Por Oliverio Mejía

Este año se conmemoran 200 años de la firma del acta de la independencia de Centroamérica, hecho acaecido en la Ciudad de Guatemala, capital del en ese entonces Reino de Guatemala, situación celebrada por los gobiernos de la región bajo la tónica patriotera, que como bien han planteado los maestros del marxismo, no es más que un discurso para engañar al obrero.

El presente artículo tiene como objeto centrarse en los hechos que llevaron a las principales familias criollas a declarar la independencia un 15 de septiembre de 1821, centrándose en un suceso que cierta historiografía burguesa califica falsamente como pacífica.

Antecedentes

Para el momento en que los principales grupos dominantes declaran la independencia del Imperio de España, éste estaba resquebrajado, pese a los intentos de la casa real de los Borbones por evitarlo. Esta realizó una serie de reformas para centralizar el ejercicio del poder tanto en la península como en las colonias, donde para este caso, pese al control que se tenía en la Real Audiencia (el poder político y militar), los criollos -descendentes de colonizadores españoles- mantenían el control de los Ayuntamientos, sobre el todo de la recién fundada Nueva Guatemala de la Asunción, las capitales provinciales como las alcaldías mayores y en las menores.

Hubo una constante disputa por el control de los recursos económicos, de los favores políticos, así como un conflicto permanente en la aplicación de la legislación emanada del Consejo de Indias, que llevó a la monarquía a iniciar la centralización desde esta misma. El Objetivo era disminuir o limitar el poder de los criollos, realizando en la segunda mitad del siglo XVIII las denominadas reformas borbónicas.

El tema principal que afectaba a la monarquía era lo relacionado a los ingresos fiscales, los cuales recaían sobre todo en las comunidades indígenas y en los criollos o blancos, aunque éstos desde control en los Ayuntamientos aprovechaban una serie de situaciones para evadir su responsabilidad. Las reformas borbónicas en Centroamérica consistieron en un control más directo del cobro de los distintos impuestos como alcabalas, diezmos, estancos y otros. Para tal fin, ampliaron la capacidad de cobro a nivel local en 1771, acompañado de una reorganización administrativa, con la creación de las intendencias en 1781.

Pese a eso, la situación de los ingresos no mejoró en los años siguientes, además del contrabando de productos ingleses, lo cual llevó a distintas guerras entre otras cosas, entre Inglaterra y España y que después de 1801, ésta fue obligada a permitir el ingreso de mercancías legales inglesas. Pero el contrabando fue una forma mas de enriquecimiento, sobre todo de un sector de los criollos asentados en la capital del reino, que comerciaban con los ingleses, quienes desde la en ese entonces Honduras Británica (Belice), parte de la costa Misquita y en cierto tiempo en las Islas de la Bahía, inundaban la región de mercancías, sobre todo telas.

De los comerciantes que se fueron enriqueciendo por el contrabando tenemos el clan Aycinena, el cual fue parte de una camada de migrantes que vinieron en la primera mitad de siglo XVII, los cuales desplazaron o se convirtieron en parte de los primeros colonizadores, descendientes de los invasores; estos al inicio fueron aliados de la corona, pero después fueron competidores, sobre todo con otros colonos mas cercanos al monopolio comercial de Cádiz que combatían el comercio inglés, legal e ilegal. Estos nuevos colonos terminaron manejando también una cuota grande de control en el comercio con España.

Sectores sociales

Los Aycinena y otras familias asentadas en la capital, así mismo controlaban el intercambio con las élites productoras de añil en El Salvador, de minería en Honduras y de ganado en Nicaragua, imponiendo precios y ferias de comercio, lo cual generaba el descontento con estas élites locales. La corona trató de remediar eso, por medio de ferias reales y cajas de apoyo financiero (proto bancos) pero sin mucho éxito, debido a que los criollos capitalinos tenían mayor posibilidad de otorgar crédito, ademas de la acuñación de la moneda, la cual era escasa y fuente de disputa con las autoridades de la Audiencia.

Estos distintos grupos propietarios además usufructuaban el trabajo ajeno de las tierras y las minas, tanto por medio de la hacienda enfeudada, el repartimiento de los pueblos de indios, sobre todo en Guatemala y el incipiente trabajo asalariado en El Salvador con la producción de añil o en las provincias alejadas como Nicaragua y Costa Rica.

Las principales familias criollas en el momento de la independencia eran además de los Aycinena lo siguientes: Vidaurri, Larrazábal, Carrillo, Juarros, Barundia, Urrela, Isarri, Arrivillaga, Beltranena, Batres, Pavón, Álvarez, Asturias, Melón y Palomo. Ellas conformaron el Consulado de Comercio, una instancia que buscaba el control del comercio y de las aduanas, instancia formada en la lógica de las reformas borbónicas.

El desmembramiento del poder español

Una serie de factores agobiaban a España, afectada económicamente por las guerras contra otras potencias como Inglaterra y Holanda y la cada vez mayor penetración de estas en sus colonias, repercutiendo en los ingresos en materia de comercio. Según Rodolfo Cardenal, factores tales como el contrabando inglés, el aumento del poder criollo, la movilización revolucionaria de Hidalgo primero y después Morelos en México, y las propias movilizaciones populares en el reino, obligaron a la monarquía a cambiar al capitán general, asumiendo Bustamante y Guerra en un momento de crisis política por la invasión francesa a España de 1808.

Bustamante, quien asume la presidencia de la audiencia en 1812, primero trató de realizar una serie de medidas reformistas para limitar el poder criollo, sobre todo en consonancia con la línea liberal de las Cortes de Cádiz, que eliminaron el tributo indígena y trabajo obligatorio de estos, así como intentar impulsar un programa de distribución de la tierra. Pero después de 1815 y la derrota de la invasión de Napoleón Bonaparte en la península, la corona dio giro nuevamente absolutista y tras los levantamientos en El Salvador, Nicaragua y la intentona de Belén en Guatemala, pesó más la línea represiva.

