemigos.

Los indígenas tenían armas rudimentarias pero una estructura militar. Había rangos: Sargento, Teniente y Capitán. Era una estructura similar al contingente de indios flecheros de Matagalpa que combatieron en la batalla de San Jacinto, el 14 de septiembre de 1856, y que contribuyo decisivamente a la primera victoria militar sobre los filibusteros

El mismo día de la insurrección, el padre Cáceres ofreció sus servicios para mediar, pero la oferta fue rechazada por el Prefecto Cuadra. Según el padre Cáceres, “A la mañana siguiente llegó de Jinotega un refuerzo de 30 hombres montados, más tarde otros grupos de Sébaco, Terrabona y Metapa: los Chontales enviaron también algunas compañías a los pueblos limítrofes y con estos auxilios se fue calmando, aunque no del todo, la natural inquietud y desconfianza (…) Mientras tanto nada se sabía de cierto sobre el paradero y los propósitos de los indios insurrectos: la última noticia era que se hallaba una partida muy considerable en Huanuca, cañada muy cercana a la población, y que venía capitaneada por Vicente García y José María Castro, los más hostiles a los PP. y los que, como apuntamos arriba, habían prometido comenzar por ellos sus venganzas (…)”.

Los esfuerzos por conciliar

Al tercer día, el prefecto Cuadra le pidió al padre Cáceres que enviase una carta a los indígenas para sondear sus posiciones. Como no había un mando unificado, los distintos capitanes no se pusieron de acuerdo en relación a la repuesta.

El presidente Zavala mando un refuerzo de 50 hombres armados a Matagalpa, a reforzar la plaza. Dada la gravedad y masividad de la rebelión, las instrucciones del gobierno fue que se agotasen las negociaciones antes de usar la fuerza.

Había pasado una semana y no había repuesta de los indios, entonces el prefecto Cuadra se presentó en la residencia de los jesuitas y les solicitó que mediasen con los indios, para evitar un mayor derramamiento de sangre. Los jesuitas solicitaron la presencia de un delegado de confianza del Prefecto, que fuese fiel testigo de lo que podría ocurrir, y que se presentase por escrito las garantías que podrían ofrecer a los insurrectos. Los indios estaban desconfiados y se negaban a acercarse a la población por el temor de ser capturados y fusilados.

El padre Alejandro Cáceres fue solo al encuentro con los lideres indígenas. Los capitanes indígenas que llegaron a la reunión, mostraron un excesivo respeto al padre Cáceres, pero a reglón seguido expresaron su malestar por el mal trato de las autoridades hacia los indígenas. No hubo acuerdo, los jesuitas regresaron a Matagalpa e informaron al prefecto Cuadra.

Tres días después, llegó la repuesta prometida por los indios. Estas fueron las condiciones para regresar a sus hogares: ellos dijeron que no tenían armas del gobierno, y que las suyas no las entregarían, que el Prefecto Cuadra retirara las tropas del gobierno, y que todos olvidarían lo que había pasado,

El 11 de abril de 1881, el Ministro de la Guerra, Coronel Joaquín Elizondo fue enviado a Matagalpa con el objetivo de “contribuir de una manera eficaz a remover las causas que pudieran dar lugar a un nuevo levantamiento de aquellos indígenas”

En mayo, el Coronel Elizondo informó al presidente Zavala que “(…) Las comisiones que salieron al cumplirse el plazo fijado no tuvieron que hacer uso de la fuerza, y su única tarea consistió en restablecer la confianza entre los indígenas, que huían de sus chozas al aproximarse las fuerzas. Poco á poco ha ido mejorando esta situación, y al presente la mayor parte de las Cañadas tiene sus habituales pobladores. Si aún hay considerable número de indígenas que vagan en los campos, esto no reconoce otra causa que las intrigas de los Jefes de la sedición que, temerosos del castigo á que se han hecho acreedores, mantienen la intranquilidad entre los sencillos indígenas, víctimas de su credulidad y de su ignorancia. Es de esperarse que dentro de algún tiempo, y mediante una administración atinada desaparecerán hasta los más leves asomos de inquietud en esa casta desgraciada (…)”

A pesar que los jesuitas habían informado a las autoridades sobre una posible rebelión indígena, en su informe el coronel Elizondo, concluyó lo siguiente: “(…) la existencia de los padres de la Compañía de Jesús en el departamento de Matagalpa fue uno de los motivos que ocasionaron la rebelión. En efecto, habiendo adquirido allí la Compañía una influencia casi absoluta, especialmente sobre la casta indígena, y pasando las autoridades principales de Matagalpa por desafectas a los Jesuitas, esto les acarreó la aversión y el odio de los indios. En tal situación, habiendo ocurrido el cambio de Cura de dicha ciudad, se hizo creer a los mismos indios, para levantarlos, que no solo se trataba de este cambio, sino también de la expulsión de los Jesuitas. Además, los indios se quejan de ciertos trabajos vecinales a que los obligan, y ejercieron grande influencia sobre ellos, inteligencias erróneas sobre algunas disposiciones generales, como la estadística rural y el censo”.

