Por Leonardo Ixim
La renuncia de Carlos Castresana al frente de la Comisión Internacional con la Impunidad en Guatemala (CICIG), es solo un evidencia mas del estado deplorable en que se en cuenta el sistema de justicia. En este artículo proponemos analizar esta situación y algunas de las causas de la renuncia de Castresana.
A partir de los acuerdos de paz firmados en 1996, se buscaba reestructurar el Estado, de uno basado en la lógica de la seguridad nacional que actuaba de facto y de hecho, mas no de derecho, que tenia una finalidad contrainsurgente, considerando insurgente a todo aquel que buscara ejercer sus derechos humanos especialmente los políticos y civiles. Por uno basado en un Estado de derecho, con independencia y funciones claras de los poderes públicos, una democracia liberal burguesa, que garantizara los derechos humanos aunque sea de forma mínima a las amplias mayorías de la población, vieja utopia de los humanizadores socialdemócratas y etapa necesaria para los estalinistas reformistas, llegando al callejón sin salida del etapismo al volver dichas etapas como fin.
Sin embargo a catorce años de la firma de la paz, ese intento de las fuerzas que enarbolaban la democracia real, no se ha logrado y aunque la finalidad de este articulo no es dilucidar el porque no se logro, si podemos esbozar que recién firmada la paz era la oportunidad dorada para que se construyera un estado democrático y se desmontara los cuerpos ilegales, clandestinos y de seguridad, o en otras palabras escuadrones de la muerte, nacidos al amparo de la inteligencia del ejercito con la finalidad de asesinar o desaparecer a luchadores sociales o de izquierda.
Los sectores democráticos tuvieron esa brillante oportunidad junto con la ONU[1], sin embargo estos se durmieron en sus laureles y un instrumento como la CICIG , no cuajo por la oposición de los sectores conservadores, lográndose poner en marcha casi diez años después de la paz, lo cual fortaleció a los sectores de derecha aliados con el crimen organizado y fortalecerse así en los enclaves autoritarios del Estado, robusteciendo su posición dentro de este y manteniendo la lógica de este, como autoritario y oligarca.
Específicamente sobre el sistema de justicia, lo que se buscaba era una independencia real con respecto al poder ejecutivo y a los poderes fácticos, tales como el ejército o la oligarquía, garantizar que los procedimientos para la aplicación de la justicia fueran eficaces, basándose en el principio de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos y que esta aplicación no tuviera influencia de los poderes logrando inclinar la balanza a su favor. Esto claro iba de la mano además de cerrar las posibilidades para las acciones pervertidoras dentro del sistema de justicia, que se desmantelara mafias enquistados en el organismo judicial y grupos clandestinos dentro de las fuerzas de seguridad.
Caracterizamos el Estado en general y el sistema de justicia en particular, a diferencia de lo que repiten algunos personeros de la sociedad civil las tesis oligarcas de que este es un Estado secuestrado por el crimen organizado, contrario a eso creemos que si bien es un Estado con enclaves cooptados por el crimen organizado, este es un Estado esencialmente oligárquico. En el caso del sistema de justicia esto es más evidente, pues si bien la impunidad existente en el seno de este, es reflejo de la cooptación por parte del crimen organizado, por otro lado es evidente como el sistema de justicia especialmente en casos agrarios, sirve a los intereses de la poderosa oligarquía guatemalteca.
Cuando miembros de la burguesía platean a trabes de sus medios de comunicación su preocupación por la independencia del poder judicial y la efectividad de la persecución penal a cargo del Ministerio Publico, no lo hace por un verdadero interés de nación, sino es simplemente una forma de esconder sus verdaderos intereses; su desasosiego por la perdida de hegemonía al interior de este poder publico y por las disputa que sectores de la burguesía emergente que hoy apoya al gobierno de Álvaro Colom tienen en el organismo judicial.
Por lo tanto el intento de construir un estado democrático se ha quedado a medio camino, pues su lógica autoritaria, los enclaves del crimen organizado y su naturaleza oligarca se mantiene, además como se menciona mas arriba es un espacio de disputa entre la oligarquía hoy hegemónica y los grupos emergentes, ambos dentro del bloque de poder.
Este bloque de poder tradicionalmente has sido dominado por de un grupo de familias-corporaciones donde se presentan ciertos fisuras internas no fundamentales, entre grupos de capital que han sido subordinado a la supercúpula oligárquica que hoy mantienen una lucha por hegemonizar dicho bloque. A esto se le agrega el crimen organizado especialmente narcotráfico pero también otras actividades directivas, que tienen ramificaciones en ambos grupos de la burguesía guatemalteca.
