Por Marcial Rivera

El miércoles 8 de agosto se llevaron a cabo manifestaciones y tomas de carreteras por parte de grupos campesinos. En Huehuetenango se bloquearon los accesos a la cabecera de este departamento sobre la Carretera Interamericana; de igual forma se dieron otros bloqueos en Siquinalá, Cocales, Relahuleu, y La Virgen, Tecún Umán, Sololá, Nahualá, Río Hondo, Shinaxoj, Malacatán, Salcajá, Santa Lucía Cotzumalguapa, Patulul, El Zarco, Santa Cruz Muluá, Chicaca y Pajapita.

Estos bloqueos fueron impulsados por parte del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que figura como una de las organizaciones campesinas que se encuentra al frente de las demandas que el sector le hace al gobierno. Ante la toma de carreteras en distintos puntos del territorio nacional, el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, afirmó que quien resistiera la ley se iba a consignar ante las autoridades competentes, reportándose entonces tres capturas en Zacapa.

¿Gobierno en función de qué?

Del comunicado emitido por la mencionada organización, en su primer párrafo se desprende: "el gobierno de Otto Pérez Molina sigue fortaleciendo las políticas neoliberales del sistema capitalista explotador y el saqueo a los bienes de la nación Guatemalteca condenando cada día a mayor pobreza a la población". En dicho comunicado, fechado el ocho de agosto, también hacen referencia a la contaminación medioambiental, y al impulso de mega-proyectos. Sin duda alguna la demanda más importante es la referida a la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral. El Comité de Desarrollo Campesino, también envió una carta pública al presidente; en la que exponen el panorama sombrío que se vive en el área rural guatemalteca, de fondo hace referencia a las condiciones de marginalidad y desigualdad, que en su momento llevaron al conflicto armado interno en Guatemala.

Las Demandas

CODECA continúa impulsando las mismas peticiones que en movilizaciones anteriores, que se leen tanto en su comunicado como en la misiva enviada el presidente de la nación: 1. Parar las órdenes de desalojo, 2. Nacionalizar la energía eléctrica, 3. Decretar la ley de rentas forzosas para que el 20% del territorio cultivable se dedique hacia los granos básicos, 4. Subsidios para el cultivo de granos básicos por parte de familias campesinas, 5. La promoción desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la dotación de insumos, 6. La condonación de la deuda agraria, 7. La aprobación de la ley de desarrollo rural integral, 8. La desmilitarización del país, 9. La no expansión de monocultivos, 10. Cancelar las licencias de explotación minera, 11. El rechazo hacia las reformas constitucionales.

Reuniones y más reuniones

Lo relevante de este proceso, es que desde el mes de abril se ha sostenido distintas reuniones con el gobierno del general Pérez Molina, sin que se tengan resultados efectivos, hacia las demandas indígenas. Exigimos al gobierno que repiense al respecto del gasto gubernamental y la utilización de recursos, pues no deben malversarse fondos o utilizarse en gastos innecesarios, como el dinero que se gasta para el sostenimiento del Ministerio de la Defensa Nacional. En otras oportunidades, el Partido Socialista Centroamericano (PSPOCA), ha acompañado las luchas que se impulsan por parte de las organizaciones campesinas en Guatemala, como en el caso del problema de la minería y la ley al respecto de este tema, y a otros como la instalación de bases militares en distintos lugares del territorio nacional. Lo cierto es que al momento, aunque de fondo las peticiones y demandas siguen siendo las mismas, ellas no tendrán cabida en el gobierno si son impulsadas de forma aislada y dividida por las diversas organizaciones campesinas como el CUC o CODECA-CNOC.

En este sentido, el PSOCA exhorta a las organizaciones que luchan por la defensa de la vida, del territorio, a que alcen sus banderas de lucha con más fuerza cada día, a que se unan y establezcan un frente común que les permita construir un trabajo político sólido que les lleve a luchar por el pleno cumplimiento de sus peticiones; y a no dejarse engañar ni manipular por las maniobras del actual gobierno, que mediante mesas de diálogo desgastantes pretende dilatar y engavetar las peticiones de las organizaciones campesinas. Denunciamos el vil asesinato del compañero Héctor Girón de CODECA. El compañero fue emboscado mientras conducía su mototaxi en Teculután. Héctor había participado en la organización de los bloqueos del miércoles 8, por lo que es obvia la naturaleza política del crimen, perpetrado seguramente por órganos represivos ocultos del Estado.

