Por Marcial Rivera

Desde hace ocho años, cuando se iniciaron las negociaciones para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, se avizoraban las consecuencias que ello tendría para las pequeñas economías centroamericanas; el CAFTA-DR –por sus siglas en inglés- fue firmado en condiciones de desigualdad, era de todas y todos conocido, que no iban a darse las grandes transformaciones y beneficios económicos que se prometían.

En El Salvador, en la Asamblea Legislativa, el entonces presidente del legislativo Diputado Ciro Cruz Zepeda, afirmó que no había leído el contenido del documento, pero que sin dudarlo, daría su voto para la aprobación de dicho tratado. En cuestión de tres días, el tratado estaba aprobado, ratificado y publicado en el Diario Oficial, fue el llamado “Madrugón”.

Dicho tratado, ha sido uno de los que más ha generado polémica en la Región Centroamericana, pues muchísimos sectores de la sociedad se opusieron, ya se tenía como previa experiencia el NAFTA (North America Free Trade Agreement), firmado entre Canadá, Estados Unidos y México, que se sabe de sobra trajo repercusiones negativas, fundamentalmente para la economía mexicana, siendo el principal impulsor en dicho país, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Las consecuencias, de la suscripción de dicho tratado fueron muchas, entre ellas la desaparición de miles de micro y pequeñas empresas, que son las que emplean más gente; debido a la nula competitividad frente a empresas más grandes, que por lo general, ofrecen mejores servicios, a precios accesibles; por otro lado la eliminación de un sinnúmero de barreras arancelarias, originó la caída en la recaudación tributaria, pues además de los más conocidos vacíos de ley, con el TLC, se acentuó aún más la recaudación fiscal, en la región. Para el caso de Guatemala, fue tan pomposa su ratificación, que se firmó con la calidad de “emergencia nacional”, figura similar a la que en El Salvador, se conoce como “dispensa de trámites” es decir sin discutir a fondo el contenido de lo que se está ventilando; diferente el caso de Costa Rica, que fue aprobado, luego de un referendo, discutido tanto por el oficialismo como por la oposición.

Por sentido común, un Tratado de esta naturaleza, -sobre todo entendiéndose en términos económicos- debe hacerse, bajo condiciones de igualdad, y está claro que la Región Centroamericana, no es competitiva con la Economía Estadounidense, por lo que es de esperarse que se den disensos en cuanto a las estadísticas de exportación, y no es de extrañarse que las importaciones aumenten, frente a las exportaciones. Si se analiza, integralmente, se puede concluir que este tratado, no hizo sino esclavizar las economías centroamericanas a la estadounidense, con la condicionante por ejemplo, de importar ciertos productos de cierta marca.

Los Estados Parte, no solo no han cumplido, con lo establecido en el Tratado, sino además, para el caso de Guatemala, hay un expediente, pendiente, por el incumplimiento en lo relativo al medio ambiente por el caso de Perenco, en la Laguna del Tigre, que ha sido instalada en un área que se supone debería ser protegida.

Además de lo anterior, aunque tarde pero enhorabuena, las autoridades Guatemaltecas, han decidido revisar y de ser posible renegociar el Tratado. Con fecha del 2 de julio, la prensa escrita anunció que el Gabinete Económico revisará los términos del TLC, pues según el vicepresidente Rafael Espada sólo ha beneficiado a ciertos grupos productores y no a la mayoría. Según los datos que posee el Banco de Guatemala, el tratado ha beneficiado a los exportadores estadounidenses, que han incrementado sus ventas a la región en un 24.5%, mientras que Guatemala lo hizo sólo en un 17.5%. Por otro lado el TLC Ha contribuido a elevar el precio de los granos básicos, pues favorece el monocultivo de exportación en vez del cultivo de alimentos (diario El Periódico 2/7/11).

Pese a que no se han dado mayores declaraciones, esperemos que las renegociaciones, vayan de fondo a rectificar el daño causado. Está claro que hay una gran cantidad de población desempleada, altas tasas de analfabetismo, y grandes problemas en cuanto a la seguridad alimentaria. Guatemala, debería autoabastecerse, sin necesidad de importar granos básicos, pues cuenta con los recursos necesarios para lograrlo. Sin embargo, habrá que estar al pendiente de toda esta coyuntura, pues la poderosa burguesía agroexportadora, principal beneficiaria del TLC, con toda seguridad se opondrá a los cambios.  