La CICIG es el segundo intento de instalar una comisión internacional de investigación de cuerpos clandestinos, el primer intento CICIACS, que significa, Comisión Internacional para la Investigación de Cuerpos Clandestinos y de Seguridad, lo cual era uno de los componentes de los acuerdos de paz y el interés de la burguesía imperialista de trasparentar el accionar de la burguesía nacional; durante el gobierno de Oscar Berger se inicio una disputa política entre fuerzas conservadoras que se oponían a la instalación de esta comisión internacional que investigara la existencia de escuadrones de la muerte, sus formas de operar desde instancias del Estado específicamente dentro de la Policía Nacional Civil y la inteligencia del Ejercito, además de las practicas autoritarias de unidades especiales de dichos cuerpos.
La CICIG y las redes clandestinas
Los sectores conservadores lograron que el mandato del primer proyecto de comisión internacional de investigación criminal conocida, la Ciciacs, fuera controlada y su mandamiento tuviera un alcance si bien mas general pues quedaba diseñado en función de desmantelar los grupos del crimen organizados independientemente de que estos aparatos se dediquen también actividades de terror a opositores políticos, con esta nueva concepción la aleja de una necesidad vital para la democratización real del país, que es la destructuración de los aparatos clandestinos y la limpieza dentro de la instituciones de seguridad de practicas terroristas y los aparatos internos que las impulsan.
Así se instala la Cicig a cargo del ex fiscal de origen español Carlos Castresana a la cabeza, después de que la derecha aceptara por fin dicho cuerpo de investigación criminal, ya que estas fuerzas lo que alegaban por lo menos públicamente, era que existía violación a la soberanía, pues tendría la potestad además iniciar y llevar a cabo investigación penal, también procesos judiciales y ser querellante adhesivo; pasando sobre la capacidad penal que tiene el Ministerio Publico (MP), que según la Constitución de la Republica es el único ente capacitado y autorizado para llevar a cabo dichas diligencias.
Eso a pesar de ser un argumento con cierto contenido legal real basándose en el marco jurídico vigente, era una cortina para esconder los miedos de algunos sectores conservadores por sus vínculos con los grupos clandestinos y del crimen organizado. La situación queda en impase hasta que se modifica tal situación siendo aceptable para la derecha y la oligarquía y es en el gobierno del Berger que se firma el acuerdo de instalación de la Comisión de Investigación Contra la Impunidad.
Para evitar inconstitucionalidades se plasma que la Cicig tendría que acompañar al Ministerio Publico en la investigación penal y policial, el MP por su parte abre una unidad especial para darle seguimiento a estos casos. La Cicig asiste la persecución penal de tal institución además de ser querellante adhesivo en procesos judiciales.
Sin embargo, mas o menos el espíritus se mantuvo y la Cicig trata de encarnar en su mandato lo que algunos sectores de la sociedad civiles buscaban en lo que respecta a la lucha contra la impunidad, la esencia de su función se mantiene aunque generalizando su mandato, el cual es la desmantelamiento de los cuerpos clandestinos e ilegales de seguridad y el fortalecimiento del sistema de justicia es su lucha contra la impunidad. Como se ve la lógica de tales organismos de la sociedad civil es fortalecer el estado derecho burgués actual, lo cual los lleva a establecer vínculos con sectores de la oligarquía tradicional interesados en eso, en ese sentido una institución como la CICIG es en esencia burguesa, en el sentido conceptual, pues su fin es la búsqueda por el establecimiento de un Estado subordinado a las leyes y con practicas e instituciones basadas en la democracia formal, liberal y representativa. Esto podría ser un momento necesario en función de avanzar a una democratización real y profunda, pero muchos de esos organismos de sociedad civil amarados financieramente al imperialismo por medio de las agencias de cooperación y a la supercúpula oligarca por su arribismo de clase, como representantes de la pequeña burguesía “honesta y humana”, caen en un democratismo estupido o son simplemente unos reformadores de este sistema injusto.
La CICIG cuando por fin se instala, es amarrada por las fuerzas conservadores vinculadas a la supercúpula oligarca, así en el quehacer de Carlos Castresana prioriza algunos casos, como el desvió de fondos por parte de ex-presidente Alfonso Portillo y la Cofradía[2] y que ha sido recientemente desbaratada. Sin embargo lo que esta detrás de esto es la aversión que la oligarquía le tiene Alfonso Portillo pues este durante su gobierno mantuvo un discurso demagogo donde critico la hegemonía de la oligarquía De igual manera favoreció a ciertos empresarios de la burguesía emergente y daño a la hora de la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos los intereses de las corporaciones de la oligarquía.