Los sucesos de España y México, entonces, son clave para explicar la trayectoria del proceso hacia la independencia. Con respecto a la metrópoli, tras la invasión francesa y la abdicación del rey se instala una Junta Central Suprema y Gubernativa en 1808, que reconocerá los derechos de gobernar del heredero, Fernando VII hijo del depuesto rey, pero en su ausencia la soberanía regresaba al pueblo. Esto implicó en América que los criollos de distintos lugares establecieran juntas de gobierno que fueron desembocando en movimientos independentistas.

En 1810 se crea en España un consejo de regencia que nombró a Fernando VII, pero bajo un gobierno constitucional, pues las juntas españolas impusieron la conformación de las Cortes Constituyentes en Cádiz, ciudad no ocupada por Bonaparte; estas gobernaron entre 1811 y 1814. Las cortes reconocieron a los americanos como ciudadanos; así, las colonias enviaron diputados, cargo cooptado por las familias criollas. Los representantes centroamericanos fueron Antonio Juarros, José Ayicenena y Manuel Penados.

Estas cortes impusieron una nueva instancia administrativa sobre las intendencias, las cuales fueron las diputaciones, creando en el reino tres de estas: la de Chiapas, cuya capital estuvo en Ciudad Real, la de Sacatepéquez cuya capital fue la ciudad de Guatemala e incluía Quetzaltenango, Chimaltenango, Tegucigalpa, San Salvador, Sonsonate y Comayagua y la de León, con sede en esa ciudad y conformada Granada, Rivas, Masaya, Cartago y San José.  Esto provocó más conflictividad interna por las rivalidades entre ciudades.

Bastamente y Guerra entorpeció la legislación de las Cortes de Cádiz, sobre todo en lo tocante a las diputaciones, porque con razón sabía que éstas fortalecían el poder de los criollos, ya que le disputaban a la Real Audiencia el control de las finanzas, la administración de justicia, el real patronato, entre otras cosas. Aunque, por otro lado, promulgaban medidas que afectaban los intereses económicos de los criollos como vimos, en lo relacionado al trabajo indígena y otras como la libertad de prensa e imprenta, hábilmente usada por los bandos criollos de cara a la independencia.

Levantamientos populares

Una serie de levantamientos sacudieron al reino sobre todo en el primer lustro de la década de 1810, que, aunque no con un claro matiz independentista, mostraban los reclamos de diversos sectores, sobre todo en las provincias.

En noviembre de 1811, se genera el levantamiento de San Salvador, impulsado por mestizos y por elementos del bajo clero, ante intentos de cambios en los obispados locales desde Guatemala. Este motín adquirió un matiz también contra la presencia de colonos recién llegados y contra las autoridades españolas en la Intendencia. Fue secundado por una serie de levantamientos en diversas ciudades de la provincia, pero fue en Zacatecoluca donde alcanzó mas fuerza.

Tenia una serie de exigencias populares que afectaban a mestizos y mulatos, como rebajar impuestos anuales, suprimir estancos, disminuir el monto de la alcabala, por ejemplo. Al final un sector de los criollos dirigido por Manuel José Arce y el Padre Matías Delgado mediatizó el movimiento, logrando cambiar las autoridades de los ayuntamientos por gente afín a estos. Por su parte, otro sector mas radical y con origen plebeyo logró posicionarse en Zacatecoluca con Pedro Pablo Castillo a la cabeza, que en 1814 intentó otro levantamiento, ya con visos independentistas.

En enero de 1811 había ocurrido otro en León, protagonizado por mestizos, que exigía igualmente, demandas en materias de rebajas de impuestos y disminución de los precios de productos de consumo popular; logrando destituir al intendente y al administrador de rentas. Lo cual fue aprovechado por un sector de los criollos dirigidos por el obispo de esa ciudad, controlando los ayuntamientos.

Posteriormente se registró otro en 1812 en Masaya y Granada, donde la fuerza principal fueron los pueblos indígenas, los cuales exigieron la abolición del tributo y los repartimientos hacia la Intendencia de León, lo cual tuvo el respaldo de mestizos y criollos, quienes controlaban los respectivos ayuntamientos con sus propias demandas relacionadas a impuestos y el costo de productos. Bustamante mandó tropas contra Granada, la cual resistió heroicamente durante cierto tiempo hasta que la ocuparon, llevando a una serie de presos hacia Guatemala y al castillo de Omoa en Honduras.

Esto provocó que una serie de personajes ilustres de origen criollo, mestizo e indígena conspiraran en diciembre de 1813, reunidos en el Convento de Belén de Guatemala, entre los cuales se encontraban los hermanos Bedoya, Pedro Molina, Fray Juan Nepomuceno, Tomas Ruiz de origen nicaragüense, Francisco Barrundia y Antonio Mateo Marure; además de los lideres indígenas Manuel Tot de Cobán y Manuel Cárdenas de Quetzaltenango, quienes iban a levantar a los pueblos en estas regiones.

El objetivo era liberar a los presos nicaragüense de Granada, cambiar a los españoles de las instituciones y declarar la independencia; estos estaban inspirados en el programa del ejército de Morelos de México. Pero la conjura fue delatada y muchos de los conspiradores apresados; sectores criollos simpatizaron hasta cierto punto, lo cual hizo reaccionar a Bustamante contra los intereses de estos.

A esto se agrega que en España la guerra de independencia había derrotado a los franceses y nuevamente Fernando VII en el poder abjuró de la constitución y eliminó las Cortes de Cádiz. Así, el presidente de la Audiencia, Bustamante, expulsó a los criollos del Consulado de Comercio, intentó controlar mas el contrabando con Belice y obligó al clan Aycinena a pagar impuestos a la corona.