Por Armando Tezucún

Estamos a unos dos meses y medio de que se realicen los comicios para renovar a los funcionarios públicos sujetos a elección popular. Cada vez más los procesos electorales se han caracterizado por una creciente violencia que se lleva las vidas de candidatos, militantes de partidos, trabajadores del transporte público, integrantes de las alcaldías, etc.

Atentados en San José Pinula

Este año los ataques contra candidatos a alcaldías han proliferado alarmantemente. El caso más reciente se ha dado en el municipio de San José Pinula. La alcaldía de esta pequeña ciudad no maneja un presupuesto significativamente mayor que el de ciudades similares, ni alberga fábricas ni otros centros de producción que generen una riqueza notable. Sin embargo en las últimas dos semanas fueron asesinados dos candidatos a alcalde y un tercero sufrió un grave atentado.

El 12 de junio fue acribillado a balazos el doctor Augusto Enrique Ovalle Barrera, candidato a la alcaldía de San José Pinula por el Partido Unionista (PU); con él fallecieron dos mujeres que le acompañaban. El 16 fue asesinado en la capital el también candidato a dicha alcaldía Enrique Dardón del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO). El 18 sufrió un atentado el candidato del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Luis Fernando Marroquín, quien se salvó de morir porque portaba un chaleco antibalas. Previamente Marroquín y otros candidatos habían recibido amenazas; la casa de Mario Solares, candidato por el Partido Patriota (PP), fue atacada a balazos el 15 y 30 de abril. La sede del partido Lider también fue baleada.

El clima de temor es tal que todos los demás candidatos suspendieron los actos públicos de campaña, limitándose a propaganda radiada, afiches, mantas, etc. Georgina Ávalos de Meoño, candidata por el partido Acción de Desarrollo Nacional (ADN) se retiró de la contienda electoral, y CREO anunció que no presentará otro candidato. El actual alcalde de San José Pinula, Víctor Reyes también denunció amenazas en su contra.

Violencia generalizada

El caso de este municipio es el más reciente, pero en lo que va del año otros funcionarios y candidatos han sido asesinados, amenazados o atacados. En febrero fue asesinada la candidata a la alcaldía de Moyuta, Jutiapa por la Gran Alianza Nacional, Mayra Lemus. A inicios de mayo falleció en un atentado el candidato de CREO a la alcaldía de Atescatempa, Jutiapa, Darwin Ramírez. El 30 de marzo fue muerto Francisco Jocop, candidato a la alcaldía de Salamá, Baja Verapaz por CREO. El 21 de junio murió asesinado Edwin Hernández, candidato a concejal segundo de la Comuna de Ocós, San Marcos, por ADN.

El 22 el aspirante a la alcaldía de Villa Nueva por ADN Hilcias Lemus fue objeto de amenazas y acoso, al igual que Ramiro Pérez candidato a alcalde de Palencia por el PP. El mismo día tuvo lugar un ataque armado contra el síndico de la Municipalidad de Río Hondo, Zacapa Saúl Castro. El 22 falleció víctima de un ataque armado Rony Rodríguez, candidato a concejal primero de la alcaldía de Moyuta, Jutiapa por la coalición UNE-GANA y fueron secuestrados el coordinador de campaña Darwin Mendoza y su hijo de 7 años. El13 César Cruz, candidato a alcalde de El Jícaro, El Progreso por el PU fue atacado a balazos, saliendo ileso.

Los ataques han alcanzado a funcionarios de mayor rango. El 24 de junio la presidente del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Villagrán denunció que ha recibido amenazas de muerte, intimidaciones y seguimientos. El 1 de abril ya había denunciado situaciones similares (Prensa Libre 25/6/11).

Según Rolando Yoc, procurador adjunto de la Procuraduría de los Derechos Humanos, hasta el 23 de junio se habían producido 28 asesinatos de personas con interés a optar a cargos públicos, en 8 departamentos diferentes. 15 personas habían sido heridas, 27 sufrieron amenazas, y se sucedieron dos allanamientos o robos a sedes de partidos políticos (Diario La Hora 17/6/11, Siglo 21 24/6/11).

