Por Joseph M. A. Herrera

Creo que usted compañero(a) que está leyendo estas líneas… al igual que la masa colorida y heterogénea de nuestra querida patria sancarlista, ignora que hay una propuesta de “Reglamento Normativo del Régimen Disciplinario del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, la universidad más longeva del istmo centroamericano, así como la que concentra a la mayor población estudiantil de la patria centroamericana (más de 215 mil matriculados en 2017). Esta colosal casa de estudios tiene los problemas que podría tener una pequeña nación; la universidad es un país dentro de un país, con lógicas, prácticas y marañas que tienden a replicar las de la vida nacional, en un micro mundo donde convergen varios actores, poderes fácticos, trampolines políticos, intereses personales oscuros y colectivos “no tan” oscuros.

No se preocupe compañero… que usted no sepa lo que se trama en las cúpulas de marfil que desde las alturas engordan a costa de nuestro dinero, es normal, es parte de la práctica común de la administración saliente de la actual Rectoría de Dr. Carlos Alvarado Cerezo (2014-2018) y de cómo operará la administración entrante del Ing. Murfhy Paiz Recinos (2018-2022), que será una suerte de “Foco de Corrupción Nacional” (FCN-Nación) –partido de gobierno que esta pronto a ser ilegalizado por el Tribunal Supremo Electoral por financiamiento ilícito–, una lavadora y recicladora de los burócratas corruptos de las dos últimas administraciones. Como el FCN recicló al Partido Patriota, Murphy ya está reciclando a los vejestorios de Alvarado Cerezo, así como la del mentor de este último y ahora “aparentemente” su enemigo el ex rector Lic. Estuardo Gálvez Barrios (2006-2010 y 2010-2014), conocido por su actuar antidemocrático, financiando a diestra y siniestra a los grupos de choque que amedrentan año con año a estudiantes, docentes y trabajadores de nuestra USAC, así como a los eternos parásitos que salvaguardan desde la burocracia sus intereses en las facultades más corruptas de la universidad. 

Un reglamento anti democrático y engañoso

Dicho reglamento ha sido propuesto por el exmilitar y actual decano de la facultad de Arquitectura Dr. Arq. Byron Rabé Rendón y la propuesta ya ha sido conocida por el pleno del Consejo Superior Universitario (CSU). Propuesta dirigida a reglamentar el comportamiento de la población estudiantil dentro y fuera de los salones, así como la de calificar las faltas de la estudiantada en leves, graves y gravísimas. La propuesta divaga en cosas tan generales como impedir que el estudiante haga uso de las carteleras para pegar anuncios, afiches de carácter cultural o político sin autorización de la administración de su unidad académica, así como la de darle supra poderes a los docentes dentro y fuera del salón para castigar arbitrariamente lo que al docente le parezca una falta leve, grave o gravísima. Regresándonos de a poco a la Real Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, los docentes y los administrativos tendrían poderes cuasi despóticos a la hora de impartir justicia por propia mano saltándose los procedimientos actuales.

La propuesta tiene pasajes engañosos como el de dice que “esta vez sí” se castigará a los estudiantes que violenten el derecho de otros estudiantes a entrar a sus edificios, a sus salones y recibir clases; considerando falta gravísima agredir a otro estudiante de manera física; esto sería bueno que no solo se escribiera, sino que se cumpliera, expulsando a tantos estudiantes que han violentado físicamente a otros estudiantes en estos últimos 20 años en que la comisión transitoria ocupó ilegalmente la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), así como las Asociaciones Estudiantiles de las facultades de Humanidades, Económicas, las escuelas de EFPEM, Psicología y Bellas Artes, que siguen siendo ocupadas ilegalmente por los grupos armados nutridos por las anteriores rectorías, la actual y la del próximo rector Murphy Paiz, que es amigo cercano de este cáncer humano que en facultades como la de Farmacia han golpeado impunemente a otros estudiantes a la vista de todos, sin recibir una expulsión ejemplar; todo esto sin olvidarse de los muchos guardias de los “chupaderos” –cantinas que operan infringiendo la ley municipal al vender alcohol en las cercanías de un centro de estudios– que sin contar con matricula estudiantil año con año violentan a la población estudiantil, extorsionando a los estudiantes en los parqueos, en las entradas a los edificios, así como intimidando a todo aquel que no responda a los intereses ocultos de los cerdos que han mantenido el control de la administración universitaria en los últimos 20 años.

