Por Melchor Benavente

El gobierno liberal del general Jose Santos Zelaya (1893-1909) logró mantenerse en el poder por un periodo de 16 años. Durante la primera parte de su gobierno, Zelaya fue aliado de Estados Unidos, pero la ruptura se inició cuando Washington decidió en 1907 construir el canal interoceánico en Panamá, territorio que había logrado desmembrar de Colombia en 1903. Decepcionado, Zelaya intentó negociar un tratado canalero con Alemania, potencia en ascenso, pero Estados Unidos necesitaba controlar su patio trasero por la inminencia de la primera guerra mundial

El levantamiento de Juan Jose Estrada

Para derrocar a Zelaya, en octubre de 1909 Estados Unidos armó y financio una “revolución” conservadora que se inicio con un levantamiento militar del general liberal Juan José Estrada en la costa Caribe, quien ocupó la ciudad de Bluefields. El Ejercito de Zelaya, en ese momento era el mas poderoso de Centroamérica, llegó a tener hasta 20,000 soldados. Debido a que las tropas liberales triunfaban sobre las conservadoras, para evitar el aniquilamiento de las tropas rebeldes, las tropas norteamericanas desembarcaron en Bluefields y la declararon “zona neutral”.

Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Philander Nox, emitió un ultimátum, conocido como la “Nota Nox”, obligando a Zelaya a renunciar a la presidencia, el día 17 de diciembre de 1909. Le sucedió en el poder, José Madriz, un liberal moderado, pero el ejercito liberal estaba ganando la guerra, y por ello las tropas norteamericanas se involucraron cada vez más, hasta obtener el triunfo militar de la “revolución” conservadora.

El ejército de Zelaya fue disuelto, el Partido Liberal fue proscrito, y el 1 de enero de 1911, el general Juan José Estrada asumió la presidencia, y Adolfo Diaz como vicepresidente, quien terminó asumiendo la presidencia.

 iniciándose un periodo de inestabilidad política, guerra civil ininterrumpida e intervención militar norteamericana que duraría desde 1909 hasta 1934, con una breve interrupción en el periodo de agosto de 1925 hasta diciembre de 1926, cuando volvieron a desembarcar tropas norteamericanas en la costa caribe.

La convención sobre limitación de armamentos de 1923

Desde la firma del “Tratado General de Paz y Amistad”, o Conferencia de paz Centroamericana, realizada en Washington, del 14 de noviembre al 20 de diciembre de 1907, Estados Unidos había logrado imponer un orden semicolonial a los pequeños países de Centroamérica, los que poco a poco abandonaron la idea de la reunificación de la patria centroamericana que se mantuvo viva durante la segunda mitad del siglo XIX.

Al finalizar la primera guerra mundial en 1918, Estados Unidos salió fortalecido como una nueva potencia imperialista, muy celoso de reafirmar su control militar sobre Centroamérica y el Caribe. Por este motivo, en marzo de 1923 Estados Unidos reunió nuevamente en Washington a las delegaciones diplomáticas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para suscribir una Convención sobre Limitaciones de Armamentos, con el objetivo de evitar el surgimiento de fuerzas militares que escaparan de su control.

En esa Conferencia, Estados Unidos impuso que “(…) durante un período de cinco años, no mantendrán sobre las armas en el ejército permanente y Guardia Nacional un número de individuos mayor que el que se expresa enseguida: Guatemala 5,200, El Salvador 4,200, Honduras 2,500, Nicaragua 2,500 y Costa Rica 2,000”.

No solo impuso reducción de tropas, sino que por primera vez se refería a la “Guardia Nacional”. Copiando el modelo norteamericano, la Guardia Nacional se concebía como una institución armada, de apoyo a los Ejércitos, “(…) que venga a cooperar con los ejércitos actuales en la conservación del orden en los diversos distritos del país y en las fronteras (…) En ningún caso, la fuerza total combinada del ejército y de la Guardia Nacional podrá exceder el límite máximo fijado (…).”

El desarme era obligatorio: “(…) Ninguna de las Partes Contratantes podrá tener naves aéreas de guerra en un número mayor de diez cada una. Tampoco podrá adquirir buques de guerra”.

El Tratado de Paz y Amistad de 1923

En esa misma conferencia, se aprobó también El Tratado de Paz y Amistad de marzo de 1923 que incluyó la obligación de que “los Gobiernos de las Partes Contratantes no reconocerán a ninguno que surja en cualquiera de las cinco Repúblicas por un golpe de estado o de una revolución contra un gobierno reconocido, mientras la representación del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el país en forma constitucional. (…) Ningún Gobierno de Centro América podrá, en caso de guerra civil, intervenir a favor ni en contra del Gobierno del país donde la contienda tuviere lugar. (…) Las Partes Contratantes se obligan a mantener en sus respectivas Constituciones el principio de no reelección del Presidente y Vicepresidente de la República (…)”.

