Por Dorian Reyes

En cada período de elecciones hay temas que se han vuelto recurrentes y cíclicamente se ponen a la orden del día sin encontrar una solución. Uno de estos temas es el voto de los guatemaltecos que viven en el extranjero. A diferencia de países como México, Israel o Estados Unidos, nuestra Ley Electoral y de Partidos Políticos aún no contempla que los connacionales que residen en el exterior puedan ejercer su derecho a elegir a las autoridades del país.

El tema ha revestido especial interés para los migrantes que viven en Estados Unidos, que en su inmensa mayoría son trabajadores que, al no encontrar medios decentes para sostener a sus familias, por el capitalismo atrasado y excluyente que únicamente beneficia a los grupos oligárquicos y a los imperialismos que sangran al país, han optado por irse en busca de mejores ingresos.

Unas cuantas cifras nos demuestran que los trabajadores en el extranjero tienen sobrado derecho de emitir su voto en los procesos electorales. Según reportes del Banco de Guatemala, en 2009 el país recibió en concepto de remesas enviadas por nuestros compañeros a sus familias la cantidad de US$ 3,912.2 millones. Esta cifra aumentó en 2010 a US$ 4,126.7 millones. Para 2011, según la política monetaria, cambiaria y crediticia aprobada por la Junta Monetaria, se espera que el ingreso por remesas llegue a US$ 4,313 millones, ¡Casi la mitad del ingreso por exportaciones, que se espera llegue a US$ 9,087! El 95% de estas remesas proceden de los trabajadores que viven en Estados Unidos.

El dinero que reciben las familias pobres de sus familiares que trabajan en Estados Unidos, ha servido como un amortiguador de la explosiva situación de miseria en el interior del país, y ha estimulado la economía, pues la mayor parte de ese dinero es gastado en bienes de consumo y servicio. Por esta razón es más que justo que los compañeros trabajadores migrantes pueden emitir su voto en el extranjero.

Desde enero, representantes de organizaciones de migrantes en Estados Unidos han iniciado gestiones para que en el proceso electoral 2011 puedan votar los guatemaltecos que residen en ese país. Se necesita una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para lograrlo, y el principal obstáculo son los diputados del Congreso de la República.

Marcos Yax, presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (Conguate), de visita en Guatemala, declaró, “El único obstáculo para el voto migrante es el mismo congreso. Creo que como guatemaltecos tenemos ese derecho, pero la burocracia y la falta de conciencia dentro de los partidos políticos no lo permite” (Prensa Libre 6/1/11).

Por su parte, Carlos Gómez, del Movimiento de Inmigrantes en Estados Unidos (Migua) dijo, “Desde hace tiempo, hemos planteado al Congreso la necesidad de que los migrantes tengan el mismo derecho de votar, pero hay falta de voluntad política y temor, porque en el extranjero hemos tomado conciencia de los problemas del país. Ya no somos de la gente que se deja comprar con una gorra o una libra de frijol, como hacen en Guatemala” (Prensa Libre 6/1/11).

Las acciones para promover la reforma a la ley electoral se han sucedido. El 8 de febrero el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, presentó un amparo contra el Tribunal Supremo Electoral ante la Corte Suprema de Justicia, por considerar que no facilita el voto de los guatemaltecos en el extranjero. El TSE, mientras contestaba que el voto migrante no es asunto suyo, sino que el Congreso debe reformar la ley, anunció que dejaría fuera del padrón electoral a los residentes en el extranjero para evitar que sus nombres fuera usados para fraudes.

Representantes de las organizaciones de guatemaltecos en EE UU han visitado el país en febrero y marzo haciendo cabildeos con diputados y gestiones con Sergio Morales. El 3 de marzo el TSE anunció que presentará al Congreso una reforma a la ley electoral para que los guatemaltecos en el exterior puedan votar, pasando la brasa a los diputados.

Apoyamos incondicionalmente a los trabajadores residentes en el extranjero en su justo reclamo del derecho democrático a votar. Los animamos también a que asuman la lucha por los derechos migratorios en EE UU y contra las medidas del gobierno de Obama que cada vez golpean más el nivel de vida de los trabajadores.