Sabemos bien que con la excusa de velar por buen desenvolvimiento de la comunidad estudiantil los burócratas salientes, así como los entrantes –que no variarán mucho– buscan perseguir a la población estudiantil en general. Con la excusa de defender derechos de los estudiantes que ni ellos mismos han respetado, esperan negar el derecho a la libre expresión, a la organización política y gremial de los estudiantes, así como mancillar la celebración de asambleas estudiantiles que no sean autorizadas por la administración de la unidad académica, rompiendo uno de los principios torales de la autonomía universitaria, como lo es el gobierno tripartito, en el que el sector estudiantil tiene voz y voto, tanto en las decisiones de su organización estudiantil en cada una de las unidades facultativas y no facultativas, así como en centros regionales en todo el país; olvidando adrede y de mala fe que dicho reglamento debe ser presentado al sector estudiantil para que éste proponga la mejor manera de defender sus derechos, cosa que se ha evitado desde que se trazó en los pasillos de la rectoría esta antidemocrática propuesta más encaminada a reprimir al estudiante crítico que a realmente asegurarle su derecho a la educación y a la seguridad personal en la única universidad pública del país.

¿Cómo hará la veintena guardias de seguridad que patrullan la universidad para desarmar a tanto malandro que llega armado o para enfrentarse a las pequeñas milicias de zopes durante la huelga de dolores?, seguro les será más fácil reprimir al estudiante desarmado cuando este celebre una asamblea para denunciar los agravios sistemáticos que comete la administración en su unidad académica.

Por un reglamento desde y para los estudiantes, que sea aplicado a docentes, administrativos y trabajadores de la USAC

No debemos estar en contra del normativo, pero sí debemos estar en contra de la manera en que se le quiere imponer a la población estudiantil, que es el componente mayoritario de la comunidad universitaria. A docentes y administrativos se le ha enviado por correo la propuesta para que sugieran cambios, pero al estudiante ni se le ha informado por los diversos medios que tiene la universidad como lo son su revista, su periódico, Tvusac, Radio Usac o incluso en la lista masiva de correo en la que estamos integrados todos los sancarlistas. Todas estas argucias denotan el marcado carácter antidemocrático y ponen al descubierto que dicho reglamento no está pensado para resguardar los derechos estudiantiles, sino para coartarlos al antojo de la administración, asegurándose una manera más fácil de gobernar el descontento cada vez más extendido entre la población estudiantil, no solo de su campus central, sino de todos los centros regionales a nivel nacional.

Partiendo de esto, las organizaciones estudiantiles así como el estudiante en general, deben movilizarse para que se elabore un reglamento general que norme no solo el comportamiento de la población estudiantil, sino también las arbitrariedades que todos los días los docentes cometen contra los estudiantes, agravios que van desde faltas contra la dignidad de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases, hasta el acoso sexual en salones, pasillos y cubículos que sufren los estudiantes por parte de algunos docentes, sin olvidar que muchas veces son los docentes los que no se presentan a clase o se presentan a esta bajo efectos del alcohol. Es por todos sabido que la burocracia administrativa de la USAC es la más abusiva e inepta del servicio público nacional, así que debe hacerse un reglamento que norme el comportamiento, así como su trabajo, que muchas veces incumple cuando los estudiantes solicitan un servicio sostenido por el erario público que todos pagamos. Un simple trámite que se vuelve una tarea engorrosa y una batalla campal en la que el estudiante muchas veces sale perdiendo o la emisión de las simples notas académicas.

