Por Leonardo Ixim

Se acelera el clima pre-electoral en Guatemala, pese a que el evento se realizará hasta junio del 2023. Varios candidatos se dedican ya a realizar giras en los departamentos del país y a regalar cosas a los potenciales votantes, en una de las prácticas comunes de los partidos burgueses del país como es el clientelismo.

Contexto político

El clientelismo es una relación que ha sustituido a los partidos con más raigambre ideológica, generando clientelas que se aprovechan de las condiciones de subsistencia y extrema pobreza de la población, para generar una masa que se mueve a favor de x o y candidato, ya sea para diputado, alcalde o presidente; con el único compromiso que votar por ellos a cambio de algo que le saca de penas momentáneamente.

Por otro lado, los partidos políticos han iniciado una campaña de proyección en la población bajo la posibilidad legal de campaña de afiliación, algo que les es permitido según las nuevas reformas aprobadas en 2016 a la Ley Electoral de Partidos Políticos, poniendo propaganda llamando a la afiliación, sobre todo en colonias populares de la periférica capitalina y de las ciudades del interior de país.

Ahora, si bien esto es permitido como forma de ir posicionando las figuras partidarias en el afán de detener el desprestigio de estas, la campaña de afiliación es también para ir enfocando políticamente situaciones de las problemáticas nacionales. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), árbitro electoral, ha emprendido procesos legales contra varios precandidatos, pero tenemos el debate de hasta dónde estos realmente han hecho campaña –la cual, con las reformas mencionadas, se limita a tres meses previo al evento electoral- y hasta dónde o qué posiciones podrían ser hechas públicas por los posibles precandidatos.

Sin embargo, un hecho real es que el pleno de magistrados del TSE actual, igual que la mayoría de las instituciones públicas, está controlado por los actores de derecha que han gobernado el Estado, proclives a entronizar en el poder al bloque conservador que ha dirigido en los últimos tres gobiernos, y con el peligro real, tomando de ejemplo Nicaragua, de que limiten los espacios de expresiones críticas o de izquierda a este bloque.

En este marco, les corresponde a los partidos armar sus asambleas municipales, departamentales y nacionales para elegir candidatos a cargos de elección. Esta situación debe ser tomada en cuenta por las izquierdas ante la posibilidad de que veden diversas candidaturas críticas al régimen político; los partidos de izquierda, por su parte, están más preocupados por llenar candidaturas, lo cual repercutirá a la hora de elegir alianzas, y lo que es peor, sin una visión estratégica, considerando que estas nacen por generación espontánea sin un trabajo de base organizativo.

Candidatos y partidos para la próxima contienda

Los candidatos que se mencionan para la próxima contienda electoral en su mayoría pertenecen al arco de los partidos conservadores que han co-gobernado en los últimos dos gobiernos desde el Congreso de la República, toda vez que los partidos de gobierno, primero el Frente de Convergencia Nacional de Jimmy Morales y segundo, el partido Vamos por una Guatemala Mejor (VAMOS), del actual presidente Alejandro Giammattei.

Tenemos a Zury Ríos Sosa, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt, que está postulada por el partido Valor, herencia del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco de su padre; ella tiene impedimento constitucional para presentarse como candidata porque al ser hija de un “caudillo” que protagonizó un golpe de Estado, le tendría vedado este derecho. Sobre esto hay mucho debate jurídico, en torno a si esto viola el derecho a ser electo y asumir responsabilidades por responsabilidades que no son directamente de ella. Con una Corte de Constitucionalidad controlada por las estructuras de poder conservadoras, es casi seguro que su candidatura tendrá el visto bueno de los magistrados de la CC.

Sin embargo, más allá de los debates doctrinarios, tienen que ver los intereses que esta candidatura representa. Es la síntesis de actores reaccionarios que tiene su origen en la que en el siglo pasado se llamó la burguesía burocrática militar, que surgió a partir del control que el ejército tuvo del Estado durante la dictadura y que se ha seguido enriqueciendo a partir del control del Estado en los últimos cuatro gobiernos. Además de encarnar ideológicamente el ethos anti-comunista y enemigo de toda conquista social de la clase trabajadora, esta candidatura representa los intereses de los grupos oligárquicos monopolistas.

