Rigoberto Lima Choc

Por Marcial Rivera

2015 ha sido un año paradigmático en la historia política de Guatemala. La corrupción, el desfalco al erario público y otros temas, han sido objeto de discusión en la opinión pública. 2015, también ha permitido conocer, denunciar y desnudar el caso ya conocido por todos, y que no tuvo gran trascendencia a nivel de los medios: El ecocidio en el Río La Pasión, Sayaxché, El Petén, que no solamente causó gran contaminación medioambiental, sino que dejó un muerto y debió abrir un debate sobre la explotación de los recursos naturales, quién debe explotarlos y en manos de quién debe estar su administración.

El 18 de septiembre de 2015, el profesor Rigoberto Lima Choc, recién electo concejal del municipio Sayaxché, Petén, por la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, fue asesinado a tiros frente al Juzgado de paz. Rigoberto denunció la contaminación al Río La Pasión, y secuelas ecológicas y medioambientales terribles, causadas por la Empresa Reforestadora de Palma de Petén, REPSA. Por este ecocidio, delegados de Naciones Unidas ya habían manifestado su preocupación por la vulnerabilidad en temas como la seguridad alimentaria y nutricional, que podría causar.

En apariencia Lima Choc, fue asesinado por empleados de la empresa. Estos hechos se dan un día después de que la jueza B de primera instancia penal de Petén, ordenara el cierre parcial de operaciones de Repsa durante seis meses mientras se investigaba si tenían alguna vinculación con la contaminación en el Río La pasión. Por este caso ya hubo una primera audiencia, la población damnificada por la falta de acceso a agua de calidad es alta, y la pesca ha sido prohibida en este afluente.

Producto del asesinato de Lima Choc, se dio una concentración el 24 de septiembre de 2015, frente la sede del Ministerio Público y luego frente al Palacio Nacional de la Cultura, en la que se exigió justicia sobre este caso. Hay que recordar que el viernes 11 de septiembre de 2015, fue asesinado don Sebastián Sajic Córdova, miembro del Concejo de principales de la Alcaldía Indígena y presidente del Comité de Víctimas de la comunidad San Antonio Titzach, San Juan Cotzal, El Quiché, y quien además fue querellante en el caso que se ganó contra la empresa ENEL.

El poder de las transnacionales

Estos casos patentizan el poder desmedido de las empresas transnacionales y la penetración que han logrado en Guatemala. La participación del capital en la explotación de los recursos naturales se ha dado bajo la lógica de grandes niveles de inversión, de ahí que la protección a sus inversiones les lleve incluso a practicar el sicariato contra quienes se opongan a sus intereses, y desentenderse de esta clase de crímenes.

Exigir justicia en casos como estos, resulta un acto cuasi irracional, sencillamente porque el sistema judicial opera en función de los grandes capitales, y carece de independencia; si hay condenas, las mismas no devolverán la vida del profesor Rigoberto, ultimado por la legítima aspiración de proteger a la madre naturaleza. La población debe luchar para defender la vida y el territorio, es urgente propiciar la organización para cumplir con este propósito, los recursos naturales deben estar en manos de los pueblos indígenas y el campesinado, así como el usufructo de los recursos naturales, que deben usarse sin dañar a la naturaleza.

En la transformación de materia natural en mercancía y/o producto, no solo hay una relación social de trabajo, sino también de recursos naturales, que se usan para producir este producto o mercancía, y luego se valoriza al momento de establecer una relación comercial. Aun y cuando el salario del obrero compensara la plusvalía que se genera al producto, gracias a su trabajo, hay que señalar que no se está compensando a la naturaleza por haber contribuido a ser parte de esta plusvalía, pues los elementos de la naturaleza, se convierten en mercancía, cuando pasan por un proceso de valorización. No tomar en cuenta esto, implicaría propiciar la falta de agua y el agotamiento de recursos naturales y finalmente una crisis ecológica y del modelo de desarrollo vigente en Guatemala y el área rural, que ya es totalmente excluyente y elitista.

Honrar la vida del profesor Rigoberto y su legado, se traduce en la exigencia del inmediato cese de operaciones de la empresa mencionada, la indignación es necesaria, pero no podemos tomar la misma determinación, que hemos tomado cada vez que matan a un dirigente, y preguntarnos ¿Cuántos más?

