Por Clemente Bardales

El periodo de los golpes de Estado y del reformismo militar en Honduras, que abarcó un periodo de 25 años, que va en términos generales desde 1957 hasta 1982, ha sido poco estudiado.

25 años de amplia autonomía de los militares

Desde el golpe de Estado de 1956 que derrocó al presidente provisional Julio Lozano Diaz, y la posterior aprobación de la Constitución de 1957, las Fuerzas Armadas de Honduras conquistaron una amplia autonomía en relación al poder ejecutivo.

El artículo 319 de la Constitución de 1957, estableció que “las órdenes que imparta el presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por intermedio del jefe de las mismas, deberán ser acatadas. Cuando surja alguna diferencia deberá ser sometida a la consideración del Congreso, el que decidirá por mayoría de votos. Esta resolución será definitiva y deberá ser acatada”. En pocas palabras, los militares tenían capacidad de veto, y el Congreso se convirtió en una especie de tribunal arbitral.

El jefe de las Fuerzas Armadas era nombrado por el presidente con base a una terna enviada por el “Consejo Superior de la Defensa Nacional”. Los nombramientos internos de la estructura militar eran realizados por el jefe de las Fuerzas Armadas.

Estos cambios constitucionales le otorgaron un enorme poder a las Fuerzas Armadas de Honduras, durante décadas, y fueron la base legal del reformismo militar. La Constitución de 1965 mantuvo los privilegios de la casta militar, hasta la aprobación de la Constitución de 1982 y posteriores reformas constitucionales de 1984 y 1999 introdujeron el control directo del presidente de la república sobre las Fuerzas Armadas, poniendo fin al sistema de ternas.

López Arellano y el reformismo militar

Oswaldo López Arellano lideró un golpe de Estado en 1963 contra el gobierno liberal de Ramon Villeda Morales.

Bajo el gobierno de López Arellano (1963-1971 y 1972-1975) se consolidó el reformismo militar, un fenómeno en el cual, ante la debilidad estructural de la burguesía hondureña, los militares tomaron directamente el poder, impulsado una serie de reformas para modernizar el Estado, que estaba en desventaja en relación a las otras burguesías de la región, que habían aprovechado las ventajas del Mercado Común Centroamericano (MCCA).

En 1969, bajo el Gobierno de López Arellano, Honduras libró la llamada “Guerra del Fútbol” contra El Salvador. Los cambios impulsados por el reformismo militar no traspasaron el límite histórico, ya que nunca pretendieron desmantelar el poder la burguesía y los terratenientes, y terminaron sucumbiendo ante estos.

El ascenso de Melgar Castro al poder

Después de casi doce años de gobierno de López Arellano, exceptuando el breve periodo de gobierno de Ramón Ernesto Cruz, finalmente el 22 de abril de 1975, el poderoso Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, tomando como pretexto las denuncias de soborno de la United Fruit Brand en la que supuestamente estaba involucrado López Arellano decidido la remoción de este, nombrando como nuevo jefe al coronel Juan Alberto Melgar Castro.

Detrás de un aparente conflicto entre personalidades, se escondía, en realidad, el hecho que López Arellano se mantuvo en el poder más tiempo de lo esperado, y las reformas quedaron parcialmente congeladas, acumulándose descontento social. Melgar Castro se presentó ante el pueblo como un reformista y un gran conciliador, anunciando que un futuro cercano se realizarían elecciones generales

Melgar Castro tuvo una carrera fulgurante dentro de las Fuerzas Armadas. Fue Jefe Militar de la Zona Norte, después Comandante del Cuerpo Especial de Seguridad, posteriormente Secretario de Gobernación y Justicia, hasta que en 1975 fue nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, sustituyendo a López Arellano. No obstante, se produjo una separación de funciones: Melgar Castro ocupó la Jefatura del Estado, mientras Policarpo Paz era jefe de las Fuerzas Armadas.

Las masacres de Santa Clara y Los Horcones

Pero el gobierno de Melgar Castro se inauguró bajo fuertes protestas campesinas. Había mucho descontento social acumulado, por la paralización de la Ley de Reforma Agraria aprobada bajo el gobierno de Villeda Morales. Se produjeron muchas tomas de tierras. El 25 de junio de 1975, la Unión Nacional de Campesinos (UNC) organizó una “Marcha del Hambre” hacia Tegucigalpa, movilizando campesinos desde la costa norte, Olancho y el sur de Honduras.

La marcha hacia Tegucigalpa fue abortada con el asesinato de 14 campesinos, incluidos dos sacerdotes. Una parte fue abatida en el Centro de Capacitación “Santa Clara”, enviados al presidio de Juticalpa, Olancho, por agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN). Quienes quedaron vivos fueron trasladados primero a la prisión de Juticalpa, Olancho, y posteriormente a la hacienda Los Horcones donde fueron ultimados. Los Horcones era propiedad del terrateniente Jose Manuel Zelaya Ordoñez, padre de Jose Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras y actual dirigente del partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Los límites de la reforma agraria

Para disminuir el descontento social del campesinado, en abril de 1975 los militares expropiaron 22 mil manzanas a la Estándar Fruit Company, dando origen a la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), que fue presentada por los militares como el mayor logro de la reforma agraria. A finales de 1976 los militares intentaron expropiar otras 35 mil hectáreas a la Tela Railroad Company, pero ante las presiones de la transnacional echaron marcha atrás.

Todos los intentos de profundizar el giro populista del gobierno de Melgar Castro, se toparon con la resistencia de los empresarios y de un sector de las propias fuerzas armadas, que terminaban paralizando o desvirtuando cualquier intento de una seria reforma.

El CADEJE

El 9 de marzo de 1976, el general Melgar de Castro creó el Consejo Asesor del jefe del Estado (CADEJE), organismo corporativista donde estaban representadas las principales fuerzas económicas, políticas y sociales. El CADEJE funcionó en los hechos como un órgano legislativo con 36 miembros propietarios e igual número de suplentes. Hubo representación del gobierno militar, partidos políticos emergentes (como el PINU y la Democracia Cristiana), colegios de profesionales, UNAH, COHEP, CTH, entre otros. El Partido Liberal, el Partido Nacional y el COHEP no acreditaron representantes, para no avalar el corporativismo.