Al pueblo de Guatemala y a toda la comunidad universitaria, el colectivo Estudiantes Por la Autonomía (EPA) hace saber:

Que el pasado lunes 28 de febrero varios diarios de derecha publicaron la adhesión de EPA al recientemente constituido Frente Amplio de Izquierda. Nosotros manifestamos que no es cierto lo publicado en tales medios, acostumbrados a desinformar a la población.

Si bien EPA participó en la presentación de dicho frente el 27 de febrero, identificado como un colectivo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue en calidad de observadores, no de adherentes. Las publicaciones mencionadas buscan crear contusión en la comunidad sancarlista y la población guatemalteca en general. Esto nos insta a aclarar nuestra posición en tomo al tema y sobre el proceso electoral, por respeto al pueblo guatemalteco, al cual como estudiantes de la única universidad pública nos debemos y del cual somos parte.

En 25 años de democracia representativa, como la que teóricamente consagra la Constitución, el sistema electoral ha buscado, por lo menos formalmente, conseguir la participación de la población en la toma de decisiones dentro del Estado en la elaboración de las políticas públicas que nos afectan como ciudadanos.

Sin embargo, la situación actual no es entendida tal como se plasmó en la Constitución. Esto se debe a una especie de pecado original, ya que el actual sistema político fue concebido por las élites que concentran el poder en este país para que los cambios sean cosméticos y 110 sustanciales. Es decir, para que la participación ciudadana no genere transformaciones en las condiciones históricas de marginación y pobreza de las grandes mayorías. Tal situación ha conducido a la desconfianza y apatía de una buena parte de la población a ejercer su derecho de elegir y ser electo. Junto a esto, los partidos políticos, supuestos mediadores entre la organización de la sociedad civil y la incidencia en el Estado, son más camarillas para el servicio de intereses personales y del poder político y económico gobernante, que representantes reales de los intereses del pueblo guatemalteco.

Pese a esta situación, EPA reconoce que el actual sistema electoral se vuelve una oportunidad para que la población deje oír sus demandas más sentidas, entre estas, educación, salud, trabajo, salarios justos, cese de la violencia, acceso sin limitaciones a la universidad, acceso a la tierra, defensa del territorio, etc. Esto permitiría que del mismo seno de la sociedad se participe con propuestas de candidaturas, elaboración del programa de gobierno y de las políticas públicas correspondientes desde los órganos estatales que son electos.

EPA considera que la unidad de la izquierda es vital para conseguir que la población participe activamente, para que pueda llegar a proponer y elegir candidatos del tejido social organizado. Asimismo, cree fundamentalmente que si la izquierda no retoma el sentir del pueblo y le da una respuesta de carácter estructural a sus demandas, nunca podrá ser una alternativa real que se juega dentro de la cancha de los grupos de poder, es decir el Congreso, las municipalidades y el gobierno central.

Saludamos entonces, la unidad de izquierda y esperamos que las ambiciones personales, propias de los politiqueros de derecha, no se den dentro de este espacio. Concebimos aún más importante que las fuerzas organizadas de las clases dominadas y explotadas del país den prioridad a la regulación y movilización social. Acceder a cargos de elección popular es una táctica más de la lucha, y el partido político es solo un punto de partida para estructurar la incidencia dentro del Estado, no el instrumento político vital de los cambios sociales.

Consideramos que la izquierda tendrá que estar a la altura de los requerimientos que se le exigen para poder desarrollar un auténtico proyecto de nación incluyente para todos los sectores de la sociedad y volverse alternativa real de gobierno. Así, los que queremos cambios sociales, tendremos a quienes elegir en el próximo evento electoral.

Estudiantes Por la Autonomía Universidad San Carlos de Guatemala

Guatemala marzo de 2011

Por Armando Tezucún

El domingo 27 de febrero recién pasado se realizó finalmente la presentación oficial de la alianza de partidos de izquierda y organizaciones populares denominada Frente Amplio. El Partido Socialista Centroamericano considera que este frente, como esfuerzo unitario, es de gran importancia para el fortalecimiento de las luchas que desarrollan los campesinos, comunidades indígenas, trabajadores estatales y demás sectores explotados y oprimidos de Guatemala. Pero lo es únicamente en la medida en que se mantenga fiel a su proclamada intención de constituir un proyecto a largo plazo, no animado por la coyuntura electoral.

