La alta dirigencia del empresariado aplaudió la Ley de Túmulos

Por Juan Castel

“US $25 millones diarios de pérdidas por bloqueos… Sector privado reacciona ante ultimátum de agentes aduanales y transportistas, de paralizar en poco tiempo” (ElPeriodico 19.02.14). Este era uno de los titulares de la portada de uno de los periódicos burgueses matutinos de mayor tiraje en Guatemala. Ese mismo día se aprobaba con el apoyo de 131 diputados la “Ley para la Circulación por Carreteras Libres de Cualquier Tipo de Obstáculos”.

La ley estipula en su Art.2: “Queda prohibido sin la autorización de la Dirección General de Caminos (DGC) colocar o construir talanqueras, garitas, túmulos, toneles o cualquier otro tipo de obstáculos sobre la cinta asfáltica, terracería en carretera a cargo del CIV (Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda) con el objetivo de dificultar o impedir la libre circulaciones de vehículos”; según su ideólogo y promotor, el diputado oficialista Juan Alcázar: “la disposición pretende imponer –según el Art.6 Sanciones Administrativas-multas entre los Q1 mil y los Q5 mil para todo aquel que obstaculice las vías, excepto para quienes tengan autorización de la Dirección General de Caminos” (SigloXXI 20.2.14). Lo que el diputado “patriota” olvidó mencionar es que la ley transforma según su redacción, los actos represivos de las fuerzas estatales –policía y ejército- contra las manifestaciones que se registran todos los días en el territorio nacional, y vuelve al hecho consumado de la represión un derecho inmutable más del garrote del Estado a favor de las cámaras oligárquicas agroindustriales y exportadoras. Según el Art.3: “El CIV, a través de la DGC, sin previo aviso, deberá proceder a retirar de las carreteras del país todo tipo de obstáculos que dificulten o impidan la libre circulación de vehículos”…y en su Art.8 Auxilio de la PNC, reza el salmo: “Quien se resista, o de cualquier forma impida el retiro de obstáculos en las carreteras del país será sancionado de la misma forma del articulo anterior” menciona el derecho de la Policía Nacional Civil (PNC) de intervenir y auxiliar a la DGC en dado caso ser necesario.

Con esto también queda alterado el Art.158 del código Penal guatemalteco, con el cual se busca perseguir penalmente a los infractores que alteren el orden vial y la libre circulación de los vehículos y castigarlos con hasta un año de cárcel.

Cualquier otro tipo de obstáculos y el gran encubrimiento

“Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), dijo estar de acuerdo con la aprobación de esta normativa porque agiliza el tránsito y, además, es necesario regular las protestas”. (Prensa Libre 21.01.14)

Los representantes de la rancia burguesía nacional no tardaron en salir a dar vueltas en círculos y aplaudir una victoria política de su servidumbre en el Congreso, que llegó a cerrar filas y consiguió la votación más ecuánime en estos dos años de gobierno, logrando pasar una ley en el entrampado circo que es el Congreso de la República. Jorge Briz, vocero de la Cámara de Comercio dijo: “Una persona tiene garantías constitucionales como la libre locomoción y también para manifestar, pero sin entorpecer los derechos de los demás ciudadanos” (Ibid). Aseguran con esta ley el garrote práctico y su constancia jurídica para disolver manifestaciones; todos los diputados han cerrado los ojos y han hecho silencio, la burguesía en cambio no se reserva frases para una victoria que asegurará de ahora en adelante la llegada rápida de los cargamentos de materia prima a los puertos y fronteras para su exportación.

Las Contradictorias Leyes Liberales y la libre concurrencia burguesa

“Otro tipo de obstáculos”, es la forma en que se redacta en la nueva ley a toda persona que interrumpa el derecho individual de circulación, pero también significa limitantes al derecho de manifestación, garantizado en el artículo 33 de la Constitución Política de la República. Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todas las fuerzas, a la ciudadanía, al campesino y al obrero a manifestarse a tomar plazas y calles, en la urbanidad y en el interior para detener esta que es una derrota clara para las libertades de la población en su ancho espectro; y a presentar recursos contra esta nefasta ley. Hoy es el derecho a detener el comercio de los caciques, mañana serán tiempos más oscuros de represión y persecución con fuerza y ley en mano.