En pocas palabras, la composición de los miembros del CADEJE representaban a sectores de clase media, aliados con el sector de las fuerzas armadas que en ese momento controlaban el poder. La principal función del CADEJE fue, según los discursos oficiales, organizar la ansiada transición hacia la democracia mediante elecciones generales para el año 1979.

La transición hacia la democracia

Preparando el terreno, Melgar Castro promulgó en 1977 la primera Ley Electoral, desde que los militares habían asumido el poder, la que entraría en vigencia en 1978. En esa Ley Electoral se contemplaba la creación de un Tribunal de Elecciones (TNE) compuesto por miembros de los partidos políticos.

Esta Ley Electoral tendría el objetivo central y transitorio de organizar las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente del 20 de abril de 1980.

De esta manera los militares hondureños fueron los primeros de la región centroamericana de ponerle fin a la dictadura militar, organizando la reforma del régimen político, cuando en el conjunto de Centroamérica comenzaba a arder la llama de la revolución y la guerra civil

La Ley Electoral de 1977 trajo algunas novedades: a.- la celebración de elecciones internas en los partidos políticos; b) el principio de representación proporcional en las elecciones internas de los partidos; c) la flexibilización de los requisitos para la inscripción de nuevos partidos, y d) reconoció el derecho a las candidaturas independientes.

La caída de Melgar Castro

El populismo de Melgar Castro, y la incapacidad para realizar reformas que calmasen a la población, provocó la impaciencia de la mayoría de la cúpula militar. El 7 de agosto de 1978, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas decidió suspender al gobierno de Melgar Castro, nombrando una Junta Militar integrada por el general Policarpo Paz García, jefe de las fuerzas armadas, el teniente coronel Domingo Álvarez Cruz, comandante de la fuerza aérea, y el teniente coronel Amílcar Zelaya Rodríguez, comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP).

La nueva Junta Militar

El discurso que sostuvo la nueva Junta Militar era el de retomar los objetivos del golpe de Estado de 1975, para calmar el descontento campesino, así como apresurar el retorno a la democracia. Se trataba de incruento golpe de Estado de las propias fuerzas armadas que, preocupadas por el rumbo de los acontecimientos al interior de Honduras, y tomando en cuenta el auge de la lucha revolucionaria en Centroamérica, decidieron acelerar la apertura democrática, para devolver el poder a los partidos políticos, y así evitar un estallido revolucionario, como el que iniciaba en Nicaragua y El Salvador en esos momentos.

Una de las primeras decisiones de la Junta Militar fue disolver el CADEJE, pero las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente fueron convocadas con base a la Ley Electoral de 1977. Al mismo tiempo, la Junta Militar preparó a las Fuerzas Armadas para la lucha contrainsurgente, iniciando una colaboración mas estrecha con Estados Unidos, para convertir a Honduras en el bunker contra las guerrillas en Centroamérica.

La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 20 de julio de 1980, y una de sus primeras decisiones fue nombrar presidente provisional de la Republica al general Policarpo Paz García, mientras se aprobaba la nueva Constitución y se realizaban elecciones generales con la nueva Ley Electoral aprobada en 1981, que reinstauró el sistema bipartidista en Honduras.

Algunos analistas han planteado que el golpe de Estado contra Melgar Castro fue impulsado por el Cartel de Medellin, y que representó la primera vinculación seria de un sector de los militares de Honduras con el narcotráfico, quienes protegieron a Juan Ramon Matta-Ballesteros, hasta que en 1988 fue capturado por agentes de la DEA y enviado a Estados Unidos, a pesar que la Constitución de Honduras prohibía la extradición de los nacionales.

El poder de los militares se fue debilitando con la instauración de una democracia semicolonial, bajo un sistema bipartidista que después entró en crisis. A pesar de ello, los militares siguen siendo el poder en las sombras.

Lic. Josué Sevilla

La historia política hondureña se caracterizó durante sus dos siglos de existencia por su proceder antidemocrático y por hechos terribles que quedaron en la mentalidad colectiva de los hondureños. El hecho histórico que comentaré no tiene nada de agradable sino de mucho repudio para las personas que vivieron a la sombra del encierro, destierro, y entierro que impuso el general Tiburcio Carías Andino. La población de la dinámica ciudad de San Pedro Sula (SPS) en la costa norte hondureña fue víctima de un baño de sangre el 6 de julio de 1944.

La década de 1940 y las revueltas contra los regímenes autoritarios de Centroamérica

Los regímenes autoritarios de Centroamérica de las décadas de 1930 y 1940, se posicionaron por la vía de la fuerza, la persecución política y por su dependencia a la política colonial norteamericana. Esto me hace recordar el escrito llamado Canto al general Francisco del poeta salvadoreño Oswaldo Escobar Velado quien a través de su narrativa denunció la situación dictatorial en Centroamérica. Sobre Nicaragua el poeta escribió “Pobre de la patria de Rubén Darío general Francisco. Ahora don Anastasio es dueño de todos los quesos de Nicaragua. Habla con el ministro norteamericano y este le pone el pecho una medalla.

Refiriéndose al dictador de Honduras el poeta salvadoreño manifestó “Yo no me explico General, llegó la sombra a mal parir la infamia. Una infamia con toga de abogado y espada de general minúsculo (Velado, 1953).” El excelente escrito de Escobar Velado describe los exabruptos en el que vivían los dictadores de la época.

No obstante, los movimientos antisistémicos de la época se prepararon en cada país para medir fuerzas en 1944. Del contexto de lucha de clases en este año, al menos dos de los dictadores no sobrevivieron a las revueltas provocados por los movimientos antisistémicos centroamericanos. Es decir, al régimen de Maximiliano Martínez y Jorge Ubico. A diferencia de los mencionados, Tiburcio Carías y Anastasio Somoza, se mantuvieron a las protestas sociales en el istmo. De los avances historiográficos que promueven nuevos hallazgos sobre esta década destaco el trabajo llamado La guerra fría en Centroamérica compilados por los historiadores Roberto García y Arturo Taracena (García, 2017). Sin embargo, la década de 1940 fue de desgaste para Tiburcio Carías a quien le sobrevino un retroceso en su imagen frente a la embajada de EUA. Mientras el dictador perdía su poder el movimiento antisistémico hondureño comenzó a organizarse, después de los hechos del 6 de julio de 1944.