Creemos que es positivo que no sean parte del FA organizaciones políticas ni gremiales vinculadas a intereses empresariales relevantes. Winaq, organización política indigenista en cuyo interior existen corrientes de derecha, corrientes reformistas y corrientes indigenistas fundamentalistas, no se adhirió al proyecto, dando actualmente prioridad a su reconocimiento como partido político legal.

A nuestro parecer, hay diversidad de criterios dentro del FA sobre su naturaleza, a pesar de que los documentos oficiales sostienen como una de sus características la de ser un frente permanente. En las asambleas que se realizaron con anterioridad al acto del 27, escuchamos opiniones, sobre todo de personas vinculadas a URNG y Movimiento Nueva República, en que daban mayor importancia al tema de la coyuntura electoral y a la utilización de métodos de mercadeo y publicidad similares a las de los partidos burgueses. Por otro lado, hemos notado que los compañeros del Frente Nacional de Lucha, que están más vinculados a las acciones directas y movilizaciones populares, son quienes más defienden el carácter de coordinadora a largo plazo del FA.

Los partidos de izquierda de la ex guerrilla tienen en su interior corrientes conservadoras, con una mentalidad electorera. Es importante dar el debate dentro del Frente Amplio, sobre todo cuando finalice el proceso electoral, para evitar un enfriamiento y que el desencanto ante resultados modestos fáciles de anticipar, den al traste con la unidad que se ha logrado conformar.

No compartimos la posición de los compañeros del Frente Popular, que en un comunicado de enero de este año anunciaron su retiro, después de dos años de participación, de la Mesa de Unidad de las Izquierdas debido a la intención de URNG y ANN de lanzar el Frente Amplio en la coyuntura electoral.

Recordemos que el planteamiento leninista es que los revolucionarios debemos aprovechar todos los resquicios legales y todas las libertades que da el régimen democrático burgués, para impulsar las luchas de los oprimidos. Esto incluye, por supuesto, los procesos electorales. No se trata de dar la prioridad a lo electoral. Se trata de plantear, en las contiendas electorales, el punto de vista de los explotados, aprovechar el espacio para denunciar al máximo la barbarie del capitalismo y animar a los oprimidos a organizarse y luchar. Es pertinente señalar que no estamos en una coyuntura en la que sea inadmisible participar en elecciones, como la que se dio el año pasado en Honduras, cuando el gobierno golpista convocó a elecciones para legitimar el golpe.

Aún está pendiente la designación los candidatos a los cargos de elección. En el acto de lanzamiento, Pablo Monsanto, dirigente de ANN, dijo que las candidaturas serían asignadas a personas de menos de 50 años de edad, lo que deja por fuera a toda la vieja guardia de URNG y ANN. Si esto fuera así, y si los candidatos son designados por un sistema abierto y democrático dentro de las agrupaciones que componen el FA, significaría un paso adelante con respecto a las actuaciones anteriores de los dirigentes de la ex guerrilla. Pero esto está por verse.

Pendiente está también la elaboración del programa del FA. La Mesa Unitaria de Izquierda tenía un esbozo de programa que era un avance respecto a los programas reformistones de URNG y ANN. Esperamos que el FA retome este plan.

El panorama aún se está definiendo dentro del Frente Amplio. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a las organizaciones populares y a las bases de los partidos políticos de izquierda que conforman el FA, a dar la discusión y el debate interno para garantizar su carácter permanente y de largo plazo, para impedir la adhesión de organizaciones empresariales, para que se de un proceso democrático de designación de candidatos y para que adopte un programa revolucionario.

Por Armando Tezucún

El 23 de febrero el gobierno presentó públicamente un proyecto de “Reglamento para el Proceso de Consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”. Bajo este larguísimo nombre el presidente Colom y sus ministros pretenden reglamentar y controlar los procesos democráticos de consulta popular que realizan las comunidades indígenas para opinar sobre la entrada a sus territorios de empresas nacionales y extranjeras que explotan recursos naturales con actividades mineras, hidroeléctricas, petroleras y otras similares.

