Por Marcial Rivera

“La Seguridad, no se combate con Mano Dura, se combate con Inteligencia” frase que está resguardad en la memoria, de las y los Guatemaltecos, y que fue repetida en innumerables ocasiones, durante la campaña del actual presidente Colom, y que además fue acuñada, durante el discurso de toma de posesión del mismo.

Si bien es cierto los resultados en materia de seguridad no son alentadores, ha habido una leve mejoría, sin embargo a nivel internacional, Guatemala no puede evitar su imagen de estado Cuasi-fallido, en donde la violencia, el narcotráfico, crimen organizado han pasado a formar parte de la cotidianeidad, sin que las autoridades puedan hacer algo para detener este flagelo de violencia. Aunque aparentemente hay una leve mejoría en la reducción del número de homicidios, y de violencia común, lo cierto es que los niveles de violencia son aún altos.

En días recientes, se dio la aprobación del presidente de la República, en la que se autoriza el reclutamiento de más personal, para “luchar a favor de la seguridad ciudadana” según la edición de Siglo XXI; del nueve de julio, habrá que cuestionar la efectividad, de tal decisión, lo cierto es que no deben destinarse recursos para el ejército, sino para las instituciones encargadas de brindar seguridad, se deja entrever la posibilidad del aumento de hasta 31 mil efectivos, que es la cifra tope según los Acuerdos de Paz.

“Vamos a tener un Ejército apegado a los Acuerdos de Paz, un ejército moderno bien equipado y un Ejército trabajando por su sociedad, no tengo la menor duda” “Queremos conquistar la gobernabilidad democrática, queremos conquistar esa gobernabilidad con la que hemos soñado durante tanto tiempo, con respeto a la ley”.

Estas fueron las palabras pronunciadas durante el discurso de toma de posesión en lo que se refiere al ejército, lo cierto es que la militarización de la seguridad pública, es la realidad actual, no puede negarse la fuerte presencia de efectivos militares, en departamentos donde se registran niveles elevados de violencia. Pareciera que se está en un Estado de guerra, debido al papel del ejército, que equivocadamente ha pasado a ocupar tareas de seguridad, que no le corresponden, y que violan claramente el espíritu de los Acuerdos de Paz.

Según El Periódico, en su edición del 22 de Julio, del presente año, el presidente de la República, fija un presupuesto del 0.33%, detallando las necesidades que existen al interior de la institución castrense, lo que se contrapone a la mística “socialdemócrata” con la que inició su gestión el actual gobierno, por otro lado resulta irónico que el mandatario de la nación solicite mayor presupuesto para las carteras de Salud, Educación y otras; cuando el mismo solicita este porcentaje de presupuesto para el Ejército. Entre otras justificaciones, está la de resguardar la Biosfera Maya, en Petén, zona donde se desarrollan muchas actividades ilícitas en especial el narcotráfico; en donde los Carteles de Droga Mexicanos, se pelean territorios.

En otro orden, si bien es cierto el Artículo 249, de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que “El Ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública” Debe debatirse respecto a si existe una u otra situación, o en todo caso, si la vorágine de violencia que se vive, es algo que pueda considerarse como Emergencia o Calamidad Pública. Recientemente, el empresariado Guatemalteco, y Centroamericano, se han pronunciado respecto a la Seguridad, pues los altos niveles de violencia, ahuyentan la inversión extranjera y por tanto la generación de empleos, pues cada vez más los Guardias de Seguridad Privada, superan a las y los Agentes de la Policía Nacional Civil, para el caso de Guatemala, son más de 150 empresas que ofrecen este servicio, con casi cincuenta mil Guardias, superan a la institución policial, que a duras penas puede completar los 25 mil.

La posguerra trajo consecuencias desastrosas, para la Región Centroamericana. Maras, violencia, crimen organizado, entre otras. Pero los esfuerzos para pacificar la región Centroamericana, no deben enmarcarse dentro de la filosofía de Militarizar la Región, sino más bien debemos exigirles políticas de prevención de la violencia, y del combate a la violencia, por parte de las autoridades competentes, y no de los Ejércitos, instrumentos de represión del Estado.

