Por Leonardo Ixim

Con el inicio del ciclo escolar ha arreciado conflicto entre distintos sectores de la comunidad educativa sobre todo los estudiantes normalistas y el gobierno central.

Así, ante la negativa gubernamental, por medio de la ministra de educación Cynthia Del Águila, a realmente iniciar un diálogo con la infinidad de sectores que consideran peligrosas la reformas a la carrera del magisterio en lo concerniente a la formación inicial para docentes, hoy más que nunca es importante la movilización  para detener estas políticas privatizadoras de la educación y que responden a orientaciones imperialistas desde organismos financieros internacionales.

Desde el inicio del ciclo se han manifestado distintas formas de resistencia por parte de estudiantes, docentes y profesores, tanto en la capital pero sobre todo en el interior del país, donde ya han mostrado un nivel de combatividad fuerte. Así mismo, colegios privados han presentado sin éxito  acciones legales que han buscado parar la implementación de estas modificaciones. Tanto en la capital como del interior, ante el rechazo de buena parte de la población a la reforma magisterial, los padres no han inscrito a sus hijos en el nuevo bachillerato con orientación pedagógica que busca sustituir al magisterio. De igual forma ha habido tomas en varios institutos tales como los de Totonicapán y Huehuetenango y otras medidas como marchas en Zacapa. Vale mencionar la marcha  del miércoles 6 protagonizada por los institutos de la capital con presencia de estudiantes de otros departamentos, maestros, padres de familia y autoridades indígenas, actividad que se convirtió en un plantón y  huelga de hambre permanente por parte de algunos estudiantes.

Sobre esta medida de lucha, queremos mencionar que debe ser bien planificada por el peligro que implica este tipo de medidas a la salud de los que la realizan. Esto para evitar que la huelga de hambre sea vista  como una acción desesperada. También recordemos que el Estado y los órganos ideológicos de la burguesía muchas veces están dispuestos a correr el riesgo político de una muerte  antes que ceder simbólicamente la carga del poder.

Es importante también denunciar que en los últimos días varios compañeros han sido hostigados por la policía y en algunos casos consignados a tribunales de menores, dejándolos posteriormente en libertad. Sobre esto ni la Procuraduría de los Derechos Humanos, ni la Procuraduría General de la Republica, que tienen que velar por los derechos de los menores de edad, han intervenido para hacer valer los derechos de los estudiantes, mostrando negligencia e incumplimiento de sus deberes. Pero recordemos que pese a todas las conquistas que se pueden traducir en instituciones y leyes para salvaguardar los derechos de la población, el conjunto del Estado no sirve a los intereses de la clase trabajadora sino que a los de los poderosos.

Ante este panorama, los compañeros y compañeras deben seguir fortaleciendo sus asambleas por establecimiento como máxima instancia de decisión, articularse aún más entre todos los establecimientos y con el estudiante apático, para lograr un frente unitario y  buscar aún más la unidad con padres, docentes y organismos de la sociedad civil. Recordemos que las condiciones se unidad y solidaridad son vitales para la organización y el accionar, tal como se ha visto sobre todo en el interior del país. Es urgente identificar a los aliados estratégicos como sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles e indígenas en su calidad de estratégicas y algunos tácticos donde se comparte algunos  objetivos en común,  como los colegios privados y católicos que se han opuesto a estos intentos de cambiar la carrera magisterial.

Por último como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos por enésima vez a la conformación de un comité de apoyo a la lucha normalista y en defensa del magisterio, conformado por organismos populares, pero que sirva también para hacerle frente a la contrarreforma neoliberal política e ideológica que procura la privatización de la educación pública en todos los niveles.

 

Por Edgar Miguel Kan

El país ha vivido en los últimos meses una distorsión sobre el mensaje que ofusca la realidad económica de las grandes mayorías; el eterno problema que resurge de nuevo: la necesidad evidente de más impuestos para el sostenimiento del Estado burocrático e ineficaz y el pulso de poder entre la burguesía dominante y los gobiernos de turno que sostienen el aparato estatal.

La problemática se hace aún más grande cuando se analiza el porqué de la reforma y los métodos que se están utilizando para llevarla a cabo, tanto la medición de poder por parte del gobierno, como la reaccionaria respuesta por parte de la burguesía.