Con estas pautas, Estados Unidos estableció las bases políticas del nuevo orden semicolonial en Centroamérica después de la finalización de la primera guerra mundial. Estados Unidos insistió en que las partes contratantes no deben “(…) intervenir, en ninguna circunstancia, directa o indirectamente, en los asuntos políticos internos de otra República Centroamericana, y en no permitir que persona alguna, ya sea nacional, centroamericana o extranjera, organice o fomente trabajos revolucionarios dentro de su territorio contra un Gobierno reconocido de cualquiera otra República Centroamericana. Ninguno de los Gobiernos Contratantes permitirá a las personas que estén bajo su jurisdicción que organicen expediciones armadas o tomen parte en las hostilidades que surjan en un país vecino o suministren dinero o pertrechos de guerra a las partes contendientes”.

La creación de la Guardia Nacional (GN)

En cumplimiento al Convenio sobre Limitación de Armamentos, de marzo de 1923, bajo el gobierno de Carlos Solorzano, el Congreso de Nicaragua aprobó el 14 de mayo de 1925, el Decreto No 28, de creación de la Guardia Nacional, como una institución “ajena a toda influencia política, destinada a mantener el orden social con el triple carácter de policía urbana, policía rural y policía judicial. El Ejército es independiente de la Guardia Nacional, aunque, en caso llegado, ambos deben cooperar a la conservación del orden público en la forma que las leyes determinen (…) El Jefe de la Escuela de Instrucción y los Profesores respectivos podrán ser americanos o de cualquier otra nación extranjera”.

Sin lugar a dudas, mientras todavía existía presencia de tropas norteamericanas en suelo nicaragüense, Estados Unidos se reservó el derecho de dirigir, organizar y entrenar a la nueva Guardia Nacional. El departamento de Estado de los Estados Unidos escogió al mayor retirado, Calvin B. Carter, quien había entrenado tropas nativas durante la ocupación militar norteamericana en Filipinas, como primer comandante de la GN, con un salario mensual de 600 dólares.

La pelea por controlar la GN

Pero en el ínterin, los acontecimientos políticos y el reinicio de la guerra civil entre conservadores y liberales, modificaron los planes originales sobre la creación de la GN, cuyo control fue disputado entre ambas facciones.

Desde 1911 el Partido Conservador había recuperado el poder y controlaba al nuevo Ejército. Conforme el Decreto No 28, la GN estaba destinada a mantener el orden social en su “triple carácter de policía urbana, policía rural y policía judicial”. Pero los conservadores también querían controlar a la nueva GN, reclutando afiliados, expulsando a los liberales.

El “Lomazo” y el inicio de la guerra constitucionalista

El golpe de Estado que el general Emiliano Chamorro ejecutó el 25 de octubre de 1925, conocido como el “Lomazo”, contra el presidente Carlos Solorzano, perteneciente a otra fracción rival dentro del Partido Conservador, que había formado un gobierno de coalición con una fracción del Partido Liberal, representada por Juan Bautista Sacasa, terminó en la renuncia de Solorzano el 13 de marzo de 1926. Al final, el Congreso nombró a Adolfo Diaz, hombre de confianza de Estados Unidos, nuevamente presidente.

 Los liberales reclamaron que, ante la renuncia de Carlos Solorzano, correspondía asumir la presidencia a Juan Bautista Sacasa, dando origen a la guerra constitucionalista de 1926, la que fue apoyada militarmente por México.

Igual que en 1910, las tropas norteamericanas protegieron al gobierno conservador de Adolfo Diaz, cada que vez que los insurgentes liberales avanzaban militarmente, establecían “Zonas neutrales” para contener el avance.

El Pacto del Espino Negro y la lucha antiimperialista de Sandino

Estados Unidos comprendió que el gobierno conservador de Adolfo Diaz no podía sostenerse, porque el Ejército conservador surgido en la rebelión de 1910, estaba en ruinas. El general Jose Maria Moncada negoció, el 4 de mayo de 1917, un armisticio en Tipitapa, con el representante de Estados Unidos, Henry Stimson, en lo que se conoció como el Pacto del Espino Negro. El ejército liberal entregaría las armas a los norteamericanos, y estos que controlaban la GN garantizarían elecciones supervigiladas en 1928, aceptando de antemano que los liberales recuperarían el gobierno. Todos aceptaron, menos el general Augusto C Sandino, quien con solo 30 hombres decidió continuar una guerra de guerrillas en el norte de Nicaragua, contra la ocupación militar norteamericana. Este hecho cambiaría la naturaleza de la GN, tal como fue concebida en 1925.

El rediseño de la Guardia Nacional

Estados Unidos se había puesto como meta retirar a los marines en 1933, pero antes tenia que dejar instalada la Guardia Nacional, que se fogueó en la lucha anti insurgente contra las tropas de Sandino.

Antes de las elecciones de 1928, el gobierno de Adolfo Diaz, firmó un acuerdo con Dana G. Munro, Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Managua, el 22 de diciembre de 1927, el cual fue ratificado dos años después hasta febrero de 1929, después asumió la presidencia el general Jose Maria Moncada, en que se redefinió la naturaleza de la GN.

Ya no sería una institución con “triple carácter de policía urbana, policía rural y policía judicial”, sino que “la Guardia Nacional de Nicaragua se considerará como la única fuerza militar y de Policía de la República, y de que dispondrá el Comandante General para garantizar la paz interior y seguridad de los derechos individuales (…) La Guardia Nacional estará bajo el control del Presidente de la República quien dará todas las órdenes relativas a la Guardia Nacional al Jefe de ella”.

