Por Marcial Rivera

La formación de la oligarquía Guatemalteca es un fenómeno interesante de analizar, en tanto que la conformación de la misma pasa por un proceso acentuado de robos y saqueos a los recursos naturales a lo largo de la historia. Interesante resulta entonces analizar también la conformación de las familias oligárquicas desde los tiempos coloniales hasta la actualidad, y que esta oligarquía tradicional se encuentra vinculada entonces con otros sectores oligárquicos a nivel Centroamericano. En la actualidad pueden distinguirse entonces distintos sectores oligárquicos en la escena política económica, sin que necesariamente estén desvinculados entre sí. Es decir que poseen nexos que les unen en gran manera, tanto al sector oligárquico tradicional, como el militar que gira en torno al gobierno de turno, como a la oligarquía emergente.

Lo importante de esto es destacar que pese a los distintos sectores oligárquicos existen, finalmente la oligarquía Guatemalteca es sencillamente rancia y atrasada. Una de las pruebas de esto, es la persecución llevada a cabo por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF -que se configura como la principal gremial empresarial Guatemalteca- en contra de representantes de organizaciones campesinas, específicamente el Comité de Desarrollo Campesino y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.

Esta persecución resulta en función precisamente, de las "enormes pérdidas millonarias" producto de los bloqueos de las diferentes vías de comunicación a lo largo y ancho del territorio nacional, específicamente de las principales carreteras. Las demandas de esta gremial empresarial se escudan también en la defensa -además de intereses económicos- de ciertos derechos y libertades básicos, que según ellos son violentados cuando se dan tomas de carreteras y manifestaciones, demandando también resultados concretos ya que al momento las autoridades no han puesto mayor atención. Sin embargo, Leocadio Jurarán, del Comité Campesino del Altiplano, "aseveró que no le parece válida la preocupación de los empresarios, ya que las manifestaciones son “legítimas” y son un derecho de los ciudadanos. Afirmó que mientras ellos se quejan de las pérdidas por las protestas, parece que no les preocupa la pobreza de la población rural" (Siglo XXI 19/9/12, Bloqueos dejan Q510 millones de pérdidas).

Una de las principales quejas del CACIF estriba en la ineficiencia y la pasividad del Ministerio Público, en el sentido que la fiscal general actúa con gran energía e ímpetu al momento de perseguir a miembros del ejército involucrados en masacres durante el conflicto armado, pero no hace nada en razón de este tipo de denuncias por los bloqueos; mientras que las autoridades lejos de buscar el diálogo y diseñar una solución que permita encontrar los puntos necesarios que resuelvan el problema, se dedican a romper cualquier vía de diálogo y perseguir a las y los dirigentes del movimiento campesino y obrero. Entre otras consignas, las principales demandas de la población giran en torno a la nacionalización de la energía eléctrica debido a los enormes cobros que se dan, así como la aprobación de la ley de desarrollo rural y otras demandas. En general el campesinado exige mayor atención por parte del gobierno central hacia sus demandas.

Parte de estas demandas que deberían atenderse de forma urgente, es la manifestación llevada a cabo el pasado cuatro de octubre en el área de cuatro caminos, en la cual distintas organizaciones campesinas y estudiantes de distintos niveles se manifestaban en contra de los altos cobros de la energía eléctrica, del alto costo de la vida, y rechazando las reformas constitucionales y a la carrera de magisterio. Sin embargo el salvajismo con el que fueron reprimidas y reprimidos las y los manifestantes, da cuenta del carácter abiertamente represivo que tiene el actual gobierno, y la poca voluntad de negociar, pero sobre todo el sector económico en función del cual gobierna.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechaza la persecución legal que el CACIF pretende hacer contra los dirigentes campesinos, y exhorta a las organizaciones indígenas y campesinas a no desmayar y a no doblegarse frente a las coacciones ejercidas por parte de los sectores oligárquicos, a partir de los actos abiertos de represión llevados a cabo el jueves cuatro de octubre. La población debe buscar la unidad en función de canalizar las demandas que con el pasar de los días cobran mayor vigencia.

Por Abelardo D.T.G

La masacre ocurrida el jueves 4 de octubre contra campesinos comunitarios mayas-kiches con el saldo de 8 asesinados y más de una treintena de heridos, tras la dispersión de parte del ejército y de la policía antimotines de una concentración de comunitarios en el sitio conocido como La Cumbre de Alaska en la carretera interamericana, plantea la naturaleza represiva de un gobierno dirigido por ex militares que sirve a los intereses del bloque en el poder y de las trasnacionales que roban los recursos naturales.

