Marcha campesina 29 4 11

Por Marcial Rivera

Ya se ha hecho referencia en este espacio al problema centenario que existe respecto a la tierra; la ambición de los poderosos por poseerla y no ceder un paso frente a las necesidades del campesinado de ganarse la vida, pero además de trabajar la tierra y con ello garantizar la seguridad alimentaria. Durante lo que va del año, se han registrado diferentes medidas de hecho por parte, de organizaciones campesinas como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité de Unidad Campesina (Cuc) y otras organizaciones que van en la misma línea, y que tienen como meta ulterior, reivindicar el derecho a la tierra.

En la primera semana de febrero la Conic bloqueó carreteras. En marzo el Codeca realizó una marcha de varios días del interior hacia la capital. El 12 y 13 de abril nuevamente los campesinos de Codeca bloquearon carreteras exigiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la nacionalización de la energía eléctrica y la seguridad alimentaria en el campo. El 28 de abril el Cuc y la Coordinadora Maya Waqib Kej bloquearon carreteras y el 29 organizaron una marcha en la capital rechazando la reglamentación de las consultas populares, los desalojos violentos y exigiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.

En términos generales, lo que el campesinado busca es la condonación de la deuda agraria, la implementación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la protección a los pueblos indígenas, el fomento de las Radios Comunitarias, la nacionalización de la energía eléctrica debido a los abusos cometidos por Unión Fenosa, detener los proyectos de minería, las mega carreteras, y las Hidroeléctricas. También la salvaguarda de lugares sagrados para la Cosmovisión Maya. Esta ley de desarrollo rural tiene un alcance bastante limitado ya que se basa en la compra o arrendamiento de tierras para entregarla mediante crédito a los campesinos, en vez de basarse en la expropiación y entrega en usufructo. A pesar de ello, la oligarquía y sus partidos se han opuesto durante 9 años a su aprobación. Algo interesante, es la oposición de las comunidades a la llamada propuesta gubernamental de “Reglamento de Consultas Comunitarias”. Dichas consultas constituyen una forma de participación ciudadana, y de expresión democrática, con este Reglamento se buscaría censurar la participación de la población.

El 7 de febrero se realizó una reunión en Gumarcaj, Quiché, entre el Gran Consejo de Autoridades Mayas, Xincas y Garífunas y personeros del gobierno. Entre otras cosas, se le reclamó al presidente que el Ministerio de Educación tome en cuenta el sistema educativo indígena, que se respeten las 47 consultas comunitarias realizadas en defensa del territorio contra la explotación minera e hidroeléctrica y el reconocimiento del sistema de justicia ancestral indígena. El Consejo hizo alusión al discurso de campaña de un Gobierno con “Rostro Maya”, actualmente un Gobierno con Rostro Maya en un proceso marcado de ladinización, pues no es hacia la población indígena a quien van dirigidas las políticas públicas y el actuar del gobierno, sino en favor de los voraces grupos empresariales.

El tema de la tierra, que está de moda en la palestra política, resurge con fuerza luego de los sucesos del Valle del Polochic, en donde fueron desalojadas muchas familias de forma violenta, y destruidas sus cosechas y viviendas, lo que agudizaría aún más, el problema de la desnutrición, y la seguridad Alimentaria. Para este año se prevé que morirán 15,000 personas por una mala nutrición, en un país donde en más de cien mil kilómetros cuadrados, no es posible sembrar la suficiente cantidad de alimentos que abastezcan la demanda nacional. Ante toda esta situación el gobierno de Colom se ha cerrado al diálogo. La pregunta es si buscando el diálogo, y llevando a cabo medidas de hecho no se logra concretizar nada ¿de qué forma entonces?

La coyuntura electoral, sin duda debe tener alguna incidencia en la postura que el gobierno ha tomado, pues además del poco diálogo que ha habido entre autoridades y organizaciones campesinas, el gobierno no ha asumido compromisos concretos. Tal vez en estos últimos meses de la administración de Colom, piense que le convendría reconfigurar su postura, pues con ello resolvería los problemas y además le generaría un rédito electoral. Mientras tanto el campesinado no se puede fiar de la demagogia electoral. Debe radicalizar sus métodos de lucha y sobre todo resolver la división entre las varias organizaciones. De lo contrario, se quedará como novia de Pueblo, Vestido y Alborotado. Juzgue Usted.

