Las delegaciones de mujeres y hombres de 72 comunidades, pueblos, autoridades ancestrales y organizaciones, representantes de los cuatro puntos cardinales, también estamos hartos e indignados ante la corrupción e impunidad.

Saludamos que la CICIG haya dado a conocer con datos y nombres concretos a una de las estructuras corruptas que se apropian de los bienes de los guatemaltecos y guatemaltecas. Demandamos que la CICIG también dé a conocer, investigue y procese a los empresarios usuarios de esta estructura de corrupción, así como el financiamiento de los partidos políticos y que se avance en el desmontaje del resto de estructuras corruptas.

Reafirmamos que lo que ahora se ha denunciado es lo que durante años hemos dicho: el sistema político en Guatemala se asienta y funciona a partir de redes de corrupción e impunidad.

El saqueo a la SAT y el robo de los impuestos de las y los guatemaltecos es parte del robo y saqueo histórico de la fuerza de trabajo de las y los trabajadores; del agua, tierra, bienes del subsuelo y la madre naturaleza. La aprobación de los estudios de impacto ambiental, las concesiones mineras, los negocios de los ministerios, los contratos de servicios en los tres poderes del Estado, la construcción de infraestructura, los negocios en los servicios públicos también son parte de esas redes de corrupción e impunidad.

Lo que realmente está en crisis es el conjunto de la institucionalidad del ejecutivo, legislativo y judicial. Además del ejecutivo, la corrupción en el Congreso y en las cortes, desde su misma elección y su posterior funcionamiento despoja de toda legitimidad a estas instancias, por lo que sus actuaciones son nulas e ilegítimas y por lo mismo llamamos a no aceptar, ni acatar todas aquellas actuaciones que atenten contra los derechos colectivos e individuales de los Pueblos y personas.

Ante la crisis política e institucional generada a partir de la confirmación de la corrupción e impunidad:

Rechazamos al Presidente y Vicepresidenta como representantes de la nación; éstos no tienen legitimidad, ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación y ante tal situación DEBEN RENUNCIAR DE MANERA INMEDIATA A SUS CARGOS y pasar a ser investigados para deducir las responsabilidades correspondientes. En su lugar deberá posponerse la convocatoria a elecciones generales y elegirse un consejo de Estado integrado por representantes de pueblos, sectores populares y sociales.

Que se aplique la ley de Extinción de Dominio y que los bienes de los corruptos, pasen –mediante reforma de ley- a enfrentar la hambruna y desnutrición; para el desarrollo rural, la salud y educación.

El actual Estado fallido no nos representa ni es expresión de la soberanía popular, por lo mismo, llamamos a convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, sectorial y de pueblos, que devuelva el poder al Pueblo y elabore el nuevo marco legal constitucional que necesitamos.

Demandamos la pronta e inmediata liberación de los presos políticos, el cese a la criminalización de la lucha social, el rechazo y violencia hacia las mujeres, el racismo, así como la represión como respuesta a las demandas sociales.

Rechazamos la presencia de militares en el gobierno y exigimos su salida de los cargos gubernamentales, asimismo, rechazamos cualquier intento de golpe de Estado provocado por militares o sectores oligárquicos, así como la imposición de estados de excepción que limiten nuestros derechos y garantías.

Reafirmamos el derecho de la ciudadanía a ejercer la soberanía popular y democrática ejerciendo sus derechos legítimos; particularmente la resistencia popular. Rechazamos las medidas de control e intimidación que este gobierno ya comenzó a realizar ya sea directamente o mediante organizaciones como la dirigencia actual de CONIC o personas como Joviel Acevedo.

Llamamos a convocar y constituir Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y Pueblos que están en los territorios.

Nuestra propuesta es que la crisis no se resuelve con reformas cosméticas de la SAT, por eso reafirmamos que es necesaria una profunda reforma del Estado que inicie por la reforma de Ley Electoral y de Partidos Políticos para posibilitar la participación de los Pueblos Indígenas y sectores sociales y populares.

