Por Leonardo Ixim

En 2005 tras una inspección de rutina de una instalación de la actual Policía Nacional Civil (PNC) se encontró una cantidad inmensa de archivos de la extinta Policía Nacional (que tras la firma de los Acuerdos de Paz se convirtió en PNC) en lo que se concibe como uno de los archivos más grandes del mundo, con documentos que datan desde 1882.

Por ende, la importancia de este acervo para el desarrollo de la historia, pero especialmente para lo que se refiere al actuar de la principal institución encargada de la seguridad pública, que por decenas de años estuvo supeditada al alto mando del ejército de Guatemala y a las políticas represivas y contrainsurgentes inspiradas en la Doctrina de Seguridad Nacional impulsadas por Estados Unidos. De tal forma que en los primeros años este archivo quedó administrativamente bajo la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Tal situación se mantuvo hasta que, en 2010, tal como manda la Ley del Archivo Histórico de Centroamérica (AHCA), el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) quedó administrativamente bajo el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE). Sin embargo, financieramente -en lo que se refiere a pago de salarios, mantenimiento institucional y físico- ha estado en manos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mientras que el Estado, pese a su obligación constitucional y los compromisos asumidos tras la firma de la paz, no ha aportado nada.

En los años transcurridos las y los compañeros trabajadores del AHPN han hecho una encomiable labor de organizar el material histórico, centrándose en los años fuertes de la represión estatal, más o menos desde 1975 a 1984. Para ese trabajo han tenido apoyo de especialistas en esa materia nivel internacional. En estos años también hubo señalamientos de violación a derechos laborales y despidos injustificados que la dirección del AHPN insensiblemente llevó a cabo, pese a ser conformada por cuadros de la ex insurgencia.

Pero como sea,  la experiencia acumulada por todo el personal que ha laborado ha sido un aporte a la investigación histórica desde fuentes documentales en general y en particular,  sobre el papel del Estado en labores de seguridad y represión de la población, al considerársele, en consonancia con la Seguridad Nacional, como parte del enemigo interno. Situación que refleja la defensa del Estado capitalista neo-colonial guatemalteco ante el flujo y repunte de las luchas sociales y de clase del proletariado guatemalteco.

La importancia además ha sido para la denominada justicia transicional, en lo que se refiere a peritajes que aporten a procesos penales contra responsables de crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos durante la guerra interna; eso se vuelve la principal causa de que el gobierno del desprestigiado Jimmy Morales, pretenda cerrar el acceso al AHPN.

Contrariando varias leyes como la de Acceso a la Información Pública o la Ley Orgánica del AHCA y otras, bajo la excusa de que ya terminó el período de usufructo que el Ministerio de Gobernación firmó con el MICUDE (porque recordemos que el AHCA está en una instalación policial), pretenden cerrarle el paso a todas estas investigaciones, pero lo que es más grave, se busca atentar contra el derecho a la justicia, a la memoria y a la verdad de las víctimas de la represión estatal.

Esto porque muchos de los elementos (civiles y militares) vinculados a crímenes de esa índole en el pasado se mantienen en los sótanos del Estado Profundo, alrededor del ministro de gobernación Enrique Degenhart y de la camarilla que rodea al actual gobierno.

Pero las presiones de organizaciones como la Asociación en Guatemala de Amigos de la Unesco (conformada por algunos ex trabajadores del AHPN) y otras, más un amparo promovido por el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas ante la Corte de Constitucionalidad, obligó a retrasar la decisión de vedar el acceso al público seis meses más. En todo esto, el PNUD fue parte de la decisión gubernamental, cortando los fondos y avalando las acciones de Morales y Degenhart.

Temporalmente se ha detenido eso, por tanto, ya que es el MICUDE quien por ley tiene que administrar el AHPN, éste no puede ser un fondo documental más del AHCA, por la magnitud, sino es necesaria la existencia de un verdadero sistema de archivos de la administración pública que sea accesible para la población

Nos solidarizamos con el derecho a la justicia, verdad y memoria de todas las víctimas de la violación de sus derechos por el Estado en la actualidad y en el pasado. Por tanto, es necesario insistir y promover el uso de la población y de la academia de la información contenida en ese archivo.