La ocupación norteamericana definió que la GN ocuparía el rol del Ejercito y de la Policía, en una sola institución. Demasiado poder en un país convulsionado por el crack de 1929 y las constantes guerras civiles.

El secretario personal del presidente Moncada era Anastasio Somoza García, un verdadero desconocido, que fue nombrado el 14 de noviembre de 1932, después de largas conspiraciones, como el primer nicaragüense que ocuparía el cargo de Jefe Director de la GN, en sustitución del Gral. Calvin B. Matthews. El presidente Juan Bautista Sacasa ratificó el nombramiento de Somoza en 1933, sin imaginarse que asesinaría al general Sandino al año siguiente, y que el 27 de Mayo de 1936 lo derrocaría mediante un golpe de Estado, apoyándose en el control absoluto de la GN, y que con la complacencia de Estados Unidos instauraría una sangrienta dinastía que duraría más de 43 años.

Por Melchor Benavente

Durante el siglo XIX, después de la segunda independencia de Centroamérica en 1824, se desarrolló un litigo entre Nicaragua y Costa Rica por los territorios de Nicoya, que se intensificó con el derrumbe del Estado federal en 1841.

Bajo el periodo colonial los límites entre las provincias eran muy difusos, Al formarse los Estados comenzó el pleito por definir las fronteras.

Anexión temporal bajo la república federal

En marzo de 1824 las autoridades de Costa Rica invitaron al ayuntamiento del partido de Nicoya para que se les anexaran. Esta petición fue cortésmente rechazada el 4 de abril, pero el 25 de julio terminó aceptando la invitación. El 25 de agosto de 1824 la villa de Guanacaste se pronunció en contra de la invitación para formar parte de Costa Rica.

Debido a las constantes guerras civiles en Nicaragua, el Congreso Federal emitió un decreto el 9 de diciembre de 1825, ordenando lo siguiente: “Por ahora, y hasta que se haga demarcación del territorio de los Estados que previene el Art. 7o de la Constitución, el Partido de Nicoya continuará separado del Estado de Nicaragua y agregado al de Costa Rica". El Senado de la república federal, que era un órgano distinto al Congreso federal, ratifico dicho decreto de anexión temporal el día 18 de marzo de 1826.

El artículo 7 de la Constitución Federal de 1824 contemplaba que la demarcación del territorio de los Estados se haría por medio de una ley constitucional, lo que implicaba la aprobación del Congreso y Senado de la federación.

Esta solución quedó reflejada en el artículo 2 de la primera Constitución del Estado de Nicaragua: “El territorio del Estado comprende los partidos de Nicaragua, Granada, Managua, Masaya, Matagalpa, Segovia, León, Subtiaba y el Realejo. Sus límites son: por el Este, el Mar de las Antillas: por el Norte, el Estado de Honduras: por el Oeste, el Golfo de Conchagua: por el Sur el Océano Pacífico; por el Sudeste el Estado libre de Costarrica”. No mencionaba el territorio de Nicoya.

Por su parte, el artículo 15 de la primera Constitución del Estado de Costa Rica, tampoco menciona Nicoya entre sus límites: “El territorio del Estado se extiende por ahora de Oeste á Este desde el Río del Salto que lo divide del de Nicaragua, hasta el río de Chiriquí, término de la República de Colombia y Norte Sur de uno a otro mar, siendo sus límites en el del Norte la boca del Río San Juan y el Escudo de Veraguas, y en el del Sur la desembocadura del Rio de Alvarado y la del de Chiriquí”.

Nicoya y Santa Cruz ratificaron su anexión entre los meses de marzo y abril de 1828. En el acta del último poblado se hace mención a las ventajas y desventajas de haber tomado esa decisión, entre ellas:

En mayo de 1830, a pesar de que muchos de los pueblos del partido de Nicoya habían aceptado la anexión a Costa Rica, la Asamblea Legislativa de Nicaragua autorizó al Director del Estado que gestionara ante el Congreso Federal la devolución del Partido de Nicoya. En repuesta, los poblados de Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste, gestionaron ante el Congreso Federal la ratificación del decreto de anexión de 1925.

Al desaparecer la Federación, aumentó el conflicto

Nicaragua fue el primer país en romper con el Estado Federal en 1838, después lo hicieron Honduras y Costa Rica, y finalmente Guatemala y El Salvador. Una de las causas de la ruptura de Nicaragua era la ilusión que la construcción del canal interoceánico traería prosperidad y felicidad el nuevo Estado unitario. Por eso le interesaba mucho recuperar el partido de Nicoya, para tener el control absoluto alrededor de la ruta canalera.

Por su parte, la oligarquía costarricense tenía planes similares. Necesitaban con urgencia exportar la cosecha cafetalera a Inglaterra, y la única ruta posible era a través de los pequeños ríos que desembocaban en el rio san juan y este en el mar caribe, la puerta a Europa. Retener el partido de Nicoya y ampliar el radio de acción sobre el rio san juan era un asunto económico de vital importancia.

Detrás del conflicto por el territorio de Nicoya estaban los intereses ocultos de la ruta canalera y las vías de comercio para los productos agrícolas de Costa Rica

Las autoridades nicaragüenses retomaron el proceso de negociación con Costa Rica para revertir la anexión de Nicoya. Ambos Estados, nombraron ministros plenipotenciarios para llevar a cabo las pláticas, para intentar llegar a un acuerdo conciliatorio.

