Por Leonardo Ixim

Dos nuevos antejuicios se han desatado de parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), uno en contra del presidente de la república Jimmy Morales y otro contra la actual legisladora por Encuentro por Guatemala Nineth Montenegro, reafirmando el papel de la CICIG como árbitro de las diferencias entre las distintas elites políticas y empresariales y su articulación con la política exterior estadunidense para el denominado Triángulo Norte.

La actual fiscal general del MP Consuelo Porras, fue recientemente nombrada por el presidente Morales como alguien afín a los intereses de la cúpula político-militar que lo rodea. Pero al igual que la exfiscal Thelma Aldana, que se apresta a preparase a la carrera electoral con el apoyo de los gringos, un sector del empresariado y algunos grupos progresistas, Porras pueda buscar distanciarse de sus patrocinadores originales de cara a posicionarse bien en estas disputas.

Después de los intentos de antejuicio a Morales por delitos electorales en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) el año pasado, que no prosperaron por el contubernio de la mayoría de partidos conservadores en el Congreso y la poca sostenibilidad de protestas que se realizaron en septiembre pasado, la respuesta fue buscar el mejor momento de parte de CICIG y el MP en ese entonces dirigido por Aldana.

A la par de las investigaciones por financiamiento ilícito de estos partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el pasado 13 de junio el proceso de cancelación por los delitos electorales de 2015. En el proceso se señala a varios empresarios que por medio de una empresa denominada Novaservicios, S.A., a cargo de Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional, entregaron dinero al ahora partido oficial.

El FCN-Nación ha presentado dos amparos a dos tribunales de apelaciones distintos y varias acciones de revocatoria a las decisiones del Registro de Ciudadanos y el TSE, entrampando el proceso de cancelación, lo cual le permite continuar su proceso de asambleas y eligiendo a un nuevo comité ejecutivo nacional el cual el TSE acepto, siendo el jefe de la bancada Javier Hernández Franco, nuevo secretario general.

En el ínterin nuevas acusaciones contra Morales aparecen, por acoso sexual a trabajadoras de dependencias estatales, presentadas por el ex canciller Edgar Gutiérrez. Mientras que los gringos presionan incluyendo a políticos y empresarios en la Ley Magnitsky como Gustavo Alejos Cámbara ex secretario privado del gobierno de Colom, Luis Mendizábal implicado en el caso La Línea y el mexicano Ángel Gonzales, dueño de medios de comunicación en América Latina y cercano a Daniel Ortega. Esta ley también afecta a funcionarios, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.

Recientemente también el senado gringo libero US$ 6 millones para el apoyo de la CICIG, que el senador republicano de extrema derecha Marco Rubio bloqueó por el caso de la familia Bitkov, detenidos por ser parte de una red de tráfico de documentos de identidad, unos empresarios que huyeron de Rusia por la persecución que Putin les ha montado.

Con todo esto, la novedad sería que la CICIG y el MP pidieron el antejuicio contra la diputada Montenegro, caso que se encuentra con una jueza de primera instancia quien deberá inhibirse para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo conozca. El caso de Montenegro es por un monto no reportado por un Q 1 millón en el proceso electoral de 2015 que Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., por el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, además de otra cantidad no reportada en el proceso de 2011 (Prensa Libre 14 de agosto). Esto ya ha ocasionado que el apoyo que este partido iba a dar a Aldana para su candidatura presidencial visiblemente terminará, lo cual solo podía ser una jugada si se cancelara este partido, lo que permitiría a la ex fiscal reconstruirlo para tener un vehículo afín. Este partido, como recientemente reconoció el empresario Dionisio Gutiérrez –aduciendo total legalidad- ha sido financiado por una facción de la burguesía que también apoya Aldana.

Pese a que los amparos puestos por el FCN-Nación están detenidos en lo relacionado a Morales, las investigaciones del MP para que avancen exigen que el expediente, que ya fue conocido por la CSJ se presente la otra semana en el Congreso sin que existan convocatorias para protestar frente a este órgano del Estado.

Por Hercilia Cáceres

Debido a la crisis financiara que agobia a las nuevas autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 3 de agosto de 2018 fue presentado un plan de austeridad por parte del CSU (Consejo Superior Universitario), gracias a un déficit que supera los 600 millones de quetzales, reduciendo las condiciones para culminar el ciclo universitario de este año. Dicho plan incluye medidas como: la reducción de viáticos, un plan de fiscalización y el cese de aperturas a nuevas carreras que no sean autofinanciadas por las unidades académicas que las imparten ¿Pero esas medidas son suficientes?

