Por Edgar Miguel Kan

Los últimos tres meses en el país se ha vivido una fuerte discusión sobre la necesidad o no, de una reforma constitucional, sobre la necesidad y actualización de las normas y el contexto actual para una mejor seguridad, justicia y transparencia en el actuar público. Lo que se oculta tras esta falsa percepción de modificación del pacto social, más acorde al grupo social que rige, es la intención real de la afinación del pacto interburgués.

La Constitución Política de un país no es más que el marco referencial de la legitimación del poder estatal y la utilización de la misma, entendiéndose ésta como la consecución de voluntades por parte de las élites dominantes, quienes han tenido y mantienen el control político, siendo un poder hegemónico que a base de falsos pactos sociales, confunden en la esperanza creadora de una acción consensuada, que mientras no sea una expresión popular real, es el peor instrumento de legalidad.

Pacto interburgues

Esta acción bien elaborada por la burguesía, desde el pensamiento rousussoniano, no es más que el afianzamiento de la ideología liberal en la psique social, bajo la cual se ha desarrollado un andamiaje ideológico de dominación, tan sagaz que se mantiene hasta la actualidad.

Resulta irónico que en el país, tras la constante dominación económica/política y social, bajo la cual se vive el gobierno de turno, quien es la expresión de una derecha radical y un sector emergente de la burguesía del poder militar, se quiera abrir una discusión seria sobre el rumbo legítimo del pacto social.

Esta mascarada es en realidad una acción difusa para legitimar la afinación a este pacto interburgúes, mismo que jamás ha incluido la expresión popular, de indígenas, de obreros de mujeres, que ha tenido su voto, más no su expresión, es el elemento más importante de reconocer al enemigo, de entender la lógica de poder. La constitución por sí sola no es el cambio, sino el cambio de relaciones de poder entre unos y otros, los de siempre con los que nunca han tenido.

Esta acción que tanto debate ha generado, es en realidad una de las formas más burdas de querer legitimar la afinación del pacto, pacto que en su gran mayoría se basa en la recomposición ficta y boba de estamentos estatales que no llegan a ser más que el maquillaje de su “independencia”, propuesta por los pensadores de la derecha y por quienes usan el poder para mantener avasallado al conglomerado. Resulta así entendible, porqué la Universidad de San Carlos (USAC), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y la Universidad Rafael Landivar (URL), sean quienes proponen esta reforma a la seguridad y justicia.

De las sesenta reformas  originales que incluían un variopinto de necesidades sociales bajo las cuales supuestamente hay un interés, subsisten únicamente treinta,  legitimadas por  los espacios donde supuestamente se consensuó. Al final la imposición frustrada de los tres grupos quienes en constantes y frustrados intentos han tratado de reformar el pacto, logró convencer en su propuesta y posible reforma.

Candados hacia una transformación estructural.

En cuanto al constante debate sobre la constitución y sus reformas, se han pormenorizado las reformas a la ley que sustenta “la institucionalidad democrática”, la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta es la que establece la mayor o menor representación popular basada en el censo nacional, la que define los parámetros de participación y más allá, la que determina las reglas del juego.

Detrás de los bombos y los platillos que anuncian la reforma constitucional, una que no es más que una fachada de afinación de intereses y la estratégica reforma a la ley electoral, solapada sino oculta en la agenda mediática, no es casualidad que el interés verse en la acción inmediata sobre el documento del cual emana la legitimidad burguesa. Sin embargo, la afinación y la restricción a la participación se da en la ley electoral, entonces ¿Habrá interés por las reformas constitucionales o el verdadero interés se encuentra en la ley electoral?

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), estamos seguros que el pacto interburgués es un negocio cerrado y no habrá representación de intereses sociales reales, sino a través de una constituyente popular  en donde los sectores populares, indígenas, obreros, campesinos y mujeres sean representados por igual. La ley electoral debe abrirse a las participaciones más democráticas y justas y no enclaustrarse en una retórica que apuntala el bipartidismo burgués.

¡Abajo el Pacto Interburgués, Si a la Asamblea Nacional Constituyente democrática y popular!

Por Armando Tezucún

Como resultado de las medidas de hecho tomadas por los trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal los días 7,8, 9 y 10 de agosto, fue declarada la suspensión de la entrada en vigencia del contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal. Se acordó iniciar un proceso de diálogo, mediante una comisión, a partir del día 13.