Después de 1815 se generaron levantamientos en pueblos mayas como Patzicía, Comalapa y Santa María Chiquimula, contra el cobro abusivo de impuestos y el control político de autoridades mestizas, en lo que Cardenal califica como un movimiento nativista, pero dirigido por actores aculturizados y vinculados al mundo español, sobre todo comerciantes e intelectuales, contrarios a otros actores tradicionalistas como los principales con presencia en las cofradías.

La Independencia

Los Aycinena lograron en España que Fernando VII, deseoso de tener mejor relación con la aristocracia criolla, cambiara al presidente de la Audiencia y capitán general, asumiendo primero Urrela en 1818 y un año después el segundo de este, Gabino Gaínza. De ahí se fueron generando dos bandos: los beneficiarios del libre comercio con los Aycinena a la cabeza y Pedro Molina con su periódico El Editor Constitucional denominados “cacos” por un lado; por el otro, comerciantes que mantenían relaciones con Cádiz, dirigidos por José Cecilio del Valle de origen hondureño, con su periódico el Amigo de la Patria denominados “gazistas”, con el apoyo de las élites criollas provinciales y de importantes sectores artesanales, opuestos a las consecuencias del librecambismo.

En un ambiente de libertades y con la creación de los primeros proto-partidos, las llamadas tertulias políticas, se realizan elecciones para los ayuntamientos y las diputaciones en 1821, las cuales son ganadas por los gazistas las primeras, y las segundas por los cacos. Eso coincide con tres sucesos; en España el levantamiento de García Riego que obliga a Fernando VII a reconocer nuevamente la constitución de Cádiz y la convocatoria a cortes, el segundo, repercutiendo en Guatemala en el levantamiento indígena de Atanasio Tzul de Totonicapán, que exige la eliminación del tributo, el trabajo forzado y el repartimiento nuevamente.

El tercer suceso fue el Plan de Iguala o la de las tres garantías (religión, independencia, unidad) de Agustín Iturbide, un ex realista representante de los sectores criollos conservadores en México, que en alianza con sectores radicales que habían combatido en los ejércitos de Hidalgo, Morelos y Guerrero, declararon la independencia, asumiendo Iturbide como emperador de México. Esto fue bien visto por los criollos guatemaltecos, pero fueron los Ayuntamientos de Ciudad Real, Tuxtla Gutiérrez y Comitán en Chiapas, quienes primero reconocieron a Iturbide, presionando a Guatemala.

De tal forma que reunidos los gazistas y cacos, los primeros, menos entusiastas de la independencia por ser más temerosos del libre cambio, declararon la independencia de España. El acta, como es sabido redactada por del Valle, argumentaba que para evitar que el pueblo la declarase por su cuenta, los criollos la declaraban. Esto producto del temor a una serie de hechos y movilizaciones de otros sectores opuestos al poder criollo de la capital. Al acto asistieron 49 notables, es decir acaudalados y cabezas de instituciones, de los cuales 17 eran clérigos y ganó la independencia con 23 personas a favor y 7 en contra.

Se conformó una Junta Provisional Constitutiva hasta la elección de un nuevo congreso que instauraría una nueva forma de gobierno y una ley fundamental. En ese proceso los Aycinena y los sectores de Del Valle se alinearon, desplazando a Molina y Barrundia, antiguos aliados de los primeros. Sin embargo, tal congreso ya no se convocó por la anexión a México en enero de 1822, ya que rápidamente la nueva junta de gobierno con Gainza a la cabeza, reconoció a Iturbide como emperador.

Esto generó una serie de sucesos de reconocimiento en su mayoría a la anexión de parte de los ayuntamientos, sobre lo cual Pinto Soria califica que estos no eran para nada republicanos. Pero aprovecharon para buscar de limitar el poder de Guatemala, como León o Comayagua; así como Omoa y Trujillo principales puertos, al grado de enfrentarse militarmente con Guatemala, igual que San Salvador, que junto a Chiquimula se enfrentó a aquélla. La minoría, como Tegucigalpa, a la cual la unía los beneficios de la explotación de plata, apoyó a Guatemala, igual que Granada y Masaya por su rivalidad con León. Mientras otros más alejados como Cartago, San José y Heredia estuvieron atentos a lo que pasaba, pero en sí San Salvador fue el único que se opuso a la anexión a México.

Iturbide envió tropas hacia Centroamérica, al mando de Vicente Filízola el cual se convirtió en gobernador militar en 1823, enfrentándose a San Salvador, logrando derrotarlo. Sin embargo, la división administrativa que hizo creando tres provincias, Chiapas, Costa Rica y Sacatepéquez, no satisfizo a nadie. El levantamiento contra Iturbide, conocido como el Plan de Casa Mata en México, ante el desconocimiento de Iturbide del Congreso de ese pais, finalizó con la anexión.

Antes de partir, Filízola convocó a un congreso constituyente que declaró la independencia definitiva el 1 de julio de 1823 con representantes de todas las provincias, declarando la República Unida de Centroamérica, después denominada federal, en la cual los cacos cada vez más auto definidos como liberales, contralaron el gobierno hasta 1827.

Por Oliverio Mejía

Los impedimentos para la consolidación de un Estado-nación fueron la tónica asumida en Centroamérica tras lograr la independencia del Imperio Español; el federalismo fue la forma que se asumió para evitar, situación que se nutría del fuerte regionalismo y el surgimiento del separatismo. Este último fue el caso del Estado de Los Altos.

Por supuesto que, en el caso de este peculiar Estado, influyeron las disputas de poder económicas y políticas de la élite altense, con sede en Quetzaltenango y los agravios hacia esta, por las élites de Guatemala. Esta situación se reproducía en otros puntos de la naciente República Federal y provenían del Reino de Guatemala y del descontento contra los comerciantes guatemaltecos, que tenían el monopolio del comercio con España.