Aún no está claro cómo se dieron los hechos. Si la masacre fue una orden directa de Pérez Molina y sus ministros de defensa y gobernación, ello significaría un giro dramático en la política del gobierno, hacia una represión cruda, descarada y abierta. Este es el análisis de una buena parte de la izquierda guatemalteca, que anuncia el regreso de los años 80s. Pero la situación es más compleja y tiene múltiples aristas. El gobierno del Partido Patriota no es un calco de los gobiernos militares de los años del conflicto armado. 30 años no han pasado en balde. Pérez Molina pretende basar su gobierno en una democracia burguesa –sesgada, plagada de imperfecciones y parcializada hacia los poderosos- que mal que bien le exige seguir reglas. Guatemala tiene actualmente la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU y el presidente se ha presentado como el adalid de las formas alternativas de combatir el narcotráfico. Dar la orden de asesinar indígenas en una protesta pública acarrearía la desaprobación de la comunidad internacional y el desprestigio. La embajada de los Estados Unidos y el secretario general de la OEA ya han pedido una investigación, lamentando lo acontecido. La masacre de los compañeros se sale completamente de la línea que ha traído el gobierno en el manejo de las protestas populares.

Por ello nosotros pensamos que la represión brutal contra los comunitarios fue una tremenda metida de pata, tal vez una orden mandos medios que se salió de control. Sin embargo, el gobierno ha asumido la responsabilidad y la culpa al defender a capa y espada al ejército, divulgando mentiras que con el transcurrir de las horas se han visto desmentidas una tras otra. No creemos que en adelante la política del gobierno será abrir fuego contra toda protesta popular, Pérez Molina y sus secuaces no tienen las condiciones para hacer tal cosa. Pero no podemos permitir que el vil asesinato de los compañeros quede impune.

La actividad fue convocada por los 48 cantones de Totonicapán, una alianza de comunidades del departamento del mismo nombre organizadas bajo una forma de clanes, que data de antes de la invasión europea como parte de la Confederación k´iche. Recientemente los 48 cantones han sido participes de distintas movilizaciones contra las políticas neoliberales, las más recientes hace unos años en contra de la privatizadora ley de aguas que al final no fue aprobada en el Congreso de la República.

Las reivindicaciones de los 48 cantones tienen una perspectiva global y son de carácter democráticas, pues exigen parar el aumento de las tarifas del servicio eléctrico, la derogatoria de la propuesta de formación inicial docente que busca hacer desaparecer la carrera del magisterio, y que el gobierno central de marcha atrás a las neoliberales reformas constitucionales que está proponiendo.

Esto va directamente en contra del programa que impulsa el bloque dominante (agenda nacional de competitividad), ahora con el gobierno en manos del Partido Patriota. Este partido durante la pasada campaña presidencial fue financiado por elementos oligárquicos, pero además representa a un sector de la cada vez más fortalecida burguesía burocrático-militar. Este sector militar de la burguesía busca negociar una mayor tajada en los negocios que el capital trasnacional está impulsando a través de la búsqueda de socios minoritarios tanto en la oligarquía, como en este sector de la burguesía u otros cobijados al amparo de los partidos de oposición de derecha. 

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a conformar una Comisión de Investigación Independiente de parte de las organizaciones obreras, campesinas, populares e indígenas, no confiamos en las investigaciones del Ministerio Público o la propia CICIG. Estas investigaciones deben deducir responsabilidades para los autores materiales, pero sobre todo ubicar quienes dieron la orden de reprimir a las fuerzas de seguridad, siguiendo la cadena de mando de ambos cuerpos. Exigimos la renuncia de  los ministros de gobernación y de defensa,  por ser responsables directos de la masacre. Así mismo exigimos la desmilitarización de la seguridad pública.

Por Armando Tezucun

A casi 8 meses de la llegada de Otto Pérez Molina y su equipo  al gobierno, se hace imperioso analizar la política que ha impulsado, su implementación y los cambios que ha experimentado esta política.

El contexto en que llegó al poder el nuevo gobierno

El ascenso a la presidencia del general retirado Otto Pérez Molina el pasado 14 de Enero, debe ser analizado dentro del contexto de la profunda crisis social y prolongada crisis del Estado burgués en Guatemala.