Braulio Carillo, primer dictador de Costa Rica, delegó a Francisco María de Oreamuno para tratar la cuestión limítrofe. Nicaragua delegó a Pablo Buitrago. Ambos negociaron y firmaron, el 20 de diciembre de 1838, un tratado de amistad y mutua defensa. No se establecieron los límites entre ambos Estados, pero, por ejemplo, se acordó que el puerto de San Juan del Norte, en la desembocadura del rio san juan en el mar caribe, pertenecía a ambos Estados, lo que confirma la desesperada búsqueda de una vía fluvial para el comercio de productos costarricenses. La delimitación de las fronteras seria resuelto por la Convención Nacional Centroamericana que se reuniría en Chinandega, Nicaragua, en julio de 1842, pero finalmente no ocurrió así. Costa Rica no ratificó el tratado Buitrago-Oreamuno,

A pesar de los roces limítrofes, los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica estaban unidos por el temor a Francisco Morazán, a quien miraban como un cruel dictador.

El retorno de Morazán

No obstante, en abril de 1842, las elites de Cartago se aliaron con Morazán, este invadió Costa Rica y derrocó a Braulio Carrillo, tomando el poder. Morazán había regresado del exilio y todos los gobiernos del área, controlados por fracciones conservadoras del liberalismo, se unieron en su contra, preparándose para la guerra contra Costa Rica.

A pesar de haber firmado el tratado Buitrago-Oreamuno, la Asamblea Legislativa y el gobierno de Nicaragua volvieron a reclamar el territorio de Nicoya. Irónicamente, para ganarse a las elites de Costa Rica, el general Morazán se convirtió en abanderado de la anexión de Nicoya, en contra del reclamo de Nicaragua.

La Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica, reunida después del derrocamiento de Braulio Carrillo, emitió un decreto, firmado por Francisco Morazán, que ordenaba: “(…) 1°. El Departamento del Guanacaste es parte integrante del territorio de Costa Rica. 2°. El Gobierno valiéndose de todos los medios necesarios, conservará la integridad del Estado, su dignidad y sus derechos”.

Una contrarrevolución estalló en 1842 y Morazán fue fusilado rápidamente el 15 de septiembre. El conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por el territorio de Nicoya volvió a ser el tema de arduas negociaciones. La guerra civil de 1844, llamada la guerra de Malespín, retardó los reclamos de Nicaragua

El fallido tratado Molina-Juárez

Nuevamente se retomaron las negociaciones. En octubre y noviembre de 1847, los municipios de Guanacaste, Nicoya y Santa Cruz ratificaron por cuarta vez su adhesión a Costa Rica.

Para 1848, Costa Rica nombró a Felipe Molina y Nicaragua a Gregorio Juárez, como las personas encargadas de las negociaciones. Aunque el tratado fue firmado no entró en vigencia.

Costa Rica negoció un tratado canalero con Inglaterra

En plena guerra centroamericana contra los filibusteros de William Walker, Costa Rica negoció con Inglaterra la firma de un tratado canalero el 4 de diciembre de 1856, al año siguiente el 14 de julio de 1857 se firmó el segundo tratado.

El artículo 7 expresaba: “El Gobierno de Costa Rica por el presente concede y otorga al señor William Webster y asociados los derechos, privilegios, permisos y todas aquellas otras ventajas necesarias y precisas que la navegación del río San Juan y lago de Nicaragua, hasta la embocadura del Sapoá, por vapor u otro modo y también el tránsito por el río Sapoá y por la Bahía de Salinas en la Costa del Pacífico de América Central”. Costa Rica estaba disponiendo de los territorios ocupados militarmente en la guerra contra los filibusteros.

Nueva invasión de Walker

Aunque Walker fue expulsado de Nicaragua por la acción conjunta de los ejércitos centroamericanos, Walker encabezó otra invasión contra Nicaragua, arribando al puerto de San Juan del Norte a finales de noviembre de 1857, capturando la fortaleza del El Castillo y el vapor La Virgen, ambos bajo la custodia militar de Costa Rica.

La presencia filibustera unió temporalmente a los dos Estados. Aún después de derrotar a Walker, las fuerzas militares costarricenses continuaron presentes en el río San Juan y el Lago de Nicaragua. Las tensiones volvieron a aflorar y ambos países estuvieron al punto de una guerra fratricida.

El tratado Cañas-Jerez

Después de intensas negociaciones, para evitar la guerra, el 15 de abril de 1858 se firmó el Tratado Cañas-Juárez. En un intento de frenar las ambiciones costarricenses sobre el Lago de Nicaragua y el rio san juan, Nicaragua renunció a los reclamos por el territorio de Nicoya. Además, de consolidar su dominio sobre Nicoya, Costa Rica obtuvo el derecho exclusivo de navegación por el rio san juan y el Lago de Nicaragua.

Pero el conflicto limítrofe no terminó, hubo discrepancias en torno a la interpretación sobre el tratado de 1858, conflicto que permanece latente hoy día.

Estos conflictos territoriales son producto de la desmembración del Estado federal en 1841, y el surgimiento de débiles Estados nacionales en manos de burguesías ávidas de negocios y conquistas territoriales.

