Por Ricardo Patzán

La Comisión Permanente del Congreso, que actúa como ente rector del legislativo en al actual período de receso, convocó al pleno de diputados a sesión extraordinaria a realizarse el jueves 16 de julio a partir de las 10:00. En la agenda estaba contemplado el inicio de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, postergada desde octubre del año pasado. Esta convocatoria se dio en medio del grave conflicto que enfrenta a la Corte de Constitucionalidad (CC) con la CSJ y el Congreso, debido a la denuncia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) contra candidatos a magistrados y diputados involucrados en el caso Comisiones Paralelas 2020, según el cual hay una conspiración para manipular la elección de magistrados a las cortes.

Pero la agenda programada para el 16 de julio no incluía solamente la elección. Antes el pleno debía tratar cuatro puntos: aprobación de las actas anteriores, iniciativa de reforma al programa del adulto mayor, informe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (COPREVID) y el Ministerio de Salud y el segundo debate de las reformas al banco Crédito Hipotecario Nacional. Como era de esperarse, la sesión extraordinaria fue suspendida después de la comparecencia de los responsables de salud, sin que se iniciara la elección de magistrados.

Mientras tanto, el caso Comisiones Paralelas 2020 continúa avanzando. El 16 de julio la FECI presentó una solicitud de antejuicio contra 11 magistrados de Apelaciones y dos jueces que resultaron involucrados en el caso. Le corresponde a la CSJ decidir sobre la suspensión de inmunidad de los funcionarios, y conociendo el historial de decisiones de la actual Corte, es de esperarse que se niegue a dejar sin protección a los afectados. 

La CC, por su parte continúa minando y contrariando las disposiciones de quienes la adversan desde otras instituciones del Estado y otros grupos de poder. El 14 de julio la CC otorgó un amparo provisional en favor de la jueza Erika Aifán, dejando en suspenso la resolución de la CSJ que dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio planteada contra la jueza.

En otra disposición, la CC, el mismo 14 de julio, suspendió provisionalmente el acuerdo ministerial 250-2020 emitido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que permitía a los empresarios retardar la entrega del bono 14 a sus trabajadores mediante un procedimiento con el cual se declaraban imposibilitados para realizar el pago. La CC aceptó cuatro recursos de inconstitucionalidad presentados por: la Asamblea Social y Popular y la Asociación de Estudiantes Universitarios, el Procurador de los Derechos Humanos, el Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala, y el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Estas escaramuzas legales son el reflejo de un conflicto inter burgués que salió a la luz con fuerza en el año 2015, con las denuncias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevaron al descalabro del gobierno de Otto Pérez Molina, y que dominó la escena política durante el gobierno de Jimmy Morales.

Consideramos que las partes contendientes son: por un lado, el grueso de los grupos oligárquicos tradicionales, cuyos negocios y manejos turbios fueron puestos al desnudo por la CICIG; estos grupos están en alianza con grupos burgueses emergentes que no tienen reparos en nutrirse ilegalmente de los recursos del Estado y el crimen organizado, con el apoyo de una camada de políticos corruptos enquistados en las instituciones estatales. Por otro lado, defendiendo el Estado de Derecho y la institucionalidad del Estado burgués se encuentran sectores de las capas medias urbanas, pequeños y medianos empresarios y algunos grupos oligárquicos democratizantes representados principalmente por Dionisio Gutiérrez, miembro de la poderosa Corporación Multiinversiones, cuya marca emblemática a nivel internacional es la cadena Pollo Campero.

Las organizaciones de la llamada Sociedad Civil agrupadas en Ongs, y el movimiento sindical y campesino oenegizado se han ubicado como vagón de cola de los grupos burgueses democratizantes, defendiendo a la CC y antes al MP de Thelma Aldana, y a las instituciones del Estado burgués que éstas representan.

Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares a tener una postura independiente, que apunte a la construcción de un nuevo poder, una nueva democracia verdaderamente a favor del pueblo, iniciando por una Asamblea Constituyente popular y plurinacional que transforme radicalmente el país en favor de los oprimidos y explotados.

Por Armando Tezucún

La pandemia del Covid-19 no da visos de ceder en Guatemala. Para el 18 de julio el número de contagios, de acuerdo a la nueva plataforma de datos implementada por el Ministerio de Salud, llegó a 38,042 con 1,449 fallecidos y 23,365 recuperados. El jefe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covic-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, ha declarado que el pico de la pandemia llegará en el mes de octubre, y si no se cumplen las restricciones emitidas por el gobierno, el número de muertos podría llegar a 11 mil en ese mes.