Otro personaje que hace ruido es Edmundo Mulet, con el apoyo de algunos otros grupos capitalistas. Este un ex funcionario de las Naciones Unidas, encargado de las operaciones de paz, representante de la interventora Misión de Estabilización de la ONU en Haití, un mecanismo neocolonial para controlar la movilización revolucionaria en ese país. Además, está señalado de que en la década de los ochenta fue parte de estructuras que, con el amparo del ejército, realizaron adopciones ilegales de algunos de niños víctimas de la represión militar. Mulet está organizando su propio partido llamado Cabal.

Una candidatura que genera polémica es la de Sandra Torres, la cual sería su segunda participación si logra inscribir su candidatura. Tras su participación en los comicios anteriores, un grupo de diputados y alcaldes, muchos provenientes de organizaciones de izquierda que fueron fundamentales en el triunfo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2007, se separaron de Torres y están formando el partido Vos. Esto inició un enfrentamiento en varios tribunales por el control de la UNE, hasta que el actual TSE le entregó momentáneamente a Torres el control de ese partido, pero según la reciente resolución de un tribunal de justicia, este partido no puede generar su asamblea general porque no logró formar estructuras departamentales y municipales previamente, lo cual le da nuevas posibilidades al grupo antes mencionado (Carlos Barreda, Orlando Blanco y otros) de recuperar este partido.

Otra candidatura del campo burgués, es la de Roberto Arzú-Granados, hijo del ex presidente Álvaro Arzú, quien ya fue candidato por una alianza de varios partidos en 2019. Ernest “Neto” Bran alcalde del municipio de Mixco, caracterizado por su discurso demagógico y populista; Enrique Degenhart Asturias, ex ministro de gobernación en el gobierno de Morales, por el Partido Unionista, dirigido Álvaro Arzú hijo, el otro hijo del ex presidente Arzú; Juan Carlos Eggenberger, directivo del programa de beneficencia Teletón; Isaak Farchi, ex diputado del extinto FRG y también candidato en 2019 ahora bajo el Partido Azul.

Las candidaturas en el campo del progresismo pequeño burgués

Por el campo de partidos pequeño burgueses, se menciona a Manuel Villacorta, quien fuera candidato por el partido de izquierda Winaq en 2019. Evelin Morataya, actual diputada del partido Bienestar Nacional y ex primera dama en el gobierno de Alfonso Portillo, posiblemente candidata del partido Elefante, formado por Portillo, aunque también se menciona que podría ser candidata del partido Vos. Por el Movimiento Semilla, al actual diputado por ese partido Bernardo Arévalo.

...Y la izquierda reformista

Desde el campo de la izquierda reformista, el partido Winaq, de orientación indigenista, presentó al actual diputado por el Parlamento Centroamericano Amílcar Pop; por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, la ex candidata en 2019 y líder maya Thelma Cabrera, que en la contienda pasada quedó en cuarto lugar. Se menciona además como candidato de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, al juez Miguel Ángel Gálvez, quien ha llevado importantes casos de corrupción contra políticos y empresarios del bloque conservador gobernante y ha sido víctima de campañas de difamación de parte de éste.

Las elecciones son las formas en que los partidos de la burguesía se distribuyen el poder formal del Estado capitalista. La mayoría de estos partidos no cuestionan el modelo económico neocolonial y extractivista vigente; para la izquierda, en su mayoría copada por orientaciones reformistas, cree erróneamente que asumiendo cargos de elecciones lograrán satisfacer las necesidades de los pueblos y de la clase trabajadora; de estas, la que más diseña un programa cuestionador al modelo es el MLP, aunque con una fuerte orientación pequeño burguesa.

Nosotros llamamos a la unidad de las fuerzas de izquierda reformista, a que las candidaturas procedan de liderazgos populares, por medio de un congreso de luchas sociales donde éstas sean dirimidas; que a su vez se tenga claridad en que la estrategia principal es la movilización revolucionaria del pueblo y donde lo electoral es importante, pero como una táctica para desacreditar la política burguesa.

Por Ricardo Patzán

El próximo año 2023 se realizarán elecciones generales en Guatemala. Las estructuras de poder que controlan los gobiernos municipales y departamentales ya se están preparando para agenciarse de fondos para la campaña electoral y para comprar aliados entre los funcionarios locales.