Por Úrsula Pop

En el próximo mes de mayo se realizarán elecciones para nuevo rector, quien regirá por otros cuatro años la Universidad San Carlos. Dicho evento es regulado tanto por Ley Orgánica creada por los constituyentes de 1944 como por el Reglamento de Elección, de más reciente fecha. Estos instrumentos son reflejo de una etapa del desarrollo de la USAC, etapa que ya ha quedado atrás.

Una de las particularidades de dicho sistema es la creación del Cuerpo Electoral Universitario, que se vuelve el órgano elector a la hora de escoger al rector. Este cuerpo está conformado por representantes de estudiantes, docentes y profesionales, que son elegidos por los sectores respectivos para que posteriormente elijan al rector; este sistema se conoce como elección de segundo nivel.

En el momento de elaborar tal sistema durante la época revolucionaria, los constituyentes -que también en ese momento elaboraron la iniciativa de otorgarle autonomía a la U- consideraron que de esa forma se elegía a personas con “integridad y de amplio conocimiento” para que ejercieran la importante tarea de “representar los sectores que hacen vida universitaria”. Sin embargo desde ese momento existía ya un diseño que a la larga iba a demostrarse poco democrático, porque el sector de trabajadores administrativos y de servicios fue excluido.

Entonces, si en cierto momento se consideró importante la existencia de un grupo de electores representantes de la voluntad de solo algunos de los sectores universitarios, hoy consideramos que esto es un lastre para la realización de una democracia plena que signifique a su vez la mejora de la calidad académica; esto es porque bajo la cobija de este sistema han surgido grupos de poder que se han perpetuado y defienden sus intereses particulares. En otras palabras hoy este sistema indirecto lo que representa es un gran impedimento para el ejercicio de la democracia universitaria para todos los sectores, estudiantes, docentes, trabajadores y profesionales.

A continuación enumeraremos los aspectos excluyentes y antidemocráticos de este sistema electoral. A) Ni los profesores ni los estudiantes podemos votar directamente por el candidato de nuestra preferencia, sólo podemos elegir a cinco representantes ante el Cuerpo Electoral. Lo que suceda en este cuerpo está fuera de nuestro alcance: compra de voluntades, tráfico de prebendas y toda la gama de acciones corruptas que maneja la cúpula de la Usac. B) Solamente los profesores titulares pueden votar, relegando a los demás catedráticos, que constituyen un importante sector de nuestra Usac. C) Los profesores y estudiantes electos al Cuerpo Electoral pertenecen a facultades, lo que deja por fuera a las escuelas y centros regionales. Los profesores de estas unidades solo pueden participar en tanto miembros de sus colegios profesionales. D) Los trabajadores administrativos y de servicio, parte importante de la comunidad universitaria, tampoco pueden participar en la elección.

Actualmente dos candidatos se han lanzado para la rectoría. El primero es Carlos Alvarado Cerezo, actual Secretario de la Universidad, y representante de la cúpula que rodea al actual rector Estuardo Gálvez, que tiene ya varios años de dominar el Consejo Superior Universitario. Este grupo alienta y esconde la corrupción, la falta de transparencia e impulsa medidas neoliberales para privatizar diversos aspectos del funcionamiento de la Usac. La doctora Hada Alvarado lanzó su candidatura a mediados de diciembre pasado por la agrupación Generación U. Ella plantea “…la necesidad de cambios profundos en la estructura de la Usac para combatir la corrupción interna, producto de la presencia de grupos de poder que tienen cierta influencia en la toma de decisiones” (Diario La Hora 13/13/2013).

Proponemos a la comunidad universitaria discutir el problema de este sistema electoral excluyente mediante la realización de foros, mítines, talleres y actividades culturales, con la presencia de los dos candidatos que se postulan, invitando a estudiantes, profesores y trabajadores a que se pronuncie sobre este tema.

Los estudiantes, trabajadores y profesores progresistas debemos unirnos en una gran campaña por la democratización del sistema electoral universitario, denunciando su carácter excluyente y discriminatorio. Debemos exigir el voto directo, la inclusión de las escuelas y centros regionales, el voto de los profesores no titulares y el voto de los trabajadores administrativos y de servicio. Este debe ser un aspecto fundamental del proceso de reforma universitaria.

