Por Leonardo Ixim

El Comité Cívico es una figura especial en la legislación electoral guatemalteca existente por lo menos desde la década de los sesenta y fue una figura usada por partidos de índole democrática y revolucionaria ante la negativa del régimen militar gobernante previo a 1985 para inscribirlos. Aunque también hubo caso de expresiones de derecha que iniciaron así y se convirtieron en partidos políticos.

Con la Constitución Política de 1985 y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) estos comités  se consolidaron como una forma de expresión con el derecho a participar en las elecciones para corporaciones municipales, pero una vez terminado el proceso electoral desaparecen, aun si logran puestos en los consejos municipales.

Ese limitante, más el hecho de que los comités cívicos no tienen ningún tipo de financiamiento público por la obvias razone de no ser permanentes, ha entorpecido una forma de participación democrática cuya organización puede representar a sectores legítimos a nivel local e intervenir en las administraciones municipales en función de atender las problemáticas cotidianas de la población y de la clase trabajadora en especial.

Los requisitos para inscribir este tipo de organización varían en cuanto al número de adherentes que se necesita según la cantidad de empadronados en cada municipio, por ende a mayor concentración poblacional, las exigencias de conseguir afiliados es mayor. Otra limitante se da en lo que respecta a conformar comités cívicos en las principales ciudades, que por lógica tendría que aumentar con respecto a un municipio pequeño, pero se usa como una medida para excluir su organización en centros poblados mayores.

Tras las movilizaciones de 2015, una de las propuestas mediadas por organizaciones no gubernamentales y la Universidad de San Carlos, apoyada por el Tribunal Supremo Electoral fue que existiera la figura de Comités Cívicos también de carácter distrital, que pudieran postular para diputados y que fueran permanentes. Pero la Corte de Constitucionalidad consideró que esto, al crear otro instrumento para participar en cargos de elección y afectar a los partidos políticos, debilitaba el sistema político; sin duda una interpretación cerrada y anti-democrática, que excluye a distintos sectores sociales. Y en el Congreso ponía a los partidos políticos claramente en una  situación que les afectaba, y realizaron algunas reformas sobre estas figuras de forma.

Para estas elecciones, cuatro Comités Cívicos mostraron públicamente sus molestias ante el Registro de Ciudadanos (RC) - ente adscrito  al Tribunal Supremo Electoral encargado de la inscripción de candidaturas-, cuestionado por inscribir discrecionalmente algunas candidaturas y otras no. En este caso por supuestas interpretaciones jurídicas, una en lo que respecta al artículo 108 de la LEPP sobre los tiempos de inscripción, donde es claro que los Comités Cívicos dice, tienen hasta 60 días antes de las elección para formarse, ya que éstos no pueden formarse antes de la convocatoria electoral,  sin duda otra limitante más.

Pero el encargado del RC Leopoldo Guerra basó su razonamiento de no inscribir a estas organizaciones, en otro artículo de la LEPP (196), que impone como fecha límite el 17 de marzo, el cual es muy genérico en lo que respecta al tipo de candidaturas a inscribir. Como sea, más allá de las interpretaciones jurídicas lo que se ve es una política para no inscribir candidaturas de origen democrático y popular.

Los cuatro comités son: Qosmaj de San Juan Sacatepéquez, Guatemala,  que en un artículo anterior considerábamos una candidatura popular y organizada desde las bases; Comité Cívico Restaurador de Puerto Barrios, Izabal; Café de Esquipulas, Chiquimula; y Mi Barrio del municipio de Guatemala, dirigido por el ex superintendente de administración tributaria, Julio Solórzano Foppa, que estuvo a cargo de esta institución en el gobierno de Morales y se enfrentó a algunos sectores que ahora respaldan al partido oficial, como  los ganaderos, al insistir en cobrar mas impuestos a sus ganancias, y finalmente fue obligado a renunciar.

En varios municipios existen organizaciones similares y algunas han querido darle una faceta mas permanente, organizándose legalmente para cada elección y si bien muchas son conservadoras, hay expresiones que vienen de un tronco común de la izquierda ex insurgente y otras organizadas más recientemente

Desde el PSOCA nos solidarizamos con la lucha de los cuatro Comités Cívicos en mención y consideramos que hay que redoblar esfuerzos para exigir nuevas formas de participación en el sistema político, pero no de cara asumir cargos per se, sino a usarlos para movilizar al proletariado para derrocar a la oligarquía.


