Por Ricardo Patzán

El 10 de agosto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), organismo que aglutina a las principales asociaciones empresariales, presentó su Plan para Reactivación para el Desarrollo (Predes). Este plan fue elaborado a raíz del retroceso dramático de la economía guatemalteca provocado por cinco meses de suspensión de actividades por parte del gobierno, para enfrentar la pandemia Covid-19. La propuesta se plantea el despegue de la economía del país luego de un probable retroceso del Producto Interno Bruto (PIB) de -4% en 2020.

El CACIF lanzó un planteamiento ambicioso, con 27 propuestas a desarrollarse en 10 años, de 2021 a 2030. Luego de una implementación gradual de las medidas, espera un impacto económico de Q 51 mil millones en 2030, la creación de 590,700 empleos formales y un crecimiento gradual del PIB hasta llegar al 6.1% en el último año de su ejecución. Las 27 propuestas se ubican en los ámbitos económico, recursos humanos, institucional, mercados y clima de negocios, e infraestructura.

Hay que resaltar las reformas que el CACIF está proponiendo en dos áreas que son vitales para sus negocios: el tema fiscal y el tema laboral. El sistema neoliberal impulsado desde la última década del siglo XX por la burguesía y sus representantes en los distintos gobiernos, ha reducido drásticamente el nivel de tributación de los empresarios, con el pretexto de estimular la inversión y la “creación de empleos”. Los pocos intentos de reforma fiscal que tímidamente han impulsado algunos gobiernos (en especial el del socialdemócrata Álvaro Colom) han sido furiosamente torpedeados por los empresarios.

En el ámbito fiscal las propuestas incluyen la eliminación del Impuesto de Solidaridad (ISO). Este gravamen afecta a las empresas que obtengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos; este impuesto está destinado a programas de inversión social por parte del Estado, está vigente desde enero de 2009 y sustituyó al Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP). El ISO debía estar vigente en tanto se promulgue una ley de modernización del Impuesto Sobre la Renta, algo que aún no ha sucedido. Además, el CACIF plantea que se agilice la devolución del crédito fiscal, que se realice un pacto de eficiencia y simplificación tributaria y una reforma a la Ley de Zonas Francas, entre otras medidas.

Lo que vemos nosotros es que la burguesía pretende reducir aún más el pago de impuestos por parte de sus empresas. Guatemala es ya el país con el nivel de impuestos más bajo de América Latina y el Caribe, con una carga tributaria equivalente al 13% del Producto Interno Bruto. Esa situación es la que nos ha llevado a tener un sistema estatal de salud totalmente desastroso, un sistema educativo ineficiente, y una situación deplorable de los servicios públicos que debe proveer el Estado a la población.

En el tema laboral, el documento plantea la reglamentación del convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para 2021, y para 2024 una nueva política nacional de salarios y la implementación de salarios regionales. Estas medidas llevan a la precarización de los empleos y los salarios. El primer intento de crear un reglamento para implementar el convenio 175 fue frenado por la acción de las organizaciones sindicales ante la Corte de Constitucionalidad; dicho reglamento permitía la creación de empleos por horas o días, con salarios menores al mínimo de ley y sin prestaciones sociales. La propuesta de salarios por región ya se intentó implementar durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y su intención es autorizar salarios menores al mínimo de ley en territorios o regiones donde los empleadores ya pagan sueldos de hambre, legalizando esta práctica de explotación.

El economista del CACIF, José Chávez, justificó la propuesta explicando que el salario regional se implementaría en zonas específicas de desarrollo económico o donde la matriz económica o la alcaldía local lo requieran, en proyectos de desarrollo específicos (Prensa Libre 11/08/2020). Lo más lógico sería que en las zonas donde hay más pobreza y donde los ingresos de la población son más bajos se implementaran salarios por encima del mínimo de ley para combatir la miseria. Pero no, para los voraces empresarios la regionalización de los salarios siempre significará una reducción de los mismos para estimular la inversión e incrementar sus ganancias.

Las organizaciones sindicales y populares deben estar alertas a esta nueva intención de los empresarios de beneficiar sus negocios a costa de los salarios y el empleo de los trabajadores.