Llamamos a todas las comunidades, Pueblos, organizaciones, hombres y mujeres a incorporarnos, en forma pacífica y participativa, desde nuestras experiencias y expresiones culturales, lúdicas, etc a las concentraciones en la ciudad capital, en las cabeceras departamentales y municipales, comenzando el 1º. y 16 de mayo, para exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, denunciar a los empresarios corruptores y a las estructuras paralelas de los militares que han sido cómplices del despojo a las guatemaltecas y guatemaltecos. Saludamos y motivamos a nuestras hermanas y hermanos en el extranjero a continuar participando de este gran movimiento cívico y ciudadano. En resumen, llamamos a todas y todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, sectores medios y populares, habitantes del campo y la ciudad, todos los sectores interesados en la paz, la vida y la democracia a unirnos, hacer un frente común y construir una Nueva Guatemala.

Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos e instancias de la OEA y ONU; así como a la comunidad internacional a que mantengan su observación sobre la situación de Guatemala

ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

Guatemala, 29 de abril de 2015

¡¡SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS DE LOS CAMPESINOS, POBLADORES Y TRABAJADORES!!

Ante la crisis social que atraviesa nuestro país, la Asociación de Estudiantes de Historia, Antropología, Arqueología y Archivística de la Universidad de San Carlos, preocupada por la falta de salidas favorables para las amplias franjas de la población guatemalteca, y por las acciones de la población organizada con los paros y tomas de la carreteras, considerando que:

1. Las acciones de hecho vía tomas de carreteras y paros en centros de salud, por organizaciones campesinas, comunidades indígenas y el sindicato del sector salud, son una muestra legítima del cansancio de grandes segmentos de la población con las políticas neoliberales impulsadas desde la firma de la paz y agudizadas en el gobierno del ex general Otto Pérez Molina.

2. El gobierno del Partido Patriota representa los intereses de fracciones burguesas, muchos de ellos ex militares y contratistas del Estado, que se han enriquecido a través del derroche y robo de los recursos de la administración pública, junto a vínculos con el capital mafioso que tiene sus orígenes en la impunidad característica del Estado guatemalteco y de la clase dominante en su conjunto. A pesar de que en algún momento estos sectores buscan competir con sectores de la oligarquía, ésta no considera al gobierno totalmente ajeno a sus intereses, coincidiendo con él en los temas vitales de la economía y administración del Estado.

3. Este gobierno se ha caracterizado por burlarse de los intereses populares, por medio de la demagogia como por ejemplo acuerdos con sindicatos del sector público o el ofrecimiento de la aprobación de la ley de desarrollo rural. Con la cooptación de liderazgos sindicales o comunitarios, con la represión por medio de estados de prevención, como el que ha sufrido las comunidades de San Juan Sacatepéquez en su lucha contra la instalación de una planta cementera, por la persecución legal contra el liderazgo popular acompañado de jueces y fiscales, así como por la criminalización de estos liderazgos por medio de los servicios de columnistas y medios de comunicación al servicio de los intereses espurios que dominan el país.

4. Además ha aprobado una serie de leyes y políticas como la ley de telecomunicaciones o la ley de circulación por carreteras libre de obstáculos (ley de túmulos) que criminaliza el derecho de protesta y la ley de protección industrial que abre la posibilidad entre otras cosas de poseer el materia genético de especies vegetales para fines privados.

5. El Estado demuestra su total ineptitud en resolver los problemas básicos de la población debido a la grave crisis financiera por la que atraviesa, producto de las políticas neoliberales que tienden a debilitarlo y a la negativa histórica de las clases dominantes a pagar impuestos y de la corrupción generalizada en el manejo de la administración pública. De esta manera violenta derechos básicos como el derecho a la salud.

Por tanto manifestamos:

1. Nuestro más enérgico apoyo a las acciones que sindicatos, organizaciones campesinas y comunidades rurales e indígenas realizan como única vía para hacer valer los derechos humanos de todos los guatemaltecos, pues es la movilización el único camino para empoderar a la población en función de sus derechos. Sumándonos a las exigencias por la derogatoria de la ley de túmulos, la de telecomunicación, la aprobación de la ley de desarrollo rural, la condonación de la deuda campesina, el cumplimiento de acuerdos y el pago a trabajadores del sector salud y la dotación de recursos financieros y materiales para la atención debida a los usuarios del servicio de salud.