La población rechaza cada vez más el desempeño del gobierno

A medida que se incrementa el número de contagios, disminuye el índice de aprobación que la población da al gobierno del presidente Alejandro Giammattei en cuanto al manejo de la pandemia. Según la firma ProDatos, el respaldo al gobierno ha venido en picada, cayendo del 83% en abril, al 67% en mayo, 60% en junio y en los primeros días de julio una disminución del 21% entre quienes estaban “muy de acuerdo” con el presidente. Significativamente, en el estrato económico alto, es decir el empresariado, solamente un 9% dio su aprobación a la actuación del gobernante (Prensa Libre 18/07/2020).

La alarmante situación de las y los trabajadores de salud

Pero sin duda el sector más descontento con la actual administración es el de los trabajadores que adquieren más importancia en la actual coyuntura, porque están al frente del combate contra el Covid-19: las y los médicos, enfermeras y personal hospitalario y de salud a todos los niveles.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, los trabajadores de la salud han estado denunciando las deficientes condiciones en que les ha tocado enfrentar la pandemia, no solamente en cuanto a la escasez de equipos, material de protección personal, medicamentos, espacio y camas para colocar a los pacientes, alimentación, entre otras muchas carencias; sino que también han denunciado la violación a sus derechos laborales por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y de los responsables de los centros hospitalarios.

El caso del Hospital Temporal del Parque de la Industria

La denuncia más reciente viene parte del personal médico del Hospital de Parque de la Industria. Este hospital de carácter temporal fue instalado en diez días en un complejo de edificaciones destinado a albergar ferias, conciertos y eventos de diversa índole, siendo inaugurado el 24 de marzo por el presidente Giammattei, quien anunció con bombos y platillos que tenía capacidad para atender a 3 mil pacientes.

Nada más lejos de la realidad. Para empezar, este hospital no fue equipado con recursos del Estado, sino con donaciones de empresas privadas, lo que ya anunciaba el estado de colapso permanente en que se encuentra en la actualidad, pues no se puede esperar que un centro de esa naturaleza funciones durante meses en base a la caridad.

El 17 de julio el personal médico y de enfermería de este hospital realizó una protesta para denunciar una vez más las dificultades con que vienen desempeñado sus labores. También denunciaron que no les han permitido firmar contratos de trabajo y sus salarios están retenidos por esa razón. Hay compañeras y compañeros que empezaron a trabajar el 23 de marzo y su contrato está por finalizar el 20 de julio, pero no han recibido un solo centavo. El domingo 12 de julio, por medio de un acta, el Ministerio de Salud se comprometió a pagarles, pero las autoridades no cumplieron.

Una compañera enfermera finalizó su contrato verbal el martes 14 de julio, nunca se le hizo firmar un contrato formal. Sin embargo, sus servicios no fueron renovados y tampoco recibió un solo salario durante los cuatro meses que atendió a los pacientes de Covid-19. Ese día se despidió de sus compañeros con un cartel que decía “Ultimo turno, después de 4 meses y no me pagaron. Guatemala, misión cumplida” (El Periódico 15/07/2020).

El diputado del partido Winaq, Aldo Dávila, se reunió con los trabajadores afectados, y afirmó que hay 125 que no reciben pago desde esa fecha. La nueva ministra de salud, Amelia Flores, en una reciente citación al Congreso alardeó de que al 98% del personal se le ha pagado el salario, pero los hechos la contradicen. La Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud ha informado que, de acuerdo con el departamento de Recursos Humanos, parte de los trabajadores tiene pendiente algunos requisitos y papelería que les falta para firmar contrato y recibir su sueldo.

Es inaudito e inconcebible que el gobierno trate de esa manera tan injusta a compañeros que se están sacrificando y exponiendo sus vidas para proteger a la población; son ya numerosos los casos de personal sanitario que ha resultado contagiado e incluso han fallecido en el desempeño de su heroica labor. Los salarios del personal de salud están garantizados en los Q 1,600 millones que tiene el ministerio para enfrentar la pandemia. Exigimos que se simplifique y agilice el trámite burocrático para que reciban de inmediato sus merecidos honorarios.

