Por Armando Tezucún

La ex esposa del presidente Álvaro Colom, ahora precandidata presidencial por la coalición Unidad Nacional de la Esperanza-Gran Alianza Nacional (UNE-GANA), continúa la pelea por que su candidatura sea legalmente inscrita. Como recordamos, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral le negaron tres veces la inscripción. La Corte de Constitucionalidad se encargó de suspender una resolución de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal que favorecía a Sandra Torres.

El siguiente paso fue presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, el cual le fue negado el 11 de julio. De 13 magistrados, sólo uno votó a favor de torres (Diario El Periódico 12/7/11).

En esta ocasión la Une-Gana movilizó cerca de 300 simpatizantes para presionar a la CSJ, incluso un grupo de ellos se declaró en huelga de hambre. A pesar de que los dirigentes uneístas Orlando Blanco y Fernando Barillas negaron que fueran a recurrir a marchas, manifestaciones y plantones (ver diario El Periódico y Siglo XXI del 5/7/11), a partir de esa fecha se han hecho más frecuentes las demostraciones públicas masivas que hacen presión a favor de la candidatura de Sandra Torres.

Estas movilizaciones son básicamente de madres de familia que se han visto beneficiadas por los programas de asistencia social, en especial la entrega de alimentos básicos y de una remesa monetaria por enviar a sus hijos a la escuela y a los centros de salud. A pesar de que los partidos de oposición aseguran que mantendrán estos programas, pero con controles y regulaciones, Torres pregona en sus discursos que desaparecerán de no ser ella la próxima presidente. Es evidente que a la burguesía en su conjunto le conviene mantener estos programas porque son una válvula de escape para la situación explosiva que plantea la pobreza aguda de las clases oprimidas. Resulta obvio que no resuelven los problemas estructurales que arrastra el país desde hace décadas, como pretende hacer creer el actual gobierno. Sólo una revolución de los trabajadores, campesinos y oprimidos lo lograría. En América Latina gobiernos de derecha y gobiernos reformistas han implementado tales programas. Las diferencias entre el partido de gobierno y la oposición de derecha no van por ese rumbo.

Los seguidores de Sandra Torres han puesto en alerta a los grupos de derecha, sobre todo porque éstos recuerdan cuando en 2003 el Frente Republicano Guatemalteco, entonces en el gobierno, provocó disturbios en la zona 10, donde están los centros de negocios de los grupos oligárquicos, presionando por la inscripción del ex general golpista Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. Ríos Montt logró su inscripción pero el recurso a métodos violentos le valió una baja votación. Es muy poco probable que la Une-Gana llegue tan lejos.

Los abogados de Sandra Torres presentaron un recurso de aclaración ante la CSJ por su decisión anterior, pero el 13 de julio los magistrados lo rechazaron por unanimidad. La Une decidió esperar a que la CSJ dicte un fallo definitivo sobre esta acción legal, lo que tardará 15 días, para apelar ante la Corte de Constitucionalidad. Este es el último recurso que tiene Sandra Torres para que su candidatura sea aceptada.

Mientras, las movilizaciones continúan. El domingo 17 la UNE-GANA organizó en la capital tres marchas de apoyo a Torres que confluyeron en la Plaza de la Constitución con cerca de 20 mil personas. El 20, simpatizantes de Torres se movilizaron por diferentes puntos de la capital hasta llegar frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que los magistrados resuelvan a favor de la inscripción de Torres

La Une recibió otro golpe cuando el 11 el TSE rechazó la candidatura de Luis Leal a la alcaldía de la capital. Al parecer el precandidato está registrado como residente en Jutiapa a pesar de que tiene documento de identificación de la capital. Leal decidió abandonar la lucha electoral en vez de dar una batalla legal.