Cronología de propuestas

2001 Pacto Fiscal. El afamado acuerdo que llevaría a una tributación adecuada al crecimiento demográfico del país y la demanda de servicios fundamentales para el desarrollo de las personas. De aquel acuerdo solo queda remembranza, en donde la mayoría de ministros de finanzas tuvo una participación.

Cabe mencionar que era un acuerdo que contemplaba el crecimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como de la renta o utilidad, o sea del impuesto indirecto y el directo. Esto fue firmado por la anquilosada burguesía, acción sorprendente pues durante el conflicto armado interno (CAI) nunca hubo propuestas de mejorar la estructura de Estado-finca, que históricamente ha convenido a un grupo de poder. Mas esto se rompe con el surgimiento de nuevas fracciones burguesas como las emergentes, las cuales durante el CAI nacieron a partir de la corrupción de la prestación de servicios del Estado.

2001. Aumento del IVA. Durante el periodo de Alfonso Portillo, se incrementó el IVA del 10 al 12%,  y mantuvo el impuesto de solidaridad, extraordinario y temporal (ISET), con nombre IEMA.

2005. Se cambia de nombre.  Se mantiene el IVA en 12% y se crea el  IETAAP, un refrito del ISET y el IEMA.

2008. El presidente Colom impulsa un aumento progresivo al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sin modificar el IVA. Éste fue rechazado y llevado abajo por la burguesía fraccionada en todas sus vertientes e incluso con un rechazo total del partido político actualmente en el gobierno.

2012. Reforma Fiscal. Se plantea una reforma en la sintonía del pacto Fiscal, busca subir el IVA y el ISR.

Lucha de intereses

La pugna existente actualmente es sobre el aumento del impuesto sobre la renta y las actividades que generan gravamen, que se disfraza en una discusión jurídica sobre qué hecho merece ser o no objeto de impuesto. En realidad se discute sobre el cese del impuesto a la actividad productiva en manos de los grandes capitales tradicionales y aquellos nuevos capitales emergentes, que son producto de la explotación histórica y social de las grandes mayorías

El tema que lleva a un aumento en la tributación es la evidente necesidad de satisfactores sociales en servicios públicos por parte del Estado, que trae en consecuencia la redistribución de los mismos a todos por igual. Este consenso generalizado desde 2001 con el pacto fiscal, ha llevado a que los grupos de poder tradicionales, sean quienes se agencien de este aumento tributario, para engrosar sus niveles de desarrollo generando para sí la enajenación de los servicios como salud, educación, trabajo de las grandes mayorías, hacia la avaricia de sus bolsillos.

La evidente necesidad del aumento de impuestos para la redistribución de los mismos, es clara en relación a la devaluación estructural que posee el país, y la falta de capacidad adquisitiva que hay. Sin embargo la solución ya manejada entre el presidente Otto Pérez y la oligarquía, en las diversas reuniones y amenazas de inconstitucionalidad que han permeado el escenario político de las últimas semanas, es: gravar la renta que posee la clase media y no los grandes capitales. Esto refleja la ya sintomática victoria del capital tradicional sobre el actual gobierno.

Democratización de los recursos y defensa de los servicios publicos

La reforma tributaria es de urgente necesidad para la población guatemalteca, en la medida que busque una solución al Estado-burgués, y que éste provea los servicios de educación, salud y trabajo. Que la tributación sea equitativa y por igual a todas y todos, implica que quien tenga más pague más impuestos y pague por cada acción que le genera réditos, en especial cuando se obtienen esos beneficios a partir de la explotación de las grandes mayorías.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) defendemos los intereses de la clase trabajadora y sectores populares, exigiendo una reforma tributaria donde las grandes mayorías se beneficien de servicios básicos, cargando principalmente la renta excesiva y desigual.

Por Armando Tezucún

El 28 de enero los médicos del Hospital San Juan de Dios (uno de los dos grandes hospitales públicos de la capital) se declararon en asamblea permanente, paralizando la atención en la consulta externa y suspendiendo las cirugías programadas. Una vez más el inoperante sistema hospitalario y la persistente resistencia de los gobiernos neoliberales a invertir los recursos necesarios y suficientes para atender la salud del pueblo, llevaron a los compañeros a tomar esta medida de presión.