El caso de Huehuetenango

Tomando al azar el caso de otro centro Hospitalario, los médicos del Hospital Regional de Huehuetenango denunciaron que no tienen suficiente equipo ni suministros médicos, y tampoco infraestructura ni personal hospitalario. A pesar de que el departamento de Huehuetenango es el que tiene menos personas contagiadas por cada 100 mil habitantes, su sistema de salud está colapsado. El incremento de pruebas rápidas para Covid-19 ha dado como resultado el aumento de los casos diarios, resultando insuficiente la capacidad del hospital para atenderlos.

Los médicos del hospital demandaron al Ministerio de Salud que les provea de recurso humano, equipo de bioseguridad, más espacio y ventiladores para atender a los pacientes. Actualmente las instalaciones tienen la capacidad para atender solamente a 27 enfermos; se espera que en agosto o septiembre empeore la situación de la pandemia.

El director del hospital explicó que ya hay procesos de compra de insumos y equipos, pero los detienen requisitos administrativos. Además, dijo que se ha hecho convocatorias para contratar internistas y pediatras, pero los profesionales no quieren optar; solamente han sido contratados dos pediatras. En las condiciones sumamente precarias a todos los niveles en que está operando el sistema de salud estatal, es comprensible que los profesionales de la medicina rehúyan trabajar para el Estado. Como lo hemos afirmado en otras ocasiones, este el resultado de décadas de gobiernos neoliberales que se negaron sistemáticamente a atender las responsabilidades del Estado en cuanto a los servicios básicos que deben proveer a la población: salud, educación, vivienda, transporte, etc.

Denuncia del Sindicato del Hospital San Juan de Dios

El Secretario General del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios, Carlos Noé Santos, explicó durante una entrevista que le hicimos:

“El Ministerio de Salud tiene una gran carencia tanto de equipos e insumos, ya los diferentes gobiernos se dedicaron a hacer negocios. En la actualidad esto se refleja en la falta de equipos para atender esta crisis. No se cuenta con respiradores. Los pocos con los que se cuenta no pertenecen al ministerio, el cual tiene que pagar por el arrendamiento y por los insumos que se utilizan, estando a merced de los proveedores quienes dicen o condicionan cuánto y la forma del pago. El Ministerio mantiene una práctica sistemática de violación de los derechos laborales. En este momento se agudizó más, dejando en suspenso todas las garantías en derechos laborales, vacaciones, jornadas de trabajo extenuantes e incluso de pago de salario a los trabajadores denominados por contrato que no gozan de ningún derecho laboral.”

La vergonzosa ejecución presupuestaria

El 16 de julio el comisionado Asturias y la ministra Flores acudieron al Congreso de la República para rendir un informe al pleno de diputados sobre el manejo de la pandemia del coronavirus y del presupuesto que fue aprobado para el Ministerio de Salud. Entre otras cosas, Asturias reconoció la grave escasez de camas que padece el sistema de salud para atender la emergencia, 589 en la red hospitalaria nacional y 663 en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; 1,252 para atender a 13,228 enfermos activos. Esto sin contar a los pacientes que acuden a los hospitales por otras dolencias; por eso hemos visto las escenas impactantes de personas tiradas en los pasillos, en sillones o en sillas en los centros asistenciales, mientras que el personal hospitalario no tiene más remedio que acomodar como puedan a los enfermos, mezclando con frecuencia a los contagiados de Covid-17 con los que tienen otras enfermedades, dando como resultado más contagios.

Los funcionarios tuvieron que reconocer la bajísima ejecución presupuestaria del Ministerio, que asciende a un 8.68% (Q 147.1 millones) del total. Ese es el legado de que dejó el anterior ministro Hugo Monroy. La ministra Flores aseguró que se están iniciando procesos de compras de insumos.

¡Control de las organizaciones de salubristas sobre el gasto del Ministerio!

Ante la ineptitud que está demostrando el gobierno para enfrentar la pandemia, las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, estudiantiles y populares deben fiscalizar y supervisar el gasto del Ministerio de Salud en esta coyuntura de emergencia. Las organizaciones de trabajadores de salud, tanto de médicos como de enfermería, mantenimiento y otras áreas tienen un historial de beligerancia y lucha por la defensa de sus derechos. Proponemos que estas compañeras y compañeros tengan injerencia directa en las tomas de decisiones y los procesos de compras, para garantizar el buen uso de los recursos, la ausencia de corrupción en el manejo de fondos, y que los funcionarios ineficientes y proclives los negocios oscuros sean despedidos de inmediato.