Reunión políticos

Por Armando Tezucún

Desde mediados de febrero el presidente Colom anunció que su gobierno enviaría al Congreso una nueva propuesta de reforma fiscal. Esta sería la quinta vez que intenta introducir cambios en el sistema tributario para poder cubrir el presupuesto de gastos. Los cuatro primeros intentos fracasaron ante la firme oposición de la oligarquía capitalista y sus partidos.

El presupuesto gubernamental aprobado para este año asciende a Q 54,390.8 millones. De esta cantidad, se espera que Q 38, 789.8 millones sean financiados mediante la recaudación de impuestos. El resto será financiado con deuda externa e interna. Está programada y autorizada la emisión de Q5, 681 millones en bonos para financiar el presupuesto durante el año y la contratación de 10 préstamos por valor de US$ 578.5 millones (Prensa Libre 15/4/11, 27/4/11).

Pero el gobierno no cumple con satisfacer las demandas básicas de la población. La red de hospitales públicos y las escuelas e institutos estatales son un desastre. No hay un plan congruente de viviendas populares, los daños causados por el duro invierno del año pasado no han sido reparados. La inseguridad y la delincuencia van en aumento. Por otro lado, la aguda inflación que azota al pueblo ha redundado en reclamo de aumentos salariales de los trabajadores estatales.

Presionado por estas situaciones y por el gasto que implican sus 13 programas asistenciales, el gobierno solicitó al congreso a mediados de abril una ampliación presupuestaria de Q 2,052 millones, para cubrir gastos en infraestructura, educación, justicia, salud y otros. El presupuesto aumentó a Q 56 mil millones con el traslado contable de US$ 210 millones en bonos de reconstrucción. Si el Congreso aprueba la ampliación, llegaría a Q 58,055 millones (Prensa Libre 19/4/11).

Para financiar la ampliación, el gobierno elaboró la propuesta de cambios en la tributación. El 26 de abril en el Palacio de la Cultura, Colom se reunió con los secretarios, dirigentes y diputados de los partidos políticos, y con miembros del cuerpo diplomático como testigos, para presentar formalmente su plan.

Colom y sus ministros explicaron que el plan empezaría con la aprobación de la Ley Antievasión 2 y la ley que levante el secreto bancario ante el fisco. Esta fase también incluye la aprobación de los 10 préstamos incluidos en el presupuesto 2011.

La segunde fase incluye cambios en el sistema de pago del Impuesto Sobre la Renta que afectan a los trabajadores de ingresos medios. Éstos ya no podrán acreditar el Impuesto del Valor Agregado por compras a cuenta del ISR. Se incluyen otros cambios en las tasas del ISR, así como impuestos al cemento, bebidas no alcohólicas, timbres fiscales, casinos y combustibles (ver Prensa Libre 28/4/11 y diario La Hora 26/4/11)

Como ya es tradicional, el empresariado se opone tajantemente a la propuesta. Uno de sus principales argumentos es el peligro del aumento de la deuda. Paulo de León, del Central American Business Inteligence hizo notar que durante este gobierno el pago de servicio de deuda pasó de Q 9 mil millones a Q 12 mil millones, un tercio de los ingresos fiscales. El banquero Federico Linares señaló que entre enero de 2008 y enero de 2010 la deuda del Estado creció un 43.6%, frente a un 25.8% de crecimiento del PIB y 10.20% de los ingresos tributarios (diario Siglo 21 14/4/11).

La posición de los empresarios es que el gobierno no aumente los impuestos ni se endeude, sino que mejore la recaudación fiscal combatiendo el contrabando, la evasión fiscal y ampliando la base tributaria.

Por ahora la solicitud de aprobación de la ampliación presupuestaria y los préstamos está estancada en el Congreso. Es fácil prever que los partidos de la oligarquía se opondrán tenazmente a la nueva propuesta fiscal o le harán cambios que desvirtúen su intención, como sucedió en el pasado.