Por Leonardo Ixim

Con la publicación de la cuarta encuesta en lo que va la campaña electoral, esta vez realizada por la empresa Pro Datos para los medios de comunicación Prensa Libre y Guatevisión, la polémica que esos resultados arrojaron y la continuada judicialización de la política, la campaña electoral avanza en su segundo mes.

Al igual que otras encuestas, muestra a la candidata Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en un primer lugar con el 20.7 por ciento de preferencias de voto; sin embargo, de los 27 candidatos que se están disputando la presidencia, es la que más anti-votos obtiene, con 49 %. La candidata por el partido Valor Zury Ríos Sosa, obtiene un segundo lugar, con 15.9 % y un 18 % que nunca votaría por ella. Aldana, del partido Semilla obtiene 9.5 % a favor y un 32 % que no votaría por ella. En cuarto lugar está Alejandro Giammatei del partido Vamos, y un 7.4 % votaría por él, un 18 %  nunca lo haría

Más abajo se encuentran Roberto Arzú de la alianza Podemos y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) con 3.8 %; Mario Estrada de la Unión del Cambio Nacional (UCN) con el 3.7 %; Edmund Mulet del Partido Humanista Guatemalteco con 2.7 %; Freddy Cabrera con el 2.3 % por el partido Todos; Amílcar Rivera del partido Victoria con el 1. 7%; Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) con el 1.6 %, la mejor posicionada de la izquierda; Julio Héctor Estrada de Compromiso, Renovación y Orden (CREO) con el 1.3 %; Pablo Ceto de la Unión Nacional Revolucionaria de Izquierda (URNG) con el 1.2 %; Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana con el 1.1 % y Estuardo Galdámez del partido gubernamental Frente de Convergencia Nacional con 1.1 %.

Los demás candidatos no fueron mencionados, incluyendo los otros postulados por partidos de izquierda, Benito Morales por Convergencia y Manuel Villacorta de Winaq,  aunque todos estos  sumarían el 4.7 por ciento.

La intención de votar nulo es del 4.3 % mientras que la de votar en blanco sorpresivamente es del 17.1 %, posicionándose en segundo lugar de las preferencias de voto, en primer lugar si se suman los nulos; esto evidencia el hartazgo con la mal denominada clase política de parte de la población. Sin embargo, con las nuevas reformas electorales paradójicamente es el voto nulo el que tendría validez legal, obligando a repetir algún tipo de comicios si ganara.

Las críticas hacia esta encuesta versan en torno a que posiciona a la candidata Ríos en un segundo lugar y levanta los perfiles de otros como Estrada o Mulet. Además de que es considerada como parcializada hacia Torres, quien ha tenido respaldo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para no levantarle el antejuicio por  financiamiento electoral ilícito y a la que el Ministerio Público puso un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que revise la resolución de la CSJ.

A Aldana el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral le denegó su candidatura por los recursos penales contra ella, en una decisión mayoritaria de 4 a 1. La defensa del partido Semilla interpondrá recursos ante la CC para poderla escribir. Y en el caso de Ríos, después de que la CSJ la amparara definitivamente para inscribirla -ya la CC al conocer el amparo provisional recomendó no hacerlo porque viola la Constitución- al ser familiar de un dirigente de un golpe de Estado, lo cual le prohíbe participar para binomio presidencial, si la CC es congruente debería prohibirle su participación.

Al final existe la posibilidad de que ninguna de las tres punteras participen, lo cual elevaría las posibilidades de otros que vienen en el pelotón. Se podría argumentar desde una posición democratista que las tres representan opciones de voto, pero en el caso de Torres hay evidencias reales de hechos delictivos, en el caso de Aldana una campaña desatada contra ella por los sectores más inmovilistas del régimen político que le detectaron algunas irregularidades, y en el de Ríos su defensa argumenta que se viola su derecho a participar, aunque en ese caso la Constitución es clara.