La sombra del narcotráfico y el crimen organizado

Como mencionamos en el caso de San José Pinula, estas alcaldías no administran cantidades extraordinarias de recursos, y se trata de ciudades relativamente pequeñas. Sin embargo, son territorios por donde el narcotráfico almacena y trasiega drogas. Las municipalidades han quedado en el medio de una lucha de poder entre diferentes grupos del crimen organizado, para quienes es vital controlarlas y así efectuar sus negocios con la más amplia libertad (Siglo 21 18/6/11). El hecho de que prácticamente todos los partidos han sido objeto de ataque hace que se descarte una agresión de parte de uno o varios de ellos hacia los demás.

Según el Internacional Crisis Group, la violencia, la falta de reglamentación en la financiación de campañas electorales con presupuestos exorbitantes y la política polarizada dejan vulnerables a ataques a los candidatos (La Hora 16/6/11). La falta de regulaciones en la Ley Electoral que obligue a los partidos a realmente rendir cuentas sobre el financiamiento de sus campañas políticas, facilita que los políticos acudan a los grupos criminales en busca de dinero (La Hora 21/6/11). Los narcos también buscan posibles opciones entre los candidatos, tomando represalias contra los que se resisten a ser comprados.

Y es que el narcotráfico constituye un síntoma de la podredumbre del capitalismo. La degeneración moral y cultural que el control ideológico de los países imperialistas genera sobre su población induce al consumo masivo de drogas, que se producen y trafican ilegalmente en los países capitalistas pobres. La miseria en que el capitalismo atrasado y dependiente mantiene a nuestra población induce, sobre todo a los jóvenes que no encuentran oportunidad de empleos formales, a buscar dinero fácil en el crimen organizado. Estas mafias han crecido enormemente en los últimos años, acumulando gran cantidad de recursos; para asegurar sus negocios deben neutralizar a las autoridades locales, comprándolas o eliminándolas, lo que nos lleva a la alarmante situación de violencia que vivimos en la campaña electoral.

Las últimas encuestas electorales

En otro orden de cosas, el diario Siglo 21 y Vox Latina publicaron su segunda encuesta electoral, en la que adjudican a Otto Pérez del PP un 41.2% de intención de voto, seguido por Sandra Torres de la UNE con el 15.1%. Eduardo Suger (CREO), Manuel Baldizón (LIDER) y Harold Caballeros (VIVA-EG) les siguen con entre el 5 y 2.5%. Los demás candidatos tienen menos del 1.4% de punteo.

La empresa Cid/Gallup publicó en su página web su encuesta de mayo, en la que Pérez Molina se sitúa en un 31% y Sandra Torres en el 24%. El diario Prensa Libre publicó una nota divulgando que en la encuesta de junio de esta empresa, Pérez tienen el 34% y Torres 25%.

Pensamos que Cid/Gallup tiene un mayor grado de seriedad e imparcialidad que las encuestas solicitadas que periódicos que han militado en la oposición durante el actual período de gobierno. La distancia entre el PP y la UNE no es tan grande, lo que explica la gran cantidad de recursos interpuestos en diferentes tribunales para impedir la validación de la candidatura de Sandra Torres y su candidato a vicepresidente Díaz Durán. Sus candidaturas aún no han sido inscritas debido a estos ataques legales, que sin duda continuarán con más furor cuando se realice la inscripción.

Los partidos burgueses a favor de la presencia de tropas imperialistas

En un punto coincidieron sorprendentemente los principales candidatos. El 24 la Cámara de Industria de Guatemala organizó un foro sobre propuestas de seguridad con los 5 candidatos que encabezan las encuestas. Otto Pérez Molina, Sandra Torres, Manuel Baldizón, Eduardo Suger y Harold Caballeros estuvieron de acuerdo en que admitirían la presencia de tropas del ejército de los Estados Unidos en territorio guatemalteco para que apoyen en el combate al narcotráfico y crimen organizado (Prensa Libre 25/6/11).

Por encima de sus diferencias, estos partidos que representan los intereses de los empresarios, le rinden pleitesía al imperialismo gringo. Todos están dispuestos no sólo a seguir sometidos a los dictados de los organismos financieros internacionales, sino a entregar la soberanía del país a las botas yanquis.

Por eso, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a la reflexión a los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y sectores populares para que razonen su voto, evitando que los partidos de los empresarios continúen con los planes de opresión al pueblo y sobre todo impidiendo que los militares retornen al poder en un gobierno del Partido Patriota.