La primera maniobra en ese sentido tuvo lugar el 13 de mayo, cuando la Comisión de Finanzas del Congreso, que es dirigida por las bancadas oficialistas, dio su dictamen favorable a una iniciativa que propone reformar la Ley del Presupuesto 2022, para beneficiar a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), entidades que manejan fondos de inversión para infraestructura y son controlados por alcaldes, gobernadores departamentales y diputados distritales de los partidos oficialistas.

La decisión de la comisión se dio dos días después de que la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM) ovacionara en una actividad al presidente Alejandro Giammattei, quien ofreció más apoyo y recursos a los alcaldes que lo respalden hasta el último día de su administración.

Inicialmente el proyecto de reforma fue presentado a la Dirección Legislativa en abril por los diputados oficialistas Shirley Rivera y Cándido Leal, con el respaldo de las bancadas aliadas. La propuesta reforma dos artículos de la Ley de Presupuesto 2022, eliminando el último párrafo del artículo 41, “Saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo”, y modificando el proceso de fiscalización de obras en los departamentos contemplado en el artículo 82.

Lo que pretende el oficialismo es beneficiar a los alcaldes y gobernadores departamentales para que los fondos que no hayan ejecutado los CODEDES al final del año no regresen al fondo común en las cuentas bancarias del gobierno, sino que los puedan ejecutar el año siguiente.

Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, los CODEDES, tienen asignados 3,035 proyectos por un monto de Q 3,259 millones para 2022. Solamente 586 de estos proyectos han sido iniciados, con un máximo de ejecución del 26%; siete departamentos reportan cero ejecución de los proyectos que tienen asignados. La práctica usual de alcaldes, diputados distritales y gobernadores departamentales ha sido malversar los fondos destinados a proyectos retrasando intencionalmente la ejecución de obras, invirtiendo el dinero en los bancos a plazos fijos para generar intereses que se apropian ilícitamente, una práctica a la que en Guatemala se le llama “jinetear el dinero”; de este modo, la construcción de escuelas, centros de salud, caminos, etc., pasa años sin ejecutarse mientras los funcionarios se llenan los bolsillos con las utilidades que les proporcionan los bancos. La reforma al artículo 41 permitirá a los corruptos mano libre para continuar con estas prácticas.

Otro aspecto de las reformas es eliminar la obligación de documentar mediante grabación digital para que se pueda observar en línea el avance de las obras en el área rural, que ahora será sustituida por simples fotografías. Este cambio en las normas de fiscalización permite el retorno a prácticas fraudulentas, y en los tribunales de justicia se encuentran docenas de casos de obras inconclusas que supuestamente habían sido documentadas mediante fotografías.

El primer intento de aprobar las reformas en el pleno del Congreso se dio el 19 de mayo; sin embargo, la posibilidad de que una manifestación bloqueara las puertas de ingreso y salida del Palacio Legislativo obligó a que se suspendiera la sesión. El miércoles 1 de junio se planteó de nuevo en el pleno la aprobación de la propuesta mediante el decreto 30-2022, y esta vez fue aprobada con 98 votos a favor. Además de la reforma a los artículos mencionados, se aprobó también una enmienda para incluir proyectos de infraestructura (agua, saneamiento, educación, etc.) en apoyo a la Gran Cruzada por la Nutrición, asignando para este propósito Q 290 millones que serán controlados por los CODEDES.

El presidente Giammattei aún debe dar su aval al decreto 30-2022. Las organizaciones empresariales (FUNDESA, Cámara de Industria, CACIF), que no tienen parte en el manejo corrupto de estos fondos, mostraron su descontento con el decreto, pero como mencionamos al inicio, Giammattei tiene alianzas con los poderes locales, y permitirles que manejen a su antojo el dinero para infraestructura es lo que asegura su lealtad, que demostrarán en el proceso electoral 2023.

El pueblo trabajador debe prepararse para enfrentar a estas lacras, de cara a las elecciones del próximo año, presionando a los partidos de izquierda para que construyan una fuerte alianza, proponiendo como candidatos a dirigentes sindicales, campesinos y populares.

