Por Joseph Manuel A. Herrera

Muchos estudiantes ignoran lo que pasa en la USAC estos días; no conocen las marufias que están llevando a cabo en los pasillos de la Rectoría los que dicen administrar la única universidad pública del país. Por esto me dedicaré a explicar: ¿Qué es la Privatización? ¿Con qué se come? ¿Qué engaños usan para que el estudiantado y otros sectores que serán afectados por ellas, la acepten e incluso la apoyen? ¿Quiénes la promueven? ¿Qué ganaran los que hoy están mutilando la única universidad estatal del país? Y terminaré dando algunas líneas que pueden servir al estudiante en esta lucha: ¿Con qué herramientas cuenta el estudiantado para vencer a los privatizadores? ¿Qué es lo que se está defendiendo? Para esto usaré tres artículos, que saldrán consecutivamente.

1.- ¿Qué es la Privatización?

La privatización es un modelo de mercado derivado de la escuela económica de Chicago, bajo los preceptos del neoliberalismo económico, que busca reducir el llamado Estado de bienestar, atacando los servicios públicos y sociales que brindan los diferentes Estados nacionales en beneficio de las amplias mayorías del pueblo. Esto quiere decir que el neoliberalismo, en contraposición al Estado de bienestar (keynesianismo), busca reducir el Estado y sus servicios a la población. Por ejemplo, desde finales de los 80s e inicios de los 90s y con la finalización de las guerras civiles en Centroamérica –derrota pírrica de la revolución centroamericana–, se abre una etapa de desmembramiento de estos servicios públicos, bienes de toda la población. De esta época data la privatización de la empresa aérea nacional (AVIATECA) que nos servirá de ejemplo entre otras, para ver la ideología político-económica de los agentes del neoliberalismo, del cual el actual rector Murphy y su camarilla son solo sus últimos representantes.

a) La Privatización de los bienes del Estado

Debido a la descapitalización promovida por el saqueo continuado de los diferentes gobiernos, AVIATECA se vio obligada a vender una parte de sus activos al capital privado del entonces consorcio salvadoreño: Transportes Aéreos del Continente Americano S.A. (Grupo TACA), ahora Avianca. Esto durante el gobierno de la Democracia Cristiana (DC) de Vinicio Cerezo (1986 - 1991), –recordado por los abuelos y los padres, como la gran decepción–. Hacia inicios de 1990 ya no existía una aerolínea estatal en Guatemala. Con la retórica vacía de una empresa que solo busca “eficiencia económica” haciendo crecer sus réditos o su equivalente público-estatal: el aparente “crecimiento económico” de las arcas públicas, se inició el vaciamiento de los activos del Estado de Guatemala en beneficio del ensanchamiento y crecimiento de las cuentas corrientes de los ministros, que pasaban a ser gerentes y miembros de juntas directivas de las empresas públicas privatizadas, volviéndose millonarios de la noche a la mañana. Esto es algo así como, provocar la enfermedad y dar la cura, un ganar, ganar.

b) El Mantra Neoliberal, una ideología del saqueo

El mantra neoliberal es sui generis en Centroamérica, a diferencia del sur de continente, donde fueron las dictaduras militares de corte derechista las que promovieron la venta de los bienes del Estado –es el caso de Brasil, Chile, la Argentina y Uruguay–, en beneficio de los empresarios que sostuvieron materialmente sus continuados golpes de Estado.

En Centroamérica son los gobiernos civiles, ya en el régimen democrático, los que profundizan esta práctica de saqueo y rapiña de lo público en favor de lo privado. Todo esto tiene un marcado carácter ideológico y bélico, pues las operaciones de las diferentes guerrillas en el istmo centroamericano imposibilitaban la inversión del capital privado nacional y extranjero, al ser inversiones riesgosas en un escenario de guerra. Es con los Acuerdos de Esquipulas I y II promovidos por el reaccionario Grupo de Contadora (México, Colombia, Panamá y Venezuela), de los que se llena la boca hoy en día el senil Vinicio Cerezo y su fundación de cartón, Esquipulas, cuando se consigue la necesaria paz en el campo y la ciudad, para asegurar la buena marcha de los negocios y el rédito creciente de las inversiones. Como cantaba el trovador anarquista español: “Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud”. Y lo demostraré en estas líneas.

