Por Tyscho

Todos saben bien el eterno problema de presupuesto de la única universidad pública del país, la USAC está siendo estrangulada financieramente como maniobra de un gobierno que le ve como un enemigo político a batir. Esto no es nada nuevo, también carece de novedad que la camarilla que se hizo recientemente del control de la administración de la más grande casa de estudios de Centroamérica, es la manifestación más acabada del bandidaje y la corrupción que nuestra USAC ha conocido hasta ahora, quizá solo equiparada con la de su padrino político, Estuardo Gálvez Barrios (Rector 2006-2010 y 2010-2014).

Alí Babá se sonrojaría al conocer la hoja de vida de todos los hombres que hoy rodean la administración del ingeniero Murphy Olympo Paiz; conocidos lamebotas, orejas vendedores de sus compañeros de estudio al ejército durante la guerra, golpeadores de estudiantes, financistas de grupos armados dentro de la USAC, arribistas, traficantes de intereses y sobrevivientes natos de la lucha política parasitaria y de atracadores implícita que es necesaria para llegar a tan alto cargos. Una suerte de políticos, sicarios y agentes privatizadores de la educación pública.

La lucha en defensa de la USAC no es de los corruptos

Impresionado debe haber quedado el “magnifico” rector y sus esbirros –más su flamante consejero privado, el ex rector Luis Alfonso Leal– al saber que el gobierno aplicaría su plan –y el de su padre político: Estuardo Gálvez– de estrangular financieramente la USAC para luego profundizar su privatización al gusto y medida de sus amiguetes, prontos a comprar pedazos de la tajada publica que es la U.

Pero ante la comunidad sancarlista, el máximo promotor de cargar sobre los estudiantes, docentes y trabajadores los costos ignominiosos de la corrupción campante de décadas de administraciones serviles tiene que parecer –simulando a toda costa– el defensor de la USAC de la que siempre se ha servido,  promoviendo el clientelismo con el que ha saqueado a la casa de estudios del pueblo, usando el dinero para comprar a quien se les interponga, vaciando las arcas de la USAC para sus campañas políticas de reelección, promoviendo programas para pagar sus deudas políticas inmemoriales, incluso con el gobierno de turno, con el que Murphy tienen muchos nexos, que ahora le cuesta  trabajo encapuchar, como lo es su empresa constructora demanda por fraude.

Estas maniobras son embustes momentáneos del rector de turno para decir luego, que hizo todo lo posible por defender nuestra USAC. Como estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores de todos los niveles debemos entenderlo, él y sus esbirros no son de fiar, la presión debe ser dirigida no solo contra el infame congreso de la república, sino también a lo interno de nuestra casa de estudios, contra la porqueriza de la administración actual, que nos traicionara a la menor señal de confianza.

AL PUEBLO DE GUATEMALA

Las grandes mayorías de la población guatemalteca no se equivocan. La señal que en la USAC hay una corrupción infame, acaudillada por los que hoy se ponen la capa y denuncian a los también ladrones del congreso; pero es equivocado que el bandidaje de los que al igual que el Estado, administran la USAC, es justificación para destruir la educación superior pública, la única casa de estudios accesible a las grandes mayorías.

Es error caer en el juego de los diputados –ladrón a tiempo completo– de estrangular la casa de estudios del pueblo. Como error será si los estudiantes, los docentes, los investigadores y los trabajadores a nivel nacional hacen de esta lucha, que es una lucha de todo el pueblo, un cheque en blanco para lavar las caras y las manos de los ladrones de la administración universitaria, que tienen más similitudes con los diputados que hoy estrangulan nuestra USAC que con la propia comunidad estudiantil.

Una lucha amplia, ninguna confianza ciega a la administración y la rectoría

La Mesa Multisectorial conformada por todos los sectores de la comunidad universitaria, así como todas las organizaciones civiles y populares del pueblo de Guatemala deben luchar en un frente amplio por la defensa de la educación pública, el cumplimiento de la asignación constitucional que le corresponde a la USAC; así como su necesaria ampliación de acuerdo al crecimiento de la población y las necesidades de un pueblo hambriento de educación, de libros y de saber y no de botas militares, armas y cuarteles.