Por Armando Tezucún

En el Parque de la Industria los fiscales de los partidos políticos han continuado, con altibajos e incidentes, con el cotejo entre los resultados electorales contenidos en las actas y su traslado al sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, este último ha reiterado que los resultados finales de las elecciones del 16 de junio serán oficializados con base a la información que está en las actas físicas que las Juntas Electorales Departamentales y del Distrito Central trasladen al Tribunal, sin importar las discrepancias que sean encontradas en el proceso de cotejo.

Para complicar las cosas, un día después de que el TSE anunciara que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público por los errores cometidos por su propio Departamento de Informática en la transmisión de datos, la Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía Contra la Corrupción se presentaron el día 26 a las oficinas informáticas del Tribunal y se llevaron copias de los registros de la información, para investigar si hubo errores humanos o del sistema. Las investigaciones del MP se harán sobre el cotejo de los resultados y sobre el procedimiento de compra y desempeño del sistema de cómputo. Atizando el fuego, los magistrados del TSE anunciaron que al finalizar el proceso de cotejo de datos presentarán acciones penales contra aquellos que hayan manifestado que hubo fraude en las elecciones sin tener prueba de ello, algo que a todas luces contradice lo establecido en la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.

Cumpliendo con lo anunciado por el presidente del TSE, el 28 de junio se inició la adjudicación de cargos. La Junta Electoral del Distrito Central oficializó la entrega de cargos en la municipalidad de la capital, incluyendo la entrega de la alcaldía al candidato del Partido Unionista, el actual alcalde Ricardo Quiñónez. A inicios de julio los magistrados del TSE declararon válida la elección presidencial, convocando a la segunda vuelta entre Sandra Torres, que obtuvo 1 millón 112,939 votos válidos, y Alejandro Giammattei, con 608,083.

Mientras, el proceso de verificación de actas se reanudó el día 28, luego de la intervención del MP. En un día se logró cotejar 186 actas, de las cerca de 105 mil que hay que revisar; de las actas revisadas, en 85 se detectó errores de diversos tipos. Según cálculos, a este ritmo el proceso tardaría un año y medio. Debido a ello se volvió a suspender el proceso para reorganizarlo y continuar el 2 de julio, esta vez conformando 26 mesas de trabajo que verifiquen simultáneamente las actas, 23 las de elecciones distritales, corporaciones municipales y diputados distritales, y otras tres las de elección a presidente y vicepresidente, diputados por lista nacional y diputados al Parlamento Centroamericano. Pero para el 8 de julio muchos de los fiscales de los partidos políticos se encontraban ausentes de estas mesas, en otras ya se había finalizado la revisión de actas, en otras solo uno o dos fiscales se encontraban presentes, y otros proponían que solamente se revisaran 7 distritos, cotejando las actas de elección a diputados y alcaldes. El cotejo de las actas electorales con los datos ingresados al sistema digital del TSE ha revelado numerosos errores, inconsistencias y diferencias en las cantidades, pero nadie sabe cuál es el siguiente paso luego de que finalice la revisión.

El TSE insiste en que no hubo fraude, entendido como una tendencia generalizada de alteración de los resultados. El partido oficial FCN-Nación, ha sostenido que sí lo hubo. Es claro que habría un interés del gobierno por que las elecciones se declararan nulas, se prolongara el mandato de Jimmy Morales y así muchos de sus funcionarios se librarían de ser enjuiciados por corrupción, empezando por el presidente, lo que claramente solo sería posible rompiendo el orden constitucional.

Reiteramos que la manipulación del proceso electoral se empezó a dar desde que Sandra Torres fue favorecida por el MP al retardar la acusación por delitos electorales hasta después que fue proclamada como candidata y gozó de inmunidad; y continuó con la eliminación de sus principales rivales Zury Ríos y Thelma Aldana, y otros con posibilidades como Edwin Escobar y Mario Estrada. El hecho de que su candidato vicepresidencial de 2015, el empresario Mario Leal, prófugo por casos de corrupción, no haya sido capturado en Estados Unidos, es síntoma de la preferencia de la administración Trump por candidatura de Torres. En general la oligarquía no ve con buenos ojos a Sandra Torres, pero es la opción que representa la estabilidad política.