Sin embargo, la falta de consolidación de un sexto Estado, el de Los Altos, dentro de la Federación, tuvo sus causas en la miopía de esta élite y en general de todo el credo liberal, para con las comunidades indígenas y mestizas de los distintos puntos de la naciente república.

Antecedentes

El gobierno de Mariano Gálvez, pese a su ideología liberal que compartía con la Presidencia federal dirigida por Francisco Morazán –cuya sede era San Salvador-, reflejaba los intereses de una fracción de las élites guatemaltecas. En ese sentido, era considerado dictatorial por los conservadores, además de que las relaciones con la presidencia federal y con las otras élites de los Estados nacionales no eran las mejores.

Entre los agravios sufridos por las élites quezaltecas, estaba el hecho que estas quedaran sin representación en la Asamblea Legislativa Guatemalteca, además de que tenían una serie de exigencias económicas para desarrollar el comercio, abriendo un puerto en Champerico en el Pacífico, así como caminos y puentes. Los quetzaltecos también miraban con recelo la aplicación de los Códigos de Livingston por el gobierno de Gálvez, el cual establecía juicios por jurados conformados por la población. Esto es algo que las élites regionales, entre ellos la altense, miraban con desconfianza, argumentando por un lado que estos jurados iban hacer cooptados por la “clase indígena“, y la pérdida de poder al imponer jueces, ya que fomentaba la descentralización, por el otro.

Pero a la vez había una desconfianza hacia el gobierno de Gálvez en general. Éste manipuló las elecciones de 1833, logrando imponer a jefes militares regionales adictos a su persona; además se registró una epidemia de cólera que fue usada por la reaccionaria iglesia católica, cercana al Partido Conservador, para azuzar a la población. Todo esto generó un levantamiento campesino en oriente, conocido como La Montaña, donde sobresalió la figura de Rafael Carrera como su principal líder. Esto llevó al gobierno a una situación crítica, cuyo presidente fue sustituido en la Asamblea Legislativa por Pedro Valenzuela.

La élite liberal, al provenir de los grupos dominantes, tenía el prejuicio de clase, considerando que tierras comunales indígenas o pueblos de indios –mantenidas por las necesidades de la corona de pago de impuestos y por las negociaciones entre la primera y las comunidades- consideraban éstas como incultas, es decir que buscaban apropiárselas para convertirlas en propiedad privada. Algo que también perseguía la élite altense, que simpatizaba con el pensamiento liberal, situación que le granjeó la antipatía de las poblaciones indígenas, siendo un factor para la no consolidación de un Estado separado de Guatemala.

Reconocimiento federal del Estado del Altos

El dos de febrero de 1838 se conformaba un gobierno autónomo en Los Altos, que declaraba su separación del Estado de Guatemala, convirtiéndose en otro Estado dentro de la Federación. Este gobierno estaba presidido por Marcelo Molina. Además de Quetzaltenango, lo conformaron los distritos de Totonicapán, Sololá, Cuilco y lo que hoy es San Marcos y Suchitepéquez. En disputa con México se encontraba la región del Socunusco oriental al sur Chiapas, situación que se resolvió hasta la década de los ochenta del siglo XIX.

Suchitepéquez y Soconusco eran de suma importancia para los intereses estratégicos económicos de Los Altos, pues eran considerados vitales por ser una región fértil y rica, así como la salida al Océano Pacifico.

Para la conformación del Estado de Los Altos, la necesidad de ingresos fiscales era imprescindible, de esa forma la presión se dirigió hacia las comunidades y municipios de mayoría indígena. Esto generó molestias, sobre todo en Sololá, Totonicapán y Suchitepéquez, situación que se convirtió en una limitante por la desconfianza de las comunidades indígenas hacia la élite altense, que las miraba con desprecio y racismo.

Además, en Totonicapán y Suchitepéquez había un fuerte sentimiento, no solo de parte de la población indígena, sino también de los mestizos, por continuar siendo parte de Guatemala. Esto obligó a la élite altense a pedir la protección del ejército federal, pues la relación entre estas y Morazán era cordiales, ya que ambos buscaban debilitar a la élite guatemalteca.

Por su parte, Guatemala titubeaba si reconocer o no al Estado de Los Altos, por temor a un enfrentamiento con la presidencia federal de Morazán, además de tener en su territorio el levantamiento militar de los montañeses.

En esa coyuntura, el gobierno provisional de Los Altos convoca a una Asamblea Constituyente, buscando consolidarse como Estado nacional dentro de la Federación. Entre las primeras medidas, estuvo la de establecer una administración de rentas internas y la derogación de los Códigos de Livingston, otorgándole al gobierno la potestad de nombrar jueces.

En la conformación de esa Asamblea Constituyente se eligieron 21 diputados titulares y diez suplentes, de parte siete distritos, a saber: Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango y Cuilco. Entre otras medidas que llevaron a cabo estuvieron, disponer de contingentes militares en los distintos distritos para obligar a la población indígena, disponer de mano de obra de forma forzada para obras públicas.

Fue hasta el 23 de junio de 1838, en el periódico oficial del gobierno altense El Quetzal, con el título de “Gran Noticia“, que se dio el reconocimiento de parte del Congreso Federal con sede en El Salvador, del Estado de Los Altos. Sin embargo, se esperaría hasta agosto para que la Presidencia Federal lo reconociera.

Los diputados hondureños y nicaragüenses, con el objeto de debilitar el poder de Guatemala, así como los diputados liberales salvadoreños, los diputados conservadores guatemaltecos, más el diputado del Distrito Federal, votaron a favor del reconocimiento del Estado de Los Altos. Mas problemática fue la reacción de los representantes de Los Altos (que sumaban siete miembros); cinco votaron a favor, y dos de ellos provenientes de Totonicapán votaron en contra.