Por Leonardo Ixim

En la medida que el movimiento universitario contra el fraude electoral realizado por Walter Mazariegos en las elecciones a rector crece, la administración central de la Universidad de San Carlos (USAC) y el Consejo Superior Universitario, cómplices de las mafias burocráticas que realizaron el fraude, ha aumentado la represión, el amedrentamiento y la intimidación. El movimiento ha ido sumando a sectores docentes, estudiantiles, profesionales y de trabajadores administrativos y de servicio, tanto en los campus de la Ciudad de Guatemala como los de los departamentos,

Se ha realizado una serie de tomas, como el Centro Universitario Metropolitano (CUM) y el Campus Central en la ciudad capital, en varias cabeceras departamentales tales como Centro Universitario de Occidente en la ciudad de Quetzaltenango (CUNOC), el Centro Universitario de Noroccidente en la ciudad de Huehuetenango (CUNOROC), el Centro Universitario de San Marcos en la ciudad de San Marcos (CUSAM), Centro Universitario de Petén en la ciudad de Santa Elena (CUDEP), el Centro Universitario de El Quiche en la ciudad de Santa Cruz (CUSACQ) y el Centro Universitario de Izabal (CUNIZAB) en Puerto Barrios.

En estos centros universitarios, que aglutinan a diversas carreras, se han declararon en asambleas generales, llamando a realizar un paro de labores electoral. En el CUNOC se conformó un Frente Universitario de Resistencia por el Rescate de la Universidad. De igual forma, en varias unidades académicas del campus central como Agronomía, Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Química y Farmacia, Ingeniera, Historia, Ciencias Políticas, Arquitectura, Trabajo Social, Centro de Estudios del Mar; los diversos sectores de estas unidades se asumieron en paro general. Así también en Ciencias Médicas y Psicología (que se encuentran el CUM) se sumaron; por su parte, en grandes unidades académicas como Ciencias Económicas y Derecho, controladas por estas mafias, se manifestaron una variedad de grupos, llamando a conformar en todas estas unidades, un Frente Unido para el Rescate de la Universidad, al cual se sumó la recién creada Asamblea Permanente

En estas distintas unidades académicas han sido, como se menciona, por un lado asambleas de estudiantes quienes han incidido en las asociaciones –quienes a su vez conforman el Consejo Consultivo de la Asociación de la Estudiantes Universitarios- el cual a partir de la pandemia y la ausencia de clases presenciales después del fracaso de la realización de elecciones cuentan con poca representatividad, pero conformaron una articulación llamada La Trinchera, a la cual se sumó el principal sindicato de trabajadores, llamando a ser parte de este Frente Unido por la Rescate de la  Universidad.

 Los docentes se han movilizado por medio de asambleas de claustros, sumándose al paro y a este frente único. A su vez, los trabajadores administrativos y de servicios, por medio del Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC), como se mencionó, se sumaron a esta alianza con las asociaciones estudiantiles, han formado parte de la movilización y tomas, sumándose al frente; en la Facultad de Odontología estos han realizado una asamblea general de base, ejemplo que se debería replicar. Por su parte, los profesionales se han ido aglutinado en grupos independientes,  ante el control que las mafias tienen en la mayoría de las juntas directivas de los colegidos profesionales.

Además, se ha denunciado que desde la Dirección General de Administración (DIGA), dirigida por una burócrata llamada Wendy López Dubon, quien llamó impunemente a votar por Mazariegos, a través de los listados del personal universitario, se han mandado mensajes intimidantes para que docentes y trabajadores no se suman a las movilizaciones, aduciendo falsamente que un paro afectara sus intereses sectoriales.

De igual forma, ha habido acciones de criminalización desde la DIGA y la Dirección de Asuntos Jurídicos, dirigido por Luis Cordón Lucero, contra los estudiantes Kenya Urrutia, Edmar Arriola, Jorge Ascencio, Diego Plutarco, Samuel Pérez, Naomi Valdez, Cristopher Morales, así como el intento de secuestro de la estudiante del CUNOC Leslie Vázquez.

Consideramos oportuno ir materializando los frentes contra el fraude por medio de acciones tales como marchas en las distintas cabeceras departamentales, así como detener las actividades el inicio del nuevo semestre para ejecutar el paro, pues el presente está finalizando. De igual forma, con las acciones de criminalización, es importante hacer la denuncia nacional e internacional y armar una red de defensores legales de derechos humanos.

Por Armando Tezucún

El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei se ha caracterizado, entre otras cosas, por su carácter irascible, propenso a exabruptos y a expresar opiniones sin haber meditado previamente sus consecuencias. El episodio más reciente en que exhibió estos atributos lo puso en aprietos con los Estados Unidos y el gobierno demócrata de Biden.