Las protestas sociales de 1944 y la matanza de SPS

Las noticias sobre las protestas en Centroamérica y la caída de dos de los dictadores del vecindario motivo para que en Honduras grupos se organizaron para presentar su inconformidad. El 4 de julio de 1944, un grupo de mujeres de la élite capitalina se manifestaron junto con otros sectores exigiendo renuncia de Carías. En esa manifestación participo la comunista Graciela García y su esposo José Lardizábal. Ambos fueron enviados al exilio después de estos hechos (Villars, 1991). Ambos fueron parte del movimiento comunista hondureño.

Dos días después se repite en la ciudad de SPS una manifestación contra Tiburcio Carías. El historiador Marvin Barahona nos comenta que

“En 1944 se presentó una coyuntura favorable al cambio en Centroamérica, que se concretó en el derrocamiento de las dictaduras gobernantes en el Salvador y Guatemala. Los ecos de tal fenómeno incidieron en la situación política hondureña y provocaron manifestaciones de descontento contra la dictadura en Tegucigalpa y San Pedro Sula en 1944 (Barahona, 2005).”

La manifestación en SPS fue convocada por el Comité Democrático Centroamericano, el cual estuvo dirigido por personas reconocidas de la ciudad. Ciudadanos de las familias influyentes, personas importantes del Partido Nacional, obreros, comunistas y varios vecinos de la ciudad iniciaron la manifestación en el Boulevard Morazán. El punto donde comenzó la manifestación representa la primera calle de esta ciudad. Los manifestantes hicieron un recorrido por varios puntos de la ciudad, hasta llegar a la avenida Lempira o calle del comercio (la tercera avenida de esta ciudad).

La manifestación de los vecinos de la ciudad de SPS, fue totalmente pacífica. La misma fue atacada por la policía Cariísta mientras el Dr. José Peraza daba su discurso para disolver el mitin, contra el régimen. En SPS, estaba el ministro de guerra Juan Manuel Gálvez quien ordeno que se disparara contra la población civil, sin importarle que había presentes mujeres, niños, y personas distinguidas de la ciudad.

Los mártires del 6 de julio de 1944 de la ciudad de SPS

Juan Manuel Gálvez dirigió uno de los hechos más espurios de la historia hondureña y posteriormente se convirtió en el sucesor de Tiburcio Carías, dándole una especie de continuidad a los regímenes cachurecos en Honduras en la década de 1950. El novelista hondureño Ramón Amaya Amador represento la masacre de SPS, en su novela Destacamento rojo como un hecho que quedo en la memoria colectiva de las personas que sufrieron estos hechos (Amador, 1982).

Las cifras sobre la cantidad de muertos el 6 de julio son variadas. El doctor José Antonio Peraza hablo de 2,000 muertos. Este personaje público un trabajo llamado Confinamiento, prisión y destierro. La embajada de EUA, hablo de 22 y varios heridos. Comentaristas actuales hablan de 70 a 100 muertos. La población de SPS para 1950 era de 54 mil personas aproximadamente. Ese día murieron personas distinguidas y de origen humilde. La muerte de un centenar de personas fue algo escandaloso para los ciudadanos de SPS. Todas estas personas se convierten en los mártires del 6 de julio de 1944, los cuales fueron víctimas de la sed de poder, del régimen de turno. Dentro de este movimiento participaron varios nacionalistas que no estaban de acuerdo con la política de Tiburcio Carías. Me parece que los sampedranos deben de hacer año a año, actos simbólicos para que este tipo de hechos no se repitan. Es decir, crear una cultura de concientización y de memoria de esta ciudad de la cual carecen actualmente. La memoria histórica, los cambios de la vida cotidiana, y urbanización deben de ser objeto de estudios en este proceso de apertura democrática que vive Honduras. En eso deben de ser insistentes los historiadores de esta ciudad. Estas líneas se las dedico a los mártires del 6 de julio de 1944. Para este observador de la historia, nuestro análisis debe de sobrepasar el hecho en sí aislado, sino meditar las repercusiones a largo plazo, y las lecciones de la historia que señalan al Partido Nacional como una organización represora y criminal. Demás esta señalar los vínculos criminales que desarrollo este partido en los gobiernos de Porfirio Lobo (2010-14) y Juan Orlando Hernández (2014-22).

El régimen en decadencia y la oposición interna

Un compañero que vivió estos sucesos como espectador (tenía 7 años cuando ocurrió la matanza de SPS), me comentaba que al “día siguiente las calles de SPS, amanecieron ensangrentados y una tendalada de muertos”. El régimen obligo a callar los hechos, pero fue evidente la aberración ante la opinión pública nacional e internacional. La embajada de EUA, se distanció del régimen de Tiburcio Carías luego de estos hechos.

En la ciudad de SPS y Tegucigalpa organizaron un movimiento opositor a Tiburcio Carías que desemboco en la conformación de un partido de tendencia social demócrata llamado Partido Democrático Revolucionario Hondureño (PDRH) el cual represento a la juventud intelectual sampedrana y de Tegucigalpa que se oponía al régimen. Este partido que practico una tolerancia ideológica, pronto recibió en sus filas a varios comunistas hondureños con quienes organizaron una alianza estratégica para combatir al régimen de Tiburcio Carias. En efecto, como lo sostengo en un trabajo de tesis de maestría que estoy culminando.

 Los jóvenes intelectuales del PDRH y los comunistas se dedicaron a motivar a la reorganización de la clase obrera y a señalar la miseria en que tenían este país los nacionalistas y el poder desmedido de las compañías bananeras en nuestro país (Sevilla, 2022).

Mis reflexiones finales conllevan a pensar las manifestaciones de 1944, como punto de partido del movimiento antisistémico contra al régimen de Tiburcio Carías. Al año siguiente de la manifestación del 6 de julio de 1944, se organizó en SPS el movimiento que conllevo a formación del PDRH en 1948. Este partido se dedicó con mucha a tenacidad a denunciar a través del periódico Vanguardia revolucionaria las contradicciones de la sociedad hondureña. Los comunistas se dedicaron a reconstruir el movimiento obrero de forma clandestina. En otras palabras, la masacre perpetrada en SPS más que acallar la oposición política la unifico. A la memoria de los mártires del 6 de julio de 1944 dedico esta reflexión.