Por Armando Tezucún

La primera vuelta electoral del 6 de septiembre dio un resultado inesperado. En primer lugar, con cerca del 24% de los votos, resultó el comediante Jimmy Morales, un desconocido en la política, sin un programa de gobierno claro, respaldado por un partido fundado por los veteranos militares de Avemilgua, una asociación de ultra derecha cuyos miembros ni siquiera fueron tomados en cuenta por los militares que gobernaron con Pérez Molina. El segundo lugar fue para Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con el 19.75% de la votación. El tercer lugar fue para Manuel Baldizón de Lider, quien daba por seguro que pasaría a segunda vuelta, con el 19.38%; los resultados adversos llevaron a Baldizón a renunciar a su partido y alejarse de la política, denunciando que fue víctima de fraude y linchamiento político.

El hecho de que el candidato que quedó a la cabeza es un comediante de ideas conservadoras, sin una estrategia de gobierno clara ni experiencia, y sobre todo, con el respaldo de exmilitares de extrema derecha involucrados en las masacres del conflicto armado interno, ha provocado en los sectores más pensantes y reflexivos del movimiento anti corrupción que ha protestado en las calles desde abril, una sensación de incertidumbre, frustración y desconcierto ¿De qué sirvieron cinco meses de protestas si al final las opciones para la segunda vuelta son un títere de los militares derechistas y una mujer que ya hizo gobierno con la UNE y fue muy cuestionada por su manejo de los programas asistenciales? Se afirman cosas como “La sabiduría del votante guatemalteco es de exportación. Su calidad no tiene precio. Aconseja que si logras salir vivo de un pantano, pues que vayas a buscar una letrina y te lances de cabeza para limpiarte el lodo” (Godo de Medeiros, correo electrónico del 13/09/15), o “…al cabo de todas las marchas, procesos legales, defenestración presidencial y demás, en las recientes elecciones terminamos dándole el primer lugar del voto a un candidato cuya presidencia sería devastadora, incluso comparada con la alternativa que ofrece la “Evita Perón” guatemalteca” (Alberto Fuentes, Nomada 17/09/15).

Pensamos que la tarea de los analistas e intelectuales progresistas no es culpar al votante por los resultados electorales ni caer en la desesperación. Se trata de que hagamos un análisis de las fuerzas sociales que están actuando en la política guatemalteca para explicar los fenómenos y definir el rumbo que debe llevar el movimiento popular para lograr los objetivos de sus luchas.

La política de Estados Unidos con el Plan Alianza Para la Prosperidad

Recordemos que la crisis de los niños migrantes que se dio el año pasado, con miles de niños centroamericanos retenidos en la frontera de México y Estados Unidos, condujo a la firma del Plan Alianza Para la Prosperidad entre el gobierno de Obama y los gobiernos de Triángulo Norte. Este plan contempla un aporte de mil millones de dólares por parte de Estados Unidos, una pequeña parte del gasto total que implica el plan (el resto lo tendrán que poner los gobiernos de área mediante préstamos a los organismos financieros internacionales, he ahí parte del negocio). Se supone que el plan implica mejoras en infraestructura e inversión social que propicie la llegada de inversión extranjera, que a su vez mejorará las condiciones de vida de la población centroamericana, en cuanto al empleo en primer lugar. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población, los jóvenes en particular, para frenar el enorme flujo migratorio que pone en aprietos a Estados Unidos, y por otro lado, desarrollar los planes ya existentes para combatir el narcotráfico. Además, Estados Unidos pretende con este plan reafirmar su dominio en la región para contrarrestar la creciente influencia de los imperialismos chino y ruso.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos esta vez requiere una garantía de que la inversión que hará no caerá en manos de funcionarios corruptos y de que sus capitales tendrán un ambiente de certeza propicio para generar sus ganancias.

El impulso del Plan Alianza Para la Prosperidad es el momento en el que Estados Unidos, en alianza con un sector de la burguesía, organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agrícolas y Financieras (Cacif), y con la colaboración de un sector del ejército (sobretodo oficialidad joven), decide sacudirse a los grupos burgueses corruptos que han copado las instituciones del Estado, utilizando para ello a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que funcionaba por mandato de la ONU desde hacía varios años, y el Ministerio Público.

