Por Leonardo Ixim

En las últimas semanas, el Colectivo de Estudiantes Universitarios (CEU), el Frente Estudiantil Robín García (FERG), junto a colectivos estudiantiles organizados del campus central de la Universidad San Carlos (USAC) y de varios centros regionales de la universidad, han realizado varias acciones de protesta. Esto, ante la negativa del Consejo Superior Universitario (CSU) órgano de dirección y administración de la universidad, a iniciar un diálogo serio sobre el destino de fondos vitales para el desarrollo académico del alma mater.

Entre las acciones importantes, ha habido piquetes y tomas de calles en frente del Congreso de la República, donde los diputados se aprestaban a aprobar las modificaciones al préstamo por Q120 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobado en marzo de 2019 por el Organismo Legislativo (Decreto 3-2019).

A pedido del rector Murphy Paiz Olimpo, el convenio con el Bcie se ha modificado. Pese a la suspicacia inicial y cuestionamientos de algunos congresistas, la mayoría de bancadas se prestan a las intenciones no muy claras de la burocracia administrativa que dirige la U, que desea la aprobación de estas modificaciones para disponer a su antojo del destino de los fondos. Para eso se derogó el artículo cinco del decreto en mención, por medio del Proyecto de Ley 5814. Se está a la espera de su aprobación total, la cual tiene debe pasar tres lecturas, habiendo sido aprobada por el momento en primera lectura.

Sobre las acciones de hecho

Ante esta situación, estos colectivos estudiantiles tomaron el 10 de septiembre el edificio de rectoría ubicado en el campus central, al sur de la Ciudad de Guatemala; y recientemente estudiantes procedentes de centros universitarios de otros departamentos tomaron el edificio de la Dirección General de Administración (DIGA), una costosa obra ubicada también en el campus central. Allí los compañeros fueron agredidos por guardias de seguridad, que tuvieron el respaldo de algunos trabajadores, quienes manifiestan sus intereses erróneamente plegados con la burocracia y no el estudiantado.

Por supuesto -y esta es una opinión que siempre hemos manifestado sobre las tomas- estas son acciones defensivas, las cuales deben generar cierta acumulación y pasar a otras tácticas de lucha. Pero, en las condiciones actuales de una casi total inactividad en la universidad, debido a la pandemia, la táctica en mención tiende a un mayor desgaste; por ejemplo, no hay estudiantes a quien comunicar las demandas

Los colectivos nacen del seno estudiantil y su fundamento es el estudiantado. Pero lo que se observa en ellos y en la misma Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) -que además ha tomado una postura confusa sobre el préstamo-, es que no existe una conexión real con el sentir estudiantil. Por supuesto que se alega (y es real esta situación) el adormecimiento de las y los estudiantes, sin embargo, la gran tarea es vincularse a las necesidades concretas, las cuales parten de lo académico En este caso, en que se cuestiona el uso de los fondos producto de este préstamo, el problema se cierne a cuánto se destinará para la inversión y al funcionamiento, para operativizar los tres pilares de la universidad: docencia, extensión e investigación.

Al final, el CSU envió el pasado 18 de septiembre a dos funcionarias a dialogar, pero éstas mostraron una actitud prepotente y parecían no tener fuerza para asumir decisiones. Las y los estudiantes exigen que el rector de la cara, mientras este se esconde en sus funcionarios de segundo nivel, por ende, la toma sigue, con las consecuencias señaladas anteriormente.

El CSU por su parte, manipuló la información diciendo que en las instalaciones de la DIGA se encontraban unos tanques de oxígeno destinados a pacientes de COVID-19 (un lugar no adecuado para mantenerlos) y que los estudiantes se negaban a entregarlos. Esta situación fue desmentida por los colectivos, quienes no obstruyeron el uso de los tanques.

Por otro lado, las autoridades desinforman en torno a equiparar dos acciones distintas: una, la solicitud de información que está respaldada en la Ley de Acceso a la Información, la cual los colectivos estudiantiles solicitaron con respecto a la forma de ejecución del préstamo; con la acción de protesta como es la toma de edificios. Además, amenazan con el uso de protocolos represivos en el marco una comisión creada supuestamente para dialogar, haciendo un burdo llamado en ese sentido, sin garantizar que no se tomarán represalias contra las y los estudiantes que protagonizan las tomas.

