Por Leonardo Ixim
Con la constitución burguesa de 1984, se buscaba crear un marco democrático mínimo con una supuesta separación de poderes, elecciones periódicas, libertad de expresión y asociación, siempre y cuando no cuestionara el statu quo. Con la firma de la paz se incorpora a este esquema la izquierda armada, la cual se vuelve sostenedora del régimen. Con la incorporación de la izquierda esta entraba en la estrategia del imperialismo yanqui de contener el avance de la clase obrera y las fuerzas revolucionarias por medio de una apertura reaccionaria democrática, coincidiendo con el proyecto militar de la Estabilidad Nacional y con el proyecto de liberalización económica impulsado por la oligarquía y las transnacionales.
Esta nuevo pacto social oligárquico y pro imperialista por medio de esta constitución le otorga a la Universidad de San Carlos, única universidad pública del país, la potestad de influir en políticas institucionales de distintos organismos del Estado, tales como la Corte de Constitucionalidad (el máximo tribunal del país), la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, entre otros; así como reafirma su capacidad de influir en políticas estatales y públicas por medio de iniciativas de ley y más recientemente la capacidad de elegir funcionarios como el jefe del Ministerio Público, entre otros, por medio de la ley de postulaciones.
En otras palabras le da potestades especiales a esta universidad que muy pocas tienen en el mundo, que había atrás de eso es una pregunta que habría que resolver, que pensaron los constituyentes de ese momento, la vieron como una reserva moral de la sociedad burguesa con sus posibilidades de transformación social o un coto para los intereses politiqueros, a ambos.
Cooptación de la USAC por la derecha
A partir de mediados de los 90s (luego del genocidio contra la intelectualidad crítica que caracterizó la situación en la universidad con el asesinato, desaparecimiento y exilio, de estudiantes, trabajadores, docentes, profesionales y autoridades) se dio un proceso de enquistamiento de estructuras de las derechas vinculados enormemente a los partidos burgueses. Aprovechando las potestades que le otorga la constitución vigente a la U, estos partidos y fuerzas conservadoras vieron la universidad como un espacio que se podría controlar de cara a usarlo de trampolín para el control del Estado, además de lograr el cometido de quitarle la beligerancia política que tenía esta alma mater.
En el mismo período se dieron sucesos como el rompimiento de la unidad de los trabajadores (docentes, administrativos y de servicios), con el aparecimiento del Sindicato de Docentes e Investigadores de la USAC (Sindiusac). El gran abogado laboralista mártir de los derechos de la clase obrera Mario López Larrave vio esta ruptura como un duro golpe a la unidad de la clase trabajadora. Pese a todo, los trabajadores siguieron defendiendo posiciones democráticas como el caso del Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUCS), aunque en la actualidad ambas agrupaciones se caracterizan por tener posiciones muy restringidas a lo gremial, con pocas perspectivas de generar unidad en la clase trabajadora universitaria. En el caso de los docentes, sus ingresos salariales les dan un acomodamiento que no les permite avanzar en posiciones en común y aun más retrasado con alianzas el sector estudiantil de vanguardia.
A pesar de todo se genera otra instancia, un quiebre más, ahora dentro del sector docente e investigador con el aparecimiento de la Coordinadora de Claustros, que en el reciente conflicto con estudiantes de EPA tuvo y tiene las posiciones más recalcitrantes y conservadoras dentro de la U. Lo que estamos planteando es que sectores históricamente combativos a favor de las demandas democráticas y revolucionarias se han acomodado en el quehacer interno universitario, contribuyendo al alejamiento de ésta en su rol de vincularse y resolver las problemáticas que afectan a las clases oprimidas y explotadas de este país.
Por su parte, el sector estudiantil deja de tener beligerancia y de ser una voz crítica a fines de los 90s, cuando la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) fue ganada por fuerzas de derecha. Junto a esto, fueron implementadas políticas privatizadoras que excluyen a estudiantes que provienen de institutos públicos, priorizando a los procedentes de colegios privados. Tal situación se da por medio de un examen supuestamente de ubicación y nivelación, que en realidad se vuelve un colador, así como por pruebas especiales por unidad académica, pues hay sospechas de que se hacen sorteos priorizando a los procedentes de centros privados. Además, se da una exclusión de carácter estructural, ya que la formación académica de colegios privados es de mejor calidad y tienen más recursos en herramientas para los procesos de enseñanza-aprendizaje; claro eso no quita la buena calidad de ciertos institutos públicos.