Por Leonardo Ixim

El 21 de marzo de 1847 fue fundada la República de Guatemala, teniendo como presidente a José Rafael Carrera y Turcios, con lo cual se consolidaba el proyecto separatista de disolución de la Federación de Repúblicas de Centroamérica, sostenido sobre todo por los intereses del bando conservador de las élites regionales, especialmente las de Guatemala.

Antecedentes

Sin embargo, en la creación de la República de Guatemala, el papel de Rafael Carrera fue fundamental, porque recogió en sus ambiciones cierto clamor en torno a la problemática rural y de la tierra, ya que los liberales tomaron medidas contrarias a los intereses de las comunidades campesinas. La figura de Carrera fue determinante, en tanto que logró conformar, para lograr destronar a los liberales -que habían gobernado la Federación y la mayoría de los Estados que la conformaban-, una amplia coalición de actores, donde predominaban las elites conservadoras, pero también los liberales moderados y las comunidades campesinas e indígenas.

La disolución de facto de la Federación en 1839 fue el momento en que Carrera empezó ascender al poder. Entre las causas estuvo que el gobierno del Estado de Guatemala (dirigido por el liberal Mariano Gálvez) reimplantó en 1837 tributos a los Pueblos Indígenas suprimidos por la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1820. Eso generó un levantamiento armado dirigido por Carrera. Esto obligó al ejecutivo federal dirigido por Francisco Morazán a lanzar una ofensiva contra las tropas carreristas, realizando operaciones de tierras arrasadas en el oriente de Guatemala, donde el carrerismo tenía su base social.

La acción morazánica contó con el apoyo de las élites criollas, tanto conservadoras como liberales, a excepción de una minoría ligada a Gálvez, quien fue desplazado del gobierno del Estado de Guatemala. Pese a contener en un primer momento a Carrera, el cual no logra tomar la Ciudad de Guatemala, el aparecimiento de otros focos insurgentes en El Salvador y en otros Estados de la Federación obliga a Morazán a irse de Guatemala y con ello, la Federación inicia su inevitable resquebrajamiento.

Sin embargo, la declaratoria de autonomía en 1839 por el Estado de Los Altos, en Quetzaltenango, generó temor en los bandos conservadores y liberales moderados de la ciudad Guatemala. Esto obligó a dichos sectores a acudir a Carrera, quien pese a tener como base las comunidades campesinas e indígenas, que exigían acceso a la tierra y la eliminación de tributos, había prometido la defensa de la sacrosanta propiedad privada. En ese sentido, Carrera fue llamado por estas élites para destruir el intento quetzalteco de autonomía.

Pero este proyecto autonómico que esbozaba ya una nación independiente si la Federación terminaba de romperse, carecía de bases sociales, pues al ser dirigido por una élite liberal que consideraba a los Pueblos Indígenas como fuerza de trabajo que además debería entregarse a los terratenientes gratuitamente, se oponía tenazmente. En ese sentido, Carrera prometió eliminar al tributo personal sobre las comunidades indígenas, lo cual le granjeo simpatías en estas y apoyo militar y logístico para derrotar a los autonomistas.

La particularidad de los autonomistas quetzaltecos fue que abogaban por mantener la Federación y ser un Estado más dentro de esta. Entonces, Morazán invade nuevamente Guatemala en 1840, llega a la Ciudad de Guatemala, pero Carrera urde un plan de destrucción del ejército morazanista en las calles céntricas de la ciudad, logrando su objetivo; Morazán por su parte huye.

Esto por su parte envalentonó a los liberales quetzaltecos, quienes por medio del Cabildo de esa ciudad se declararon autónomos; pero Carrera movilizó tropas y arengó a las comunidades quichés y cachiqueles mayas a levantarse y neutralizar este segundo intento separatista de la República de Los Altos.

La Federación de facto quedo disuelta y para inicios de la década de los cuarenta del siglo XIX, cada Estado actuaba independientemente, no existía ya la presidencia federal, ni el Consejo Federal. En ese sentido los conservadores, como mencionamos, fueron asumiendo los gobiernos en todos los Estados. En Guatemala por su parte, se estableció una alianza entre conservadores y liberales moderados, que en 1844 le otorgó el control de gobierno a Carrera.

El Estado de Guatemala

El primer gobierno de Carrera tuvo lugar entre 1844 y 1848. Se caracterizó por mantener la alianza entre la facción conservadora, especialmente el clan de los Aycinena (antiguos comerciantes que monopolizaron el intercambio entre las provincias del Reino de Guatemala y la metrópoli), y el apoyo de algunos personajes provenientes del bando liberal moderado, además de la cooptación de las comunidades indígenas y mestizas campesinas a cambio del respeto a las tierras comunes y no cargarle con tributos.

En el plano económico, se fue ampliando la expansión del cultivo de la grana, un tinte muy apreciado en la industria textil europea; sin embargo, la situación de los precios nunca fue favorable para Guatemala y para los agricultores de este producto, que eran en su mayoría pequeños y medianos. La situación fue empeorando para estos y nuevamente distintos sectores del oriente de Guatemala -que habían sido la base inicial de Carrera- se levantaron en armas en 1847. Comandados por algunos generales liberales como Serapio Cruz y otros, desarrollaron una guerra de guerrillas en los departamentos actuales de Santa Rosa, Jalapa, El Progreso, Escuintla, Sacatepéquez y la región de las Verapaces.