Bloqueo de vías el 30 de Enero

Por Armando Tezucún

Después de casi un mes de movilizaciones, protestas y paros, los compañeros del magisterio lograron que el Congreso de la República aprobara una ampliación del presupuesto general de la nación por Q 1,500 millones, para que el gobierno cumpla con el pacto colectivo firmado con el gremio el año pasado. Este no fue el único motivo de protestas del sector, pues desde inicios de enero se dieron numerosos plantones y bloqueos por parte de maestros, padres de familia y alumnos exigiendo la recontratación de docentes que están en el renglón 021. El Ministerio de Educación inició la firma de contratos a mediados de mes, pero de forma extremadamente lenta, de modo que al momento hay escuelas que no cuentan con suficientes maestros, causando serios inconvenientes a todas las partes involucradas.

El punto culminante de los hechos más recientes fue el bloqueo masivo de vías públicas en 21 puntos, tanto en el interior como en la capital, el 30 de enero, para presionar a la sesión del Congreso en la que los diputados, con 118 votos a favor, aprobaron el decreto 3-2014 aprobando la ampliación. En los días previos, los dirigentes la Asamblea Nacional del Magisterio y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, encabezados por Joviel Acevedo, realizaron un intenso cabildeo con los diputados para conseguir votos favorables a la ampliación. Otro visitante del Congreso fue Luis Lara, dirigente del sindicato de trabajadores de la salud, que también demandaba aumento al presupuesto para que el gobierno cumpla con el pacto que firmó hace unos meses. Al final, de la ampliación de Q 1,500 millones, mil millones serán para educación y quinientos millones para salud. Entre las condiciones que los diputados pusieron para dar su voto a favor están que la ampliación no sea financiada con deuda, sino con recaudación fiscal, y que los fondos no se puedan trasladar a otros proyectos.

Los principales puntos demandados por los docentes, contemplados en el pacto colectivo son: Aumento salarial del 10 por ciento para todos los maestros del sector público; bonos extras para los docentes; recursos suficientes y a tiempo para cumplir con el programa de refacción (merienda) escolar en todo el país; entrega de la valija didáctica; cumplir con la distribución de los recursos para garantizar la gratuidad escolar; mantenimiento, mejoras y pago a tiempo de servicios básicos en los establecimientos educativos (información de Prensa Libre 30/01/14).

Todas estas demandas son justas y ventajosas para los trabajadores de la educación. Pero es cuestionable la forma como las dirigencias han logrado los acuerdos con el presidente y las autoridades ministeriales, condicionando los pactos al apoyo al gobierno y colocando a los compañeros trabajadores como vagón de cola de la administración burguesa. De esta manera estas dirigencias sindicales, asegurando sus puestos y privilegios, se limitan a las demandas de su sector y desvinculan a los trabajadores de las luchas de los otros sectores oprimidos del país.

En este punto discrepamos de la postura los compañeros del Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco (SAMGUA), quienes se desligaron de las protestas aduciendo que quienes participaron en los bloqueos son “parte de los programas sociales del MIDES” y “pertenecen al Partido Patriota” (comunicado de SAMGUA colocado en su cuenta de facebook). El STEG y la ANM aún aglutinan a la mayor parte de las bases del magisterio y consideramos un error calificar de la misma manera a los dirigentes corruptos y a las bases que los siguen. La tarea de forjar un movimiento magisterial independiente, clasista y combativo pasa necesariamente por conquistar a las bases que aún siguen a Joviel Acevedo y su camarilla. Insultar a estas bases, aislarse de las luchas que están realizando y exigir al Ministerio que los sancione, sólo conducirá a la formación de una secta sindical sin ninguna influencia importante de masas.

El 3 de febrero compañeros maestros en 8 departamentos y en la capital tomaron las instalaciones de las direcciones departamentales de educación exigiendo la elaboración de un cronograma para la entrega de los fondos aprobados por el Congreso. El lunes 10 continuaban los bloqueos demandando la contratación de maestros en algunas escuelas.

Está por verse si el gobierno logrará la recaudación fiscal necesaria para cubrir los Q 1,500 millones. Reiteramos la propuesta de demandas unitarias que planteamos en El Socialista Centroamericano no. 169. Proponemos además que para financiar los servicios públicos de educación y salud se apruebe un impuesto directo sobre las ganancias de los bancos y empresas financieras. Este es el único sector que, a pesar de la crisis del capitalismo, año tras año reporta crecientes ganancias multimillonarias. Llamamos a los compañeros del magisterio y salud a que discutan democráticamente esta propuesta en el seno de sus organizaciones.