Debe presionarse para emplazar a la administración a que cumpla su deber como máxima representación universitaria, estando vigilantes ante cualquier dilación o traición que puedan hacer contra el movimiento en defensa de la educación pública universitaria.

No solo los estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores debemos exigir el presupuesto de la USAC, debe ser una lucha de todo el pueblo de Guatemala, sobre todo de las amplias masas populares y el pueblo trabajador que es estudiante, para el quien está hecha la única universidad pública del país.

¡No menos del 5% constitucional!

¡100% de trasparencia en el gasto!

¡y 0% de corrupción en la USAC!

Por Armando Tezucún

En el curso de este año, con el aval de la oligarquía tradicional, el respaldo de las iglesias fundamentalistas y la vista gorda de la embajada gringa, el gobierno de Jimmy Morales ha pasado a la ofensiva contra quienes han puesto al descubierto sus manejos ilegales e involucramiento en actos de corrupción, en un enfrentamiento que se desarrolla a nivel de instancias legales del Estado y a nivel internacional en el seno de la Naciones Unidas. Tal ofensiva inició con el nombramiento de Enrique Degenhart como ministro de Gobernación, quien destituyó por medio de un procedimiento irregular a los cuadros dirigentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio, una acción que algunos analistas consideran que tiene propósito de restaurar estructuras corruptas en el seno de dicha dependencia.

El caso más sonado ha sido la decisión gubernamental de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que finalizaría sus funciones en septiembre del próximo año, y la prohibición del ingreso al país del jefe de la misma, comisionado Iván Velásquez. Pese a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que mandan al gobierno a respetar los acuerdos con las Naciones Unidas en torno al funcionamiento de la CICIG, el gobierno no ha dado marcha atrás, y el caso se encuentra en un impasse legal.

A mediados de octubre se dio a conocer que el Ministerio de Relaciones Exteriores negó visas de cortesía a 11 miembros extranjeros del equipo de la CICIG. La intención del gobierno y sus allegados de obstaculizar el trabajo de la Comisión se hace evidente, pues los integrantes de la misma que han sido afectados trabajaban casos emblemáticos que afectan al presidente Morales, su hijo, su hermano y su partido; al vicepresidente del Congreso Felipe Alejos; a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling; y a un exalcalde y exfuncionarios y actuales funcionarios del municipio de Quetzaltenango.

El presidente Morales dio como explicación de la revocación de las visas un tema de seguridad nacional. “Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que hayan sido señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado" (Prensa Libre 18/10/18). Morales no dio explicaciones sobre estas acusaciones.

Otra acción enmarcada dentro de esta ofensiva fue la votación del Congreso que el 16 de octubre volvió a proteger al presidente Morales de la solicitud de antejuicio en su contra por el delito de financiamiento electoral ilícito. La Comisión Pesquisidora conformada entre los diputados para dictaminar sobre el antejuicio recomendó al pleno que no le fuera levantado. Como en ninguna de las votaciones a favor o en contra hubo los 105 votos necesarios, el expediente fue archivado. 

El 18 de octubre los diputados aliados del gobierno lograron finalmente reformar el artículo 407N del Código Penal, que se refiere al financiamiento electoral ilícito, por el que están acusados secretarios de partidos políticos, empresarios y varios partidos están en proceso de cancelación.

La Corte de Constitucionalidad solicitó al Congreso que revisara el artículo, pues no diferenciaba entre el financiamiento proveniente de fuentes ilícitas y el que se entregaba de forma anómala, pidiendo que se establecieran sanciones y condenas diferentes para cada una. Pero los diputados aprovecharon para legislar a su favor. Crearon el delito de “financiamiento no reportado”, con una pena máxima de 5 años conmutables, eximiendo de culpa a los secretarios generales de los partidos; en el caso del financiamiento proveniente de fuentes ilícitas, la pena se redujo también a cinco años máximo no conmutables, pero la persona que lo recibe debe hacerlo “a sabiendas” lo que dificulta su persecución.