Ese día, representantes del Sindicato de Trabajadores de la EPQ declararon que estarían dispuestos a ofrecer los fondos de su pasivo laboral (unos Q320 millones) para que, junto a las reservas de la portuaria, fueran utilizados para realizar la inversión que haría la empresa española (Prensa Libre 13/8/12). Sin embargo, la propuesta no fue manifestada en la reunión de la comisión por las dificultades legales que implicaría.

Esta comisión de diálogo, al igual que todas las que ha instalado el gobierno no ha dado ningún fruto. Se han realizado tres reuniones y se trazó un cronograma de temas a discutir, de los cuales sólo se ha debatido el primero, que versa sobre la legalidad del contrato.

Lo que sí dejó claro el gobierno es su disposición a echar a andar el contrato con TCQ, cueste lo que cueste. Pérez Molina declaró “No vamos a anteponer los intereses de mil 200 trabajadores que tiene el puerto, contra los de 15 millones de guatemaltecos” (Prensa Libre 25/8/12). Vale decir que los interesados en el contrato no son 15 millones de personas, sino un puñado de mercaderes españoles y funcionarios públicos que aún no sabemos qué beneficio están sacando es este oscuro negocio.

Estas declaraciones las dio el presidente en el marco del foro “Mitos y Realidades del Puerto Quetzal”, realizado el 23 de agosto en el Palacio Nacional de la Cultura. El acto, al que asistieron sólo personas con invitación, fue organizado para justificar el contrato firmado con los empresarios españoles. Inicialmente los compañeros trabajadores no recibieron invitación, y el interventor de la portuaria Allan Marroquín de manera prepotente giró órdenes de que todos debían estar en sus puestos de trabajo. Pero como los dirigentes sindicales manifestaron que de todos modos acudirían, al final se les giró invitación.

El foro fue un acto unilateral, sin posibilidad de debate, en el que los oradores defendieron la necesidad de modernizar la portuaria (algo que ya se sabe, el problema es cómo hacerlo) y la legalidad del contrato con TCQ. Respaldamos a los trabajadores en su exigencia de que sea la portuaria quien realice la modernización, y se demuestre con cifras cuánto dejaría de utilidades al país y a las municipalidades la inversión de la empresa española, y cuánto dejaría una inversión de la propia portuaria. Alertamos a los compañeros que no se dejen enredar en una infructuosa mesa de diálogo y que estén prestos a nuevas acciones de hecho para defender su punto de vista.

Por Hugo Morán

El 16 de agosto, la ministra de educación, Cynthia del Águila, recibió de parte de la Mesa Técnica, el documento reelaborado de la Formación Inicial Docente, que se supone incorporaría las sugerencias hechas durante el proceso de socialización, las audiencias públicas en el Congreso y las propuesta elaborada por propios estudiantes normalistas; en total 3,500 aportes y 62documentos. Para desencanto de todos, la nueva propuesta mantiene los 5 años de carrera docente, dos de bachillerato y tres universitarios, y propone cambios mínimos, como incluir formación humanística y un subsidio para quienes deseen continuar en la universidad.

Rechazamos esta actitud prepotente de la Mesa Técnica que desprecia todo el esfuerzo que se hizo para aportar a una transformación de la carrera docente que tome en cuenta la situación económica y social del estudiantado. La ministra declaró que examinaría el documento y que a finales de agosto tendría una propuesta final.

Por su parte, los compañeros normalistas rechazaron esta propuesta, indicando que propondrán una nueva hoja de ruta para llegar a consensos con la Mesa Técnica. Indicaron también que tomarán nuevas medidas de hecho, pero mediante acciones pacíficas. “Ya no queremos más confrontación con la Policía; lo que queremos es que sea lo más pacífico posible, tenemos que ver que nuestros compañeros no salgan afectados” (Siglo XXI, 24/8/12).

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA= apoya incondicionalmente a los compañeros de las normales, y llamamos a los estudiantes universitarios, organizaciones sindicales, campesinas y populares a estar prestos a solidarizarse en los hechos con los normalistas cuando así se requiera.