Las políticas en torno al préstamo

La naturaleza de este préstamo, como ya escribimos en el número pasado, denominado “Tercera Etapa de Programa de Inversión, Infraestructura, Maquinaria y Equipo”, tiene un desglose mayor para infraestructura, el cual se usará sobre todo para construcción y con ello, hace su aparición el negocio de empresas ligadas a funcionarios de la burocracia universitaria. Además de un mayor aporte a las funciones administrativas, asignándoles a la DIGA el porcentaje mayoritario, por encima de las direcciones de docencia, extensión e investigación, cuyo eje central es la inversión para mejoras académicas

Por otro lado, con las reformas al artículo mencionado, la asignación se concentra en las facultades quienes históricamente han sido las más beneficiadas de la universidad, en detrimento de las escuelas no facultativas -en su mayoría de ciencias sociales- y los Centros Universitarios ubicados en diversos departamentos, a los cuales apenas se destina el 33 por ciento; para el de San Marcos y el de Quetzaltenango (los mas grandes) se destina una mayor asignación (María Armas, Revista de Centroamérica, numero 4; agosto-septiembre de 2020). Este tipo de unidades académicas no tienen representación en el gobierno universitario, es decir el CSU, a diferencia de las facultades, que sí están representadas.

La política seguida por los colectivos estudiantiles, de carácter principista, ha sido cuestionar el endeudamiento, y el hecho de que el Consejo Superior Universitario no exige al gobierno el 5 % de los ingresos fiscales, que le corresponde a la universidad pública según el artículo 81 de la Constitución Política. Sin embargo, dada la correlación de fuerzas, el CEU y los demás colectivos han planteado además que, de aprobarse el préstamo, no se derogue el articulo 5 en mención, relacionado a la descentralización de la ejecución; así como el destino para los centros universitarios departamentales de no menos del 55 % y a las escuelas no facultativas el 14 %. En respaldo a estas peticiones se han sumado colectivos estudiantiles de los centros de El Progreso, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula, El Petén, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Jalapa y el Instituto Tecnológico del Sur.

Por su parte, el Secretariado General de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) asume la postura de crear un marco de negociación para promover la descentralización una vez aprobadas las reformas del préstamo, a diferencia del CEU y los colectivos departamentales, quienes abogan por que, en caso de que sea aprobado, se mantenga el Plan Global de Inversiones original donde se prioriza una mejor asignación de fondos a los departamentos y las escuelas no facultativas. AEU tampoco logra concitar la participación de los entes representativos estudiantiles de los centros universitarios departamentales.

Por último, para el CEU, FERG y los demás colectivos, es vital la derogación del articulo ocho del decreto que reforma el préstamo, porque busca condicionar la ejecución de los fondos al proceso de reforma universitaria, proceso que, por su parte, esta empantanado en una serie de mecanismos poco participativos. La reforma universitaria, de implementarse tal como está, sería la oportunidad para los actores que pretenden continuar con el proceso de privatización de la universidad estatal. Además, otro de los factores en torno a exigir la derogatoria de ese artículo, es el hecho de que implica una interferencia y violación a la autonomía universitaria.

Construir alianzas para la lucha

La lucha emprendida por los colectivos es fundamental para garantizar el derecho a la educación pública superior y poner límites a la intención de privatizarla, lo cual se refleja entre otras cosas, en la usurpación de la burocracia administrativa. Esta lastimosamente existe por los privilegios excesivos que se generan en los estamentos docentes y profesionales.

Por otro lado, son los elementos conscientes del estudiantado, junto a actores en los otros sectores, quienes deben promover el derecho a la educación superior. Para ese cometido es importante lograr que el estudiantado intervenga en estos procesos políticos y la única forma de lograrlo es vincular en tales procesos de lucha sus necesidades propias del proceso de enseñanza, con el quehacer de la investigación científica y la incidencia en las condiciones sociales. En la actual coyuntura el principal obstáculo a vencer es la dispersión y atomización a que han sido obligados los estudiantes al haber sido suspendidas las clases presenciales debido a la emergencia sanitaria. Los colectivos estudiantiles, que agrupan a los elementos más conscientes, deben ser creativos en idear estrategias para comunicarse y convocar a sus compañeros de base que tienen vedado el acceso al campus y las aulas.

En ese sentido es importante también explicar a los sindicatos universitarios, a las organizaciones populares y a los partidos de izquierda, el por qué esta lucha es legítima, ya que parece existir un sesgo equivocado de estas, hacia la lucha legitima de los colectivos; con alegatos increíbles de personajes de izquierda, las cuales caen en el fetichismo legalista, sin duda el reflejo del reformismo. Nosotros por otra parte, apoyamos totalmente estas justas demandas.

