Por Leonardo Ixim

En la primera semana de enero se suscitaron conflictos laborales en dos minas y en diciembre un extraño hecho en otra empresa minera que solo tiene licencia de exploración, en el que fueron emboscados guardias de seguridad.

En los primeros casos, los conflictos fueron en El Estor, en el nororiental departamento de Izabal, donde opera la Compañía Guatemalteca de Níquel que tiene una licencia de explotación de ese mineral y Nueva Esperanza, en el sur occidental departamento de San Marcos, donde opera la empresa Marlin Montana Exploradora de Guatemala, explotando oro tanto en ese municipio y en San Miguel Ixtahuacán.

En el primer caso el conflicto se dio porque la población pedía que la empresa contratara mano de obra local y no de otros lugares. Así, 200 personas se asentaron en la entrada de la mina y ante la negativa  de la empresa de contratar un número grande de trabajadores, los pobladores cerraron las entradas y después de unos forcejeos se retiraron. Posteriormente fueron atacados algunos trabajadores  hiriendo a ocho personas además de haber sido  incendiada la sede de una fundación propiedad de la empresa.

En San Marcos el incidente se dio cuando la empresa se negó a renovar los contratos a cuarenta trabajadores de la mina; ante eso los obreros cerraron las principales vías de acceso al complejo minero y los guardias de seguridad de la empresa dispararon contra los trabajadores hiriendo a 20 personas.

En ambos casos el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla adujo conflictos laborales y como bueno perro guardián de los intereses corporativos dijo que enviaría refuerzos policiales para garantizar el orden y por tanto garantizar  las magníficas ganancias que estas empresas extranjeras extraen del obrero y la madre tierra.

El tercer incidente ocurrió a finales de diciembre en San Rafael Las Flores, en el oriental departamento de Santa Rosa. Fue un confuso incidente que se dio tras una emboscada tipo militar a un contingente de seguridad de la empresa,  que supuestamente solo explora para posteriormente iniciar la extracción, pero que los pobladores alegan que ya está explotando oro. Dicha emboscada, donde se presume por la forma en que se dio, participaron elementos con algún tipo de preparación militar, trascendió que se debe a que la empresa no renovó contratos a los trabajadores. Rápidamente y sin ninguna prueba López Bonilla culpó a los pobladores que se oponen a la instalación de esa empresa en el municipio. Recordemos que en noviembre extrañamente se perdió un cargamento de dinamita que iba hacía la mina y sin ninguna prueba el gobierno culpó a los locales.

Esta situación pone en evidencia que el modelo extractivista no resuelve los problemas de hambre y miseria de la población, pese a las campañas mediáticas que estas empresas realizan, planteando  hipócritamente que es la  mejor forma de desarrollarnos. En la práctica el desarrollo es para seguir extrayendo enormes ganancias a costa de la naturaleza, la sangre y la división de las comunidades.

Algo importante a tener en cuenta es la necesidad real de la gente por tener un salario para sobrevivir,  pues además de que son comunitarios son sobre todos proletarios; hay que tener en cuenta que el capital siempre necesita un ejército de reserva para mantener salarios bajos y remplazar constantemente la fuerza de trabajo.

Los hechos fueron aprovechados por las autoridades para culpar a los que se oponen a la minería sobre todo en el tercer caso; además, en muchos casos  los trabajadores de estas instalaciones han sido usado contra las comunidades en favor de los intereses patronales y las reacciones de los comunitarios de igual forma han sido desmedidas contra los trabajadores. Lo que debemos tener claro es que el modelo extractivista no es la solución. La promesa de empleos por parte de los empresarios, tal como lo demuestran los acontecimientos, se diluye en un mínimo de puestos de trabajo y los daños ambientales y al tejido comunitario son demasiados. En términos economicistas el costo en estas dos últimas variables es mayor que los beneficios para la población y el país.