Durante el tiempo de Cerezo el mantra de la privatización se llamaba desincorporación de los bienes del Estado. Fue durante el gobierno oligárquico-empresarial de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), que este mantra se volvió un credo con fisonomía ideológica. Se puede recordar la paráfrasis que Arzú hacía del mismo: «Solo los empresarios gestionan bien y no roban porque ya son ricos». A la luz del tiempo trascurrido y el peso de la historia, se comprueba la perversa mentira que se esconde detrás de este postulado, pues la familia Arzú es una de las que no solo han vendido lo público cuando esto es más rentable para ellos, que su ya natural instrumentalización de las corporaciones municipales para ensanchar su fortuna (1986- 1990) y (2004-2018), licitando bienes y servicios millonarios que requiere la municipalidad de la Ciudad de Guatemala, en favor de las empresas familiares bajo prestanombres. Esto es a lo que le llaman hipócritamente los tecnócratas del neoliberalismo: “democratización del capital”, que no es más que la defensa alevosa del saqueo de los bienes públicos en favor del interés particular, sectario y mezquino.

Pero el neoliberal salvaje que esperamos nunca descanse en paz, Álvaro Arzú, profundizó el saqueo de los bienes del Estado. En su período se finiquitarían las arremetidas para la privatización de las bandas de telefonía, iniciada en tiempo de Cerezo; que derivó en la privatización de toda la industria de telecomunicaciones estatal (GUATEL). En esos días que siguieron a la privatización: COMCEL, ahora TIGO, del único milmillonario que tiene Guatemala y también evasor de impuestos Mario López Estrada, que hizo su fortuna de la noche a la mañana, saltando de la administración pública a la administración de lo público privatizado: “Aunque antes de convertirse en un potentado de la telefonía privada, [Mario] López se desempeñó como gerente de la empresa estatal de telecomunicaciones y como viceministro de Comunicaciones de la administración que tomó la decisión de privatizar el sector [una rareza, que comprueba nuestra posición], según su perfil en Forbes sólo empezó a comprar acciones de COMCEL en 1993, cuando ya había abandonado el gobierno”.  (BBC Mundo, del 19 de octubre del 2017). Con los años también se licenció a precio de quemazón a CLARO, para utilizar la banda telefónica nacional, que forma parte del monopolio latinoamericano de telefonía del multibillonario Carlos Slim, un reconocido defraudador de impuestos en México y demandado en más de una docena de países por violación de derechos laborales. Este es el desarrollo que se promete, un iluminismo que en realidad solo es una ilusión óptica, que encubre el verdadero interés por desintegrar las empresas estatales.

Otro caso es el de la explotación minera, que era hasta entonces monopolio del Estado; la producción, distribución y venta de energía eléctrica, negocio “amiguetes” que terminó vendiendo bienes públicos a precios de remate, que al igual que el de las telecomunicaciones benefició directamente, y que misteriosamente quedaron en manos de todos los allegados al entonces presidente Álvaro Arzú Irigoyen. Así como a parientes de tercer y cuarto grado de los nuevos ricos nacionales, nacidos a la sombra de los negocios espurios con el Estado, durante la guerra y después de ella. Como dice la gloriosa Chalana, que debería ser himno nacional:

“Patria, palabrota añeja

por los largos explotada;

hoy la patria es una vieja

que está desacreditada.