Junto a esto tenemos un estudiante apático a las problemáticas sociales, cuestión que escapa del origen de clase y social ya que es una situación generalizada. Un estudiante sólo preocupado por rendir académicamente lo necesario mas nunca lo suficiente, para ir pasando sus cursos, que ve como paradigma ser un profesional y poder sobrevivir con ciertos comodidades. Ante esta situación las fuerzas democráticas de la U no ha podido generar una estrategia de concientización del estudiante, menos de organización e incorporación.
La toma de las instalaciones de la USAC por parte EPA en agosto y septiembre de 2010 despertó en algunos el interés de organizarse y preocuparse por su entorno ya no solo por sus notas, aunque también generó desconfianza, mientras que algunas organizaciones de índole más tradicional de izquierda con prácticas estalinistas y guerrilleristas como el Frente Estudiantil Universitario, con su critica sectaria, a la acción y a los resultados, contribuyen solamente a que el estudiante continúe su apatía.
La acción de las y los Estudiantes Por la Autonomía y la existencia de este reservorio de lucha combativa, junto a otros esfuerzos de organización levanta el perfil de un posible movimiento estudiantil que hoy por hoy no existe. La toma, que tuvo poco apoyo estudiantil, y los acuerdos con el Consejo Superior Universitario (CSU) pese a lo restringido de eso acuerdo con el resultado de los dos productos que se esperan ahorita en enero, una primer propuesta de bases y metodología para un proceso de reforma y la iniciativa de ley que busca el equilibrio en las juntas directivas de las facultades despierten las posibilidades de mayor organización del estudiantado. Claro esta EPA y los otros esfuerzos de organización, como los distintos colectivos, la coordinación entre estudiantes de escuelas, la de centros regionales, etc., tienen la importante tarea de generar esfuerzos de organización amplios y unitarios, así como un trabajo de base fomentando la organización tomando en cuenta el perfil del estudiante apático que se tiene; en esta tarea el Partido Socialista Centroamericano consciente de esa situación pero con la necesidad de generar una acción y pensamiento de izquierda revolucionaria en la U está en la disposición de apoyar todo lo posible.
La restitución de derechos y la reforma universitaria
Una de las causas que obligó a EPA a realizar la toma, ante la burla y oídos sordos del CSU con respecto a las demandas estudiantiles, fue la acción de carácter inconstitucional y violatoria de la autonomía de parte de la Corte de Constitucionalidad, de despojar derechos estudiantiles para votar por representantes docentes en las juntas directivas de facultades, cuestión que generaba cierto equilibrio en éstas. Al final el acto se consumó con la realización de votaciones sin la participación de los estudiantes.
Sin embargo, esta fue sólo una consigna que se levantaba ante el avance de las políticas privatizadoras, ahora en contra de los derechos del estudiantado a participar de forma equilibrada en las juntas directivas de las facultades. El problema de la universidad es más profundo tal como se planteó más arriba: la cooptación de los grupos de derecha, la defensa limitadamente gremial que termina en el conservadurismo y sobre todo que desde la universidad no se presenta un proyecto político académico de cara a proponer la construcción de una nación más incluyente (que inmediatamente no pasa por revolucionar las estructuras sociales; todavía hay que acumular y construir este bloque contra hegemónico, sino el de democratizar con más fuerza la sociedad y eso en este país es revolucionario porque se cuestiona el poder concentrado de la oligarquía).
Sobre el proceso de reforma en este momento está en su etapa de precongreso. La mesa multisectorial, en la que está representado EPA, está elaborando las bases y metodología del congreso, junto a los otros sectores de la universidad tal como plantea el acuerdo (tres del CSU, tres de los colegios de profesionales y tres los sindicatos de docentes, mas los incorporados en esta fase tres del STUCS). Sabemos que ha habido interés de algunos sectores docentes, específicamente la Coordinadora de Claustros, de no abrir la participación a estos grupos interesados que tienen el derecho a ser parte en la elaboración de la metodología y no sólo a dar el visto bueno o a poder cambiar elementos de ésta, sino en la participación integral para la elaboración de la metodología.