2. Exigimos a la fuerzas de seguridad pública no provocar a los manifestantes aduciendo reacciones violentas y buscando que exista heridos o muertos, como ya lo ha hecho el accionar policial.

3. Rechazamos el papel de los llamados medios de comunicación por esconder las verdaderas causas de estas movilizaciones y solo exponer los lamentables hechos de violencia, así como un llamado a la población a no dejarse engañar por estos medios.

4. Denunciamos la acción intimidatoria del Cacif que por medio del demagógico uso al derecho a la libre circulación busca con amparos en la Corte de Constitucionalidad (instrumento al servicio de ellos mismos) darle herramientas legales al Estado para reprimir a la población movilizada.

5. Demandamos la liberación inmediata de los compañeros capturados el miércoles 11 de noviembre durante los desalojos de los bloqueos.

6. Emplazamos a las autoridades universitarias para que por medio del Consejo Superior Universitario se pronuncie a favor de las reivindicaciones populares y usando la potestad constitucional que a la Usac se le otorga, proponga leyes y con los sectores sociales movilizados un plan de nación incluyente para toda la población, que cuestione el modelo neoliberal oligárquico. De esta forma hacer cumplir los pilares de la universidad de docencia, investigación y extensión y un buen uso de los recursos financieros que el Estado tiene que otorgar a la universidad para el próximo año.

7. Nos solidarizamos con los compañeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que han estado luchando contra las “Reformas Académicas” impulsadas por la rectora Julieta Castellanos, que son medidas excluyentes que limitan el legítimo derecho de la juventud hondureña a acceder a la universidad pública. Respaldamos a los compañeros Sergio Ulloa, Dayanara Castillo, Cesario Padilla, Javier Barahona, José Luis Herrera y Moisés Cáceres, que están siendo acusados ante la fiscalía por la rectoría.

Asociación de Estudiantes de Historia, Antropología, Arqueología y Archivística

Ciudad universitaria, Guatemala, Centroamérica, noviembre de 2014

Desde el pasado lunes 18 de agosto, los/las trabajadores/as afiliados a SATISPES (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria de la Seguridad Privada de El Salvador) seccional G-6, se mantienen en las instalaciones de la Empresa Grupo los Seis, S.A de C.V (ubicada en la 3ra Calle Poniente No. 3654, Colonia Escalón, S.S) como acción de protestas luego de que el Ministerio de Trabajo y uno de los juzgados de lo laboral declarará ilegal la huelga que sostenían para exigir a la patronal el pago de horas extras, el 25% de nocturnidad, la reducción de horarios, seguro de vida, reinstalo o indemnización de agentes de seguridad despedidos injustificadamente, maltratos y respeto a la libertad sindical.

Desde el inicio de la huelga, la patronal dejó en total abandono las instalaciones de la empresa y se ha negado a llegar a algún acuerdo con los trabajadores e interpuso una demanda en contra del sindicato ante un juzgado de lo laboral para declarar como ilegal las acciones llevadas por los trabajadores organizados en SATISPES. Sin embargo, las juntas directivas, general y seccional ya habían agotado las instancias legales las cuales fueron rechazadas por la patronal, al ver esta negativa los trabajadores tomaron la decisión de cerrar la empresa como medida de presión desde el día lunes 18 de agosto y se mantendrán en dichas instalaciones por tiempo indefinido hasta que se resuelva esta situación y se cumplan sus exigencias.

Hacemos el llamado a todas las organizaciones sindicales y populares consecuentes, a la clase trabajadora nacional e internacional en general a solidarizarnos con los compañeros y compañeras de SATISPES acompañándoles en las diferentes acciones que realicen para exigir que se escuchen y cumplan sus justas demandas, publicando comunicados de solidaridad y de denuncia para presionar al Ministerio de Trabajo a que intervenga a favor de los trabajadores y en contra de la empresa Grupo los Seis, S.A de C.V por violentar los derechos laborales que han sido producto de grandes luchas, que los capitalistas día con día violentan impunemente.