El enredo de la diferencia de datos entras actas y la versión digitalizada provocará abstención. Nosotros llamamos a votar nulo, ante las dos opciones que representan distintas facetas del poder oligárquico e imperialista

Por Armando Tezucún

El 27 de junio el Ministerio del Trabajo publicó en el diario oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019, que aprueba el reglamento para la aplicación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio Sobre el Trabajo a Tiempo Parcial. Este convenio, adoptado por la OIT en 1994, se propone dar protección a las y los trabajadores “…cuya actividad laboral tienen una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable” (http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/c8162_OIT-C175-PARCIAL.pdf).

El convenio dice: “Deberán adoptarse medidas para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma protección de que gozan los trabajadores a tiempo completo en situación comparable en lo relativo: a) al derecho de sindicación, al derecho de negociación colectiva y al derecho de actuar en calidad de representantes de los trabajadores; h) a la seguridad y la salud en el trabajo; c) a la discriminación en materia de empleo y ocupación.” (Idem). Es decir, el 175 fue pensado para dar protección social y garantizar los derechos aquellos trabajadores asalariados que por alguna razón no laboran en la jornada de ocho horas de ley.

El Congreso de la República aprobó el convenio en enero de 2017, y según el acuerdo 89-2019, el reglamento entró en vigencia el recién pasado 5 de julio. Con esto se está legalizando una situación que data desde hace años en las empresas guatemaltecas, y los avorazados capitalistas no ven tanto el aspecto de la seguridad social, sino que no caben de gozo porque en adelante podrán crear una enorme cantidad de empleos precarios, contratando mano de obra por horas, con salarios por debajo del mínimo, algo que no está en el espíritu del convenio.

Como escribió jubiloso el empresario Salvador Paiz en un artículo de opinión: “¡Finalmente logramos el trabajo a tiempo parcial!” (El Periódico 4/07/10), lo que significa que por fin se cumplió la panacea de los explotadores empresarios, la flexibilización laboral para poder contratar a mansalva a trabajadores sin las restricciones de jornadas obligatorias y salarios mínimos obligatorios, maximizando sus ganancias.

Los representantes de las cámaras empresariales rivalizan en calcular cuántos nuevos empleos se crearán: 153  mil en cuatro años, 400 mil en cuatro años en el sector textil, 100 mil en el primer año en el sector industrial, 65 mil en call center y software, afirmando que Guatemala se convertirá en país más competitivo de la región, lo que quiere decir que podrán vender más barato bajando los costos de mano de obra.

Los sectores de actividad económica que se beneficiarán con el convenio son Vestuario y Textil, banca, industria, call centers, tecnología y restaurantes. Los representantes de los capitalistas manipulan el 175 argumentando que beneficiará a amas de casa, estudiantes y otros sectores de mano de obra que necesitan ingresos mientras dedican parte de su tiempo a otros menesteres, y tanto el ministro de trabajo como los empresarios recurren cínicamente al argumento de que es un tratado de derechos humanos (Prensa Libre 28/06/19).

Ciertamente el reglamento establece que los trabajadores a tiempo parcial recibirán el sueldo proporcional tomando como referencia el salario mínimo vigente, Q 11.27 y Q 10.30 por hora, según las dos categorías existentes; y todas las prestaciones y provisiones (aguinaldo, bono 14, vacaciones, pasivo laboral, etc.) se calcularán igualmente de forma proporcional. El problema es que en adelante los empresarios crearán empleos de acuerdo a sus propias necesidades, según el flujo de clientes o las temporadas de ventas, sin importarles que sus trabajadores tengan sueldos bajísimos e incluso temporadas en que no tendrán empleo. Y no cabe duda que muchos de los puestos actuales de jornada completa serán trasladados forzadamente a tiempo parcial, incluso despidiendo a los trabajadores para contratar a otros bajo esa modalidad. El resultado será desastroso, pues proliferarán los empleos con salarios de Q 800, Q 1,300, Q 1,800, por debajo de mínimo, el cual de por sí ya no alcanza para cubrir los gastos de una familia típica, sin mencionar la reducción de las prestaciones y la jubilación.

Las dos coordinadoras sindicales más grandes de Guatemala (Autónomos y Globales), han anunciado que plantearán acciones de inconstitucionalidad contra el reglamento del 175, pues contradice disposiciones constitucionales que garantizan el sueldo completo para quienes trabajan menos de las 44 horas semanales. Respaldamos las medidas de los compañeros sindicalistas, y planteamos además que se tomen acciones en las calles y los centros de trabajo mediante manifestaciones y paros parciales para defender el trabajo y salario dignos.