Por Armando Tezucún

La problemática por la que atraviesa el personal de salud, incluyendo enfermería, limpieza, técnicos de laboratorios, de rayos X, morgue, etc., abarca muchos aspectos. Está el imperdonable retraso en el pago de salarios; se ha dado el caso de personal que fue contratado por cuatro meses en los hospitales temporales destinados a la atención de pacientes contagiados de Covid-19, que cumplieron su período, no fueron recontratados y no recibieron ni un solo pago. Según compañeros del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios, 5 mil trabajadores no han recibido el pago de julio; y se da el caso de miles que trabajan bajo contrato en los renglones 182 y 189 a los que se adeuda salarios varios meses. Está también la insuficiente dotación de equipos de protección, que ha provocado el contagio del personal; hasta la fecha han fallecido 410 empleados de salud víctimas de la pandemia, de todas las áreas. El sindicato calificó estas muertes de asesinato involuntario por parte de las autoridades, pues a pesar de que el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria para salud, la ejecución deja mucho que desear. El pleno de diputados también aprobó un bono riesgo para el personal de salud, para protección de sus familias, pero éste no ha sido entregado.

El 20 de agosto, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo definitivo al Sindicato Nacional de Empleados del San Juan de Dios, que obliga al Ministerio de Salud a entregar equipo “necesario y pertinente” de protección a las y los trabajadores de salud. El amparo también ordena que el ministerio suspenda de sus labores al personal mayor de 60 años, empleadas en estado de gestación o en período de lactancia, y quienes padecen de enfermedades crónicas, para su propia protección. El dirigente del sindicato Carlos Noé Santos Urías, expresó que el ministerio cuenta con el equipo de protección, pero lo mantiene en bodegas sin distribuirlo al personal que lo necesita.

Otro grave problema es el del personal que se encuentra bajo contrato, sin ser parte del personal presupuestado, y que por tanto no goza de las prestaciones de ley. Esta es una costumbre cada vez más extendida, no solo en las empresas privadas, sino en el Estado e incluso en las ongs que presuntamente defienden los derechos humanos, con el propósito de ahorrar dinero en beneficios como bono 14, aguinaldo, vacaciones, jubilaciones, seguro social, etc. En estos casos las y los trabajadores son tratados como que fueran empresas que prestan servicios y deben presentar facturas por los mismos. En el caso del Ministerio de Salud, según datos de los compañeros sindicalistas, son alrededor de 42 mil los empleados que se encuentran en esta situación, de un total de 56,560.

En el contexto de la pandemia, la situación de grave riesgo en que se encuentran las trabajadoras y trabajadores de salud pone a la orden del día la lucha por el traslado al reglón 011 de estos compañeros cuya salud y la vida misma se encuentra en peligro. No es posible que ante un eventual fallecimiento sus familias queden en el desamparo, sin ningún tipo de protección. Es urgente iniciar una fuerte campaña por esta reivindicación, en estos momentos en que está a punto de iniciar la discusión del presupuesto general de la nación para el año 2021. El traslado de las y los compañeros debe quedar contemplado en los gastos asignados al Ministerio de Salud.

A diferencia de otros años, el gobierno no ha dado a conocer aún las asignaciones estimadas para cada ministerio, ni otros aspectos del proyecto; lo único que se sabe es que tendrá un techo global de Q 96 mil millones, y que el ejecutivo debe entregarlo al Congreso de la República el 2 de septiembre. Según Edwin Asturias, el comisionado presidencial para el combate a la pandemia, el próximo año el Ministerio necesitará un presupuesto de Q 15 mil millones; este es un incremento significativo respecto a los Q 8,197.1 millones del presupuesto 2020, a los que el Congreso aprobó un incremento de Q 1,648.76 millones; pero no hay nada oficial. Otra lucha importante es la incorporación de los diferentes bonos al salario nominal, para que estos montos sean incluidos en el cálculo de prestaciones.

Los enemigos de los trabajadores siempre argumentan demagógicamente que el presupuesto de salud debe destinarse a los centros de salud, hospitales, equipos, medicinas, etc., y no al cumplimiento de los pactos colectivos, salarios y beneficios laborales, como si el sistema de salud no dependiera de la sacrificada labor de quienes tienen a su cargo las diferentes dependencias. La lucha por el traslado de los compañeros debe iniciar ya, pues sabemos que la resistencia que encontraremos será fuerte.

Por Úrsula Coj

La toma del campus central de la Universidad de San Carlos (USAC) por parte de varios colectivos estudiantiles hace un año, llevó a la creación de varias mesas de diálogo para implementar procesos de transformación que compaginan con la postergada reforma universitaria, pero estas se han estancado.