Por Marcial Rivera

El 29 de Diciembre de 1996, es una fecha parteaguas en la historia de Guatemala, y Centroamérica. Luego de más de 30 años de una cruenta guerra civil, que dejó como saldo, además de pérdidas económicas, violaciones a derechos humanos, poco más de un millón de habitantes desplazados hacia México, y un sin fin de consecuencias a nivel de la salud mental de las personas, nada más y nada menos, que poco más de cien mil muertos, según cifras oficiales.

Durante los últimos días se han dado capturas que han tenido poca trascendencia en la opinión pública. A estas capturas, pueden darse diferentes interpretaciones, desde las superficiales que cuestionan la realización de estas capturas en período electoral, hasta otras que hacen relación a la justicia restaurativa, es decir, no a la parte legal, en la que quienes son responsables de crímenes de guerra, genocidio, y demás paguen por sus actos; sino más bien se dan estas capturas como mero simbolismo de un sistema judicial, por demás corrupto, servil, y cuestionado.

Héctor Rafael Bol de la Cruz, fue detenido el nueve de junio, del año en curso, en EL Progreso, Jutiapa, en el oriente Guatemalteco, al atribuírsele la desaparición de Fernando García, quien además de sindicalista, era esposo de la actual diputada, al Congreso de Guatemala, Nineth Montenegro. Esta captura es la tercera después de la condena de Héctor Ramírez y Abraham Gómez, quienes ya guardan prisión por la comisión del delito de desaparición en perjuicio de García.

Otra captura importante, y que a su vez ha sido aplaudida por diferentes entidades de derechos humanos, ha sido la de Héctor Mario López Fuentes, quien fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, entre Septiembre del 82 y Agosto del 83, período durante el cual se elaboraron y ejecutaron los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, que pretendían la exterminación de población civil, por estar en “firme apoyo” a la guerrilla. Sobre esto, las declaraciones de Efraín Ríos Montt, -actual diputado por el Frente Republicano Guatemalteco, y entonces presidente de facto- son verdaderamente alarmantes, pues justifica las acciones llevadas a cabo. En una entrevista reciente hecha por Emisoras Unidas, el mencionado personaje comentaba: “fue una lucha contra un grupo específico, de acuerdo con la legalidad existente... Fue una guerra de guerrillas”.

López Fuentes, -quien fue candidato a la presidencia de la República, en 1995- fue uno de los mayores asesores, y colaboradores durante el corto período presidencial de Efraín Ríos Montt, que ha sido -junto con el período de Romeo Lucas García- el tiempo durante el que se han cometido el mayor número de asesinatos. Esta etapa fue muy crítica, no solo por las violaciones a derechos humanos y asesinatos cometidos en contra de la población civil, sino además por la reorganización del Ejército, lo que en parte contribuyó a la realización de esas masacres, con la creación de los llamados “Escuadrones de la Muerte” que fueron grupos paramilitares; quienes tenían labores específicas, como las de torturar, secuestrar, asesinar y desaparecer líderes sociales, religiosos, estudiantiles, universitarios, y demás.

El proceso, sigue un avance aparentemente “coherente”, pues al momento a López Fuentes se le acusa de ser el planificador de diferentes masacres, perpetradas durante los gobiernos sucesivos de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. Como se mencionó anteriormente, este fue el período durante el cual se cometieron la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos, específicamente de asesinatos por medio de 440 masacres a comunidades indígenas; doce de ellas en el triángulo Ixil, que abarca Nebaj, San Juan Cotzal y Chajul, en el Departamento de Quiché.

Después de 10 años, de iniciar el trámite contra López Fuentes finalmente se le da seguimiento; de ahí el dicho que lleva por título este artículo “La justicia tarda pero no olvida”. Sobre este hecho son también irónicas las declaraciones, del embajador estadounidense Stephen McFarland, quien hacía alusión al “esclarecimiento de los hechos ocurridos, y la búsqueda de la reconciliación”. Irónicas, porque la Central de Inteligencia Americana, CIA, y Estados Unidos, son los responsables, de haber entrenado militares, realizar labores de espionajes; entre otros.

Es pues ahora, deber de la sociedad, exigir que los y las responsables de los crímenes de lesa humanidad, paguen por los delitos cometidos, antes, durante y después del conflicto armado, pues aparentemente, los acuerdos de paz, tienen su cumplimiento en la parte formal; falta entonces darle cumplimiento a la parte sustantiva.

