Por Leonardo Ixim

El vencimiento del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) después de doce años de presencia, clausura un momento político y pone en el tapete el reacomodo de los distintos factores de poder y fracciones de la clase dominante, de cara a  iniciar un nuevo gobierno.

El origen de la CICIG

La CICIG fue un instrumento sui-generis organizado desde la Organización de Naciones Unidas.  Nació no sin fuertes conflictos con los poderes oligárquicos; esta comisión tuvo el objetivo de desmantelar los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Esa negociación de su origen tuvo varios contratiempos, porque en la propuesta inicial el alcance de este organismo para desmantelar estos cuerpos era más profundo, al igual que contenía una mayor autonomía para la investigación penal, aunque eso fue moldeado para lograr su iniciación. Así se logró que junto al Ministerio Público la CICIG acompañara procesos penales, estableciéndose para ello la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI).

La CICIG fue resultado de un pedido de diversos organismos de la sociedad civil en consonancia con lo planteado en los Acuerdos de Paz, que denota el carácter socialdemócrata de éstos, la debilidad producto de la fragmentación de las organizaciones sociales, pero también la incapacidad de la izquierda ex insurgente de ser una fuerza electoral. Eso a diferencia de El Salvador, donde la izquierda entró ese proceso con mucha fuerza -al grado de convertirse en gobierno- cooptó la sociedad civil y se convirtió en un elemento de la gobernabilidad burguesa, negándose a  instalar instancias como la CICIG aduciendo la fortaleza de las instituciones como una forma de tapar sus hechos de corrupción.

Los CIACS son estructuras -muchas de ellas conformadas desde la contrainsurgencia- que con nexos políticos, militares y empresariales se enriquecen legal e ilegalmente desde el control de espacios dentro del Estado, conformando lo que se denomina élites emergentes o lo que también desde el marxismo se entiende como nuevas burguesías creadas al amparo del control del Estado.

El carácter de la CICIG

La izquierda reformista latinoamericana por su parte -en Guatemala solo un sector minoritario, el de la ex ANN asume esta tesis- maneja que estas comisiones son instrumentos de intromisión del imperialismo. En efecto, el tema de la corrupción o el combate al crimen organizado son caballos de Troyas de aquel, pero su argumentación es en función de que no les evidencien cómo estas izquierdas, al adaptarse a los sistemas burgueses, reprodujeron prácticas corruptas. En Guatemala la CICIG tiene un origen especial, y los objetivos se entrelazaron con la agenda del Departamento de Estado en materia de fortalecer el Estado de Derecho, eso ante los Frankensteins (los CIACS) que los mismos gringos ayudaron a conformar y ahora son un problema para los intereses de la burguesía mundial. Así, mucha de la cooperación técnica a la CICIG proviene de Estados Unidos, pero también de varios países europeos, entre los que sobresalen Holanda y los países escandinavos.

Con respecto al desempeño de la CICIG, podríamos dividirlo en dos etapas a saber: La primera con los comisionados Carlos Castresana de origen español y Francisco Dall´anese costarricense, cuyo su accionar estuvo más relacionado con afectar a grupos emergentes alejados de las élites oligárquicas, para lo cual contó con el apoyo de éstas, aunque señaló las prácticas de limpieza social llevadas a cabo por funcionarios del gobierno pro-empresarial de Oscar Berger, ahora bajo procesos penales, como el ex ministro de gobernación Carlos Vielman.

La segunda etapa, dirigida por el colombiano Iván Velázquez, que venía de desmantelar parte de la para-política, siendo Álvaro Uribe su enemigo a muerte.  Primero continuó desmantelando estas élites emergentes, pero ahora más ligadas a los grupos oligárquicos, como la que se creó tras la conformación del desaparecido Partido Patriota, y luego fue tocando cada vez -con temas de financiamiento electoral ilícito a ese partido y al actual partido de gobierno- así como con investigaciones sobre defraudación fiscal, a núcleos de la oligarquía. Se sabe que hay investigaciones de la CICIG contra empresarios que han sido beneficiados con licencias ilegales para la explotación minera y de otros recursos naturales, pero es posible que la actual fiscal general Consuelo Porras, a diferencia de la anterior Thelma Aldana, que tuvo una coordinación especial con Velázquez, no profundice esas investigaciones.

En ese proceso es donde se entretejieron intereses ya no solo de fracciones burgueses emergentes, sino también oligarcas, el mismo concepto de CIACS fue modificando en la jerga cicigiana a Redes Político Económico Ilícitas (RPEI). Señalando el financiamiento ilícito electoral como la forma con que esas redes se apropian de partidos políticos que le sirven a sus intereses y que además están hechos para eso.