Así hay un temor de parte de los grupos mas concentrados del capital a que vuelva a ser una figura presidenciable y que de a conocer información que este tiene relacionado a la evasión de impuestos por parte de estos. Según un importante analista político, la Cofradía es mas un mito del pasado que algo del presente pues sino ya hubiera activado de distintas formas en función de defenderse, así la verdadera intención es terminar de dañar políticamente a una codiciada presa como es Portillo, logrando su extradición a EU generando un mal precedente y fomentando mas la impunidad que tendrá este país sobre los que considere indeseados para sus intereses.
Otro caso que han sido investigados fueron los relacionados al asesinato de tres diputados salvadoreños del partido derechista de ese país Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), donde están vinculados altos funcionarios de la policía y el Ministerio de Gobernación de la administración de Berger, específicamente Spirensen director de la PNC y Vielman ministro de gobernación. Sobre esta investigación no se conoce que tanto han avanzado, tan solo la captura del ex diputado Manuel Castillo vinculado al narcotráfico y que presumiblemente no es el único involucrado en estos crímenes. Ha trascendido que la cúpula de seguridad publica se entero que uno de los diputados salvadoreños, Manuel Pichinchee llevaba un gran cargamento de cocaína y los funcionarios mencionados se interesaron en robar la droga.
Otro hecho relacionado es el asesinato de Víctor Rivera quien era un experto en casos de secuestros y dirigía un comando antisecuestros dependiente directo del Ministro de Gobernación, este individuo de nacionalidad venezolana bajo el seudónimo de Zacarías, había sido miembro de la policía política de ese país la Disip, vinculado a violaciones de los derechos humanos a opositores de izquierda en Venezuela, había trabajado con las fuerzas de seguridad de El Salvador y Guatemala, era agente de la inteligencia estadounidense, CIA, tenia vínculos con miembros de los grupos terroristas contra revolucionarios dirigidos por el también agente de la CIA Luís Posadas Carriles, quienes en sus operaciones terroristas tuvieron facilidad de parte de los gobiernos centroamericanos para crear una base de operación en Centroamérica y reclutar personas para sus actividades terroristas contra Cuba.
Recientemente la CICIG dio a conocer la forma con que se llevo el crimen donde se acusa directamente a un narcotraficante, Jorge Mario Paredes, alias el “Gordo Paredes”, preso por ese delito en Estados Unidos, según informo este cuerpo internacional de investigación, existía un vinculo entre Víctor Rivera y el gordo Paredes, pues el primero trato de chantajear ha Paredes. Podríamos especular que existía un temor de parte de algunas personas con mucho poder que influyeron en el gobierno de Berger o que podrían haber sido funcionarios especialmente pertenecientes a la cúpula de seguridad de que este revelara los vinculados de estos y Rivera con el narcotráfico.
A pesar de todo la CICIG con su maestría de investigación criminológica como lo demostró en este caso al inculpar al “Gordo Paredes” o como ha hecho en otros casos, no revela los vínculos muchas veces políticos más haya del relacionamiento técnico científico en que presentan sus investigaciones.
Otros casos que han quedado pendientes pese a existir procesos investigativos abiertos son por ejemplo las practicas de exterminio de parte de la policía en el gobierno de Berger y el asesinato de lideres sociales en todo el país, pero sobre todo en el departamento de San Marcos, relacionado a un movimiento que se ha gestado en dicho departamento y que exige la nacionalización del servicio eléctrico. Situación que afecta a interese trasnacionales y de la burguesía, pues las empresas encargadas de la distribución y comercialización de electricidad ven como una amenaza este tipo de exigencias, así no seria raro que estas utilizaran escuadrones de la muerte para asesinar a estos lideres tal como ha sucedido en el pasado aquí y sucede ahora en Colombia.
Sin embargo en el caso de los escuadrones de la muerte en el gobierno de Berger, ya con el nuevo jefe de la CICIG el costarricense Francisco Dall´Anese, hasta antes de su nombramiento, fiscal general en Costa Rica, la CICIG inicio un querella contra Vielman, Sperisen y Alejandro Giamattei quien era director de presidios durante ese gobierno, por ejecuciones extrajudiciales tras un allanamiento a la prisión preventiva de Pavón cometiendo ilegalidades, asesinando a presos que no mostraron resistencia al operativo policial. Pero esto solo es la punta de un iceberg de una práctica común de la seguridad pública que se acentúo en el gobierno de Oscar Berger y continua en este gobierno.