La postura de los conservadores guatemaltecos no está exenta de complejidades, porque tal jugada tenía como objeto debilitar a los liberales guatemaltecos, pese al temor de estos por las relaciones de los altenses con Morazán. Por su parte, la postura de los diputados provenientes de Totonicapán fue cuestionada por las autoridades y los medios oficiales del gobierno de Los Altos. A su vez, el gobierno del Estado de Guatemala y los diputados liberales calificaron la separación de los altenses, como un rompimiento constitucional.

La debilidad altense

La apuesta de los liberales guatemaltecos tampoco estaba exenta de complejidades, pues mantuvieron una posición de reconocimiento tácito del Estado de Los Altos, aunque lo adversaron; sin embargo, el levantamiento de los montañeses los obligó a buscar alianzas con estos. Esto a partir de una alianza temporal con el gobierno de Los Altos para combatir a Carrera y los montañeses; el gobierno altense movilizó a la División de Los Altos, dirigida por el general mexicano Agustín Guzmán López, jefe de armas del Estado separatista.

La División de los Altos, junto a las tropas del Estado de Guatemala y el apoyo logístico del ejército federal, lograron detener a los montañeses y evitar que atacara la Ciudad de Guatemala. Pero esto se logró a cambio de que se reconociera el control político de Carrera en oriente, de lo que después se denominó el departamento de Mita, por medio del Tratado del Rinconcito.

Según el historiador Arturo Taracena Arriola, ese tratado y lo relacionado a los fusiles que Carrera debería entregar (lo cual nunca hizo) como parte de lo acordado, fue lo que dio al traste con el naciente Estado de los Altos. Pese a que mientras las élites liberales y conservadoras guatemaltecas preparaban la elección de una Asamblea Constituyente, evidenciando conflictos entre estas, debido a la debilidad en que había quedado Guatemala con la separación altense, el poder de Carrera se consolidaba. De esta manera, el líder rebelde se preparaba para tomar la ciudad de Guatemala (lo cual sucedió en abril de 1839) y posteriormente para una guerra contra Morazán, el cual fue derrotado. Estos  elementos abonaron para la destrucción del Estado de los Altos, un año después.

Fuentes: -Taracena Arriola, Arturo “Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena: los Altos de Guatemala, de región a Estado (1740-1871).

-https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Los_Altos

Por Melchor Benavente

El gobierno liberal del general Jose Santos Zelaya (1893-1909) logró mantenerse en el poder por un periodo de 16 años. Durante la primera parte de su gobierno, Zelaya fue aliado de Estados Unidos, pero la ruptura se inició cuando Washington decidió en 1907 construir el canal interoceánico en Panamá, territorio que había logrado desmembrar de Colombia en 1903. Decepcionado, Zelaya intentó negociar un tratado canalero con Alemania, potencia en ascenso, pero Estados Unidos necesitaba controlar su patio trasero por la inminencia de la primera guerra mundial

El levantamiento de Juan Jose Estrada

Para derrocar a Zelaya, en octubre de 1909 Estados Unidos armó y financio una “revolución” conservadora que se inicio con un levantamiento militar del general liberal Juan José Estrada en la costa Caribe, quien ocupó la ciudad de Bluefields. El Ejercito de Zelaya, en ese momento era el mas poderoso de Centroamérica, llegó a tener hasta 20,000 soldados. Debido a que las tropas liberales triunfaban sobre las conservadoras, para evitar el aniquilamiento de las tropas rebeldes, las tropas norteamericanas desembarcaron en Bluefields y la declararon “zona neutral”.

Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Philander Nox, emitió un ultimátum, conocido como la “Nota Nox”, obligando a Zelaya a renunciar a la presidencia, el día 17 de diciembre de 1909. Le sucedió en el poder, José Madriz, un liberal moderado, pero el ejercito liberal estaba ganando la guerra, y por ello las tropas norteamericanas se involucraron cada vez más, hasta obtener el triunfo militar de la “revolución” conservadora.

El ejército de Zelaya fue disuelto, el Partido Liberal fue proscrito, y el 1 de enero de 1911, el general Juan José Estrada asumió la presidencia, y Adolfo Diaz como vicepresidente, quien terminó asumiendo la presidencia.

 iniciándose un periodo de inestabilidad política, guerra civil ininterrumpida e intervención militar norteamericana que duraría desde 1909 hasta 1934, con una breve interrupción en el periodo de agosto de 1925 hasta diciembre de 1926, cuando volvieron a desembarcar tropas norteamericanas en la costa caribe.

La convención sobre limitación de armamentos de 1923

Desde la firma del “Tratado General de Paz y Amistad”, o Conferencia de paz Centroamericana, realizada en Washington, del 14 de noviembre al 20 de diciembre de 1907, Estados Unidos había logrado imponer un orden semicolonial a los pequeños países de Centroamérica, los que poco a poco abandonaron la idea de la reunificación de la patria centroamericana que se mantuvo viva durante la segunda mitad del siglo XIX.

Al finalizar la primera guerra mundial en 1918, Estados Unidos salió fortalecido como una nueva potencia imperialista, muy celoso de reafirmar su control militar sobre Centroamérica y el Caribe. Por este motivo, en marzo de 1923 Estados Unidos reunió nuevamente en Washington a las delegaciones diplomáticas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para suscribir una Convención sobre Limitaciones de Armamentos, con el objetivo de evitar el surgimiento de fuerzas militares que escaparan de su control.

En esa Conferencia, Estados Unidos impuso que “(…) durante un período de cinco años, no mantendrán sobre las armas en el ejército permanente y Guardia Nacional un número de individuos mayor que el que se expresa enseguida: Guatemala 5,200, El Salvador 4,200, Honduras 2,500, Nicaragua 2,500 y Costa Rica 2,000”.