Por Leonardo Ixim

A pocos meses que acabar el actual gobierno, empleados públicos y campesinos se movilizan ante las advertencias gubernamentales de no poder pagar salarios, la falta de fondos para funcionamiento y el poco apoyo al campo; aduciendo escasez recursos financieros por la negativa de los partidos de oposición a aprobar reformas a la política fiscal.

Crisis fiscal

La oposición por su parte acusa de desvío de fondos para los programas de transferencia condicionada usándolos en fines electorales y ante el peligro real de aumentar la deuda pública interna y externa, que se espera que llegue al 3.5 del Producto Interno Bruto. El Banco de Guatemala (Banguat) por su parte informa que hasta abril del año en curso el déficit fiscal era 523.8 millones de Quetzales.

El gobierno tiene estos compromisos con el magisterio y empleados del sistema nacional de salud, que estarían en peligro. La viceministra de hospitales, informó que se requiere para el funcionamiento de hospitales por lo menos 800 millones, esa información fue confirmada por el Frente Nacional de Lucha (FNL) durante la marcha llevada a cabo la semana pasada para denunciar la falta de fondos.

El gobierno amenazó con recortar Q3, 233 millones, siendo las carteras de educación con 417 mil, comunicación con 376 mil y salud con 45 mil quetzales, de no aprobarse la reforma a la política fiscal, pues se necesita cubrir la deuda pública de Q2, 125 millones (Siglo 21 12-05-11) en esta lista se incluye otras carteras. El monto de préstamos que el gobierno espera se apruebe es de

Q3, 691 millones, lo paradójico de esto es que se busca pagar la deuda con más deuda, por medio de préstamos más la emisión de bonos.

El gran capital por medio de su asociación gremial Cacif, cuestiona el peligro real de más endeudamiento y la insostenibilidad el déficit fiscal, pero en su agenda la necesidad de contribuir al fisco no pasa para nada, pues consideran solamente que ampliando la base fiscal incluyendo al sector informal de la economía y combatiendo el contrabando se lograrán los fondos que el Estado necesita. La aplicación de políticas más progresivas donde se graven las ganancias y el patrimonio por supuesto no interesa.

El gobierno por su parte lanzó su quinto intento reformas a la política fiscal. En todos los demás el gobierno no fue firme ante las negativas empresariales y sus operadores políticos en el congreso. Así las propuestas cada vez mas pasan de afectar directamente la ganancia del gran capital aunque mínimamente a sectores medios y trabajadores que contribuyen al fisco.

La actual propuesta incluye, un régimen de sanciones actividades comerciales que no se hayan registrado como contribuyentes y quienes defraudan al fisco. Otras son, eliminar deducciones relacionadas con aportes en planes de previsión social en el impuesto sobre la renta que afectará a los trabajadores, en el impuesto al valor agregado se mueve la barrera de lo que se considera pequeño contribuyente de Q60 mil a Q150 mil en facturación mensual, los que traspasen el nuevo límite no tendrán derecho a crédito fiscal, beneficiando con ello a medianos comerciantes, entre otros reformas. Se busca al final recaudar Q2 mil 51 millones para el presupuesto de 2011. Este paquete ya fue aprobado en primera lectura en el congreso.

Protestas de trabajadores

Primero fueron los trabajadores estatales del arte y la cultura por recortes salariales y falta de fondos para funcionamiento, después el sector campesino por medio de la organización Codeca pidiendo Q300 millones para reactivar la producción agropecuaria, la nacionalización de la energía eléctrica y la aprobación de la limitada ley de desarrollo rural. Los maestros anunciaron movilizaciones por que no habían pagado el mes correspondiente pero al final se les pagó además que dentro de la Asamblea Nacional Magisterial se mostraron divisiones que cuestionaron el poder autoritario y oportunista de su dirección; mientras que en el sector salud hubo movilizaciones por incumplimiento salariales y la falta de insumos en hospitales públicos.

Llamamos a las organizaciones populares exigir al gobierno que cumpla con las responsabilidades asumidas y las obligaciones para garantizar el acceso a servicios públicos, a cuestionar también la negativa de la oligarquía de no pagar lo que le corresponde. En ese sentido es necesario nuevamente discutir el pacto fiscal para lograr una reforma fiscal progresiva y no seguir endeudando más al país. Esa situación sólo se logrará con paros temporales y presionando con un paro general. Sería necesario que las organizaciones establecieran una junta de vigilancia de la calidad del gasto público y su buen manejo.