Desde un análisis marxista consideramos que estas tres candidatas punteras representan distintas fracciones dentro de las clases dominantes y del imperialismo, al igual que la mayoría de partidos en la contienda. La diferencia está en las fuerzas de izquierda, que pese a tener un programa reformista expresan los intereses del proletariado. Por tal razón, nosotros llamamos a la unidad de estos partidos, a hacer un voto crítico hacia estos y sobre todo a las candidaturas populares que se presentan en ellos. Ante el hecho de que Cabrera, candidata del MLP se presenta en décimo lugar, es importante que continúe con formas de campaña donde se acerque a la población con el fin de seguirla posicionándola,  pero sobre todo usando un  mensaje crítico al sistema capitalista.


Por Tyscho

Todo lo que hemos sostenido en artículos anteriores sobre el proceso de rápida PRIVATIZACIÓN que la actual administración neoliberal de la USAC, dirigida por el rector, “magnifico” mafioso Murphy Olympo Paiz, y ayudado por los esquiroles dentro del cuerpo de decanos, docentes y los estudiantes representantes en el Consejo Superior Universitario (CSU), han promovido desde finales del año pasado; como lo son la subida al Examen Vocacional, el aumento al Programa Académico Preparatorio –PAP–, la impronta de intimidar, acosar y reprimir a los vendedores formales e informales de la USAC, para desplazarlos por cadenas de comida chatarra vinculadas a sus inversiones.

El arrendamiento ilegal del Club Deportivo Universitario “Los ARCOS” a la empresa de la familia Arzú (FUTECA), el cambio obligatorio de cuentas bancarias de los miles de trabajadores de nuestra casa de estudios, al BANTRAB, para solicitar bajo esta garantía un préstamo, que endeudando a la USAC la llevara al impago, obligándola a arrendar, subarrendar y vender sus servicios. Todo se ha ido esclareciendo ante el hecho consumado. La verdad ya es incuestionable.

Un Plan de Seguridad Mágico para privatizar la USAC

El jueves 28 la administración universitaria anuncia con bastante popa un futurista “Plan de Seguridad”, lo que en realidad es otra medida encubierta de la mafiosa dirigencia administrativa para avanzar hacia la privatización de la única universidad pública del país. Negocio que capitalizara a Murphy, negocio del que los traidores dentro de las filas del claustro docente y de las representaciones estudiantiles, no ganarán nada, solo perderán la poca o nula dignidad que les queda ante los sancarlistas.

I.-El magnífico rector dijo al comienzo de este año que no se tolerarían los desmanes, intimidaciones y agresiones que todas las cuaresmas cometen los sicarios que “se creen huelgueros”, acaudillados por la criminal comisión transitoria, sus subcomites y autónomos. Pues este año han retomado la toma y extorsión sistemática de parqueos, la toma parcial o total de edificios, que la Dirección General de Administración (DIGA) les facilito el Estadio Universitario (Revolución) el miércoles pasado –el 27, un día antes de anunciar su plan de Seguridad, se les facilitara la Plaza de los Mártires para el Rey Feato, declaratoria de borrachos de Ingeniería y General.

Estos mismos que el sábado 30 de marzo se prestaron a tomar las entradas de la USAC y cobraron a los estudiantes: Q10 por vehículo, Q2 por peatón, compañeros que en su mayoría son trabajadores toda la semana, y que solo pueden asistir a estudiar los días sábados. ¿Qué hacen con todo el dinero? pues hemos vistos sus carrozas y no son precisamente una maravilla, ¿Que estudiante puede estar todo el día cuidando parqueos y extorsionando? ¿Qué es lo que hace a estos los defensores del pueblo?, cuando sistemáticamente lo roban, lo agreden y violentan sus derechos.

Como sostuvimos en artículos anteriores, la maniobra de la rectoría, era eso, lavarse las manos y aparecer públicamente como una administración que no financia, sostiene y alimenta a los grupos armados en la USAC. Mientras en la trastienda les deja funcionar y operar bajo su ley. A estos sicarios, a los que no les alcanza el plan de repitencia, a los que tienen carnets de los 80’s y 90’s, los herederos de las ocupaciones militares de la USAC y no de los revolucionarios mártires, a estos no les detendrán los molinetes, a estos que no solo funcionan tutelados por la administración, sino que varios de ellos apoyaron al rector durante su campaña, ahora son sus trabajadores en diferentes dependencias universitarias, puestos a dedo.