El 26 de mayo la Fundación Heritage publicó en su página web un artículo firmado por Mike González y Mateo Haydar, titulado “La administración Biden aplaca a los enemigos latinoamericanos mientras golpea a los amigos estadounidenses”. Esta fundación, creada en 1973, expresa los intereses de la extrema derecha estadounidense, vinculada al Partido Republicano.

En el artículo en cuestión, los autores se quejan de que, mientras el gobierno estadounidense apretó las sanciones contra la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras luego de que fue reelecta por el presidente Giammattei, aflojaba las sanciones económicas contra la dictadura “marxista” de Venezuela y aumentaba los servicios consulares, el turismo y las remesas hacia Cuba.

El artículo refiere que el 26 de abril los autores se reunieron con el mandatario Giammattei en el palacio presidencial en Guatemala, y éste les presentó una serie de quejas en el sentido de que la administración Biden ha estado tratando de desestabilizar su gobierno durante meses; acusó al embajador gringo William Pop, de reunirse con líderes indígenas para derrocar su gobierno; dijo que la administración Biden está tratando de introducir en Guatemala el multiculturalismo que promueve junto a sus aliados en Estados Unidos. “Giammattei dijo que la razón por la que la administración celosamente pro-aborto de Biden desprecia a su gobierno es que es inequívocamente pro-vida … Giammattei nos dijo que ya decidió pedir a la USAID (Agencia internacional para el Desarrollo) abandonar Guatemala por su promoción del indigenismo. Una revisión de los programas de la USAID confirma que la agencia está fuertemente orientada a trabajar con grupos indígenas y otros grupos de activistas de izquierda y organizaciones no gubernamentales…”(https://www.heritage.org/americas/commentary/the-biden-administration-placates-latin-american-foes-while-pummeling-american).

Las imprudentes declaraciones de Giammattei desataron un natural revuelo. A través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se confirmó la reunión con González y Haydar, evadiendo el tema de la USAID y culpando al proceso de traducción por la interpretación fuera de contexto de los términos expresados por Giammattei. El 28 de mayo la embajada de Estados Unidos publicó, en su defensa, un detalle del apoyo que la USAID ha brindado a Guatemala desde 2020, a través de programas que reducen la pobreza, promueven el crecimiento económico y la creación de empleo, la salud, educación, la seguridad alimentaria y la protección al medio ambiente. El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, eludió prudentemente el tema ante los periodistas diciendo “estamos trabajando de lleno con la Embajada, estamos trabajando con los equipos para priorizar y establecer cuáles son los programas más eficientes que necesitamos en esta nueva crisis” (Prensa Libre 30/05/2022).

Finalmente, el 3 de junio ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta anunciando la continuidad de los proyectos que tienen el apoyo de la USAID: “este compromiso se demuestra con la activa negociación, desde agosto de 2021, sobre el Convenio de Cooperación de Objetivos de Desarrollo para los próximos cinco años, realizando talleres interinstitucionales de armonización de la cooperación a los instrumentos de planificación y políticas públicas nacionales” (Prensa Libre 03/06/2022).

Más allá de la peculiar personalidad del presidente Giammattei, el incidente desatado por sus desafortunadas declaraciones, refleja las incómodas relaciones entre el gobierno demócrata de Biden, que se esfuerza por impulsar sus políticas anticorrupción y sus programas para frenar la migración, por un lado, y el gobierno guatemalteco, que indudablemente representa los intereses de las estructuras empresariales, militares y criminales que manejan el Estado a su antojo y han dado un giro decididamente autoritario al régimen, por el otro. Imaginamos el jalón de orejas que recibió Giammattei tanto de parte de los poderes guatemaltecos como de los estadounidenses por sus desvaríos, pero es un hecho que Biden tiene que tolerar a un aliado desagradable, y, como ya hemos afirmado, sus programas de ayuda poco podrán lograr porque su gobierno no está dispuesto a enfrentar a la oligarquía guatemalteca, que además es socia estrecha de las corporaciones y multinacionales que controlan el aparato estatal de Estados Unidos.