Solo la solidaridad militante de la clase trabajadora y la acción directa del proletariado terminaran con la dictadura de la burguesía que oprime y sangra a la clase trabajadora. ¡Un mundo sin trabajadores es imposible, un mundo sin capitalistas es necesario!... Por la construcción de una tendencia clasista en el seno del movimiento obrero Convirtamos la dispersión en reagrupamiento OSAR LUCHAR, OSAR VENCER

San Salvador, 29 de Agosto del 2014

Sindicato de Trabajadores Independientes de Oficios Varios de El Salvador (STINOVES)

En la ciudad de Guatemala, 756 personas, 389 mujeres y 337 hombres de comunidades del norte, oriente, occidente, sur y centro del país, de los pueblos Kaqchikel, Tzutuhil, Mam, Ixil, Kiché, Q’anjob’al, Akateco, Qeqchí, Chuj, Tectiteco, Sipakapense, Poq’omchí, Uspanteco, Chortí, Achí, Pocomam, Xinka, Garífuna y mestizo, de más de 180 organizaciones campesinas y rurales, de pueblos, de mujeres y feministas, organizaciones no gubernamentales, juventudes y niñez, nos auto convocamos a participar en el IV Congreso Nacional de Pueblos, Comunidades y Organizaciones del 7 al 9 de agosto de 2014, con la consigna “Desde nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva sociedad, Florecerás Guatemala” y con el objetivo de hacer confluir nuestros caminos en la búsqueda del Buen vivir para la madre naturaleza, los pueblos, las mujeres y hombres que les constituyen, clausuramos nuestro Congreso en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, saludando su reivindicación y lucha histórica por la defensa de la vida y la construcción de un mundo más justo y equitativo.

Marcado por una participación mayoritaria de mujeres, una delegación de niñas y niños y una presencia de jóvenes y artistas, realizando el esfuerzo para garantizar la convivencia amistosa sancionando el acoso sexual hacia las mujeres, y generando espacios para la expresión cultural y artística de los pueblos, se vivió en fraternidad y complicidad la construcción de sueños y caminos conjuntos.

Rindiendo homenaje a las luchas históricas de los pueblos originarios que desde su herencia milenaria de sabiduría y relación de profundo respeto a la naturaleza, han resistido para evitar el daño causado por el modelo que sólo ve ganancia en donde lo que hay es vida. Recuperando la herencia, sabiduría y ternura de nuestras y nuestros héroes y mártires rebeldes y revolucionarios que nombraron las injusticias y lucharon para erradicarlas; siguiendo los pasos de las mujeres insurrectas que desde sus cuerpos e ideas irreverentes sembraron las semillas del pensamiento y la acción para el renacer de su existencia; nos congregamos por la imperiosa necesidad de defender la vida en plenitud.

Este modelo patriarcal, colonialista, capitalista-neoliberal con una estrategia extractivista, que se apropia de la energía, el trabajo y los cuerpos de los pueblos -mujeres y hombres-, dura ya más de cinco siglos, provocando solo empobrecimiento y desolación en el país, a lo cual se suma el elevado grado de violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana. La exclusión, racismo, discriminación, segregación cultural, política y económica del conjunto de la población, no hace más que agudizarse. Esto significa que no tenemos educación, salud, empleo digno, vivienda, entre otros elementos del bienestar humano. Las comunidades rurales de Guatemala soportamos en nuestra vida diaria las consecuencias de una alianza entre el Estado militar/policial y el mercado finquero y trasnacional, es decir, acaparamiento de tierras y reorganización económica productiva para conseguir más trabajo por menos salarios; el 88% de la población gana menos del salario mínimo.

El Estado protege, eso sí: a los capitales nacionales y trasnacionales de monocultivos como palma africana, hule, caña de azúcar, industria de minerales, hidrocarburos, hidroeléctricas y al capital prestamista, legal o ilegal, poniendo al servicio de ellos al ejército nacional y permitiendo a través del capital transnacional la importación del sicariato internacional, a lo que se suma a la existencia de ejércitos privados nombrados “empresas de seguridad privada”, que reviven la historia de contrainsurgencia, represión, las prácticas de violación y violencia sexual contra las mujeres y la persecución social con la modalidad de criminalización y judicialización, implicando que más de un centenar de mujeres y hombres estén detenidos, otras y otros con órdenes de captura pendientes en su contra y en procesos judiciales para limitar su derecho a la expresión en la lucha que impulsan por la defensa de los territorios y la vida.

