Por Úrsula Pop

El pasado 12 de enero de 2014 se realizó la repetición de las elecciones en el municipio de Nebaj, departamento de Quiche. Tal elección se repitió tras un fallo de la Corte de Constitucional que así lo ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras un recurso puesto por el ex alcalde Virgilio Bernal del oficialista Partido Patriota (PP). Tras esta resolución se esconde una maniobra impulsada por el oficialismo, pues en la papeleta de las elecciones de 2011, donde aparecía el nombre de Bernal no se mostraba ni su foto, ni el logo del partido.

La elección en ese momento fue ganada por Pedro Raymundo Cobo, postulado por la coalición UNE-Gana. Esta maniobra fue burla a la voluntad popular. Sin embargo, contra todos los cálculos del PP, nuevamente ganó Cobo, quien ya fungía como alcalde, y aunque ahora es miembro del partido Todos, por formalismos legalistas nuevamente apareció con los logos de esa extinta coalición. Esta elección la ganó Cobo con 11,692 votos sobre 9,700 del Patriota, según datos oficiales del TSE. El único partido de izquierda que postuló, Winak sacó el ridículo porcentaje de 0,1 %.

Para entender este asunto hay que tener en cuenta una particularidad de la conformación del poder político formal a nivel municipal. En Guatemala las distintas maquinarias electorales burguesas para establecerse a nivel municipal se acercan a distintas fuerzas locales lideradas por algún caudillo con algún tipo de respaldo comunitario. Este fenómeno se da mayormente en regiones de mayoría indígena y en menor medida en el resto. El caso de Cobo y Bernal es reflejo de esta situación.

Bernal es un caudillo vinculado a las estructuras contrainsurgentes civiles montadas por el ejército en la década de los 80s y corresponsable del terrorismo estatal. En los últimos años militó en el FRG, partido fundado por el ex dictador Efraín Ríos Montt, que lo llevó a ser alcalde en el periodo anterior y ahora es miembro del PP.

En esta repetición electoral el partido en el gobierno utilizó cuanto recurso pudo, desde el programa asistencialista “Bolsa Segura”, hasta maquinaria del Ministerio de Comunicaciones dizque para arreglar carreteras. Bernal y diputados del PP, algunos de ellos ex militares, incubaron su relación en la contrainsurgencia y recientemente se han vuelto negociantes locales con empresas que explotan recursos naturales en el área. En Nebaj se cuenta con dos hidroeléctricas y unos 5 proyectos mineros, con la presencia de capital italiano, brasileño y hondureño.

Bernal, al representar a intereses capitalistas, ha mantenido enfrentamientos con las autoridades indígenas quienes cuentan con la legitimidad de representar a la población. Siendo alcalde, Bernal desmembró terrenos del Ejido Municipal que datan de 1902. Además en el marco del juicio por genocidio a Ríos Montt, en coordinación con la Fundación Contra el Terrorismo movilizó en abril de 2013 a pobladores en función de desvirtuar el hecho del genocidio contra la población maya-ixil de Nebaj. Y en el marco de las elecciones movilizaron a mujeres beneficiadas de la bolsa segura para apoyar a Bernal, además de registrarse actos de violencia contra autoridades comunitarios.

Cobos, pese a ser postulado por partidos burgueses, en el pasado fue militante de la hoy desaparecida Democracia Cristiana, cuenta con el apoyo de los liderazgos comunitarios, familiares de víctimas del genocidio y de sectores mayoritarios opuesto a los megaproyectos. Cobos tendrá el reto de mantener su independencia con respecto a los intereses empresariales del partido Todos, pues ha manifestado que hará respetar la voluntad de la población que se manifiesta contra la apropiación del territorio por estas empresas.

Lo que pasó en Nebaj es sintomático del descalabro del actual gobierno, que representa intereses del capital emergente, que cercano a la oligarquía pretende conseguir una mejor tajada de las oportunidades de inversión de las transnacionales, a costa de los deseos e intereses de los pueblos y los oprimidos en su conjunto.