Por Armado Tezucún

El martes 18 de septiembre la ministra de educación Cynthia del Águila anunció en conferencia de prensa la propuesta final del Ministerio en torno a la transformación de la carrera de magisterio. Respaldada por el presidente Pérez Molina, la vicepresidenta y sus viceministros, la ministra presentó básicamente el mismo planteamiento que hizo desde marzo: que los estudiantes cursen por dos años un bachillerato con orientación en educación y luego tres años de especialización universitaria. El 16 de agosto la Mesa Técnica que elaboró la propuesta de Formación Inicial Docente había presentado a la ministra una supuesta reelaboración del documento en el que tomaría en cuenta las sugerencias hechas durante el proceso de socialización; esta reelaboración tampoco había cambiado nada sustancial de la propuesta inicial.

Lo que vemos claramente es una actitud impositiva y autoritaria por parte del gobierno, que hace caso omiso de la oposición a esta reforma, que durante meses han expresado tanto en las calles como en mesas de diálogo los estudiantes, maestros, padres de familia y colegios privados. Como expresó la representante estudiantil Kendra Avilés, “Se nos dijo que iban a unificar en un mismo documento los planteamientos en los que ambas partes estuvieran de acuerdo, y no lo hicieron” (El Periódico 19/9/12). La burla y el desprecio del gobierno hacia las opiniones de los ciudadanos quedaron expresados en el comentario sarcástico de Pérez Molina “Los estudiantes de las escuelas normales no se ven afectados en nada y por eso no tiene razón para estar protestando. Ellos dicen que no es por ellos, sino por los que vienen atrás, pero ese no es problema de ellos” (El Periódico 19/9/12).

Tanto la ministra Del Águila como el presidente advirtieron que no permitirá protestas ni bloqueos y que giraron órdenes al Ministerio de Gobernación de proceder contra estas acciones.

Las reacciones contra la decisión del gobierno no se han hecho esperar. El mismo día del anuncio oficial de la ministra un grupo de maestros y estudiantes realizaron una marcha de protesta contra la reforma. En esta marcha tuvo un papel protagónico el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El sindicato denunció algunas políticas que el Ministerio implementará el próximo año y que afectarán los derechos laborales de los maestros, además de que manifestó su rechazo a la propuesta oficial de cambio en la carrera de magisterio. Estos compañeros docentes han manifestado su rechazo hacia el líder magisterial Joviel Acevedo y el equipo que dirige la Asociación Nacional del Magisterio desde hace cerca de diez años. Acevedo y su grupo participaron en la elaboración de la propuesta de Formación Inicial Docente y han tenido una actitud sumisa ante el actual gobierno pro-empresarial presidido por ex militares. En julio esta dirigencia oportunista fue rechazada por una asamblea de cerca de dos mil maestros de Zacapa y Chiquimula. Es de la mayor importancia que un gremio tan combativo como el de los compañeros docentes empiece a renovarse y sacudir el lastre que representa Acevedo y su grupo.

Durante esta marcha un grupo de estudiantes se acercaron al Instituto Normal Centro América con la intención de que se unieran a la actividad, pero fueron reprimidos por la policía, que capturó doce compañeros.

Las acciones de protesta han continuado. El 18 por la noche unas cuarenta estudiantes del Instituto Normal para Señoritas Belén tomaron a las instalaciones del centro educativo. La policía de inmediato rodeó el sector cerrando el paso de vehículos en los alrededores. El día siguiente, a eso de las 17:30, agentes de la PNC desalojaron a las compañeras utilizando escaleras para penetrar al edificio. Esta vez no hubo capturados.

Por otro lado, compañeros de la Escuela Normal Central para Varones decidieron no entrar a clases como medida de rechazo a la propuesta final impuesta por el Ministerio de Educación. En la ciudad de Totonicapán, el viernes 21 estudiantes y padres de familia tomaron el edificio de la Escuela Normal Rural Número 2 (ENRO); el dirigente estudiantil Samuel Baquix declaró: “No tememos y no queremos acción policial, respetamos a las autoridades, pero también queremos que nos respeten. Seguiremos con la toma. Queremos ser escuchados y no engañados como en otras ocasiones” (Prensa Libre 21 9 12).

Los compañeros normalistas han anunciado más acciones de protesta. Es el momento en que las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares debemos cerrar filas en solidaridad con la lucha de los estudiantes de magisterio. Debemos obligar al gobierno a deponer su actitud represiva, dar marcha atrás en la imposición de la propuesta y reiniciar el diálogo.