Algunos elementos positivos dentro del mandato de Castresana ha sido el revelar las causas del asesinato de Rosemberg, aunque relacionado a este caso no se conoce mucho del crimen contra Kalil Musa y su hija. Sin embargo esto lo podemos matizar, porque se descubre por medio de una investigación criminalistica la responsabilidad de los asesinos quienes son los primos de Rosemberg, Francisco José y José Estuardo Valdés Paiz.
Castresana no profundiza la investigación dejando intacta las motivaciones políticas ya no tanto del hecho concreto del asesinato de Rosemberg sino de los motivos que llevaron a usar dicho evento como un intento de defenestrar al presidente de la republica,[3] relacionado con esto, deja intacto redes donde sale a relucir personajes como Luís Mendizábal y Mario David García, dos individuos de extrema derecha vinculados a dos intentonas de golpe de estado de 1987, que fueron cómplices del crimen de Rosemberg pues estuvieron relacionados con la grabación del video donde se acusa al presidente y su esposa de quererlo matar . Pues en el caso del primero quien tenia una amistad con el abogado muerto, este hizo el contacto con el segundo, quien tiene un programa en una radio comercial y fue el quien gravo el video, uno se pregunta que motivo a Castresana no vincularlos en el asesinato del abogado cuando ellos tenían conocimiento de que lo querían asesinar.
Estas dos personas son parte de una red que tiene vínculos con bufetes de abogados corruptos, específicamente vinculados a redes de adopciones ilegales y defensores de narcotraficantes, con miembros de partidos políticos de derecha, magistrados, jueces, catedráticos de universidades privadas como la Francisco Marroquín (UFM), donde sobre sale Fernando Linares Beltranena, ex decano de derecho de la UFM, ex constituyente de 1984 y defensor de importantes militares contrainsurgentes vinculados a violaciones de derechos humanos y delitos de narcotráfico; esto es dado a conocer por la CICIG y se vuelve uno de los motivos de la renuncia de Castresana. Nuevamente a pesar de haber vínculos entre Garcia y Mendizábal y estas redes, vemos que no aparecen claramente y la CICIG los deja extrañamente fuera de estas redes.
Castresana deja intacta una red de personas que posteriormente inicia una campaña para desprestigiarlo públicamente por supuestos amoríos con una funcionaria subordinada a este. Posteriormente esto empalma con el momento de elección del fiscal Conrado Reyes después de ser finalista de una lista de seis miembros elegidos por la Comisión de Postulación.
Renuncia Castresana aduciendo el poco compromiso de parte del Estado en su conjunto para combatir la impunidad, pero señalando que el fiscal electo Conrado Reyes esta vinculado a estas redes de bufetes de abogados que se dedican a las adopciones ilegales y a defender narcos, además ser una persona que tiene relaciones con los hermanos Paiz. En las revelaciones dadas a la prensa el 14 de junio el director de CICIG menciona que por medio del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad Hilario Roderico Pineda Sanchez, ex miembro de la extinta Democracia Cristina y ahora del Frente Republicano Guatemalteco, se comunica con uno de los acusados de orquestar la campaña mediática contra Castresana menciona que Conrado Reyes es persona de confianza y alguien que ayudara ha parar el proceso contra los hermanos Paiz.
Conrado Reyes estuvo unas semanas, desde las acusaciones de Castresana contra este hasta que el presidente después de mucho titubeo y presión de organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la Convergencia de los Derechos Humanos y de la Corte Constitucional lo destituyera, pero durante su breve gestión aprovecho para destituir a personas que tienen funciones estratégicas dentro del Ministerio Publico y llevaban los casos contra esta red mafiosa, así como el que se le sigue a ex presidente Portillo. Sin embargo a pesar de su destitución intuimos que fue tiempo suficiente para que estas redes recabaran importante información sobre las investigaciones que el MP lleva a cabo de estas redes y sus operaciones criminales.