Los trabajadores mineros y los pobladores que se oponen a las empresas extractivas deben hacer causa común, en base a que la minería es un espejismo que dura poco, y no permitir que los empresarios provoquen enfrentamientos entre ambos sectores. Los obreros deben exigir puestos de trabajo estables y salarios dignos, pero también que las empresas no destruyan el entorno de sus comunidades.

Por Marcial Rivera

 "Yo pregunto a los presentes

si no se han puesto a pensar

que esta tierra es de nosotros

y no del que tenga más.

Yo pregunto si en la tierra

nunca habrá pensado usted

que si las manos son nuestras

es nuestro lo que nos den."

(Fragmento de la canción "A desalambrar" de Víctor Jara)

Termina el año 2012, ha pasado el 13 Baktun y con esto, según las antiguas creencias mayas, inicia una nueva era en la historia de la humanidad. En esta coyuntura, se hace propicio hacer un análisis de los principales sucesos que marcaron el 2012, sobre todo porque este año se ha caracterizado por ser de luchas constantes. Uno de  los principales sectores y luchas impulsados en este 2012 fue el estudiantado normalista con las luchas contra la reforma a la carrera de magisterio y lo que ello implica. En especial el campesinado indígena realizó importantes movilizaciones y luchas, con el objetivo de alcanzar mejores condiciones de vida, tener más acceso a la tierra, y a un entorno propicio para desarrollarse como campesinos.        

¿Por qué lucha el campesinado?

La principal bandera de lucha en torno a esto, la causa que hicieron suya todas las organizaciones campesinas es la lucha por la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, ley 4084, la cual beneficiará directamente a las poblaciones que viven en condiciones infrahumanas y de grandes limitantes socioeconómicas. Lo relevante de esta ley, es que hace once años fue presentada al Congreso y aprobada por la comisión respectiva, pero aún así, debido a la influencia de la oligarquía y los grupos de poder burgués, no ha sido aprobada por el pleno. Incluso autoridades municipales se decantan por la aprobación de esta ley, en la medida en que beneficiará a las poblaciones más vulnerables de Guatemala, a partir de la construcción de un tejido productivo basado en el fortalecimiento y tecnificación de la producción agrícola.

Un elemento importante de la propuesta de ley es que democratiza lo relacionado a las consultas comunitarias, pues las reconoce como medio legítimo y adecuado de participación social, así como la creación del Ministerio de Desarrollo Rural, el cual sustituiría y haría las veces del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, otro elemento importante es el relacionado al uso de los ecosistemas, el cual se plantea equilibrado y respetuoso con el medio ambiente; así como otros parámetros relacionados al comercio, siempre con miras a beneficiar al campesinado.

La ley 4084 dista mucho de ser una reforma agraria, como lo afirman los sectores de la oligarquía rancia guatemalteca, organizados en ANACAFÉ, el CACIF, la Cámara de Industria y la Cámara del Agro. Estos empresarios oligarcas afirman que se les quiere despojar de sus tierras, mientras que en realidad la ley posibilita el uso de tierras ociosas e improductivas, para el campesinado, generando con esto miles de empleos directos otros tantos más indirectos, y aunado a esto la posibilidad del aumento de la capacidad adquisitiva por parte de la población. Es claro que la aprobación y aplicación de esta ley no cambiará la estructura de la tenencia de la tierra ni resolverá todos los problemas ancestrales del campesinado indígena, pero sin duda mejorará sus condiciones de vida. Aún está por verse si, en caso de aprobarse la Ley de Desarrollo Rural Integral, se logra reglamentar su aplicación efectiva, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, con la Ley de Vivienda aprobada a inicios del año.

Falta de consensos

El atraso a la aprobación del proyecto de ley se debe a dos factores: el primero es la inestabilidad que existe en el congreso a partir de las interpelaciones impulsadas por la bancada de Libertad Democrática Renovada, que no se logran llevar a cabo por no tener quórum, el cual a su vez no es logrado por la oposición a los procesos de interpelación por parte del Partido Patriota. Por otro lado, las enmiendas que se han propuesto al proyecto original tanto por parte de las gremiales empresariales como por parte de algunas bancadas legislativas a lo interno de la Asamblea. En la última semana de noviembre, durante tres días, la Junta Directiva del Congreso trató de que se aprobara la ley, pero fue imposible lograr el quórum necesario. Las maniobras de la oposición, de las cámaras empresariales y de diputados del mismo PP, a pesar de la posición del presidente y la vicepresidente a favor de la ley, evitaron su aprobación.