De esa forma fue que las relaciones con el saliente gobierno cambiaron, de cordialidad -ademas de las investigaciones contra miembros de su familia- y fueron enturbiándose y de ser un gobierno pro CICIG y aliado en la lucha contra la impunidad se volvió un gobierno que fue parte del proceso de articulación de los grupos que fueron afectados por las investigaciones de ésta.

De esa forma, desde finales del 2018 al comisionado Velázquez le es prohibido entrar al país y paulatinamente fueron eliminando la presencia de los investigadores internacionales, aun contraviniendo las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, que censuraron al gobierno por tales acciones y le exigieron garantizar la seguridad del ente internacional. Así, era lógico que en septiembre cuando se vencía el mandato de permanencia de la CICIG, este gobierno no lo iba a renovar, quedando en suspenso la FECI, que demagógicamente la fiscal general Porras menciona que la mantendrá, buscando otras formas de cooperación para su funcionamiento, pero sin renovarles contratos  a los investigadores.

La Naturaleza del Estado según la CICIG

Por último, es importante debatir una de las concepciones acerca del Estado guatemalteco que popularizó la Comisión Internacional y que diversos actores repiten como loros sin hacer análisis profundos. Nos referimos al de la captura y cooptación del Estado. Si bien algo cierto es que la CICIG demostró con herramientas criminológicas una verdad conocida, de cómo las distintas fracciones burguesas (emergentes por medio de los denominados CIACS y tradicionales ahora con la conformación de las RPEI) se enriquecen desde el Estado, evidenciando como éste es el elemento central del actual modelo de acumulación capitalista.

Sin embargo, es muy distinto aceptar que el Estado primero fue capturado por los famosos CIACS y luego fue cooptado por las RPEI. Esto da la idea de que hubo una época –a saber, en qué momento- en la cual el Estado sí cumplía las funciones que teóricamente todo Estado capitalista dice cumplir, la de promocionar el bien común obviando las formas de régimen político que la burguesía cafetalera o los militares asumieron, aunque tiene que reconocer que la corrupción ha sido un modus vivendi de estas élites desde la colonia.

Además, da la idea de que el Estado fue neutral -la falsificación más grande de la ideología burguesa- y que no había sido tomado por estas élites y que ahora dejó de serlo porque éstas lo usaron a su favor.  Negando entonces que el Estado desde sus orígenes fue no solo instrumento de las clases dominantes para lograr la acumulación económica y política, sino cada vez más estas clases fueron acomodando el Estado para convertirlo en un elemento mas de los procesos de acumulación capitalista, estatizando el poder económico y hegemonizando la sociedad. Obviamente con algunos resquicios de libertades y garantías sociales sobre todo posterior a la firma de la paz.

Reafirmando entonces cuál fue entonces el objetivo principal de la CICIG, es decir el de garantizar el Estado de derecho burgués para que las distintas fracciones burguesas compitan “sanamente”, y  controlar lo más posible el capital de origen criminal. De esa forma temas como la migración, el terrorismo, el tráfico de armas y otros enseres, no serían un peligro para los intereses geopolíticos de la potencia estadunidense.

Para la clase trabajadora y los pueblos de Guatemala, la salida de la CICIG y la contra-ofensiva que estos poderes fácticos tradicionales y emergentes impusieron en los últimos meses a la Comisión Internacional, poderes que ahora respiran tranquilos por la naturaleza del nuevo gobierno, nos deja una lección. Que no es con el cuento de recuperación de instituciones  -como si alguna vez fueron nuestras- o que se avanzó porque se desmontó tal o cual grupo corrupto, que se logrará una democracia. Sino avanzando por hacia la revolución socialista centroamericana y un primer paso, será con el proceso de conformación y convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria, de los Pueblos y los Trabajadores.

Por Leonardo Ixim

El pasado 23 de agosto el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  oficializó el triunfo del binomio del partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS), conformado por Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo para presidente y vice-presidente respectivamente, sobre el binomio del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) conformado por Sandra Torres y Raúl Morales.

La victoria de Giammatei-Castillo fue de 57.95% de votos válidos sobre el binomio Torres-Morales, que consiguió un 42.2%; en una elección marcada por el abstencionismo, pues la participación decreció de un 62.13 % en la primera vuelta a un 42.71 %; es más, hubo menor participación que en la segunda vuelta de 2015 que fue de 56.32 %.