Por Armando Tezucún

Entre los programas de asistencia a la población que está implementando el gobierno en la actual coyuntura, se encuentra el Fondo de Protección del Empleo. La palabra protección no encaja muy bien en este caso, porque si bien se trata de un plan para suspender temporalmente a los trabajadores de las empresas, garantizando su retorno a labores cuando finalice el Estado de Calamidad, los patronos se desentienden del pago de salarios, siendo el Estado el que se hace cargo, proporcionando Q 75 diarios a los compañeros, para un total de Q 2,250 mensuales durante tres meses; esto es un ingreso precario, casi el 25% menos que el mayor de los tres salarios mínimos vigentes, que ya es un sueldo subsistencia.

El programa tiene a su disposición un fondo de Q 2 mil millones, para beneficiar a unos 350 mil trabajadores. Sin embargo, las instituciones del gobierno encargadas de desarrollar el programa han sido incapaces de ejecutar los fondos. El Ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci reconoce que no se podrá utilizar cerca de la mitad de ese dinero, y propone que use en otros programas de asistencia que sí han funcionado. Esta declaración la expresó el funcionario durante una citación con la bancada de diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) el miércoles 1 de julio.

Entre los problemas que se suscitaron, que condujeron al fracaso en la ejecución de los fondos, está en primer lugar la falta de coordinación y la ineficiencia de las entidades responsables, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el Banco Crédito Hipotecario Nacional. Las solicitudes en línea disponibles para que las empresas realizaran el trámite fueron cambiadas varias veces, y por otra parte, la información sobre los procedimientos tardó en llegar a las empresas, de modo que los patronos, enfrentados al drama del descenso de las ventas e ingresos, decidieron despedir trabajadores, en vez de optar por el mencionado plan.

Otra razón tiene que ver con la ilegalidad en la que operan muchos patronos, pues una gran cantidad no inscribe a sus trabajadores al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), o solamente inscribe a una parte, o a propósito se retrasan en los pagos de las cuotas, a pesar de que las descuentan de los salarios de las y los trabajadores; de esta manera, las empresas que no estaban al día con sus asuntos en el Igss no podían optar al programa de suspensión de contratos. Además, de por sí las pequeñas empresas que no cuentan con una planilla mínima de empleados que las obligue a inscribirlos al IGSS, no tuvieron más opción que los despidos. Tampoco pudieron optar los empresarios que no estuvieran el día con el pago de sus impuestos.

Según datos del Ministerio de Trabajo actualizados al 30 de junio, se ha recibido 19,196  solicitudes para suspensión de contratos, para 153,252 trabajadores; han sido autorizadas 17,574 solicitudes, que cubren a 146,827 trabajadores. La bancada de la UNE propuso al ministro que con los fondos no utilizados se cree un programa de seguro de desempleo por tres meses, para beneficiar a las y los trabajadores que han sido despedidos en los últimos meses de emergencia. Según datos del IGSS, hasta el 30 de abril se había perdido cerca de 60 mil empleos; es posible que al actualizar los datos de mayo y junio la cifra se duplique.

A este respecto, los mismos capitalistas contemplan un panorama catastrófico para el empleo. La Fundación Para el Desarrollo, FUNDESA, calculó que por el impacto de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 en 2020 se podría perder 1 millón 550 mil empleos en el país. De acuerdo al estudio que realizó la fundación, en el agro se perderían 542,229 puestos de trabajo; en el comercio y reparación de vehículos 279,575;  en actividades relacionadas a hoteles, restaurantes y servicios de comida, 135,135; en servicios administrativos 116,646; y en construcción 110,123. Según una encuesta reciente realizada por Pro Datos, el 70% de los hogares ha visto disminuidos sus ingresos hasta en un 40% (Prensa Libre 3/07/2020). La mayoría de compañeras y compañeros que han perdido sus trabajos empiezan a dedicarse a actividades informales para poder sobrevivir.

La situación para los trabajadores es cada vez más alarmante. En ausencia de un programa de seguro de desempleo en el país, proponemos nuevamente a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares, que levanten la urgente demanda de la creación de una renta básica que proteja a las familias de la creciente pauperización. Esta renta básica debe ser financiada con impuestos a los grandes grupos corporativos de la oligarquía, a las multinacionales que operan en el país y a los grandes grupos bancarios.