Referencias

Amador, R. A. (1982). Destacamento rojo. Tegucigalpa: Editorial universitaria.

Barahona, M. (2005). Honduras en el siglo XX: una síntesis de la historia de Honduras. Tegucigalpa : Guaymuras .

García, R. (2017). La guerra fría y el anticomunismo en Centroamérica. Guatemala: FLACSO.

Sevilla, J. (2022). Los Partidos Comunistas de Honduras: movimientos antisistémicos, protesta social y reformismo militar. Tegucigalpa: Tesis de maestría UNAH.

Velado, O. E. (1953). Canto al general Francisco. San Salvador.

Villars, R. (1991). Porque quiero seguir viviendo: habla Graciela García. Tegucigalpa, Honduras. : Guaymuras .

Por Melchor Benavente

Los procesos de independencia en América Latina, que obedecían a una dinámica de lucha interna contra las autoridades coloniales, fueron alentados por un factor externo: la invasión de Napoleón sobre la península Ibérica en 1807 y la consecuente crisis de la monarquía española.

En la capitanía General de Guatemala, que más adelante sería el territorio de las Provincias Unidas de Centroamérica, los acontecimientos adquirieron una dinámica muy particular. En un primer momento las autoridades coloniales cerraron filas con el rey Fernando VII, contra la ocupación francesa, posteriormente se inclinaron ante el establecimiento de una monarquía constitucional por medio de la Constitución de Cádiz (1812), proyecto que fue frustrado con la restauración de Fernando VII en el trono, derogándola.

En 1820, el levantamiento militar del general Rafael del Riego obligó al rey Fernando VII a restablecer temporalmente la Constitución de Cádiz. Este hecho agitó las aguas en el virreinato de la Nueva España (México) y también dentro de la Capitanía General de Guatemala, acelerando las conspiraciones de las elites para proclamar la independencia.

El Plan de Iguala

El 16 de septiembre de 1810 fue proclamada la Independencia del Virreinato de la Nueva España, el cual quedó devastado por una guerra civil entre el ejercito realista, comandado por Agustín de Iturbide, y el ejercito independentista comandado por Vicente Guerrero. Al final, ambos jefes se unieron y suscribieron, en la ciudad de Iguala, el 24 de febrero de 1821, el Plan de Independencia de la América Septentrional, conocido como Plan de Iguala, basado en tres garantías: 1.- Establecer la Independencia de México del régimen de España. 2.- Imponer la religión católica como religión única y absoluta en México. 3.- Establecer la unión de todos los individuos, es decir, imponer igualdad social entre americanos, españoles, africanos o asiáticos.

El régimen político, copiando a las instituciones de Cádiz, sería una monarquía constitucional, convirtiéndose Iturbide en el nuevo emperador de México el 21 de julio de 1822.

La conspiración por la independencia en la Capitanía General de Guatemala

Los acontecimientos en México encendieron la llama de la rebelión en Chiapas. El 28 de agosto de 1821, por medio de un Cabildo abierto en Comitán, Municipalidad de Chiapas, se pronunció por la independencia de España, en conjunto con las municipalidades de Ciudad Real y Tuxtla.

Temerosos de los acontecimientos, en agosto de 1821, en la ciudad de Guatemala, la familia Aycinena junto con algunos intelectuales independentistas, entre ellos Pedro Molina, propietario del periódico el Editor Constitucional, conspiraron “para que las mismas autoridades del Reino de Guatemala fueran las que decidieran la separación en forma pacífica de la Monarquía española y solicitaran ayuda militar a sectores conservadores y al alto clero de México, encabezados entonces por Agustín de Iturbide, para garantizar la continuidad del sistema económico, político y social que hasta entonces había imperado” (Horacio Cabezas, pág. 71, 2010)

Esta conspiración fue conocida como el “Plan pacifico de la independencia”, denunciado por Jose Cecilio del Valle, en el periódico “Amigo de la Patria” en noviembre de 1820.

Fue así, como una maniobra o conspiración, que las mismas autoridades coloniales proclamaron la primera Independencia, el 15 de septiembre de 1821, en un texto plagado de temores y contradicciones.

“Primero.- Que siendo la Independencia del Gobierno Español la voluntad general

del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor Jefe Político, la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.

Segundo.- Que desde luego se circulen oficios a las Provincias por correos extraordinarios, para que sin demora alguna, se sirvan proceder a elegir Diputados o Representantes suyos, y estos concurrirán a esta Capital, a formar el Congreso que debe decidir el punto de independencia general absoluta, y fijar en caso de acordarla, la forma de Gobierno y Ley Fundamental que deba regir".

Aunque la primera independencia fue proclamada, en el Acta del 15 de septiembre de 1821 se estableció que la decisión final correspondería a un Congreso que debía convocarse para tal efecto. Como resultado de la primera independencia se formó un gobierno provisional con el nombre de Junta Provisional Consultiva (JPC), formada por Gabino Gaínza, José Cecilio del Valle y Pedro Molina.

La anexión a México

Las autoridades de Guatemala ya conocían el Plan de Iguala, pero en vez de convocar al Congreso que debía tomar la decisión, decidieron hacer una consulta. El 30 de noviembre de 1821, el Capitán General, Gabino Gaínza, por medio de carta, consultó a las municipalidades de Centroamérica para que expresaran su opinión a favor o en contra de la anexión a México, o si por el contrario estaban a favor de la independencia total.

El 2 de enero de 1822 fueron publicados los resultados de la consulta: 104 a favor, 11 a favor con algunas condiciones, 21 a favor de que decidiera el Congreso, 32 dejaron la decisión en manos de la JPC, 67 ayuntamientos no enviaron respuesta.  San Salvador y San Vicente votaron en contra. Los resultados de la consulta reflejaron la profunda división, y los temores a la existencia como Estado independiente, pero 21 municipalidades insistieron en la convocatoria a un Congreso. El 5 de enero de 1822, se declaró oficialmente la anexión a México con la oposición frontal de los salvadoreños.

Ocupación y retirada de tropas mexicanas

Iturbide envió al general Vicente Filísola, al frente de la “división protectora”, a garantizar la anexión a México. Los salvadoreños se opusieron con las armas en la mano a la anexión, y los nicaragüenses al mando de Cleto Ordoñez.