La defensa de los múltiples territorios: cuerpos, tierra, naturaleza, memoria e historia y la promoción de una reforma agraria integral, están ahora entretejidas como nunca antes en la historia de Guatemala. No se pueden defender los territorios si no se transforman las relaciones de poder de dominio cotidianas, se detiene el acaparamiento de tierras y la violencia que la acompaña. Es legal y legítima nuestra aspiración al ejercicio del poder y al ejercicio de la autonomía de nuestros pueblos; es decir, nuestro derecho al ejercicio de formas de vida, cultura y relación con la naturaleza desde nuestra propia cosmovisión e intereses.

Este Congreso ha permitido escuchar las múltiples voces, quienes desde las identidades políticas que les hacen construir conocimientos y propuestas, han decidido poner sus energías en la construcción de una fuerza social que articule los múltiples sueños en las resistencias y construcciones colectivas.

De allí derivamos, que el esfuerzo conjunto se dirige hacia el replanteamiento de las relaciones que existen entre las personas y la naturaleza, entre mujeres y hombres, entre los pueblos que cohabitamos en el territorio y entre personas adultas y niñez. Coincidimos plenamente en la necesidad de repensarnos en términos personales, evidenciando los saldos que el sexismo, el racismo y el clasismo han dejado en nuestros cuerpos y nuestras formas de vivir y de relacionarnos con quiénes nos rodean.

Este ejercicio nos permite decretar que las relaciones deben estar basadas en el bien común, en el reconocimiento de la corresponsabilidad del cuidado de la vida entre hombres y mujeres y en la necesidad de que las nuevas formas de convivencia armónica desestructuren las relaciones de poder de dominio basadas en la propiedad privada. Estas relaciones deben potenciar la libertad, la autonomía, los placeres, la determinación de los pueblos, los cuerpos y los territorios para una vida digna y en armonía, lo que implica desestructurar la violencia contra la naturaleza, las mujeres y los pueblos.

Nos encaminamos conjuntamente al impulso de una Economía para la Vida, que parte del reconocer que las personas somos parte integral de la naturaleza y que las prácticas de dominio sobre ella nos están dejando saldos de muerte. De tal cuenta el reconocimiento y la necesidad de recuperar los conocimientos, sistemas de producción, la ciencia, la pedagogía y el arte de los pueblos originarios, nutren nuestros sueños que ven al pasado para pensar el futuro, constituyéndose en fuente de inspiración para crear las bases de esta propuesta.

Algunas de las guías para la construcción de esta Economía para la vida son la apuesta por la propiedad colectiva; el restablecimiento de la naturaleza después de la contaminación realizada; resaltamos el papel de los pueblos originarios en el impulso y mantenimiento del equilibrio entre las personas, la naturaleza y el cosmos; el reconocimiento a los aportes que las mujeres han hecho al sostenimiento de la vida; la necesaria redistribución entre mujeres y hombres, de las tareas de cuidado en las casas y las comunidades; la producción agroecológica, la recuperación de semillas originarias, la siembra y uso de plantas medicinales; el reconocimiento del papel de las diversas autoridades comunitarias como las comadronas, guías espirituales y el papel de ancianas y ancianos, son algunos de los elementos que constituyen nuestros sueños.

Para ello, se requiere de una nueva forma de organización social y política, a partir de reconocer que las leyes e instituciones actuales no nos sirven para el cuidado de la vida. Por ello requerimos construir esos espacios necesarios para garantizar la construcción de autonomías personales y colectivas. Es necesario resignificar el papel de las familias y constituir nuevas formas para la participación.

La necesidad ineludible de construir una “Nueva organización social y política” que garantice el bien común de las mayorías, sigue siendo uno de los retos mayores en esta coyuntura, al cual decididamente estaremos haciendo frente. Hoy asumimos el desafío de fortalecer nuestros pueblos, comunidades y movimientos, para hacer más sólidas nuestras articulaciones en la búsqueda de la instalación del Buen Vivir como forma de relacionamiento en todos los rincones del país.

