Por Leonardo Ixim

La situación del paro realizado por estudiantes, docentes, con la participación de profesionales críticos y el apoyo de trabajadores administrativos y de servicios, en la Universidad de San Carlos (USAC) contra el fraude electoral promovido por los grupos de la mafia-burocrática que ha manejando la universidad publica, con Walter Mazariegos ex decano de la Facultad de Humanidades a la cabeza, entra en una fase critica.

Las acciones del paro se han profundizado,  manteniendo las tomas en una serie de recintos universitarios tanto en la Ciudad de Guatemala, como en los centro universitarios departamentales. Se ha generado una serie de asambleas tanto de docentes y de estudiantes, en su mayoría virtuales donde se ha mostrado gran masividad en diversas unidades académicas, mostrando su oposición al fraude electoral y su disposición a mantenerse en esta lucha.

Esto nos da luces que las condiciones subjetivas  contra el fraude se mantiene, a su vez  los distintos grupos estudiantiles que participan en las tomas tienen una coordinación que pese a los altibajos mantiene los niveles de articulación necesarios; por su parte las asociaciones estudiantiles golpeadas por la forma virtual de dar clases tras la pandemia, han logrado establecer una coordinación denominada  la Trinchera,  con la participación del Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC). Los docentes por su parte, desde las asambleas de claustros en distintas unidades académicas,  mantiene otra coordinación por medio del Frente por el Rescate Universitario.

Los niveles de conexión entre los sectores estudiantes y docentes a su vez, existen y han sido un factor importante para fortalecer una mayor congregación contra el fraude, aunque los intereses propios tanto de los estudiantes como de los docentes, generan  algún tipo de diferencias, entre estos.

Sin embargo las tomas son acciones defensivas, ahorita necesarias en el plano simbólico y táctico-organizativo, pero a las asambleas virtuales masivas  no se ha traducido  en presencia física. Esto implica que de parte de las coordinadora de tomas y los claustro de docentes,  generar acciones de agitación tanto callejera como virtual. Hasta ahorita se han generando hasta tres manifestaciones, donde la primera tuvo participación, pero han ido decreciendo.

Por su parte están los partidos electorales  que participaron en la contienda y que fueron afectados por el fraude, SOS USAC e Avante.  Si bien el primero concito el apoyo de varios sectores progresistas y democráticos, el amañamiento de las elecciones genero un movimiento mayor que los rebaso y ahora existen como dos fuerzas político-electorales pero que en los hechos, no actúan independientemente del movimiento universitario contra el fraude, mas haya de haber  interpuesto distintos recursos legales exigiendo por el reconocimiento de cuerpos electorales vetados de proceso electoral y sacados del juego, como en contra del proceso electoral en general.

La situación de los trabajadores administrativos y de servicios es difícil, sin ninguna participación en el gobierno universitario ni en el de las unidades académicas, su única voz es el STUSC. Aunque el sindicato ha coordinado acciones junto estudiantes y docentes este se muestra como mediador,  esto debido a la situación de que las y los trabajadores son dependientes de los jefes administrativos, ha su vez han afrontado una campaña de  acoso laboral de parte de los distintos niveles de la administración es constante, de hecho el sindicato ha accionado en los tribunales de trabajo por el despido de 21 personas por apoyar supuestamente el paro. Por otro lado, acaba denunciar un verdadero retroceso de los derechos laborales, pues la administración fraudulenta pretende trasladar plazas 011 que cuenta con contratos fijos y prestaciones sociales a 022, las cuales no tienen una serie de conquistas laborales.

A su vez el pacto colectivo se venció durante la administración Murphy Paiz y ni esta ni la de los rectores provisionales como la de Pablo Oliva ha querido negociar la renovación del pacto, con Mazariegos esta situación se mantendrá, porque este como ya se observa este pretende aplicar una clara política contra los derechos adquiridos por las y los trabajadores. Por ende, consideramos importante, una mayor discusión democrática en las bases del sindicato, no solo con activar el consejo de representantes, sino también la realización de asambleas en las distintas unidades académicas, como vital para fortalecer la lucha.

Por otro lado las organizaciones docentes, estudiantiles, asociaciones, colectivos de profesionales, críticos, junto al STUSC, deben afianzar sus niveles de coordinación en la creación de un frente unico de sectores universitarios,  articulado con las organizaciones sociales, a lo cual habido intentos pero sin mucho éxito.