Por otra parte, existía un forcejeo entre las facciones liberales moderadas y conservadoras en el Congreso Constituyente a cerca del contenido de la nueva constitución. Carrera buscaba ser una especie de equilibrador político, pero se inclinaba por una orientación conservadora, sobre todo en el modelo social y económico en torno a no abrirse totalmente al mercado internacional y mantener las tierras comunales de los llamados pueblos de indios. Al final, dicho Congreso no logró emitir una nueva Constitución y se da antes la renuncia de Carrera.

En otro orden de cosas, perseguía ferozmente a los liberales más radicales, que además de temas económicos a favor de un liberalismo total y extinción de las tierras comunes, buscaban eliminar la influencia de la iglesia católica en la educación y en otras áreas. Así se llega al decreto de marzo de 1847 de declaratoria de la independencia de la República de Guatemala, pese a que deja abierta la posibilidad de mantener canales para lograr la reunificación de la Federación, igual que lo pregonado por las facciones liberales. Pero en los hechos Carrera siempre puso trabas a esos intentos, no asistiendo a los esfuerzos que se dieron en ese sentido en los años subsiguientes.

Renuncia y retorno de Carrera al poder

Los vanos intentos de Carrera por detener la rebelión, pese al fortalecimiento del ejército y el servicio militar obligatorio, más las maniobras políticas de las facciones del Congreso constituyente, lo obligaron a renunciar en 1848. Lo que denominaron algunos como una revolución liberal, consistió en lograr para las facciones liberales mayor margen de acción, así como la promesa a los grupos alzados en armas del cumplimiento del programa agrario que se planteaba.

Un sector de los insurrectos, especialmente Serapio Cruz, se incorpora al nuevo gobierno; sin embargo, otros, sobre todo de La Montaña de Jalapa, continúan con el levantamiento. Los gobiernos surgidos en ese interregno son electos por el Congreso, siendo muy breves debido a las disputas de poder entre las facciones conservadoras y liberales moderadas.

Pero la guerra interna y las distintas bandas guerrilleras logran ir debilitando a estos gobiernos. Nuevamente los conservadores van controlado a los gobiernos surgidos desde el control en el Congreso, pero también desde el control del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala, que no lo han perdido desde finales de la década pasada.

Una situación de caos se fue generalizando; fueron asesinados varios funcionarios públicos, algunos líderes de la rebelión de La Montaña, quizás en algunos casos por ajustes de cuentas. De esa forma, Carrera, exiliado en México, decide regresar, en parte azuzado por los conservadores.

El gobierno de Mariano Paredes busca detener el ingreso de Carrera, asignando al general José Víctor Zabala para eso, pero este se pone a las órdenes de Carrera; por otra parte, éste logra nuevamente el apoyo de las comunidades indígenas y con el visto bueno de conservadores y liberales, entra triunfal a la Ciudad de Guatemala el nueve de agosto de 1849, con el apoyo también de buena parte de los sectores populares citadinos.

Pese a un intento de asesinato de parte del músico José Andrade, el gobierno de Carrera se fue consolidando, teniendo el apoyo de las distintas facciones de la burguesía sobre todo conservadora. De tal forma que las clases dominantes le entregan el poder a un caudillo para lograr la consolidación del Estado de Guatemala, que a su vez mantiene apoyo en importantes sectores populares y tiene la tarea de derrotar las bandas armadas, situación que va logrando con mucha dificultad.

Es hasta 1851 que un nuevo congreso constituyente le entrega el poder vitalicio a Carrera,  cargo que ejercerá hasta 1865. Carrera se convertirá en el árbitro de las disputas de poder en Centroamérica y el sostén del conservadurismo en la región.

Por Melchor Benavente

La primera guerra civil centroamericana (1826-1829) terminó con el triunfo militar de los liberales criollos bajo el mando del general Francisco Morazán. El liberalismo de la época no era homogéneo, no existía un partido liberal centroamericano, sino que eran la sumatoria de las diversas agrupaciones nacionales, las que tenían diversos intereses, a veces contradictorios entre sí.

El 13 de abril de 1829 fue derrocado el gobierno conservador de Mariano Beltranena y Llano (1828-1829), quien ejerció la presidencia de la república federal por un corto periodo. Los liberales expulsaron al arzobispo Ramon Casaus y Torres, a los curas de ciertas ordenes religiosas y los principales miembros de la oligarquía guatemalteca.

El 25 de junio de 1829 le sucedió como presidente interino el senador Jose Francisco Barrundia y Cepeda, quien organizó las elecciones en las que, en septiembre de 1830, resulto ganador el general Francisco Morazán, quien asumió como el cuarto presidente de la recién nacida república federal.

La elitista democracia de los liberales criollos

Habiendo reconquistado el poder, la corriente liberal de Morazán, la más importante e influyente, inicio una reforma liberal, para sacudir el lastre de las instituciones que había establecido la breve Constitución de Cádiz de 1812, que todavía perduraban y eran dominantes en el conjunto del Estado Federal. Morazán pretendió modernizar la débil democracia de una elite criolla, que era absoluta minoría en relación al conjunto de la población indígena y ladina.