II.-Los molinetes no es tema nuevo, ya se implementaron en la Biblioteca Central de la USAC, contraviniendo la misión constitucional de dicha casa de estudios, que no solo está formada por sus estudiantes matriculados, sino también por la población en general; ya que la biblioteca forma parte de esa extensión universitaria que está al servicio de la población, como lo son sus piscinas, sus áreas verdes y deportivas, los centros de consulta como el archivo, la hemeroteca y el tesario, los servicios de salud y odontología.

Aunque moleste a muchos profesores, el derecho de asistir a clases como oyente, es un derecho de todo el pueblo de Guatemala al conocimiento que él mismo paga. Estos molinetes se implementarán para controlar al estudiantado, para vedar el paso a los vendedores que buscan su alimento diario en la universidad y para cerrar las puertas de la única universidad pública del país, al pueblo de Guatemala.

El anuncio el jueves pasado, no es más que la forma en que la administración está midiendo las aguas, a pesar de ser unos mafiosos, no son tontos, saben bien lo que hacen, y saben que un paso apresurado puede derivar en la caída de su plan de privatización y de ellos mismos al frente de la administración.

III.- Se planea contratar a policías de empresas privadas para suplir a los guardias de seguridad que hasta ahora se encargaban del resguardo de las instalaciones. Pero el rector y su comparsa no mencionan que los que hasta ahora se encargaban de la seguridad, son muchos integrantes de grupos derechistas con vínculos a la inteligencia militar (G2), implicados en la desaparición de estudiantes, trabajadores, docentes, decanos y hasta la muerte de un rector durante la guerra, incinerados en la granja de veterinaria o tirados al pantano. Son contados con los dedos los que son trabajadores sindicalizados que en su época se especializaron para poder ser guardias.

También no debemos olvidar a los Kaibiles en retiro contratados durante la administración Gálvez y la posterior de Alvarado Cerezo (18 para ser exactos). Todo esto para menguarle importancia al ajuste de cuentas entre grupos criminales que funcionan bajo su tutela, como fue el asesinato del ex-asesor jurídico de la ilegal comisión transitoria a manos de uno de los guardias con más años en servicio.

La llegada de guardias privados no asegurará mejor seguridad al estudiantado, ni a la comunidad sancarlista en general, solo hará más constante los desmanes de estos. Por ejemplo, se conoce los vínculos que el rector tiene con el partido TODOS y el oficial FCN, cuyos diputados tienen varias empresas de seguridad privada que prestan servicios al Estado y a los que fácilmente se les otorgarían la licitación.

No hay que descartar que las mismas empresas de seguridad privada que resguardan los chupaderos afuera de la USAC, que son propiedad o tienen como jefes a los integrantes de la ilegal ex comisión transitoria, sean los que presten el servicio de seguridad a los sancarlistas. Una suerte de sicarios cuidando a los estudiantes, vaya chiste, solo en Guatemala se le encarga al matón la seguridad de la población. Se legalizará así a los grupos de choque que actúan bajo la tutela de la rectoría.

IV.- Esto último resalta el punto más candente, por el cual puedo ser castigado por las mafias que infiltraron la USAC desde finales de los 80s y que ahora controlan no solo los comités de huelga, algunas asociaciones de estudiantes, las decanaturas y la misma rectoría, sino también el embrutecimiento sistemático del estudiantado a las puertas de la USAC, la otrora y combativa voz del pueblo, bastión de sus hijos e hijas.

Nadie, ni el rector hablan de sus amos, todos hablan de los ladrones de motos, los roba celulares, los criminales de baja monta, los cuales la masa estudiantil lincha, dejando salir toda su bronca contra el verdadero enemigo, el que está arriba. Nadie habla de los que han robado la autonomía de la USAC, los que a las puertas de nuestra casa de estudios venden ilegalmente alcohol contraviniendo la ley municipal que prohíbe cualquier establecimiento o expendio de bebidas alcohólicas en las cercanías de centros educativos.

El bastión de la reacción, de donde salen los criminales a hacer de las suyas, con capucha o sin capucha. Donde se siguen organizando los sicarios, los jefes que dirigen a las bases jóvenes y ciegas de los comités de huelga. El tugurio donde cada semana hay incidentes y agresiones de sangre, y nadie dice o hace nada. Ahora podemos esperar de la administración todas las tretas posibles, para hacer parecer ante la opinión publica una solución mágica la de los molinetes. No hay que esperar mucho tiempo, ya han rodado noticias de supuestos ladrones atrapados por la seguridad de la USAC –por primera vez– y no por el estudiantado, tan solo unas horas después del anuncio del plan mágico de seguridad.