Este episodio puso de manifiesto también las diferencias entre el gobierno de Pérez Molina y los sectores más reaccionarios del empresariado. La política presidencial es negociar y hacer concesiones, con el fin de lograr “paz social” que permita el fortalecimiento del Estado y que éste priorice el combate a la delincuencia y el crimen organizado, mayor estabilidad, y en última instancia, un buen clima para la inversión capitalista y los negocios. Pérez Molina ansía lograr con el campesinado el mismo tipo de acuerdos logrados con los principales sindicatos del magisterio y de trabajadores de salud, y por ello impulsa la aprobación de la ley 4084. La oligarquía, en cambio, prefiere una política más inflexible, retener el control, dando a la vez dádivas por medio de programas como la “responsabilidad social empresarial”, cruzadas de jóvenes de las universidades privadas que construyen viviendas para los pobres y otras engañifas por el estilo.

Esta ley debe aprobarse pronto, pues no es solo una ley que ha sido discutida a lo interno del Congreso de la República, sino además ha sido suficientemente discutida por distintos sectores de la sociedad, esto a partir de la marcha indígena y campesina que se diera en marzo, desde Cobán, Alta Verapaz. El principal punto de discusión relacionado con esta ley es el artículo 10, que ha recibido contrapropuestas. Éste básicamente establece que se promoverá la democratización del uso y tenencia de la tierra, sin embargo no menciona la palabra expropiación ni su espíritu es el de confiscar las tierras a los dueños de las mismas, en función de otorgárselas a los campesinos y que ellas y ellos puedan hacer uso de la misma. Sin embargo aunque dicho artículo no establece esto, esta ha sido la interpretación de los sectores empresariales. Los representantes empresariales aseguran que dicha ley no debiera aprobarse en tanto que no se ha consensuado lo suficiente, siendo que  la misma ha sido discutida por más de seis meses. Por otro lado cabe citar a Alberto Brunori quien funge como representante de Naciones Unidas, al referirse a la aprobación de la ley como una deuda que el gobierno tiene con los pueblos indígenas.

La lucha debe seguir

Pronto comenzará el 2013, y con esto nuevas coyunturas que girarán en torno a las principales banderas de lucha que se izaron en 2012. La relacionada con las luchas populares sobre la tierra será una de ellas. La unidad de las organizaciones campesinas será fundamental para lograr éxitos, y la lucha debe expresarse en todos los espacios de organización popular y participación política. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), cree en esto firmemente y apoya la  lucha campesina e indígena por la aprobación la Ley de Desarrollo Rural Integral, enfatizando a la vez que una verdadera transformación de la democracia y del sistema político sólo será posible por medio de una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Carta Magna que transformen el país a favor de los desposeídos.

Por Leonardo Ixim

El pasado viernes 14 del mes en curso, la Comisión Nacional del Salario, órgano paritario conformado por representantes de los sindicatos  y centrales sindicales de trabajadores, las cámaras empresariales y el gobierno a través de los  ministerio del trabajo  y economía, finalizaron el proceso de revisión del salario mínimo para determinar el valor del mismo en 2013.

Como era de esperar, el resultado fue el mismo de los últimos años, es decir un irrisorio y mísero aumento, esta vez del cinco por ciento. A diferencia de años anteriores, al final el acuerdo contó con el aval tanto de empresarios, trabajadores y gobierno, pues en anteriores ocasiones no se había producido un consenso y el monto del incremento había sido decidido por el presidente de turno.