Mucho de los señalados por Castresana están relacionados en distintos tejidos empresariales y políticas, así los hermanos Paiz, primos de Rosenberg, están interconectados con Fuxen Ciani e Ibarra Figueroa[4] quien ha sido detenido y se vincula de haber organizado la campaña de desprestigio a el fiscal español. Este por su parte tienen nexos con los hermanos Moreno Botran que provienen de una de las familias mas fuertes de la oligarquía, la familia Botran dueña de la poderosa industria licorera del mismo nombre; ellos fueron algunos de los que influyeron para que Conrado Reyes fuera electo fiscal a cambio que contratara gente de confianza de ellos como el ex director de Aeronáutica Civil durante la administración Berger, Juan Roberto Garrido, un militar que en su gestión ocurrió el famoso robo de siglo, donde robaron de un camión de seguridad que se encontraba en el aeropuerto $9 millones de dólares, dinero que se movía hacia el extranjero, otro hecho que ocurrió en su gestión fue el asesinato del técnico de control aéreo José Emmanuel Méndez Dardon hijo del activista de derechos humanos Amílcar Méndez, este técnico obligo a una avioneta que no tenia autorización a no aterrizar en el aeropuerto, desviándola hacia una pista donde fue interceptado por fuerzas de seguridad encontrando grandes cantidades de cocaína.
Garrido tiene vínculos a Carlos Quintanilla y este a su vez a Ortega Menaldo quien esta siendo investigado en Estados Unidos por tráfico de narcóticos, a este le fue quitada la visa para entrar a ese país. Garrido por su parte también se le investiga de tener vínculos con el narco y de igual forma le han quistado la visa para ingresar al país del norte, este previo a su nombramiento en el MP actuaba como subsecretario de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Trafico Ilícito de Drogas (Seccatid) adscrita a la Vicepresidencia de la Republica, a la cual el vicepresidente Espada menciono públicamente que desconocía de los vínculos de Garrido.
Es necesario recordar que Carlos Quintanilla ejercía la dirección de la Secretaria de Administración y Análisis en Seguridad (SAAS) y fue acusado por el mandatario de instalar en la casa presidencial (donde se encuentra el despacho presidencial) micrófonos para oír las conversaciones del presidente, la primera dama y los funcionarios mas cercanos a estos. Quintanilla esta siendo procesado por ese hecho y se encuentra preso.
Otra persona a señalar como parte de esta redes conformado por elementos de la burguesía pero que se desplazan a lo que se podía entender por sus vínculos y sus actividades con el crimen organizados como lumpen, es Fernando Linares Beltranena, miembro también de una familia oligarca, quien actúa como abogado de Ibarra Figueroa. Beltranena ha ejercido como decano de la facultad de derecho de la UFM es abogado constitucionalista y se ha dedicado a defender a militares contrainsurgentes acusados de violaciones a los derechos humano pero sobre todo de esta vinculado con adopciones ilegales y narcos; ha sido defensor de Manuel Castillo y a Ortega Menaldo.
Otra red que se dio a la tarea desprestigiar a Carlos Castresana y que esta relacionado a las anteriores teniendo como nudo la Universidad Francisco Marroquín es la de los periodistas, Giovanni Fratti, Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Duran; estos pertenecen al grupo Libertopolis, que tienen el papel de reproducir el pensamiento ultra liberal. Estos individuos que se dicen ser defensores de las libertades individuales y luchar contra los totalitarismos, se han caracterizados como los ideólogos del liberalismo y han acompañado la iniciativa de Prerreforma del recientemente fallecido Manuel Ayau, un oligarca que fundo la UFM.
Los periodistas en mención están posicionados en distintos medios, así Zapeta y Díaz Duran son columnistas del diario conservador Siglo XXI, mientras que Fratti tiene un programa de opinión en la cadena de radio Emisoras Unidas, además de haber sido director de la desprestigiada Radio Universidad de la Universidad San Carlos, poniendo en evidencia la derechización de esta universidad publica. Además dicho grupo tienen vínculos con los golpistas Mario David García y Mendizábal, pues su papel como ideólogos formados en la UFM ha sido el de generar opinión a favor de este pensamiento y beneficiando así a la oligarquías de este país, aunque también en estos círculos acostumbrados al pragmatismo se le considera como dogmáticos.
Tras la renuncia de Castresana se nombro a uno nuevo director de la Cicig que iniciara sus operaciones en septiembre, el costarricense Francisco Dall’anese, quien como lo mencionamos ha fungido como fiscal de ese país y ha llevado a enjuiciar a dos ex presidentes por recibir comisiones ilegales respectivamente, a Miguel Angel Rodriguez y Rafael Angel Calderon, ambos del casi extinto y tradicional Partido de Unidad Social Cristiano (PUSC), muy cercano el gobernante Partido de Liberación Nacional (PLN) quien ha sido el beneficiado de la crisis que se encuentra el PUSC sobre todo en lo relacionado con los negocios estatales de ese país.