Los trabajadores y oprimidos debemos continuar presionando al gobierno por mayor presupuesto para la salud, educación y servicios básicos. Los trabajadores estatales deben luchar por aumentos salariales. Debemos rechazar la actitud de dirigentes sindicales afines al gobierno, como los del magisterio, la UASP, la CONIC y la UGT, que se prestan para ser instrumentos del gobierno para presionar al Congreso para que apruebe sus solicitudes. El gobierno de la UNE y Colom es también un gobierno de la burguesía y es nuestro enemigo. Los trabajadores deben confiar en sus propias fuerzas y no confiar en el gobierno demagógico.

edu-popular

Por Leonardo Ixim

La lucha por universidad popular la tenemos que llevar a cabo con el concurso de todos los sectores progresistas, democráticos y revolucionarios, que queremos orientar el papel de aquélla en la sociedad capitalista

Pero la universidad popular implica una universidad pública a la que pueda acceder sin restricción toda la población especialmente los trabajadores y sus hijos. Debe ser financiada por el Estado y generar capacidades de sobrevivencia en el mercado laboral. Pero fundamentalmente a través de su extensión, investigación y docencia, debe proponer la solución de las problemáticas que afectan a la clase trabajadora y a los sectores excluidos del desarrollo capitalista.

En ese sentido el proceso de reforma al interior de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) abre la posibilidad de reorientar el papel de la universidad con respecto a la sociedad; de eliminar sus políticas internas de exclusión ya no sólo al estudiante sino a los trabajadores, que están luchando por la firma de un pacto colectivo y no son oídos por los órganos de toma de decisión; de eliminar los sistemas de elección antidemocráticos tales como los cuerpos electorales y la representación de la mayoría de unidades académicas (escuelas no facultativas y centros regionales) del Consejo Superior Universitario (CSU) que en la actualidad solo están conformados por representantes de sectores de la facultades. Este proceso tendrá que crear una nueva estructura de gobierno más democrática, tal como una Asamblea General Universitaria, por ejemplo.

Sin embargo, el proceso de reforma abre también la oportunidad de los sectores de derecha para seguir privatizando la universidad en el marco de las políticas neoliberales lanzadas por la oligarquía y los grupos emergentes del capital, que buscan consolidar la universidad al servicio de la acumulación de riquezas de parte de la burguesía. En ese sentido, los Valladares, los Miranda, los Gálvez, los Murphi, los Bonaerges, los Secaida, los Zapata, AEU, los gatos, los Guilligan, los Losley y demás alimañas buscaran con la reforma consolidar el plan estratégico 2012-2022.

Las autoridades han incumplido los acuerdos, tanto el que se refiere a la incitativa de reforma de la ley orgánica que busca democratizar la composición de las juntas directivas de las facultades, con la negativa del CSU de enviarla al Congreso de la República; como el de reforma universitaria, con el incumplimiento en la comisión multisectorial en abrir la participación a los grupos que están interesados en ser parte, pese a que el departamento jurídico de la USAC y el secretario general de la universidad les dieron su acreditación como miembros plenos de la mesa pero no su toma de posesión. Tal mesa entregó un documento de metodología del proceso de reforma, que muestra las diferentes posiciones del proceso de reforma, siendo las de avanzada las de Estudiantes por la Autonomía (EPA) y del Sindicato de Trabajadores (STUCS), y las que buscan mantener el statu quo las del CSU y en posiciones tibias la de los docentes y profesionales.

Ante esta situación llamamos a EPA, estudiantes de las escuelas, facultades y centros regionales, junto a todos los sectores progresistas de docentes, trabajadores y profesionales, que buscan cambios profundos y democráticos en la U, a avanzar en los esfuerzos de unidad; a profundizar el trabajo de base, informando a la comunidad universitaria sobre qué implica la reforma; a incorporarlos a los procesos de lucha por una universidad popular que significa la lucha de los derechos de los sectores universitarios y la lucha por los derechos de todo el pueblo trabajador.

En ese sentido debería haber una reflexión de parte de algunos docentes como el Sindicatos de Docentes e Investigadores de la USAC (SINDIUSAC), que se caracterizan por buscar de palabra un proceso de reforma por una universidad popular pero en la práctica no lo demuestran, como es el caso de su negativa a apoyar el envío de la iniciativa de propuesta de reforma de ley al congreso y su poco interés de consultar seriamente a los grupos interesados en participar en la comisión multisectorial. De igual forma a los sectarios del Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que con sus métodos stalinos se aíslan de estos procesos, dando oportunidad para que la derecha se consolide. Además no se dan cuenta de que esos métodos los llevan a un callejón sin salida, tal como el repudio que generan en la Escuela de Historia donde heroicamente una asamblea de estudiantes los desconoció de la junta directiva de la asociación que mantenían de manera espuria.