V.- Cualquier plan coherente se seguridad pasa por la expulsión de todos los negocios que el crimen organizado tiene en las inmediaciones de la USAC y que utilizan su autonomía para poder trasegar armas y demás aparejos de su modus vivendi. ¿Porque el magnífico no anuncia las medidas legales que la USAC sacará adelante, para desocupar estos negocios? para hacer torres de paqueos, villas universitarias para alojar a los estudiantes del interior o los que vienen del extranjero, para hacer un comedor universitario, para hacer una parada de bus decente donde se pueda centralizar todo el trasporte externo e interno de la USAC.

No buscan este tipo de iniciativas porque en realidad la seguridad de las y los sancarlistas, no les interesa. Bajo la excusa de la seguridad seguirán privatizando la USAC y para ello es necesario seguir teniendo embrutecidos a los estudiantes, que salgan de clases y tengan a la mano no libros, sino cerveza y alcohol que los desmovilice, los mantenga postrados, sin deseo de luchar por sus derechos o defender los del pueblo que les sustenta su educación.

VI.-“El Congreso de la República aprobó el préstamo por 120 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, destinados a mejorar la infraestructura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.” (Diario de Centroamérica, marzo 28 del 2019). Los casi Q 921, 600, 000 .00 que acaba de autorizar el congreso de la república no pagaran los molinetes, pues estos ya están resguardados en la Dirección General de Servicios (Entre el EPS de ingeniería y la granja experimental de veterinaria), lo que pagara los molinetes será el aumento del costo del parqueo de Q. 3.00 a Q5.00. Hoy por hoy nos extorsionan los grupos armados sostenidos por Muprhy y que se autoproclaman huelgueros, mañana volverán a cobrar los trabajadores de PARUSAC y la administración no dará cuentas, de cuánto dinero recauda diariamente en los parqueos y en que se utiliza ese dinero.

***

A la luz de la durísima evidencia de la privatización echada adelante por sus agentes en la USAC y sus lacayos en todos los niveles, al estudiante no le queda otra cosa que luchar, pero la lucha debe ser amplia, debe conformarse por todos los sectores que forman la comunidad sancarlista. Por Una Plataforma de Estudiantes, Docentes y Trabajadores que Defienda la USAC de la Privatización: La defensa irrestricta del ¡Id y enseñad a todos!, no como una frase muerta o hipócrita en voz de los que hoy están privatizando la USAC y que detrás de actos conmemorativos de nuestros mártires y la entrega de títulos honoris causa, encubren sus planes de arrebatarnos la única universidad pública del país; sino como consigan y grito que aglutine a todos los que deseamos defenderla, no solo para nosotros y las generaciones venideras, sino para el pueblo de Guatemala.

Por Armando Tezucún

Tal como se podía prever por la forma como se desarrollaban las negociaciones, los partidos de la izquierda electoral no llegaron a acuerdos, y cada uno correrá en el proceso electoral por separado, anulando la posibilidad de construir un frente unido que aglutinara a las organizaciones populares para enfrentar el avance de la extrema derecha, que busca instaurar un régimen autoritario.

Uno por uno, los partidos que consideramos tienen cierta base popular y representan de alguna manera sectores en lucha, fueron proclamando sus binomios para la presidencia y sus candidatos a diputados y alcaldes. El primero fue Winaq, que el 20 de enero presentó a sus candidatos, Manuel Villacorta y Liliana Isabel Hernández para presidente y vicepresidenta, respectivamente. El 27 del mismo mes, el partido Convergencia proclamó a Benito Morales y Claudia Valiente como su binomio presidencial, y notoriamente, al excomandante guerrillero Pablo Monsanto como candidato a diputado encabezando el Listado Nacional.