No solo impuso reducción de tropas, sino que por primera vez se refería a la “Guardia Nacional”. Copiando el modelo norteamericano, la Guardia Nacional se concebía como una institución armada, de apoyo a los Ejércitos, “(…) que venga a cooperar con los ejércitos actuales en la conservación del orden en los diversos distritos del país y en las fronteras (…) En ningún caso, la fuerza total combinada del ejército y de la Guardia Nacional podrá exceder el límite máximo fijado (…).”

El desarme era obligatorio: “(…) Ninguna de las Partes Contratantes podrá tener naves aéreas de guerra en un número mayor de diez cada una. Tampoco podrá adquirir buques de guerra”.

El Tratado de Paz y Amistad de 1923

En esa misma conferencia, se aprobó también El Tratado de Paz y Amistad de marzo de 1923 que incluyó la obligación de que “los Gobiernos de las Partes Contratantes no reconocerán a ninguno que surja en cualquiera de las cinco Repúblicas por un golpe de estado o de una revolución contra un gobierno reconocido, mientras la representación del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el país en forma constitucional. (…) Ningún Gobierno de Centro América podrá, en caso de guerra civil, intervenir a favor ni en contra del Gobierno del país donde la contienda tuviere lugar. (…) Las Partes Contratantes se obligan a mantener en sus respectivas Constituciones el principio de no reelección del Presidente y Vicepresidente de la República (…)”.

Con estas pautas, Estados Unidos estableció las bases políticas del nuevo orden semicolonial en Centroamérica después de la finalización de la primera guerra mundial. Estados Unidos insistió en que las partes contratantes no deben “(…) intervenir, en ninguna circunstancia, directa o indirectamente, en los asuntos políticos internos de otra República Centroamericana, y en no permitir que persona alguna, ya sea nacional, centroamericana o extranjera, organice o fomente trabajos revolucionarios dentro de su territorio contra un Gobierno reconocido de cualquiera otra República Centroamericana. Ninguno de los Gobiernos Contratantes permitirá a las personas que estén bajo su jurisdicción que organicen expediciones armadas o tomen parte en las hostilidades que surjan en un país vecino o suministren dinero o pertrechos de guerra a las partes contendientes”.

La creación de la Guardia Nacional (GN)

En cumplimiento al Convenio sobre Limitación de Armamentos, de marzo de 1923, bajo el gobierno de Carlos Solorzano, el Congreso de Nicaragua aprobó el 14 de mayo de 1925, el Decreto No 28, de creación de la Guardia Nacional, como una institución “ajena a toda influencia política, destinada a mantener el orden social con el triple carácter de policía urbana, policía rural y policía judicial. El Ejército es independiente de la Guardia Nacional, aunque, en caso llegado, ambos deben cooperar a la conservación del orden público en la forma que las leyes determinen (…) El Jefe de la Escuela de Instrucción y los Profesores respectivos podrán ser americanos o de cualquier otra nación extranjera”.

Sin lugar a dudas, mientras todavía existía presencia de tropas norteamericanas en suelo nicaragüense, Estados Unidos se reservó el derecho de dirigir, organizar y entrenar a la nueva Guardia Nacional. El departamento de Estado de los Estados Unidos escogió al mayor retirado, Calvin B. Carter, quien había entrenado tropas nativas durante la ocupación militar norteamericana en Filipinas, como primer comandante de la GN, con un salario mensual de 600 dólares.

La pelea por controlar la GN

Pero en el ínterin, los acontecimientos políticos y el reinicio de la guerra civil entre conservadores y liberales, modificaron los planes originales sobre la creación de la GN, cuyo control fue disputado entre ambas facciones.

Desde 1911 el Partido Conservador había recuperado el poder y controlaba al nuevo Ejército. Conforme el Decreto No 28, la GN estaba destinada a mantener el orden social en su “triple carácter de policía urbana, policía rural y policía judicial”. Pero los conservadores también querían controlar a la nueva GN, reclutando afiliados, expulsando a los liberales.

El “Lomazo” y el inicio de la guerra constitucionalista

El golpe de Estado que el general Emiliano Chamorro ejecutó el 25 de octubre de 1925, conocido como el “Lomazo”, contra el presidente Carlos Solorzano, perteneciente a otra fracción rival dentro del Partido Conservador, que había formado un gobierno de coalición con una fracción del Partido Liberal, representada por Juan Bautista Sacasa, terminó en la renuncia de Solorzano el 13 de marzo de 1926. Al final, el Congreso nombró a Adolfo Diaz, hombre de confianza de Estados Unidos, nuevamente presidente.

 Los liberales reclamaron que, ante la renuncia de Carlos Solorzano, correspondía asumir la presidencia a Juan Bautista Sacasa, dando origen a la guerra constitucionalista de 1926, la que fue apoyada militarmente por México.

Igual que en 1910, las tropas norteamericanas protegieron al gobierno conservador de Adolfo Diaz, cada que vez que los insurgentes liberales avanzaban militarmente, establecían “Zonas neutrales” para contener el avance.

El Pacto del Espino Negro y la lucha antiimperialista de Sandino

Estados Unidos comprendió que el gobierno conservador de Adolfo Diaz no podía sostenerse, porque el Ejército conservador surgido en la rebelión de 1910, estaba en ruinas. El general Jose Maria Moncada negoció, el 4 de mayo de 1917, un armisticio en Tipitapa, con el representante de Estados Unidos, Henry Stimson, en lo que se conoció como el Pacto del Espino Negro. El ejército liberal entregaría las armas a los norteamericanos, y estos que controlaban la GN garantizarían elecciones supervigiladas en 1928, aceptando de antemano que los liberales recuperarían el gobierno. Todos aceptaron, menos el general Augusto C Sandino, quien con solo 30 hombres decidió continuar una guerra de guerrillas en el norte de Nicaragua, contra la ocupación militar norteamericana. Este hecho cambiaría la naturaleza de la GN, tal como fue concebida en 1925.