Si la CC le niega el amparo a Sandra Torres, el partido oficial perdería dos candidaturas claves: La presidencia y la alcaldía capitalina. Esto le dejaría el campo libre a la derecha militarista del Partido Patriota que lidera las encuestas. A pesar de que la actual línea general del imperialismo y de la burguesía oligárquica es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia formal para realizar con tranquilidad sus negocios, debemos estar preparados para defender las libertades democráticas contra una posible embestida de un eventual gobierno del PP.

Por ello llamamos a los trabajadores, campesinos indígenas y pueblo en general a reflexionar y no dar su voto a los ex militares del PP ni a los representantes de los empresarios explotadores.

Por Marcial Rivera

“La Seguridad, no se combate con Mano Dura, se combate con Inteligencia” frase que está resguardad en la memoria, de las y los Guatemaltecos, y que fue repetida en innumerables ocasiones, durante la campaña del actual presidente Colom, y que además fue acuñada, durante el discurso de toma de posesión del mismo.

Si bien es cierto los resultados en materia de seguridad no son alentadores, ha habido una leve mejoría, sin embargo a nivel internacional, Guatemala no puede evitar su imagen de estado Cuasi-fallido, en donde la violencia, el narcotráfico, crimen organizado han pasado a formar parte de la cotidianeidad, sin que las autoridades puedan hacer algo para detener este flagelo de violencia. Aunque aparentemente hay una leve mejoría en la reducción del número de homicidios, y de violencia común, lo cierto es que los niveles de violencia son aún altos.

En días recientes, se dio la aprobación del presidente de la República, en la que se autoriza el reclutamiento de más personal, para “luchar a favor de la seguridad ciudadana” según la edición de Siglo XXI; del nueve de julio, habrá que cuestionar la efectividad, de tal decisión, lo cierto es que no deben destinarse recursos para el ejército, sino para las instituciones encargadas de brindar seguridad, se deja entrever la posibilidad del aumento de hasta 31 mil efectivos, que es la cifra tope según los Acuerdos de Paz.

“Vamos a tener un Ejército apegado a los Acuerdos de Paz, un ejército moderno bien equipado y un Ejército trabajando por su sociedad, no tengo la menor duda” “Queremos conquistar la gobernabilidad democrática, queremos conquistar esa gobernabilidad con la que hemos soñado durante tanto tiempo, con respeto a la ley”.

Estas fueron las palabras pronunciadas durante el discurso de toma de posesión en lo que se refiere al ejército, lo cierto es que la militarización de la seguridad pública, es la realidad actual, no puede negarse la fuerte presencia de efectivos militares, en departamentos donde se registran niveles elevados de violencia. Pareciera que se está en un Estado de guerra, debido al papel del ejército, que equivocadamente ha pasado a ocupar tareas de seguridad, que no le corresponden, y que violan claramente el espíritu de los Acuerdos de Paz.

Según El Periódico, en su edición del 22 de Julio, del presente año, el presidente de la República, fija un presupuesto del 0.33%, detallando las necesidades que existen al interior de la institución castrense, lo que se contrapone a la mística “socialdemócrata” con la que inició su gestión el actual gobierno, por otro lado resulta irónico que el mandatario de la nación solicite mayor presupuesto para las carteras de Salud, Educación y otras; cuando el mismo solicita este porcentaje de presupuesto para el Ejército. Entre otras justificaciones, está la de resguardar la Biosfera Maya, en Petén, zona donde se desarrollan muchas actividades ilícitas en especial el narcotráfico; en donde los Carteles de Droga Mexicanos, se pelean territorios.

En otro orden, si bien es cierto el Artículo 249, de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que “El Ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública” Debe debatirse respecto a si existe una u otra situación, o en todo caso, si la vorágine de violencia que se vive, es algo que pueda considerarse como Emergencia o Calamidad Pública. Recientemente, el empresariado Guatemalteco, y Centroamericano, se han pronunciado respecto a la Seguridad, pues los altos niveles de violencia, ahuyentan la inversión extranjera y por tanto la generación de empleos, pues cada vez más los Guardias de Seguridad Privada, superan a las y los Agentes de la Policía Nacional Civil, para el caso de Guatemala, son más de 150 empresas que ofrecen este servicio, con casi cincuenta mil Guardias, superan a la institución policial, que a duras penas puede completar los 25 mil.