Podemos asegurar que la renuncia de Castresana es una consecuencia de la crisis del sistema de justicia y si bien esta relacionado con la campaña de estas redes por desprestigiarlo, de igual manera con la falta de cooperación del Estado en no tener un comprimoso real en la lucha contra la impunidad, así como en la elección de un fiscal vinculado a estas mismas redes, aunque en este punto se le achaca que Castresana conocía que era uno de los seis seleccionados por la Comisión de Postulación y planteo su cuestionamientos hasta que este fue electo fiscal, la causa puntual de su renuncia fue otra.
Conocemos por ciertas informaciones que se le exige su renuncia desde la ONU por su parcialidad con respecto a la relevancia que le dio a ciertos casos como algunos de los mencionados mas arriba sobre otros relacionado con limpieza social por fuerzas de seguridad pública y asesinatos de luchadores sociales
Sobre el asesinato de líderes sociales que han llevado luchas contra trasnacionales y grandes empresas de capital nacional existe un pedido de las organizaciones sociales aglutinados en Movimiento Indígena, Campesino, Popular y Sindical (MICPS) de inicio de este año donde públicamente se le pide a la CICIG que se investigue y se desarticule los grupos criminales que han asesinado a estos lideres; por lo tanto no se puede caer en pretextos vanos como lo expresado por ciertas organizaciones de la sociedad civil que no existe prueba suficiente para demostrar que atrás de los asesinatos hay grupos clandestinos y menos aun que no existan vínculos con trasnacionales, cuando estos fueron asesinados por luchar contra los excesos de estas empresas específicamente Unión Fenosa encargada de la distribución de energía eléctrica y señalada de abusos contra los consumidores.
En noviembre del año pasado Castresana menciono que tenia avances de cómo operan estos grupos clandestinos al servicio del gran capital, porque no habido avances sobre la desarticulación de estos grupos, hasta ahora no hay una investigación seria para desarticular dichos cuerpos. Al final de su mandato se dio cuenta que, en los que confío, es decir sectores de la oligarquía son los mismos que mantienen la impunidad, Solo recientemente y eso hay que reconocerlo se logro tener indicios de una estructura criminal que operaba desde las altas instancias de seguridad publica en el gobierno de Berger en lo que se refiere al caso de la matanza de Pavón.
Queda pendiente ir desarticulando esas redes y conocer a profundidad las existentes en este gobierno que vinculan a una alta funcionaria de la PNC como es Marlene Blanco Lapola, si existe alguna continuidad o son de recién creación, que igual se dedican a realizar prácticas violatorias de los derechos humanos a supuestos delincuentes y jóvenes de barios marginalizados.
Es necesario que el nuevo director, desmantele las redes vinculadas a estos sectores de la extrema derecha, los responsables de las muertes de los líderes sociales, las estructuras que practican violación a los derechos humanos dentro de las fuerzas de seguridad y la criminalización y violencia a la acción de los defensores de derechos humanos. Pero para eso es necesario que se imparcial y no confié en el poder económico tal como lo hizo Castresana y la necesidad de postergar por lo menos unos cuatro años mas el mandato de la CICIG si va en esa línea, pero para eso debería existir una fiscalización de las organizaciones populares, no específicamente en cada caso, pues eso seria entorpecer los procesos de investigación criminológica sino en el cumplimiento de su mandato, el desarticulamiento de los grupos clandestinos con conexiones a las fuerzas de seguridad publica y al crimen organizado
Sobre la elección del fiscal
Con respecto a la elección de fiscal, el fallo dado por la CC donde se ordena la destitución del fiscal Conrado Reyes, se llama a un nuevo proceso para elegir fiscal y se sugiere a los miembros de la Comisión de Postulación[5] que se inhiban de conocer el proceso, queda mas nítido situación de crisis del sistema de justicia. ¿Pero porque queda evidenciado esta situación?
Lo que plantea la corte es que hubo un procedimiento éticamente fuera de lugar aunque legalmente se haya actuado conforme a la ley, por el hecho de eligir a alguien con vínculos a redes criminales ya que Reyes es parte de estos bufetes que han defendido narcos, entonces desde ahí vemos que el proceso que se mostró como la panacea para elegir funcionarios probos e iniciar el proceso por instituciones independientes y honestas (ilusión de la democracia liberal) tras la iniciativa de ley de la diputada Nineth Montenegro, quedo como otro bonito intento mas.