El informe del Coronel Elizondo reconoce las contradicciones entre el Prefecto Cuadra y los jesuitas, los trabajos forzados a que eran sometidos los indígenas, pero aporta un hecho que ha pasado desapercibido por los historiadores: que los indios también se rebelaron en protesta porque supuestamente los jesuitas iban a ser expulsados del país. Al terminar la primera rebelión fue lo que ocurrió. El 4 de mayo, los jesuitas fueron reconcentrados en Granada, y posteriormente expulsados del país.

5 de agosto de 1881: inicia la segunda rebelión

No hay datos oficiales sobre la cantidad de muertos y herido por los combates durante la primera y corta rebelión. Las causas del levantamiento indígena no fueron resueltas, lo que hubo fue un impasse y un conjunto de maniobras del gobierno y del Prefecto Cuadra.

En esta ocasión, alertados por la información que obtenían, el Ejercito concentro tropas en el departamento de Matagalpa.

Entre el 5 al 10 de agosto de 1881 se produjo un segundo levantamiento, que en realidad era una continuación del primero. En esta ocasión, entre 5000 y 7000 indígenas atacaron la ciudad de matagalpa. Previamente, cortaron las líneas del telégrafo para impedir refuerzos desde Managua. La insurrección fue encabezada por Lorenzo Pérez, Hipólito López, Secundino Polanco, José Manuel Hernández, Pantaleón Guido, Eduardo López, Hilario Sevilla y Carlos Mendoza.

Las tropas indígenas, descalzas y mal armadas, entraron por el lado Sur de la ciudad de Matagalpa y establecieron su Cuartel General en la Iglesia de Laborío, actual Iglesia de “San José”. Bloquearon todas las entradas al pueblo, y bordearon los cerros de El Calvario y el Apante.

Se calcula que en una semana de combates unos 400 indios fueron muertos. Los combates terminaron el 10 de agosto en la ciudad, pero el Ejercito continuó la represión en las montañas en los meses de septiembre y diciembre. Se calcula en varios miles la cantidad de indios fusilados.

La resistencia dio lugar a una guerra de guerrillas que fue desapareciendo con el tiempo. Los indígenas fueron derrotados militarmente, y sobre sus cadáveres floreció la caficultura en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. La lengua náhuatl dejó de hablarse, las tierras de las comunidades indígenas fueron depredadas y reducidas.

Por Oliverio Mejía

El golpe de Estado del 30 y 31 de marzo de 1963 se caracterizó por el control que el ejército de Guatemala asumió en el Estado, en el marco la crisis política burguesa que se vivía, la acelerada descomposición de gobierno del general José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes y el avance de las luchas de clases en ese periodo.

Para este artículo se tomó como fuente un análisis elaborado en 1982 para la revista Polémica publicada en San José, Costa Rica, por el Instituto Centroamericano de Investigaciones Sociales (ICADIS).

Antecedentes

Según este análisis publicado por el ICADIS se tenía como antecedentes el fracaso del levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960, de la sublevación popular de marzo-abril de 1963 y las elecciones municipales de noviembre de 1962. Estos hechos catapultaron a que el ministro de defensa nacional del gobierno de Ydígoras, al mando de los llamados Trece Coroneles, con la venia del Departamento de Estado y de la administración de John F. Kennedy, protagonizara el golpe contra el gobierno electo del propio general Ydígoras.

El ejército, que venía de una serie de divisiones, como el levantamiento nacionalista de izquierda de noviembre de 1960 dirigido por los tenientes Luis Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa (base de las consiguientes guerrillas de izquierda), así como los conflictos interburgueses entre facciones que habían apoyado a Ydígoras Fuentes y otras abiertamente anticomunistas, cerraba filas alrededor de estas últimas; autopurgándose, asumiendo con el golpe de Estado un papel claramente pretoriano y bonapartista.

Ydígoras Fuentes, un militar de tradición ubiquista –dictadura derrocada tras la revolución democrática de 1944–, quien había competido en las elecciones de 1950 contra el coronel Juan Jacobo Árbenz sin tener mucho apoyo social, y se había opuesto a las medidas reformistas nacionalistas de éste; Ydígoras era cercano al gobierno contrarrevolucionario de Carlos Castillo Armas, asesinado por un agente del dictador dominicano Trujillo, y había sido víctima de un fraude electoral impulsado por sectores oligárquicos, quienes asumieron el control del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), quien con el apoyo de la CIA,  llevaron a cabo la invasión procedente de Honduras en 1954.