En esta ocasión la causa inmediata fue la falta de 40 a 60 medicamentos básicos para atender las emergencias (antibióticos, anticoagulantes y tratamientos para mujeres con cáncer de mama) y que el equipo de tomografías de emergencias no funciona desde hace un mes, lo que provocó la muerte de 10 personas que no fueron diagnosticadas a tiempo. Los médicos continuaron la atención en las áreas de emergencias, cuidados intensivos y cuidado neonatal. El ministro de salud, Jorge Villavicencio, aceptó que el desabastecimiento de medicamentos se debe en parte a que el hospital tiene una de deuda de Q50 millones con los proveedores, quienes no abastecerán de medicinas si no se les paga (Diario La Hora 29/1/13).

El 1 de febrero el ministro Villavicencio hizo llegar a los compañeros una carta de compromisos para que cesara el paro. Prometió reparar en 15 días el equipo dañado y solventar el desabastecimiento de medicinas, así como pagar la deuda a los proveedores. La asamblea de médicos decidió aceptar la propuesta y el lunes 4 de febrero volvieron a atender la consulta externa, pero con la condición de revisar el cumplimiento de las promesas 8 días después.

Los compañeros médicos no hacen parte de los sindicatos de salud porque trabajan por contrato, no en planilla. Los compañeros sindicalistas realizaron plantones en 36 hospitales de la capital y el interior el 6 de febrero, protestando contra miles de despidos. Éstos fueron provocados por influencias de diputados y funcionarios de gobierno para colocar a sus allegados.

Los médicos y trabajadores sindicalizados enfrentan problemas en los mismos centros de trabajo. Deben hacer causa común para lograr mayor fuerza en la defensa de sus derechos laborales y el derecho del pueblo a una atención gratuita y de calidad.

 

Por Armando Tezucún

Uno de los acuerdos suscritos por la organización estudiantil universitaria Estudiantes Por la Autonomía (EPA) y el Consejo Superior Universitario (CSU) al finalizar la toma del campus universitario de agosto y septiembre de 2010, fue el inicio de un proceso de reforma universitaria que transformara radicalmente la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con ese propósito se conformó la Comisión Multisectorial integrada por sectores estudiantiles, docentes y de trabajadores, la cual después de muchas vicisitudes, entregó al CSU en octubre del año pasado el documento de Metodología para Reforma Universitaria.

Durante el proceso de dos años de labores de la Comisión Multisectorial, un grupo de catedráticos conservadores y anti democráticos, afines al CSU, se separó de la misma y decidió elaborar su propia propuesta de metodología.

El recién pasado 6 de febrero, el Consejo Superior Universitario se reunió en sesión extraordinaria para conocer el documento. Traicionando el acuerdo que creó la Comisión Multisectorial, el CSU decidió tomar en cuenta el documento de los docentes reaccionarios y hacer una mezcla de ambos.

Compañeros estudiantes se hicieron presentes a la sesión, solicitando ser escuchados, pero no fueron recibidos. Su descontento fue expresado por la compañera Tania Montenegro: “…el CSU y sus aliados realizaron  un documento paralelo que no es legítimo porque rompe con el acuerdo firmado en 2010.  No avalamos que lo hayan validado entre ellos, además bajo criterios técnicos que no toman en cuenta las bases teóricas y filosóficas que requiere un proceso de esta naturaleza.” (Centro de Medios Independientes 6/2/13).

A partir de las dos de la tarde de ese día se decidió tomar indefinidamente el edificio de la rectoría. Compañeros de las asociaciones estudiantiles de las escuelas de Historia y Ciencia Política, miembros del Movimiento Estudiantil 78-12, el Movimiento de Estudiantes Mayas, el Colectivo Jade, estudiantes de las facultades de Arquitectura, Derecho y otras unidades académicas permanecen desde entonces en las instalaciones.

El rector Estuardo Gálvez y otros funcionarios se han acercado a intentar un diálogo, pero también a amenazar con plantear una demanda ante el Ministerio Público; Gálvez amenazó en especial a la compañera Sandra Xinico, quien ya tiene una medida represiva en su contra por parte del CSU.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denuncia las maniobras traidoras del CSU y su actitud represiva contra las y los estudiantes. Llamamos al estudiantado  a defender la propuesta democrática e incluyente que presentó la Comisión Multisectorial. Catedráticos, trabajadores administrativos y de servicio, y el estudiantado en general debemos apoyar la toma de rectoría para evitar que el CSU imponga una reforma burocrática, autoritaria y a la medida de sus intereses.