Para hacer un reglamento desde y para los estudiantes, debe constituirse una comisión tripartita conformada por estudiantes, docentes y administrativos, que incluya también a los diferentes sindicatos de docentes, investigadores y trabajadores de la USAC, para de esta manera hacer una propuesta democrática e inclusiva que represente las necesidades de todos los sectores que conforman la comunidad sancarlista. Una propuesta que defienda los derechos de la masa estudiantil, de la comunidad docente, de los cargos administrativos y de los diferentes departamentos de trabajadores a lo ancho y largo del país,  pero que también penalice a quien incumpla su trabajo, sus deberes y obligaciones, sin importar si este es un estudiante de nuevo ingreso o el mismísimo “magnifico” Rector de la USAC.

Por Armando Tezucún

La incapacidad del gobierno de Jimmy Morales para atender la emergencia provocada por la erupción del Volcán de Fuego y dar respuestas rápidas y pertinentes a las necesidades de la población afectada, provocó una nueva ola de protestas contra el presidente y sus ministros. El descontento se enfiló también contra los diputados que defienden el statu quo de la política corrupta, los cuales, aprovechando la emergencia causada por el desastre, pretenden hacer avanzar leyes o reformas de leyes regresivas que protegen a los funcionarios acusados de diversos delitos. Otro motivo importante de protesta fue el asesinato de siete dirigentes campesinos en menos de un mes.

El 3 de junio por la noche se realizó una marcha de antorchas, convocada por grupos universitarios y de la sociedad civil. Con la asistencia de unas tres mil personas, esta protesta salió del Paraninfo Universitario, pasando por la sede del Congreso y finalizando en Casa Presidencial. Los manifestantes pidieron la renuncia de los funcionarios que no supieron responder de forma inmediata a las necesidades de la emergencia, como el jefe de la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres (CONRED), la ministra de Relaciones Exteriores y del mismo presidente Morales.

El martes 12 se dio una confluencia de varias movilizaciones. La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), de la Universidad de San Carlos, convocó una marcha de protesta contra la agenda reaccionaria que está planteando un grupo de diputados de extrema derecha. Esta marcha se unió a la masiva movilización del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) que salió de cuatro puntos de la capital para confluir en el Centro Histórico; los miembros de CODECA salieron a las calles a rechazar los recientes asesinatos de dirigentes campesinos y a reclamar justicia. Una tercera actividad fue un plantón de la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, frente al Congreso de la República. 

Miles de campesinos del interior del país se tomaron las calles de la capital reclamando justicia y la renuncia del presidente Jimmy Morales. Representantes de CODECA fueron recibidos por la nueva jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, quien se comprometió a dar seguimiento a las investigaciones de los asesinatos, a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, y a tener con ellos una siguiente reunión en un mes.

El plantón frente al Congreso permaneció aún el día 13, con la presencia del Comité de Unidad Campesina (CUC), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y otras organizaciones, en rechazo a las iniciativas de ley que protegen a los corruptos.

Una protesta poco común se dio el día 20 frente al Ministerio de Gobernación. La asociación “Orgulloso de mi PNC” (Policía Nacional Civil), que agrupa a exagentes, agentes activos y familiares de agentes de la PNC, se juntaron para rechazar la disposición del viceministro de Gobernación Kamilo Rivera, quien ordenó al director de la PNC disponer de los fondos destinados a un proyecto de dignificación policial, consistente en agregar el bono de Q 1,800 al salario de los agentes, para recibir las prestaciones no de acuerdo a un salario base de Q 2,500, sino por el total recibido, Q 4,300; además pedían incrementar un bono de antigüedad de Q 40 a Q 200 cada dos años. Los miembros de la asociación pedían una mesa de diálogo con el ministro Degenhart y el viceministro Rivera para encontrar una salida a la situación. Los agentes policiales, a pesar de los malos elementos que caen en prácticas corruptas, merecen un salario digno, y es un verdadero abuso que el viceministro Rivera haya utilizado los fondos del proyecto de mejoras salariales aprobado en la administración anterior, para otros fines.

La cruel política migratoria de la administración Trump, que ha llegado al punto de separar niños de sus familias y mantenerlos recluidos en verdaderas jaulas, provocó protestas frente a la embajada de Estados Unidos, con la participación de al menos 13 organizaciones, entre ellas el Partido Socialista Centroamericano.