Por eso hemos definido el impulso de diversas rutas de acción, que contemplan la resistencia, defensa, lucha, recuperación y mantenimiento de los territorios; la construcción de poder social y popular; el impulso de la economía desde los pueblos; la reconstitución de los pueblos; los desmontajes y desaprendizajes personales y colectivos para la descolonización, despatriarcalización y desmercantilización del pensamiento y del ser. Por último vemos como necesaria la sanación como herramienta política para generar la fortaleza para continuar la lucha.

Este Congreso marca un hito, nos brinda una base indicativa de rutas, es el inicio de otro camino que abre retos para ampliar las concepciones de alianzas con otras y otros, dándoles nuevos contenidos y construyendo perspectivas más abarcadoras, para identificar rutas nuevas, vernos y movernos desde otros lugares, recuperar la necesidad profunda de hacer una fuerza que posibilite los cambios en nuestros territorios.

Por ello hacemos desde ya el llamado a todas las comunidades, pueblos, autoridades ancestrales y organizaciones diversas, artistas, intelectuales, con una filosofía de lucha reivindicativa de las causas sociales, para que se sumen a este sueño de construir una nueva sociedad.

Por el florecimiento de Guatemala

Desde nuestras raíces sembramos las semillas de una nueva sociedad

A 100 días de la administración Solís Rivera, más interrogantes que certezas

Se ha vuelto una costumbre hacer un balance de los primeros 100 días del gobierno de turno, no solo por la administración a cargo, sino por las diferentes fuerzas políticas de oposición. Con eso, algunos pretenden inferir el rumbo de la administración y los posibles resultados durante el período restante.

Es claro que 100 días de gobierno es muy poco para extrapolar el resultado, máxime después de la devastación neoliberal y la política de tierra quemada aplicada por las administraciones anteriores, especialmente por el Partido Liberación Nacional (PLN), sin embargo, consideramos que si es posible determinar la intención de una administración tomando en cuenta, primero las consignas políticas del partido en el poder, en este caso, la principal el ¡cambio! y segundo el programa de gobierno. Eso es lo que marca el desafío político de una administración, en este caso la del PAC.

Ahora bien, para efectivamente hacer un balance, comparar y sacar conclusiones, consideramos que, aunque brevemente, es necesario hacer un repaso de la historia reciente y hecho ese repaso, plantar esa historia reciente contra la consigna del "cambio" promulgado extensamente por el partido en el poder durante su campaña política y que se mantiene todavía.

El PLN y el PUCS, 11688 días de oscurantismo y devastación neoliberal

Fue en 1985, durante la administración liberacionista Monge Álvarez, cuando se aprobó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE 1), instrumento político-económico concebido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con el objetivo de modificar sensiblemente las políticas económico-sociales que hasta entonces regían en países como Costa Rica. La aprobación del PAE I, en la administración Monge Álvarez, sembró la semilla de la destrucción del Estado de bienestar y dio paso a la imposición por parte de los sectores dominantes del modelo capitalista neoliberal en nuestro país.

En 1989, durante la administración liberacionista Arias Sánchez, se aprobó el PAE II que efectivamente era una continuación de las políticas de ajuste y perseguía el mismo objetivo, la imposición del modelo económico neoliberal. Fue en esa administración cuando se dan los primeros pasos para la privatización de las telecomunicaciones y la electricidad.

El PAE III se aprobó durante la administración liberacionista Figueres Olsen obediente a los postulados del Consenso de Washington. Surge en esa administración el proyecto de la venta de activos del Estado (ICE, INS, etc.), para pagar la deuda interna, intención que fue derrotada a finales de 1996. En el marco del pacto Figueres-Calderón, se aprobó, la Ley de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional que fue un golpe muy fuerte a los intereses de los educadores, se cerraron los ferrocarriles, se abrió la banca, etc., además de verse esa administración envuelta en sendos casos de corrupción, uno de ellos la modificación de las tarifas a los generadores privados de electricidad que casi lleva a la quiebra al Sector Eléctrico del ICE.

Lo importante de las decisiones político-económicas tomadas en la administración Figueres Olsen fue que el Partido Liberación Nacional se quitó la careta de socialdemócrata y demostró que su estructura ya estaba muy penetrada por la derecha financiera. Otra derivación importante es que efectivamente, un grupo paralelo al gobierno, con la cobertura de consejeros económicos, sin exponerse al escrutinio popular, fue el encargado “técnico” de la imposición del modelo económico capitalista neoliberal en Costa Rica. Ese gobierno paralelo se mantuvo hasta la administración Chinchilla Miranda.