Debido a la protección que las reformas brindan a funcionarios de partidos, empresarios financistas, políticos corruptos y criminales, es muy probable que muchos casos denunciados por el MP y la CICIG, cambien de curso, incluyendo el que involucra al presidente Morales.

Mientras la extrema derecha corrupta logra avances, el movimiento popular parece perder cada vez más ímpetu. Después de las multitudinarias marchas del 20 de septiembre no hubo continuidad en las protestas, excepto por la marcha en conmemoración de la revolución del 20 de octubre un mes después, en la que por tradición participan miles de personas. En septiembre se logró un importante acuerdo entre las organizaciones populares que dio sus frutos el día 20 de ese mes. Algunos grupos están enfilando sus esfuerzos hacia el proceso electoral del próximo año. Pero es vital continuar las movilizaciones, pues el avance de la derecha significará la disminución de nuestros derechos democráticos.

Por Leonardo Ixim

A inicios de octubre sucedieron incidentes, en la Microrregión de Yich K’isis del municipio de San Mateo Ixtatán, en el norte de Huehuetenango, entre los comunitarios que se oponen a la instalación de tres hidroeléctricas y el personal de seguridad de la empresa dueña de estos proyectos.

Desde hace casi 10 años cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó el uso de bienes públicos, en este caso el caudal de varios ríos de la región para la instalación de estas hidroeléctricas, la conflictividad con los comunitarios de la Microrregión ha sido constante. El 21 de mayo de 2009,  los vecinos de ese municipio en una consulta se posicionaron en contra de la existencia de ese tipo de emprendimiento y otros, que afectarían su territorio.

La empresa llamada Energía y Renovación, Sociedad Anónima (EYRSA), donde importantes corporaciones oligarcas como los Castillo o los Novela tienen inversiones, construye las  hidroeléctricas Pojon I, Pojon II y San Andrés, cada una administrada por una subsidiaria de EYRSA.

El MEM autorizó los proyectos, irrespetando la auto consulta de las comunidades de 2009, elaborada con base a la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas; además de no realizar consultas de oficio sobre tales proyectos como exige el Convenio 169 de la Organización de Internacional de Trabajo.

Para que el MEM otorgue licencias o permisos de usos de bienes públicos se necesita primero que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) autorice los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que según el tipo de proyecto deben contar con información de los efectos a los ecosistemas circundantes. Sobre estas hidroeléctricas existen muchas dudas que los EIAs cumplieran con estos riquísimos, siendo una práctica común que las empresas que los elaboran estén conformadas por profesionales que sirven a los intereses de los grandes inversionistas. En el caso de estas hidroeléctricas, es una empresa denominada Aguas y Medio Ambiente, Sociedad Anónima la que los realizó.

La práctica empresarial y gubernamental ante la oposición de las comunidades y sus acciones de protesta -un plantón que se tiene en la entrada de la empresa- en la región, es el amedrentamiento por medio de unidades policiales y militares, asentados en terrenos de la empresa. Pero también la criminalización, la persecución legal, la represión, la cooptación y el desgaste psico-ideológico Desde el 2014 cada vez que los comunitarios realizan alguna acción de denuncia o solidaridad,  sorpresivamente previo o después pasa un hecho de “terrorismo” a bienes de la empresa, buscando la implementación de un estado de sitio o similar.

También la criminalización (campañas de difamación y persecución legal por jueces y fiscales afines) hacia los comunitarios y a organizaciones que los han respaldado, como el Gobierno Plurinacional o la Asamblea Departamental de Huehuetenango entre otras. Otras tácticas son la represión pura, como el asesinato de Sebastián Alonso y recientemente la agresión a otro compañero, a cargo de la empresa de seguridad SERSECO, conformada por ex militares anticomunistas y la persecución a campesinos opuestos por parte del ejército y de ex paramilitares formados durante la guerra interna.