Por Leonardo Ixim

Nuevamente los empleados públicos se movilizan, en esta vez fueron los trabajadores del sistema nacional de salud, relacionado siempre con la crisis financiera del Estado que afecta la capacidad para proveer servicios públicos y pagar salarios. De igual forma los maestros anuncian nuevas movilizaciones para la próxima semana si no se cumple con los compromisos laborales.

Tanto médicos como empleado de servicios y enfermería de distintos hospitales públicos tales como el de Antigua Guatemala y los capitalinos Roosevelt, San Juan de Dios y centros y puestos de salud del área metropolitana, aglutinados en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Salud (SNTSS) exigieron al Ministerio de Salud que no recorte fondos ante las amenazas del gobierno central que aduce la falta de recursos.

Esta situación provoca que se dejen de abastecer centros de salud y hospitales generando falta de medicamentos, insumos y equipos hospitalarios; ademas de denunciar el incumplimiento del pacto colectivo firmando el año pasado entre trabajadores y autoridades del Ministerio de Salud. Ante esta situación representantes de los médicos, según informo el vespertino La Hora, anuncia que tales medidas se recrudecerán y se incorporan trabajadores de salud publica de todo el país sino se otorga lo pedido.

A su vez empleados de servicios y enfermería denunciaron que el Ministerio de Salud no ha hecho efectivo la entrega de insumos médicos, máquinas para tomografía, incubadoras, jabón desinfectante y otros insumos para limpieza e higiene de los paciente, al grado de denunciar que los pacientes ya no se presentan a recibir el servicios porque conocen la situación de calamidad de los hospitales.

Por su parte el magisterio aglutinado en la Asamblea Nacional del Magisterio (ANAM) anuncio que dará un plazo de una semana, para realizar movilizaciones como medida de presión ante el incumplimiento del pago retroactivo del ajuste salarial correspondiente a los meses entre enero y abril y el temor de que no se les pague julio.

El dirigente del magisterio Joviel Acevedo señalo que los responsables de la crisis de las escuelas públicas donde muchas se encuentran sin agua y luz por falta de fondos para pagar estos servicios, tienen su causa en la negativa que hasta el día de hoy tenia, los diputados de la bancada de derecha del Partido Patriota (PP) pues se habían negado a aprobar préstamos para la ampliación presupuestaria del Ministerio de Educación, situación similar en el Ministerio de Salud. De igual forma advirtió al gobierno de que realizaran movilizaciones.

El día de hoy el gobierno central y la bancada del PP llegaron a un acuerdo, donde el segundo se compromete a para la interpelación del ministro de gobernación y aprobar 11 préstamos para la ampliaciones presupuestarias. A cambio el gobierno se compromete a respetar el techo presupuestario que el congreso le impuso con la aprobación del presupuesto vigente.

Sin duda los partidos de la burguesía, en sus dos expresiones más claras, el PP y el partido oficial, ante el peligro de que se pare la administración pública afectando las elecciones de septiembre, pero sobre todo ante la movilización de los empleados públicos han llegado a un acuerdo. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera pese que las reivindicaciones tanto de ANAM como del SNTSS son justas y tal como planteara Acevedo, que los diputados se atenían a que, con la ampliación presupuestaria se tendría que aprobar prestamos, esa no es la vía. Es necesario una reforma fiscal que grave las ganancias de las grandes corporaciones nacionales y trasnacionales.

Por su parte debemos de trabajar por generar un gran paro nacional de empleados públicos y buscar la forma de coordinar esto a nivel de nuestra patria centroamericana pues situación similar se vive en todos, como forma de presión para exigir a las burguesías criollas que acepten una reforma fiscal de carácter progresivo así como el aumento de salarios y no haya recortes de personal ni en el sector público ni privado.

