Por Armando Tezucún

El 25 de junio el presidente Otto Pérez inició la divulgación del paquete de reformas a la constitución que propondrá al Congreso de la República. Durante dos semanas el mandatario y sus asesores se han reunido con diversos sectores para escuchar opiniones y sugerencias. Los entes consultados han sido el Foro Guatemala; rectores y decanos de las facultades de derecho de la USAC y universidades privadas; cooperativas; sindicalistas; las cámaras empresariales; directores de medios de comunicación; secretarios de los partidos políticos; jefes de bloque de las bancadas del Congreso; los grupos G-4 y G-40; centros de investigación; grupos campesinos e indígenas, entre otros.

La propuesta incluye 51 reformas a artículos de la Constitución, más cuatro transitorios. Estas reformas giran alrededor de cuatro ejes: fortalecimiento del sistema de justicia y seguridad, transparencia, rendición de cuentas, sistema político. A última hora fue agregado un quinto eje sobre los pueblos indígenas. El plan inicial era entregar al Congreso el proyecto de reformas el 9 de julio, pero en vista de la polémica generada, la fecha se pospuso para el 16. Aunque al inicio Pérez Molina había hablado de convocar a una Asamblea Constituyente, la idea fue desechada desde el 12 de junio.

Algunos de los cambios propuestos han generado acaloradas discusiones. Uno de ellos es el que dispone que después de la aprobación de las reformas propuestas, el Congreso ya no tenga  la facultad de realizar reformas a la Constitución, sino que las mismas forzosamente deban realizarse a través de una Asamblea Constituyente, eliminando las consultas populares

Otra propuesta polémica es que la Corte Suprema de Justicia sea la encargada de elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral. La misma presidenta de la CSJ, Thelma Aldana,  rechazó esta propuesta aduciendo que la función de la CSJ es juzgar, no elegir funcionarios.

Las agrupaciones de empresarios rechazaron la reforma al artículo 125, por la cual el Estado tendría el derecho de participar hasta en un 40 por ciento en el capital accionario de las empresas que exploten recursos mineros y petroleros. Esta reforma va acompañada otra al artículo 242, que  permite al Estado crear un Fondo Soberano para invertir en infraestructura y emergencias. Este fondo provendría de las ganancias obtenidas de la inversión estatal en dichas empresas.

Al respecto, el director de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, declaró que defenderían la libertad de empresa y la propiedad privada, además de que la inversión en minería no es una actividad que le compete al Estado (Siglo XXI 27/6/12). Debido al anuncio de la reforma, el 28 de junio se desplomaron las acciones de las empresas mineras con inversiones en Guatemala Tahoe Resources y Anfield Nickel, (El Periódico 29/6/12).

En realidad, estos voraces capitalistas que están poniendo el grito al cielo se olvidan de que las riquezas del subsuelo de Guatemala son propiedad del pueblo, y no propiedad privada de ellos. No es mala idea que el Estado tenga inversiones en la explotación minera y petrolera, que sirvan para subsanar emergencias de la población. Sin embargo, cabe preguntarnos si esta reforma no está pensada para beneficiar a los grupos de militares empresarios que ahora controlan el gobierno, quienes tendrían una mina de oro en estas inversiones estatales.

Las agrupaciones indígenas también han cuestionado las reformas que se refieren a los pueblos indígenas, pues las consideran insuficientes y poco relevantes. Muchos sectores indican que los cambios propuestos por el gobierno se pueden realizar reformando leyes específicas, no necesariamente la Constitución.

A partir de las opiniones que ha recibido, el gobierno anunció el 4 de julio que eliminaría 6 de las propuestas de reforma. Entre ellas que la CSJ elija a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del TSE. También eliminó que para cualquier reforma a la Constitución se deba convocar a una ANC. Prometió también que volvería a redactar la reforma que permite la inversión del Estado en las empresas mineras.

El gobierno se está dando cuenta de que ha abierto una caja de pandora. Primero retiró la propuesta de realizar una Asamblea Constituyente, poco a poco irá dejando las reformas esenciales que le permitan concentrar poder. El Partido Socialista Centroamericano rechaza  esta propuesta de reformas hechas a conveniencia del gobierno. Proponemos a los oprimidos guatemaltecos que nos levantemos y exijamos la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, soberana y democrática que reorganice el país a favor de los pobres.

