Por Úrsula Coj

El 21 de octubre, con 107 votos, se eligió la nueva Junta Directiva para el año 2021 en el Congreso de la República, quedando el actual presidente Allan Estuardo Rodríguez Reyes del partido oficialista Vamos por una Guatemala Mejor (VAMOS) como presidente del Órgano Legislativo, por un año más.

Nuevamente las fuerzas de derecha y extrema derecha que han gobernado al país en los últimos 10 años se aseguran mantener este órgano del Estado. La Junta Directiva, además de Rodríguez, está conformada en las vicepresidencias: Sofía Hernández de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Luis Rosales del partido Valor y Armando Castillo de la bancada Visión con Valores (VIVA).

En las secretarias quedan: Carlos López de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Rudy Pereira del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Douglas Rivero del Partido Humanista Guatemalteco (PHG) y Jorge García Silva de Prosperidad Ciudadana (PC). Los cambios se dan porque Felipe Alejos de Todos queda afuera; esta bancada no votó por la nueva junta directiva a excepción del diputado Jorge Ubico.

Esta alianza, con algunos cambios, es la que ha permitido en las dos últimas legislaturas y desde el gobierno anterior, al bloque de fuerzas de derecha controlar esta instancia. Sin embargo, se registraron algunos cambios, como el hecho que el partido Todos se haya desligado; recordemos que este partido es cercano a personajes mafiosos que ocupan posiciones de poder en las cortes en el Organismo Judicial, y esta vez se ausentaron del pleno.

Votaron a favor, la UCN, un armado cercano a ex militares y personajes ligados al narcotráfico; el FCN-Nación, partido del ex gobernante Morales, también conformado por ex militares. EL PHG de reciente participación, una expresión ligada al extinto Frente Republicano Guatemalteco, del ex dictador acusado por crímenes de genocidio, Efraín Ríos Montt. PC, de sectores que se han enriquecido desde el manejo de la administración municipal, especialmente su ex candidato presidencial Edwin Escobar. VIVA, un partido con posturas fundamentalistas evangélicas conservadoras. Votó a favor, además, la bancada de Podemos con un solo diputado, partido que fue conformado por ex integrantes del desaparecido Partido Patriota.

La UNE, por su parte, desde el inicio de esta legislatura se ha dividido entre un sector cercano a la ex candidata presidencial Sandra Torres, quien ha apoyado al gobierno actual y metido piezas dentro de la Junta Directiva y la otra fracción que no votó, sino que sus integrantes se ausentaron del pleno. Bienestar Nacional, asimismo dividida entre una facción que ha votado y apoyado al oficialismo y otra dirigida por la ex primera dama del gobierno de Alfonso Portillo, Evelyn Morataya, que ha sido de oposición; en esta ocasión varios de sus diputados se ausentaron.

Lo mismo la bancada del Partido de Avanzada Nacional con dos diputados, uno votando a favor y otro con licencia quien no votó. Igual que el partido Victoria, ambos de derecha votando divididamente o ausentándose. Por su parte, del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), cercano a posiciones modernizantes de la oligárquica varios diputados votaron a favor y otros se ausentaron o tenían licencias; anteriormente estos se habían sumado al bloque opositor. El Partido Unionista del clan de los Arzú, quien ha sido aliado al oficialismo, esta vez se desligó ausentándose del hemiciclo

En tanto que un diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Pedro Saloj, en total descaro votó a favor de la Junta Directiva, aduciendo espurios beneficios para obras sociales en su departamento, Sololá. Esto y otras acciones de los últimos meses, demuestran la deriva oportunista de las izquierdas.

En tanto que la fracción opositora de la UNE, encabezada por los diputados Orlando Blanco y Carlos Barreda, denunció al gobernante y sus operadores políticos de incidir en la conformación de esta nueva Junta Directiva comprando votos y ofreciendo obras en los municipios de origen de los legisladores.

Votaron en contra, diputados de los partidos Bienestar Nacional, Victoria, Movimiento por la Liberación de los Pueblos, URNG, Movimiento Semilla y Winaq.

A pesar de la dispersión de los diputados en 19 bancadas en el legislativo, la extrema derecha y el gobierno de Giammattei lograron asegurarse un año más de control del Congreso, comprando votos. La oligarquía, los militares y el crimen organizado se aseguraron por otro año este poder del Estado para apuntalar su proyecto de endurecer el régimen político. Las organizaciones sindicales, campesinas y populares, debemos responder con el fortalecimiento de la unidad en la acción y movilizarnos en torno a un programa de reivindicaciones democráticas y sociales.