Comisión de Postulación de magistrados del TSE

Por Leonardo Ixim

La carrera por la conformación de Comisiones de Postulación entre las distintas fuerzas conservadoras del país ha comenzado. La importancia de estas comisiones estriba que son instancias “constitucionales” para elegir a los rectores de distintos órganos del Estado, como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el o la jefe del Ministerio Publico (MP) y otros.

Es importante anotar que la selección de magistrados para el TSE se sitúa en el contexto de descalabro de actual gobierno, tras su fracaso en las elecciones de Nebaj, el cuestionamiento a la política gubernamental en distintos tópicos por parte del gobierno estadounidense y de la próxima elección del jefe del MP donde se juega la reelección de Claudia Paz y Paz.

En esto, como parte de las variopintas alianzas que se tejen en una sociedad civil marcada por la fragmentación, el oportunismo y la poca capacidad estratégica ante el autoritarismo de la derecha, se recibe el apoyo del gobierno norteamericano y el ala demócrata del establecimiento imperialista. Para estos últimos un gobierno como el del Partido Patriota conformado por ex militares y empresarios vinculados al crimen organizado, se vuelve una pesada carga para la política de promoción de los derechos humanos.

Con respecto a la elección de cinco magistrados y sus suplentes, para regir el TSE según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) decreto 1-85, habrá que recordar que la creación de esta institución y esta ley, forman parte del rediseño institucional que el bloque dominante y el imperialismo impulsaron en la década los 80s tras la crisis del Estado neocolonial debido al avance de las fuerzas revolucionarias. Durante el gobierno golpista de Ríos Montt se presentó un primer proyecto de ley que planteaba la instalación de una Comisión de Postulación para elegir magistrados.

Con la coronación de la constitución de 1985, el congreso promulgó una nueva ley electoral similar a la creada en tiempos de Ríos Montt; de esa forma se comenzaría a consolidar el proyecto contrainsurgente, que tendría la guinda con la incorporación de la izquierda reformista “armada” después de su fracaso guerrillerista.

Por su parte el modelo de las postuladoras se tomaría como referencia para otros órganos del Estado. Así en 2006 los “demócratas” del Congreso de la República logran la aprobación de una ley especifica que regirá la creación de tales comisiones para elegir a varios funcionarios públicos. En el modelo original de 1983-85 y la de 2006, se da una sobre-importancia a los colegios profesionales, sobre todo al de abogados, y a las universidades tanto la pública como las privadas, para que los representantes de estas instancias conformen las comisiones de postulación, para que posteriormente el Congreso elija, o en el caso del jefe del MP, lo haga el presidente de la República

Los colegios y las universidades están a su vez cooptados por distintas fuerzas vinculados a los partidos conservadores que a su vez representan el interés de fracciones de la clase burguesa. Es sobre todo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) clave en este sentido, pues tendrá representantes en casi todas las siguientes postuladoras, elegidos por medio de votaciones de los colegiados.

Sobresalen dos grupos: 1) los abogados vinculados al partido de gobierno y la actual directiva del Cang por un lado. 2) la alianza encabezada por abogados vinculados al actual rector de la USAC Estuardo Gálvez quien es parte de la actual postuladora, junto con los llamado “abogados corporativos” procedentes de universidades privadas y vinculados a los grandes monopolios oligárquicos, aliados además a los “sectores democráticos” cercanos a la actual fiscal general; todos ellos con el visto bueno de la embajada yanqui. En la elección para la actual comisión postuladora ganó el segundo grupo con el abogado Ovidio Parra.

Por su parte el partido de gobierno y el partido de oposición Lider se disputan el control o la influencia del próximo tribunal electoral con posibles pactos entre ellos y reduciendo la capacidad de maniobra de los intereses oligárquicos y de otros partidos como el de la ex primera dama Sandra Torres.

Ante estos vericuetos y sutilezas de la institucionalidad burguesa, totalmente permeados por intereses de poder, el PSOCA plantea que los magistrados a los poderes judicial, electoral, el MP y demás, sean electos democráticamente por votación popular, general y transparente, con el derecho de presentar candidaturas por parte de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares.


Por Guillermo De La Cruz

Como en años anteriores, a principios del ciclo escolar las manifestaciones magisteriales con diversas solicitudes, suspensión de clases por las mismas y falta de maestros en este año 2014 no se hicieron esperar; solo que esta vez con peculiares cambios que saltan a la vista.