No vale ni cuatro reales (¡cabales!)

en este país de traidores;

la venden los liberales

como los conservadores.”

c) Los saqueadores causan la enfermedad y compran la cura

La venta después de la artificial quiebra de la empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), a la canadiense Railroad Development Corporation (RDC), decimos artificial quiebra, porque esto es un método de los agentes de la privatización, desfinanciar, saquear y volver ineficiente los servicios públicos, para después recetar la cura por medio de la venta de lo público a lo privado, de lo que ellos también se benefician directamente comprando o recibiendo casi regalados los derechos sobre los bienes de todos. Por ejemplo en las coimas, regalos y demás dinero que los empresarios dan para las aguas y ahora conocido en los últimos días a la luz de los últimos casos de corrupción (La Red TIGO-Baldetti) en la negociación de la “ley de telefonía” como: champurradas; que no es otra cosa que el dinero que se les da a los diputados y ministros del Estado, para que aprueben una ley que beneficia a este o aquel sector empresarial; o en el caso de los ministros, recibir dinero debajo del agua, para aprobar una licitación de obra pública, el caso del fugado Alejandro Sinibaldi (ex ministro de comunicaciones del gobierno del PP) que junto con la bancada del extinto partido LIDER (“la oposición”) negociaron la obra pública de carreteras a la multinacional Odebrecht, intervenida y perseguida legalmente en más de 20 países de Latinoamérica, por fraude. Por obras que los diferentes gobiernos pagaron casi en su totalidad y que nunca se entregaron –ni se entregarán–. Aquí está ese mantra de la privatización, bajo la radiografía que solo puede conceder la historia.

La empresa nacional de correos. Se deja morir el correo nacional desfinanciándolo, para promover las empresas de envíos privadas trasnacionales. La obra pública de gran envergadura, el usufructo de tramos de carretera en manos privadas, la exploración y la explotación petrolífera, a precio de remate pasó a manos del sector privado organizado nacional (CACIF) y de un puñado de inversores, agentes del capital trasnacional. Ejemplos del paisanaje hay muchos, ahí donde el Estado debe llevar servicios a la población, es remplazado por el interés privado; son los finqueros, los plantadores de palma, los ganaderos extranjeros, los que se benefician de las carreteras y demás infraestructura vial. Ahí donde los dos propietarios del cartel de la telefonía (TIGO y Claro) requieren sacar adelante beneficios y fortalecer su mercado, tienen a su servicio toda la institucionalidad publica, dándose el caso de aprobar leyes que violentan el código de trabajo, para poder pagar menos del mínimo a vendedores de paquetes telefónicos, menos aún, a los proletarios rurales que hacen su vida en las fincas y palmeras. La patria no es de todos, pues la finca es de unos pocos. 

¡Ahí está la maravilla, ahí está la eficiencia de lo privado! Un saqueo a la luz del día sin parangón, sin pistolas; no lo ejecuta un pobre con hambre de esta o aquella barriada de las zonas peligrosas de la ciudad. El saqueo lo llevan adelante los “llamados honorables de la patria”, en sus carros de alta gama, pagado con el dinero robado de los bienes del Estado. Esos cuellos blancos, que se hacen de la noche a la mañana millonarios y por cosa rara, después de haber participado de la administración pública, se dedican a cuidar sus caudales mal habidos. Ahí está el progreso que le prometen a desclasados y demás creyentes ingenuos, el progreso de sus cuentas bancarias.

Por Leonardo Ixim

Después de ocho días de movilización desde la cabecera departamental de Quetzaltenango, el pasado 8 de mayo llegó al centro de la ciudad capital la Marcha por la Dignidad, la Vida y la Justicia, promovida por la Asamblea Social y Popular.

Esta marcha, que inició el primero de mayo, se movilizó por toda la carretera interamericana durante doscientos kilómetros hasta llegar a la capital. Si bien no fue tan numerosa como otras marchas campesinas similares, demostró el carácter combativo de los pueblos indígenas y de sectores populares que la acompañaron, al rescatar y mantener una tradición de las comunidades situadas en lugares lejanos al centro neurálgico del poder político y económico, y hacer presente en éste el repudio al régimen político y al modelo económico neocolonial, extractivista y dependiente vigente.

La ASP, cuya mayor organización es la histórica organización Comité de Unidad Campesina, y que es acompañada por otros sectores sindicales, populares, de mujeres, jóvenes, de la sexo-diversidad y otras, repudió a los partidos políticos derechistas, que son la mayoría en esta contienda electoral,  por ser portadores del mismo modelo social y correas de transmisión de las facciones de la burguesía y de la súper cúpula oligarca.