En la segunda vuelta presidencial tanto el voto nulo como el blanco sumaron 188,191 votos. Creció sobre todo el voto nulo, porque en la primera vuelta para elección presidencial el voto blanco fue de 452,708 y el nulo de 209,444; ahora el nulo fue de 154,291 y el blanco de apenas 33,900. Mientras que en la elección para el Congreso fue mayor el blanco con un poco más de 500 mil, mientras que el nulo fue de un poco más 450 mil votos. Además, según datos del TSE en la segunda vuelta el departamento donde más votos nulos y blancos hubo, fue el de Guatemala, donde se asienta la Ciudad Capital.

Con respecto al voto nulo existió una polémica, pues los magistrados del TSE, sin argumentar jurídicamente por qué y pasándose por alto las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas en 2016 que le dan validez legal al voto nulo -es decir los artículos 203 BIS, 196, 210, 237, ademas de otros del Reglamento Electoral y del Decreto de Convocatoria de Elecciones-, consideraron que el voto nulo no contaba para repetir las elecciones si se requirió tal como quedó en esas reformas que implica conseguir más del 50 % de votos nulos, algo cuesta arriba pero establecido legalmente.

Los magistrados nunca dieron una explicación legal, pero contaron con el corifeo de analistas de izquierda y de derecha comprometido con mantener el estado de cosas, que adujeron argumentos tales que como estas elecciones eran definitorias y por tanto el voto nulo no cuenta y otros argumentos parecidos, burlándose de tal expresión política.

El nuevo gobierno fue presentando su gabinete, repleto de figuras cercanas a la cúpula oligárquica; iniciando con el mismo Giammattei, emparentado con la familia Confiño de origen cafetalero y el vice-presidente Castillo un gerente de la Cámara de Comercio de Guatemala.

De los ministros más destacados anunciados estará en Economía un ex presidente de la cámara patronal el CACIF, empresario de textiles, Antonio Malouf. En Finanzas Públicas un ex diputado del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) cercano al empresariado llamado Álvaro González Ricci, ligado a empresas de créditos, ex gerente del CityBank y a la narcotraficante Marllory Chacón, actual informante de la DEA. En Trabajo y Previsión Social Rafael Lobos, un ex funcionario del gobierno de Oscar Berger en esa misma cartera, gobierno totalmente pro-oligárquico en el que Giammattei, recordemos, fue director del Sistema de Penitenciario.

En Energía y Minas Alberto Pimentel, directivo de la empresa Fersa S.A. señalada de financiamiento ilícito al partido oficial saliente y de financiar a VAMOS, así como de obtener contratos anómalos con el Estado sobre conexión eléctrica y de colaborar con la empresa Eyssa, S.A qué se dedica a cooptar y dividir las comunidades que se oponen a la existencia de proyectos hidroeléctricos en sus territorios.

En Agricultura, Ganadería y Alimentación Oscar Bonilla, un empresario dedicado a la exportación y cultivo de frutas. En Salud Pública y Asistencia Social Julio Monroy, cirujano de profesión. En Relaciones Exteriores Pedro Brolo, ex funcionario de la OEA y participante en la Comisión de la Verdad, de ese organismo tras el golpe de Estado en Honduras en 2009. En Ambiente y Recursos Naturales Mario Rojas, ligado a empresas de construcción. En Educación una ex funcionaria de esa cartera en tiempos de Pérez Molina, Claudia Ruiz Casasola, cuyo esposo, un coronel de alta, es hermano de un ex militar señalado de desfalco en el gobierno de Portillo, de nombre Luis Catarino.

Por los acuerdos con otros partidos como VALOR, Partido Humanista, CREO, VIVA, todos de derecha se esperaría que de allí salieran los demás funcionarios públicos. Como se observa, este gobierno por su origen de clase aplicaría un programa neoliberal y de ajuste contra el pueblo de Guatemala; por tanto, consideramos importante responder como aviso organizando un paro de parte de las organizaciones populares en los primeros meses del nuevo gobierno.

Por Armando Tezucún

A un mes de firmado el acuerdo de país seguro entre Estados Unidos y Guatemala (técnicamente Acuerdo Relativo a la Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección), la Corte de Constitucionalidad aún no resuelve el amparo en su contra. Mientras, no ha cesado el desfile de funcionarios de la administración Trump que visitan el país para presionar por la entrada en vigencia del acuerdo, ni las delegaciones de ministros guatemaltecos que viajan a Estados Unidos a afinar los detalles y firmar los compromisos adicionales.