Por Hercilia Cáceres

La lucha contra la privatización de la universidad de San Carlos de Guatemala, dirigida del Colectivo Estudiantil Universitario (CEU), detonó el descontento dentro de estudiantes, docentes y trabajadores que se unieron a una serie acciones de presión contra la administración del mercenario rector Murphy Olimpo Paiz. A raíz del aumento en las medidas de privatización de la USAC, sectores organizados manifestaron públicamente el descontento ante las políticas de seguridad que disfrazan un proyecto privatizador, que excluye aún más a la población popular, pese a ser quiénes mantienen de pie dicha casa de estudios.

Como resultado de las distintas manifestaciones, el rector decidió hacer una mesa técnica encargada de discutir el plan de seguridad que pretende ser aplicado en toda la universidad, incluyendo los centros universitarios y demás dependencias de la universidad. Esta mesa técnica incluye a la administración universitaria, trabajadores, docentes y estudiantes entre los que se encuentra la Asociación de Estudiantes Universitarios, agrupaciones feministas y el Colectivo Estudiantil Universitario.

En realidad, al analizar las intenciones de la administración en esa mesa técnica, todo parece indicar que solo pretenden crear una cortina de humo, haciendo sentir incluidos a los diferentes grupos únicamente para validar la propuesta que poseen desde el principio. Las discusiones se encuentran dirigidas por Murphy Paiz y la directora de la Dirección General de Administración, Wendy López, conocida por realizar acoso sistemático a los vendedores de la universidad. Vale la pena recordar que uno de los mensajes de ataque contra los estudiantes por parte del rector, fue que no existía diálogo y que entorpecían el desarrollo de la Universidad, así que la dichosa mesa técnica también es ese espacio de reuniones interminables, discutiendo propuestas estúpidas que en realidad no cubren las necesidades de la comunidad universitaria, pues, en tres meses se pretende discutir un plan de seguridad que será aplicado en todas las instancias, sin tomar en cuenta aportes estadísticos, ni mucho menos científicos.

Las reuniones, que ya dieron inicio, son grabadas, claro, la administración debe demostrar que en realidad hay diálogo y que las partes en pugna no hacen los aportes necesarios, cuando en realidad, de nada sirve proponer ya que al final del día, solo se aprueban los planes de la administración. Son escasas las posturas en oposición y cuando las críticas van contra lo propuesto, automáticamente, con una postura autoritaria es la directora de la DIGA quien se encarga de decir que dicho espacio es para sumar y no para criticar, sin importar que la propuesta sea una bazofia. En esta “nueva” propuesta, se incluye a la nueva jefa de seguridad, Ermita Fernández de origen español, experta en terrorismo islámico, crímenes policiacos y género, es una de las piezas que pretende oxigenar las acciones privatizadoras, dándole una nueva cara y otras palabras a los planes que no han cesado.

Es necesario hacer mención que la Asociación de Estudiantes Universitarios, ya ha demostrado que con actitudes serviles es que se involucra en propuestas, para no hacerse de enemigos o caras feas. Su propuesta no es más que una réplica de la propuesta del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que es la pieza de la administración. Es un hecho que esta mesa técnica no es un espacio de incidencia genuino, carece de validez y credibilidad, pero es necesario en la medida de lo posible, mostrar descontento y oposición al plan de seguridad, que, carente de aportes técnicos y estadísticos, pretende ser implantado en toda la universidad, sin tener características especiales en cada una de las dependencias universitarias (Centros Universitarios, museos, biotopos, etc.).

Está muy claro que este es el menor espacio de incidencia que se debe tener, pues habrá que recordar que el plan de seguridad solo es uno de los medios para la privatización de la universidad. No hay que olvidar, que mientras las diferentes agrupaciones llegan a sentarse y discutir por horas cosas que ya están establecidas, de las que no cambiarán más que la forma y no el fondo, las políticas neoliberales siguen siendo aplicadas. Es un hecho, que los sectores no serviles y con interés de luchar a favor de la educación pública, debemos continuar con medidas inteligentes de presión contra la administración de Paiz, no desgastarse y, sobre todo, involucrar a los sectores más afectados porque cualquier agrupación sin respaldo de su base social no tendrá la fuerza necesaria para las fases de lucha que se avecinan.