La primera Constitución del Estado de Guatemala, aprobada en 1825, era una copia local de la Constitución de la República Federal de 1824, que a su vez retomaba muchas las instituciones de la Constitución de Cádiz de 1812.

El articulo 46 definió que eran ciudadanos “todos los habitantes del Estado naturales o naturalizados en cualquiera de los otros Estados de la Federación que fuesen casados o mayores de diez y ocho años, siempre que ejerzan alguna profesión útil, o tengan medios conocidos de subsistencia”. De esta manera, aunque todos los habitantes varones eran considerados ciudadanos, no todos tenían derechos políticos. La mayoría de los indígenas y ladinos no podían ejercer el derecho de elegir o ser electos, mucho menos las mujeres, que no tenían ningún tipo de derecho.

Aunque teóricamente la asamblea legislativa era unicameral, en realidad era bicameral por la existencia del “Consejo Representativo”, una especie de senado, compuesto por “representantes elegidos popularmente, en razón de uno por cada departamento del Estado (…)” (artículo 115). Este Consejo Representativo tenía la facultad de vetar las leyes (Título V, sección 2), lo que hacía aún más elitista la democracia liberal de los criollos. Guatemala no era la excepción, esa era la regla en toda la república federal.

Las enormes contradicciones de la reforma liberal

En ese periodo fue electo como Jefe de Estado de Guatemala, el liberal Mariano Gálvez (1831-1838). Los liberales morazanistas impulsaron la reforma liberal, la que tuvo enormes repercusiones políticas en Guatemala. Se aprobó la libertad de cultos, la abolición de los diezmos a favor de la Iglesia Católica, la transformación de conventos en escuelas, cuarteles u hospitales. Se instauró el matrimonio civil y el divorcio. Con muchas limitaciones financieras, se instauró la educación pública. El conjunto de la legislación fue adaptada a los Códigos de Livingston, originalmente elaborados en 1826 para el Estado de Lousiana, Estados Unidos.

En Guatemala, la reforma legal inspirada en los Códigos de Livingston, fue aprobada por la Asamblea Legislativa entre abril de 1834 y agosto de 1836, y entró en vigencia en enero de 1837. El sistema de justicia sufrió un repentino cambio, al instaurarse el sistema de jurados. La reforma educativa y judicial fueron las que tuvieron más impacto en Guatemala y El Salvador, por ser los Estados con mayor población indígena.

Aunque las masas indígenas no tenían derechos políticos, sufrían directamente las consecuencias económicas para sufragar los gastos de esta reducida y elitista democracia liberal de los criollos. La implementación de los Códigos de Livingston al establecer el sistema de jurados, hubiera gozado del apoyo y aceptación de la población indígena, acostumbrada a una justicia comunal, si hubiesen gozado de los derechos para elegir a sus representantes como miembros de los tribunales de jurados, pero no fue así, sencillamente porque no tenían derecho a ser electos como tales. La democratización del sistema judicial era solo para la minoría criolla. Para implementar el nuevo sistema de justicia, se obligó a las comunidades indígenas a construir cárceles mediante trabajo forzado, incluida la construcción del puerto Livingston.

La reacción conservadora pasa a la ofensiva

Después de finalizada la primera guerra civil centroamericana, en 1831 la reacción conservadora pasó nuevamente a la ofensiva. Irónicamente, la Iglesia Católica, perseguida por los liberales, ejerció siempre una influencia total en las masas indígenas, que habían fusionado a sus dioses paganos con los santos del catolicismo.

En 1831 estallaron rebeliones en Honduras, El Salvador y Guatemala., que fueron apoyadas por los exiliados que fueron derrotados en 1829. El expresidente Manuel Jose Arce, refugiado en México, ataco la región de Los Altos de Guatemala.

Las causas de la rebelión indígena

Algunos historiadores han creado el mito que el triunfo de la rebelión campesina e indígena dirigida por Rafael Carrera fue producto de las conspiraciones de los conservadores y de la Iglesia Católica. En realidad, intervinieron otros factores mucho más importantes.

Ante la declinación de los precios del añil en el mercado internacional, en Guatemala se produjo un auge de las exportaciones de cochinilla, la que era cultivada en Amatitlán, Antigua, Cuajinicuilapa y Chiquimula (47). Esta fue una zona donde el levantamiento de Carrera gozó de amplio apoyo social. Este auge de las exportaciones fue posible a costa de la propiedad comunal indígena.

Desde 1825 la Asamblea Constituyente de la República Federal decretó que las tierras baldías podían ser denunciadas y compradas a un precio bajo. En vez de legalizar la propiedad comunal, bajo la Republica federal se acentuó el proceso de concesiones a compañías extranjeras, y el despojo de las comunidades indígenas. De igual manera, la distribución de las tierras ejidales causó conflictos entre las diferentes comunidades. Los indígenas no tenían dinero para comprar tierras. Los hacendados fueron los únicos beneficiados, porque tenían dinero para comprar las tierras “baldías”.

Adicionalmente, al proceso de despojo de las comunidades indígenas, el gobierno liberal de Mariano Gálvez, necesitados de fondos, decretó nuevos impuestos: uno de contribución directa, parecido al tributo que los indígenas pagaban en la época colonial, y que había sido derogado con el movimiento independentista de 1811, restablecido por Fernando VII y vuelto a derogar inmediatamente después de la independencia.