En los primeros días de agosto una vez más llegó el Secretario de Seguridad Interna de Trump Kevin McAlleenan, quien se reunió con el ministro de gobernación Degenhart y representantes de los empresarios para explicar detalles del acuerdo, en especial sobre las visas de trabajo temporal que supuestamente beneficiarían a obreros guatemaltecos. También se reunió con los entonces candidatos presidenciales Sandra Torres y Alejandro Giammattei.

El 19 de agosto llegó otro enviado de Trump, Mauricio Claver-Carone, asesor de asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Este funcionario amenazó a los diputados del Congreso guatemalteco en julio, diciendo que la Casa Blanca podría afectar a  “aquellos miembros del Congreso de Guatemala que estén a propósito intentando no ejecutar un acuerdo que sería beneficioso para los dos países… Podemos buscar designaciones legales, podemos buscar restricciones de visas…” (El Periódico 24/07/19), en medio de las furibundas declaraciones de Trump extorsionando a Guatemala si no se firmaba el acuerdo.

En su reciente visita Carone asumió un tono más amigable y persuasivo. Se reunió con representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, aunque los contenidos de estos encuentros, siguiendo la tónica de la negociación del acuerdo, son un secreto. En declaraciones a la prensa explicó que su gobierno esperaba una implementación rápida del acuerdo, pero según dijo, debido a especulaciones no se ha entendido el contenido del mismo ni la oportunidad que significa para Guatemala. “Hemos dedicado capital humano y recursos para estudiar diferentes proyectos de desarrollo y financiamiento, un paquete de ayuda a través de nuestras agencias e instituciones financieras internacionales… Nosotros pensamos que iba a ser una implementación inmediata, hemos estado esperando y estamos en incertidumbre, esa es la razón por la cual estoy aquí…”, y a continuación profirió una amenaza velada “Aunque vemos la implementación en el corto plazo, tampoco nuestra paciencia y dedicación es eterna y buscamos que haya una conclusión para seguir dedicando recursos, ya sea las visas H2A o la ayuda para Guatemala, para hacerlo o para olvidarnos, pero que creo que es una gran oportunidad que no deberían dejar pasar” (Prensa Libre 20/08/19).

Carone insistió en que el acuerdo estipula que Guatemala servirá de refugio solamente a migrantes salvadoreños y hondureños que son perseguidos por motivos políticos, religiosos o étnicos y solicitan asilo en Estados Unidos por ese motivo, sin incluir a los que migran buscando mejores oportunidades económicas. En ese sentido, se recurriría a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- para llevar a cabo los procesos de acuerdo a normas internacionales. Tratando de ser persuasivo, aseguró que  eso reduciría significativamente el número de refugiados que Guatemala recibiría, “El número de personas que son perseguidas por razones de los convenios internacionales en El Salvador y Honduras son mínimas. El número de migrantes por razones económicas es más grande, obviamente” (Prensa Libre 20/08/19).   Además, insistió en las prometidas visas temporales de trabajo y en la generosidad de Trump que implementará paquetes de ayuda a través de instituciones financieras.

Las declaraciones de Carone dejan en el aire muchas dudas. En especial si recordamos las amenazas y acusaciones que hizo Trump para obligar al gobierno de Jimmy Morales a firmar el acuerdo: aranceles a las remesas, exportaciones e importaciones; represalias contra los diputados contrarios al acuerdo; prohibiciones a los guatemaltecos para viajar a Estados Unidos. ¿Toda esa exhibición de manipulación chantajista para después decir que la cantidad de refugiados en Guatemala será “mínima”? Creemos que hay gato encerrado, la administración Trump es tramposa y embaucadora. Al final nos enviará miles de hermanos centroamericanos catalogados como refugiados; la reelección de Trump depende en gran parte de que solucione como sea el candente problema migratorio, que no es el de un “mínimo” de refugiados, sino el de decenas de miles que huyen de la miseria y la violencia.

Por Hercilia Cáceres

La toma de la USAC dirigida por el sector estudiantil es la respuesta a una serie de exigencias contra el Rector Murphy Paiz y los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU). La toma tuvo una excelente respuesta mediáticamente para con la población guatemalteca, asimismo, desde los centros y extensiones universitarias en la ciudad e interior del país. El apoyo se mostró por las diferentes tomas en 20 de los 22 departamentos, sumando un total de 23 sedes universitarias en resistencia, con demandas específicas y generales. Las exigencias que dominaron fueron las 18 establecidas por el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU), a las que se sumaron 7 organizaciones más, incluyendo a la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) que se mostró en un inicio inconforme por las acciones de hecho, pero que posterior su secretariado se vio en la obligación de asumir el momento histórico y apoyar la toma. Cabe resaltar, que las acciones en el Campus Central no se vieron protagonizadas por la AEU, siendo en Museo de la Universitario (MUSAC) el recinto que estos últimos han mantenido en cierre.