Manifestaciones a nivel nacional

La manifestación más representativa se realizó el día jueves 23 del presente la cual fue coordinada por el STEG, los cerca de 10 mil manifestantes marcharon sobre la Avenida Reforma zona 10, Ministerio de Educación, Congreso de la República, para concluir en el Palacio Nacional y Casa Presidencial.

Durante su estadía en el palacio legislativo, el secretario del Steg Joviel Acevedo y otros dirigentes magisteriales mantuvieron una reunión con el presidente del congreso y jefes de bancadas en la cual los manifestantes exigieron enérgicamente al congreso que ampliaran el presupuesto de la cartera de educación en un mil millones de quetzales; dicha ampliación está ligada muy servilmente a la ampliación presupuestaria de Q 1,500.00 maquinada por el organismo ejecutivo. Estos mil millones de quetzales se dividirán en aumento salarial de un 10 por ciento a los educadores y el resto se repartirá en el fondo de gratuidad, refacción escolar, reparación de instalaciones educativas, libros de texto, valija didáctica y contratación de docentes.

Los legisladores oficialistas (PP) y sus aliados (CREO) accedieron a las demandas de Acevedo y afirmaron estar en total acuerdo de las posturas planteadas; por otra parte las bancadas opositoras (UNE y LIDER) dijeron también estar de acuerdo siempre y cuando se pusieran ciertos candados para que el dinero no fuera a ser transferido a otras dependencias.

Esta movilización estuvo literalmente encabezada por Joviel Acevedo mientras que dos patrullas de la PNC iban abriendo paso a la fila de maestros, los cuales ocupaban seis cuadras aproximadamente. Cabe destacar que al terminar dicha manifestación Joviel Acevedo y otros dirigentes sostuvieron una reunión pública con el presidente Pérez Molina en donde de manera improvisada se presentaron mutuos respetos y la solidaridad de parte del magisterio a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Para mayor sorpresa del pueblo guatemalteco, dicha manifestación contó con la aprobación del ministerio de educación; esto se debe evidentemente, a la postura de apoyo que tiene este sector egoísta y servil hacia la ampliación presupuestaria planteada por el ejecutivo.

Otras posturas, otras manifestaciones

Las manifestaciones magisteriales han sido cotidianidad en la región. Podemos destacar caminatas, plantones en escuelas e incluso tomas de edificios, especialmente de centros departamentales del Ministerio de Educación. Dichas manifestaciones se realizaron en los departamentos de Huehuetenango, Sacatepéquez, Quiche, Quetzaltenango y otros departamentos.

Estas protestas no fueron las únicas que se realizaron en el territorio nacional, ya que grupos de padres de familia y estudiantes inclusive de corta edad estuvieron solicitando recontratación de maestros que están en el renglón 021, mejorías en la infraestructura de algunos centros educativos y en casos extremos contratación de maestros. Fue el atraso del Mineduc en recontratar a los compañeros que están en el renglón 021 lo que generó numerosas protestas de docentes, padres y alumnos; aún así una buena parte no fueron contratados, generando carencias en las escuelas y sobrecarga de trabajo a los demás maestros.

Al igual que las acciones que impulsan el STEG y la ANM en descarada postura servilista al gobierno oficial, también se realizaron manifestaciones y pronunciamientos de parte de sindicatos autónomos los cuales respetando las posturas de aumento a los educadores, también tienen sus propios planteamientos, los cuales van desde pasar a ser contratados bajo el renglón 011, para que tengan la posibilidad de gozar de estabilidad laboral.

Unidad en la lucha

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) plantea a los compañeros maestros que se unifiquen las luchas bajo las siguientes demandas: 1) que el Mineduc contrate de inmediato a los maestros que sean necesarios para cubrir las necesidades de los establecimientos; 2) que a mediano plazo estos compañeros pasen al renglón 011, gozando de una plaza fija y trabajo estable; 3) apoyar a los trabajadores administrativos que luchan por su propio pacto colectivo; 4) que el Mineduc proporcione los materiales, infraestructura y recursos necesarios para que los establecimientos funcionen adecuadamente; 5) cumplimiento del pacto colectivo, rechazando la actitud pro gobiernista de la dirigencia del STEG, el magisterio no puede ser un títere manipulado por el gobierno para lograr mayor presupuesto, si el gobierno firmó el pacto es su problema ver de dónde saca recursos para cumplirlo.

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