Iturbide recurrió a la implantación de impuestos para recaudar ingresos, provocando el rechazo de los centroamericanos. Las medidas adoptadas por Iturbide, en contra de los derechos ciudadanos (violando las tres garantías) y la declaración de guerra contra España, condujo al estallido de una rebelión contra el emperador. Esta situación brindó a los centroamericanos la oportunidad para liberarse del dominio de México. Los acontecimientos al interior de México influirían en el desarrollo de los acontecimientos en Centroamérica.

Iturbide fue obligado a renunciar el 19 de marzo de 1823, el proyecto de monarquía constitucional fue abortado, y la republica fue proclamada. Comprendiendo que la situación había cambiado, Filísola organizo la retirada de las tropas mexicanas, al mismo tiempo que organizo una transición de poder, mediante un Decreto del 29 de marzo 1823, resucitando la convocatoria del Congreso que había sido establecido en el Acta del 15 de septiembre de 1821.

Filísola ordenó que las elecciones de los diputados se hicieran conforme a los procedimientos de la Constitución de Cádiz de 1812, “(…) un Diputado por cada quince mil almas (…) luego que se hallen reunidos en esta capital las dos terceras partes de los diputados, se instalará en ella el Congreso (…) el primer objeto de esta

Asamblea será, además del que expresa el artículo 2º de dicha Acta de Setiembre para que desde entonces fue convocado, examinar el pacto de 5 de Enero de 1822, las (…) no se hará innovación alguna en este Gobierno, ni en los subalternos de las provincias, que continuarán rigiéndose por la Constitución española bajo el actual

sistema, y por las leyes y decretos existentes (…)”.

Instalación del Congreso y segunda independencia

A la sesión inaugural del Congreso, instalado solemnemente en ciudad de Guatemala, el 24 de junio de 1823, asistieron 40 diputados, en su mayoría eran representantes de Guatemala y El Salvador. La sesión fue presidida por el salvadoreño Jose Matías Delgado. Los diputados provinciales y los jefes políticos de antaño permanecieron en sus puestos durante los diecinueve meses de duración de la A.N.C. los gobiernos siguieron los precedentes de la ley español. Fue una transición bastante ordenada.

El Congreso se convirtió en Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar una Constitución. Casi dos años después de la proclamación de la primera independencia, y después de haber vivido la amarga experiencia de la anexión a México, el Congreso emitió, el 1 de julio de 1823, la declaración de la segunda independencia: “(…) Que las expresadas provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna (…) Que las provincias sobre dichas, representadas en esta Asamblea (y demás que espontáneamente se agreguen de los que componían el antiguo reino de Guatemala) se llamaran, por ahora sin perjuicio de lo que se resuelva en la Constitución que ha de firmarse: “PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMÉRICA”.

A pesar de las declaraciones solemnes, como la segunda independencia o la abolición de la esclavitud, los diputados trabajaron arduamente en una misión que resulto catastrófica: copiaron partes de la Constitución de Estados Unidos, con un sistema federal, republicano y un régimen presidencialista, con los remanentes de la Constitución de Cádiz de 1812, que en esencia promulgaba un régimen de monarquía constitucional. La mezcolanza fue fatal. Al final prevalecieron las instituciones de Cádiz, pero sin la institución principal de un poder ejecutivo fuerte. Todo lo contrario, los liberales de la época se esforzaron en debilitar al máximo al poder ejecutivo, en una “democracia” señorial que le negaba los derechos políticos a la mayoría de la población indígena.

El derrumbe de la federación, en esas condiciones, era inevitable.

Por Oliverio Mejía

Entre los meses de marzo y abril de 1829 se producían los sucesos que ponían fin a la primera guerra civil entre dos facciones de las clases dominantes centroamericanas, disputada por los bandos fiebres o exaltados contra los moderados o cacos, pero a su vez por las disputas entre aquéllas desde el control de los Estados de El Salvador y Guatemala y en menor medida Honduras.

Debates historiográficos

Estos bandos, caracterizados como proto-partidos, para la  historiografía eran las facciones que posteriormente se denominarían liberales y conservadores; sin embargo, algunos enfoques recientes, según Rodolfo Galeotti, ambas estaban identificadas con las ideas liberales, configuraciones que tienen su raíz tras las posturas asumidas después de la independencia tanto de España en 1821 como la separación de México en 1823, en torno al comercio con el Imperio Británico y otras potencias, del cual eran partidarios de una liberalización total sin importarle la pequeña producción artesanal.

Por otro lado, los Aycinena, asentados en Guatemala dueños de algunas haciendas agrícolas, se habían convertido en los intermediarios para exportar la producción agrícola de las distintas provincias hacia la metrópoli española, generando discrepancias sobre todo con los latifundistas de añil de El Salvador. Tras la independencia, estos se sumaron al carro del libre comercio, sabiendo la posición ventajosa que este clan había adquirido monopolizando el comercio en la recién creada República Federal de Centroamérica, desde Guatemala, que se mantenía como capital federal.

Otra situación que es importante destacar es que, en los recientes enfoques historiográficos se resalta que estas facciones se afincan en distintas ciudades, hecho que, según historiadores como Luis Pedro Taracena, convirtió estos conflictos en disputas entre ciudades, trasformando éstas como el actor principal de la guerra, sobre todo Guatemala y San Salvador, centros de poder de las distintas facciones en pugna; mientas que otras mas pequeñas fueron subsidiarias de tales poderes principales.

Otra característica que resaltan los nuevos enfoques historiográficos y es mencionada por Taracena, es el hecho de que surgieron nuevos sujetos en la disputa existente entre los comerciantes terratenientes de Guatemala y los productores de añil de El Salvador, los mineros en Honduras y ganaderos en este país y en Nicaragua; por ejemplo, con el surgimiento del Ejército Aliado Protector de la Ley (EAPL) al mando del general José Francisco Morazán Quezada.

Éste retoma la bandera de los fiebres, los cuales son obligados a agruparse tras el control político que los cacos, en contubernio con el presidente de la Federación, Manuel José de Arce y Fagoaga, asumen, al desplazar a los primeros del control del Estado de Guatemala, fortaleciéndose entonces los fiebres en el Estado de El Salvador con el apoyo de las élites de Tegucigalpa, las cuales, a diferencia de las de Comayagua, apoyan a los cacos.