Por Abelardo Maturana

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rinde un sencillo homenaje al insigne revolucionario recientemente fallecido, a los 92 años de edad, Alfonso Bauer Paiz, abogado laboralista y defensor de los intereses de la clase trabajadora y campesina de Guatemala.

Nacido en 1918, hijo del periodista salvadoreño Carlos Bauer Avilés y de la guatemalteca Abigail Paiz, conocido por la generación de luchadores sociales actuales como Don Poncho, se gradúo de abogado y notario en la Universidad San Carlos (USAC), participó activamente el revolución democrática de 1944-1954, siendo diputado nacional a sus 26 años.

Durante el primer gobierno de la revolución fue subsecretario de trabajo y uno de los creadores del vigente Código de Trabajo, una de las grandes conquistas de esta revolución para la clase trabajadora, fue Ministro de Economía y Trabajo y miembro de la junta monetaria del Banco de Guatemala. En el segundo gobierno revolucionario se desempeñó como gerente general del Departamento de Fincas Nacionales a cargo de aplicar la reforma agraria y presidente del Banco Nacional Agrario, cuya finalidad era dar crédito a los campesinos beneficiados por la reforma agraria.

Ejerció la docencia en las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales así como en la Facultad de Ciencias Económicas, fue miembro del Consejo Superior Universitario de la USAC, esta instancia le pide que junto a otros connotados intelectuales haga un estudio sobre la explotación de níquel en el departamento de Izabal, poniendo en evidencia el saqueo y destrucción de los recursos naturales, eso en la década de los 70s. Don Poncho fue el único sobreviviente de los autores de este estudio, asesinados por el ejército.

Vivió en el exilio varias veces en México y Nicaragua, en este último país fue asesor del Ministerio de Trabajo durante la Revolución Sandinista. A finales de la década de los 80s estando en México trabajó como asesor legal de los refugiados desplazados por el terror del Estado que se habían ido a ese país, y fue uno de los que apoyó el retorno de estos a inicios de los 90s. Recientemente era un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Facultad de Económicas de la USAC. Secaida miraba en Don Poncho una conciencia crítica a su gestión como decano, por el apoyo que este brindo al colectivo Estudiantes Por la Autonomía (EPA) durante los 54 días de toma de las instalaciones universitarias. Por su participación en esta lucha y posteriormente su participación en el proceso de reforma actual de la U, fue despedido de la USAC por el decano Rolando Secaida, quien ha sido acusado de corrupción y reelección ilegal del cargo, además de ser un testaferro de la burguesía azucarera.

Esa situación sin duda le complicó la salud a don Poncho, teniendo las autoridades universitarias actuales responsabilidad de su muerte. Don Poncho murió el 10 de julio de 2011. En el acto fúnebre político realizado en el Paraninfo Universitario se rindió un homenaje como a un revolucionario merece, con la presencia de organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, de mujeres, de izquierda reformista y revolucionara, etc. Se realizó una marcha hacia el Museo Universitario (MUSAC) llevándolo posteriormente al cementerio de los Cipresales. En el acto las corruptas autoridades de la universidad querían tener presencia, pero familiares, amigos y organizaciones populares lo negaron.

Su ejemplo se vuelve ahora instrumento para continuar el proyecto de la revolución guatemalteca, centroamericana y mundial. Ya no se le vera más en las marchas del 1 de mayo, del 20 de octubre, del 30 de junio, pero su ausencia física no apagara la claridad de sus certeras   reprendas o puteadas políticas. Compañero Alfonso Bauer Paiz: Hasta la reunificación socialista de Centroamérica, Siempre!!

Por Armando Tezucún

El actual proceso electoral se desarrolla de manera cada vez más accidentada y sorprendente por los métodos usados por los partidos de la burguesía, en su pugna por ganar las elecciones.