Esta situación en parte se debe a la negativa de la burocracia que dirige la USAC, la cual se opone a cambios progresivos, pero también a que las agrupaciones que participaron en la toma y en las discusiones mencionadas, no lograron atraer al estudiantado a estos procesos. A eso se agrega, la dejadez del secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios, de su consultivo y de las asociaciones estudiantiles en general, por dar espalda a las necesidades estudiantiles.

El contexto de la pandemia junto con las medidas de cuarentena, le puso un ingrediente más a esta situación. Se puso en evidencia una serie de problemáticas relacionados a los procesos de enseñanza y aprendizaje y ni que decir de otros relacionados con la extensión y la investigación, que pueden ser un motivo de incidencia de los sectores organizados estudiantiles. Las condiciones para implementar una educación a distancia a través de la tecnología informática de parte de la USAC no son óptimas, a esto se agrega las carencias materiales, como el poco acceso a la tecnología y la mala conexión a internet, que afectan el rendimiento académico de los estudiantes.

Por otro lado, vemos que la administración del actual rector Murphy Paiz, aplica una política de ajuste contra los programas académicos y de investigación científica, además de la continuidad en la nefasta política de endeudamiento. El Consejo Superior Universitario por su parte, no exige al Estado el presupuesto que le corresponde a la universidad según la Constitución Política de Guatemala.

Se continúa la política de privatización, imponiendo costos en algunas carreras, concesionando ciertos servicios, mostrando como artículo de lujo el estudio de pos grados y discriminando a varios sectores de trabajadores (administrativos y de servicios), los cuales, al no ser presupuestados carecen de prestaciones y estabilidad laboral. En contraposición a esto, tenemos los beneficios que los funcionarios universitarios obtienen, muchos de estos procedentes del sector docente, los cuales se han acostumbrado a las mieles del manejo y la ejecución financiera.

A esto se agrega la desigualdad del gobierno universitario, en una estructura de poder donde se excluye a las escuelas no facultativas y a los centros universitarios departamentales, así como a los estudiantes de estas unidades académicas y al sector trabajador en general. Así también, se mantiene la forma antidemocrática y desigual de elección del rector universitario.

De esa forma se tiene la reforma universitaria postergada por más de 10 años, limitada a unos órganos poco representativos que se conformaron tras arduos años de negociación, donde se impuso la retorcida visión de la burocracia de que los órganos de dirección son un sector, cuando estos representan a los sectores que conforman la universidad pública -docentes, estudiantes y profesionales-; existiendo otros excluidos, como trabajadores, mujeres y universitarios de origen indígena y afrodescendientes.

Implementar un verdadero proceso de reforma, implicaría abrir esos espacios. Nosotros consideramos importante impulsar una estrategia en ese sentido, para construir un frente común que articule a las distintas fuerzas políticas y que avance hacia la unidad, recogiendo la agenda presentada por la toma de hace un año como programa de lucha.

Esto va de la mano de una reforma profunda de la forma de elección de los secretariados de las AEUs de los distintos campus, entre ellos el del campus central, para convertirlos en órganos verdaderamente representativos del estudiantado y la conformación de otro órgano superior, en forma de una confederación de asociaciones de todos los campus.

El prerrequisito indispensable de esta articulación es la incorporación del grueso del estudiantado a la lucha por estas demandas, despertando de la pasividad que le ha caracterizado en los últimos años, y de la atomización a que se ha visto obligado en la coyuntura provocada por la pandemia. De lo contrario, la acción de los grupos organizados se verá limitada a las gestiones de pequeñas agrupaciones sin ningún respaldo real de los verdaderos interesados. Esto implica un trabajo paciente y de mediano plazo entre las bases estudiantiles, que parta de sus necesidades cotidianas en sus unidades académicas, que les conduzca a avivar su consciencia gremial y más allá es ello, su consciencia como grupo social parte del pueblo guatemalteco.

Por Leonardo Ixim

Después de la negativa del Congreso de la República -por falta de quórum- a aprobar el estado sitio decretado por el gobierno por medio del Decreto Gubernativo 13-2020 sobre los municipios de El Estor, Morales, y Livingston en el departamento de Izabal, y en los municipios de Santa Catalina La Tina y Panzos, en Alta Verapaz, el ejecutivo aprobó otra medida similar.