En tal sentido, ahora que se acerca la elección de magistrados al TSE por parte de la Comisión de Postulación que presentará propuestas para que el Congreso elija, la reelección de algunos de los actuales magistrados cercanos al oficialismo está en peligro; en este complejo proceso se han agrupados intereses politiqueros y del capital emergente que pretenden cerrarle paso al PP. El caso de Nebaj se suma a esto, mientras ciertas fuerzas “democráticas” prefieren ser aliados de los “menos peores”. Esto será así mientras no exista una fuerza proletaria independiente que cuestione el diseño estatal y los intereses subyacentes


Por Armando Tezucún

En el informe de su segundo año de gobierno (coronado por el tragi-cómico atentado contra la vicepresidenta Baldetti), el presidente Otto Pérez Molina vertió una serie de falsedades y verdades a medias para hacernos creer que su gestión fue exitosa. La realidad refleja lo contrario.

El Producto Interno Bruto creció un 3.6% durante 2013, por encima del 3% del año anterior y dentro de las proyecciones estimadas por el Banco de Guatemala. Esta tasa de crecimiento, sin embargo, no refleja los problemas que tuvo el comercio exterior como producto de la debilidad de las economías europeas y estadounidense. El hecho de que las exportaciones tuvieran un levísimo crecimiento del 0.7% indica que el anunciado fin de la recesión en Europa y el aún bajo crecimiento de Estados Unidos no son aún suficientes para incidir positivamente sobre el intercambio comercial exterior guatemalteco, y no lo será por un buen tiempo. El resultado fue un crecimiento de la inversión privada del 9%, muy abajo del 15% previsto, afectando la generación de empleos.

El bajo desempeño del comercio exterior fue uno de los factores que incidieron negativamente en las finanzas del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota. En el mes de diciembre los funcionarios del Ministerio de Finanzas anunciaron que la recaudación tendría un déficit de Q 3,829 millones. La crisis fiscal obedeció no solo a la baja en el comercio exterior, la cual repercute directamente en la economía interna de Guatemala, sino también a la incertidumbre causada por la entrada en vigencia de la Ley de Actualización Tributaria, que ha sufrió numerosas impugnaciones por parte de las organizaciones empresariales, y al creciente contrabando.

A pesar de que Pérez Molina tuvo que ceder ante los grandes grupos corporativos, renunciando a su agenda de reformas (cambios a la Constitución, Ley de Desarrollo Rural, etc.), el enfrentamiento con las organizaciones empresariales continuó. La pugna se dio a nivel del Congreso de la República, en cuyo seno los partidos de oposición bloquearon la aprobación de bonos del tesoro y retrasaron hasta finales de noviembre e inicios de diciembre la aprobación dos préstamos con entidades extranjeras contemplados en el proyecto de presupuesto 2013. El gobierno tuvo que tomar medidas de austeridad y emitir letras del tesoro para financiar sus gastos. El golpe final de la oposición se dio con la no aprobación del presupuesto de gastos del Estado para el año 2014, quedando en vigencia el de 2013, inferior en cerca de Q 4 mil millones.