Por Armando Tezucún

20 de julio se llevó a cabo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad(CC), por el recurso de inconstitucionalidad que el Consejo de los Pueblos Mayas de Occidente presentó contra el Decreto 48-97, Ley de Minería. Los magistrados de la CC escucharon los argumentos presentados por las partes presentes. Además del Consejo, participaron representantes de la Cámara de Industria y del Ministerio Público.

Por la organización indígena hablaron, después de realizar una ceremonia maya, el líder Diego Cotí que habló en idioma K´iche´, y la abogada Lucía Xiloj, quien pidió la anulación de la ley. El argumento es que esta ley es inconstitucional pues fue aprobada seis días después de que cobró vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que incluye el derecho de los pueblos a ser consultados en el caso de instalación de empresas extractivas en sus territorios. La abogada explicó que las actividades mineras afectan a las comunidades indígenas, pues las licencias son otorgadas en áreas pobladas.

Mario Fuentes Destarac defendió el punto de vista de los capitalistas mineros, diciendo que el Convenio no estaba vigente cuando se aprobó la ley, y que la Constitución está por encima de cualquier normativa como el Convenio 169.

Por el Ministerio Público habló Karla Valenzuela Elías, quien pidió a los magistrados de la CC para que permitan la reforma a la ley de manera que incluya las consultas populares, respetando de esta manera la opinión las poblaciones indígenas.

Denunciamos firmemente la actitud profundamente racista, discriminadora y clasista que tuvo la administración de la CC, pues mientras los abogados de los empresarios mineros esperaron el inicio de la vista pública dentro del edificio, los representantes indígenas tuvieron que esperan en la calle. El presidente del Cacif, Andrés Castillo, tuvo el privilegio de ingresar y salir del edificio por el parqueo de los magistrados.

Por su lado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República su propio proyecto de reformas a la Ley de Minería. Erick Archila, titular del Mem, explicó que de los 80 artículos que conforman la actual ley, 33 serán modificados.

Entre los cambios que propone el ministerio, figuran normativas para el cierre técnico de las minas, cambios en las fianzas para los proyectos mineros y la creación de una empresa minera estatal (Prensa Libre 19/7/12). Este último punto se relaciona con la propuesta de reforma constitucional que hizo el presidente Pérez Molina y que fue rechazado por la burguesía organizada en el Cacif. El proyecto del Mem no especifica el porcentaje de participación que esta empresa tendría en el negocio de la explotación de los recursos minerales. Tomando como punto de comparación el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que ha dejado importantes ganancias, el proyecto dice: “...considerando que esta empresa estatal pueda ser una entidad autónoma y descentralizada como lo es el Instituto Nacional de Electrificación, se reforma el artículo 8 y  se deja establecido que será creada mediante una ley específica, tal y como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala” (Siglo XXI 26/7/12).

Se propone también crear un Consejo Minero, presidido por el MEM, y con la participación la Gremial de Industrias Extractivas y varias instituciones estatales. Obviamente no aparece por ningún lado la participación de las comunidades afectadas por la actividad minera ni las consultas populares. Como dijera la dirigente comunitaria indígena Lolita Chávez: hay “una clara complicidad entre las empresas transnacionales y los intereses de las oligarquías nacionales” y: (el gobierno) “nos ignora, por lo que no toma en cuenta las consultas comunitarias y nuestras decisiones en torno a la actividad minera”. (Ídem). Rechazamos totalmente esta reforma que, al igual que la ley actual, hace a un lado los derechos de las poblaciones indígenas.

La CC tiene 20 días para pronunciarse a partir de la vista pública. Le exigimos que actúe reconociendo el enorme daño  que las voraces empresas mineras causan al medio ambiente y a la misma existencia de las poblaciones indígenas, y otorgando a los compañeros el derecho a decidir el destino de sus territorios. No debemos confiar en los magistrados, pues en el pasado decidieron que las consuntas populares no son vinculantes. Por eso se hace necesario movilizar a las comunidades en acciones concretas para ejercer presión y lograr un dictamen favorable.