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Por Leonardo Ixim

La crisis de la universidad se derrama en cada poro de ésta. Ahora es en la tradicional e histórica Huelga de Todos los Dolores, fiesta estudiantil, sátira política y religiosa, en el marco de la semana santa, con 111 años existencia, hoy convertida en un bacanal sin ningún mensaje propositivo para el pueblo guatemalteco como alguna vez lo fue.

La huelga fue fundada en 1898 por estudiantes de derecho y medicina, como una crítica contra la dictadura de Estrada Cabrera y a lo largo de su existencia fue una sátira contra los sanguinarios regímenes militares y los corruptos gobiernos civiles. Durante la revolución de 1944 al 54, apoyó las medidas transformadores del régimen revolucionario y también fue expresión para el anticomunismo cobijado en la universidad de aquel momento.

A finales de los 90s de siglo pasado, esta crítica y denuncia de las situaciones de miseria de la clase trabajadora se fue perdiendo, en el momento en que la AEU pasa a manos de la actual cúpula mafiosa y de derecha. De ser la conciencia crítica contra el Estado y voz de las clases explotadas, es actualmente una expresión de la derecha cavernaria que gobierna este país. La combativa huelga se volvió solo una fiesta para emborracharse y lo que es peor una verdadera mina de oro para los grupos mafiosos que tienen las distintas asociaciones estudiantiles, los comités autónomos y la AEU; por lo tanto, un espacio de rencillas en función del dinero que aquélla da.

Las formas en que la huelga genera dinero son variadas, pero la más común son las extorsiones que se realizan, contra miembros de la comunidad universitaria y pueblo en general. Esta situación fue la causa del reciente conflicto en la Facultad de Ciencias Económicas. Desde antes del declive de la huelga y de la mayoría de las asociaciones estudiantiles, grupos vinculados a partidos de derecha, grupos internos conservadores vinculados a la inteligencia del ejército fueron conformando comités autónomos de huelga.

Históricamente han sido las asociaciones quienes han organizada la huelga, sin embargo en los últimos años también participan los comités autónomos. Aunque no se pueda decir que los asociaciones siguen siendo la representatividad real del estudiantado, ni que todos los comités autónomos tienen vínculos con la cúpula mafiosa de la AEU ni con expresiones de derecha, si podemos recalcar que no existe un movimiento estudiantil reivindicativo, salvo algunas expresiones, y que la huelga no es una sátira política con una mensaje reivindicativo a las demandas populares. La excepción es el intento que las asociaciones de Historia y Políticas, más otros grupos están llevando a cabo, realizando un verdadero desfile bufo y crítico, distinto al que se lleva a cabo tradicionalmente el viernes de dolores.

En la facultad de Ciencias Económicos, un grupo autónomo dedicado actividades criminales, dirigido por un tal “Caballo”,(vinculado al actual decano Jorge Secaida, señalado por cometer ilegalidades tras su reelección y accionista de importantes ingenios azucareros) atacó el local y las integridad física de miembros de la Asociación de Ciencias Económicas, pertenecientes al grupo político “Solución Integral”, que se ha caracterizado por denunciar la corrupción de ese decano y que el año pasado apoyó las acciones llevadas a cabo por EPA en defensa de la autonomía. Tradicionalmente es la asociación la que organiza la huelga. Pero en los dos últimos años ha habido hechos violentos provocados por este grupo autónomo. En esta ocasión fueron ocho compañeros estudiantes heridos con armas cortopunzantes y bates.

Grupos de docentes de esa facultad denunciaron públicamente que el decano le ha otorgado todo tipo de facilidades a este grupo criminal, entre ellos el salón de maestros y otras facilidades de las instalaciones de tal unidad académica. Situación similar ocurre en la facultad de Derecho, donde el actual decano, Boanerge Mejía, quien se postuló para representante de la USAC ante la Corte de Constitucionalidad, vinculado junto al actual rector a bufetes de abogados que defienden a miembros del crimen organizado, manipula otro grupo criminal conocido como “Los Pumas”.

 Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los sectores progresistas de la comunidad universitaria a construir una fuerza democrática que arrebate el poder a todos estos grupos mafiosos y de derecha que tienen en sus manos la universidad y al estudiante sancarlista a que rescate la huelga de dolores de la AEU y de otros grupos criminales, como lo están haciendo las compañeras y compañeros de Historia y Políticas

maestros en la Plaza Central 

Por Armando Tezucún

Desde inicios de abril los sindicatos magisteriales, ANM-STEG (Asociación Nacional del Magisterio, Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala) anunciaron bloqueos, movilizaciones, protestas y marchas.