La posguerra trajo consecuencias desastrosas, para la Región Centroamericana. Maras, violencia, crimen organizado, entre otras. Pero los esfuerzos para pacificar la región Centroamericana, no deben enmarcarse dentro de la filosofía de Militarizar la Región, sino más bien debemos exigirles políticas de prevención de la violencia, y del combate a la violencia, por parte de las autoridades competentes, y no de los Ejércitos, instrumentos de represión del Estado.

Por Leonardo Ixim

Nuevamente los empleados públicos se movilizan, en esta vez fueron los trabajadores del sistema nacional de salud, relacionado siempre con la crisis financiera del Estado que afecta la capacidad para proveer servicios públicos y pagar salarios. De igual forma los maestros anuncian nuevas movilizaciones para la próxima semana si no se cumple con los compromisos laborales.

Tanto médicos como empleado de servicios y enfermería de distintos hospitales públicos tales como el de Antigua Guatemala y los capitalinos Roosevelt, San Juan de Dios y centros y puestos de salud del área metropolitana, aglutinados en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Salud (SNTSS) exigieron al Ministerio de Salud que no recorte fondos ante las amenazas del gobierno central que aduce la falta de recursos.

Esta situación provoca que se dejen de abastecer centros de salud y hospitales generando falta de medicamentos, insumos y equipos hospitalarios; ademas de denunciar el incumplimiento del pacto colectivo firmando el año pasado entre trabajadores y autoridades del Ministerio de Salud. Ante esta situación representantes de los médicos, según informo el vespertino La Hora, anuncia que tales medidas se recrudecerán y se incorporan trabajadores de salud publica de todo el país sino se otorga lo pedido.

A su vez empleados de servicios y enfermería denunciaron que el Ministerio de Salud no ha hecho efectivo la entrega de insumos médicos, máquinas para tomografía, incubadoras, jabón desinfectante y otros insumos para limpieza e higiene de los paciente, al grado de denunciar que los pacientes ya no se presentan a recibir el servicios porque conocen la situación de calamidad de los hospitales.

Por su parte el magisterio aglutinado en la Asamblea Nacional del Magisterio (ANAM) anuncio que dará un plazo de una semana, para realizar movilizaciones como medida de presión ante el incumplimiento del pago retroactivo del ajuste salarial correspondiente a los meses entre enero y abril y el temor de que no se les pague julio.

El dirigente del magisterio Joviel Acevedo señalo que los responsables de la crisis de las escuelas públicas donde muchas se encuentran sin agua y luz por falta de fondos para pagar estos servicios, tienen su causa en la negativa que hasta el día de hoy tenia, los diputados de la bancada de derecha del Partido Patriota (PP) pues se habían negado a aprobar préstamos para la ampliación presupuestaria del Ministerio de Educación, situación similar en el Ministerio de Salud. De igual forma advirtió al gobierno de que realizaran movilizaciones.

El día de hoy el gobierno central y la bancada del PP llegaron a un acuerdo, donde el segundo se compromete a para la interpelación del ministro de gobernación y aprobar 11 préstamos para la ampliaciones presupuestarias. A cambio el gobierno se compromete a respetar el techo presupuestario que el congreso le impuso con la aprobación del presupuesto vigente.

Sin duda los partidos de la burguesía, en sus dos expresiones más claras, el PP y el partido oficial, ante el peligro de que se pare la administración pública afectando las elecciones de septiembre, pero sobre todo ante la movilización de los empleados públicos han llegado a un acuerdo. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera pese que las reivindicaciones tanto de ANAM como del SNTSS son justas y tal como planteara Acevedo, que los diputados se atenían a que, con la ampliación presupuestaria se tendría que aprobar prestamos, esa no es la vía. Es necesario una reforma fiscal que grave las ganancias de las grandes corporaciones nacionales y trasnacionales.