Esas mismas políticas se mantuvieron durante la administración Rodríguez Echeverría misma que se vio enfrentada a dos situaciones definitorias de su gestión, una, el proceso de Concertación Nacional, donde el gobierno logró un consenso en cuanto a la apertura de instituciones como el ICE y el INS y dos, el enfrentamiento callejero con los sectores populares a raíz del proyecto denominado “combo del ICE”.

El PAE IV, es decir, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), fue como un tiro de gracia y se aprobó durante la segunda administración liberacionista Arias Sánchez. Este proceso que enfrentó una gran resistencia popular, misma que se originó en el año 2002 durante la administración Pacheco de la Espriella, culminó en octubre de 2007 cuando la contradicción fue dirimida por medio de un referendo, apoyado incluso por sectores sindicales y sociales, del cual salieron victoriosos los sectores dominantes. La agenda de implementación se aprobó igual durante esa administración. La administración Chinchilla Miranda trató de profundizar esta línea neoliberal en la cual se impulsaron cambios en el tema de los salarios del sector público, salario único, reducción de pluses/complementos salariales y en cuanto a eliminar conquistas generales de los trabajadores públicos.

¿Estamos mejor después de 11688 días de oscurantismo neoliberal impulsado por el PLN con el apoyo irrestricto del PUSC y del Movimiento Libertario entre otras turecas políticas? Obviamente no, la imposición del modelo ha llevado a Costa Rica a una situación muy complicada, política y socialmente. Nuestro país muestra incrementos sostenidos muy graves en los índices de desigualdad y pobreza que señalan un profundo desgarramiento social. Por el contrario, algunos sectores, entre ellos los exportadores han sacado una gran ventaja con la imposición del modelo y otros los perdedores, agricultores entre ellos, no tienen otro paradigma que su desaparición. Igual la imposición del modelo impactó la institucionalidad, privatización de servicios, por lo que sectores como la salud, educación, telecomunicaciones, electricidad, seguros, banca, puertos, se han visto directamente afectados con esas políticas.

En conclusión, a lo largo de 11688 días, las cúpulas políticas del PLN, albergue de la derecha neoliberal, con el apoyo del PUSC y de las turecas de turno lograron imponer el modelo económico neoliberal en Costa Rica, dando paso a una Costa Rica desigual, plagada de problemas y de corrupción devastadora.

El gobierno del PAC, ¿100 días del “cambio prometido”?

Es importante reconocer que efectivamente la administración Solís no tiene responsabilidad directa como gobierno en la imposición del modelo económico capitalista neoliberal. Algunas personas que ahora pertenecen a este gobierno si tuvieron responsabilidades, por ejemplo, la vicepresidenta Ana Elena Chacón con su apoyo al TLC y otros que efectivamente apoyaron la implantación del modelo en pasadas administraciones. Pero como gobierno no tiene responsabilidades en ese trayecto de 11688 de oscurantismo neoliberal.

Empieza apenas su camino, 100 días es poco tiempo para valorar, pero es un tiempo prudencial para hacer una reflexión sobre qué significó el apoyo de 1.3 millones de costarricenses en las pasadas elecciones, que efectivamente apostaron por un cambio. La derrota del partido más corrupto de la historia, el PLN, según la tureca libertaria, no fue cualquier cosa, significó no otra cosa que el pueblo quiere cambios reales y no cambios funcionales o limitados. Cuando se habla de cambios reales es que se toque el entramado del modelo económico.

Vemos con agrado que efectivamente el gobierno ha dado pasos significativos contra la corrupción y que ha resuelto asuntos importantes como el salarial, pensiones de lujo, revisión de contratos. Muy importante la promoción del Estado laico, el trato sobre el tema de diversidad sexual, etc., son interesantes posturas que indican que las cosas, en relación con esos asuntos no serán igual. Algunos de esos temas ya han provocado duras reacciones de sectores que se consideran afectados.