¿Por qué la lucha actual?

Los motivos se remontan al pacto colectivo firmado en abril de 2008, en que el actual gobierno se comprometió a realizar un ajuste salarial anual del 8% por cuatro años consecutivos. Este aumento se hizo efectivo en 2008, pero no en el 2009. Por esta razón en febrero de 2010 los docentes se fueron a la huelga reclamando un aumento del 16%, 8% del 2009 y 8% del 2010. La lucha finalizó cuando el gobierno se comprometió a incrementar un 10%, quedando el restante 6% sujeto a negociación en una mesa de diálogo.

Entre septiembre y noviembre de 2010, el magisterio presionó al Congreso mediante marchas y pequeñas movilizaciones para que el Mineduc recibiera en 2011 un presupuesto de Q12 mil millones, pero al final le fueron asignados Q 9,500 millones, insuficientes para cubrir las necesidades de la educación pública en el presente año. A inicios de 2011, se efectuaron varias reuniones entre dirigentes del magisterio y funcionarios del gobierno, firmando éstos en febrero un compromiso de mejorar el presupuesto de educación y cumplir lo acordado en 2008. El magisterio dio plazo hasta el último de marzo.

Se inicia la huelga

A partir del 1 de abril todas las filiales del sindicato magisterial efectuaron asambleas departamentales para decidir qué curso de acción tomar ante el incumplimiento del gobierno, iniciando la suspensión de clases. Poco a poco los docentes se fueron sumando al paro, hasta llegar, según el ministro de educación Dennis Alonzo, a que mitad del total de las escuelas se fuera a la huelga, unos 50 mil maestros. Las demandas principales eran: incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación en Q 5,500 millones, hasta llegar a Q15 mil millones; aumento salarial del 14% (6% que quedó pendiente de 2009 y 8% de 2011), fondos para alimentación de los escolares, construcción de 14 mil aulas y cien escuelas dañadas en el invierno de 2010.

El trasfondo de la debacle del sistema educativo

El trasfondo del problema es la falta de presupuesto del gobierno, que decretó de manera irresponsable y demagógica que haría efectiva la gratuidad de la educación pública, eliminando los pequeños cobros que se hacían en las escuelas para cubrir gastos de agua, energía eléctrica, implementos de limpieza, pago de conserjes y vigilantes y materiales básicos, etc. sin contar con fondos para cubrir las necesidades de alumnos y docentes. Por otro lado, implementó el programa asistencialista de entregar Q 300.00 a la familias para que envíen a sus hijos a las escuelas y a los centros de salud. La población escolar aumentó dramáticamente, pero no así los fondos enviados a las escuelas, dando como resultado un desastre. Los libros y útiles no llegan a las escuelas, tampoco la refacción escolar, faltan pupitres, las aulas están desvencijadas, escuelas a medio construir, los maestros hacen milagros para atender a las decenas de miles de alumnos.

Por otro lado, los empresarios oligarcas no han permitido que el Congreso apruebe la reforma fiscal necesaria para cubrir las necesidades sociales en tiempos de crisis económica, y el presidente no se atreve a enfrentar directamente al gran capital. Una tras otra, las propuestas para aumentar los ingresos del Estado han sido rechazadas por la oligarquía, a pesar de que los organismos financieros internacionales y los países donantes insisten en la necesidad de fortalecer el Estado. De esta manera, los maestros y los estudiantes se han visto atrapados en un emparedado formado por la mezquina oligarquía capitalista y el gobierno cobarde y pusilánime que se proclama a favor de los pobres pero es totalmente inconsecuente.

El paro se dio principalmente en los centros escolares del interior, pues la capital y las ciudades son quienes tienen mejor cubiertas las necesidades de sus escuelas. Por ello fueron miles de maestros del interior los principales protagonistas de las movilizaciones.

Los empresarios oligarcas atacan al movimiento magisterial

Para el 7 de abril se anunciaron bloqueos de carreteras, pero fueron suspendidos porque las cámaras empresariales interpusieron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para que se garantizara el derecho de locomoción. La CC las amparó y ordenó al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil que evitara los bloqueos. Pero los sindicatos interpusieron un amparo y lograron que se garantizara su derecho a manifestar. El jueves 7 millares de maestros marcharon por la capital planteando sus demandas.