Por Ricardo Patzán

El problema del transporte público en la ciudad de Guatemala ha sido un tema explosivo por largos años. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2018 el Área Metropolitana de la capital (que incluye ocho municipios) contaba con 5,103,685 habitantes, para los cuales los distintos gobiernos municipales, en manos de partidos de extrema derecha, no han logrado solucionar la problemática. En septiembre de 1985 el alza en el pasaje de los buses urbanos provocó una gran oleada de protestas en los barrios populares, que adquirió por momentos un carácter semi insurreccional.

En la actualidad la ciudad cuenta con tres tipos de líneas de líneas de transporte colectivo. El Transmetro, administrado por la municipalidad de Guatemala, inaugurado en 2007; cuenta con unidades modernas, paradas propias con andenes resguardados, seguridad y el pasaje tiene un costo subsidiado de Q 1.00. El Transurbano, línea creada en 2010 con empresarios que decidieron mejorar el servicio prestado en acuerdo con el gobierno; el cobro opera mediante tarjetas inteligentes prepago (que no siempre descuenta la misma cantidad a los usuarios), ofrece seguridad y paradas propias. Los buses rojos, son la línea más antigua, que gozó de subsidio estatal durante décadas hasta 2015, sin entregar cuentas claras del uso de los fondos; cuenta con las unidades en peor estado, pésimo servicio a los pasajeros, cambian la tarifa a capricho, sus buses son víctima de gran número de asaltos a diario y del pago de extorsiones semanales por parte de las pandillas y maras.

A partir de marzo el gobierno suspendió el transporte público debido a la emergencia sanitaria. A pesar de la reactivación de actividades económicas a partir de julio y la suspensión del Estado de Calamidad en septiembre, el transporte público urbano aún no circula regularmente. La excepción es la línea del Transmetro, que ya habilitó sus rutas implementando medidas sanitarias adecuadas y manteniendo el cobro de Q 1. Las empresas privadas de transporte no se ponen de acuerdo con las autoridades; después de siete meses sin operar, deben invertir en la adopción de medidas higiénicas como toma de temperatura y aplicación de alcohol en gel a los pasajeros, desinfección de las unidades, etc., lo que implica un gasto que pretenden cubrir con el aumento del pasaje.

La línea del Transurbano ya realizó pruebas en algunas de sus rutas, cumpliendo con las medidas de seguridad, pero cobró a los pasajeros Q 5, en vez de los Q 2.5 que estaba previsto, sin autorización de las autoridades municipales. En el caso de los buses rojos, la Procuraduría de Derechos Humanos realizó visitas a tres predios de la capital, para verificar el estado de las unidades, constatando que una gran cantidad de buses, de los cerca de dos mil que deberían empezar a circular, no están en condiciones de prestar el servicio. Todavía no hay fecha para que reanuden el servicio, pues los transportistas deben garantizar eficiencia, medidas de bioseguridad, instalación de GPS y sistema prepago, pero los empresarios no tienen los recursos para reacondicionar las unidades. El principal obstáculo es la determinación del precio del pasaje, pues los costos de operación subirán y la Municipalidad no quiere autorizar un incremento. El otorgamiento de una subvención tendría que ser presentado al Congreso mediante una iniciativa de ley, pero todavía no se ha definido una ruta para presentarla.

Otro problema es la falta de personal y recursos de las autoridades municipales para controlar que en efecto las unidades de transporte cumplan con las medidas sanitarias, la cantidad permitida de pasajeros y que no cobren más del precio autorizado; la forma irregular y caprichosa en que han operado los buses rojos durante años obligan a que la supervisión sea necesaria, de lo contrario se correría el riesgo de que sean fuente de contagio.

Los pequeños y medianos empresarios del transporte colectivo necesitan urgentemente una solución, de lo contrario irán a la quiebra y la población trabajadora será afectada. Una de las soluciones viables sería que los pasajeros reciban un subsidio para pagar un incremento del pasaje que permita a los transportistas implementar las medidas sanitarias exigidas, en vista del mal manejo del subsidio entregado a los transportistas en el pasado. Sin embargo, el desempeño satisfactorio de la línea del Transmetro es muestra de que el servicio funcionaría mejor si fuera una inversión y administración estatal. Esta solución debe ir acompañada de la supervisión y control por parte de los trabajadores involucrados, así como de las organizaciones sindicales, campesinas y populares; esto para evitar que se den los usuales malos manejos, negocios, sobrevaloraciones y estafas que acostumbran hacer los empresarios y los funcionarios públicos.