Realizar también acciones de agitación y propaganda virtual y física, para fortalecer los espacios organizativos y los niveles subjetivos para la lucha contra el fraude, así como analizar los nuevos escenarios que se presentan en función de la presión que la administración en contubernio con la mafia de Mazariegos, impulsa contra docentes, trabajadores y estudiantes  para el retorno a la normalidad y poder así afianzarse en el poder de la USAC.

Por Armando Tezucún

El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei ha continuado polemizando y enfrentándose al gobierno de Estados Unidos en torno a las acusaciones hechas por entidades internacionales, congresistas y funcionarios estadounidenses sobre la corrupción y la situación de los derechos humanos en Guatemala.

El gobierno de Giammattei, en sus dos años y medio de ejercicio, ha acentuado las tendencias autoritarias en el régimen político guatemalteco, iniciadas durante el gobierno anterior de Jimmy Morales. El aspecto más notorio de este giro dictatorial ha sido el ataque contra funcionarios del sistema de justicia que estuvieron vinculados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y jueces independientes que han conducido procesos contra militares, funcionarios y empresarios acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Otro aspecto ha sido los fallos a favor de funcionarios encarcelados por casos de corrupción, otorgándoseles arresto domiciliario o la libertad al anularse sus procesos. Pero también han sido aprobadas leyes represivas, han sido perseguidos periodistas, dirigentes campesinos y populares. Las estructuras de oligarcas, militares, crimen organizado, y los políticos y funcionarios que les sirven, están apretando las tuercas para tener el control absoluto del aparato estatal y evitar cualquier resquicio que permita otra oleada de protestas como la de 2015.

En este proceso, el gobierno de Giammattei ha chocado con la administración demócrata de Biden, que pretende impulsar la defensa de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, sobre todo como políticas generales para solucionar el candente tema de la inmigración ilegal de trabajadoras y trabajadores centroamericanos hacia Estados Unidos. Tal como ya hemos expresado en otros artículos, ambos gobiernos, si bien se enfrentan en temas de derechos democráticos, tienen que permanecer como aliados y tolerarse por conveniencia, cada uno por sus propias razones.  

Pues bien, la más reciente pataleta de Giammattei se dio durante su visita a Estados Unidos, por invitación del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del 27 al 28 de junio.

El lunes 27 el mandatario guatemalteco se reunió con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Alejandro Mayorkas. Los temas tratados por los funcionarios fueron la migración irregular, el combate al crimen transnacional y el cambio climático, entre otros.

El día 28 se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA, donde pronunció un largo discurso cargado de reproches contra el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2021, que acusa a Guatemala de graves violaciones a los derechos humanos, situando al país al nivel de Cuba, Venezuela y Nicaragua en el tema. Defendió a su gobierno, del cual dijo que tiene un “inquebrantable” compromiso en la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. Sobre la resolución de la CIDH dijo: “La CIDH ha incurrido en intromisiones en procesos democráticos en curso, violando su mandato y su principio de derecho internacional sobre los cuales la OEA y sus órganos fueron creados… además, el informe deplora la normativa penal que protege la vida desde su concepción y tipifica el crimen del aborto, en claro abuso de su mandato pretende forzar a que se adopten medidas legislativas y políticas públicas con el fin de promover el acceso irrestricto en prácticas abortivas” (La Hora 28/06/2022).

Negó las acusaciones de la CIDH, cuyo informe -dijo- está plagado de errores de metodología, que evidencian la falta de rigor jurídico y sesgo ideológico. Señaló que el Consejo incurrió en extorsión y amenaza al exigir que el gobierno de Guatemala recibiera una delegación del organismo, y pidió a la CIDH que “reconozca y respete las autonomías de los Estados” y tome sus decisiones con “objetividad, sin sesgos que polaricen a las sociedades” y no se utilice como “método perverso para entronizar ideologías” (Prensa Libre 28/06/2022).

El 29 de junio Giammattei intervino en la Cumbre Anual Internacional de Libertad Religiosa, en Washington, donde asumió el papel de víctima y mártir diciendo: “Si me van a decir dictador por promover la libertad religiosa, con mucho gusto soy dictador, si me van a decir que soy violador de los derechos humanos por respetar la vida desde su concepción, soy violador de los derechos humanos” (La Hora 29/06/2022).