Una de las demandas mas sentidas fue la denuncia contra actos de criminalización, intimidación y judicialización contra mas de 600 luchadores sociales o defensores de derechos relacionados a la tierra y el territorio y la persecución contra los derechos laborales y sindicales; a eso se suman el asesinato y persecución política a integrantes de diversas organizaciones campesinas como el CUC, el Comité Campesino del Altiplano, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, el Comité de Defensa Campesina, así como organizaciones comunitarias de base y territoriales en todo el país.

Otras de las demandas que levantaron fue el rechazo contra leyes que pretenden impulsar los legisladores de bancadas de partidos conservadores en el Congreso de la República, como la iniciativa 5272 que aumentará las penas para las niñas y mujeres que aborten y prohibirá la educación sexual en los centros educativos del país; las reformas al Código Penal que otorgarían libertad a presos mayores de setenta años (Prensa Comunitaria 03-0505-19); esta pieza en especial tiene una dedicatoria a favor distintos personajes como el ex presidente Otto Pérez Molina y otros, procesados penalmente por casos de corrupción.

Además, también plantearon, aunque vagamente, una posición con respecto al proceso electoral que está en marcha. Su postura es similar a la de la ASP en 2015, que fue el voto nulo, solo que en esta ocasión se planteó veladamente; nosotros desde el Partido Socialista Centroamericano consideramos que es más pertinente llamar a realizar un voto crítico y por las candidaturas populares de los cuatro partidos que se definen de izquierda, es decir Convergencia, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, URNG-MAIZ y WINAQ.

Pese a eso, consideramos que es oportuna la movilización popular en una época electoral, para repudiar a los partidos burgueses y en contra de la clase dominante que sostiene el modelo; todas las movilizaciones como esta son importantes para propagandizar contra los enemigos de clase, si bien sus demandas son democráticas y no estructurales, como el tema de la reforma agraria, el derecho a la tierra y la defensa del territorio una demanda sentida del campesinado y de las comunidades rurales.

Por otro lado, en ciernes está la iniciativa de Infraestructura Vial en el Congreso de la República, que profundiza el modelo neoliberal. En el último Encuentro Nacional de Empresarios promovido por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, ligado a diversos núcleos oligarcas, se planteó un proceso de privatización de las vías, justificando su falta de mantenimiento y extensión. Por medio de la creación de una Superintendencia de Infraestructura Vial acompañada de un fondo alimentado con más endeudamiento y los impuestos al petróleo que pagan los consumidores, donde las empresas constructoras serán juez y parte; así como la concesión de peajes a estas empresas para que administren las carreteras. Esto ya fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructuras y Vivienda.

Todos los partidos de derecha y centro pretenden impulsar este y otros proyectos neoliberales. Desde las organizaciones populares debemos hacer frente común contra estas iniciativas que el próximo gobierno pretende imponer, rescatando los instrumentos unitarios como fue la Central de Organización Campesinas (CNOC) junto al existente Movimiento Sindical Autónomo de Guatemala y otras expresiones articuladoras.

Por Juan Arellano

El frente de diputados que representan a los partidos de extrema derecha, conocido por los medios como “Pacto de Corruptos” está fraguando un nuevo ataque contra los derechos del pueblo guatemalteco. Se trata de la iniciativa 5272, que propone aprobar la Ley  para la Protección de la Vida y la Familia.

Este proyecto de ley fue presentado al legislativo en abril de 2017 por el diputado Aníbal Rojas, del partido Visión con Valores (Viva), quien fue presidente de la Comisión de la Mujer del Congreso, y un grupo de diputados autodenominados “Provida”;  recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República el 7 de junio de 2018. Ese mismo año fue aprobada por el pleno de diputados en primera y segunda lectura, entre mediados y finales de agosto; el 29  y 30 agosto fue planteada en la agenda de la sesión plenaria para ser aprobada en tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final, pero ambas sesiones fueron suspendidas por falta de quórum una y por una manifestación de maestros la otra. A partir de septiembre la iniciativa 5272 desapareció de la agenda del pleno, probablemente por el agravamiento de la crisis política provocada por el conflicto entre el gobierno de Jimmy Morales y la CICIG.