Es lo mínimo que se puede esperar dentro de las funciones de un gobierno como el actual y su retórica. Pero no afecta para nada la estructura del modelo económico, es decir, el andamiaje del modelo impuesto por el PLN, el PUSC y las turecas de turno se mantiene incólume, de hecho, mientras ese andamiaje no se toque no se puede hablar de cambio alguno.

No vemos cambios significativos en la definición de la política económica, pilar central en cuanto a la ruptura con el paradigma neoliberal.

El gobierno ha colocado en puestos medulares a personas–ahora del PAC-, que si bien puede que califiquen técnicamente para ejercer esos puestos, lejos están de plantearse la ruptura con el modelo. Algunos ocuparon puestos importantes en administraciones anteriores, es el caso de Olivier Castro, presidente del Banco Central, que trabajó de la mano con el que fue gerente del Banco Central en el Gobierno de Chinchilla, Félix Delgado y con expresidentes de la entidad como Carlos Manuel Castillo y Eduardo Lizano.

Al mando del ministerio de Hacienda se encuentra Helio Fallas que ocupó cargos públicos en administraciones del PUSC. Helio Fallas participó activamente en el marco del Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI) donde combatió de frente al gobierno de José María Figueres en cuanto a la propuesta de poner en subasta los bienes patrimoniales del Estado. Pensamos que Helio Fallas, hoy en posiciones como las que ocupa y con la experiencia que obtuvo en esas luchas contra el entreguismo del PLN, es uno de los que tiene que interceder con mayor dureza para que efectivamente el gobierno avance hacia un cambio real, es decir, una ruptura con los 11688 días de oscurantismo y devastación neoliberal.

En cuanto al Comercio Exterior la apuesta por los Tratados de Libre Comercio sigue siendo casi la misma, no se vislumbra una denuncia del TLC con Estados Unidos, todo lo contrario y en cuanto a la Alianza del Pacífico, el mismo Luis Guillermo Solís ha manifestado que debemos participar en ella porque Costa Rica es parte de un complejo geopolítico de más de 500.000 kilómetros de mar en el Pacífico, que obliga a una articulación con otras naciones del área. Además, tenemos tratados de libre comercio con casi todos sus miembros y que hay que acelerar el diálogo con las comunidades del otro lado del Pacífico.

En política internacional, seguimos como país insertos lamentablemente dentro de la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, no estamos mirando hacia otros horizontes, aunque haya algunas tímidas señales de esta administración, como el decir que se va a empezar a poner en prioridad el fortalecimiento de las relaciones comerciales y políticas con Brasil.

Expresión de esta dependencia geopolítica con el imperio en materia de relaciones internacionales ha sido la lamentable posición (por decir lo menos) del Gobierno y la Cancillería costarricense con respecto al genocidio israelí en Gaza.

Vemos además fisuras en uno de los aspectos centrales de la propuesta del PAC como ha sido el combate a la corrupción y la defensa de la ética como principio en la conducción de la administración pública, los escándalos con respecto al “consultor en comunicación” en Casa Presidencial y los pagos desorbitantes a un abogado en plena campaña electoral, reflejan importantes contradicciones entre el discurso y la práctica, que socaban fuertemente la legitimidad del PAC ahora gobierno.  

En síntesis, un verdadero cambio plantea un desafío político de trascendencia histórica, que abra de par en par la puerta de la contradicción con los partidos vendepatria, vicarios de las transnacionales y sus acólitos. Tocar la estructura de dominación de clase es el desafío político, se toma o se deja. Dejarlo implica convertirse en un gestionador del modelo, “surfear” en la ola de lo funcional y no sumergirse para tocar lo de fondo.

El gobierno está enfrentado a situaciones internas y externas muy complejas. Internamente enfrentará cualquier intento de cambio real y tendrá que apoyarse y confiar en las masas para llevarlo cabo. Externamente el mundo está convulso, está pariendo un nuevo orden económico multipolar y el gobierno tendrá obligatoriamente que replantearse todo lo relacionado con el libre comercio y la globalización. Si el gobierno y el PAC no comprenden correctamente lo que significa un cambio real, tenga la seguridad de que el pueblo si lo entiende y actuará en consecuencia si todo se encamina hacia un falso amanecer.

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado Político Nº 45

11 agosto 2014

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