En estos momentos se hace cada vez más necesaria la construcción de la unidad en la acción de todas las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, de mujeres y populares. Existen ya algunas instancias de coordinación, pero, por ejemplo, CODECA marcha por separado del CUC y el CCDA. Es importante aglutinar a todas las organizaciones alrededor de un plan de lucha que incluya el rechazo a la represión, a las maniobras de los diputados corruptos, a la ineptitud del gobierno y que se plantee una verdadera democratización del país que incluya sistemas de salud y educación gratuitos y de calidad, vivienda digna, reforma agraria, respeto a los territorios de las comunidades indígenas, incremento de salarios, libertad de organización sindical, etc.

Por Leonardo Ixim

El asesinato de varios activistas de organizaciones campesinas en las últimas semanas refleja la deriva autoritaria del gobierno de  Jimmy Morales, ante su creciente impopularidad, producto de su naturaleza reaccionaria al servicio de los grandes capitales.

La tendencia a la extrema derecha de este gobierno siempre fue evidente a partir del apoyo y financiamiento al partido gobernante, evidenciado con las investigaciones penales contra importantes empresarios. Los principales sostenes y operadores del gobierno del ahora preso Pérez Molina se reciclaron en el gobernante partido FCN-Nación, aliándose con otros sectores militares y logrando la cobertura de una serie de bancadas de partidos conservadores ligadas a mafias y politiqueros.

En un primer momento pareció que había una cierta luna de miel con algunos actores de la sociedad civil; la presencia de ministros “eficientes” y con el visto bueno de la embajada gringa, como el ex ministro de gobernación Francisco Rivas, despertó simpatías en esa pléyade. En los primeros meses Rivas se abstuvo a reprimir tomas de fincas, algo reclamado por los latifundistas y los políticos de derecha en el Congreso. Pese a que los jueces y fiscales siguieron criminalizando a los activistas sociales.

Sin embargo, la presión fue endureciendo a Rivas. La represión contra los manifestantes en septiembre del 2017 cuando se encerró a los diputados en el Congreso, y contra dos comunidades campesinas, una de Alta Verapaz y otra de Izabal en diciembre, anunciaba lo que estaba por venir. El cambio de ministro de gobernación en enero, asumiendo Enrique Degenhart Asturias, con el visto bueno del Departamento de Estado gringo, funcionario que había sido director de migración y es señalado de entrega de pasaportes falsos y del asesinato de un líder sindical en la Dirección General de Migración durante el gobierno del partido UNE, presagiaba lo que venía.

Asumió con él un equipo entre los que sobresale Kamilo Rivera Gálvez como vice ministro, quien fuera especialista “anti-secuestros” durante el gobierno de Óscar Berger, trabajando con el asesinado Víctor Rivera, policía venezolano ligado a la CIA. Rivera Gálvez por su parte intervino en la masacre en la cárcel de Pavón en 2004 y es señalado de participar en grupos de ejecución extrajudicial junto a ex militares de la denominada juntita que rodean a Morales y que fueron parte de esos cuerpos en ese gobierno.

Así, desde finales de mayo los asesinatos a líderes de organizaciones campesinas y de pueblos indígenas que se enfrentan contra latifundistas y empresas extractivas hidroeléctricas y mineras, empezaron a darse. Primero fue Mateo Chaman Puu miembro del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) en Cobán, cabecera del departamento de Alta Verapaz. Unos días después Luis Arturo Marroquín en Jalapa, del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA); posteriormente se asesinó a José Can Xol, otro miembro de CCDA en Alta Verapaz

A los pocos días fueron asesinados otro líder de CODECA de Jalapa, Alejandro Hernández y otro de CCDA también de Coban, Ramón Choc Sacrab, y el 8 de junio Francisco Munguía en Jalapa, de CODECA. También hay denuncias de intentos de asesinato a Omar Gerónimo líder de la organización Ch´orti´ Nuevo Día en el departamento de Chiquimula y a Yessenia Eunice Martínez, alcaldesa indígena de la Comunidad Corozal Arriba en La Unión, Zacapa también del pueblo Ch´orti ´quienes denuncian desde el 2013 una serie de asesinatos a líderes comunitarios.