Por otro lado, fueron las asociaciones estudiantiles de Arquitectura, Ingeniería y Derecho las que presentaron oposición a las 18 demandas, por no ser quiénes tenían el protagonismo para la negociación, siendo principalmente la Junta Directiva de ingeniería el centro de la reacción al digno movimiento estudiantil. Las acciones de hecho que surgieron de manera espontánea, fueron aceptadas en buena medida desde redes sociales, pero no en los hechos, fue un porcentaje reducido de estudiantes, trabajadores y docentes quiénes acuerparon la resistencia, hasta el día de hoy. De cierta manera, ha sido una toma en la que no se ha mostrado mayor riesgo físico, caracterizada mayoritariamente por la clase media urbana en vías de empobrecimiento la que a engrosado la lucha, sector social que entiende los riesgos de la privatización en los servicios de la USAC, en una economía quebrada donde la vida cada día está más cara y los medios para sostenerla más difíciles.

Otra característica importante de la toma, radica en la dirigencia, mientras unos cuántos se creen con la facultad de decidir por quiénes en los hechos realmente sostienen la toma, por creerse con el derecho de asumir, sin conocer las necesidades o miedos, ni ser un eslabón importante en la organización, sino solo protagonizar ante los demás como líderes sacrificados. De estos abundan un par, figuran como la reacción dentro de las acciones de hecho, se oponen a que sean los estudiantes quiénes se organicen en asambleas, haciendo que todo parezca una conspiración, para que sus intereses individuales no se posiciones sobre los colectivos. Como se puede asegurar, si a estos personajes se les da el “poder” que no se les ha dado, se convertirán innegablemente en los nuevos “zopes”, aquellos que hemos descrito como personajes que arbitrariamente se posicionan sobre los estudiantes, por poder o el mismo ego, buscando negociar prebendas particulares frente a las autoridades.

La lucha no solo es contra la privatización, sino también contra aquellos oportunistas que lejos de sostener la toma, se dedican únicamente a auto vanagloriarse, desmeritando la lucha y el esfuerzo del sector estudiantil en resistencia. Los días pasan, y son esos personajes los que se están encargando de desgastar a los mismos estudiantes, con posturas antidemocráticas, discursos románticos, llenos de falsas esperanzas para con los demás porque no tienen los pies sobre la tierra y no son capaces de asumir tareas, dándose lujos que los demás no poseen. Dirigir estudiantes, no es solo aparentar hacer algo, implica acompañar todo el tiempo a las fuerzas en resistencia, velar por las mejores condiciones y permitir su auto organización, libre y democrática como al estudiante le parezca mejor.

Pese a los inconvenientes, han sido los estudiantes quiénes bajo la consigna de los ideales contra la privatización, ignoran el sueño, el cansancio, poner al límite la vida personal y dedicar impresionantemente todo su esfuerzo a una lucha. Dentro de la toma, las diferencias personales se convierten en artificiales y a medida que pasan los días queda únicamente la vanguardia estudiantil, aquella que posterior a estas medidas puede agruparse para la toma de espacios políticos dentro de la universidad, con organización y el mismo sacrificio que ponen a la par de ideas colectivas. Dentro de los centros universitarios, se perciben diferencias de forma, más no de fondo, respecto a su organización, aunque cabe recalcar que algunos de estos presentan mejor estructura, incluso que el Campus Central.

Las demandas democráticas, deben ser protegidas de los oportunistas, tanto en el campus central y la ciudad, como en las secciones universitarias que a diario se sobreponen a estos que históricamente han derrotado movimientos que pudieron resultar en victorias para el estudiantado. Se necesita que la verdadera fuerza sea la que decida sin dejarse llevar por discursos bonitos, siendo realistas, con los pies sobre la tierra y asumiendo el papel que corresponde. La lucha necesita claridad, pensar en otras estrategias que se sumen a las demandas de trabajadores y estudiantes de centros universitarios, emplazando al CSU para que el desgaste no cale entre la resistencia y esta salga siempre victoriosa.