Por  Marcial Rivera

En distintas oportunidades, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), se ha intentado abrir el debate para hablar sobre la caracterización del Estado Guatemalteco y el tipo de régimen político. Como bien se ha apuntado antes, no es precisamente un régimen militar, más sí un régimen civil democrático con características militares, pues entre otras cosas, este gobierno trabaja en pro de un sector de empresarios vinculados al ejército. En otros términos, no gobierna precisamente para la oligarquía tradicional, pero sí gobierna para un sector específico emergente, logrando en términos generales acuerdos con el resto de la burguesía. De momento Prensa Libre y otros medios de “comunicación” se han convertido en voceros oficiales del gobierno y el CACIF no ha tenido mayores impasses con el actual gobernante.

Lo cierto es que es necesario dilucidar algunos hechos que evidencian las intenciones del actual gobierno en su accionar para con la población. La persecución a algunos líderes comunitarios o dirigentes populares es una de esas características del actual gobierno. La implementación de los llamados Estados de Sitio es justamente uno de los mecanismos utilizados para la persecución y el aniquilamiento de líderes comunitarios y lideresas comunitarias, que con la finalidad de fortalecer el combate a la delincuencia común y el crimen organizado, se decretan en lugares donde las tensiones sociales son cada vez más convulsas. Sobre todo en donde existen problemas relacionados con los megaproyectos como carreteras, y además proyectos de distinta naturaleza pero que por su mismo origen tienen altos componentes de contaminación y destrucción medioambiental.

Durante el mes pasado, esta situación ha pasado casi de forma inadvertida en los distintos medios de prensa, sin embargo hay que denunciar el asesinato de José Tavico, miembro del Consejo de los Pueblos K´iche´s en la comunidad Sibacá III, Santa Cruz del Quiché. Posteriormente, el 28 de Junio, Gaspar Tipaz Gómez fue amenazado en el mismo lugar. Uno de los últimos fue el cometido contra compañeras del CPK, quienes fueron golpeadas por hombres armados que andaban buscando a Lolita Chávez, una lideresa comunitaria y dirigente de los pueblos quichés.

Todo apunta a que estos hechos están intrínsecamente relacionados con gente muy cercana al Partido Patriota, quienes probablemente estén detrás de algunos grupos parecidos a las Patrullas de Autodefensa Civil, que eran grupos paralelos al Estado, cuya función era perseguir líderes comunitarios y en algunos casos torturarles y masacrarles, en tiempos del conflicto armado interno. La persecución hacia estos líderes y lideresas es cada vez mayor, llegando a invadir sus sedes locales, de modo que las consultas comunitarias no tendrán ningún peso al estar siendo controladas por el gobierno. El Consejo de los Pueblos K´iche´s ha denunciado que transnacionales como DEOCSA pretende instalar torres eléctricas de alta tensión y ocupar terrenos comunales, sin consultar a las comunidades.

Esto está también relacionado con la instalación de las bases militares, tema que hemos tratado anteriormente. Lo cierto es que con el actual gobierno, las luchas populares han sido criminalizadas de forma más acentuada. Fundamentalmente las protestas y las manifestaciones que los distintos líderes y lideresas están dando por la protección de los recursos naturales, más que en la búsqueda de salvaguardar algún derecho específico, es en la búsqueda de salvaguardar la misma vida. Es simple: El planeta ya no soporta la destrucción masiva de los recursos naturales a favor de los intereses de las grandes transnacionales; en síntesis el planeta no soporta ya la carga del capitalismo.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exhorta a las distintas organizaciones, líderes comunitarios y lideresas comunitarias, a fortalecer aun más la unidad, a establecer contactos y robustecer el trabajo político, pero sobre todo a buscar esa cohesión que permita continuar con las luchas por la defensa de la tierra y el territorio. La lucha contra las transnacionales que contaminan y degradan el suelo está íntimamente ligada  a la de los campesinos por el derecho a la tierra, y más allá de eso, debemos buscar la solidaridad y el apoyo hacia las luchas de los trabajadores urbanos y los estudiantes, pues todos tenemos un enemigo en común, que es el voraz sistema capitalista.