Por otro lado el gobierno poco a poco incrementó las medidas represivas contra los movimientos populares, aprovechando una disminución de las protestas con respecto a las que se dieron durante todo el año pasado. Las luchas que se dieron fueron básicamente defensivas, sectoriales y aisladas entre sí: empleados estatales y municipales contra despidos, por recontrataciones o por paga de sueldos atrasados; movilizaciones de comunidades por demandas por cobros de energía eléctrica o contra empresas mineras o hidroeléctricas; luchas aisladas de estudiantes de secundaria por bonos y becas. El gobierno logró maniobrar para neutralizar otro sector estatal (además del sindicato oficial de maestros), el de los trabajadores de la salud, con cuyo sindicato firmó un ventajoso pacto colectivo en octubre, pero cooptando a sus dirigentes. Destacan el enfrentamiento del 2 de mayo entre pobladores, guardias de seguridad de una empresa minera y policías, a raíz del cual el gobierno decretó Estado de Sitio en cuatro municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa y la protesta de pobladores de Santa Cruz Barillas ante la captura un líder comunitario, que llevó a enfrentamientos con la policía a finales de septiembre. Los asesinatos, atentados y capturas contra dirigentes comunitarios que se oponen a proyectos mineros y empresas hidroeléctricas también han sido numerosos. Según el encuentro anual de defensores de derechos humanos, hasta octubre habían ocurrido 690 ataques contra líderes comunitarios, sindicales, campesinos y activistas de derechos humanos, incluyendo 18 asesinatos, mientras en 2012 ocurrieron 305 en total (Siglo XXI 10/12/13).

Paralelamente han incrementado su presencia y protagonismos grupos de ultraderecha conformados por militares retirados y sus familiares (Fundación Contra el Terrorismo y Asociación de Veteranos Militares de Guatemala). El juicio por genocidio seguido contra el ex mandatario general retirado Efraín Ríos Montt, caso sin precedentes que culminó con una condena de 80 años de cárcel, fue anulado por el sistema de justicia, anulación que fue aprobada con entusiasmo por el gobierno, las cámaras empresariales y los grupos de ultraderecha.

Al mes de diciembre el precio de la Canasta Básica de Alimentos llegó a Q 2,900 mensuales y el de la Canasta Básica Vital (que incluye además de alimentos gastos en vivienda, salud, educación, trasporte, agua, energía, etc.) aumentó a Q 5,292 al mes, poniendo cada vez más en penurias a la población trabajadora. En diciembre el gobierno decretó un aumento al salario mínimo del 5% para el año 2014. Esto situó el sueldo mínimo para actividades agrícolas y no agrícolas en Q 2,530.34 ($ 316) y para el sector de maquilas y exportación en Q 2,346.06 ($ 293). Si comparamos estos sueldos mínimos de ley, que con frecuencia es el máximo que pagan los patronos, con el costo de las canastas básicas, veremos la dura situación por la que pasan las familias trabajadoras guatemaltecas.

El nuevo año plantea la necesidad de unidad de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares en torno a dos ejes: defensa de los salarios, el nivel de vida y los territorios; y el freno a la política represiva del gobierno. Este es el reto que tenemos por delante.

 Los trabajadores estamos sufriendo los estragos de la crisis capitalista

 

Por Leonardo Ixim

El pasado 26 de diciembre el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, en representación del presidente, anunció el irrisorio reajuste al salario mínimo para el año 2014 de tan solo un 5 %, mediante Acuerdo Gubernativo 537-2013.

Dicho aumento se da después de que las comisiones sectoriales (industria, agricultura, servicios, etc.) con representación paritaria -empresarios, trabajadores- dieran su dictamen a la Comisión Nacional del Salario de carácter tripartito -trabajadores, empresarios y gobierno-, la cual que resolvió ese mínimo reajuste. Allí los dos representantes de los trabajadores, autonombrados y sin ninguna legitimidad en el seno de la clase proletaria, aceptaron tal reajuste.

En los últimos años, al perderse las instancias unitarias de la clase trabajadora, junto a la poca representatividad de los sindicatos, federaciones y centrales, la clase obrera ha perdido su capacidad de actuar conjuntamente en tan delicados espacios de decisión sobre el salario mínimo. Esta situación es en parte debida a las políticas anti-laborales de los empresarios y el gobierno, así como al irrespeto al derecho a la libre sindicalización, las amenazas y asesinatos de sindicalistas, junto a la corrupción de muchos de estos líderes sindicales.