Tal fraude, realizado en 1957, generó una serie de protestas populares que obligó a la camarilla anticomunista que derrocó a la revolución, a abrir el régimen político producto de la contrarrevolución, realizándose nuevamente elecciones en las que ganó Ydígoras bajo su partido denominando Redención, asumiendo el gobierno el 2 de marzo de 1958. En sus primeros años este gobierno se caracterizó por abrir los espacios políticos a personas de izquierda, posibilitar la organización sindical y estudiantil y el retorno de los presos políticos; sin embargo, en el ínterin se fue haciendo cada vez más reaccionario y corrupto, aunque manteniendo diferencias con el ala más anticomunista de la derecha y concentrada de la oligarquía dirigida por el MLN. Así se llega a las elecciones municipales de noviembre de 1962.

Estas elecciones, donde participa una serie de partidos políticos de derecha y de izquierda, algunos ligados al clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo en alianza con sectores revolucionarios de la socialdemocracia, son calificadas como fraudulentas a favor del partido oficial.

Una serie de factores se fueron acumulando hasta llegar el levantamiento popular de marzo y abril de 1963, donde el movimiento estudiantil universitario y de secundaria, sectores organizados de los barrios capitalinos de clase trabajadora y sindicatos clasistas, influidos por el PGT y el Partido de Unidad Revolucionario (socialdemócrata de izquierda), el Partido Revolucionario (PR, socialdemócrata de derecha), la Democracia Cristiana de Guatemala (DCG) y otros; estos partidos desactivaron la movilización cuando en algunos lugares de la ciudad se había hasta creado órganos de poder popular. Esto con la visión de las próximas elecciones presidenciales, donde el ex presidente Juan José Arévalo canalizaba al voto progresista, de izquierda y popular, considerándose una posible victoria electoral.

En ese marco ya se había realizado el levantamiento militar de Yon Sosa y Turcios Lima, habiendo fracasado tras el apoyo que la misión militar gringa había dado al gobierno de Ydígoras, quedando un reducido número de militares que había sobrevivido realizando acciones guerrilleras. El PGT, por su parte, había intentado crear un foco guerrillero que fue un fracaso, al ser rastreado y destruido por el ejército. Los reductos guerrilleros y el levantamiento popular no tuvieron ningún tipo de coordinación; es después, tras la derrota de la insurrección popular y el entroncamiento militar, que algunos militantes se vuelven parte de las guerrillas.

La crisis del gobierno de Ydígoras

Este gobierno era producto de la crisis de gobernabilidad, producto a su vez de la contrarrevolución, de los conflictos interburgueses y la movilización popular. El golpe de Estado de 1963, ante el escenario de un posible triunfo de Arévalo, salda esta situación a favor de las facciones oligárquicas de la burguesía, liquidando a un gobierno constitucional de derecha. Cerró la posibilidad de que fuerzas progresistas llegaran por la vía electoral al gobierno.

Arévalo tenía el apoyo de una serie de partidos pequeños que se identificaban con él, como el Nacional Revolucionario, Revolucionario Ortodoxo, Unión Democrática y el Movimiento de Acción Revolucionaria. El ICADIS mencionaba que el golpe de Estado tuvo el apoyo de la prensa escrita y de la embajada estadunidense, donde el embajador, John O. Bell, calificaba a Arévalo de comunista y mal candidato. Según la fuente consultada, la política de ese país fue ciega ante la oportunidad que la fuerzas democrático electorales asumieran el gobierno y forzaron a la polarización política.

Esto pese a que Arévalo había abjurado de su pasado revolucionario y asumido un discurso anticomunista, calificando de peligroso el posible injerencismo de Moscú, usando para eso a la Revolución Cubana recientemente triunfante. Es más, confiaba, según el ICADIS, en que el presidente Kennedy y sus consejeros, considerados por Arévalo, por un ala de izquierda del Partido Demócrata y de la Universidad de Harvard simpatizante de las clases trabajadoras, al grado de considerar que EU estaba más cerca de corrientes democráticas como el arevalismo.

Volviendo al tema central, el ICADIS consideró que el coup d´Etat  no fue antiydigorista sino antiarevalista, y en proporción profundamente antipopular, donde recurrir al golpe y romper la legalidad que las camarillas gobernantes anticomunistas habían construido desde 1954, fue un ejemplo de la crisis política. Anota que las diversas fracciones de la burguesía, sobre todo la más concentrada, mandan al traste la salida electoral, bloqueando el camino a la democratización, iniciando dos características que se desmontaron hasta la década de los ochenta.

Esas dos características fueron, la contrainsurgencia y el papel del ejército como ente bonapartista que dirime las diferencias entre fracciones burguesas y garantizaba la dominación de clase, manteniendo los conflictos entre éstas dentro de los límites bajo su control.