Las movilizaciones de las capas medias y pequeña burguesía urbanas

La denuncia contra la estructura de defraudación aduanera La Línea, donde resultó implicada la ex presidenta Roxana Baldetti, numerosos funcionarios públicos y el mismo presidente Otto Pérez Molina, tuvo el efecto colateral de desencadenar un movimiento masivo de protesta popular contra el gobierno, la corrupción, y el sistema político en general. Este despertar de la población le dio una dinámica particular al proceso impulsado por Estados Unidos, propiciando la acusación de la Cicig contra una gran cantidad de funcionarios, ministros, diputados y alcaldes. Hasta el momento la embajada gringa y la oligarquía han logrado sortear la marea de protestas, conteniéndolas dentro de los límites del respeto al “orden constitucional” y un comportamiento pacífico, y sobre todo, encauzándolas hacia el proceso electoral, e impulsando reformas al sistema político, pero solo las que necesitan para que todo funcione según sus intereses.

Las protestas desde un inicio fueron convocadas por pequeños grupos anónimos, utilizando las redes sociales, bajo la regla de no discursos, no tarimas, no partidos políticos implicados. En las protestas ha predominado lo que podemos llamar capas medias urbanas: profesionales, pequeños comerciantes, estudiantes, amas de casa, desempleados; los trabajadores asalariados, con excepciones, han participado a título individual, sin organización. Uno de los grupos impulsadores, #RenunciaYa, estaba integrado por personas de 24 a 55 años, un diseñador, una galerista, un estudiante de derecho, una empresaria de bienes raíces, etc.

Algunos analistas han asemejado estas movilizaciones a las “revoluciones de colores” impulsadas por Estados Unidos en países con gobiernos que no son de su agrado. Consideramos que si bien hay un plan del imperialismo en el socavamiento del gobierno de Pérez Molina, la movilización de masas ha tenido su propia dinámica autónoma. Lo cierto es que las capas medias, en términos generales, impusieron su sello a las protestas, realizándolas los días sábado por la tarde para no perturbar la economía, rechazando liderazgos visibles y enfatizando su característica de pacíficas, que no quiere decir otra cosa que el compromiso de respetar el orden y la ley.

La negativa de la Asamblea Social y Popular a encabezar las luchas

Las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares, a pesar de haber logrado una instancia de coordinación en la Asamblea Social y Popular (ASP), no tuvieron la voluntad política de ponerse a la cabeza de las protestas y plantear claramente sus reivindicaciones sociales a la par de las demandas contra el corrupto régimen político. Esto a pesar de reclamar correctamente la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, y de no pocas marchas, manifestaciones y bloqueos de carreteras que fueron realizados. La dirigencia de la ASP prefirió siempre acomodarse aliándose a grupos pequeño burgueses como universidades, ongs o lo que se conoce como “organizaciones de la sociedad civil”. Resulta inexplicable en esta coyuntura, que la ASP no hiciera unidad de acción con otras organizaciones populares que se movilizaron independientemente, como el bloque Codeca, Cenoc, Uvoc y el Sindicato del Hospital General San Juan de Dios.

Consideramos que ha sido este error garrafal de la dirigencia del movimiento popular el que ha conducido a los actuales resultados electorales. El otro error fue el de las coaliciones de izquierda que se presentaron a las elecciones (CPO-Convergencia, y Urng-Winaq), que no propusieron candidaturas conjuntas de dirigentes y luchadores populares, para enfrentar la maquinaria de los partidos burgueses. El resultado de estos errores fue la ausencia de una alternativa popular, de los oprimidos y explotados, que tomara la delantera, tanto en las calles y plazas, como en las urnas, con propuestas tendientes a transformar el sistema político y social en su conjunto. Por ello predominó el voto de castigo a los políticos corruptos, en primer lugar contra Baldizón y Lider, que fueron vistos como la continuidad del podrido sistema político. El electorado, centrado en la denuncia contra el gobierno del Partido Patriota, decidió votar por el recién llegado a la política, que se presentó como “ni ladrón ni corrupto”.

Por un plan de lucha unificado de las organizaciones populares

Ahora, con Baldetti y Pérez Molina encarcelados y el gobierno del PP destruido, las capas medias urbanas se han quedado sin banderas. Las protestas se han reducido al mínimo: 200 personas el sábado 12 según los medios, y un máximo de 100 que pudimos observar el 19, ya entrada la tarde.

Es el momento de que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares hagan un balance y elaboren un plan de lucha para el próximo período, que tenga como punto central la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente popular e inclusiva, media vez se haga una profunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que la democratice al máximo. El vacío que están dejando en las calles las capas medias urbanas deber ser ocupado por los campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, jóvenes y mujeres que planteen sus más sentidas reivindicaciones sociales y políticas.

Por Úrsula Pop

La estrepitosa caída del expresidente Otto Pérez Molina, capturado por su implicación en la red de defraudación aduanera “La Línea”, condujo a que el 3 de septiembre asumiera la presidencia Alejandro Maldonado Aguirre, que había reemplazado desde mayo en la vicepresidencia a Roxana Baldetti, quien guarda prisión por las mismas causas que Pérez Molina.