Estas disputas de hegemonía territorial se reproducirán entre las élites de los otros Estados, y, aunque periféricas al conflicto central, generan luchas, por ejemplo, entre León y Granada y la emergencia de Managua en Nicaragua; y entre Heredia y Cartago y la emergencia de San José en Costa Rica. Disputas que determinarán la configuración de los centros políticos dominantes en estos Estados y de cara posteriormente a la separación de éstos y el desmembramiento de la Federación.

Pero volviendo a la emergencia del EAPL, éste estuvo conformado por una base de indios, mestizos, mulatos y pardos que se suman al ejército morazánico con la promesa de ser considerados iguales en derechos bajo las ideas liberales y de revindicar sus necesidades por el acceso a la tierra, aunque los liberales nunca avanzaron en un programa de justicia social redistributiva como sí impulsaron facciones de éstos en otros países como la de José Artigas en Banda Oriental (Uruguay) o Ezequiel Zamora en Venezuela.

Es más, la falta de sensibilidad ante esa problemática, debida a los intereses de clase de la facción exaltada posteriormente liberal en lo que respecta a las reivindicaciones por la tierra de las masas campesinas, fue otro factor principal para el desmoronamiento de la Federación. Con el hecho que, para finales de la década de los treinta del siglo XIX, estas masas se sumaron al bando anteriormente conocido como moderado ahora conservador, que con el caudillo Rafael Carrera al frente de un ejército en Guatemala, puso fin a la presidencia de Morazán y separó al Estado de Guatemala de la Federación.

Un caso especial fue el de Mariano Gálvez al frente del Estado de Guatemala que, a finales de la década de los treinta, impulsó un proyecto de registro de propiedad agraria para obtener recursos fiscales. Muchos pueblos de Los Altos –en su mayoría indígena- no querían eso porque les ponía en riesgo de perder control sobre sus ejidos y permitía la entrada de ladinos y terratenientes en sus tierras.

La guerra se fue configurando cuando el presidente de la Federación, el salvadoreño Manuel de Arce, en contubernio con los cacos guatemaltecos, sobre todo el clan Aycinena, disuelve el Congreso Federal y el Senado en 1826 dominado por los fiebres, esto en el contexto del asesinato del exaltado Cirilo Pérez en Quetzaltenango, vicepresidente del Estado de Guatemala el cual era odiado por la población maya por ser representación del terrateniente explotador, fracción de las élites que buscan convertir la región occidental de Guatemala, en el sexto Estado de la Federación y eran enemigas de las élites guatemaltecas especialmente moderadas. La muerte de Cirilo también fue un ajuste de cuentas, porque era partidario de las elites exaltadas federales; así durante la guerra, la región de Los Altos fue la retaguardia política y económica de los serviles de Guatemala.

Los hechos de la primera guerra civil

La acción de Manuel de Arce acelera el enfrentamiento y genera la emergencia del EAPL como nuevo actor con Morazán a la cabeza, que en alianza con los sectores que dirigían el Estado de El Salvador buscaban reequilibrar la situación rota por los moderados y por de Arce. Estos, a su vez, una vez roto ese equilibrio para lograr asegurar la retaguardia, realizaron un golpe de Estado en el Estado de Guatemala imponiendo un gobierno caco nombrando a Mariano de Ayicenena y Piñol como presidente de Guatemala, logrando asimismo controlar el congreso estadual de Guatemala.

De tal forma que una vez impuesto este nuevo gobierno inicia la persecución contra los exaltados tanto de la Ciudad de Guatemala como de Quetzaltenango; los primeros logran refugiarse en Antigua, que se convierte en su baluarte, convirtiéndose en una ciudad fundamental al momento de la invasión del EAPL en 1829.

El primer enfrentamiento se dio en territorio hondureño, donde las disputas de las ciudades y la toma de partido por los bandos en pugna fue el catalizador para el conflicto. En Comayagua, la capital del Estado simpatizaba con Morazán y sus pares de San Salvador, así el ejército federal encomendó al general José Justo Milla destituir al gobierno de Dionisio de Herrera, las tropas federales tenían el respaldo de las élites asentadas en Tegucigalpa, que disputaban el control del Estado con las élites de Comayagua.

En un primer momento, Milla logra tomar Comayagua haciendo dimitir a Herrera, posteriormente con el avance del ejército morazánico, éste logra derrotar el ejército federal en la batalla del Valle de Trinidad y asegura su posición tomando las dos principales ciudades del Estado, poniendo nuevamente al frente de Honduras a Herrera, aunque posteriormente en noviembre de 1827 es nombrado Morazán presidente del Estado de Honduras. De esa forma se aseguraba una importante retaguardia, vital para avanzar sobre Guatemala y con ello las fuentes de ingresos del Estado de Honduras, sobre todo en los rubros de minas y tabaco.

Ante esa victoria, las facciones dominantes en el Estado de El Salvador, intentan entrar en territorio guatemalteco en marzo de 1827 para socavar el poder de los moderados, pero no contaban con que la ciudad de Sonsonante, situada al occidente salvadoreño, que controlaba el importante puerto de Acajutla, iba a unirse al bando guatemalteco. Tal situación hace que tropas guatemaltecas y federales logren repeler la invasión salvadoreña y los derroten, imponiendo un gobierno provisional en San Salvador afín a los moderados al mando del general Manuel de Arzú.

Ante ese panorama, Morazán tiene que cambiar la estrategia y se encamina desde Honduras hacia El Salvador, entrando por el oriente salvadoreño, derrotando a las tropas mandadas por Arzú desde San Salvador en la hacienda El Gualcho en Nueva Granada, Usulután. Desde Usulután y la ciudad de San Miguel, Morazán se hace fuerte y, ante un intento de Arzú de mover contingentes hacia Honduras para reagrupar a los afines al bando moderado en ese territorio, Morazán, ubicado en el Rio Lempa por San Vicente, avanza hacia San Salvador, cuando se entera que las tropas de Arzú se rinden en Mejicanos ya en las orillas de la capital salvadoreña.

El 23 de octubre de 1828 entra triunfante Morazán a San Salvador, de donde rápidamente se enfila hacia Ahuachapán, donde derrota a las fuerzas moderadas, encaminándose hacia el Estado de Guatemala. Ante esas noticias, el jefe de Estado de Guatemala, Ayicenena y Piñol, pretende negociar con el EAPL, pero Morazán se niega y continúa por el oriente de ese Estado, derrotando la resistencia de ciudades salvadoreñas afines al bando de los cacos.