En una dura batalla legal que aún no termina, la precandidata presidencial del partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza (que participa en conjunto con la Gran Alianza Nacional), defiende con encono su derecho a inscribir su candidatura. Recordemos el nudo del problema. Sandra Torres Casanova fue hasta hace pocos meses la esposa del actual presidente Álvaro Colom. Decidida a lanzarse como candidata a la presidencia, y para evadir la prohibición constitucional según la cual los parientes cercanos al presidente no pueden postularse a la presidencia para el período inmediato posterior, acordó con su ex esposo disolver su unión mediante el divorcio.

Después de 45 días de haber sido presentada la solicitud de inscripción del binomio de la UNE-GANA (Sandra Torres y Roberto Diaz Durán), el Registro de Ciudadanos la negó el 29 de junio. La negativa se hizo en base al artículo 186 literal c) de la Constitución de la República, que sostiene que no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de dichos funcionarios. Además, el director del RC adujo que en base al artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial Sandra Torres incurrió en fraude de ley, pues la intención del divorcio del presidente fue evadir la prohibición constitucional, y que el vínculo se mantuvo durante los tres primeros años del actual gobierno (diario El Periódico 30/6/11).

Partiendo de que no proclamarán un binomio distinto para la presidencia, la UNE-GANA inició pelea para agotar los recursos legales y lograr la inscripción. El 30 de junio los abogados del partido presentaron un recurso de nulidad contra la decisión del Registro de Ciudadanos, que fue remitida al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El día siguiente el recurso fue rechazado por los funcionarios, confirmando los argumentos del RC. Dos días después el abogado de la UNE presentó un recurso de revisión que fue rechazado al día siguiente. En ambos casos tres magistrados votaron en contra de Torres y dos a favor.

De inmediato la UNE presentó un amparo provisional ante Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, que dictaminó el 7 de julio a favor de Torres, revocando la decisión del Registro de Ciudadanos. Sin embargo, la secretaria y candidata presidencial del partido Acción de Desarrollo Nacional, Adela de Torrebiarte presentó ante la Corte de Constitucionalidad una apelación contra el fallo de la Sala. Como resultado la CC, el día siguiente revocó el amparo a favor de Torres, restaurando la vigencia del fallo del RC, que le niega la inscripción como candidata presidencial.

El panorama electoral puede dar un vuelco si al llegar a las últimas instancias Sandra Torres no logra su inscripción. En ese caso la UNE-GANA presentaría solamente candidaturas a alcaldes y diputados y el voto para Torres se repartiría entre dos o tres partidos que en las encuestas no llegan al 10% de la intención de voto. Al candidato presidencial de uno de ellos, Harold Caballeros, le fue negada la inscripción porque hasta 2006 fue pastor de una iglesia evangélica y renunció a su ministerio para participar en política. El Partido Patriota del ex general Otto Pérez Molina, que puntea las encuestas, posiblemente gane en la primera vuelta, cosa que muchos dan por hecho, incluso el conocido sociólogo Edelberto Torres Rivas (ver entrevista en Prensa Libre 1/7/11).

La violencia política continúa imparable. El candidato a concejal de Ixcán por el partido Viva, Pablo Matías Pérez, fue asesinado el 28 de junio. El 8 de julio fue asesinado el dirigente magisterial y jefe del comando de campaña de la UNE-GANA Julio César Ayala. El asesinato más impactante fue el cometido en la madrugada del sábado 9 de julio contra el conocido cantautor argentino Facundo Cabral, que se encontraba de gira por Guatemala.

Las fuerzas oscuras del narcotráfico y militares involucrados en negocios sucios están atizando la zozobra, la inestabilidad y el pánico para favorecer el voto por los militares genocidas que militan en el Partido Patriota, que prometen mano dura. Son los mismos que allanaron la sede de la Fundación Guillermo Torriello, que está apoyando a los campesinos desalojados del Valle del Polochic.

Por eso una vez más llamamos a todos los sectores populares a reflexionar el voto y no permitir que los militares de pasado y presente oscuro se hagan del gobierno. Ni militares genocidas ni empresarios explotadores.