Por Armando Tezucún

La pandemia del Covid-19, presente en Guatemala desde el mes de marzo, obligó al gobierno de Alejandro Giammattei a tomar medidas de distanciamiento social y confinamiento de la población en sus hogares para evitar la expansión de la enfermedad. Estas medidas incluyeron la suspensión de las actividades económicas no esenciales; del transporte público urbano y extraurbano; de actividades masivas culturales, deportivas y religiosas; la implementación del toque de queda; la suspensión de la movilización de la población entre ciertos departamentos; y el paro total de actividades algunos fines de semana.

Estas medidas están conduciendo a la economía guatemalteca a una recesión sin precedentes, aún más grave que la causada por la crisis económica de 2008. Según diferentes entidades nacionales e internacionales, el Producto Interno Bruto de 2020, caerá entre -2% y -3%. Según el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae), tan solo en el mes de abril ésta cayó un 10.2%.

Más allá de estas cifras frías, la recesión de la economía significa el cierre de empresas, el despido parcial de las planillas de trabajadores, recortes de salarios y la imposibilidad de ejercer sus trabajos para los trabajadores informales, reduciendo dramáticamente sus ingresos. Según la empresarial Fundación Para el Desarrollo (Fundesa), este año se perderán 185,500 empleos. El 16 de junio, la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Comisión Económica Para América Latina advirtieron que la pobreza extrema en Guatemala podría incrementarse en un 19.8 al 21.4 por ciento, lo que equivale a 300 mil personas, para un total de 3,5 millones. Este es el verdadero drama que enfrentan las y los trabajadores guatemaltecos, sobre quienes está recayendo el peso de la crisis.

El gobierno central ha implementado planes de ayuda para las familias afectadas y los trabajadores, pero además de que es un apoyo económico muy limitado, su implementación avanza a paso de tortuga por los laberintos burocráticos de las instituciones oficiales.

Ante este panorama alarmante, la implementación de una Renta Básica Universal (RBU) surge como una demanda que debe ser impulsada por las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares.

La RBU es un sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, independientemente de su edad, condición de trabajo o de riqueza y de posibles fuentes de ingresos. Esta renta debe garantizar las necesidades vitales de las personas, sin que por ello deba contraprestación alguna (https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_b%C3%A1sica_universal)

La Renta Básica Universal como sistema de cobertura a todas las personas o ciudadanos de un país, nunca ha sido implementada. Se ha hecho ensayos parciales y limitados en Canadá, Finlandia, Alaska, Estados Unidos, Irán, Brasil, Argentina, Kenia y Alemania con diferentes modalidades y distintos resultados. El principal efecto de estas experiencias ha sido un incremento en la salud física y mental de los beneficiarios, sin que influyera significativamente en la oferta de trabajo, es decir, las personas no renunciaron a trabajar por recibir el beneficio (https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-03-04/renta-basica-social-alaska-finlandia-ingresos_2479827/).

En Guatemala la implementación de una Renta Básica adquiere carácter de urgencia, y algunas organizaciones sindicales ya han decidido asumir acciones para impulsar la medida, coordinando con algunas bancadas de diputados progresistas y de izquierda.

Desde el Partido Socialista Centroamericano apoyamos incondicionalmente esas acciones, y planteamos algunas sugerencias. La Renta Básica podría beneficiar a las familias con ingresos mensuales menores a los Q 2,500, con una RB equivalente al salario mínimo vigente más elevado, Q3,075.10. Otra modalidad podría ser una RB para los individuos mayores de 18 años con ingresos menores a Q 2 mil mensuales, beneficiándolos con Q 1,500 al mes. Obviamente estas propuestas están sujetas a la discusión.

Consideramos que el financiamiento de la RB a aprobar no debe proceder de más endeudamiento del Estado. Proponemos la creación de un impuesto sobre las ganancias de las grandes corporaciones de la oligarquía (Corporación Multiinversiones, Corporación Castillo Hermanos, Grupo Rozas-Botrán, La Fragua, los Novella, Campollo Codina, etc.), los grandes bancos y las multinacionales (Claro, Tigo, Energuate, Eegsa, etc.).  Estos son los grupos que acaparan la mayor parte de las riquezas producidas por las y los trabajadores, y con la creación de estos impuestos la Renta Básica se convierte en una medida redistributiva.

Por Leonardo Ixim

El lunes primero de junio el pleno del Congreso en sesión extraordinaria aprobó por tercera ocasión la prórroga del Estado de Calamidad contemplado en el Acuerdo Gubernamental 146-2020, debido a la pandemia de COVID-19.