Pese a no contar con todos los hombres que necesitaba y pretendía que el Estado Salvadoreño los facilitara, con 2000 mil soldados al mando del coronel José Prem, ingresa a la ciudad de Chiquimula, la cual Morazán consideraba era una base fuerte de aliados, logrando tomarla a finales del diciembre de 1828. En Guatemala se le encomienda a Vicente Domínguez salir al encuentro de las tropas morazánicas y el 15 de enero de 1829 se enfrentan en Zacapa, que se suma al bando morazánico, venciendo al ejército guatemalteco y federal en tal ciudad. 

En Antigua Guatemalteca se organiza un gobierno afín a Morazán e inicia el cerco a la ciudad de Guatemala. Por su parte, éste, con el grueso de su ejército, se instala en un primer momento en Santa Catalina Pínula, con el fin de que, desde esos dos puntos, bajo la estrategia de pinza, logre tomar Guatemala ciudad.

La estrategia de Morazán posteriormente fue mover el grueso de tropas hacia el occidente para que con el respaldo de Antigua avanzar por esa dirección, mientras que las que se quedaron en Pínula se dedicaran a desgastar la defensa de la ciudad con pequeñas escaramuzas. Sin embargo, el 15 de febrero de1829 el grueso de tropas morazánicas son derrotadas en Mixco, a las puertas de la ciudad; eso fue aprovechado por el ejército federal, que pretendió desde El Tejar avanzar sobre las tropas morazánicas acantonadas en Antigua, pero la operación falló y son derrotados el 6 de marzo.

Consecuencias de la guerra

De tal forma que el EAPL avanza en su ofensiva final derrotando a los federales en la hacienda de Las Charcas en las entradas de la ciudad. Ayicenena ordenó el 18 de marzo de 1829 que se aplicara la pena de muerte a todo aquel que ayudara al enemigo, hizo una proclama en la que invocaba la defensa de la “santidad de los altares” y emitió una disposición legal por la que los líderes exaltados fueran declarados enemigo de la patria.

El EAPL sigue avanzando hasta ingresar a la ciudad, la cual se rinde el 12 de abril de 1829, inmediatamente ordena que el presidente Arce, Mariano Aycinena, Mariano Beltranena, y todos los funcionarios moderados que habían tenido algún papel en la guerra fueran enviados a prisión; con respecto al Clan Aycinena, impone la pena de muerte a todos los miembros de éste que se hubieran involucrado en la guerra.

Morazán gobierna de facto por tres meses, hasta que se conforma un nuevo Congreso Federal que elige 26 de junio a Juan Barundia presidente de la Federación, siendo éste, un exaltado vinculado a las élites latifundistas de las provincias, y enemigo acérrimo de los comerciantes terratenientes monopolistas de los Aycinena. Posteriormente Morazán asumirá la presidencia federal en 1831 y cambia la capital de Federación a San Salvador, a su vez se generarán nuevos conflictos entre estas facciones ya autoidentificadas como liberales y conservadores, lo cual dará inicio a la larga segunda guerra civil que ensangrentará la naciente nación y agotará sus recursos económicos.

 

Por Jose Maria Artola

La desgracia para los pueblos Nahuat-Pipil inician con la invasión española comandada por  Pedro de Alvarado, quien el 6 de junio de 1524, atraviesa el río Paz y para el 8 de junio se estaría librando en Acaxual la primera batalla de Resistencia comandada por el héroe Nahuat-Pipil Atonal, quien hirió  de muerte a Pedro de Alvarado, para el 13 de junio se estaría librando una segunda y sangrienta batalla en Tacuzcalco, el 17 Alvarado   llega a Cuzcatan, desde estos acontecimientos  los invasores españoles y sus descendientes han venido aprovechándose del principal medio de producción: la tierra. 

De igual manera los pueblos originarios   Nahuat-pipil en los ya casi 500 años de invasión han mantenido una fuerte resistencia y  constantes luchas contra los continuos despojos, la opresión y la sobrexplotación  realizados por los diferentes gobiernos, una de estas es la insurreccion Nahuat-pipil de 1932, en la cual tuvieron participación otros sectores  sociales como el proletariado agrícola, campesinos, el proletariado de la ciudad así como sectores de la clase media.

La oligarquía cafetalera y la expropiación de tierras comunales y ejidales

La colonia española  fue con objetivos  capitalistas, pero no  originaron un sistema de producción capitalista, debiendo desarrollar por lo tanto relaciones de producción  esclavistas, semi esclavistas y feudales, conviviendo también la propiedad privada de los españoles junto a la propiedad comunal de los pueblos Nahuat-Pipil. Aun siendo indepedientes los criollos salvadoreños mantuvieron dichas relaciones al igual que la producción y  comercialización del añil. Mientras los  criollos añileros se verían golpeados y reducidas sus ganancias por la caída de los precios internacionales del añil, otro sector emergente de los criollos buscaba nuevas formas o productos  para articularse con el capitalismo a nivel internacional, siendo este producto: el café,  introducido su cultivo en El Salvador en  1846 por el Presidente Eugenio Aguilar, e intensificado en el gobierno del Liberal  Gerardo Barrios en el periodo comprendido entre 1861 y 1863, posicionándose  como principal producto agrícola  de exportación. Al aumentar el precio del café  los gobiernos obligarían a que se cultivara mas  en las tierras ejidales y comunales  que todavía eran  propiedad de sus legítimos dueños. Vale señalar que el cultivo del café inicialmente fue   en tierras altas  sobre todo en la zona occidental  en donde se tenían mayor concentración de tierras comunales y mayores poblaciones Nahuat-Pipil.

Para 1876 llegaría  a la Presidencia  Rafael Zaldívar quien entre 1881 y 1882 promulgo una serie de Leyes para expropiar y apropiarse de  las tierras ejidales que eran propiedad de las municipalidades y las tierras comunales propiedad de los pueblos indígenas las que según autores como  Rafael Menjivar podrían rondar en el  40 % del territorio. Casi Lograron terminar  con la propiedad comunal, pero estas no  fueron distribuidas  a los indígenas y campesinos en calidad de propiedad privada individual, sino que pasaron a ser propiedad privada individual de los cafetaleros quienes terminaron adueñándose de la mayor parte del territorio.