En los comunicados emitidos por el Consejo Superior Universitario y el Rector Murphy Paiz, no se especifican o abordan medidas que solucionen los problemas de fondo, lo que parece ante muchos una cortina de humo para que el actual rector salga a la luz como un administrador eficaz y confiable, pero la realidad es otra. Para nadie es un secreto la corrupción que existe en cada una de las altas oficinas y unidades académicas (Facultades, Escuelas y Centros Regionales) de la universidad; gastos innecesarios, despilfarro de recursos, banquetes en las reuniones semanales del CSU, así como actividades banales con vino y queso para ratificar a esta o aquella administración en el poder.

Desde la voz de muchos trabajadores, ha salido a la luz el “recorte” de presupuesto en direcciones culturales tales como los rumores del cierre del Centro cultural Universitario (CCU) o el corte de segmentos musicales en la emisora universitaria (RadioUSAC), pero sus acciones resultan sínicamente contradictorias. El jueves 9 de agosto de 2018 se realizó la inauguración del XXI Festival del Centro Histórico en la Ciudad Capital, a cargo de entidades gubernamentales y municipales, que durante el acto protocolario contaba con un representante que celebraba el apoyo brindado a la cultura desde la USAC, mientras que en sus pasillos y oficinas se hace todo por cortar la extensión cultural, compromiso legal de la Universidad con su pueblo y no la de ahorrar en gastos espurios de las eternas sanguijuelas que chupan el presupuesto universitario.

Por otro lado, pese al conocimiento de los problemas financieros, Paiz se ha dado el lujo de impartir nuevos cursos y talleres para la promoción de su proyecto político, refutando lo expuesto por él mismo. También, en los últimos días se ha manifestado porque brindará el primer concierto en la universidad que hará la apertura a nuevas actividades culturales, con el cantante nicaragüense de temática religiosa, Tony Meléndez, brindando un “mensaje de cambio y esperanza para la juventud”. Ante este último anuncio ha sido severamente criticado por trabajadores y estudiantes, primero por la reducción de actividades culturales, segunda porque falta a las medidas de austeridad y tercera por violar los principios de educación laica y libre pensamiento que la USAC tiene como única casa de estudios superiores pública.

Por si lo anterior fuera poco, luego de una revisión en el portal Guatecompras que concede el acceso a la ley de información pública, se han encontrado adjudicaciones ostentosas que objetan la figurilla de fraile con voto de pobreza que hace el nuevo rector. Entre dichas compras se encuentran: Q. 66,500.000 adjudicados para el alquiler de un salón y hospedaje de 4 días y 3 noches para 70 persona, alimentación para 70 personas por parte del Sistema de Estudios de Postgrado. Q. 34,500.000 en 3000 pines metálicos para la Facultad de Humanidades, Q. 166,653.270 para la compra de un vehículo tipo pick up, para la Facultad de Humanidades, Q.69,995.00 utilizados durante el acto ceremonial para la toma de posesión del nuevo rector (lo que significa que el rector saliente y el entrante ignoraban el déficit hasta que se acabó la fiesta), además de una amplia cantidad de procesos adjudicados, principalmente en equipo de cómputo, que los estudiantes no gozan, ni en mejoras de atención o eficacia administrativa y tampoco revelan un verdadero plan de austeridad de la administración, sino una excusa para dejar sin brazos y piernas a la educación pública, para así poder venderla al mejor postor.

Por lo tanto, ante las medidas de austeridad, no se tocan situaciones profundas que favorezcan la academia, además del servicio al pueblo de Guatemala, todo se queda en un discurso que refleja otra realidad. La universidad de San Carlos se está enfrentando ante un monstruo que, con ayuda de parásitos carroñeros, absorben cotidianamente los recursos que un pueblo hambriento sangra y padece. Convirtiendo la educación superior en un negocio cada vez más excluyente, desfavoreciendo cada día a la educación media del sector público y contribuye a los intereses del privado. Por ello es necesario un despertar en la comunidad universitaria que incluya a estudiantes, docentes, trabajadores y administrativos que no sean corruptos saqueadores, exigiendo mejoras en el Campus Central, Centro Universitario Metropolitano (CUM), además de Centros Regionales, y extensiones que brinden servicio a la población en general; demandando un 5% del presupuesto nacional, un 100% de transparencia y un 0% de corrupción.