El nuevo salario mínimo

Este reajuste del 5 % tanto para actividades agrícolas como no agrícolas, resultó en un salario mínimo de Q 2,280.34 mensuales (alrededor de $ 285.00), mientras que para actividades de exportación y maquileras fue de Q 2 096,06 (cerca de $ 262.00) además de una insignificante bonificación para todas las actividades de Q 250.00. Resulta paradójico también que se mantenga la diferenciación entre actividades, como si no todas y todos los trabajadores tienen las mismas necesidades; si antes era entre actividades agrícolas y no agrícolas, desde el gobierno pasado, muy cercano a la industria maquilera, se diferenció supuestamente “para mejorar la productividad”, esta actividad que junto a las exportadoras, representa una buena parte de la estructura productiva.

Mientras que la propuesta del sector sindical era de un 30 % de aumento, algo que ni siquiera alcanzaba la Canasta Básica Vital, los empresarios buscaban un ajuste del solo 3.3 %, una verdadera burla a la clase obrera. Los voraces capitalistas, por su parte todavía le reprochan al presidente haber resuelto de tal forma este irrisorio ajuste; Pérez Molina a su vez aduce que fue el resultado de la aplicación de la fórmula sugerida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dio como resultado el 4.5 %, y cínicamente mencionó que prefirieron aumentarle medio punto porcentual. Dicha fórmula supuestamente no pone en riesgo el crecimiento económico, lo que en otras palabras implica no poner en riesgo la acumulación de ganancias de parte de los empresarios a costa de los y las trabajadores. Además aparentemente toma en cuenta la inflación acumulada anualmente, reflejada en el constante aumento de precios de productos básicos y en el costo de servicios como electricidad y agua.

La “fórmula técnica” defendida por la burguesía

José Pinzón, de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) con mucha razón se refiere a que tal fórmula construida desde la tecnocracia de la OIT no responde al costo de la canasta básica, pues tales mínimos ajustes salariales se terminan disipando en la constante espiral inflacionaria.

Por su parte instancias como el Banco de Guatemala o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que dan dictámenes técnicos sobre los acuerdos en la Comisión del Salario Mínimo, en los últimos años han expresado puntos de vista marcados por planteamientos neoliberales, interesados en no aumentar los costos a los empresarios, es decir no aumentar los salarios. Es en este caso donde vemos que lo técnico nunca esta separado de cuestiones ideológicas que en última instancia son visiones de clase, en este caso de la burguesía.

Solo pondremos un ejemplo en lo que se refiere a reducción de costos a expensas de los trabajadores. Lo tenemos en el IGSS, pues cuando una trabajadora o trabajador está enfermo y asiste a esta institución, ahí lo mandan a recibir cita días después y esta institución no obliga al patrón a suspender si el caso lo amerita.

Salario mínimo o pago por producción

Los empresarios por su parte, buscan que se pague “por productividad”, es decir una forma a destajo o por producto, forma usual en sectores como el transporte o el comercio, que viene a vulnerar aun más los derechos básicos del trabajador. Algunos voceros neoliberales criminalmente responsabilizan a la existencia de un salario mínimo de los altos nivel de pobreza y la baja productividad. En algunas empresas, sobre todo plantaciones y pequeños negocios, ni siquiera se paga el salario mínimo; en el primer caso, centrales como Unsitragua mantienen una lucha constante para que los finqueros si cumplan.

Sin embargo la baja productividad está relacionada con la falta de inversión y tecnificación de las empresas, situación que es responsabilidad del burgués. De igual forma influyen factores como el costo de la energía eléctrica entre otros costos externos. Pero también se debe a otras causas relacionadas, al bajo costo de la fuerza de trabajo, reflejando en los salarios de hambre, la falta de capacitación de ésta, producto del poco acceso a servicios básicos como salud y educación y la nula existencia de seguridad e higiene laboral.

En todo este panorama es evidente la falta de regulación de parte del Ministerio de Trabajo, que junto a la violación de los derechos sindicales ha implicado que Guatemala tenga una denuncia ante la OIT y otra en el marco del tratado de libre comercio con EU, pues existe una normativa de cumplimiento de derechos laborales en el marco de ese tratado que implicaría multas a pagar a tal potencia. Mientras que en el primer caso se está a la espera que una comisión de la OIT venga a observar la situación de los derechos laborales para un posterior dictamen.