Por Armando Tezucún

A partir del 27 de julio el gobierno de Alejandro Giammattei decretó la reapertura paulatina de varios sectores de la economía. Fueron suspendidas las medidas que restringían la circulación de personas y vehículos, los horarios restringidos para el funcionamiento de los negocios, el cierre total de actividades para ciertos días, etc.; estas fueron sustituidas por un sistema de alerta de semáforo, que indica, con colores que varían del rojo al verde, el nivel de restricciones que prevalecerán en cada municipio, dependiendo del porcentaje de contagios, entre otras cosas.

Es evidente que esta disposición fue tomada bajo la presión del empresariado, ante el negro panorama que se presentaba para sus negocios con el cierre prolongado de la mayoría de actividades económicas, prevaleciendo el interés de sus ganancias sobre la salud pública. En la práctica, la reapertura fue tomada por la población en general como un relajamiento de las restricciones, y asistimos a una reanudación masiva de todo tipo de actividades, independientemente del color con que esté clasificada la localidad; esto ha ido acompañado de un relajamiento en las medidas de protección para evitar contagios. Y esto es comprensible, pues la población trabajadora quedó totalmente desprotegida ante el cierre de empresas, recortes de salarios, despidos masivos, suspensiones de contratos y cierre oportunidades para las decenas de miles de trabajadores informales. A partir de marzo quedó en evidencia la incapacidad del Estado burgués, no solo para atender eficientemente la emergencia sanitaria, sino para garantizar a la población trabajadora la protección de su nivel de vida y de existencia digna durante la pandemia.

Los datos oficiales pretenden justificar la reapertura con el reporte de la disminución de casos y fallecimientos por Covid-19. Una simple comparación de estos datos nos indica que, de los 85,152 casos declarados oficialmente al 18 de septiembre, el 41.25% fueron detectados a partir del 30 de julio (hasta esta fecha habían sido declarados 49,789 casos), en un mes y medio, mientras que el 58.75% se detectaron de mediados de marzo a finales de julio, cuatro meses y medio; algo similar encontraremos si comparamos las cifras de fallecimientos. Las autoridades de salud esperan un repunte de los contagios entre septiembre y octubre, situación para la que el sistema hospitalario aún no está preparado; a pesar de la dura experiencia a partir de marzo, las múltiples carencias continúan.

Como era de esperarse, la reapertura ha cambiado las perspectivas de la economía para el año 2020. Una encuesta sobre expectativas de empleo realizada por ManpowerGroup señala una expectativa neta de empleo para el cuarto trimestre del año del -6%, con diversos niveles dependiendo del sector de la economía. Un 7% de los empleadores espera incrementar sus planillas laborales, el 12% espera disminuirlas, el 79% espera mantenerlas estables y un 2% aún no sabe (La Hora 08/09/2020).

Las autoridades en materia económica han registrado un impulso en la economía a partir de agosto. Las perspectivas han mejorado, y se han corregido las previsiones, esperándose una recesión del -1.5%, mientras que hasta junio se esperaba que fuera de -2.5%. El Índice Mensual de la Actividad Económica en julio tuvo una recuperación del -4.8%, mientras que en abril se ubicó en -10.4%. Las remesas enviadas por los trabajadores guatemaltecos en Estados Unidos han recuperado su nivel, creciendo más del 3%, y se espera una recuperación de las exportaciones, de la mano de la reanimación económica en Estados Unidos y Europa. En septiembre la mayoría de industrias estaba operando por encima del 80%.

Para las y los trabajadores la recuperación de los niveles de empleo y salarios aún será lenta. Los representantes de la patronal ya dijeron que se niegan a que al salario mínimo sea incrementado el próximo año; la discusión en la Comisión del Salario Mínimo indica que de nuevo será el presidente quien tendrá la última decisión, y seguramente Giammattei complacerá a los empresarios. Debemos sopesar el efecto que la reactivación de la economía tendrá en el ánimo de los trabajadores para plantearse luchas a mediano plazo; es posible que la esperanza de recuperar sus empleos y la sensación de alivio, aunque mínimo, en sus niveles de vida, relegue por un período el ánimo de organizarse y pelear por mejoras. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el dramático aumento de la deuda pública de este año, y el que está plantado en el presupuesto estatal del próximo año, obligará tarde o temprano al gobierno a hacer reajustes como incremento de impuestos, recortes de empleos y salarios en el sector público, etc., que plantearán futuras luchas a los trabajadores. Debemos prepararnos para tal situación.