Por Armando Tezucún

El decrépito sistema guatemalteco de salud pública ha sido fuente de un nuevo conflicto social. El miércoles 25 de julio miembros del Sindicato de Médicos y Cirujanos, que trabajan para el Ministerio de Salud, realizaron una nutrida marcha de protesta en el Centro Histórico de la capital para exigir mejoras salariales y de condiciones de trabajo. En la manifestación participaron odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, antropólogos y médicos. Al final de la marcha representantes del sindicato se reunieron con el presidente Jimmy Morales y el ministro de salud Carlos  Soto, presentándoles un pliego de peticiones. Según el dirigente Luis Cuyún, subdirector médico del Hospital de Antigua Guatemala, las demandas se presentaron a las autoridades del Ministerio desde hace 16 meses, sin obtener respuesta alguna.

Las principales exigencias son un incremento salarial, la estabilidad laboral y la aprobación de la Ley de la Carrera Administrativa del Profesional que labora en el Ministerio de Salud. Los salarios para aquellos que laboran cuatro horas diarias, bajo los renglones 182, 189 y 029, por contrato, ascienden a Q 1,600, más prestaciones y bonos. Los que laboran bajo el renglón 011 con plaza presupuestada, reciben un mínimo de Q 3,757 por 8 horas de trabajo, más prestaciones. Los compañeros piden un aumento del 100%, considerando que al mes de julio la canasta básica ampliada (que incluye alimentos y los principales servicios) ascendió a Q 8,177 para una familia de 4.77 miembros (La Hora 07/08/2018). Al igual que en el gremio magisterial, el personal que está por contrato anual no tiene su trabajo seguro, pues cada año existe la incertidumbre sobre la renovación del contrato; de allí la demanda de que todos pasen al renglón 011, para tener trabajo estable. Para tener sueldos dignos de acuerdo al desempeño profesional, se pide la aprobación de Ley de Carrera Administrativa, gozando del escalafón.

El presidente Morales y el ministro Soto prometieron tener una respuesta el viernes 3 de agosto. “Las peticiones las tenemos que discutir en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas, porque son propuestas que tenemos que hacer alcanzables y que podamos cumplir, en cuanto al presupuesto que tenemos este año”, declaró Soto (Prensa Libre 25/07/2018). Sin embargo, la oferta del gobierno fue de dar un bono de Q 2,000 en diciembre, una total burla. "Salimos totalmente indignados por la propuesta salarial que nos hicieron, que en pocas palabras es un ajuste salarial de Q80 para los médicos y profesionales que laboran de cuatro horas, y de Q160 a Q190 para los que trabajan ocho horas, lo cual no llena la expectativa y la propuesta que habíamos planteado", dijo el dirigente Cuyún (Prensa libre 04/08/2018). Como consecuencia, el sindicato anunció que a partir del lunes 13 de agosto se cerrarán las consultas externas en los hospitales y centros de salud a nivel nacional.

La medida fue ratificada el viernes 10 en asambleas a nivel nacional en los centros de trabajo. Los compañeros aseguraron que se trata de una asamblea permanente, una medida legal de acuerdo al Código de Trabajo. El personal se organizó para atender a los pacientes que requieran intervención inmediata en las emergencias, a pacientes con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos o con padecimientos infecciosos, y se realizarán las cirugías previstas. Solamente las citas que ya estaban en agenda serán reprogramadas. Los pacientes hospitalizados tendrán sus respectivos cuidados (Prensa libre 11/08/2018). Ante el anuncio del paro, el vicepresidente Jafeth Cabrera aseguró que el gobierno tiene una propuesta de incremento salarial de Q 2 mil mensuales para los médicos y Q 1,500 para los demás trabajadores. “Mantenemos el diálogo, esperamos que ellos comprendan que no hay una bolsa de donde sacar dinero y repartir. Me he reunido con ellos, yo fui médico en el San Juan de Dios y desde esa época hay rezagos, pero no hay una vara mágica”, dijo Cabrera (Idem)

El 13 de agosto, a pesar de las amenazas del Ministerio de Salud de tomar medidas administrativas contra el personal que suspenda la atención a los pacientes, el paro inició en el Hospital Roosevelt de la capital y el Hospital Nacional de Jutiapa, con la suspensión de las consultas externas. Se espera que los médicos del capitalino Hospital San Juan de Dios se sumen al paro.

Nos solidarizamos con lucha del personal hospitalario y de los centros de salud, y demandamos al gobierno de Jimmy Morales un ajuste presupuestario para el Ministerio de Salud, recortando el presupuesto del ejército, los sueldos de diputados y funcionarios, y el recorte de los gastos superfluos. Llamamos a formar un frente unido de las organizaciones populares por la mejora del sistema de salud pública, que según la Procuraduría de los Derechos Humanos, está colapsado.