Por Armando Tezucún

Desde hace varias semanas la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, ha entrado a una grave situación de parálisis, que mantiene detenida la toma de decisiones sobre varios casos importantes que sus integrantes deben conocer. La ausencia de tres de los magistrados de la CC, y la no elección de sus sustitutos, tiene dividido al mundillo político del país, en cuanto a si la corte puede integrarse o no sin ellos, y las posturas reflejan por supuesto diversos intereses; los mismos magistrados en ejercicio de sus cargos no logran ponerse de acuerdo en el tema.

En el año 2018, María Consuelo Porras, magistrada suplente electa por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejó su cargo al ser nombrada jefa del Ministerio Público por el entonces presidente Jimmy Morales, quedando sin reemplazo desde ese año. En julio de 2018 la CSJ nombró como magistrado suplente en sustitución de Porras a Conrado Reyes, pero esta decisión fue revocada por la CC dando curso a un amparo que recordaba que Reyes fue señalado en 2010 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de estar involucrado en estructuras criminales de abogados que hacían adopciones ilegales y narcotráfico. El 25 de septiembre recién pasado la CC dictó la suspensión definitiva del nombramiento de Reyes, quedando vacante el cargo.

En septiembre falleció el magistrado titular Bonerge Mejía, nombrado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); este cuerpo aún no ha decidido cómo procederá a elegir su reemplazo, en vista de las dificultades presentadas por la emergencia sanitaria para efectuar reuniones.  Ha sido sustituido temporalmente por su suplente María Cristina Fernández. Desde el 9 de julio el magistrado titular Neftaly Aldana se encuentra gravemente enfermo e imposibilitado de asumir sus responsabilidades; Aldana fue electo por la CSJ, y su suplente era María Consuelo Porras, la actual Fiscal General. La CSJ debería nombrar a un nuevo magistrado titular y un nuevo suplente, pero la CC primero debe decidir si la gravedad del estado de salud de Aldana amerita que se declare vacante su puesto o no.

En ausencia de estos tres magistrados, la CC aún puede reunirse, pues un pleno ordinario necesita la presencia de cinco de ellos, y para conocer inconstitucionalidades el pleno debe reunir siete integrantes, que se pueden completar con los suplentes. El nudo del problema es que los magistrados de la CC han estado divididos en dos bloques. Un grupo que respaldó las decisiones de la CICIG, han detenido procesos impulsados por los sectores más corruptos del Congreso y el ejecutivo y han tomado decisiones en defensa del Estado de Derecho; entre ellos están la actual presidenta de la CC, la titular Gloria Porras, el titular Francisco Mata, el titular fallecido Bonerge Mejía y el convaleciente titular Neftaly Aldana. Ellos han sido objeto de ataques de parte de los grupos de derecha del Congreso y la CSJ, y sus decisiones ignoradas por el expresidente Jimmy Morales. El otro grupo ha manifestado afinidad por el expresidente Morales y el actual mandatario Giammattei, así como por los sectores de derecha del Congreso y la sociedad civil; en este bando se encuentran la titular Dina Ochoa y los suplentes Henry Comte y María de los Ángeles Araujo.

Con la ausencia de tres magistrados el equilibrio de poder se ha roto en la CC, y el nombramiento de sus reemplazos es ahora clave para que esta corte se ponga del lado de los poderes corruptos y de extrema derecha, incluso seis meses antes de que los actuales magistrados dejen sus cargos en 2021. La CSJ, controlada por los intereses más oscuros y antidemocráticos, debe nombrar a un magistrado suplente y un titular (si Aldana es suspendido de su cargo por enfermedad); y el CANG, nido de intereses dudosos de todo tipo, debe nombrar un titular.

Por ahora los conflictos se centran en la decisión sobre el cargo de Aldana. El grupo de Ochoa, Comte y Araujo sostiene que la CC no puede sesionar si no se toma una decisión al respecto; las cámaras empresariales de azucareros, industriales y agroexportadores presionan en ese sentido y lo mismo opina el presidente Giammattei.

La complicada situación de la CC refleja el defectuoso sistema de elección de magistrados en el Estado guatemalteco, que permite que sea penetrado por los intereses del gran capital y los poderes del crimen organizado. Por ello nuestra propuesta es que los funcionarios de la CC, así como los de la CSJ y Cortes de Apelación sean electos democráticamente por el pueblo, mediante voto libre y directo; de igual manera, deben poder ser destituidos y revocados en cualquier momento por decisión popular, en casos actos de corrupción comprobados.