El domingo 3 de febrero, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) anunció sus candidatos serán Pablo Ignacio Ceto Sánchez para la presidencia y Blanca Estela Colop Alvarado para la vicepresidencia. El secretario general de la Urng, Gragorio Chay, explicó que la nominación de sus candidatos fue aplazada por varias semanas, a la espera de llegar a acuerdos con otras organizaciones, sin éxito. La Urng no solo trató de pactar con otros partidos de izquierda como Winaq, Convergencia y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, sino que tuvo conversaciones con partidos de centro izquierda, que son expresión política de un sector de las capas medias urbanas, como Encuentro Por Guatemala, Semilla y Plataforma Ciudadana. Se sabe que la dirigencia de la Urng, en desacuerdo con una parte de sus dirigentes medios y sus bases, consideró dar su respaldo a la ex fiscal general Thelma Aldana, quien sin duda es la opción del imperialismo estadounidense para reforzar el funcionamiento del Estado de derecho y la institucionalidad del Estado burgués, en el marco del Plan Alianza Para la Prosperidad; el imperialismo europeo también ve con agrado a Semilla y su candidata Aldana.

El último de los partidos de izquierda en presentar a sus candidatos fue el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), instrumento político, como ellos le llaman, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Thelma Cabrera y Neftalí López Miranda fueron proclamados el 7 de marzo candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el MLP.

Este es el último y lamentable episodio de esfuerzos por lograr acuerdos unitarios entre los partidos y organizaciones de izquierda. Desde el Frente Democrático Nueva Guatemala en las elecciones de 1995, la Alianza Nueva Nación en 1999, ambos esfuerzos inmediatamente antes y después de la firma de los Acuerdos de Paz, hay una larga historia de alianzas temporales,  rompimientos y desacuerdos. El fracaso de la izquierda en la consulta popular de 1999, que proponía incluir en la Constitución de la República las reformas electorales y políticas plasmadas en los Acuerdos de Paz, y la prioridad que empezó a darse de la participación electoral sobre la participación en las luchas sociales, aceleró el resquebrajamiento de la izquierda exguerrillera.

El sector que conformó las antiguas Fuerzas Armadas Rebeldes se separó del bloque de la Urng, uniéndose con otros sectores en Encuentro por Guatemala, Alianza Nueva Nación, Convergencia por la Revolución Democrática y ahora Convergencia, en distintos eventos electorales. La Urng, por su parte, ha realizado varios esfuerzos unitarios, como el Frente Político y Social de Izquierdas en 2007. Un desprendimiento formó Winaq, que en 2007 participó electoralmente junto a Encuentro por Guatemala, que había quedado bajo el mando de Nineth Montenegro. Para las elecciones de 2011 se formó el Frente Amplio de Izquierda, que incluyó a la Urng, Winaq, la ANN de los ex Far y el Movimiento Nueva República, una escisión de Encuentro por Guatemala. En las elecciones de 2015, la Urng y Winaq mantuvieron su alianza en el Frente Amplio y Convergencia se alió a organizaciones campesinas y de mujeres.

Todas estas alianzas no lograron para la izquierda una votación significativa, mayor del 4% de los votos, y curules solo para uno o dos diputados por partido. El principal problema es que las alianzas se plantean en función de los procesos electorales, olvidándose de la unidad en la acción en el terreno de las luchas sociales, que es el verdadero fermento de cualquier proceso revolucionario. Por tanto, las discusiones giran en base a los puestos de elección, sobre todo las diputaciones, saliendo a flote las ambiciones personales de los funcionarios de los partidos.

Sabemos que hay descontento entre las bases por el fracaso de los acuerdos de alianzas, y por el hecho ridículo de que los pequeños partidos de izquierda se presenten por separado, dividiendo el voto, ya de por sí poco numeroso, de quienes simpatizan con la izquierda. Las mismas bases han forjado alianzas locales de izquierda para impulsar en algunos lugares candidaturas a alcaldías, dando el ejemplo a sus dirigencias.

Ente este panorama, el Partido Socialista Centroamericano llama a votar por las y los candidatos de los partidos de izquierda que representen las luchas populares, que sean dirigentes probados y honestos, que representen la esperanza de un cambio a favor de los oprimidos y explotados de Guatemala.


Por Leonardo Ixim

Oficialmente la campaña electoral inició el 20 marzo, según las últimas reformas electorales, que dividen el proceso electoral en tres fases; el de la campaña es el segundo y dura ahora tres meses. La característica central de esta segunda fase es la presentación de propuestas de gobierno y la promoción de las candidaturas, los rostros y los nombres de quienes disputarán esos cargos. Por ende las calles y carreteras del país, aunque en menor medida que en otros procesos electorales -debido a los controles más estrictos sobre el financiamiento de los partidos y la reducción de techo de campaña- estarán abarrotadas de publicidad,  contaminando visualmente.