Las primeras consultas datan de 2005 en Río Hondo, Zacapa (contra la construcción de una hidroeléctrica) y Sipacapa, San Marcos (contra la mina Marlin de la canadiense Goldcorp). Las más recientes se dieron en febrero de este año en Olintepeque, Quetzaltenango y en San Juan Ostulcalco, ambas contra proyectos de minería. Más de 800 mil personas hay participado libre y democráticamente en alrededor de 53 consultas, la inmensa mayoría votando en contra de las empresas que invaden y destruyen el medio ambiente.

En los últimos meses las organizaciones empresariales se han tomado la iniciativa de exigir públicamente medidas al gobierno y, contra lo que ha sido costumbre en los grupos oligárquicos que controlan la economía del país, sus representantes personalmente han llevado a cabo acciones legales o ha presentado reclamos a Colom. El gobierno socialdemócrata no ha dudado en doblar la espalda ante las demandas de sus amos capitalistas y dócilmente les ha complacido.

Creemos que el gobierno apresuró la divulgación del reglamento ante el reclamo de la Asociación Nacional de Generadores y la Cámara de Industria por la falta de garantía del gobierno a la inversión en la producción de energía. Los empresarios se referían a 1) la voladura consecutiva de 11 torres de conducción de energía eléctrica desde noviembre pasado. 2) Los bloqueos de pobladores que están deteniendo la construcción de la hidroeléctrica Palo Viejo, de la empresa italiana Enel en San Juan Cotzal, Quiché. 3) El robo de energía a Unión Fenosa. Representantes de la ANG dijeron “(estas) acciones son totalmente negativas al clima de inversión en el país”, y José Antonio Busto de la CIG dijo “Se ve la clara incapacidad del gobierno para ponerle un alto a estas acciones” (Prensa Libre 19/2/11).

El sabotaje a las torres, reivindicado por un Ejército de la Selva Comandancia 19, resultó ser, según el Ministerio de Gobernación, obra de un grupo de extorsionistas liderado por un ex contratista de la afectada hidroeléctrica Xacbal. El conflicto con la italiana Enel por la construcción de la hidroeléctrica Palo Viejo radica en el reclamo de los pobladores de mayores beneficios para la comunidad (Q 4 millones anuales para proyectos de desarrollo, asfalto para 16 kms de caminos, energía eléctrica  a bajo precio para los poblados vecinos), ante el daño generado al medio ambiente.

En cuanto al proyecto de reglamento, éste trastoca la naturaleza de las consultas que por tradición realizan las comunidades indígenas. Tiene como base la afirmación de que las consultas no otorgan a las comunidades el derecho al veto sobre las actividades que son objeto de consulta, y las transforman en un proceso permanente de diálogo y búsqueda de acuerdos de beneficio mutuo, quitándole el carácter de instrumentos democráticos de expresión de la voluntad comunitaria. Además, contempla la creación de una Comisión de Consulta, formada por 7 representantes de entidades estatales, el Ministerio del Trabajo, el Consejo Municipal, consejos institucionales de desarrollo y solamente dos representantes directos de las comunidades indígenas. Además, todo el proceso estará organizado y dirigido por una entidad estatal.

La intención es clara. Como lo expresó Carlos Daniel de León, de la gubernamental Agencia de Comercio e Inversión de Guatemala, el reglamento se hará “…para que no cualquier persona pueda hacer una consulta popular, sino que en realidad sean las instituciones adecuadas y en el formato adecuado. Ha sido una propuesta hecha por el sector privado” (Prensa Libre 19/2/11). En otras palabras, para que el gobierno y las empresas que explotan los recursos tomen el control de las consultas.

Colom dio un plazo de un mes para recibir opiniones y sugerencias. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se suma al rechazo de las organizaciones mayas y medioambientales a tan descarada maniobra del gobierno y los capitalistas en contra de las comunidades y sus territorios.