Este 5 por 100 implica que se aumenta el salario mínimo en Q 3.40 al día para actividades agrícolas y no agrícolas, y Q 3.13, para actividades de exportación y maquilas. Es decir, el nuevo salario mínimo por día en el primer caso será de Q 71.40, y en el segundo será de Q 65.63. Mensualmente el primero será de Q 2,421.75 y en el segundo caso de Q 2,246.24. Esto mientras que la Canasta Básica de Alimentos se ubicó en noviembre en Q 2,609.10, y la Canasta Básica Vital en Q 4,761.13, según reporta el Instituto Nacional de Estadísticas (Prensa Libre 15 de diciembre de 2012).

Este supuesto consenso es resaltado en la prensa burguesa y alabado sobre todo por empresarios y funcionarios gubernamentales, pues los representantes sindicales mostraron cierto descontento. Según Edwin Ortega, representante de los trabajadores en la Comisión Nacional del Salario, “este aumento es insuficiente debido a que son situaciones de carácter estructurales” (Ibídem). Un poco más  molesto se mostró Victoriano Zacarías de la Central General de Trabajadores de Guatemala, quien criticó a la parte patronal por negar cualquier reajuste ya que la clase trabajadora se mantiene en la pobreza y sin poder  alcanzar ambas canastas (La Hora, 16 de diciembre de 2012).

Por otro lado el sector empresarial y el gobierno se congratularon diciendo que este infeliz aumento se debió a la aplicación de  una “formula técnica” que en palabras del titular del Ministerio de Economía, Sergio de la Torre, toma en cuenta la productividad, la proyección de la inflación, la capacidad empresarial y supuestamente las necesidades de los trabajadores (Siglo 21, 12 de diciembre de 2012).

Intuimos que esta supuesta formula técnica que aparentemente toma todos los factores económicos buscando un equilibrio entre las utilidades y ganancias empresariales, la necesidad de reproducción de la fuerza de trabajo y el nivel de precios de productos, es en el fondo otra forma de maquillar la explotación de la mano de obra, escondiendo un hecho que todas las teorías y formulas mágicas burguesas tratan de escamotear: la apropiación de una parte del producto del trabajo realizado por la fuerza laboral, elemento substancial en la generación de ganancias y del funcionamiento de la economía capitalista.

Este “gran acuerdo” se llegó después de que la propuesta empresarial era aun mas mezquina, un aumento del dos por ciento, la gubernamental de un tres y la de algunas organizaciones sindicales del 47 por 100. Además de que dentro de sector sindical, si bien todos  cuestionaron la postura empresarial, algunas centrales como el Frente Nacional de Lucha (FNL) y la Asamblea Nacional Magisterial (ANM) apoyaron la del gobierno. Distinto fue el caso de  Unsitragua, que en todo momento cuestionó y desenmascaró las actitudes de las patronales.

Pero ¿qué pasó con la mayoría de las organizaciones sindicales que denunciaron las actitudes de los representantes burgueses, nos referimos a Unsitragua, CUSG o CGTG entre otras, que no lograron un aumento mayor? Pues por lo menos en el caso de las que tienen su mayor militancia en el sector privado, como son las centrales mencionadas, las trabas legales y amenazas de despido en parte por la situación de desempleo en la economía, muchas veces las imposibilitan accionar.

Por otra parte, en el caso de los salubristas, aglutinados en su mayoría en el FNL y los maestros en ANM, que tienen más posibilidades de movilizarse, en los últimos meses sus dirigencias, sobre todo en el caso del magisterio, han tenido una política de claudicación hacia el gobierno. Éste por su parte, muy inteligentemente, ha prometido un reajuste salarial a los empleados públicos para el próximo año.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que no podemos dejar que la patronal aglutinada en el Cacif y este gobierno neoliberal de extrema derecha, hagan caer la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora; por tanto es fundamental que los sindicatos y centrales sindicales conformen en todos los centros de trabajo, órganos que se movilicen para que se cumpla mínimamente el aumento del salario mínimo, pero sobre todo que exijan la firmas de contratos colectivos que tengan como base un salario mayor a la Canasta Básica Vital.