El presente año, en plena campaña electoral, los diputados de extrema derecha desengavetaron el proyecto y lograron que su aprobación en tercera lectura figurara en la agenda del pleno el 1 de mayo. Representantes de organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual se hicieron presentes frente al Congreso para presionar contra su aprobación, y finalmente la sesión no se realizó por falta de quórum.

Sin duda la  iniciativa estará agendada en las próximas sesiones del plenario, ya que los diputados ultraderechistas están más que dispuestos a sacrificar los derechos de las niñas y mujeres, de los jóvenes y de la comunidad LGTBIQ con tal de ganar el voto de los grupos religiosos más conservadores, evangélicos y católicos, para la elección de los candidatos de sus partidos. Así lo reconoció descaradamente el diputado del Partido de Avanzada Nacional Fernando Linares Beltranena: “Totalmente. Creo que es mejor que salga en época electoral, porque entonces se pintan los candidatos si están a favor de la vida y a la educación sexual, de acuerdo con el sexo con que nacieron los niños o si están a favor de toda esta moda perversa que tiene que ver con el cambio de sexo y promoción de la homosexualidad” (Prensa Libre 2/05/19).

La iniciativa 5272 propone aumentar las penas vinculadas con el aborto, modificar figuras penales relacionadas con el mismo, definir la familia y el matrimonio (básicamente según criterios religiosos) y prohibir derechos a la comunidad LGTBIQ. Propone como su objeto “la protección del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres a educar y orientar a sus hijos y formarlos en el ámbito de la sexualidad” (1528753491_Dictamen 5272.pdf.Sitio web del Congreso de la República)-

El resultado es altamente discriminatorio, pues define la familia como formada por el padre, la madre y los hijos, dejando por fuera la enorme cantidad de núcleos familiares integrados por la madre y sus hijos, y todas las variantes muy frecuentes donde está ausente uno de los cónyuges. Esto además de prohibir el derecho de los homosexuales a constituir familias.

En el caso del aborto, además de proponer la elevación de penas por diversos tipos de abortos, reforma el artículo 139 del Código Penal, instituyendo la penalización del aborto culposo; éste es el que resulta de un accidente involuntario, que actualmente no es punible. La iniciativa propone penas de dos a cuatro años, lo que injustamente castigaría a la gran cantidad de mujeres que sufren abortos espontáneos, por accidente e involuntarios.

El artículo 15 elimina automáticamente de las escuelas e institutos el tema de la educación sexual, dejándola en manos de los padres y madres, quienes muchas veces son ellos mismos presa de prejuicios e ignorancia en temas de sexualidad.

Finalmente atenta contra la libertad de expresión, pues define la  libertad de conciencia y expresión como la no obligatoriedad de aceptar como normales las conductas no heterosexuales, y declara que ninguna persona podrá ser perseguida por no aceptar como normal la diversidad y la ideología de género. Cuando es totalmente lo contrario; los miembros de la diversidad y el movimiento feminista son continuamente hostigados y discriminados.

Llamamos a las organizaciones sindicales y campesinas a hacer frente común con los grupos feministas y de la diversidad sexual para oponernos a esta ley retrógrada y nefasta.

Por Armando Tezucún

La captura en Miami del candidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional, Mario Estrada, ha expuesto de nuevo la podredumbre del sistema político burgués guatemalteco y la delgada línea que separa a la oligarquía tradicional de los grupos burgueses emergentes y la burguesía que abiertamente se nutre del narcotráfico y otros negocios ilícitos. La frontera entre estos bloques tiene múltiples canales abiertos y vasos comunicantes subterráneos.