Dichas Leyes vinieron a legalizar las usurpaciones de hecho realizadas por los productores de café ejemplo: caso de Zalcoatitán 1858, en donde el general Francisco Salaverría amplió el cultivo del café usurpando las tierras comunales. Fueran de hecho o de derecho dichas medidas provocaron descontento en los indígenas y campesinos  llevando a recurrentes levantamientos de los mismos como fueron los del 12 de agosto de 1872, 16 de marzo de 1875 … 14 de marzo de 1875, 2 de enero de 1885 y 14 de noviembre de 1898.

Una vez el indígena sin propiedad comunal, estaba condenado a ir perdiendo su ideología e identidad, la expoliación y saqueo  continuó en el siglo  XX,  para el 11 de abril de 1907 el poder legislativo aprobó la Ley agraria de la República de El Salvador, la  cual contaba con   el capítulo IV relacionado con  Terrenos baldíos, ejidales y comunales. Estableciendo en   el artículo 93 “…Quedan extinguidos los derechos que la nación o los municipios por cesión de ésta, tengan o puedan alegar sobre terrenos ejidales, comunales ó baldíos  poseídos en la actualidad por particulares los cuales serán tenidos como dueños, perjuicio de derechos de tercero. Quienes habitaran en dichos propiedades debían solicitar por escrito al Alcalde la legalización de los mismos, debiendo probar dicha posesión. Las legalizaciones no eran tan factibles para los indígenas y los campesinos.  Estableciendo también  la subasta de aquellos terrenos baldíos, ejidales y comunales que no estaban poseídos.   Esta Ley estableció  la policía agrícola quienes tenían la responsabilidad de perseguir constantemente en los campos, caminos, hatos, haciendas, heredades,… a los jornaleros quebradores, jugadores de juegos prohibidos, ebrios de profesión vagos de todo género calificados de tales por las leyes de policía común… asegurando de esta forma la mano de obra barata formando así parte de las grandes masas de jornaleros quienes además debían inscribirse en las Alcaldías.

Indígenas,  campesinos y proletariado

La sustitución del café por el añil como producto de sostén de la economía salvadoreña monoagroexportadora, trajo consigo la consolidación de una nueva fracción dentro de la clase dominante constituida por criollos y extranjeros: la oligarquía cafetalera. Asi mismo se operaba un  cambio en las relaciones de producción dejando las formas extraeconómicas y pasando a la sobrexplotación de la mano de obra. Al apropiarse de las tierras ejidales y comunales los cafetaleros, unidos a la sobrexplotación iniciarían un proceso de acumulación.  En cambio, los indígenas y campesinos que poseían tierra para su cultivo serian despojados de las mismas, quedando obligados a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Para 1907 la Ley  Agraria de la República de El Salvador definía como jornalero a todos los que se ocupen en un trabajo ajeno mediante estipendio diario que se llama jornal, en otros términos este sería el proletariado, en mayoría agrícola.  Para los años de 1920 otra parte de la población se empleaba en  talleres artesanales, la industria textil hacia su aparición,  existían Compañía de Alumbrado Eléctrico,  Compañía inglesa  de servicios ferroviario, no habiendo mayor desarrollo industrial, todavía el clásico proletariado industrial era escaso, pero este sector de trabajadores en esos años  se organizaron,  surgiendo asi varias organizaciones sindicales.

Laboristas y comunistas

Todo lo anterior unido la crisis del capitalismo  y a la caída de los precios del café a nivel internacional  llevó a que la oligarquía decidiera no cortar  las cosechas  del café, las personas que trabajaban en ello quedaron sin trabajo, los que trabajaban en la ciudad verían reducidos sus salarios, las capas medias sufrirían bajas y retrasos en el pago de sus salarios. La  crisis había golpeado y la oligarquía la había recargado en el pueblo trabajador llevándolo a la pauperización.

En materia política para esos años ya se tenía  las noticias de la Revolución Mexicana y el triunfo de la Revolución   Volchevique. Para  1930 se había constituido el Partido Comunista Salvadoreño  (PCS) y el Partido Laborista con ideología socialdemócrata, conformado por campesinos, trabajadores y sectores populares, recogiendo demandas de estos ofreciendo nacionalización de la tierra…entrega de parcelas al campesinado…y apoyo a las luchas reinvidicativas de los obreros. Por la otra parte planteaba un modelo capitalista diversificador e industrializante  el cual representaba una amenaza para la oligarquía cafetalera.

Dicho partido era  dirigido por Arturo Araujo quien logra llegar a la presidencia en marzo 1931 y derrocado mediante golpe de estado el 2 de diciembre del mismo año, arribando en 1932  al poder el General Maximiliano Hernández Martínez quien habiendo consolidado el ejército estratégicamente permitió las  elecciones municipales en las cuales participa el PCS con sus candidatos, pero el gobierno  se roba los triunfos en las zonas de influencia del PCS, lo anterior genera descontentos. Los primeros días de enero de 1932  se dieron constantes movilizaciones y protestas  contra el fraude, huelgas, etc. las cuales eran reprimidas, existía un asenso del movimiento de masas y una situación revolucionaria lo cual llevaría a PCS a lanzarse a la toma del poder,  después de varias discusiones  decidieron  el  21 de enero. Por su parte Araujo proyectaba una invasión desde Guatemala la cual coincidiría con  un levantamiento agrario  en zona occidental que preparaban los líderes laboristas.

Mientras para el 22 de enero los pueblos originarios Nahuat-Pipil estaban insurreccionados. Resultado de lo anterior  fueron más de 30 mil personas asesinadas en su mayoría de los pueblos originarios Nahuat-Pipil, esto traería grandes repercusiones en los pueblos Nahuat-Pipil ya que  los obligaría a negar su propia identidad como una forma de preservar la vida, lo relacionado a la identidad Nahuat-Pipil fue perseguido(espiritualidad, idioma, vestimenta, etc). Todo apunta que el objetivo principal de la represión eran los indígenas, por ser con quienes la oligarquía cafetalera traía contradicciones históricas.

La  oposición laborista y  los comunistas también fueron golpeados por el General Martínez ganándose con ello el apoyo del imperialismo norteamericano y de la oligarquía salvadoreña.

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