De igual forma consideramos que las bases y sindicatos de las distintas centrales se deben organizar en función de exigir una democratización de estas y tener dirigencias comprometidas a luchar por los intereses del proletariado.

Por Leonardo Ixim

En el marco del día de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-,  celebrada el pasado sábado 1 de diciembre, la burocracia universitaria celebró como habitualmente hace con bombos y platillos, derrochando una cantidad de recursos. Esta es una fecha con mucha carga simbólica e histórica, pero que en los últimos años las mafias y los intereses sectoriales enclavados en tal burocracia  han manchado.

Se conmemora el momento en que los constituyentes de 1945, que elaboraron la Constitución de la revolución democrática, le otorgaron a toda la comunidad universitaria un elemento que es una de las conquistas mas sentidas de nuestro pueblo, la autonomía política, administrativa y académica de la Universidad de San Carlos con respecto al Estado. Pese a que es parte de éste, la Usac es a la vez autónoma en cuanto a sus decisiones y proyecciones con respecto a la sociedad; uno de los principios que acompaña esta autonomía es el cogobierno estudiantil, es decir el gobierno autónomo de los estudiantes.

Todo esto implicaría para la USAC  que en buena parte del siglo pasado la U tuviera un compromiso político y social con las amplias mayorías, la clase trabajadora y un claro brillo de transformación social para la edificación de una sociedad distinta. La Universidad pagó muy caro por esta situación, pues por tal razón fueron asesinados, desaparecidos y mandados al exilio mucho de los más destacados académicos, estudiantes y trabajadores que cayeron bajo la represión  del Estado y su ejército.

Pero lo mas grave de todo esto no fue que buena parte de la inteligentzia de este país fuera diezmada y se convirtiera en un componente más del genocidio y exterminio contra la clase trabajadora. La contra revolucionaria constitución de 1985 le otorgó a la Usac la capacidad de intervención en órganos del Estado, específicamente en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, entre otras instituciones oficiales. Con una correlación fuerzas distinta, esta situación se hubiera aprovechado de mejor manera, pero en los hechos sucedió que nuestra Alma Mater se convirtió en un botín político para las fuerzas de derecha y mafiosas, que hicieron  de la universidad su modus operativo y su base de intervención.

Ataques a la autonomía

En los últimos años, tanto desde dentro como desde fuera, ha habido fuerzas que, ya sea por acción conciente o por omisión que raya con la irresponsabilidad y la ilegalidad, han propiciado con su accionar que la autonomía universitaria se vaya socavando.

Así, recordamos la acción de inconstitucionalidad que irresponsablemente 13 docentes en 2007 interpusieron ante la Corte de Constitucionalidad –CC- en cuanto al sistema de votaciones y representación de las juntas directivas de facultades, aduciendo falta de igualdad en todos los cuerpos eleccionarios, cuestión que implicó eliminar el derecho de los estudiantes a votar por representantes docentes. Este fallo de la CC fue ilegítimo porque trastocó la Ley Orgánica sin el consentimiento de la comunidad universitaria. Ante esta situación el Consejo Superior Universitario (CSU) se quedó callado y su única medida fue mantener, después del fallo de la CC, un desacato jurídicamente insostenible, aceptando posteriormente la autoritaria decisión de la CC.

Las tomas del campus en el 2010

Esta alarmante situación en contra de la autonomía universitaria provocó que en 2010 sugiera el colectivo Estudiantes Por la Autonomía –EPA- y protagonizara dos tomas del campus central no sin diferencias interiores por la heterogeneidad ideológica y social de tal alianza. En ese momento el PSOCA apoyó la lucha de EPA pese a las críticas sectarias de grupos con tendencia estalinista, porque era una demanda democrática. Tales tomas se hicieron con el apoyo de otros grupos estudiantiles que ocuparon varios campus en el interior del país con demandas propias, además del tema de inequidad para con el estudiantado en el sistema de representación.

A raíz de tales medidas heroicas se logró el establecimiento dos mesas de discusión. Una de carácter vinculante que después de un año y medio formuló un proyecto de modificación a la composición de las juntas directivas, poniendo en igualdad de tiempos a los representantes de los tres cuerpos (estudiantes, docentes y profesionales), eliminando privilegios para  los docentes que votan tanto por sus representantes como por profesionales y modificando el sistema de votación, de uno basado en colegios electorales, a otro directo.

Sin embargo, hay dos elementos en este proyecto que son un peligro para el ejercicio democrático de eligir y ser electos: se regulariza una reelección para el decano, algo que es muy cuestionado por la comunidad universitaria y en última instancia si hay empates, en los cuerpos electorales el CSU tiene la palabra para decidir quién gana. En ese sentido, los representantes de EPA al final dejaron mucho que desear, pues no impidieron que se aprobara este aspecto. Por otro lado, algo que hemos valorado es la composición actual del Congreso de la Republica, único ente  con la potestad de modificar Ley Orgánica de la Usac; en la actualidad la correlación de fuerzas en el Congreso desfavorable para la aprobación de reformas progresistas. Además, antes de introducir el proyecto de reforma a la Ley Orgánica al Congreso, es necesaria su discusión con la comunidad universitaria.

De la otra mesa, la de reforma universitaria, se hablara al final. En cuanto al problema de la reelección, durante 2011 un grupo de docentes interpuso un recurso de inconstitucionalidad en el marco del estado de derecho ante la CC, debido al vicio de que por lo menos cinco decanos (arquitectura, medicina, ingeniera, económicas y farmacia) se han reelegido ilegalmente usando como base unos artículos del estatuto de Universidad que contradicen a la Ley Orgánica. Este estatuto es jerárquicamente menor con respecto a la Ley Orgánica y además nunca fue publicado en el diario oficial, requisito para que entre en vigencia cualquier ordenamiento.

El CSU actuando nuevamente  de forma criminal ha avalado a estos decanos, pues son parte de este órgano y de las mafias que controlan la universidad. No hace muchas semanas, la CC con claros vínculos con las pandillas enquistadas en la Facultad de Derecho, amarradas a la oligarquía y al crimen organizado, declaró sin lugar la acción interpuesta por estos docentes. Sin duda este fue otro golpe más a la autonomía, porque esta instancia de carácter omnipotente, cual corte celestial,  vuelve a modificar el ordenamiento interno del Alma Mater en función de los intereses del poder establecido, afectando aun más la ley orgánica.

La situación de la Asociación de Estudiantes Universitarios

La otra acción tiene que ver tanto con el tema de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU, que como sabemos está secuestrada y en los hechos destruida desde hace mas de 10 años por grupos de derecha que se dedican actividades delictivas) y con la inútil toma que en septiembre pasado realizó un grupo de estudiantes que se autodenominaban parte de EPA acompañada oportunistamente por otros grupos como el FEU. En dicha toma uno de los acuerdos fue que supuestamente para garantizar la transparencia en las elecciones para AEU, que se deberían llevar a cabo en octubre de este año, se conformara de parte del CSU una comisión garante. Esto en la práctica fue una violación al sentido del cogobierno estudiantil, y por tanto a la misma autonomía universitaria.

Realmente no sabemos si fue ingenuidad de parte de los estudiantes que negociaron ese acuerdo o componendas de éstos con las cúpulas corruptas que controlan la universidad y la AEU. Sin embargo lo sustancial en relación a las elecciones se quedo en el aire, posponiéndose no se sabe para cuándo; si antes las mafias que controlaban la asociación estudiantil estaban en el poder por medio de artimañas y fraude electoral, hoy el CSU y esa facción supuestamente de EPA les da la legalidad de mantenerse en el control de AEU. Ante eso el PSOCA considera que no es el momento de exigir elecciones justas pues la AEU ya esta trastocada, sino de reformar desde abajo la institución.