La cooptación, como  la creación de la agrupación 13 Democracia conformada por organizaciones comunitarias afines a la empresa, una empresa denominada Acuerdos y Soluciones, encargada de esto y una ong que hace un trabajo similar llamada FUNTEDEGUA, muestran a la empresa como dialogante para generar consentimiento a su favor

Además, operaciones psico-ideológicas, por ejemplo, en 2016 se inventó un grupo denominado Frente Armado Campesino; ahora, tras los incidentes recientes en que resultó asesinado un trabajador de la empresa, responsabilizando ésta a los comunitarios opuestos, se generó una campaña de difamación en todos los medios presentando un video falso aduciendo la existencia de “grupos armados ilegales”. Con el objeto de crear el enemigo interno del Estado, presentándolos como opuestos al diálogo, violentos – mencionando que tienen en apoyo de los zapatistas- y opuestos al progreso que supuestamente generan estos proyectos.

Recientemente la Cámara de Industria y Comercio promovió un amparo contra el plantón aduciendo que detiene la construcción de la Franja Transversal del Norte, argumentando que las protestas son causantes de conflictividad social, escondiendo el temor de que se suspenda totalmente el proyecto porque el Banco Interamericano de Desarrollo le quite financiamiento, calculando para los empresarios la conveniencia de un Estado de sitio. Sin embargo, esa supuesta conflictividad no es más que la oposición real y legítima a los intereses de los capitalistas y se necesita de la denuncia y la solidaridad a los comunitarios.

Por Edgardo Lipo

Por qué la Asociación "El Derecho" -A.E.D.-  no debe tener una influencia o relación directa con la Administración:

El sentido de existencia de cualquier institución que se dedique a la educación, son, sin duda alguna, sus estudiantes. Es decir, que en los estudiantes yace la razón de ser de cualquier templo del saber.

Sin estudiantes, el maestro, catedrático, educador, o quien haga sus veces, carece de sentido. Sin estudiantes, los administradores de dichas instituciones, no tendrían qué administrar. Sin estudiantes, qué interés congruente pueden guardar los profesionales con la casa que los formó. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, como resultado del triunfo de la Revolución de octubre de 1944, le es concedida su autonomía, lo que conlleva a la formación de un gobierno tripartito, entre educadores o encargados de administrar dicha educación, profesionales y, por supuesto, estudiantes. 

El fin de tal gobierno tripartito, modelo nacido de las reformas de Córdoba de hace exactamente 100 años, es la cohesión de los sectores que conforman las Universidades, el dinamismo en pro de la elevación espiritual y consiguiente desarrollo en todas las esferas del saber humano. Pero, en vista de la particularidad del nacimiento de la autonomía universitaria para nuestra Alma Mater y su relación directa con el Estado, la cual yace plasmada en la misma Constitución Política de la República, convierte a nuestra Universidad y, en especial, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en un universo de interés e influencia política sin igual, logrando colocar en un segundo plano la academia. 

Dejando de lado lo expuesto en el párrafo anterior, la Asociación “El Derecho” -A.E.D.- debe representar la fuerza, interés y voluntad del sector estudiantil INDEPENDIENTE. Tiene a su cargo la función de activar política y socialmente al estudiantado de la Facultad de ciencias jurídicas y sociales, es decir, dinamizar la diversidad de posturas, pensamientos y actividades que nazcan del estudiante, a fin de que este sea capaz de conocer su entorno objetivamente, plantearse soluciones basadas en ciencia e impulsarlas a efecto de volver realidad lo que propone. Esto, solamente se logra cuando el estudiante posee la madurez suficiente de preservar un criterio, los intereses del sector al que pertenece (estudiantil) y no sucumbe ante la normal lucha de intereses con los otros sectores con los que convive. En resumen, si la Asociación "El Derecho" -A.E.D.-, como único espacio con autonomía estudiantil capaz de dinamizar y activar al estudiantado, es puesto en manos de estudiantes afines a la Administración (entiéndase catedráticos y profesionales no catedráticos dentro de la administración), habremos cedido en la lucha de fuerzas y perdido nuestra INDEPENDENCIA ESTUDIANTIL; por ende, habremos perdido la capacidad de defender nuestros intereses estudiantiles y mermado nuestra participación real en el gobierno tripartido. 