Por Armando Tezucún

El pasado 14 de enero el Partido Patriota y Otto Pérez Molina finalizaron su primer año de gobierno; se hace necesario realizar un balance de la gestión. Pérez Molina, un general en situación de retiro, encabeza un gobierno muy particular. Con un equipo del que hacen parte otros militares retirados y elementos de diversa procedencia, este gobierno representa un a sector de la burguesía conformado precisamente por ex militares transformados en empresarios, con inversiones en el agro, comercio, banca y servicios, que mantiene vínculos estrechos con sectores del ejército, y, que igual que los otros grupos de la burguesía, está permeado por el narcotráfico.

Este fragmento de la burguesía y el gobierno coinciden con la oligarquía tradicional en la necesidad de impulsar el proyecto neoliberal y las inversiones en monocultivos, minería, hidroeléctricas, impulsar la flexibilidad laboral, las inversiones público-privadas etc. Pero divergen en la  intención de los ex militares de acaparar los puestos claves en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y otras instituciones gubernamentales (que están en manos de la oligarquía), en la política fiscal y en las prácticas del manejo de los asuntos públicos, prácticas que el Psoca ha caracterizado como populismo de derecha.

Contrariamente a los que esperaba la mayor parte de la izquierda guatemalteca, el gobierno de Pérez Molina no ha traído consigo una represión generalizada contra los movimientos sociales. Desde antes de asumir el mando, los futuros funcionarios iniciaron negociaciones con los principales sindicatos de trabajadores estatales que habían dado luchas importantes en el gobierno anterior: magisterio y salud. El resultado fue que lograron acuerdos que han garantizado la desmovilización de estos dos importantes sectores, salvo conflictos muy focalizados y parciales.

Como resultado de estos compromisos, el eje principal de las luchas populares giró hacia el campesinado indígena (iniciando con la marcha de nueve días en marzo) y los estudiantes normalistas, que despertaron a las luchas a partir de mayo con el rechazo a los cambios impuestos por el Ministerio de Educación a la carrera de magisterio.

El movimiento campesino, indígena y comunitario incluye una variedad de demandas no sólo en torno a la tierra, sino en rechazo a las actividades de empresas mineras e hidroeléctricas que dañan el medioambiente y afectan el territorio. Un eje central ha sido la exigencia de que el Congreso apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral, presentada desde hace más de 10 años. Aunque no se trata de una ley  de reforma agraria, plantea reformas que las organizaciones campesinas consideran que traerán beneficios a la empobrecida población del agro guatemalteco. En un esfuerzo por lograr acuerdos con los grupos campesinos, como lo hizo con los trabajadores de la educación y salud, Pérez Molina apoyó la aprobación de la ley en el Congreso, pero las cámaras empresariales de la oligarquía lograron frenar el proceso.

En un inicio el gobierno trató de tener una actitud tolerante hacia las manifestaciones, bloqueos de carreteras y otros tipos de movilización. Sin embargo, presionado por los grupos empresariales, la represión se endureció. Cabe destacar el estado de sitio impuesto en mayo en Santa Cruz Barillas contra el movimiento de oposición a una empresa hidroeléctrica y los enfrentamientos entre los pelotones antimotines y los valientes estudiantes de magisterio. El 4 de octubre el ejército disparó contra una multitud campesina e indígena que protestaba en La Cumbre de Alaska, provocando al menos seis muertos. Las reacciones y protestas contra el hecho provocaron un retroceso prudente del gobierno en el nivel de represión. Por otro lado, continuaron los asesinatos selectivos y atentados contra dirigentes sindicales y populares.

La economía guatemalteca se desaceleró en el año 2012, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%, inferior al 4.1% que tuvo en 2011. Con un nivel de pobreza del 53%, el segundo lugar en prevalencia del hambre en América Latina y un 74.5% de la población ocupada en la economía informal, el aumento al salario mínimo del 5% decretado a fin de año hace muy poco para sacar de la miseria al pueblo guatemalteco.

El 2013 inicia para el gobierno con un repunte de las luchas de los normalistas, la oposición del empresariado a las reformas tributarias que entraron en vigencia, roces de Pérez Molina con el Congreso, advertencias del movimiento campesino en torno a la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, y la presentación del gobierno al congreso de un paquete de leyes de estímulo a la inversión que incluyen la flexibilización laboral.

El movimiento sindical, campesino y popular debe estar presto a movilizarse unitariamente contra la implementación de las nuevas políticas neoliberales que intentará el gobierno este año.

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