La mayoría de diputados del Congreso votó a favor de la ampliación, a excepción de la bancada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, argumentando que los programas y medidas que el gobierno ha realizado para atender a la población afectada por la merma de sus ingresos debido al estado de cuarentena, son insuficientes.

Esta voz se sumó a otras bancadas y diputados, como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Bienestar Nacional, URNG, WINAQ y Semilla, que pese haber votado a favor de la ampliación del Estado de Calamidad, cuestionaron la irresponsabilidad en lo que respecta al informe circunstanciado de la ejecución presupuestaria, que el gobierno debería haber entregado al Congreso y no lo hizo.

El decreto consta de una estrategia tardía para el control de la epidemia, algo inaudito cuando tenemos ya casi 3 meses en cuarentena, reportándose 7 mil contagios y 252 fallecidos. Estos datos fueron fuertemente criticados por diversas bancadas, pues además de los sub-registros, se maquillan y esconden datos, argumentaron los congresistas. Todo esto, pese a que existe un Consejo Nacional de Salud de carácter asesor y también tarde, se nombra a un afamado epidemiólogo para dirigir esta estrategia tardía a cargo de una comisión presidencial.

La estrategia en mención contiene los siguientes procedimientos: la expansión de pruebas y recomendaciones de prácticas de investigación epidemiológica; aumento de la capacidad tecnológica para el reporte y flujo de información; y rastreo de contactos para identificación y control de brotes. Pero todo esto tiene una finalidad, preparar la desescalada al tenor de la lógica de las burguesías de diversos países, en el marco de una recesión mundial del capitalismo acelerada por la pandemia.

Se busca aumentar el número de pruebas diagnósticas, equipo y reactivos para la diagnosis de casos sintomáticos. Pero es escaso el número de pruebas diarias y apenas han llegado a dos mil, cuando la OMS recomienda que para un país con una población como Guatemala debe ser cinco mil diarias para detectar la presencia del virus; como sea, es una de las más bajas de Latinoamérica, además según denuncias recientes se carece de reactivos para acompañar las prescripciones.

Por otro lado, se plantea un proceso de desescalada en cuatro fases a saber: 0) preparación; I) inicio; II) apertura intermedia y; III) nueva normalidad. Sin embargo, según el encargado dirigir esta estrategia a cargo de la comisión presidencial, Edwin Asturias, para iniciar un procedimiento de esta naturaleza los casos de infectados deben bajar y en los últimos días han sobre pasado los trescientos diarios.

Entre enmiendas presentadas por la oposición para fortalecer el sistema de salud están: 1) readecuación presupuestaria para un bono único para el personal de salud temporario; 2) la contratación de estudiantes con pensum cerrado de medicina y de estudiantes extranjeros que cursan esta carrera; 3) obligación de las autoridades de salud de brindar información periódica sobre las tendencias de la pandemia: 4) capacidad de camas instaladas, que en la gestión actual han aumentado un poco más de mil solamente; 5) reporte, de compras diarias y semanales de medicamentos, insumos y equipo de protección personal, así como de inventarios y entregas diarias y semanales de éstos; 6) informe detallado de las pruebas virales y pruebas de anticuerpos realizadas a personas, por día y su resultado y; 7) se confirma la focalización asistencial de los programas sociales a la población más pobre.

Además, patéticamente, aduciendo las necesidades espirituales de la población, se permite a los ministros de culto de las religiones dominantes a poder moverse libremente en el toque de queda. Por otro lado, se hace recomendaciones al gobierno para la implementación de los protocolos de apertura y reinicio de actividades, la famosa nueva normalidad, pero no se aclara ni en la estrategia gubernamental ni en las enmiendas legislativa, cómo puede ser esta.

Nosotros consideramos que las organizaciones populares deben conformar un frente común que vele no solo por fiscalizar estos programas con medidas administrativas y legales, sino propiciar la movilización. Deben apoyar las reivindicaciones laborales del personal de salud para que se agilicen los pagos, las contrataciones y se vuelvan personal permanente; además de exigir que los programas rebasen las lógicas focalizadas pensando en renta mínima para amplias capas de la población y que se cumpla el decreto 15-2020 para que las empresas de servicios no abusen de los usuarios.

Por Armando Tezucún

Con la publicación del reglamento del decreto legislativo 15-2020 quedó en evidencia el contubernio entre el gobierno de Alejandro Giammattei y las empresas de energía, agua y telefonía, en perjuicio del pueblo consumidor de estos servicios.