Por Armando Tezucún

El 1 de agosto diputados del partido de oposición Líder denunciaron un plan de privatización de la Empresa Portuaria Quetzal, que pertenece al Estado aunque goza de autonomía, por medio de una concesión sin licitación a favor del grupo español Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).

Después de dos días de negar la existencia del negocio denunciado, el gobierno reconoció que concedió un usufructo a la filial guatemalteca de la mencionada empresa, Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ). El contrato de este usufructo fue firmado, a solicitud de la empresa española, en total secretividad el 11 de julio y estipula básicamente lo siguiente: La empresa TCQ utilizará 348,171.81 metros cuadrados de los terrenos que posee la Empresa Portuaria Quetzal para instalar una terminal de descarga y manejo de contenedores transportados por barcos de mayor calado que los que están en capacidad de recibir las instalaciones actuales de la portuaria; TCQ pagará al mes US$ 0.20 por metro cuadrado más IVA, que representa un total de US$ 87,042.95 más IVA que recibirá la portuaria estatal por el uso del terreno; además pagará US$ 4 por cada contenedor trasladado; TCQ tiene 60 días para acreditar a la Portuaria Quetzal US$ 120 millones, y 66 meses para la construcción de la terminal (El Periódico 3/8/12).

Este negocio fue realizado a toda celeridad y conscientemente fue escondido del conocimiento público por el interventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, y otros funcionarios involucrados. Esto hace pensar que hay personas y grupos en el país y el gobierno interesados en la aprobación de este contrato.

Reconocidos abogados constitucionalistas han cuestionado el proceso mediante el que se dio el contrato de usufructo. Además, diputados de Líder presentaron el 6 de junio cuatro acciones legales ante el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y la Secretaría General de la Presidencia.

Sin embargo, fueron los trabajadores de la EPQ quienes mediante acciones de hecho lograron que el gobierno suspenda por un mes el contrato mientras se somete a análisis. Desde el 4 de agosto, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, Lázaro Noé Reyes, cuestionó la secretividad con que el gobierno entregó el usufructo. El día 6 los trabajadores realizaron un paro de 3 horas condenando la negociación y denunciando que afectará a más de 1,200 trabajadores y a las 13 municipalidades del departamento de Escuintla (donde se sitúa el puerto), que reciben un porcentaje de las ganancias de EPQ.

El 7 de agosto se realizó en la capital una marcha para entregar al presidente Pérez Molina un documento exigiendo que dé marcha atrás en el contrato de usufructo. Docenas de trabajadores marcharon, a los que se unieron diputados de Líder y miembros de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala. A pesar de que la policía tenía cercado el acceso a Casa Presidencial, los trabajadores lograron acercarse y pasar el documento por debajo de la puerta principal, pues nadie les abrió. Ese mismo día los compañeros realizaron otra marcha pacífica en las instalaciones del puerto.

El gobierno tenía programado el anuncio público del acuerdo con la empresa española para el martes 7, pero debido a la oposición de los trabajadores fue suspendido. El miércoles 8 estalló la huelga, con el acuerdo de los tres sindicatos de la portuaria. Los compañeros bloquearon las entradas y salidas del puerto.

Esa misma noche se acercaron a las instalaciones tropas de la policía y el ejército que llegaron por mar y tierra, mientras el interventor Marroquín anunciaba que el paro era ilegal e iniciaría acciones represivas ante el Ministerio del Trabajo. El día 9, luego de intensas negociaciones, las fuerzas represivas tomaron el control del puerto, sin que hubiera oposición de los trabajadores, quienes sin embargo, mantuvieron el paro. Finalmente el 10 se llegó al acuerdo de que el gobierno suspenderá la entrada en vigencia del contrato de usufructo por 30 días, mientras una comisión de diálogo lo analiza con los trabajadores. La huelga fue suspendida.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se solidariza con los compañeros trabajadores de EPQ en esta lucha contra la entrega descarada del patrimonio nacional a la transnacional española. Advertimos que el juego de este gobierno es convocar a procesos de diálogo para al final no cambiar nada. Por ello los compañeros deben estar alertas y prestos a retomar las acciones de hecho de ser necesarias. Es importante también mantener la independencia con respecto al partido Líder, que tiene sus propios fines e intereses que no son los mismos de los trabajadores.