Por Abelardo de la Torrente

Una vez levantado el Estado de Emergencia debido a la pandemia del COVID-19 en Guatemala, se registró una nueva caravana de migrantes hondureños conformada por tres mil personas, que pretendía entrar al país el uno de octubre por la frontera de El Corinto, en el departamento de Izabal y la de San Pedro Sula, en Honduras.

De hecho, la caravana se conformó en esta importante ciudad del norte de Honduras y pretendía movilizarse por el norte de Guatemala hacia el departamento de Petén y pasar por el punto fronterizo de El Ceibal con México sobre el río Usumacinta, un sitio poco vigilado por las autoridades debido a su situación geográfica, un territorio selvático

Sin embargo, la reacción de los gobiernos, tanto guatemalteco como el mexicano, mostró su claro desprecio a la clase trabajadora hondureña y centroamericana, agobiada por la violencia y la pobreza; y su disposición a ceder ante las presiones del imperialismo estadunidense. Como es sabido, en la retórica racista de Trump, necesita cerrar el paso a la migración procedente del sur del Rio Bravo.

Pero que también responde a los intereses de la burguesía gringa de controlar la cantidad de mano de obra que entra a ese país. En ese sentido, Trump firmó el acuerdo de tercer país seguro con el anterior gobierno de Morales, acerca el cual Giammattei aseguró que iba a ser revisado, pero en los hechos continúa la tarea impuesta por Washington.

Similar caso es con el gobierno “progresista” de Andrés Manuel López Obrador, que, pese a no firmar ningún acuerdo en ese sentido, de igual manera en los hechos usa la recién creada Guardia Nacional (GN), un cuerpo militarizado de seguridad pública para perseguir y actuar como barrera sur de Estados Unidos.

López Obrador, una vez asumió el cargo, dijo que su gobierno permitiría el libre tránsito por el territorio de mexicano; sin embargo, debido las presiones y negociaciones en torno a ese tema y otros como el Tratado de Libre Comercio, AMLO terminó bajándole la cabeza al racista Trump.  Así, pese a hacerse de la vista gorda con la entrada de las primeras caravanas, la última previa al inicio de la cuarentena por la pandemia en enero de este año fue reprimida violentamente por la GN, en el punto fronterizo entre Ciudad Hidalgo en México y Tecún Umán en Guatemala.

Con respecto a esta nueva caravana, la actuación del gobierno guatemalteco fue congruente con su política represiva. En Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo 18-2020, imponiendo un Estado de Prevención en los departamentos de Izabal, Peten, Chiquimula, Zacapa y El Progreso situados en la ruta de entrada de la caravana, usando como excusa que eran un peligro sanitario. Estas medidas son instrumentos que limitan las libertades y los derechos básicos; en lo que va de su corto gobierno, Alejandro Giammattei ya emitió varios, lo que deja ver el sello de esta administración y el papel que la burguesía y el imperialismo le asignan, en función de la crisis capitalista mundial.

Esta Crisis golpea en Centroamérica fuertemente, siendo los gobiernos de la región incapaces de atender las necesidades básicas de su población. Mientras que, a las clases dominantes, incapaces de generar proyectos de nación, les queda ser apéndices de las potencias mundiales y de ser elites parásitas, totalmente incompetentes para generar inversión productiva. De ahí que emerjan y se agudicen problemáticas como la migración forzada por motivos económicos y sociales, así como las pandillas, la pobreza, etc.

Las acciones de los gobiernos centroamericanos contra la migración pasan por alto el tratado de libre movilidad CA-4, firmado por los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que realmente ha sido lo único funcional de los procesos de integración. Además, pone en entre dicho toda la institucionalidad centroamericana que poco ha coadyuvando al avance del proceso de integración, a excepción de la unión aduanera que es de interés para las burguesías, aunque su avance es lento.

Al final la caravana fue disuelta y la mayor parte de migrantes obligados a regresar a Honduras. Nosotros los Socialistas Centroamericanos, que le apostamos a la unificación socialista centroamericana, reivindicamos la libre movilidad de todas y todos los centroamericanos sin restricción, por el territorio de la región. Exigimos a estos gobiernos no limitar ese derecho. Así mismo reclamamos el derecho de las y los trabajadores de la región a migrar hacia el norte, sin los graves riesgos que afrontan en el territorio mexicano, cuyo gobierno actúa como perro guardián de los gringos, y rechazamos el trato brutal que reciben de las policías fronterizas en Estados Unidos.