Entonces, mientras la burguesía pide que se reduzca el salario mínimo y en algunos casos hasta que desaparezca, este ínfimo aumento salarial se terminará diluyendo en la escalada inflacionaria que macroeconómicamente es considerada aceptable, en términos de la estabilidad financiera del país, pero para la clase proletaria en general es un sacrificio que los empresarios, sobre todo los grandes, nos descargan sobre la espalda con la complicidad de estos gobiernos.

Así la Canasta Básica Alimentaria se encuentra en Q 2,896.50 mientras que la Canasta Básica Vital (CNV) en Q 5,285.58 que incluye además de alimentos, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, educación transporte, comunicaciones, recreación, cultura, etc. Según las ultimas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la inflación hasta el mes de noviembre se sitúa en un 4.63 %. Además entre los productos que hasta noviembre de este año han tenido mayores aumentos ha sido el güisqui, huevos y pollo, por su parte la población nuevamente se muestra molesta según reporta un periódico en nueva alza del gas propano de casi treinta Quetzales, este fenómeno alcista se viene dando desde inicios de este año en los tambos de gas tanto de 25, 35 y 100 libras.

Hasta el momento al igual que en el caso de los huevos y en otras ocasiones con la carne, el gobierno prometió controlar los precios y garantizar la producción, pero nuevamente no se hace nada por la población. En el caso del gas propano este producto es básico en muchos hogares pues es la fuente más común para cocinar en las áreas urbanas.

Si tomamos en cuenta los altos índices de desnutrición infantil crónica, de mortalidad materno-infantil de la región, sobre todo en área rurales, dándose fenómenos de hambrunas focalizadas, donde 8 de cada 10 guatemaltecos sufren algún tipo de carencia según cifras del INE y del Banco Mundial, con una tasa de desempleo relativamente baja pero con altos grados de precariedad e informalidad para con la población en edad de trabajar, es decir en todos los sectores productivos lo común es el trabajo en negro, si tomamos en cuenta todo ello, un mísero aumento al salario mínimo que no siempre se cumple, es otro factor mas para aumentar la vulnerabilidad en lo que se refiere a derechos básicos como la alimentación y otros.

En Guatemala por tanto lo común es que se viole desde el Código de Trabajo sobre todo los artículos 103, el articulo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos 23 punto 2 y 24 sobre derechos sociales de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos; es decir las mismas leyes que son producto de las luchas populares a nivel mundial y que los ordenamientos jurídicos burgueses retoman.

Por tanto como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos urgente que los sindicatos discutan con sus bases la necesidad de exigir nuevos ajustes bajo la consigna de escala móvil de salarios acorde al costo de la CBV, la firmas de pactos colectivos sobre todo en la empresa privada y la renovación constantes de sus representantes tanto en sus directivas como en estas instancias de discusión tripartita. De igual forma junto otros organismos populares, se debe implementar la fiscalización de los precios de productos y servicios básicos, así como la exigencia para que los precios no aumenten.

Por Juan Castel

Para el próximo 15 de diciembre del año en curso están llamados los 32,201 ciudadanos habilitados por el padrón electoral –según cifras del padrón 2011– para hacer saber su designio con respecto a la continuación de la actual administración edil de Santa María Nebaj, al mando del electo candidato de la desaparecida coalición UNE-GANA Pedro Raymundo Cobo, adherido actualmente del partido “TODOS”.

Pero esta incongruencia de la democracia-burguesa, circo de la partidocracia, la desfachatez y la corrupción, solo ha demostrado, después de múltiples apelaciones y la impugnación de los resultados electorales del periodo corriente electoral (11 de Septiembre del 2011) por el candidato “Patriota” (PP) Virgilio Jerónimo Bernal Guzmán, la inoperancia del sistema representativo eleccionario. Éste ha dividido nuevamente al pueblo Ixil de Santa María Nebaj en dos polos para poder hacer de esta batalla por los intereses de clase, que no son ni serán los del pueblo, la victoria de cualquiera de los dos partidos burgueses llamados a enfrentarse en las urnas.