Maldonado Aguirre es un viejo político ultra conservador, cuya escuela fue la juventud del anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que aglutinaba a la extrema derecha guatemalteca. Junto a un grupo de jóvenes profesionales, Maldonado se separó del MLN y evolucionó políticamente a posiciones de centro derecha. Fue ministro de educación durante el gobierno militar de Arana Osorio (1970 – 1974). Fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en 1984. Más adelante fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad en los periodos 1986 -1991, 1996 – 2001, y 2006 a la actualidad. En ese lapso de tiempo atrasó las investigaciones sobre el asesinato de Monseñor Gerardi, impidió la extradición del general genocida Ríos Montt a España para ser juzgado y votó por la anulación de la sentencia por genocidio del mismo personaje en 2013.

Maldonado es, entonces, una ficha apropiada de la oligarquía y el imperialismo para poner un poco de orden en el sistema político luego de la aparatosa caída del gobierno del Partido Patriota. Maldonado ha calificado su gobierno de “gobierno de salvación”, y anunció que hará énfasis en los temas de salud, educación y medio ambiente.

La burguesía ya empezó a sugerir agenda al nuevo gobierno. Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), propuso en una entrevista reciente: “La función primordial de este gobierno, que llaman de “transición”, es ordenar la casa y combatir la corrupción en las distintas instituciones del Organismo Ejecutivo. Adicionalmente a ello, promover eficiencia y procesos eficientes y transparentes en compras y contrataciones. Revisar quiénes están efectivamente trabajando en el Gobierno para suprimir plazas fantasmas, corregir grandes ineficiencias y revisar los pactos colectivos de trabajo.” (Siglo XXI, 16/09/15). Con la certeza de que con el nuevo gobierno finalizará la crisis política iniciada en abril, los empresarios nacionales y extranjeros empiezan a retomar confianza. El vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) declaró: “Durante estos meses hubo gran incertidumbre por parte de las empresas de Estados Unidos, pero ahora cada vez están más convencidos de que el mensaje de fortalecimiento del Estado y las instituciones, que constantemente le repetimos, es cierto”, y anunció la llegada a finales de septiembre de una delegación de 12 franquicias estadounidenses (El Periódico 11/09/15).

Y la certeza jurídica anhelada por los capitalistas se empieza a concretar. El 17 de septiembre la Corte de Constitucionalidad por unanimidad declaró inconstitucionales el aumento a los impuestos de la minería y el cemento y la creación de un tributo a la telefonía, que habían sido aprobados en noviembre del año pasado para financiar el presupuesto gubernamental 2015. La alianza de los partidos Patriota y Líder había logrado la aprobación de este paquete de impuestos, que fue objeto de diez acciones de inconstitucionalidad por parte de cámaras empresariales, empresas, diputados y personas individuales. El Estado esperaba recaudar Q 2,727.3 millones con estas medidas. El impuesto a la telefonía quedó en suspenso en diciembre de 2014 por una acción de amparo. En el primer semestre del año el impuesto al cemento permitió recaudar Q 166.4 millones. El Ministerio de Finanzas estima que por la decisión de la CC se dejará de recaudar Q 1,844 millones. Al finalizar el gobierno de Pérez Molina lo primero que hace la oligarquía es derogar las disposiciones que le afectan económicamente, al igual que hizo cuando terminó el gobierno de su adversario Alfonso Portillo.

En cuatro meses que le restan de ejercicio, no son muchas las reformas que podrá realizar Maldonado, no solo por el escaso margen de tiempo, sino porque no tiene una bancada que le apoye en el Congreso. Por lo pronto ha empezado a rodearse de personajes conservadores para hacerse cargo de los ministerios, como el empresario de la educación Rubén Alfonso Ramírez en el Ministerio de Educación. Su vicepresidente, Juan Alfonso Fuentes Soria, nombrado a mediados de septiembre por el Congreso, es un ex rector moderado de la Universidad de San Carlos, y ya tiene el beneplácito de la Embajada gringa.

Frente a este gobierno que pretende estabilizar el statu quo, el movimiento popular debe retomar la lucha por la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, apuntando a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente popular e incluyente.