Por Leonardo Ixim

Después de muchos rodeos entre las autoridades del Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el pacto colectivo para los trabajadores docentes, administrativos y de servicios del Estado se dio a conocer pública, o por lo menos informalmente en redes sociales.

El pacto, que está a la espera de que el Congreso de la República realice ajustes en el presupuesto del Estado para lograr cumplir sus compromisos, se había mantenido en secreto, lo que dio paso a suspicacias debido a las prácticas oportunistas del líder de STEG, Joviel Acevedo, pero también de descalificación ideológica de parte de los sectores empresariales y sus voceros en los medios de comunicación corporativos.

Por otro lado, los sindicatos que generan una crítica más fuerte al oportunismo de Acevedo, como el Sindicato Autónomo Magisterial de Guatemala (SAMGUA) y otros, no logran realizar una crítica combativa al oportunismo de Acevedo que a la vez aglutine a las bases que logra mover el STEG. En medio de su política sectaria tan solo han logrado levantar la demanda de incorporación de los 021 a 011, que convenientemente fue retomada por el sindicato mayoritario.

El Pacto Colectivo da reconocimiento al Programa Académico de Desarrollo Profesional y Docente (PADEP-S) y a la Formación Inicial Docente, los cuales son impartidos a nivel superior por la Universidad de San Carlos, programa que vino a destruir la carrera magisterial a nivel medio y como bien lo han denunciado distintas voces críticas, rompe con el escalafón magisterial. De allí que otros aspectos, como el cumplimiento de los 180 días  (artículo 22 del pacto) que el MINEDUC considera prioritario y que ha sido los argumentos que los centros de pensamiento afín a la burguesía como el Cien, Asies y los Empresarios de la Educación usan para oponerse a la movilizaciones del magisterio, sea reconocido en el pacto. Aprovechando esto, el MINEDUC suspendió arbitrariamente las vacaciones de medio año, con el pretexto de recuperar los días de clase perdidos durante los paros parciales de hace unos meses. Sorprendentemente ningún sindicato protestó por la medida.

A la par de esto, está la evaluación docente bajo un instrumento cuyo fin es realizar ese proceso, administrado por una Junta de Supervisión en la cual no existe una participación amplia de la comunidad magisterial ni de los padres de familia y que el STEG aceptó. Consideramos estas evaluaciones necesarias, pero deben ser consensuadas y no usadas para afectar la estabilidad laboral, por tanto, recoger una visión de educación crítica y no limitada a la generación de competencias.

Entre las conquistas (articulo 24) que la prensa reaccionaria, desde la más liberal hasta la más fascistoide considera gastos innecesarios, están: licencias con goce de salarios en caso de fallecimiento de cónyuges, hijos y abuelos, matrimonio, alumbramiento de conviviente, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares cercanos, citación administrativa y judicial, enfermedad u hospitalización y por onomástico. Así como descanso por maternidad 30 días pre parto y 80 días pos natal.

Otros aspectos que se menciona son el traslado de los 021 a 011 (articulo 30) pero sin especificar un plan para esto, tal como se comprometió en su primer año de gestión el actual presidente. La conformación de una Junta Mixta de resolución de problemáticas laborales (articulo 46) sin que medie un proceso de fiscalización de las bases. Becas nacionales e internacionales, prestaciones educativas tal como manda la Ley General de Educación sobre materiales, mobiliarios, equipo, útiles y libros de textos, alimentación. Prestaciones de salud como pago hasta el 100 por ciento del salario cuando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no lo cubra.  E Indemnización post muerte para familiares hasta de 10 salarios.

Algo que se vuelve una conquista importante es el reajuste salarial (artículo 65), incrementándose en 5 % anual para el año en curso y los dos siguientes tanto para trabajadores docentes como administrativos y de servicios. Así como un bono anual de Q 2,500 en diciembre para todas y todos los trabajadores. Los maestros que cursen el PADEPS y la formación inicial docente tendrán bonos especiales de Q500 en este año, Q600 en el próximo y Q700 en el 2020.

Toda la comunidad magisterial, las bases de los sindicatos tanto del STEG como de todos los demás, autónomos o afines al primero, debe discutir los beneficios reales de este pacto y exigir al Congreso que se haga un reajuste presupuestario para financiarlo. Una vez más sugerimos una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes incautados al crimen organizado y funcionarios corruptos financien el precario sistema educativo nacional.