El gobierno de Estados Unidos ha tenido que hacerse de la vista gorda respecto a las rabietas de Giammattei. El embajador William Popp declaró al respecto: «Vamos a continuar trabajando muy de cerca con Guatemala, somos socios confiables, socios de largo tiempo. Nuestra colaboración es para aumentar la prosperidad, la seguridad, las oportunidades aquí en Guatemala» (La Hora 07/07/2022). La administración Biden no tiene más opción que aceptar este socio poco deseable.

Por Ricardo Patzán

El inicio de la temporada de lluvias en Guatemala ha traído consigo una serie de dificultades y situaciones de emergencia. Para el 23 de junio, la Coordinadora para la Reducción de Desastres Naturales (CONRED), reportó 783 incidentes con un saldo de daños en 188 tramos carreteros, 21 puentes vehiculares afectados y 10 destruidos, sin contar incontables daños a viviendas e inundaciones, todo ello debido a las crecidas de ríos, saturación de suelos por el agua y derrumbes. Además, se contabilizan 11 muertos y más de 260 mil afectados. El caso más emblemático es el agujero que surgió la madrugada del 14 de junio en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Villa Nueva; este fenómeno ha interrumpido el tráfico en un área de suma importancia, causando grandes pérdidas económicas, sin que se sepa aún qué solución dará el gobierno, en vista de la magnitud de las cavernas y grietas descubiertas en el subsuelo de la carretera por las entidades que se ocupan del caso.

Es necesario señalar que desde décadas atrás los sucesivos gobiernos burgueses nunca se han preocupado por dar soluciones de conjunto a los problemas que año tras año causan las temporadas lluviosas; nunca han tenido políticas preventivas para evitar lo que se sabe que puede suceder con el exceso de precipitaciones, y recurren a soluciones de emergencia y temporales cuando el daño ya está presente.

La construcción y mantenimiento de carreteras ha sido a lo largo de los años uno de los negocios más lucrativos para empresarios, alcaldes, diputados distritales, gobernadores departamentales y funcionarios del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; el resultado ha sido el continuo deterioro de las vías, que, por el uso de materiales de mala calidad, planificación deficiente, etc., no son capaces de resistir el embate de los aguaceros.

Para enfrentar los estragos causados por las lluvias este año, el gobierno, en Consejo de Ministros, el 21 de junio decidió decretar Estado de Calamidad por 30 días en 8 departamentos del país: Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa. El Estado de Calamidad Pública está contemplado en la Ley de Orden Público aprobada en 1965; su aspecto más importante es que permite al Estado realizar compras de bienes sin los trámites de ley, agilizando la adquisición de todo lo que se necesite para enfrentar las emergencias. Esto, por supuesto se presta al manejo oscuro de los fondos, pues se evitan los trámites obligatorios contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y sus controles; no es casualidad que los ministros adoptaran la medida 24 horas después de que fuera solicitada por la Asociación Nacional de Municipalidades, a petición de los alcaldes.

El Estado de Calamidad debe ser aprobado por el Congreso de la República, y, con celeridad, el 22 de junio, la aplanadora oficialista sancionó la medida con 111 votos, modificando el decreto para hacerla extensiva a todo el territorio nacional. Pero a los diputados aliados del gobierno no les bastó con eso, sino que, a propuesta del presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, mediante una moción privilegiada, 104 congresistas aprobaron de urgencia nacional los fondos que servirán para financiar la propuesta.

De este modo, el oficialismo modificó el presupuesto 2022 y la Ley de Infraestructura para dotar al Fondo de Emergencia de Q 1 mil millones. Estos fondos fueron desviados de dos ministerios; al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le fueron quitados Q 600 millones que estaban destinados a la compra de vacunas contra el Covid-19; y al Ministerio de Comunicaciones se le restaron Q 400 millones de los Q 3,191 millones que le fueron asignados este año mediante el decreto 21-2022 del Congreso.

En el caso de los fondos del Ministerio de Salud, el desvío de fondos se decidió en un mal momento, ya que el país se encuentra en una quinta ola de contagios, debido al ingreso de una variante de Omicrón más agresiva, aunque menos letal; sobre todo si se toma en cuenta que solamente el 37% de la población tiene dos dosis de vacunas aplicadas, y medio millón de niños y niñas entre 6 y 11 de años están a la espera de una segunda dosis.

Rechazamos la medida adoptada por el gobierno y el Congreso, pues le da vía libre a ministros, alcaldes y diputados a disponer de fondos a su antojo sin controles, beneficiando sus negocios con empresarios, y dotándoles de recursos para hacer campaña en un año preelectoral. Proponemos a las organizaciones populares y sindicales que exijan a las autoridades que hagan bien su trabajo y empiecen a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar los desastres que se producen año tras año; en esto los sindicatos de los ministerios involucrados tiene un importante papel de fiscalización y supervisión.  