Una novedad es que las candidatas punteras son mujeres y lo demuestran las encuestas; éstas, mas allá de la validez como método preciso de medición y su capacidad de influir en los resultados a partir de posicionar imágenes en el público, miden cierta opinión de grupos muestrales en momentos precisos.

De las tres últimas encuestas publicadas, dos de Cid-Gallup (la primera del 24 de enero al 6 de febrero y la segunda del 16 al 25 de febrero) y una de Consulta Mitosfsky del 8 al 11 de febrero, las primeras muestran a Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como puntera con 17 por ciento la primera y 17.7 % en la segunda, pero siendo la candidata que muestra mas anti-voto. La de Mitofsky muestra a Thelma Aldana del Movimiento Semilla como puntera con 28.1 %. Zury Ríos, del partido VALOR, en las de  Cid Gallup se muestra tercera y en la de Mitofsky segunda.

Los otros 20 binomios que participan -entre ellos cuatro de izquierda- no rebasan el uno por ciento. De los que logran rebasar el mejor ubicado es Alejandro Giammatei del partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS), ubicándose en las tres encuestas en cuarto lugar; por otra parte, Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana (PC) en quinto lugar y Roberto Arzú por la alianza Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, la única la alianza para elección presidencial,  en sexto lugar respectivamente, aunque solo mencionados por las encuestas de Cid Gallup.

Para esta contienda están inscritos 27 partidos políticos; de esos participan 23 binomios presidenciales. De los partidos participantes, el Partido Liberal Guatemalteco no logró presentar candidaturas, pues un importante sector se opuso a nominar al ultra derechista Ricardo Méndez Ruiz a candidato a presidente y otro partido Bienestar Nacional, apoyado por el ex presidente Alfonso Portillo solo participará nominando candidatos a Corporaciones Municipales y diputados.

A excepción de los cuatro partidos de izquierda reformista, la mayoría de agrupaciones son de ideología derechista o centro derecha  -aunque lo escondan- y dos son de centro izquierda,  Semilla y Libre. Podríamos decir que todos o representan fracciones del capital o camarillas financiadas por éstas; Libre posiblemente no representaría eso, mientras Semilla apoya una candidata cercana a ciertos intereses imperialistas.

Política judicializada

Una de las características de este proceso es la denominada judicialización de la campaña electoral. Esto se refiere a que la disputa de los votos y la eliminación de los caudales de votos a favor en contra de alguna candidata pasan por procesos judiciales, que no muchos consideran que así se termina de desprestigiar la política, la figura de los partidos políticos y por ende de toda la democracia representativa que se conforma a partir del sistema electoral.

Primero Zury Ríos, hija del ex golpista Efraín Ríos Montt va acompañada por el candidato a la vice-presidencia Roberto Molina Barreto, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad y afín a los intereses más reaccionarios del capital.

Originalmente el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó  a inscribirla porque la Constitución Política menciona que los hijos de los caudillos golpistas no pueden participar. La Corte de Constitucionalidad (CC) ya había amparado al TSE, que pese a inscribirla tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde le obligaba a hacerlo, apeló el  fallo ante la CC. Ésta a su vez adujo que “las circunstancias no hacen aconsejable el amparo otorgado por la CSJ a Ríos“; sin embargo, después de dimes y diretes en las cortes,  entre estas y el TSE, recién la CSJ amparó definitivamente a Ríos Sosa para inscribirse como candidata presidencial. Este binomio representa élites de ex militares anti-comunistas y contra-insurgentes y es apoyada por los sectores más conservadores del imperialismo gringo.

El caso de la UNE

Por su parte, la  ex primera dama Sandra Torres irá acompañada de Carlos Morales, ex canciller en los gobiernos de Pérez, Maldonado y Morales, para la vice-presidencia, siendo éste alguien que está en sintonía con la política exterior gringa. El gobierno de la UNE aplicó programas de carácter asistencialista, además de representar sectores emergentes del capital en la producción textilera y farmacéutica y algunos tradicionales como la agro-exportación.