Por Marcial Rivera

Desde la firma de los acuerdos de paz entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el papel del ejército ha sido uno de los temas que ha estado siempre en el tintero de la discusión. Sin embargo, han sido los últimos gobiernos quienes, con la premisa de los altos niveles de inseguridad, -generados principalmente por la delincuencia común, pandillas juveniles y narcotráfico- han utilizado cada vez de forma más acentuada al ejército nacional para labores de seguridad pública que corresponden a la Policía Nacional Civil.

Con el arribo al poder del General Otto Pérez Molina, distintas organizaciones de la sociedad civil, "analistas" e inclusive algunos tanques de pensamiento avizoraban un gobierno abiertamente represivo, incluso con la utilización del ejército  para este propósito. Lo cierto es que a la fecha no se ha propiciado esta lógica; sin perder de vista que la dirección del Estado Guatemalteco, con un militar al frente, la reconfiguración de la institucionalidad del Estado es inequívocamente en función de un mayor protagonismo de la institución militar.

Estado civil con características militares

De manera que la instalación de la nueva base militar en San Juan Sacatepéquez no responde precisamente al combate a nichos de criminalidad y violencia, sino más bien al mantenimiento del status quo para un nivel de inversiones propicio para el empresariado nacional e internacional. Particularmente  para Cementos Progreso, cuyas operaciones constituyen un enorme daño ambiental y ecológico para los y las habitantes de dicho municipio y para el Departamento de Guatemala en general. Evidentemente, es alta la cantidad de recursos financieros que se gastarán en la instalación de las distintas bases militares y en la de San Juan Sacatepéquez particularmente. Esto evidencia la doble moral que constituye uno de los hilos conductores de la vida política, pues por un lado existen exigencias hacia el Congreso de la República para la aprobación de algunas partidas presupuestarias, pero por otro estas son utilizadas en aperturar nuevos destacamentos militares.

Base en San Juan Sacatepéquez

La instalación de esta base militar constituye un retroceso en las negociaciones entre el gobierno y distintas organizaciones campesinas que realizaron la marcha de 9 días en abril. Dentro de los puntos en negociación, debía suspenderse la instalación de bases militares, cuya sola instalación jugaría un papel coactivo hacia la población, pero en lo práctico su rol sería el de acompañar los futuros procesos represivos, que se darán producto de las movilizaciones a raíz de la instalación de una planta productora de cemento de la empresa Cementos Progreso en ese lugar.

Si bien es cierto el coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente Miguel Ángel Balcárcel dijo que la deuda agraria quedaba condonada. No obstante esta condonación, la petición relacionada a la no instalación de la base militar de San Juan Sacatepéquez no fue escuchada, ni tomada en cuenta, ya que solo se reubicará, pero siempre será instalada. Esto acentúa los niveles de tensión y conflictividad social existentes con los actuales patrullajes del ejército. En palabras del Rafael González líder del Comité de Unidad Campesina "pretende intimidar a la población que se opone a la instalación de la cementera", y "defender los intereses de los empresarios".

Evidentemente la respuesta de la población ante la instalación de esta base militar fue la movilización masiva; más de seis mil personas marcharon en repudio a esta acción gubernamental. No debe perderse de vista que algunas de las acciones gubernamentales del General Pérez Molina van encaminadas a fortalecer la imagen del Estado de Guatemala a nivel internacional, y la presencia de éste en el Consejo de Seguridad de la ONU. En este orden de ideas, las políticas en materia de seguridad también se enmarcan en la reciente visita del Secretario de Estado adjunto para conflictos y operaciones de estabilización.

Listos para movilizarnos

Si bien es cierto no existe un proceso escalonado de represión hacia la población, no hay que dejar de mencionar que debe leerse entre líneas la instalación de las distintas bases militares. La población debe estar a la expectativa de cómo se desarrolla este proceso, estar listos para movilizarnos, y rechazar el papel que el gobierno da a la institución castrense, así como la supeditación de este a los intereses gringos.