Por Ricardo Patzán

La crisis económica internacional, vinculada al conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha provocado un proceso inflacionario global, encarecimiento de granos industriales como trigo, soya y maíz, de los fertilizantes y el alza de los precios del petróleo, está incidiendo significativamente en la economía guatemalteca.

Las autoridades en materia económica ya avizoran un segundo semestre complicado, pues el conflicto Rusia-Ucrania se está prolongando más de lo esperado, y las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia repercuten en alzas constantes en los precios de los combustibles, afectando a países importadores como Guatemala.

El presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT, la banca estatal guatemalteca), Sergio Recinos, declaró que las reacciones en materia de la tasa de interés y la inflación en Estados Unidos y otras economías avanzadas ejercerán presión sobre la economía de Guatemala. De hecho, el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto (PIB) fue recientemente revisado a la baja, de entre un 3.5% y un 5.5% con un escenario base de 4.5%, al 4%; esta tasa es superior al crecimiento del 3.8% al que se tuvo en 2019. Recinos considera que la economía va bien, con un crecimiento de las remesas del 25%, exportaciones dinámicas, créditos al sector privado del 15% y una inflación del 4.62% en abril.

En este punto los trabajadores no coinciden con las expectativas oficiales, pues ya están sintiendo en carne propia los efectos de la inflación. El Instituto Nacional de Estadística publicó el 8 de junio que la inflación a mayo se ubicó en un 5.82%, con una inflación acumulada de enero a mayo, del 3.77%; el ritmo inflacionario ha sido influido, lógicamente, por las sucesivas alzas en los precios de las gasolinas. El costo de la canasta básica alimentaria ascendió a Q 3,234.62 (unos US$ 418) y la canasta ampliada llegó a Q 7,468.53 (US$ 965). La inflación ya superó al rango esperado para este año por el BANGUAT, que es del 3% al 5%.

El 16 de junio el gobierno dio a conocer el Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia-Ucrania, que tendrá un costo de Q 6,741.8 millones, destinado a enfrentar la crisis. Algunos aspectos del plan ya están en ejecución desde hace varios meses, como los subsidios a los combustibles, al gas propano y la energía eléctrica.

Contiene seis ejes, que son: política fiscal, que incluye contención del gasto público, prevenir el desabastecimiento de productos alimenticios e incentivar la inversión física para generar empleo; protección social, creando transferencias monetarias para 15 mil familias en pobreza extrema, ampliación del programa de dotaciones de alimentos, y subsidio temporal a las gasolinas y el gas propano; políticas sectoriales, con la implementación de la reserva de granos básicos, atención a 400 mil familias vulnerables a seguridad alimentaria, apoyo a 300 mil agricultores, activación de contingentes de importación de granos básicos, ampliación de la tarifa social de energía eléctrica; política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, con medidas adicionales de apoyo a la liquidez monetaria y solvencia financiera manteniendo la disciplina fiscal; cooperación internacional, priorizando proyectos de cooperación orientados a la inversión y la generación de empleos. 

Los subsidios y los gastos en infraestructura han sido cubiertos por el saldo de caja por Q 12,800 millones con que el gobierno inició el año, que ya se agotaron. Para el resto del plan, es posible que se haga uso de dos préstamos contemplados por US$ 590 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Los subsidios a los derivados de petróleo no están resultando suficientes para frenar la escalada inflacionaria, pues los precios internacionales están constantemente al alza; además, los recursos con que cuenta el gobierno para subsidiar estos bienes son limitados. Por ello, proponemos que se cree un impuesto especial a las ganancias de los bancos, transnacionales y grandes empresas para financiar estos subsidios y los apoyos directos a la población más necesitada. Además, el gobierno debe implementar una política agresiva de control de precios y evitar la especulación. Pero, sobre todo, los trabajadores debemos iniciar una lucha seria por un aumento general de salarios para enfrentar el deterioro del nivel de vida y los altos precios de bienes básicos. Llamamos a las principales coordinadoras sindicales, Autónomos y Globales, a que establezcan un plan de lucha para presionar al gobierno a incrementar los salarios mínimos como medida extraordinaria ante el alza de precios, e iniciar en cada centro de trabajo revisiones de los pactos colectivos en el tema de salarios.