El rediseño de la Guardia Nacional

Estados Unidos se había puesto como meta retirar a los marines en 1933, pero antes tenia que dejar instalada la Guardia Nacional, que se fogueó en la lucha anti insurgente contra las tropas de Sandino.

Antes de las elecciones de 1928, el gobierno de Adolfo Diaz, firmó un acuerdo con Dana G. Munro, Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Managua, el 22 de diciembre de 1927, el cual fue ratificado dos años después hasta febrero de 1929, después asumió la presidencia el general Jose Maria Moncada, en que se redefinió la naturaleza de la GN.

Ya no sería una institución con “triple carácter de policía urbana, policía rural y policía judicial”, sino que “la Guardia Nacional de Nicaragua se considerará como la única fuerza militar y de Policía de la República, y de que dispondrá el Comandante General para garantizar la paz interior y seguridad de los derechos individuales (…) La Guardia Nacional estará bajo el control del Presidente de la República quien dará todas las órdenes relativas a la Guardia Nacional al Jefe de ella”.

La ocupación norteamericana definió que la GN ocuparía el rol del Ejercito y de la Policía, en una sola institución. Demasiado poder en un país convulsionado por el crack de 1929 y las constantes guerras civiles.

El secretario personal del presidente Moncada era Anastasio Somoza García, un verdadero desconocido, que fue nombrado el 14 de noviembre de 1932, después de largas conspiraciones, como el primer nicaragüense que ocuparía el cargo de Jefe Director de la GN, en sustitución del Gral. Calvin B. Matthews. El presidente Juan Bautista Sacasa ratificó el nombramiento de Somoza en 1933, sin imaginarse que asesinaría al general Sandino al año siguiente, y que el 27 de Mayo de 1936 lo derrocaría mediante un golpe de Estado, apoyándose en el control absoluto de la GN, y que con la complacencia de Estados Unidos instauraría una sangrienta dinastía que duraría más de 43 años.

Por Melchor Benavente

Durante el siglo XIX, después de la segunda independencia de Centroamérica en 1824, se desarrolló un litigo entre Nicaragua y Costa Rica por los territorios de Nicoya, que se intensificó con el derrumbe del Estado federal en 1841.

Bajo el periodo colonial los límites entre las provincias eran muy difusos, Al formarse los Estados comenzó el pleito por definir las fronteras.

Anexión temporal bajo la república federal

En marzo de 1824 las autoridades de Costa Rica invitaron al ayuntamiento del partido de Nicoya para que se les anexaran. Esta petición fue cortésmente rechazada el 4 de abril, pero el 25 de julio terminó aceptando la invitación. El 25 de agosto de 1824 la villa de Guanacaste se pronunció en contra de la invitación para formar parte de Costa Rica.

Debido a las constantes guerras civiles en Nicaragua, el Congreso Federal emitió un decreto el 9 de diciembre de 1825, ordenando lo siguiente: “Por ahora, y hasta que se haga demarcación del territorio de los Estados que previene el Art. 7o de la Constitución, el Partido de Nicoya continuará separado del Estado de Nicaragua y agregado al de Costa Rica". El Senado de la república federal, que era un órgano distinto al Congreso federal, ratifico dicho decreto de anexión temporal el día 18 de marzo de 1826.

El artículo 7 de la Constitución Federal de 1824 contemplaba que la demarcación del territorio de los Estados se haría por medio de una ley constitucional, lo que implicaba la aprobación del Congreso y Senado de la federación.

Esta solución quedó reflejada en el artículo 2 de la primera Constitución del Estado de Nicaragua: “El territorio del Estado comprende los partidos de Nicaragua, Granada, Managua, Masaya, Matagalpa, Segovia, León, Subtiaba y el Realejo. Sus límites son: por el Este, el Mar de las Antillas: por el Norte, el Estado de Honduras: por el Oeste, el Golfo de Conchagua: por el Sur el Océano Pacífico; por el Sudeste el Estado libre de Costarrica”. No mencionaba el territorio de Nicoya.

Por su parte, el artículo 15 de la primera Constitución del Estado de Costa Rica, tampoco menciona Nicoya entre sus límites: “El territorio del Estado se extiende por ahora de Oeste á Este desde el Río del Salto que lo divide del de Nicaragua, hasta el río de Chiriquí, término de la República de Colombia y Norte Sur de uno a otro mar, siendo sus límites en el del Norte la boca del Río San Juan y el Escudo de Veraguas, y en el del Sur la desembocadura del Rio de Alvarado y la del de Chiriquí”.

Nicoya y Santa Cruz ratificaron su anexión entre los meses de marzo y abril de 1828. En el acta del último poblado se hace mención a las ventajas y desventajas de haber tomado esa decisión, entre ellas:

En mayo de 1830, a pesar de que muchos de los pueblos del partido de Nicoya habían aceptado la anexión a Costa Rica, la Asamblea Legislativa de Nicaragua autorizó al Director del Estado que gestionara ante el Congreso Federal la devolución del Partido de Nicoya. En repuesta, los poblados de Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste, gestionaron ante el Congreso Federal la ratificación del decreto de anexión de 1925.

Al desaparecer la Federación, aumentó el conflicto

Nicaragua fue el primer país en romper con el Estado Federal en 1838, después lo hicieron Honduras y Costa Rica, y finalmente Guatemala y El Salvador. Una de las causas de la ruptura de Nicaragua era la ilusión que la construcción del canal interoceánico traería prosperidad y felicidad el nuevo Estado unitario. Por eso le interesaba mucho recuperar el partido de Nicoya, para tener el control absoluto alrededor de la ruta canalera.