Por Leonardo Ixim y Armando Tezucún

La lucha de los estudiantes normalistas dio un nuevo giro el jueves 21 de junio cuando, tras una jornada llena de tensiones, representantes de las compañeras y compañeros llegaron a un nuevo acuerdo de diálogo con representantes del Ministerio de Educación, como resultado del cual fueron entregados los edificios del Instituto Normal Centroamérica y el Instituto Normal Para Señoritas Belén.

Por Edgar Miguel Kan

Tras tres meses de resistencia frente a las instalaciones de la Mina el Tambor Progreso VII, en el vértice entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a menos de 50 km de la ciudad capital, pobladores de ambos municipios, se encuentran en pie de lucha, resistiendo a la explotación de oro y plata, en una de las zonas más olvidadas de la zona central del país.

Una firme resistencia

El 24 de noviembre de 2011, a la mina fue otorgada la autorización de exploración. Sin embargo en la misma, desde febrero de 2012, los pobladores han observado cómo gran cantidad de maquinaria de explotación ingresaba a la mina, razón por la cual alrededor de doscientas (200) personas, con el apoyo de más de seis mil (6,000) comunitarios, decidieron acampar frente a las instalaciones de la mina el tambor desde el 2 de marzo.  Esta acción ha desencadenado una serie de intimidaciones por parte de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua) subsidiaria de la canadiense Radious Gold Group en asociación con la estadounidense Kappes Cassiday and Associates (KCA), a lo cual, los pobladores se oponen, en virtud de que procedimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), debe hacer una consulta a los comunitarios y a éstos no se le hizo ninguna.

Además de esto, las intimidaciones a los comunitarios por parte de grupos paralelos ha sido ampliamente denunciado, a las instituciones de la seguridad, quienes han hecho escuetos sino nulos esfuerzos por dar con los culpables de dichos actos, mismos que no son más que el instrumento de dominación utilizados por la empresa para proteger sus intereses de explotación y de beneficios económicos.

Ataque a balazos

El punto más álgido se alcanzó cuando el 13 de junio del presente en una emboscada hombres fuertemente armados atacaron mediante balazos a Thelma Yolanda Oquelí Véliz, lideresa de la resistencia contra el proyecto minero ilegal e integrante del Frente Norte del Área Metropolitana, que obligó a hospitalizar a la defensora de la vida y el medio ambiente contra la voracidad empresarial.

La dirigente afortunadamente logró salir con vida del mismo, pero con las graves secuelas físicas que implican balazos en su cuerpo y los traumas psicológicos que le son intrínsecos. Recuerda esto el ataque que años atrás sufrió Yuri Melini, también defensor ambiental, acción que es el reflejo de que el modelo extractivo y de violación del territorio de los pueblos busca imponerse a balas y sangre.

Verdadero interés

El interés de la empresa es manifiesto, pues los propios voceros de la misma han dicho ampliamente que la extracción de oro servirá para el procesamiento de lingotes de oro en Japón, denotando así la avaricia del mercado capitalista, que aún mantiene su sistema a base del valor del oro y con ello respaldando la inflación desmedida en los mercados a base de la invención de necesidades ficticias creadas a razón de más consumo.

No hay que olvidar el contubernio de los gobiernos capitalistas que han mantenido un impulso a los proyectos de extracción, privilegiando el interés de las grandes corporaciones, olvidando el territorio, la naturaleza y las condiciones mínimas para el desarrollo de los pueblos.

Por ello desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), seguimos denunciando que la explotación desmedida de la tierra y sus recursos naturales, parte de la necesidad que el modelo posee de mantener su ritmo exacerbado de consumo, de sostenibilidad y más aún de mantener a una clase subyugada y oprimida Con ello, repudiamos las acciones en contra Yolanda Oquelí y nos solidarizamos con todos los pueblos en resistencia contra la extracción minera, ya que solo es la réplica del modelo capitalista, que sin control pretende despojar a los pueblos de su territorio, contaminando los mantos acuíferos, destruyendo a su paso la vida y el desarrollo integral necesario.

Recordamos que la unión nos fortalece por lo que llamamos a un frente común nacional y regional contra la explotación minera, a los pueblos en resistencia a organizarse en contra del modelo extractivista, que sólo ha dejado sangre en la región y que hoy se está agudizando en Guatemala. Por la defensa del territorio y un desarrollo que busque la redistribución de la riqueza, por la lucha contra el modelo capitalista y por la toma del poder del pueblo.