Las vicisitudes del decreto en cuestión

Recordemos que el decreto 15-2020 fue aprobado el 3 de abril por el pleno de diputados del Congreso de la República, con la intención de proteger a los consumidores, prohibiendo la suspensión de servicios por falta de pago, el cobro de moras, intereses o gastos administrativos y permitiendo la firma de convenios de pago hasta por 12 meses. El 29 de abril el presidente Giammattei vetó el decreto por considerar que tenía deficiencias e inconstitucionalidades, enviando al Congreso una nueva iniciativa de ley que supuestamente enmendaba esos errores. Un día después el pleno de diputados rechazó el veto del mandatario, ordenándole publicar el decreto 15-2020 en un plazo de 20 días. El 3 de mayo Giammattei anunció un acuerdo no escrito con las empresas, con el cual éstas se comprometían a firmar convenios de pago con los usuarios sin suspender el servicio. En vista de que el presidente no publicó el decreto, el legislativo lo hizo el 21 de mayo, por medio del acuerdo 12-2020, que entró en vigencia el 22.

Cuando fue aprobado el decreto 15-2020, las empresas afectadas y sus representantes introdujeron 13 amparos ante la Corte de Constitucionalidad para impedir su entrada en vigencia, y al ser publicado presentaron 9 acciones más.

Las quejas de las empresas

Desde que el Congreso rechazó el veto presidencial, las empresas que venden los servicios empezaron a rasgarse las vestiduras proclamando los males que caerían sobre el país si lo establecido por el decreto se hacía realidad. En especial el sector que genera y distribuye energía eléctrica recibió acogida en los medios periodísticos burgueses; estas empresas manejan una cartera de entre Q 12 mil 500 y Q 15 mil millones, con una presencia del 5.9% en el sistema financiero. El sistema de energía eléctrica, al igual que el de telefonía fue privatizado por sucesivos gobiernos neoliberales, siendo el del fallecido ex presidente y ex alcalde metropolitano Álvaro Arzú el que dio el toque final al asalto a los bienes del Estado.

La objeción principal es que el decreto no define a qué tipo de consumidores se beneficiará ni por cuántos meses, dejando la puerta abierta para que incluso personas o empresas con capacidad de pago se acojan a la medida y suspendan la cancelación de sus recibos. El resultado sería que afectaría la liquidez de las empresas, y las distribuidoras no podrían pagar a las generadoras de energía, las cuales a su vez no podrían adquirir combustibles, lo que obligaría a la suspensión del servicio y al racionamiento de energía, afectando a la economía en general, hospitales, fábricas, alumbrado público y privado, etc.

Este panorama apocalíptico ha sido acompañado de cálculos detallados de las pérdidas astronómicas de las empresas. Uno de ellos fija en Q 30 mil 400 millones (el 5% del PIB) la facturación de las empresas que estaría en riesgo, Q 11,642 millones de electricidad y agua y Q 18,576 millones de telecomunicaciones. Otros cálculos establecieron que las empresas distribuidoras de energía eléctrica facturan mensualmente Q 917 millones, de los cuales dejarían de recibir Q 523 millones (Prensa Libre 21/05/2020). Si se redujera la prohibición de corte del servicio a tres meses y se aplicara a quienes consumen menos de 300 Kw/hora por mes, el impacto quedaría en Q 150 millones mensuales (Prensa Libre 27/05/2020). Según Fernando Spross, Analista de la empresarial Fundación Para el Desarrollo, si no se delimita la prohibición de cortes el impacto mensual a las empresas de energía, agua y telefonía ascendería a Q 2,553 millones (Prensa Libre 28/05/2020).

La empresa distribuidora de energía eléctrica Energuate notificó a sus 40 proveedores de energía que debido al impacto del decreto 15-2020 no estaría en capacidad de pagarles la energía que le han proveído. Esta noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Generadores (ANG), que hizo ver también la dificultad que tendrían las empresas para trasladar a las municipalidades los Q 69 millones mensuales provenientes de la tasa de alumbrado público. La Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) notificó lo mismo el 11 de mayo (Prensa Libre 27/05/2020).

En un foro realizado por Amcham, titulado “Los Impactos Sociales y Económicos del Decreto 15-2020”, los empresarios se victimizaron diciendo “el impacto más grande es un golpe a la moral de pago de los guatemaltecos. Es un ‘perdonazo’ del pago, lo hace el Estado por medio de un decreto del Congreso pero no con el dinero del gobierno sino de las empresas, no existe principio de solidaridad” y sostuvieron que se está violando la libertad de empresa al obligarlas a regalar sus servicios (Prensa Libre 28/5 /2020).