Por su parte, la oligarquía costarricense tenía planes similares. Necesitaban con urgencia exportar la cosecha cafetalera a Inglaterra, y la única ruta posible era a través de los pequeños ríos que desembocaban en el rio san juan y este en el mar caribe, la puerta a Europa. Retener el partido de Nicoya y ampliar el radio de acción sobre el rio san juan era un asunto económico de vital importancia.

Detrás del conflicto por el territorio de Nicoya estaban los intereses ocultos de la ruta canalera y las vías de comercio para los productos agrícolas de Costa Rica

Las autoridades nicaragüenses retomaron el proceso de negociación con Costa Rica para revertir la anexión de Nicoya. Ambos Estados, nombraron ministros plenipotenciarios para llevar a cabo las pláticas, para intentar llegar a un acuerdo conciliatorio.

Braulio Carillo, primer dictador de Costa Rica, delegó a Francisco María de Oreamuno para tratar la cuestión limítrofe. Nicaragua delegó a Pablo Buitrago. Ambos negociaron y firmaron, el 20 de diciembre de 1838, un tratado de amistad y mutua defensa. No se establecieron los límites entre ambos Estados, pero, por ejemplo, se acordó que el puerto de San Juan del Norte, en la desembocadura del rio san juan en el mar caribe, pertenecía a ambos Estados, lo que confirma la desesperada búsqueda de una vía fluvial para el comercio de productos costarricenses. La delimitación de las fronteras seria resuelto por la Convención Nacional Centroamericana que se reuniría en Chinandega, Nicaragua, en julio de 1842, pero finalmente no ocurrió así. Costa Rica no ratificó el tratado Buitrago-Oreamuno,

A pesar de los roces limítrofes, los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica estaban unidos por el temor a Francisco Morazán, a quien miraban como un cruel dictador.

El retorno de Morazán

No obstante, en abril de 1842, las elites de Cartago se aliaron con Morazán, este invadió Costa Rica y derrocó a Braulio Carrillo, tomando el poder. Morazán había regresado del exilio y todos los gobiernos del área, controlados por fracciones conservadoras del liberalismo, se unieron en su contra, preparándose para la guerra contra Costa Rica.

A pesar de haber firmado el tratado Buitrago-Oreamuno, la Asamblea Legislativa y el gobierno de Nicaragua volvieron a reclamar el territorio de Nicoya. Irónicamente, para ganarse a las elites de Costa Rica, el general Morazán se convirtió en abanderado de la anexión de Nicoya, en contra del reclamo de Nicaragua.

La Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica, reunida después del derrocamiento de Braulio Carrillo, emitió un decreto, firmado por Francisco Morazán, que ordenaba: “(…) 1°. El Departamento del Guanacaste es parte integrante del territorio de Costa Rica. 2°. El Gobierno valiéndose de todos los medios necesarios, conservará la integridad del Estado, su dignidad y sus derechos”.

Una contrarrevolución estalló en 1842 y Morazán fue fusilado rápidamente el 15 de septiembre. El conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por el territorio de Nicoya volvió a ser el tema de arduas negociaciones. La guerra civil de 1844, llamada la guerra de Malespín, retardó los reclamos de Nicaragua

El fallido tratado Molina-Juárez

Nuevamente se retomaron las negociaciones. En octubre y noviembre de 1847, los municipios de Guanacaste, Nicoya y Santa Cruz ratificaron por cuarta vez su adhesión a Costa Rica.

Para 1848, Costa Rica nombró a Felipe Molina y Nicaragua a Gregorio Juárez, como las personas encargadas de las negociaciones. Aunque el tratado fue firmado no entró en vigencia.

Costa Rica negoció un tratado canalero con Inglaterra

En plena guerra centroamericana contra los filibusteros de William Walker, Costa Rica negoció con Inglaterra la firma de un tratado canalero el 4 de diciembre de 1856, al año siguiente el 14 de julio de 1857 se firmó el segundo tratado.

El artículo 7 expresaba: “El Gobierno de Costa Rica por el presente concede y otorga al señor William Webster y asociados los derechos, privilegios, permisos y todas aquellas otras ventajas necesarias y precisas que la navegación del río San Juan y lago de Nicaragua, hasta la embocadura del Sapoá, por vapor u otro modo y también el tránsito por el río Sapoá y por la Bahía de Salinas en la Costa del Pacífico de América Central”. Costa Rica estaba disponiendo de los territorios ocupados militarmente en la guerra contra los filibusteros.

Nueva invasión de Walker

Aunque Walker fue expulsado de Nicaragua por la acción conjunta de los ejércitos centroamericanos, Walker encabezó otra invasión contra Nicaragua, arribando al puerto de San Juan del Norte a finales de noviembre de 1857, capturando la fortaleza del El Castillo y el vapor La Virgen, ambos bajo la custodia militar de Costa Rica.

La presencia filibustera unió temporalmente a los dos Estados. Aún después de derrotar a Walker, las fuerzas militares costarricenses continuaron presentes en el río San Juan y el Lago de Nicaragua. Las tensiones volvieron a aflorar y ambos países estuvieron al punto de una guerra fratricida.

El tratado Cañas-Jerez

Después de intensas negociaciones, para evitar la guerra, el 15 de abril de 1858 se firmó el Tratado Cañas-Juárez. En un intento de frenar las ambiciones costarricenses sobre el Lago de Nicaragua y el rio san juan, Nicaragua renunció a los reclamos por el territorio de Nicoya. Además, de consolidar su dominio sobre Nicoya, Costa Rica obtuvo el derecho exclusivo de navegación por el rio san juan y el Lago de Nicaragua.

Pero el conflicto limítrofe no terminó, hubo discrepancias en torno a la interpretación sobre el tratado de 1858, conflicto que permanece latente hoy día.

Estos conflictos territoriales son producto de la desmembración del Estado federal en 1841, y el surgimiento de débiles Estados nacionales en manos de burguesías ávidas de negocios y conquistas territoriales.