Por Ricardo Patzán

El lunes 9 de mayo el gobierno llevó a cabo un demagógico acto oficial en el cual se anunció el traslado de 695 trabajadores del Ministerio de Salud que se encuentran trabajando por contratos temporales, al reglón 011, como personal permanente. Los principales funcionarios presentes, el ministro de salud, Francisco Coma, y el presidente de la república, Alejandro Giammattei, hicieron gala de hipocresía y se dieron golpes de pecho, al reconocer la injusta situación en la que han laborado durante años miles de trabajadores públicos del sector de salud.

Una de las políticas implementas por los sucesivos gobiernos neoliberales, alentados por los organismos financieros internacionales, para adelgazar el Estado y ahorrar recursos, ha sido el reclutamiento de trabajadoras y trabajadores mediante contratos temporales que no les reconocen las prestaciones sociales, como aguinaldo, bono 14, derecho a atención en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, derechos de suspensión por maternidad, accidentes, etc. A esta situación de total desprotección se suma la incertidumbre de los compañeros sobre la renovación de sus contratos, y la retención de sus salarios durante meses al inicio del período de contratación.

El ministro Coma reconoció que cerca de 36 mil compañeros salubristas se encuentran en esta lamentable situación, contratados bajo el renglón 029, agregando que el presente año serán trasladados al menos 11,400 al renglón 011. Coma declaró: “Como muy bien lo dijeron, desde el punto de vista humano es válido y reconocemos este esfuerzo y esta lucha que ustedes hacen, creo que es algo que se merecen porque no es posible que más de 36 mil colaboradores están sin disfrutar de prestaciones y sobre todo de los derechos que les corresponde como un acceso a la Seguridad Social” (Prensa Libre 09/05/2022). Las primeras plazas beneficiadas corresponden al área profesional y técnica.

El presidente Giammattei, por su parte, señaló que estos traslados son posibles gracias a la asistencia de la Oficina de Servicio Civil y el acompañamiento del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), cuyo secretario, Luis Alpírez, se hizo presente en la actividad. Para neutralizar las luchas de los trabajadores, los gobiernos burgueses recurren a buscar el apoyo de dirigentes sindicales y de organizaciones populares, haciendo tratos bajo la mesa con ellos bajo la mesa y beneficiándoles con prebendas y dinero. Lamentablemente este es el caso del SNTSG, que pertenece al Frente Nacional de Lucha, organización que en tiempos pasados tuvo importante beligerancia en las luchas populares, pero que al menos desde el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) empezó a figurar como aliado de los gobiernos burgueses, apareciendo en actos públicos de la mano de Pérez Molina, su sucesor Jimmy Morales y ahora el nefasto Giammattei.

El demagógico mandatario reconoció que ha mantenido diálogos secretos con Alpírez, quien ha visitado asiduamente la Casa Presidencial, logrando “…el inicio del fin de este desorden administrativo que ha perjudicado a los trabajadores de esta institución” (La Hora 09/05/2022).

Lo que no mencionaron Giammattei y Coma, es el papel que ha jugado el combativo Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores salubristas. Desde el inicio de la pandemia los compañeros han estado realizando continuas luchas por el derecho de los 36 mil trabajadores al traslado al renglón 011. La acción más reciente fue el plantón que efectuaron frente al Congreso de la República a partir del 3 de mayo, que duró al menos una semana.

Desde su cuenta de Facebook los compañeros han estado denunciando ataques y amenazas en su contra de parte del SNTSG y el ministerio; que las plazas otorgadas el 9 de mayo ya habían sido creadas desde hace años y estaban vacantes, y que las autoridades del ministerio no tienen intención de crear nuevas plazas presupuestas; que el año pasado el presupuesto del ministerio fue ampliado por más de Q 1,800 millones, para que se pudieran crear las 36 mil plazas, pero supuestamente solo se crearán 11,400; que los 695 traslados son para allegados al SNTSG. Los compañeros recordaron que el artículo que fue incluido en el presupuesto, que estipula el traslado de plazas fue producto de las luchas del sindicato, al igual que los bonos de riesgo por Q 860 y Q 2000.

Llamamos a los compañeros trabajadores y trabajadores de la salud a que estén alertas contra las maniobras del ministro Coma y que hagan valer sus derechos a la protección social total por medio de plazas 011. Animamos a los compañeros sindicalizados en el SNTSG a que rechacen los compromisos y componendas de sus dirigentes con el gobierno y sepan reconocer quién verdaderamente defiende sus intereses.

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