Por Ricardo Patzán

La corrupción es inherente al sistema capitalista, donde los empresarios y políticos ávidos de poder siempre buscan los recovecos que les permitan burlar las leyes y evadir las reglas para beneficiar a sus negocios, untando generosamente las manos de funcionarios y políticos en el proceso. Un caso típico es del sistema judicial en Guatemala; empresarios y políticos corruptos siempre han encontrado el modo de someter a sus intereses los procesos de elección de magistrados, para garantizar plazas y empleos para sus agentes, y colocar funcionarios que protejan sus intereses.

Actualmente la elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Apelaciones para el período 2019-2024 se encuentra en un impasse. El año pasado las Comisiones de Postulación iniciaron el proceso de selección de candidatos a magistrados de ambas cortes, que debían asumir sus cargos el 13 de octubre. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio un fallo favorable a dos amparos presentados contra el proceso de selección, por contener ciertos vicios, ordenando la repetición del proceso de selección.

La CC intervino nuevamente en el proceso al aceptar un nuevo amparo motivado por el informe presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público denominado Comisiones Paralelas 2020. Este informe afirma que “El Organismo Judicial de Guatemala es objeto de una contienda por parte de estructuras criminales que buscan garantizarse impunidad. Estas redes operan dentro y fuera del sistema para influir en la toma de decisiones” (Nomada 28/05/2020).

La FECI envió el informe al Congreso el 28 de mayo para su consideración, y contiene información de investigaciones sobre las y los aspirantes a magistrados, con procesos penales en su contra. El punto central gira en torno a las manipulaciones del influyente empresario y exfuncionario de gobierno Gustavo Alejos, actualmente en detención por seis casos de corrupción. Entre febrero y marzo del presente año, mientras estaba internado en un sanatorio privado con permiso del Sistema Penitenciario, Alejos se reunió con jueces, diputados, abogados e integrantes de las Comisiones de Postulación para influir la selección de candidatos, en total 41 personas vinculadas al proceso, violando además las reglas de su confinamiento en el sanatorio. El informe no solo cuestiona la idoneidad de los candidatos a magistrados mencionados, sino que plantea si los diputados involucrados con Alejos son moralmente aptos para elegir a los magistrados.

La CC emitió una Sentencia de Amparo el 6 de mayo, ordenando a la Junta Directiva del Congreso convocar al pleno de diputados para elegir magistrados a las cortes, elección que deberá realizarse a más tardar el 23 de junio. La CC ordenó a la FECI presentar el informe mencionado al Congreso; otorgó a los diputados 20 días para examinar detenidamente el informe; cada diputado deberá emitir su voto favorable o desfavorable para cada uno de los aspirantes a magistrados, razonando su honorabilidad, idoneidad y méritos.

Al momento de escribir este artículo se espera el inicio del plenario del Congreso en el que se tratará el tema de la elección de magistrados, entre otros puntos. La sesión se realizará en medio de gran incertidumbre y especulaciones. Se rumora que el bloque de bancadas aliadas al oficialismo evitará que se trate el tema o lo hará solo por cumplir el mandato de la CC, pues su intención sería que los magistrados sean electos en 2021, después del cambio de magistrados de la CC, lo que permitiría la continuidad en sus cargos de los actuales magistrados, que han favorecidos a muchos diputados acusados de corrupción y diversos delitos. No solo está en juego la impunidad, sino que hay diputados que negocian sus votos a cambio de obras públicas y contratos para sus distritos. Además, hay desacuerdos entre las bancadas sobre el procedimiento a llevar para el proceso de elección y sobre la lista definitiva de candidatos.

Cualquiera que sea el resultado de la sesión del Congreso, no dudamos que continuará el sistema que promueve la impunidad y la corrupción. Para remediar el tráfico de influencias y la injerencia de poderes ajenos a las cortes de justicia, proponemos que los magistrados del Sistema Judicial sean electos por voto directo de los ciudadanos, y que puedan ser revocados de sus cargos en cualquier momento. Los candidatos deben tener en su haber una carrera como jueces sin tachas y honorabilidad probada, y no tener la menor sospecha de vínculos con intereses políticos, empresariales o de otra naturaleza. Este sistema de democracia directa significa el empoderamiento y el control en la elección de funcionarios por parte de los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas.