Por Leonardo Ixim

Después de dos años de trabajo caracterizado por acciones dilatorias de parte de los sectores conservadores de la Universidad San Carlos (USAC), la Comisión Multisectorial Para la Elaboración de Bases y Metodologías de la Reforma Universitaria, completó el documento que servirá de ruta estratégica para implementar el proceso de reforma. Este proceso implica transformaciones políticas, administrativas y académicas de la USAC en el marco del respeto y el derecho de la autonomía universitaria.

Fue un trabajo arduo a causa de las acciones entorpecedoras de los representantes del Consejo Superior Universitario (CSU), respaldado por los representantes de escuelas no facultativas y centros universitarios del interior del país, por la Asamblea de Colegios Profesionales e inicialmente por el Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC), quienes se separaron de la comisión y presentaron una propuesta antidemocrática. En el caso del CSU, esto implicaba una violación a los acuerdos firmados con Estudiantes Por la Autonomía (EPA) hace dos años.

Por otra parte, los representantes estudiantiles de EPA, de los grupos organizados de mujeres y del movimiento universitario maya,  siempre estuvieron a la vanguardia en lo que se refiere a plantear un movimiento de reforma incluyente y realmente transformador en base al derecho a la educación superior pública. A partir de ese papel, se logró consensuar con los docentes progresistas una propuesta de avanzada.

Al interior de EPA (conformada por una alianza de grupos estudiantiles) hubo diferencias sobre todo con los colectivos de las facultades de ingeniería y ciencias económicas, los cuales se retiraron del proceso, quedando solamente representantes de las escuelas de historia y ciencia política, quienes mantuvieron vivo el espíritu con que se conformó tal colectivo. Sin embargo esta situación repercutió en la composición interna de dicha agrupación, la cual sufrió resquebrajamientos, como se evidenció en la reciente y fallida toma de parte de estudiantes autodenominados EPA.

El lamentable papel de los representantes iniciales del STUSC, que respaldaron a la patronal, fue modificado tras las elecciones de directiva realizadas en julio pasado, en las que ganó una planilla clasista e independiente; esta nueva directiva cambió a sus representantes, que apoyaron la propuesta. La Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales por su parte, quedo desgastada a su interior, profundizándose una tendencia de falta de representatividad de esta directiva con sus agremiados; los directores de escuelas y centros universitarios en la Comisión perdieron todo tipo de legitimidad, pues en varias de estas unidades académicas hubo elecciones, ganando sectores democráticos.

Ahora que el documento fue presentado ante el CSU, éste no puede rehuir su responsabilidad, tiene que aprobarlo sin cambios, desconocer la otra propuesta y echarlo andar. Por la naturaleza del acuerdo firmado con EPA y del proceso, caracterizado por ser constitutivo y participativo, el CSU tiene que apoyar la implementación de la etapas siguientes, sobre todo la de precongreso, cuya finalidad es elaborar un diagnóstico por unidad académica orientado por un planteamiento general acerca del papel de la universidad para con la sociedad.

Los sectores universitarios democráticos deben fortalecerse como movimiento ético y académico en un diálogo con las organizaciones populares; aquí el estudiantado tiene que asumir el papel de vanguardia para lograr una universidad vinculada con la clase trabajadora.

Por último, cuestionamos la forma en que se realizarán las elecciones  para la nueva directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), cooptada por intereses de derecha, pues como resultado de los espurios acuerdos con que finalizó la toma del campus a mediados de agosto, se abren las posibilidades para que el CSU intervenga vergonzosamente. Éste decidió formar, junto a la desprestigiada Junta Directiva de AEU, una comisión para garantizar la supuesta transparencia en las elecciones. Esto es una violación flagrante a la autonomía universitaria y al principio de cogobierno. En ese sentido llamamos a los colectivos estudiantiles a denunciar esta monstruosa situación, pues consideramos urgente una reforma a la estructura de la AEU, lograr su democratización y que acompañe el proceso de reforma universitaria.

Llamamos pues al estudiantado a movilizarse para impedir que el CSU altere el documento entregado por la comisión de reforma, organizando comités pro reforma universitaria en todas las unidades académicas, y en defensa de la autonomía del movimiento estudiantil, rechazando la injerencia de las autoridades en los asuntos de la AEU.

 

Por Fernanda de la Vega y Delgado

Recientemente se llevaron a cabo las elecciones para elegir al nuevo Secretariado de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala (AECP), hecho que debe ser analizado desde el punto de vista del quehacer político-estudiantil como reflejo del quehacer político en Guatemala.

Las elecciones se realizaron en medio de un ambiente de extrema polarización en el que convergen algunos factores a los cuales es necesario poner atención: En principio, un ambiente per se hostil dada la falta de información proveniente por parte de las autoridades de la Escuela, quienes se niegan a dar información sobre el proceso de reforma curricular impulsado desde la dirección de la Escuela, además del respectivo informe sobre la ejecución presupuestaria de los fondos de la escuela, que es desconocida por la mayoría de estudiantes. Además de esto, el problema de los concursos de oposición para asignación de cátedras a profesores, que a todas luces se da en un claro ambiente de clientelismo político y favores políticos, relacionados con el proyecto político impulsado por la Directora de la Escuela de Ciencia Política Sra. Geidy de Mata, y que afecta a esta unidad académica.

Los Números

Este es el contexto en el que se dan las elecciones, que por sí solas son históricas, tomando en cuenta la poca tradición de participación electoral que las elecciones de asociaciones estudiantiles tienen en la Universidad. Para el caso de la Escuela de Ciencia Política (ECP), -con una población estudiantil de 1627 estudiantes inscritos- se emitieron 569 votos válidos en la primera vuelta, que tuvieron la siguiente distribución: Planilla 1: 210 votos, Planilla 2: 233 votos, Planilla 3: 72 votos y Planilla 4: 40 votos; votos nulos: 12 votos y en blanco: 2 votos. Tomando en cuenta la marcada indiferencia del estudiantado, esto de por sí es un avance. Para la segunda vuelta los resultados fueron los siguientes: Total de votos: 560. Planilla 1: 248 votos, Planilla 2: 288 votos, Votos nulos: 24 votos, Votos en blanco: 2 votos.

Las Planillas

No obstante que los resultados a nivel electoral son alentadores en cuanto a la participación del estudiantado, lo cierto es que hay que hacer algunas acotaciones para entender de mejor forma estos resultados. En principio la campaña se caracterizó por un nivel de debate muy bajo entre las distintas planillas, sobre todo las que lejos de privilegiar el diálogo, privilegiaron las descalificaciones sin sentido, fiestas, exceso de propaganda en todos los niveles, una clara muestra de la falta de propuestas de fondo por parte de estas planillas. Algunos miembros de una de ellas que -la que pasó a segunda vuelta-, están ligados a la desprestigiada Asociación de Estudiantes Universitarios, y fue muy notorio el abierto apoyo de las autoridades hacia este grupo político, incluyendo el hecho de que algunos catedráticos llamaron a sus estudiantes a votar por sus candidatos. Esto fue así porque esta planilla a todas luces está alineada al proyecto político impulsado desde la dirección de la ECP. 

¿Por qué Integración Estudiantil?

Lo cierto es que la Planilla 2, que fue la ganadora, supo salir al paso de las otras representaciones estudiantiles, además de impulsar una campaña recatada y con pocos recursos; en términos generales porque supo articular los esfuerzos necesarios para construir un proyecto político y una propuesta programática coherente y que recogiese todas las necesidades y aspiraciones del estudiantado de la ECP. Mónica Mazariegos, secretaria general electa, debe unificar al estudiantado de esta Unidad Académica, realizando un plan de trabajo que, partiendo de las problemáticas diarias le anime a participar activamente no sólo en la vida política de la ECP, sino en la de la Usac en general. Corresponde al estudiantado acompañar los procesos políticos impulsados desde la asociación, y a las planillas que no triunfaron atañe la labor de acompañamiento, fiscalización y auditoría social hacia la planilla ganadora y su secretaria general. Es urgente una Asociación de Estudiantes que cuestione, critique y proponga; y no una que siga las instrucciones emanadas desde la dirección.

El Partido Socialista Centroamericano saluda este proceso; a su vez se solidariza con la actual AECP y el “grupo de profesores dignos”, quienes son víctimas de una persecución directa y sin cuartel por parte de la dirección de la Escuela de Ciencia Política.


Por Armando Tezucún
La brutal represión del 4 de octubre efectuada por miembros del ejército contra comunitarios indígenas que protestaban, no ha amedrentado a las organizaciones populares, que continúan levantando su voz de protesta. Y es que la percepción general es que el gobierno atraviesa una crisis, provocada por la ejecución extrajudicial de los 8 compañeros. En estos momentos en que Pérez Molina y su equipo se esfuerzan por salir bien parados en el tema del asesinato de los comunitarios, las autoridades  no pueden permitirse una nueva represión violenta, pues agravaría su desprestigio a nivel nacional e internacional, y enfurecería más a los sectores populares.
Como expresó Lolita Chávez, dirigente del Consejo de los Pueblos K’iché’s “Más que meternos miedo con la muerte (de los seis pobladores de Totonicapán), nos fortalecen, porque si nos van a matar por defender la vida, tenemos que estar más organizados que nunca” (Siglo XXI 20/10/12). Aun así, las dirigencias tratan de ser prudentes, como los líderes de los 48 cantones de Totonicapán, que anunciaron una movilización masiva para el 23, especificando que no efectuarán bloqueos (Idem).
Comunidades continúan bloqueando carreteras
A partir del 8 de octubre,  durante al menos cinco días, unos 500 habitantes de caseríos y aldeas de Malacatán San Marcos, bloquearon durante ocho horas diarias varios puntos de las carreteras vecinas. Organizados en la Asociación Civil Malacateca, los pobladores protestan contra el alto precio de la energía eléctrica impuesto por la empresa Energuate (que remplazó a Unión Fenosa) y por la liberación de su dirigente Froilán López, apresado injustificadamente en septiembre.
Además reclaman el cese de la persecución contra sus líderes, el esclarecimiento de la muerte de su dirigente Víctor Gálvez y justicia por la muerte de los comunitarios indígenas muertos el pasado 4. (Con información de Prensa Libre y Siglo XXI, ediciones electrónicas del 9,10 y 12 de octubre).
Solidaridad con el pueblo de Totonicapán
El tema de la masacre de los compañeros ejecutados por los soldados ha sido el centro de las movilizaciones, ya sea de forma exclusiva o acompañando otras demandas específicas. El 9 de octubre las organizaciones de la Marcha Indígena, Campesina y Popular realizaron una caravana de solidaridad y apoyo a las autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán y las familias de los compañeros muertos.
Desde la capital y otros departamentos, representantes de grupos campesinos y populares, estudiantes de la Universidad de San Carlos se enfilaron al lugar donde fallecieron los comunitarios a manos del ejército, depositando ofrendas florales, culminando la actividad con un acto en el parque central de Totonicapán junto a pobladores y dirigentes de los 48 cantones (Siglo XXI 9/10/12).
Los estudiantes normalistas siguen en pie de lucha
El tema del cambio en la carrera de magisterio ha vuelto a movilizar a estudiantes y otros sectores de la población, esta vez combinado con la demanda de justicia por la ejecución de los compañeros indígenas el 4 octubre. Recordemos que una de las demandas que planteaban los 48 cantones de Totonicapán ese día era precisamente que el Ministerio de Educación de marcha atrás en la imposición que pretende hacer en el plan de dicha carrera.
El 10 de octubre, en la ciudad de San Marcos, estudiantes normalistas marcharon vestidos de negro en protesta por la masacre del 4 de octubre, a la vez que de nuevo expresaron su rechazo al cambio en la carrera de magisterio (La Hora 10/10/12). Ese mismo día en la ciudad de Guatemala miles de trabajadores del sector de salud pública y miembros del Frente Nacional de Lucha procedentes del interior y de la capital marcharon exigiendo una investigación de los hechos que condujeron a la muerte de los 8 comunitarios, así como rechazando la ampliación de la carrera magisterial a cinco años y los cobros ilegales en la energía eléctrica por parte de la empresa Energuate. El dirigente del FNL Luis Alpírez declaró: “Estamos pidiendo una verdadera investigación por la muerte de campesinos de Totonicapán, también pedimos que el Ejército cumpla con su papel constitucional dentro de una sociedad civil. Además, queremos que  se revise con una tregua de dos años la propuesta de la Ministra de Educación” (La Hora 10/10/12).
Los compañeros normalistas volvieron a las calles el 15, finalizado la actividad frente a Casa Presidencial. Los compañeros, junto a miembros del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, exigían que se retome el diálogo en torno a los cambios en la carrera magisterial, pero rechazando reunirse con la ministra Del Águila, pues ella no ha cedido en su postura. Los estudiantes demandaban reunirse directamente con el presidente Pérez Molina. En la marcha realizada también pedían la renuncia de los ministros de defensa Ulises Anzueto y de gobernación López Bonilla, por la muerte de los comunitarios indígenas de Totonicapán.
Los recibió el comisionado presidencial para el diálogo Miguel Ángel Balcárcel, con quien acordaron una nueva ruta de diálogo que iniciaría la siguiente semana. Sin embargo el funcionario no prometió que hubiera resultados positivos para los compañeros. (Siglo XXI 16/10/12).
En efecto, el mismo 16 el presidente Pérez Molina dijo que el nuevo diálogo sería solo para aclarar dudas, sin prometer cambios a la propuesta oficial. “El Gobierno fijó una posición, pero estamos abiertos al diálogo, para aclarar dudas”, dijo el presidente (Siglo XXI 17/10/12). Según la prensa escrita, la postura reiteradamente intransigente del gobierno trajo desánimo entre los estudiantes de la capital, quienes renunciarían a continuar las movilizaciones: “Con este Gobierno no se puede hacer nada, nosotros ya hicimos lo que pudimos, pero no vamos a meternos más a problemas, y continuaremos con nuestras clases”, dijo David Alemán, estudiante del Instituto Normal para Varones (ídem). Alemán dijo que continuarían con el diálogo por solidaridad con compañeros del interior, que continúan en oposición.
Los normalistas del interior continúan en pie de lucha. Estudiantes y padres de familia de las escuelas normales de los 19 municipios del departamento de Sololá realizaron una caminata de protesta en rechazo a los cambios en la carrera de magisterio, entregando memoriales en la Gobernación Departamental y en la Dirección Departamental de Educación (Prensa Libre 17/10/12).
El gobierno empieza a ceder
No cabe duda de que desde mayo el gobierno y en particular la ministra de educación han estado sometidos a una gran presión para que se reconsideren los cambios que quieren imponer en la formación de maestros de educación primaria. Al inicio los normalistas estaban casi solos, pero poco a poco otros sectores populares han hecho suyo el rechazo a la propuesta oficial, al punto de que la protesta en que fueron ejecutados los 8 comunitarios de Totonicapán incluía la demanda como uno de los tres motivos de la movilización. El reclamo de los estudiantes está incluido en las protestas de casi todos los demás grupos, y los normalistas han hecho suyas otras demandas populares.
A pesar del desencanto de algunos normalistas capitalinos, esta fuerte presión está dando resultados, pues la ministra del Águila declaró que es posible que las universidades que prepararían a los maestros reduzcan de 3 a 2 años el paso de los estudiantes por los establecimientos de educación superior. “Los decanos están discutiendo el tipo de carga académica que se le puede dar a la carrera docente, porque si el alumno tiene una carga académica completa puede terminar sus estudios en menos tiempo”, explicó Del Águila (Prensa Libre 18 10 12). Consideramos que este es un pequeño logro, resultado de la tenaz presión popular, que puede romper la testarudez del gobierno y dar paso a acuerdos que beneficien a los estudiantes. La próxima semana se tendrá una reunión con el presidente, y a pesar del rechazo de los normalistas, estará presente la ministra; las organizaciones populares deben continuar la presión para lograr resultados favorables.
Marchas el 12 y 20 de octubre
Las movilizaciones populares continuaron el Día de la Dignidad y Resistencia Indígena, Negra y Popular. Varios miles de compañeras y compañeros marcharon  en la capital y cientos en Quiché y Sololá, sosteniendo un bloque de demandas y reclamos: La aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, la suspensión de las licencias mineras de exploración y explotación, el cese de la injerencia del ejército en las acciones de seguridad ciudadana y la militarización, no a la criminalización de las luchas populares, la disminución del costo de la energía eléctrica, no a los cambios en la carrera magisterial, no a las reformas constitucionales propuestas por el gobierno y la renuncia de los ministros de defensa, gobernación y educación. La demanda central, sin embargo, fue el reclamo de justicia por la ejecución de los comunitarios el 4 de octubre. El 20, en celebración de la revolución democrática de 1944, nuevamente miles manifestaron por todo el país, enarbolando las mismas consignas y exigencias.
Los últimos acontecimientos trágicos que culminaron con la muerte de 8 compañeros han acelerado los procesos de acercamiento entre las diferentes organizaciones populares. Aunque no podemos hablar aún de un ente permanente que coordine a todos los sectores, la adopción de consignas comunes y la solidaridad entre los grupos en lucha es un paso de la mayor importancia hacia la unidad que permita enfrentar con fortaleza los ataques del gobierno.


Por Arnulfo Gómez
El pasado viernes 12 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas, a través de su “dirigente” Erick Archila (lacayo de la oligarquía nacional y de las transnacionales),  presentó una propuesta para reformar la Ley  de Minería. La misma propone cambios a 36 de los 80 artículos que contiene dicha ley. En estas modificaciones excluye a las consultas comunitarias y se propone crear un consejo minero que tendrá un representante de las industrias extractivas.
Queda claro que el Estado capitalista de Guatemala, controlado por la oligarquía nacional y las transnacionales, quieren a toda costa, seguir con el saqueo de los bienes y recursos naturales de nuestro pueblo, ya que las consultas comunitarias constituyen un contrapeso, para frenar el robo de nuestros recursos.
Esto es parte de una estrategia bien armada que va supuestamente desde lo “legal”, hasta  la aplicación de “mano dura”, con la  apertura de destacamentos militares en los lugares donde se encuentran los proyectos de minería o de extracción de petróleo, el hostigamiento y la represión de la población, el encarcelamiento y asesinato de líderes comunitarios, así también, campañas publicitarias en los medios de comunicación de mayor audiencia en el país y en fin un conjunto de tácticas militares y de propaganda para lograr sus objetivos sin tener oposición a su paso.
Con esto se deja a la deriva el derecho que tiene el pueblo de realizar las consultas comunitarias, ratificado en el artículo 65 del Código Municipal, el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y no quedará más que hacer valer nuestros derechos con tomas de carreteras, huelgas, paros y acciones cada vez más fuertes. Sin lugar a duda, nos están obligando a reaccionar con “Mano Dura”.
“La propuesta también establece que el porcentaje de regalías por la extracción de materiales de construcción será del 1%; en rocas decorativas, 2%; minerales no metálicos, metales básicos y piedras semipreciosas, 3% cada uno; metales preciosos y piedras preciosas, 5% cada uno; tierras raras, 10%, y 3% los minerales no contemplados” (Prensa Libre 13/10/12). ¿Cómo es posible que el Estado permita la invasión de nuestras tierras a cambio de miserables regalías?
Cabe resaltar, que esta propuesta de ley fue presentada al congreso el día en que la Selección Nacional de Futbol de Guatemala, tendría un partido decisivo, contra la selección de Jamaica, y la atención de toda la población iba a estar concentrada hacia ese juego de futbol, pues precisamente es el tipo de maniobras que utilizan los capitalistas con la ayuda de los medios de comunicación, para aprobar leyes a su favor y que nadie se dé cuenta.
A pesar de que el Presidente Otto Pérez Molina se había comprometido en tiempos de campaña a respetar las consultas comunitarias y a exigir un porcentaje mucho más alto de regalías, no es lo que en realidad está sucediendo. A continuación un extracto del diario la Hora “El actual presidente de la República, Otto Pérez Molina, el año pasado, cuando era candidato a la primera magistratura del país, dijo La Hora Política, del 30 de marzo, que propondría una ley minera “que regule estrictos controles ambientales, protección del agua y de la salud humana”, además, “que fomente la participación ciudadana y el derecho de consulta” …  “Así mismo…agregó que la iniciativa de ley que propondría, contemplaría “un incremento de regalías digno para el país y los guatemaltecos”…Sin embargo, el entonces candidato Pérez Molina, dijo en un foro organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, el 22 de agosto del año pasado, que el Estado debería obtener “no menos del 40 por ciento” por concepto de regalías mineras”.  (Diario la Hora Martes 16 de Octubre de 2012).
Sin lugar a duda, así como ha pasado a través de la historia, ellos, nuestros enemigos de clase, nos quieren despojar “democráticamente” de lo último que nos queda. Pues sólo hace falta recordar que en el siglo XVI, cuando vinieron los españoles y ocuparon nuestro territorio, reagruparon a nuestra gente en los llamados pueblos de indios. En el siglo XIX, con el desarrollo del cultivo del café, la oligarquía nacional confiscó las buenas tierras, desplazando a los indígenas y campesinos hacia las montañas y nuevamente en el siglo XX se desarrollan los cultivos extensivos de caña de azúcar, de algodón y los bananos de la United Fruit Company. Hoy en día es el petróleo, el turismo, las minas, las represas y los agro combustibles, en fin, lo que ellos llaman el “Desarrollo”, el pretexto ideal para sumirnos en la miseria y para seguir explotándonos aún más y no parar de saciar su sed de riqueza y poder.


Por Armando Tezucún

Después de casi siete meses de quietud y de actuar en acuerdo con el gobierno, los dirigentes de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), decidieron realizar una movilización masiva para presionar al presidente Pérez Molina a negociar algunos temas.

El 27 de septiembre cerca de 15 mil maestros (según estimaciones de la prensa escrita) marcharon desde el Obelisco en la zona 10 hacia el Ministerio de Educación, hasta el Congreso y la Casa Presidencial en la zona 1 de la capital, atravesando las zonas 9 y 4.

Entre las demandas planteadas estaba la derogación del Decreto No 2386-2012, que establece nuevas cantidades de alumnos que deberá atender el maestro en cada aula, aumentando a 29 en la etapa inicial, 40 en preprimaria, 50 en primaria, 55 en nivel medio y 60 en diversificado. Esto como parte de lo que el Ministerio llama “racionalización de recursos humanos”.  Además se demandaba la recontratación para el próximo año de 25 mil docentes que se encuentran bajo el renglón 021 al renglón 011, para garantizar su estabilidad laboral. También se reclamó la construcción de 10 mil nuevas aulas, la provisión de desayunos y refacciones escolares, libros y materiales. También reclamaban la firma del pacto colectivo y otros puntos acordados con el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti en octubre del año pasado, antes de que asumieran. El dirigente Joviel Acevedo amenazó con que si el gobierno no cumplía las demandas, los maestros impedirían el inicio del ciclo escolar 2013 (El Periódico 27/9/12).

Como hemos señalado en otras ocasiones, el actual gobierno ha logrado importantes componendas con los dirigentes de la ANM, y no fue difícil acordar soluciones para las demandas planteadas por la manifestación. Al igual que la marcha del 17 de febrero pasado, la del 27 de septiembre fue más una peregrinación para solicitar soluciones que una verdadera marcha de protesta.

Después de media hora de conversaciones, Pérez Molina accedió a derogar el decreto mencionado, prometió recontratar a los 25 mil maestros, se comprometió a dar continuidad al pacto colectivo sin ningún cambio durante 2013 y a trabajar para dar solución al resto de peticiones. El presidente declaró: “Vamos a trabajar juntos con el magisterio. Lo dijimos en campaña y lo reiteramos en la Presidencia, y los maestros van a estar siendo apoyados” (Prensa Libre 28/9/12).

Acevedo anunció que en noviembre saldrá otra vez a las calles para exigir al Congreso el aumento de la asignación a Educación hasta 15 mil millones de quetzales en el presupuesto 2013.

Los dirigentes de la ANM no mencionaron ni por asomo el gran debate que se está dando en el tema educativo en el país: el futuro de la carrera magisterial.

En este tema, las protestas han continuado después de que el Ministerio de Educación anunció la versión definitiva de la propuesta de cambio de la carrera de magisterio, que prácticamente es la misma presentada en mayo.

El 26 de septiembre, un día antes de la marcha de la ANM, el Colectivo de Egresados de Escuelas Normales y el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación de Guatemala realizaron una manifestación exigiendo que se suspendan las reformas a la carrera magisterial. Los miembros del FNTEG entregaron una carta a la ministra de educación solicitando una mesa de negociación para mejorar las condiciones laborales de los docentes, la entrega de fondos para la refacción escolar, el fondo de gratuidad y que no se elimine el programa de educación de Telesecundaria en 2013 (Prensa Libre 26/9/12). El mismo día estudiantes normalistas bloquearon la entrada al Congreso de la República, para trasladarse después frente a otro edificio donde se encontraba la ministra de educación Cynthia del Águila.

En San Marcos, Jalapa y Cobán normalistas y maestros realizaron acciones de protesta contra la reforma impulsada por el Ministerio de Educación.

Finalmente, el 4 de octubre estudiantes de magisterio se unieron a la convocatoria de los 48 cantones de Totonicapán, que realizó bloqueos de carreteras protestando contra el costo de la energía eléctrica, las reformas constitucionales propuestas por el gobierno y los cambios a la carrera de magisterio. Como sabemos, el ejército arremetió contra los compañeros en la Cumbre de Alaska, con el saldo de 8 muertos y más de 30 heridos.

Rechazamos la actitud colaboracionista de Joviel Acevedo y los dirigentes de la ANM y la abstracción que hacen de las demandas de los maestros respecto a la grave situación económica, política y social del país y las necesidades de otros sectores populares.

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