Importantes luchas recientes

A la par de todo lo descrito se han dado en los últimos años importantes luchas estudiantiles, aunque fragmentadas en parte debido a que EPA no pudo aglutinar a mas colectivos estudiantiles y en parte debido a esta situación de enclaustramiento propio de la hegemonía neoliberal. Algunas importantes luchas han sido por ejemplo:

En la Facultad de Ingeniería en contra de la mala formación pedagógica y el abuso de los docentes; en el Centro Regional de Quiché contra las pésimas condiciones de la infraestructura y la imposición de autoridades; en la Escuela de Historia contra el clientelismo y la compra de votos a los docentes que se vendieron a los factores del poder establecido; en la Escuela de Psicología y la Facultad de Medicina por recuperar las asociaciones que estaban en manos de camarillas delincuenciales, situación que en psicología todavía no se ha solucionado; en la Facultad de Ciencias Económicas en contra de las políticas aplicadas en el Reglamento de Evaluación de Estudiante que provocó, sin importar las causas, que muchos estudiantes tuvieran que dejar de estudiar; en su momento planteamos la necesidad de suspender temporalmente el articulo 27 mientras no se discuta en el proceso de reforma universitaria.

Además ha habido importantes cambios en las direcciones de unidades académicas tales como las escuelas de Historia y Trabajo Social o en el Centro Regional de San Marcos, donde nuevas autoridades con visiones democráticas y académicas han ganado por el apoyo estudiantil. La dirección del sindicato de trabajadores STUSC fue ganada por una corriente clasista y combativa en contra de la anterior plegada a los intereses de la patronal, y la nueva directiva tiene como retos exigir la aprobación del plan de prestaciones y fomentar la participación de los trabajadores en el proceso de reforma universitaria.

Por una reforma universitaria participativa

Después de dos años, la Comisión Multisectorial para la Elaboración de Bases y Metodología de la Reforma Universitaria, concluyó su trabajo, no sin críticas por no estar informando de su trabajo, pero contrarrestando las acciones que los representantes del CSU y otros actores buscaron para entorpecer el proceso. Al final estos últimos presentaron una propuesta sesgada y tecnicista, a diferencia del de la Comisión, que se caracteriza por definir una ruta estratégica para realizar un proceso participativo. Ahora le toca al CSU aprobar  la propuesta de la Comisión Multisectorial y no hacer una miscelánea de ambos.

En este proceso fueron el sector estudiantil, junto a los representantes de EPA y del movimiento maya universitario los que abordaron desde planteamientos de vanguardia la necesidad de una universidad comprometida con la clase trabajadora que se centre en la formación de profesionales competentes y críticos. Es importante resaltar la visión maya que influenció la propuesta, pues maneja como horizonte el rescatar saberes y una producción de conocimientos  no centrados en la nación monoétnica, ladina y en última instancia capitalista y neocolonial. De igual forma mujeres organizadas, docentes y trabajadores platearon la necesidad de garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad universitaria y de edificar una universidad científicamente óptima pero cuestionadora al status quo.

Ahora toca elaborar un diagnóstico general universitario centrado en las características mismas de las distintas unidades académicas. Esta tendrá entre algunos elementos a tomar en cuenta, el acceso a la educación, la reforma de los órganos de gobierno, el acceso equilibrado a la distribución de los recursos, basándose en los tres pilares de la universidad a saber, docencia, investigación y extensión. Conformando comisiones de trabajo representativas de trabajadores, docentes, estudiantes, universitarios mayas, xinkas y garifunas y mujeres organizadas, que tendrán la tarea de preparar técnicamente los elementos a discutir en el congreso compuesto por los sujetos anteriormente mencionados. Las autoridades en todo momento, por el carácter constitutivo y resolutivo del proceso, tendrán que acompañar, respaldar y participar en las instan cias que se creen para tan titánica tarea.

Por tanto, es fundamental que el estudiantado, motor de transformaciones, se involucre tanto en la reforma universitaria como en la reforma a la AEU y en esa tarea es necesario seguir informando sobre el proceso de cambio que necesita la universidad.