En 1834 se creó un impuesto sobre el destace de reses sacrificadas en cada pueblo. El diezmo eclesiástico, existente durante la época colonial, odiado por los indígenas y campesinos, fue derogado en 1832, pero fue sustituido por un nuevo impuesto territorial. En 1836 el Congreso Federal, necesitado de fondos, decretó un impuesto de dos pesos por cabeza, que echó más leña al fuego.

El inicio de la rebelión y el surgimiento de Rafael Carrera

En abril de 1833 se produjo la rebelión de los indios nonualcos en El Salvador, contra el impuesto de capitación, que terminó con la muerte del líder indígena Anastasio Aquino. En mayo se produjo una rebelión en Mataquescuintla, Guatemala, al frente del desconocido líder Rafael Carrera, un bastardo ladino que desempeñó diferentes oficios: comerciante de cerdos, arriero de mulas, etc.

En ese mismo periodo se produjo otra rebelión en San Juan Ostuncalco, departamento de Quezaltenango. Todo el oriente de Guatemala, con mayor presencia ladina, fue sacudido por levantamiento violentos contra los impuestos del gobierno de Gálvez. Incluso, hasta los hacendados estimulaban las protestas. Morazán intervino militarmente ayudando a aplastar la protesta campesina e indígena. En Santa Rosa se produjo otra insurrección, llegando a formar un gobierno rebelde. Carrera se convirtió en el líder de una masiva revuelta campesina, bajo la forma de una guerra de guerrillas, contra las políticas expoliadoras del gobierno de Gálvez.

La división de los liberales guatemaltecos

La rebelión campesina e indígena dividió al gobierno liberal. Mientras Gálvez intentaba aplastar la rebelión con el apoyo militar del gobierno federal, Barrundia y Pedro Molina insistían en respetar las libertades. La política de terror de Gálvez mas bien ampliaba la base social de la rebelión. Presionado por la fracción de Barrundia y Pedro Molina, Gálvez acepto otorgar una amnistía limitada. Gálvez era apoyado por los comerciantes, mientras Barrundia era apoyado por los terratenientes, quienes se mostraban conciliadores con la rebelión, y querían pacificar el campo.

En la medida que el gobierno de Gálvez se debilitaba, este busco apoyo entre los conservadores, que habían sido derrotados en 1829. Estableció alianzas con el padre Jose de Aycinema. En agosto, Gálvez decreto una amnistía general. Mientras tanto, crecía la rebelión campesina.

Gálvez formo en diciembre de 1837 un gobierno de unidad nacional con los conservadores, teniendo como ministros de Justicia al padre José de Aycinema, y a Marcial Zebadúa como ministro de finanzas. Esta fue la gota que colmó la paciencia de la otra fracción de Barrundia y Molina

Barrundia y Morazán se acercan a Carrera

Consciente de la importancia de la rebelión indígena, Barrundia intentó negociar infructuosamente con Carrera. Pedro Molina solicitó la intervención militar del ejercito federal, pero Morazán se mostró muy cauto, y autorizo a la fracción de Barrundia y Molina entablar negociaciones con Carrera. Gálvez decretó un empréstito forzoso para aumentar el numero de tropas. Barrundia reaccionó instalando un gobierno paralelo en Antigua, lo que enfrentó a las dos fracciones liberales en medio de la guerra.

José Gregorio Salazar, vicepresidente de la federación, y Miguel Alvarez, ministro de relaciones exteriores, mediaron entre los dos gobiernos liberales. Acordaron en el cuartel de Guardia Vieja que Gálvez debía renunciar y Pedro Valenzuela asumiría el gobierno de Guatemala. Parecía que la fracción de Barrundia se había impuesto, pero no fue así.

El 1 de febrero de 1838, Carrera entró triunfante a la capital, a la par cabalgaba nada menos que Barrundia. Las tropas campesinas saquearon negocios y mansiones. El vicepresidente federal Jose Gregorio Salazar fue asesinado. En medio del caos, Carrera restableció el orden, convirtiéndose en el centro de un nuevo poder.

Carrera se prapara para el asalto final

Carrera se subordinó al nuevo gobierno, su fuerza militar fue disuelta y enviada a sus hogares. Era una situación caótica por que el Consejo Representativo no había aceptado la renuncia de Gálvez, pero Pedro Molina ya era presidente de la Asamblea Legislativa. Los conservadores tenían muchas dudas sobre las intenciones de Carrera. El nuevo Jefe de Estado, Pedro Valenzuela, al tener información que Carrera estaba reorganizando sus fuerzas, decretó un nuevo empréstito forzoso para reclutar mas soldados. Los conservadores se opusieron. Pedro Molina renunció a la presidencia de la Asamblea Legislativa. El último gobierno liberal moría aceleradamente.

El 3 de marzo de 1838 la Asamblea Legislativa aceptó formalmente la renuncia de Mariano Gálvez, a pesar de la existencia del gobierno de Pedro Valenzuela. El día 13 de marzo fueron derogados los Códigos de Livingston, lo que se hizo efectivo hasta el día 29. Mientras agonizaba el gobierno liberal, los conservadores levantaban la cabeza y Carrera reorganizaba sus tropas campesinas para la batalla final contra Morazán.