Con el ascenso de Dagenhart a la cartera de gobernación, las grupos de sicarios al interior de la Policía Nacional Civil que en tiempos de Rivas estuvieron dormidos actúan libremente; además sobre los asesinatos de líderes comunitarios e indígenas la responsabilidad material recae en las empresas extractivistas, quienes forman cuerpos o contratan agencias de seguridad privadas con la venia de los altos funcionarios de seguridad pública y sin duda con la logística de éstos y de la Dirección de Inteligencia del Ejército o D2.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige al gobierno la inmediata dimisión del ministro Degenhart y su equipo. Al Ministerio Público le demandamos que aceleren las investigaciones de los asesinatos de los compañeros líderes campesinos, que no queden en la impunidad, y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que investigue a fondo a los grupos de sicarios y matones involucrados. Llamamos a las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles y populares a conformar a la mayor brevedad un Frente Contra la Represión, para impulsar acciones de hecho que presionen a las autoridades sobre las anteriores demandas.

Por Joseph Herrera

Es por todos sabido que Guatemala es uno de los países más desiguales del continente americano, donde el índice de desigualdad al igual que la lista de millonarios guatemaltecos crece y crece, la riqueza no deja de abundar, pero cada día son menos las manos que perciben la distribución de la renta nacional. Solo en este país se puede ver las últimas mercancías de lujo que se exhibe en las vitrinas y aparadores de las lujosas avenidas del primer mundo, compartir espacio con el paisaje más infame de la pobreza y de la pobreza extrema de la mayoría de su población.

Con la explosión de ayer domingo por la tarde del volcán de fuego, vuelve a ponerse de manifiesto que la naturaleza no discrimina, pero la desigualdad social si lo hace. Todos han salido a decir las diatribas, sermones y demás lugares comunes del conservadurismo, el prejuicio y la ignominia de decir que no es culpa de nadie, porque la naturaleza no avisa. Pero yo les diré que aquí como en las muertes por hambre, siempre hay un culpable, siempre hay alguien que se ha beneficiado de la pobreza ajena y avisa constantemente de sus asesinatos en serie.

Podría decir facilonamente que la desigualdad es la culpable, pero esta desigualdad tienen nombres propios de pila y apellidos de alcurnia. Las personas que hoy yacen sepultadas bajo la ceniza del volcán de fuego, en su mayoría usando como ataúdes sus pobres casas de adobe y lámina eran pobladores de las muchas zonas de riesgo que en todo el país son propensas a los desastres naturales. No pasa lo mismo con el 90% de las tierras cultivables de primera en toda la geografía nacional, perteneciente en sus nueve décimas partes a consorcios azucareros, palmeros, cafetaleros y demás explotaciones extensivas de monocultivo de exportación. Es decir, a los sectores oligárquicos del país que por su origen terrateniente son adversos desde siempre a la necesaria reforma agraria, que democratice el derecho a la tierra y a la vivienda digna, esta burguesía retardataria que no ha podido llevar a cabo la reforma agraria que le corresponde históricamente por su afanada costumbre colonial a no trabajar, a no tecnificar la producción agraria para salir de una vez por toda la rudimentaria producción que conservan desde tiempos coloniales, es esta la burguesía que contradijo los postulados de las burguesías clásicas que hicieron todas las reformas agrarias para el necesario salto adelante hacia la tecnificación y la industrialización de los países, es una clase poseedora ignorante que cree al igual que los últimos reyes de Francia que la riqueza se manifiesta en exponer sus lujos en un país hambriento, pero no en la necesaria evolución de los métodos de producción que no solo fortalezca el poder adquisitivo de los trabajadores sino que eleve su nivel de vida, que desarrollen y fortalezcan la industria manufacturera en detrimento de sus cavernarias formas de explotación agrícola.