Recientemente la Fiscalía de Delitos Electorales responsabilizó a Torres y a varios diputados por el delito de financiamiento ilícito y anónimo, por donaciones anónimas de 40 millones de Quetzales;  presentando pruebas y buscando la apertura de un proceso penal contra Torres y el retiro de su inmunidad por ser candidata, pero el pleno de la CSJ la exoneró de estos delitos.

Se rumora que si Ríos es sacada de la jugada y otros candidatos cercanos al capital tradicional no repuntan, Torres seria su candidata preferida ante el miedo que le tienen a Thelma Aldana. Torres por su parte ha trabajado constantemente para que eso sea así.

Thelma Aldana

Por su parte Aldana, ex fiscal del Ministerio Público, quien trabajó de la mano con la Cicig en varios casos de corrupción que afectaron a varios actores de la casta politiquera del país -el denominado Pacto de Corruptos-, sería apoyada por los sectores liberales del imperialismo, sobre todo los que promocionan la línea de defensa de los derechos humanos. Va acompañada por Jonathan Menkos para la vice-presidencia, un economista keynesiano, ex director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales con proyección en toda Centroamérica y una línea progresiva en materia fiscal,  propuesto por Semilla (este partido fue formado por ex funcionarios del gobierno de la UNE, intelectuales socialdemócratas y profesionales que emergieron tras las movilizaciones de 2015). La dupla Aldana-Menkos estaría apoyada por el sector mas modernizado del capital, el de Bosh-Gutiérrez, sobre todo Dionisio Gutiérrez, aunque éste apoya otras opciones como la de Encuentro por Guatemala.

En los últimos días los sectores mas inmovilistas del estatus quo han buscado entorpecer su candidatura, logrando una orden de captura emitida al mismo tiempo en que el RC autorizaba su candidatura, al momento que Aldana se encuentra en El Salvador. Esto sería por los delitos de peculado, sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria por la autorización de  una plazas fantasma en el MP al actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla, quien cobró Q20 mil mensuales por cursos de capacitación a personal del MP pero que, según las pesquisas, no se presentó a laborar.

Ademas tiene otros dos señalamientos; el  primero es por supuestas anomalías en la compra, en 2017, de un edificio para el MP que costó Q35 millones y que estaría sobrevalorado; y el segundo presentado por la Contraloría General de Cuentas, se trata de la existencia de otra plaza fantasma que se le adjudicó a José Carlos Marroquín cuya familia es dueña del vespertino La Hora y financista de Aldana, quien cobró Q1 millón, pese a estar asilado en EE. UU.

Otros candidatos con problemas para participar son Edwin Escobar por Prosperidad Ciudadana, actual alcalde de Villa Nueva, quien va acompañado de Blanca Odilia Alfaro ex alcaldesa de Masagua para la vice-presidencia. Aquí la Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó un antejuicio contra Escobar ante un juez pesquisidor por anomalías en la suscripción de un contrato para la administración de la cuenta corriente del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). Igualmente Mauricio Radford, postulado por el partido Fuerza, que tiene un proceso seguido por la Fiscalía de Delitos Electorales por alterar y cambiar un acta en una actividad de ese partido en 2015.

Por una política de la clase proletaria

Desde el marxismo revolucionario sabemos que las elecciones son la arena donde las distintas fracciones de la clase dominante se disputan los espacios de poder dentro del Estado, mientras que para las fuerzas representativas de las clases populares y proletarias, las elecciones deben ser el espacio de denuncia, bloqueo de iniciativas de la burguesía, pero también de aprovechar para movilizarse contra el sistema capitalista.

Tanto Aldana, Ríos y Torres, representan fracciones del capital, si bien las ultimas dos estarían mas cercanas al denominado Pacto de Corruptos, representantes de la vieja política. En el caso de Aldana, con todo su discurso de ataque a la corrupción -sin duda un síntoma de la política burguesa- y la afectación por los procesos penales contra algunos actores que con su acciones afectan los intereses estadounidenses, sería la renovación del régimen político, portavoz de una nueva política.

Pero lo que muestra este fenómeno de la  judicialización electoral, es que se necesita una otra política desde abajo, parafraseando al zapatismo. Y como han mencionado algunos dirigentes y candidatos de los partidos de izquierda, una política que sin caer en la ilusión del parlamentarismo burgués utilice la arena electoral para defender los derechos de la clase trabajadora y cuestione al sistema.

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