Amigos, enemigos y nuestros nexos del pasado

Los nexos que unen a los dos contrincantes: el ex alcalde de Nebaj –que buscaba ser reelecto en las urnas el 11 de septiembre, pero que se topó que en el lugar donde debía aparecer su foto, aparecía un espacio vacante– y el actual hombre en el cargo, el edil Pedro Raymundo Cobo, no son nada más que un camino que se ha cruzado en diversas ocasiones, y que la jornada electoral del 15 de diciembre está llamada a ser otro de sus encontronazos… Los dos tienen una historia que los pone en la alcaldía de Santa María Nebaj, alternándose el poder de la comuna durante 20 años.

Bernal Guzmán fue alcalde en el periodo administrativo 1986-1988 –cuando el periodo era de dos años y medio– se recuerda también que no lograría cumplir ese periodo ya que había un alto descontento de la población contra su administración. A esto le siguió un exilio auto-impuesto en la capital, donde Bernal Guzmán llegaría a ser secretario del sindicato de caminos y terminaría sus estudios en ciencia jurídica y penales en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Por su lado, Cobo tiene un pasado apoyando a su actual opositor cuando este se eligió como edil por la Democracia Cristiana Guatemalteca, en 1985 y a la salida de Bernal Guzmán de la administración edil, Cobo continuaría en política siendo electo concejal cuarto en 1993 y jefe edil en 1995 de manos del comité cívico “Todos Nebajenses”. Cobo se relegiría y cuando se presentaba a su tercer mandato como edil, seria vencido por Bernal Guzmán, quien asumiría en enero del 2004. Cobo lo acusaría de usar la carta demagógica de saldar los pagos con los grupos de ex patrulleros de Autodefensa Civil. En esa ocasión Bernal llegaría a la comuna respaldado por el ahora difunto (FRG) y al acercarse el periodo eleccionario del 2008 repetiría con la misma formación política hasta ser derrotado por el actual edil quien tuvo a favor no tener a su opositor más fuerte en la boleta del 11 de septiembre del 2011.

Los intereses de la Partidocracia y los del Pueblo

Este enfrentamiento se ha prolongado desde que el entonces alcalde Bernal Guzmán hiciera todo lo posible para que Cobo no tomara posesión el 14 de enero del 2012, extendiendo el panorama de polarización hasta el lunes 20 de febrero del mismo año, cuando la toma de posesión de Cobo, debido a la toma de la alcaldía de Nebaj, tuvo que realizarse en el pasillo que da al exterior.

Por eso desde el “Partido Socialista Centroamericano” (PSOCA) apoyamos la postura de sociedad civil y autoridades indígenas ancestrales que rechazan las nuevas elecciones pues ven tras ellas intereses de las transnacionales. Sabemos que estos problemas de interés que llegan hasta la corrupción en pos de mantener los beneficios de la casta política y de los partidos burgueses, no se acabará; solo se puede poner un alto firme, dándole el poder de gestión y organización a los grupos ciudadanos, a los de obreros y campesinos, a las comunidades indígenas y a los que formas las masa populares del pueblo. Solo el tiempo nos mostrará cuáles son los verdaderos intereses defendidos por Cobo, que se ha manifestado en contra de los megaproyectos mineros e hidroeléctricos, y los que ya son muy claros de parte de Bernal Guzmán. Solo el tiempo no mostrará que estos simplones usan al pueblo para asegurar sus elevados salarios.