Como en la lamentable catástrofe del Cambray II en octubre de 2015, las victimas que quedan sepultas no solo por la tierra y la desigualdad, sino por la desmemoria del pueblo que tiene como costumbre a recordar poco, a ser cortoplacista en lo que se refiere a sus penas y los agravios contra el pueblo cometidos, así como a sus victimarios; las personas soterradas por la erupción del volcán de fuego son víctimas de otro asesinato en masa de la desigualdad ejecutado por sus agentes de carne y hueso, promovido por el desigual derecho a la tierra y a la vivienda, asegurados los dos por la constitución política de la republica que defiende el derecho a la vida, pero no los medios necesarios para hacer esto posible, todos los muertos a la sombra del volcán como los enterrados por el alud del Cambray II no tendrán nombres de estirpe, ni criollos, ni respetables, no verán en los telediarios que dentro de los rescatistas desparecidos o muertos, entre los policías y soldados de tropa estará el cadáver de algún poseedor o de algún coronel lavador del dinero de las maras, son todos hijos de campesinos, de trabajadores presentándose a rescatar a su pueblo, los que morirán o sufrirán daños colaterales en su salud por su servicio heroico a la patria, una patria de pobres secuestrada por un una docena de cientos de ricos que viven en los miradores, en los chalets y que tienen dos o más casas para mudarse cuando los peligros de la naturaleza se presentan, que viven paseando por sus caballerías de tierras incultas, que poseen por el simple hecho de poder tenerlas, todos estos negociantes del hambre y las penas de nuestro pueblo.

La muerte como la naturaleza no discrimina, eso es cierto, pero los caminos que nos llevan a la muerte son tantos y muchos de ellos no se puede elegir libremente, es casi como decir que la lluvia de estos meses la sufriremos igual los que tenemos un techo donde resguardarnos a los que no lo tienen, esa misma lógica es la que podrá decir el guatemalteco que ignora la desigualdad que ante sus ojos se muestra impunemente. Los que ayer murieron enterrados no vivían a las faldas del volcán porque así lo quisieran, sino porque en el infame régimen económico del país, para ellos no había otro sitio donde poder emplazar sus casas y sus vidas. Es cierto también que la dirección de los servicios de emergencia como la CONRED han tenido una participación perversa al negarse a evacuar las comunidades cuando a las 11 de la mañana del domingo empezó la fuerte actividad geológica, como el papanatas que se convence diariamente que es presidente de la nación diciendo en cadena nacional que no tenía dinero para responder a la emergencia, pero si tiene dinero para comer como rey y beber como pirata todos los días, para irse de paseo a Israel con toda su comitiva, así como sus lujosos gustos por los lentes exclusivos y la ropa de diseñador.

No nos engañemos, que el CACIF y sus integrantes hagan sus colectas de víveres no debe dejar que olvidemos que son los grandes empresarios, la burguesía financiera e industrial los que menos porcentaje de impuestos pagan al Estado, sino hay dinero para palear las penas que hoy sufre el pueblo más pobre, es porque estos saqueadores pagan pocos o se les exonera la mayoría de sus deudas fiscales. Recuerden que en Guatemala, que es uno de los primeros productores mundiales de azúcar, es donde más cara se consigue, ya que nos la venden como que fuéramos extranjeros. Pero dentro de este cielo ennegrecido por la ceniza hay una luz fuerte que crece diariamente y que en periodos de crisis humanitaria como la surgida por la erupción del volcán de fuego, se puede ver claramente la solidaridad sin límites del pueblo de Guatemala, que no ha esperado el llamado oficial del mediocre gobierno y de su quejumbroso primer mandatario y se a prestado a colaborar, a auto-convocarse a organizarse para ayudar a las familias afectadas, demostrando una vez mas que es la patria en la voluntad sin límites de sus ciudadanos la única capaz de salvarse a ella misma.

Quizá después de responder a la tragedia humana, sigamos el mismo camino de salvarnos a nosotros mismos y botemos de una vez por todas a este gobierno lleno de payasos mediocres y saqueadores.