La medida generó reacciones opuestas en diversos actores sociales, en relación a su posición de clase. Por un lado, gremiales empresariales como la de Palmicultores (Grepalma), la Cámara del Agro (Camagro), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Asociación para la Defensa la Propiedad Privada (ACEDEPRO), manifestaron su acuerdo. Por otro lado, el Frente Campesino e Indígena Iximulew, conformado por la Comité de Unidad Campesina, el Comité Campesino del Altiplano, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas y la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch´ort´i Nuevo Día, y por aparte, el Comité de Defensa Campesina que no forma parte de ese frente, manifestaron su rechazo.

Además, varias organizaciones civiles como el Comité Internacional de Juristas, el diputado Aldo Dávila y algunas organizaciones campesinas, interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por violaciones hacia varios artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual forma, los partidos de izquierda con representación parlamentaria, como la URNG, Winaq y el MLP cada uno por su lado, denunciaron esto como una medida represiva.

Nosotros en una declaración consideramos oportuno hacer un llamado a realizar un paro local -en los municipios afectados- de parte de la población. Todas estas acciones y junto a otras, de diversas organizaciones, generaron una atmósfera de rechazo, que influyó en la falta de quórum en el Congreso para su no aprobación. Sin embargo, el gobierno central ante este revés, presento un decreto de estado de prevención, el cual no necesita aprobación parlamentaria y dura 15 días.

El Estado represor se mantiene

Tal como planteamos en nuestra declaración, desde sus inicios el gobierno de Alejandro Giammattei ha sido un gobierno afín a los intereses empresariales monopólicos; ha ido mostrando ese matiz represivo, aplicando estados de prevención en diversos municipios del área metropolitana alegando combatir la delincuencia con esto y un estado de sitio, en tres municipios del departamento de Sololá, por un diferendo en materia de limites municipales.

Estas medidas gubernamentales, son instrumentos que se encuentran en la Ley de Orden Público, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1965, impuesta por la dictadura militar de Enrique Peralta Azurdia, gobierno que con el respaldo estadunidense remozó el Estado hacia convertirlo en contra-insurgente Armado en base a la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por el imperialismo gringo. El objetivo fue ubicar a la población insurreccionada, como parte del enemigo interno; es así, que esta ley mantiene tales principios

Estas medidas limitan los derechos de organización, expresión y manifestación, así como se permite la detención de personas sin orden de juez, aunque mantiene el habeas corpus. Con la apertura democrática y la nueva Constitución de 1985 esas medidas se han mantenido, de hecho, varios gobiernos la han aplicado, desde el socialdemócrata de Álvaro Colom, hasta los conservadores de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales.

Por su parte, ha habido varias voces para que se reforme, más a tono al espíritu garantista de la Constitución actual. Uno de los interponentes del amparo ante la CC, Ramón Cadena, aduce que esta ley es opuesta al espíritu de los Acuerdos de Paz e incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos (La Hora 21 de julio). Pero lo cierto es que refleja el carácter oligárquico del Estado, que pese a las pretendidas reformas con los Acuerdos de Paz -hoy en franco deterioro- los intereses de las distintas fracciones burguesas y oligárquicas, resultado de este tipo de capitalismo atrasado, no permiten su democratización.

Los argumentos para imponer estas medidas son los mismos, alegando la existencia de grupos del crimen organizado que realizan actividades ilícitas, Pero en septiembre del año pasado, el gobierno de Morales se fue con otra medida similar en estos departamentos, diciendo en ese momento, que tales actividades la realizan supuestos “grupos insurgentes”.

Condiciones del territorio

Pero lo que está en juego realmente, son las inversiones de grandes conglomerados empresariales en materia de extracción de recursos naturales sobre todo minería, manejo de la biodiversidad y cultivos extensivos. Situación que ha producido históricamente desplazamiento y apropiación de la tierra y del territorio de pueblos indígenas

Este territorio fue habitado antes de la invasión europea por la etnia maya-Q´ekchi, denominado por estos TzuulTaaq’a posiblemente a inmediaciones del Rio Cahabon y Polochic hoy afectados por proyectos hidroeléctricos Con la colonización, este pueblo detuvo la conquista militar y sin tener una formación estatal como otros, resistió; hasta que la corona le otorgó a la Orden de los Franciscanos, la administración de la región estableciendo Las Verapaces, logrando la dominación.