Por Armando Tezucún
El problema del campesinado en Guatemala tiene muchas aristas y facetas conflictivas. Una de ellas es el problema de la distribución injusta y desigual de la tierra. Pero las comunidades campesinas, en su casi totalidad pertenecientes a diversas etnias indígenas, tienen también el problema de que son agredidas por voraces empresas nacionales y extranjeras de diversa índole que pretenden pasar por encima de sus derechos, ocupando los territorios que habitan, degradando el ambiente y destruyendo el equilibrio ecológico. Entre estas empresas hay compañías mineras, hidroeléctricas, petroleras, agroindustrias, etc.
El pasado 14 de noviembre la capital guatemalteca fue testigo de una de las actividades de resistencia de las comunidades campesinas sobre el tema de la energía eléctrica. Miles de compañeros procedentes de 20 departamentos del país (40 mil, según declaración de uno de sus dirigentes, Prensa Libre 14/11/13), marcharon a partir de cuatro puntos para converger en el Centro Histórico y protestar frente a la Corte de Constitucionalidad.
La actividad, organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fue motivada por el acuerdo gubernativo No. 145 -2013, que declaró de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (PET), así como el Plan de Electrificación Rural. Según este plan, la red atravesará 15 departamentos, 74 municipios y más de 400 comunidades del país. El problema es que “…está siendo ejecutado sin la previa consulta de las comunidades por donde pasará la obra, violando constitucionalmente el derecho de los pueblos indígenas…” (CODECA, manifiesto del 13 de noviembre). Los compañeros y sus representantes legales presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado acuerdo ante la CC.
Además de ello protestaron contra el costo de la energía eléctrica y el alumbrado público, demandando la nacionalización de la energía eléctrica. Según dirigentes de Codeca, también se dieron protestas en Cubilguitz, Cobán; Raxruhá; El Pajal, San Pedro Carchá; en el cruce a Lanquín, Alta Verapaz; en el cruce de Chisec hacia Ixcán, Quiché; y en el cruce hacia Sayaxché, Petén (Prensa Libre 14/11/13).
El presidente Otto Pérez no perdió tiempo y atacó la marcha declarando que los líderes de Codeca se roban el dinero de los guatemaltecos “por cobrar energía que no es de ellos; cobran menos, pero porque no les cuesta. Lo que hacen es un robo y hay personas detenidas”; sobre la demanda de nacionalización de la energía eléctrica dijo “…es algo que está fuera de las posibilidades y de la realidad” (Siglo XXI 14/11/13).
En su manifiesto del 13 de noviembre los compañeros de Codeca se expresaron también contra la explotación minera, la privatización de Puerto Quetzal, las empresas hidroeléctricas y el subsidio a las empresas transnacionales. Exigieron también el cese de la persecución y criminalización de las luchas sociales, la nacionalización de la energía eléctrica y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.
Desde que los gobiernos neoliberales de los años 90s privatizaron la distribución de la energía eléctrica el servicio ha sido un calvario para el pueblo. La fatídica Unión Fenosa, ahora transformada en Energuate ha estafado a las poblaciones con un pésimo servicio y cobros excesivos. Por ello concordamos con los compañeros en la urgente necesidad de nacionalizar el servicio de energía eléctrica, pero bajo la fiscalización y supervisión de las organizaciones campesinas, sindicales y populares para evitar que una nueva empresa eléctrica se convierta en un botín para funcionarios corruptos.
Las demandas planteadas por los compañeros son indudablemente las más sentidas por la población indígena y campesina. Recordemos que en octubre del año pasado seis compañeros fueron asesinados por el ejército durante una protesta por estas mismas demandas en la Cumbre de Alaska. La energía y la fuerza generadas por el incidente abrieron la posibilidad de un fuerte movimiento unitario de protesta. Sin embargo, un año después esta fuerza y el deseo de luchar unidos parecen haberse desvanecido. Para el movimiento indígena y campesino es vital, entonces elaborar una plataforma unitaria de lucha en la que coincidan las diferentes organizaciones y logren acuerdos concretos por encima de las diferencias. Creemos que esta es la única forma en que el campesinado logrará enfrentar de manera efectiva al gobierno.

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