Por Juan P. Castel

El pasado jueves diez de septiembre se registró el inicio de la huelga de los guardias del sistema penitenciario, que bloquearon la entrada al centro de reclusión más grande del país, el ubicado en la zona 18 capitalina; mas 4000 miembros de la fuerzas del orden de los centros de reclusión ubicados en la capital y otros en el interior del país tomaron parte en la huelga. La noticia fue trasmitida por la prensa burguesa a media mañana. “Unos cuatro mil guardias del sistema penitenciario de los 22 centros de carcelarios del Guatemala, se declararon en paro este día en demanda de mejoras salariales, los custodios denuncian que tienen un salario de Q1 mil 400 menor al mínimo que establece la Ley.” (Prensa Libre 10/09/15). Entre las demandas esta un bono (unos 2 mil quetzales por trabajador) que el ministerio de gobernación no ha hecho efectivo, los huelguistas exigieron también la destitución del actual director del SP, Alexander Torres a quien lo señalan de actitudes prepotentes ante los trabajadores y trato especial hacia la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, recluida prisión preventiva en el anexo de mujeres de la zona 18.

La huelga de brazos caídos se hizo manifiesta en pleno corazón del centro cívico, ya que el traslado efectuado diariamente desde las 5:00 de la mañana de reos para las diligencias judiciales ante la justicia en la torre de tribunales fue impedido por los huelguistas, dejando 50 audiencias suspendidas, afirmó el Ministerio Publico (MP). Junto a esto los trabajadores del SP cerraron las cárceles impidiendo los horarios de visita a los reos (unos 19 mil en todo el país). Debido a una organización desigual, hacia la tarde ya se reportaba que a la huelga se unían los guardias de las Granjas Penales “Canadá” en el departamento de Escuintla y la de Cantel, en Quetzaltenango, mientras otra, la de “El Boquerón” en el departamento de Santa Rosa, funcionaba con normalidad.

En la cárcel de reclusión para mujeres Santa Teresa ubicada en la zona 18 de la ciudad capital, las guardias de este centro penitenciario denuncian los privilegios que tiene la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti, que cuenta con una habitación amplia, que anteriormente era utilizada por la administración del centro carcelero. Junto a esto, como todo el paisaje de un país con sus contradicciones, luces y sombras, mientras las otras presas y las mismas guardias no cuentan con enseres para cubrir los tres tiempos de comida, la ex vicepresidenta cuenta con vehículos y sus mandaderos personales para cubrirle cualquier clase de necesidad. “A ella la tratan como que fuera una princesa y a nosotras no, que somos las que trabajamos”, le dijo una de las agentes que custodia en Santa Teresa, con el rostro cubierto a la agencia Española de Noticias (EFE).

La Actual ministra de gobernación Eunice Mendizábal, que enfrenta la ya crónica crisis en la Policía Nacional Civil (PNC) respondió así a la huelga en el SP: “En un mes aproximadamente se haría efectivo el pago, en ningún momento dejaremos de cumplir el ofrecimiento”, mientras la ministra enviaba a efectivos a las puertas del centro penitenciario de la zona 18 como medida de diálogo. Al cierre de la jornada las medidas de fuerza fueron suspendidas al ser confirmado por el viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, que se efectuaría el pago (unos 7 millones de quetzales) y que solo debía terminar de pasar por la engorrosa burocracia estatal. Desde el “Partido Socialista Centroamericano” (PSOCA) saludamos las acciones de las y los trabajadores del SP, siempre que estas se encuadren en un nivel de lucha que levante las más sentidas demandas del gremio y que en esta no tengan injerencia los grupos paralelos que dominan las prisiones y que los y las trabajadoras desarrollen su independencia de clase codo a codo en la lucha.

La Huelga de Puerto Quetzal

El pasado miércoles 16 de septiembre los trabajadores iniciaron una huelga de tres días en la compañía estatal “Empresa Portuaria Quetzal” (EPQ) para denunciar el avance en la concesión que el Estado cedió a la compañía española conocida como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), se oponen también a la construcción de 10 módulos en las instalaciones de la portuaria. La Huelga fue levantada el viernes 18 después que la Corte de Constitucionalidad (CC) fallara a favor de un amparo interpuesto por la burguesía organizada en “Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras” (CACIF) para garantizar los servicios de importación y exportación en Puerto Quetzal, ya que se han visto afectados por la paralización de labores desde el inicio de la paralización.

Desde el “Partido Socialista Centroamericano” (PSOCA) hemos denunciado el pacto Estatal de concesiones en EPQ como un trato que busca favorecer a la lumpen-burguesía gobernante al depredar las empresas estatales para pasarlas al control privada trasnacional.