Por Leonardo Ixim

El 24 de agosto el ministro de comunicaciones en el gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio, prófugo por casi cuatro años, regresó “voluntariamente” según las autoridades, para presentarse ante la justicia por distintos casos de corrupción, durante ese gobierno.

Al arribar a territorio guatemalteco, fue conducido hacia el Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien ha llevado los casos relacionados a la corrupción en el extinto Partido Patriota (PP), del cual el imputado fue financista. La audiencia de primera declaración estaba programada para el viernes 4 de septiembre, pero a pedido de la defensa, se pospuso para lunes siete.

Sinibaldi, emparentado con algunos grupos corporativos monopólicos, tiene negocios en temas de publicidad y construcción, mostrando la conjunción de intereses entre grupos oligárquicos y sectores emergentes ligados a la burocracia militar, que conformó ese gobierno y el siguiente de Jimmy Morales. En 2007 Ricardo Sinibaldi Castillo, emparentado lejanamente con Sinibaldi Aparicio y uno de los miembros prominentes de la Corporación Castillo Hermanos, fue candidato a vice-presidencial del PP.

Como es sabido, el destape de casos de corrupción durante la administración Pérez Molina-Roxana Baldetti, por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, ocasionó una serie de protestas en 2015, generando que los factores tradicionales de poder, le quitaran el apoyo a Pérez Molina, quien renunció a escasos días de las elecciones de ese año.

En su momento la CICIG consideró que el gobierno del PP (2012-2015) tuvo como fin principal el desfalco del Estado. Además, Sinibaldi y otros cabecillas de ese partido fueron considerados parte de una Red Político-Empresarial Ilegal; una forma elegante de nombrar la actividad que grupos de empresarios tradicionales y emergentes, a partir de contratos amañados con el Estado, surten funciones y servicios que en otros tiempos este mismo realizaba y que a partir de los procesos de ajuste estructural, fueron privatizados.

Sinibaldi pretendió participar en las elecciones de 2015, por un partido denominado Movimiento Reformista, conformado por ex miembros del PP. Sin embargo, fue alcanzado por las investigaciones penales de la FECI, enfrentando los delitos de lavado, asociación ilícita, cohecho pasivo, financiamiento electoral ilícito y no registrado. La FECI además lo ha investigado por el caso de Comisiones Paralelas en 2014, el cual fue una maniobra de parte de PP y el también extinto partido LIDER, para elegir la actual Corte Suprema de Justicia, vinculada a todos estos poderes.

También está involucrado en el caso Construcción y Corrupción, cuando Sinibaldi fungió como Ministro de Comunicación, involucrado en el cobro de comisiones a empresas como Aceros de Guatemala, Compañía Constructora Obras Civiles y otras nueve más. Otro relacionado con el pago de sobornos por parte de la trasnacional brasileña Odebretch. De igual manera, uno sobre lavado de dinero en relación a la contratación de servicios de seguridad para el sistema de transporte urbano, Transurbano, donde se benefició a las empresas Seguridad ASA, S.A. (de su propiedad) y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., quienes recibieron Q978 mil 794.64.; por este caso también están involucrados varios funcionarios del gobierno del partido UNE (2008-2012).

Los casos Cooptación del Estado y La Coperacha, que fueron también cobros de comisiones y recaudación de fondos tanto para financiamiento del PP como para regalos a Pérez Molina y Baldetti. Este caso fue tomado por la CICIG como el paradigma del modus operandi de estos personajes, llegando a tipificar el Estado como cooptado, obviando claramente la naturaleza de clase y su vinculación orgánica con las fracciones de la burguesía.

El más reciente, presentado en 2019 por la FECI, fue el desfalco de Q26 millones al Banco de los Trabajadores (BANTRAB) para financiar la campaña del PP en 2011, señalando que el dinero fue usado para las empresas Estrategias e Inversiones Arca S.A. y la empresa Avanzando y Progreso S.A., quienes elaboraron publicidad electoral.

Como en otros personajes detenidos, Sinibaldi, anuncia que “dirá la verdad” sobre los involucrados en estos casos, como las empresas constructoras o las maniobras ilegales en temas de financiamiento electoral, con la posibilidad de convertirse en colaborador eficaz de la fiscalía Lo cual evidencia una posible negociación, de cara a algún intento de lavar al sistema político que con el actual gobierno se ha continuado desprestigiando y que Sinibaldi mencione a otros operadores políticos y empresariales que se han beneficiado de estas tramas.