Por Leonardo Ixim

Después de que finalizaron las consultas en la Comisión de Educación del Congreso de la Republica, lo que quedó al descubierto es que existe una total desinformación de parte de la mayoría de  escuelas normales de todo el país. Todo lo contrario de lo que aduce el Ministerio de Educación (Mineduc). Otro buen número, un poco más de la mitad, se opone totalmente a la propuesta y otro número menor, sin conocer la propuesta, dice que está de acuerdo pero con ciertos condicionamientos.

Recientemente se celebró una Asamblea General a nivel nacional de los estudiantes de las escuelas e institutos normales que han estado en la lucha. Este es un paso de suma importancia para lograr el fortalecimiento del movimiento. El propósito era unificar las diversas propuestas que han surgido en el seno de las diversas comunidades normalistas y presentar un planteamiento unificado. Si bien los resultados no fueron los esperados, hay que continuar el esfuerzo unitario, dejando a lado tendencias localistas, liderazgos y otros lastres producto de la inexperiencia política de los compañeros. El tiempo apremia, pues las autoridades del Ministerio recibirán propuestas hasta la primera semana de agosto. La unidad de los estudiantes normalistas deberá darse alrededor de la elaboración de esta propuesta.

El otro eje de acción es la lucha contra las acciones represivas del gobierno. Continúan las medidas intimidatorias contra varios estudiantes que han participado en el movimiento. Sobre esto último se conoce que varios compañeros y compañeras han sido seguidos, sus teléfonos pinchados y una compañera tuvo que salir del país. Así mismo continúa la prisión preventiva contra el docente Nelson Avalos pues será hasta dentro de unos meses que dará inicio un juicio por los cargos con que el Estado pretende inculpar al valiente profesor de magisterio. Este docente es acusado de cargos graves contra el orden público y si es culpado por el sistema de justicia podría sufrir largas penas en la cárcel; contra ellos se requiere de toda la solidaridad de las organizaciones sociales y de derechos humanos.

Además existe una campaña por parte del gobierno central de amenazar con persecuciones penales a “supuestos instigadores del movimiento”, señalando a estudiantes universitarios y maestros de manipular a los compañeros normalistas. Esto pone en evidencia el pensamiento racista, discriminador y paternalista de la oligarquía y sus tramposos intelectuales sobre la incapacidad de los estudiantes para llevar a cabo un movimiento de protesta contra estas políticas neoliberales. Sin duda este discurso ha sido utilizado históricamente de parte las élites criollas burguesas para desfigurar las movilizaciones de la clase trabajadora en contra del orden burgués.

En otro orden de ideas, las organizaciones del movimiento social han reaccionado tarde en lo que se refiere al apoyo a los estudiantes y, tal como hemos planteado en otras ocasiones, urge la creación de una plataforma de apoyo al movimiento y en defensa de la educación pública en general.

Donde sí ha existido un sano movimiento crítico ha sido en seno de la comunidad docente, pues empiezan aparecer voces en contra de la actitud entreguista y oportunista de Joviel Acevedo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación que este dirige y el control absoluto de este sindicato en la Asamblea Nacional del Magisterio. Este es el caso de la asamblea de cientos de docentes que se realizó en la ciudad de Zacapa a mediados de julio, en la cual exigieron la renuncia de la Junta Directiva del Sindicato de Zacapa y de Joviel Acevedo. Una de las razones del rechazo a estos dirigentes es que han estado ausentes en la discusión de la propuesta de reforma al pensum de la carrera magisterial y que no han apoyado la lucha de los estudiantes normalistas. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saludamos y animamos este movimiento que tendría que sacar a estos malos dirigentes de la ANM.

Por último los estudiantes que han despertado a la política con los cachimbazos, se mantienen en una actitud firme contra estas políticas neoliberales y pese a la desorganización del comienzo, se están dando pasos para consolidar sus organismos de lucha. Urge entonces crear y fortalecer un Frente Nacional de Estudiantes Normalistas que presente una propuesta unificada de carrera magisterial con el apoyo de padres de familia y docentes. Este movimiento unitario debe también exigir la libertad inmediata de Nelson Ávalos y el cese del hostigamiento e intimidación a los líderes estudiantiles.