 La propuesta de los empresarios

Las asociaciones de empresarios, respaldadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) propusieron que se delimitara los beneficiarios del decreto a los usuarios que consuman entre 200 y 300 kw/hora al mes y que el período de beneficio sea de tres meses. Señalaron que ya están firmando convenios de pago, a raíz del acuerdo alcanzado con el gobierno el 3 de mayo, siendo que hasta el 20 de ese mes se habían firmado 7,500 de estos convenios difiriendo los pagos por 12 meses (Idem). El 22 de mayo se dio a conocer en los medios que el MEM hizo ver que el gobierno debe emitir un reglamento para que el decreto 15-2020 sea operativo, en el cual se debe delimitar su alcance.

Y efectivamente, el 30 de mayo fue publicado el reglamento, mediante el acuerdo gubernativo 74-2020, que entró en vigencia el día 31.

Qué estipula el reglamento del gobierno

Tal como lo solicitaron las empresas, el reglamento limita la suspensión de corte de energía eléctrica a las personas en situación de vulnerabilidad que sean usuarios residenciales cuyo consumo no exceda de 300 Kw/hora al mes. Quedan excluidas las personas que no estén al día con el pago de sus facturas al momento de entrar en vigencia la ley, así como las empresas y comercios. Esto quiere decir que las familias que se han visto afectadas por la crisis económica y no habían podido pagar sus recibos en los meses de marzo y abril, serán perjudicadas con el corte de energía; de igual manera, la enorme cantidad de pequeñas empresas y negocios que han visto afectadas sus ventas corren el peligro de quedarse sin energía eléctrica. Los beneficiarios podrán hacer convenios de pago por un máximo de 3 meses de servicio, es decir, del 22 de mayo al 22 de agosto; después de esa fecha tendrán que continuar pagando el servicio, y el convenio podrá prorratear el pago de los tres meses, hasta en 12 meses, que se empezarán a contar a partir del mes en que finalice el Estado de Emergencia decretado por el gobierno.

En el caso del servicio de agua, el beneficio de prohibición de corte se aplica a las personas con un consumo menor a Q 300, con las mismas condiciones que en el caso de la energía eléctrica.

En el caso de las empresas de telefonía, cable e internet, éstas no podrán suspender el servicio, ni realizar cobros o cargos moratorios, pudiendo firmar convenios son los usuarios de hasta 12 cuotas mensuales. Sin embargo, el gobierno les permitió que reduzcan el servicio a los beneficiarios a planes básicos en cualquiera de las tres áreas. En este caso se da el absurdo de que los usuarios, al cancelar el convenio de 12 cuotas, van a estar pagando por un servicio que no recibieron, pues las empresas se lo habrán reducido al mínimo.

El contenido del reglamento aprobado por el gobierno coincide casi totalmente con la contrapropuesta que el presidente Giammattei hizo al Congreso a finales de abril, cuando vetó el decreto 15-2020; esta contrapropuesta fue rechazada por los diputados junto con el veto. Es decir, con el reglamento el gobierno está metiendo gol al Congreso, introduciendo subrepticiamente los cambios que éste no aceptó.

A los 22 amparos que introdujeron los empresarios ante la CC contra el decreto 15-2020, se sumó otro de inconstitucionalidad parcial contra el reglamento del gobierno, presentado el 1 de junio por el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, por ser contrario al espíritu del decreto, que es proteger a los usuarios. Mientras, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad permanecen impasibles sin resolver ninguno.

¡Suspensión del pago de servicios básicos!

Exigimos al gobierno que declare la suspensión del pago de los servicios básicos hasta que finalice el Estado de Emergencia, para todas las familias trabajadoras y los pequeños y medianos negocios. Las empresas que prestan esos servicios pertenecen a grandes consorcios multinacionales, como EEGSA, que pertenece al grupo EPM de Colombia; Energuate, cuyo dueño es I.C. Power, parte de la multinacional Israel Corporation Group; Claro, que forma parte del consorcio del multimillonario Carlos Slim; Tigo, otra empresa multimillonaria propiedad de Millicom International, S.A. Mientras estas gigantescas empresas lloriquean por sus ganancias, las y los trabajadores ven cómo se desvanecen sus empleos, sus salarios y su capacidad de pago por los servicios. Si las empresas se niegan, el Estado debería asumir la prestación de dichos servicios, bajo la supervisión de las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y populares, como debería haber sido antes de que los gobiernos neo liberales privatizaran los bienes esenciales del pueblo. 