Por María Armas

Las autoridades de la universidad pública de Guatemala representan los intereses privatizadores y excluyentes que dominan la agenda del actual gobierno de Giammattei Falla, en la cual los préstamos son medios para lograr sus objetivos mezquinos y de preservación de un sistema opresor que favorece a la iniciativa privada por encima de los derechos colectivos y garantías sociales.

El Congreso de la República se encuentra discutiendo la reforma al decreto 3-2019, que autorizó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, destinado a la Universidad de San Carlos; la reforma está contenida en la Iniciativa 5814. Este préstamo fue aprobado por el Congreso en abril de 2019, y viene a hacer mayor la deuda pública, limitando el acceso a los servicios mínimos y una vida digna de las grandes mayorías, haciendo mayor la carga tributaria de las y los trabajadores, quienes son los que llevan en sus hombros la mayor parte del ingreso de tributación de la Super Intendencia de Administración Tributaria, SAT. El BCIE necesita las reformas al decreto para adecuarse a nuevas características de la Usac y reasignar los fondos.

El préstamo de US$ 120 millones, denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala”, en su nueva versión, es la plataforma económica necesaria para que el actual rector Murphy Paiz apoye la conservación de la estructura de privatización de la USAC. En el desglose del presupuesto sigue preservando la mayor concentración de dinero en infraestructura; esto ha sido una forma de negocio conocida en los gobiernos de derecha, con la implementación de empresas fantasmas que ganan los contratos sin licitaciones o procesos de evaluación que garanticen la transparencia de la compra.

Entre las prioridades del gobierno universitario está destinar US$ 17,850,000 para la Dirección General de Administración -DIGA-, departamento que favorece la política corrupta universitaria albergando plazas a paga de favores políticos, por encima de los US$ 11 millones destinados a la Dirección General de Extensión Universitaria -DIGEU-, Dirección General de Docencia -DIGED- y la Dirección de Investigación -DIGI-, todos alojados en el rubro de proyectos de beneficio común. No se aclara el beneficio común de quienes, porque el acomodamiento del dinero preserva el poder corrupto del gobierno universitario, excluyendo a programas como el Programa Académico Preparatorio -PAP- y el Centro de Aprendizaje de Lenguas -CALUSAC-; ambos programas son de gran importancia para facilitar el acceso a la educación superior y de idiomas a toda la población guatemalteca, los cuales no reciben el apoyo del gobierno universitario y ambos están en riesgo de desaparecer, a pesar de su gran aporte académico y apoyo social al país.

A los 21 centros universitarios se destina apenas el 37% del préstamo, por lo que el préstamo no apoya la descentralización del poder universitario, necesaria para poder brindar recursos y herramientas académicas en el interior del país. Nuevamente en el destino que Murphy tiene planteado para el préstamo se evidencia que las facultades siguen siendo las mayores beneficiadas en proporción a su extensión, con un 24%, las escuelas de ciencias sociales representan apenas el 13%. Se refuerza así la actual estructura privatizadora y excluyente, utilizando a la Universidad de San Carlos como la plataforma política del rector, que niega de manera sistemática el acceso a la educación superior a la clase trabajadora del país, construyendo un paraíso de mano calificada para la iniciativa privada y bloqueando el desarrollo, el acceso a la academia de calidad e investigación que debería de hacer en su extensión con las y los estudiantes hacia la población y la resolución a las problemáticas nacionales.

El 3 de septiembre una veintena de estudiantes sancarlistas bloqueó los ingresos al edificio del Congreso para impedir la entrada de los diputados y que se suspendiera la sesión plenaria en que se discutiría el decreto 3-2019. Esa fue la acción de una pequeña y valiente vanguardia estudiantil; el grueso del estudiantado está atomizado y disperso recibiendo, en medio de dificultades, clases virtuales. Por ello es necesario crear un bloque entre movimientos universitarios, estudiantes regulares, docentes, trabajadoras y trabajadores, y población en general, que vele por la fiscalización en el proceso de la resolución del préstamo en el congreso de la Iniciativa 5814. La universidad no necesita más prestamos que alimenten la deuda pública, es necesaria la vinculación universitaria con la problemática nacional y la exigencia pronta del no menos del 5% del presupuesto de ingresos de la nación.