El 17 de abril Estrada y su hombre de confianza, Juan Pablo González, fueron arrestados bajo cargos de haber solicitado dinero al Cartel de Sinaloa para financiar la campaña electoral de su partido, a cambio de que al llegar al gobierno nombrarían a agentes del Cartel para cargos claves como los Ministerios de Gobernación y Defensa, el control de puertos y aduanas, con el fin de facilitar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. También se reveló que Estrada planeaba el asesinato de candidatos presidenciales para facilitar su victoria en las urnas.

Agentes encubiertos de la DEA (Administración para el Control de Drogas) se hicieron pasar por miembros del Cartel de Sinaloa y se reunieron siete veces con Estrada y González, reuniones que fueron grabadas en audio y video. Las negociaciones implaban la entrega de entre US$ 10 y US$ 15 millones de parte del cartel, además de sicarios para ejecutar a los candidatos presidenciales, cuyos nombres se encuentran bajo reserva; Estrada proporcionaría a los asesinos armas, incluidas AK-47, pero posteriormente manifestó que alguien más llevaría a cabo los asesinatos. Los agentes de la DEA entregaron a los políticos de la UCN solamente US$ 10 mil, ante lo cual, exasperado, Estrada les dijo que estaba en negociaciones con miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, rival de Cartel de Sinaloa.

El caso fue trasladado a la Fiscalía Sur del distrito de Nueva York, donde se acusa a los detenidos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y conspiración para poseer, portar y usar ametralladoras y dispositivos destructivos con ese fin. De ser hallados culpables, podrían ser condenados a dos cadenas perpetuas, una por cada delito.

Estrada había recibido su credencial como candidato presidencial el 15 de febrero, y el Tribunal Supremo Electoral decidió el 24 de abril revocarla en vista de los acontecimientos.  

Mario Estrada es un ingeniero industrial originario del departamento de Jalapa, dueño de varias empresas medianas y fincas. Ha tenido influencia en cuatro gobiernos, el primero de ellos el del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del general genocida Ríos Mont. En este gobierno, presidido por Alfonso Portillo, fue director de la Secretaría de Desarrollo social, donde fue señalado de actos de corrupción. Durante la administración de Portillo los grupos corruptos y del narcotráfico gobernaron de forma paralela. En dos períodos fue diputado por el FRG y en 2006 fundó su partido UCN.

En todo este lapso Estrada ha sido considerado como una bisagra entre los grupos del narcotráfico y los partidos políticos y gobiernos, negociando su apoyo a los mismos a cambio del nombramiento del gobernador de Jalapa y de otros departamentos del Oriente del país. En las filas de la UCN han encontrado refugio como diputados o alcaldes miembros del crimen organizado, de modo que la embajada de Estados Unidos lo catalogó como un partido con ideología “narco”. Actualmente la UCN tiene un puesto en la Junta Directiva del Congreso por su apoyo al gobierno de Jimmy Morales. Como era de esperarse, la UCN actualmente está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales por irregularidades en la obtención de fondos para la campaña electoral de 2015.

Lo que más revuelo ha causado es el anunciado asesinato de dos candidatos(as) presidenciales. Al desconocerse los nombres de las víctimas varios candidatos se han anunciado como posibles objetos del crimen, incluyendo a la antigua aliada de Estrada, Zury Ríos. El caso más creíble es el de Thelma Aldana, quien reveló que agentes de la DEA la alertaron el 10 de marzo que Estrada estaba planeando un atentado en su contra; Aldana añadió esta nueva razón para explicar su permanencia en El Salvador. La fiscal general Consuelo Porras reconoció que desde febrero sabía del caso de Estrada, y que en marzo la DEA le avisó del intento de asesinato contra candidatos y fiscales del Ministerio Público, pero negó rotundamente que Aldana estuviera entre las posibles víctimas.

Mientras se desarrolla la telenovela de las elecciones, el Partido Socialista Centroamericano, llama a la población a respaldar y votar por las y los candidatos de izquierda involucrados en las luchas populares, en la defensa de los territorios, los derechos humanos y laborales; con estas compañeras y compañeros, desde sus cargos, daremos la batalla contra la burguesía corrupta.