Es hora de ser consecuentes y defender la elevación espiritual, social, política y económica desde el lado que hoy nos corresponde, como Estudiantes. Permitir la dirección de un órgano estudiantil en manos de marionetas al servicio de otros sectores, es condenar la independencia de intereses, la lucha por los mismos, el modelo tripartito de gobierno universitario y, sin duda, la autonomía universitaria. 

Cabe destacar que, en lo expuesto, no se explica las características y elementos específicos que atañen a la realidad concreta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la correspondiente pugna entorno a la Asociación “El Derecho” –A.E.D.- Para nadie debe ser un secreto que dicha Asociación, tiene como objetivo concreto la organización estudiantil y, por ende, conformar una base social y política con un cierto grado de intelectualidad, capaz de reproducir y cosechar ciertas influencias ideológicas, para posteriormente perfeccionarlas e impulsarlas a lo externo del entorno limitado de las aulas universitarias.

Lo lamentable, es que, de esta realidad, no son las organizaciones con objetivos de progreso social, las que pretenden librar una pugna dentro de los espacios universitarios; sino las organizaciones que el mismo sistema imperante reproduce a su favor, es decir, que cambian NADA a favor de las mayorías y, cambian TODO a favor de las minorías poderosas.

Es hora de ser responsables...

Elección de Junta Directiva de la Asociación “El Derecho” –A.E.D.- 2019-2020.

Después de la recuperación de la Asociación “El Derecho” –A.E.D.-, hace tan sólo un año, el día lunes 29 de octubre de 2018 se llevarán a cabo las elecciones para elegir a la Junta Directiva y Subsecretarios de dicha asociación estudiantil. Entre las falencias administrativas de la Comisión Ordinaria Electoral, los vacíos dentro de la normativa de la asociación en mención y la lejanía de elecciones pasadas con las cuales desvanecer dudas en cuanto a la forma de realizar el acto electoral, además de los típicos intereses entorno a mantener controlado y sujetado al sector estudiantil por parte de la Administración de la Facultad; pese a todo, en esta oportunidad la pugna se ve representada en seis planillas estudiantiles, las cuales describimos a continuación:

Planilla 1 BIDA (Bloque Innovador de Derecho por la Academia)

Planilla 2 VIVA La U 

Planilla 3 Unión Académica Estudiantes de Derecho

Planilla 4 AVANZA Estudiantes por el Cambio

Planilla 5 ESTUDIANTES De la Crítica a la Acción

Planilla 6 FORO DEREHO

Las planillas de los grupos BIDA y Unión Académica Estudiantes de Derecho, nacieron de las filas de la Administración actual. Como particular punto de vista, considero que la agrupación BIDA tiene a su disposición los votos generados de la estructura que maneja la actual Administración con sus correspondientes catedráticos; una especie de voto duro pro Administración. La agrupación Unión Académica Estudiantes de Derecho, se encuentra liderada por Heidi ……, quien posee una personalidad amigable, con la que pretenden atraer a los estudiantes biempensantes, poco críticos y de fácil convencimiento. Asimismo, Unión Académica Estudiantes de Derecho, con la participación de rostros poco conocidos y jóvenes, funcionó como plataforma para cohesionar algunos grupos que no lograron su postulación a estas elecciones, pero que pretenden mantener alguna cuota de poder o, por lo menos, tener conexiones e información más directa.