Tras la independencia y la introducción de cultivos para la exportación como el café, los gobiernos ladinos otorgaron tierras a alemanes a finales del siglo XIX, convirtiendo a los Q´ekchis en sus mozos colonos, expulsándolos de sus tierras y obligándolos a emigrar hacia otros departamentos, al sur de Belice y a Estados Unidos. En el siglo XVIII llegaron libertos africanos denominados garífunas, estableciéndose en partes de la costa atlántica centroamericana.

De tal forma que se configura esa zona como un foco de conflictividad agraria. Así, tras la descomposición del colonato, que coincidió con la tentativa de distribución agraria producto de los Acuerdos de Paz, algunos grupos campesinos recibieron tierras. Pero con la introducción de otros cultivos como el cardamomo, pero sobre todo la palma africana y el intento de plantar caña de azúcar, el proceso de reconcentración de la tierra se ha agudizado.

Por ejemplo, en 2007 se estableció el ingenio azucarero Chabil Utzaj en los márgenes del Rio Polochic propiedad del grupo corporativo Widdman, comprando tierras a finqueros de la zona y apropiándose de otras que recibieron grupos campesinos tras la firma de la paz. Esto produjo conflictos, que terminaron en desalojos contra campesinos durante el gobierno de Colom. Los Widdman por su parte, no lograron montar la producción de caña y fueron embargados por el BCIE quien les había otorgado créditos, poniendo a disposición este ingenio que terminó en manos del nicaragüense Grupo Pellas-Chamorro.

Otro tipo de plantación es la palma africana, en manos de otro monopolio (Naturaceites), que, según una investigación de El Observador, se conforma por la concentración de varios capitales en manos del Grupo Muller-Meagly (Informe Especial No. 26, julio de 2020). Las pistas clandestinas para que aterricen narco-avionetas por su parte, están en propiedad de esta empresa.

La situación que genera mayor conflicto actualmente, según la investigación mencionada, son los proyectos mineros ubicados en los municipios de El Estor, Livingston y Morales en Izabal. Esto data de licencias mineras otorgadas en 1964 a una empresa canadiense llamada Exmibal, extinguidas a inicios del siglo actual, comprado por otras empresas canadienses extendiéndose con ello, las áreas de operación para extraer Níquel, Cobalto, hierro y otros minerales. Hasta que, en 2011, un fondo de inversiones ruso-suizo denominado Solway Investment Group compró tales licencias y estableció la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y posteriormente una procesadora, denominada CGN-Pronico.

Aumento de la conflictividad

Esta situación rápidamente abrió conflictos con comunidades campesinas y con pescadores artesanales del lago de Izabal, generando detenciones ilegales y asesinatos de líderes comunitarios Estos por su parte, han puestos demandas ante tribunales nacionales y de Canadá, así como organizado luchas de resistencia en defensa de su territorio.

Por su parte las comunidades exigen al Estado que realice un proceso de consulta a pueblos indígenas, según el Acuerdo 169 de la OIT.  La empresa CGN aduce traer desarrollo y empleo (si bien es real eso, los costos ambientales son mayores y la cantidad de empleos mínima) logrando que algunas instancias comunitarias, junto a las municipalidades apoyen los intereses mineros, argumentando falsamente que realizan consulta con las comunidades.

Así, el estado de sitio de Morales y el de prevención de Giammattei, se imponen después de dos fallos judiciales favorables a los comunitarios, el último en manos de la Corte de Constitucionalidad, que obliga al Ministerio de Energía y Minas a realizar las consultas según el acuerdo de la OIT; situación que se ha repetido en otros proyectos mineros como el de San Rafael favorable al pueblo Xinca, donde la consulta se encuentra varada. Estos fallos pretenden igualar derechos de los empresarios con los comunitarios, aunque más favorables para los segundos, su cumplimiento no vendrá de la buena voluntad del Estado.

La región mencionada es biodiversa, marcado por los ríos Cahabón y Panzós, junto a la Sierra de las Minas y el lago Izabal con desembocadura al Mar Caribe. Es una de las áreas estratégicas para los proyectos de inversión y extracción de riquezas naturales, que atentan contra las formas de vida de las comunidades mayas, mestizas y garífunas, siendo una confrontación directa entre intereses de clase disímiles.