Varios miembros de la Comisión de Postulación desde la resolución de la CC hasta la fecha se han inhibido nombrando a otros faltando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los organismos de sociedad civil aglutinados en la Convergencia de Derechos Humanos y en el Movimiento Pro-justicia presionaron públicamente para que se terminen de inhibir los que faltaban, algunas personas de estas instancias plantearon que si el presidente de la CSJ no se inhibe podía caer en delito y abrirse un proceso penal contra este.
Del otro lado, tanto el CANG y el magistrado presidente de la CSJ menciono que la decisión de la CC es ilegal pues la constitución es clara cuando plantea que no puede haber representaciones en las Comisiones de Postulación. Este argumento creemos que en el marco jurídico burgués tiene peso pues caerían en ilegalidades sin son sustituidos por otras personas y los distintos actores que han expresado opiniones sobre esto plantean en su totalidad la defensa de este estado de derecho burgués. El sector de la sociedad civil no vinculado con la oligarquía, creemos que con intenciones honestas de democratizar las instituciones del Estado, vemos su ceguera al creer ilusamente la posibilidad de que eso es posible en los marcos de este capitalismo semi-colonial.
Sobre elementos operativos de cómo quedaron esta comisión; para las universidades privadas en base a sus regimenes internos eligieron a nuevos representantes, en el caso de la USAC donde el decano de derecho Boanerge Mejia si se inhibió, fue sustituido por el Vocal I de es facultad Landelino Franco que supuestamente tiene vínculos con las mafias financiados por el “rey del tenis” quien a apoyado financieramente al FRG especialmente al diputado por ese departamento Haroldo Quej y ahora financia al Partido Patriota. Legalmente tendría que haber nuevas elecciones dentro de esta facultad para elegir un nuevo decano en base al ordenamiento interno de esta casa de estudios, lo mismo tendría que haber pasado en el CANG y en el tribunal de honor de dicho colegio, en estos casos al igual que al anterior fueron solamente sustituidos por otros miembros de las directivas. En el caso del presidente de la CSJ es sustituido por el primer vicepresidente de forma provisional mientras el pleno de magistrados escogerá al nuevo presidente que sustituya al señalado Erick Álvarez.
Y aun más ilógico jurídicamente existieron ciertas opiniones que plantearon que el presidente de la republica quien es el que al final elige de entre la terna se inhiba a conocer y elegir, lo cual caería así como en el cado el presidente de la CSJ en un incumplimiento de funciones, existe un mandato constitucional que los obliga a no inhibirse.
Como sea lo que vemos ahí es que el proceso para elegir fiscal se ha entorpecido, que la decisión de la CC cayo en una ilegalidad porque como se menciono mas arriba la constitución es clara “no se acepta representaciones”, por lo tanto creemos que lo mejor seria que la fiscal interina Encarnación Mejía (que es una de las postulantes para fiscal pero ya no provisional) que regreso a sus puestos a funcionarios del MP removidos por Reyes para poner gente afín a sus intenciones, se mantenga en esta función hasta que llegue el otro gobierno.
Actualmente la Comisión de Postulaciones esta conociendo los distintos curriculum de los candidatos a fiscal general, son 40 candidatos de los cuales 26 son nuevos, destacan abogados litigantes, jueces y magistrados, como Sergio Lima Morales, o Ángel Conte Cojulun que fue director de la PNC en el gobierno de Álvaro Arzu, creada en ese gobierno producto de los Acuerdos de Paz, sin embargo este venia de la vieja institucionalidad de seguridad publica vinculada a la represión de opositores políticos y la violación a derechos humanos.
Otros abogados son Julio Cesar Rivera, Leopoldo Liu y Edgar Enrique Lemus Orellana, quienes fueron de los seis finalistas por la anterior postuladora. Figura también Luis Alexis Calderón quien fue abogado de los hermanos Valdez Paiz, el juez quinto de ramo penal Marco Antonio Villeda Sandoval que ha conocido el caso de lavado de dinero del expresidentes Portillo, así como la ex magistrada de CSJ Astrid Janeth Lemus Rodrigues
Sobre la decisión de la Corte de Constitucionalidad anteriormente mencionada, nos parece preocupante porque asume a nuestro punto de vista funciones que no le corresponde, pues no se les puede pedir a los funcionarios que se inhiban de sus obligaciones constitucionales. De igual forma podemos mencionar otros casos cuando en clara usurpación de funciones la corte sentencia a favor de los demandantes un recurso de inconstitucionalidad, puesto por 13 docentes de la USAC, contra la ley orgánica, el estatuto de esta y el reglamento de elecciones con lo que se refiere a la elección de representantes ante los órganos directivos de las facultades, ocasionado un manoseo de la ley y violando la autonomía universitaria, cuando el congreso es la única instancia a iniciativa de la universidad para reformar su ley orgánica.