El golpe de Estado suspende la Constitución Política de 1956, ya claramente anticomunista, poniendo en el gobierno, como se dijo, al ministro de defensa Enrique Peralta Azurdia, que gobernará hasta 1966; la asonada tuvo el apoyo de los jefes y oficiales de las guarniciones militares del país. Con eso, el ejército tomó el control directo del poder político, remodelando un régimen que se denominó como el generalato, realizando elecciones fraudulentas y donde participaban partidos claramente anticomunistas, que duraría hasta otro golpe de Estado, el del 23 de marzo de 1982.

Ahora bien, este golpe de Estado, como bien lo califica el ICADIS, fue claramente preventivo, un primer paso para lo que fue un gigantesco movimiento contrainsurgente, lo cual mostraba el miedo de la burguesía al sufragio universal y el hecho de ceder de parte de ésta el control del gobierno al ejército, mostrando una clara debilidad de la primera.

La naturaleza del régimen que se implantó

Por otro lado, el carácter contrainsurgente se mostraba en que al imponer un gobierno claramente dictatorial, que gobernó bajo estado de excepción, de facto por mil días y bajo 20 meses con estado de sitio, se desactivaba cualquier movilización popular y con el pretexto de la existencia de grupos guerrilleros, con lo cual el Estado asumió la creación de un enemigo interno, se destruye a éstos, que operaban en el oriente del país y en la capital; y se inició la persecución  a todo critico al régimen, metiendo en mismo saco a cualquier opositor, calificándolo de comunista.

Como bien califica el artículo que se cita, no fue la guerrilla quien quiebra la superestructura institucional del Estado, sino las contradicciones provocadas por la organización y las luchas populares en ascenso, ratificando al ejército como el más importante factor de poder.

Uno de los resultados del gobierno militar fue una nueva ley electoral que fue una vuelta más en la cerradura de la participación, al limitar la participación a solo los partidos denominados por el régimen como democráticos, es decir que asumiera la ideología anticomunista.

Entre los elementos que tenía esta ley estaban, que para la conformación de partidos políticos tenían que lograr 50 mil adherentes, donde el 50 por ciento tenía que ser alfabeta – situación que fue cambiada hasta la ley electoral actual promulgada por la Constituyente de 1984 –, además de entre los figurantes de los partidos políticos de ese momento no podían haber salido en las listas del Comité de Defensa contra el Comunismo, creado tras el derrocamiento de Arbénz. Otro elemento claramente anti democrático, fue que la entidad encargada para autorizar la legalidad partidaria, era una oficina denominada Registro Electoral, dependiente del Poder Ejecutivo.

El objetivo de todas estas medidas era que se buscó una legalidad que reglamentara las diferencias interburguesas dentro de los marcos de una partidocracia totalmente reaccionaria, y de paso vedar la posibilidad de que fuerzas revolucionarias (como algunas que lo intentaron en la década de los setenta, tales como el Frente Unido de la Revolución) participaran, o hacer cuesta arriba esa participación.

Un régimen político contrainsurgente

La dictadura militar de Peralta Azurdia decretó una nueva Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, inspirada en una renovada ola de odio político, con pretensiones de cruzada religiosa. De tal forma que junto a esa ley y la electoral ya mencionada, el gobierno convocó a la elección de una Asamblea Constituyente donde solo participaron los ultra conservadores MLN y el PR, la DCG, un socialcristianismo conservador, fue vedada. Estos promulgaron con prisa en julio de 1965 una nueva constitución, la más reaccionaria según ICADIS de la vida republicana del país.

Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 1966, el PR, con Julio César Méndez Montenegro, después de que su hermano fuera asesinado y que tenía un perfil más democrático, Julio ganará las elecciones, asustando al ejército. Ya para ese momento las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre estaban debilitadas por el accionar militar y nuevamente despertó la ilusiones electorales de sectores populares y de actores de izquierda, aun de algunos armados, con el gobierno de Méndez Montenegro.

Pero el ejército hizo valer su calidad de depositario del poder, obligó al nuevo gobierno a cederle el control y continuó con el operativo contrainsurgente apoyado por EU, y la persecución contra las organizaciones populares. Esto le dio paso a lo que se denominó el generalato, con gobiernos supuestamente electos, conformados por militares de los partidos MLN, PR y el partido cuasi oficial, el Institucional Democrático.

Tras escandalosos fraudes electorales, nuevamente despertó la organización popular y el accionar guerrillero, lo que otra vez puso en jaque el régimen político, hasta que de nuevo otro golpe de Estado preventivo, el de 1982, canalizará la lucha de clases, previo represión y genocidio, con una nueva constitución, la actual, en una nueva institucionalidad burguesa estrenada en 1985, bajo un régimen político de reacción democrática.