Por su parte debemos de trabajar por generar un gran paro nacional de empleados públicos y buscar la forma de coordinar esto a nivel de nuestra patria centroamericana pues situación similar se vive en todos, como forma de presión para exigir a las burguesías criollas que acepten una reforma fiscal de carácter progresivo así como el aumento de salarios y no haya recortes de personal ni en el sector público ni privado.

Por Abelardo Maturana

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rinde un sencillo homenaje al insigne revolucionario recientemente fallecido, a los 92 años de edad, Alfonso Bauer Paiz, abogado laboralista y defensor de los intereses de la clase trabajadora y campesina de Guatemala.

Nacido en 1918, hijo del periodista salvadoreño Carlos Bauer Avilés y de la guatemalteca Abigail Paiz, conocido por la generación de luchadores sociales actuales como Don Poncho, se gradúo de abogado y notario en la Universidad San Carlos (USAC), participó activamente el revolución democrática de 1944-1954, siendo diputado nacional a sus 26 años.

Durante el primer gobierno de la revolución fue subsecretario de trabajo y uno de los creadores del vigente Código de Trabajo, una de las grandes conquistas de esta revolución para la clase trabajadora, fue Ministro de Economía y Trabajo y miembro de la junta monetaria del Banco de Guatemala. En el segundo gobierno revolucionario se desempeñó como gerente general del Departamento de Fincas Nacionales a cargo de aplicar la reforma agraria y presidente del Banco Nacional Agrario, cuya finalidad era dar crédito a los campesinos beneficiados por la reforma agraria.

Ejerció la docencia en las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales así como en la Facultad de Ciencias Económicas, fue miembro del Consejo Superior Universitario de la USAC, esta instancia le pide que junto a otros connotados intelectuales haga un estudio sobre la explotación de níquel en el departamento de Izabal, poniendo en evidencia el saqueo y destrucción de los recursos naturales, eso en la década de los 70s. Don Poncho fue el único sobreviviente de los autores de este estudio, asesinados por el ejército.

Vivió en el exilio varias veces en México y Nicaragua, en este último país fue asesor del Ministerio de Trabajo durante la Revolución Sandinista. A finales de la década de los 80s estando en México trabajó como asesor legal de los refugiados desplazados por el terror del Estado que se habían ido a ese país, y fue uno de los que apoyó el retorno de estos a inicios de los 90s. Recientemente era un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Facultad de Económicas de la USAC. Secaida miraba en Don Poncho una conciencia crítica a su gestión como decano, por el apoyo que este brindo al colectivo Estudiantes Por la Autonomía (EPA) durante los 54 días de toma de las instalaciones universitarias. Por su participación en esta lucha y posteriormente su participación en el proceso de reforma actual de la U, fue despedido de la USAC por el decano Rolando Secaida, quien ha sido acusado de corrupción y reelección ilegal del cargo, además de ser un testaferro de la burguesía azucarera.

Esa situación sin duda le complicó la salud a don Poncho, teniendo las autoridades universitarias actuales responsabilidad de su muerte. Don Poncho murió el 10 de julio de 2011. En el acto fúnebre político realizado en el Paraninfo Universitario se rindió un homenaje como a un revolucionario merece, con la presencia de organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, de mujeres, de izquierda reformista y revolucionara, etc. Se realizó una marcha hacia el Museo Universitario (MUSAC) llevándolo posteriormente al cementerio de los Cipresales. En el acto las corruptas autoridades de la universidad querían tener presencia, pero familiares, amigos y organizaciones populares lo negaron.

Su ejemplo se vuelve ahora instrumento para continuar el proyecto de la revolución guatemalteca, centroamericana y mundial. Ya no se le vera más en las marchas del 1 de mayo, del 20 de octubre, del 30 de junio, pero su ausencia física no apagara la claridad de sus certeras   reprendas o puteadas políticas. Compañero Alfonso Bauer Paiz: Hasta la reunificación socialista de Centroamérica, Siempre!!