También en el proceso que se le sigue a Portillo para su extradición a Estados Unidos pedido por un fiscal de Nueva York. La corte decreta que el proceso no puede pararse tal como pidieron los abogados de Portillo tras un recurso de amparo puesto en una corte de apelaciones, que tendría que paralizar procesos pues se tiene que dirimir inconstitucionales planteadas o en todo caso seguir desarrollando el proceso, esto fue calificado por un sociólogo especializado en temas de justicia como una monstruosidad jurídica, cuando en el congreso esta engavetada una reforma a ley de amparo para eliminar las dilaciones al amparo.
Para concluir planteamos que la crisis del sistema de justicia es la crisis de un modelo de Estado liberal que con los acuerdos de paz buscaba su democratización y la construcción de un estado derecho con instituciones imparciales e independientes de los poderes facticos del país, enfatizando en el sistema de justicia, que sigue estando subordinando a estos poderes y que este lejos de alcanzar una independencia real.
Pero no se logro por la tozudez de los sectores conservadores que buscaron reposicionarse en el estado de derecho inaugurado con la constitución de 1984 con fines claramente contra insurgente, manteniendo y fortaleciendo estos espacios dentro del Estado, los enclaves autoritarios y cooptados por el crimen organizado, las practicas totalitarias de las fuerzas de seguridad publica, la impunidad de grupos clandestinos al servicio de los intereses económicos, todo esto pese a los procedimientos institucionales formalmente democráticos que se expresa de igual forma en esa misma constitución.
La crisis desatada por el caso Rosemberg solo pone evidencia que dentro del bloque histórico hay sectores que se resisten a perder sus posiciones hegemónicas, una extrema derecha acostumbrada a practicas golpistas y vinculada actividades criminales, otra derecha corporativa con nexos con esta pero con un accionar mas legal con sus expresiones partidarias y que no se abstienen de usar el recurso del golpe de estado y otra vinculada con el actual gobierno representativa de los grupos económicos que no pertenecen a la súper rosca. El poder del Estado esta en disputa por todo estos grupos.
[1] Representante de la sectores mas reformistas de la burguesía imperialista que necesitaba ya no una Centroamérica gobernada por dictaduras sino un régimen democrático-oligárquico como en la actualidad, donde la izquierdas antes armada se han vuelto pata de la misma mesa.
[2] La Cofradía es un grupo formado en la década de los 80s por militares de alta en su mayoría miembros de los servicios de inteligencia que tenían como cabeza al General Francisco Ortega Menaldo. Dicho grupo se involucro en actividades criminales estableciendo una red de contrabando desde el control que ejercían en las aduanas. Esta red mantuvo una disputa con el Sindicato, otra red de militares vinculados a la inteligencia, dirigidos por Otto Pérez Molina, secretario general del Partido Patriota también vinculado al crimen organizado, ambas redes tiene un origen en común, ser parte de los miliares institucionalistas que impulsaron la transición a la democracia. La Cofradía durante el gobierno de Portillo, Ortega Menaldo y otros militares rodearon al ex-presidente y fueron una suerte de poder tras el trono.
[3] Recordemos que el asesinato del abogado Rosemberg sirvió para que grupos de extrema derecha aglutinados en plataformas cívicas que lograron movilizar una gran cantidad de jóvenes de capas medias por medio de redes sociales por Internet para pedir la renuncia del presidente, a la cual se le unió la oposición de derecha aglutinada en el Partido Patriota, mas cautelosos fue el empresariado que desde el Cacif demandaron que se investigara el hecho pero que fueron parte de estas acciones. Por su parte el gobierno movilizo una gran cantidad de población que ha sido beneficiada por los programas asistencialistas llevados a cabo por la primera dama.
[4] Este es un experto en comunicaciones que era el relacionista público en el gobierno de Berger y en el medio periodístico se le conoce por inventar calumnias, había ejercido hasta su detención, como el encargado de comunicaciones del derechista y opositor Partido Patriota.
[5] Esta conformada de la siguiente manera: El magistrado presidente de la CSJ, el presidente del tribunal de honor del CANG, el presidente de este gremio profesional del derecho, el decano de la facultad de derecho de la Universidad San Carlos hoy sustituido por el vocal I y los decanos de las universidades privadas donde se imparte dicha carrera.