Por Leonardo Ixim                                             

En los últimos días se han puesto de manifiesto las carencias del sistema de salud para afrontar la crisis provocada por virus COVID-19, con la denuncia de personal que trabaja en la salud, así como de pacientes, de las condiciones para brindar un servicio eficiente y apegado a una atención deja mucho que desear. En este ambiente la carencia de insumos se hace patente, pese a que el ministro de salud adujo que se dispondría de 7.7 millones de mascarillas N95 y 800 mil trajes de seguridad, teniendo pendiente nuevos proceso de adquisición.

Para atender esta crisis el gobierno habilitó el hospital de Villa Nueva, ubicado al sur de la capital y acomodó el Parque de la Industria –un sitio para eventos- como hospital de campaña; posteriormente empleó otro hospital en la ciudad de Quetzaltenango, la segunda más populosa del país. Sin embargo la desazón no se ha hecho esperar, pues estos hospitales se vieron prontamente rebasados en sus capacidades y el gobierno decidió descargar esta responsabilidad en el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), que ha cometido grandes errores a la hora de atender a pacientes con el virus, como lo denunció la Procuraduría de los Derechos Humanos. Posteriormente el gobierno también habilitó el Hospital Roosevelt ubicado en la ciudad capital para atender pacientes, pero hace unos días el colectivo de médicos de este hospital también reportó que las instalaciones para tratar a los infectados se están cubriendo rápidamente.

En ambas instituciones lo que se evidencia es negligencia a la hora de atender pacientes, violando el derecho a la salud, necesitando que se utilicen otras instalaciones estatales a cargo del ejército y de la policía, así como los hospitales privados, para que toda esta capacidad pase a servir a la atención de pacientes.

Desde los primeros días de la cuarentena los salubristas y el Sindicato de Trabajadores del San Juan de Dios, han expuesto la insuficiencia de equipos. Para atender la crisis el gobierno central contrató médicos temporales, quienes hace unas semanas mencionaron que en el Parque de la Industria  falta de equipo de protección personal e insumos para la atención de los pacientes. Faltando mascarillas quirúrgicas tres capas, mascarillas respirador N95 con válvulas, gorros para enfermería, zapatones para área quirúrgica, lentes protectores de bioseguridad no descartables, protector facial, trajes de bioseguridad, guantes descartables y batas estilo gabacha. El 24 de mayo renunciaron 26 especialistas en terapia respiratoria, que atendían en este hospital, hartos de esta situación y de que se les debe el pago de dos meses, a pesar de todo el dinero aprobado para la atención de la pandemia. 

A medida que la curva aumenta y las instalaciones del sistema público y del IGSS muestran carencias, médicos de los demás hospitales reportan tales carencias. Estos  denuncian que sus contratos no garantizan estabilidad laboral y que la mayoría no ha recibido los pagos correspondientes, una investigación de la bancada Bienestar Nacional señala que los recursos asignados para pago de salarios no han sido ejecutados aun.

A esto se agrega insuficiencia de equipo especializado para atender el proceso de curación, como ventiladores que tienen que ser importados y otros, mas la carestía de camas ante las dantescas escenas de pacientes tirados en el piso y la recurrente exigencia por realizar test hacia pacientes asintomáticos para detectar la presencia del virus.

Según la última declaración de Giammattei, en Guatemala se han hecho dos mil 376 pruebas al 24 de mayo, el gobierno en las primeras semanas realizó muy pocas pruebas aduciendo que deberían hacerse solo a los pacientes que mostraban ciertos síntomas; pero de unos días para acá ha aumentado, sin embargo la capacidad es limitada, contando con una sola instalación del Laboratorio Nacional y la de algunos hospitales públicos, mostrando el  enfoque  mas curativo y no preventivo que prima en el sistema de salud.

Los pacientes del Parque de la Industria y del hospital de Quetzaltenango denunciaron recientemente que las condiciones en que se encuentran son deplorables, con escasez de alimentos, agua y ropa. Ademas de que los resultados de  pruebas –en muchos casos esperando varios días ya- no se han recibido, para evaluar su condición.

Llamamos a la articulación de pacientes, familiares, salubristas, médicos, sindicatos de trabajadores del sistema de salud y del seguro social y al Colegio de Médicos, junto a organizaciones sociales a establecer un frente común de cara a garantizar el derecho a la salud de los pacientes y las condiciones optimas laborales para el personal de salud.