El 8 inició el diálogo con el gobierno alrededor de 16 puntos: Además del aumento salarial, la construcción de escuelas, las medidas de seguridad, los fondos para programas de apoyo, la garantía de la gratuidad, los subsidios a institutos por cooperativas, al Comité Nacional de Alfabetización, Educación Especial, Educación Extraescolar, la incorporación de maestros presupuestados, la renovación de contratos 021, etc.

Los maestros continuaron en asambleas permanentes y en paro, cientos de ellos acamparon por días en la Plaza Central y manifestaron frente al Ministerio de Finanzas para presionar.

El diálogo termina en acuerdo

El jueves 14 al mediodía se anunció el acuerdo, que fue anunciado por el dirigente magisterial Joviel Acevedo y el presidente Colom. Se logró un aumento salarial del 10.5 por ciento y ninguna represalia contra los maestros huelguistas. Además se llegó a acuerdos sobre la reconstrucción, ampliación y construcción de escuelas, para lo cual el Ministerio de Educación debe incrementar presupuesto que según Acevedo debe ser de por lo menos 13 mil millones de quetzales.

Otros acuerdos son garantizar fondos para la alimentación escolar, la educación física, alfabetización, libros de texto y demás útiles, mejorar las condiciones de trabajo y que se respete el derecho de sindicalización.

El paro magisterial sin duda finalizó exitosamente, no sólo por los acuerdos logrados, sino porque el espíritu y el ánimo combativo de los maestros salió reforzado. Sin embargo, es seguro que el gobierno incumplirá lo acordado, igual que hizo con los acuerdos del 2008 y 2010. Nada nos indica que Colom y sus ministros van a conseguir los fondos para satisfacer lo pactado. Sólo recordemos que para cancelar los millones que el Estado debe a las empresas constructoras que hacen el trabajo de construcción, mantenimiento y reparación de carreteras, han anunciado recientemente que emitirán bonos de deuda. ¿Emitirán bonos también para financiar los programas de educación? La capacidad de endeudamiento del Estado tiene un límite. Son inevitables nuevas luchas dentro de unos meses.

Hay que cuestionar a la dirigencia oportunista

Por otro lado, recordemos que los dirigentes magisteriales, con Joviel Acevedo a la cabeza, han sido afines al gobierno. Por ello el presidente Colom llamó continuamente al diálogo de manera casi suplicante. Los compañeros maestros han sido uno de los sectores populares más luchadores, pero sus dirigentes les limitan a un horizonte estrecho que no va más allá del sector de educación. Resulta sorprendente que los sindicatos magisteriales no participen en las marchas del 1 de Mayo y el 20 de Octubre junto al resto de trabajadores, campesinos y organizaciones populares.

Es correcto reclamar un aumento del presupuesto para educación y todos los servicios sociales que el Estado debe prestar, pero no a la par del gobierno, apoyándolo, como han hecho los dirigentes del magisterio. Este es un gobierno burgués y precisamente por ello es que ha terminado doblegándose al gran capital y ha sido incapaz de resolver los problemas esenciales de la población pobre, a quien dice representar.

Los dirigentes magisteriales pertenecen a la Unidad de Acción Sindical y Popular, que ha tenido una política oportunista zigzagueante, de apoyo y reclamo al gobierno de Álvaro Colom y la Une. Peor aún, uno de sus dirigentes, Nery Barrios, anunció su candidatura a diputado por el departamento de San Marcos por el Partido de Avanzada Nacional, partido burgués cuyos candidatos a presidente y vicepresidente son el empresario Juan Gutiérrez y el finquero Carlos Zúñiga ¡Un sindicalista vendido a un partido de oligarcas!

Por la unidad del magisterio con los sectores populares

Los compañeros maestros deben hacer unidad de lucha con los demás sectores populares y ser consecuentes en su enfrentamiento con el gobierno burgués y con la burguesía en su conjunto, causante del desastre que hay en el sistema educativo nacional. Para ello deben cuestionar a sus dirigentes, que van a la cola del gobierno y colaboran con la burguesía. Se hace necesaria la formación de una corriente consecuente y clasista al interior de los sindicatos magisteriales que corrija el rumbo e integre al magisterio a las luchas populares contra el capitalismo.

¡Por una dirección clasista y consecuente, que los dirigentes rompan con el gobierno y la burguesía!

¡Unidad del magisterio con el movimiento popular!

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