La agrupación Viva La U, Planilla 2, está dirigida por dos personajes ampliamente conocidos, Ramiro Orantes y Ariel Ruano, alias Huiteco. En la anterior elección participaron, quedando a pocos votos de la victoria. Sus bases electorales yacen en la sección de Antigua Guatemala, la que, según se presume, puede generarles entre 200 a 250 votos a favor, con lo cual, en segunda vuelta, negociarán con la Administración, direccionando sus votos a cualquiera de las dos propuestas que Administración ha lanzado a contienda. También han organizado a “La Hermandad de la Santa Chabela”, una especie de comité de huelga y, que, emulando las viejas prácticas, es el grupo de choque de tal organización. Extrañamente la Comisión Ordinaria Electoral colocará 3 urnas en dicha sección antigüeña, cuando en elecciones pasadas a la Junta Directiva de la Facultad, no se han aperturado o, simplemente, no se coloca urna alguna.  

La agrupación FORO DERECHO, pretende hacer imagen valiéndose de los perfiles femeninos. Esta agrupación abandera la imagen de femenina encabezada por Mishel García. Para ninguno es un secreto que Foro Derecho es financiado y dirigido por el Licenciado Maynor Berganza, quien controló, previa recuperación de la Asociación “El Derecho” –A.E.D.- el año pasado, al Comité de Huelga de Derecho, como grupo de choque. Los integrantes, o los rezagos del hoy excomité de Huelga de Derecho, se han posicionado, como siempre, a favor de quien ostenta el poder en la Administración.

Su participación en estas elecciones estudiantiles, pretende, en segunda vuelta, apoyar a la agrupación que posicione la Administración y dar una imagen “progresista”, por eso se integra “únicamente” por mujeres.  

La Planilla 4, perteneciente a la agrupación AVANZA, tiene tras de sí a algunos integrantes del reciente Comité de Huelga de Derecho (expulsados hace unos días de su “sede” –un salón en el edificio S2-), quienes se ganaron el sobrenombre de “Comité de Huelga Rosa”, así como a personajes con nexos con la actual dirigencia de la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU-. Cabe destacar que, los integrantes a postularse, no son, en su mayoría, conocidos en la actual política estudiantil. Su discurso ha tenido una connotación ideológica, pero carente de propuestas concretas, lo que hace dudar acerca de la solidez de su unidad. Al parecer, sus votantes yacen mayormente en la jornada matutina y vespertina.

ESTUDIANTES, la agrupación estudiantil que participará en estas elecciones como Planilla 5, está conformada por algunos personajes que han participado en política estudiantil, pero sin haber figurado. Se encuentra a la cabeza Ricardo Samayoa, respaldado por algunos integrantes de lo que fue la agrupación FUERZA y otros integrantes de lo que fuera INCIDENCIA DERECHO –INCIDE-. Sus nexos con fuerzas existentes dentro o fuera de la Universidad, son, hasta ahora, desconocidos. Han expuesto dentro de su discurso, la independencia de los estudiantes como forma de proyectarse cambios estructurales en la Universidad y la dinamización del sector estudiantil en el ámbito social, político y académico, así como la implementación de un programa dividido en dos planes de trabajo que garantiza, al menos teóricamente, la posibilidad de concretarlos en la realidad.

Estas dos últimas agrupaciones, se han planteado una batalla contra las otras cuatro agrupaciones, por lo que se disipa la posibilidad que alguna se alíe a las impulsadas desde la Administración. Lo que aún es un misterio, es la dirección a tomar por parte de estas agrupaciones en el momento de que una de ellas pase a segunda vuelta y la otra no, porque a pesar de haber una posibilidad de converger en algunos puntos, existen posturas discrepantes que no les permitió la unidad de ambas.

La histórica Asociación “El Derecho” –A.E.D.- le corresponde la batuta de la dirección estudiantil universitaria, no por añoranzas a un pasado combativo y glorioso, sino por la relación directa con el poder dentro de la estructura Estado que tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Como bien decía un amigo, “ustedes sostienen este sistema”, haciendo referencia a que dicha Facultad, por su amplia incidencia dentro del Estado, funciona como uno de los principales engranajes que da vida y reproduce sus males. Atendiendo esto, también es en dicha Facultad, donde puede promoverse los cambios de fondo, radicales, que la sociedad aclama.