También es responsabilidad de esta mesa, junto a estos grupos representativos y otros que representen a los sectores dentro de las distintas unidades académicas (escuelas, facultades, centros regionales y extensiones), la elaboración de la problematización interna que diagnostique la universidad, esto no es tarea de otra instancia, sino de esta mesa multisectorial, producto de los acuerdos entre el CSU y EPA.
El congreso debe ser representativo de todos los sectores por unidad académica, con lo cual estudiantes y docentes deben ser la mayoría priorizando los primeros, así como trabajadores administrativos y de servicios, y en menor medida los colegios de profesionales. La autoridad no debe ni tiene que tener participación en este congreso, tan sólo deberá impulsar por medio de un acuerdo lo que ahí se resuelva. Claro eso se logra con la movilización permanente pues ahí nos encontramos con los sectores de derecha que han cooptado los puestos de dirección en unidades académicas, el CSU y la rectoría y estos grupos no van a dejar que se les excluya.
Para un post congreso creemos que se debe, ya sea dar al congreso el carácter de semipermanente, o, lo que sería más democrático, crear otra estructura de gobierno mas democrática, como una Asamblea General Universitaria, representativa de todos los sectores por unidad académica, encargada de velar por las resoluciones de la reforma y de ser la instancia permanente de las directrices políticas y académicas internas y externas de la universidad. El CSU se quedaría representado sólo por decanos de todas las unidades académicas. Es necesario que escuelas y centros regionales se vuelvan facultades y su función sería solamente administrativa.
La reforma es una oportunidad para las fuerzas democráticas y progresistas de la universidad y por intermedio de éstas de todas las fuerzas de esa índole de la sociedad, de recuperar la universidad de cara a los intereses populares, pues en este momento la USAC, a pesar de la hegemonía que tiene la derecha en ella, es un espacio de disputa, un territorio donde se lucha contra la hegemonía del bloque burgués en el poder. La democratización de la universidad y su orientación hacia una un proyecto de nación incluyente es obligación de las fuerzas sociales democráticas y de izquierda apoyarlo, tomando en cuenta que en la situación del país, sin un movimiento de masas fuerte y una dirección política revolucionaria que confronte al bloque burgués y a la derecha, la reforma universitaria será limitada y no se podrá eliminar a las fuerzas conservadores dentro de la U, aunque sí se puede lograr que pierdan su hegemonía.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que para evitar la profundización de las políticas privatizadoras es necesario la participación en este proceso de reforma, pues sabemos que la propuesta meteorológica de la mesa multisectorial plantea retomar los resultados de la Comisión de Reforma de 1996, que a su vez toma muchos elementos de la propuesta de reforma de 1989 de cara a una universidad para una nación incluyente. Pero de estas conclusiones se tomaron elementos que se le dio vuelta y ahora son parte de las políticas privatizadoras contenidas en el Plan Estratégico 2002-2002 begin_of_the_skype_highlighting 2002-2002 end_of_the_skype_highlighting, mientras que otros ni siquiera se aplicaron tales como la participación estudiantil de las escuelas en al votación rector, la participación de estas en los órganos de gobierno, la de los trabajadores en las instancias de gobierno, la creación de una política académica de cara a las necesidades reales de la población, etc. Por lo tanto es necesario el estudio de estos documentos que las autoridades tienen la obligación de proporcionar.
Con respecto a la restitución de derechos, producto de los acuerdos, se está elaborando una iniciativa de ley realizada por la mesa de trabajo con participación de dos delegados del CSU, dos de EPA y dos del sector docente. Esta reforma de la ley orgánica prevé una nueva composición de las juntas directivas de las facultades, ya que desaparecen los dobles votos, tanto para docentes que votaban para sus representantes y por representantes profesionales, como el doble voto estudiantil que fue eliminado con la resolución de la CC y la realización de elecciones para vocales I y II. Quedan por lo tanto cinco vocales que representaran los sectores, dos docentes, dos estudiantes y uno profesional, desaparece la figura del secretario y se nombra un vicedecano, elegidos en distintas planillas el mismo día. Para la elección de todos estos cargos desaparecen los cuerpos electorales y se adopta un voto directo y secreto.
Desaparece también la reelección aunque se aumenta en un año el ejercicio del cargo, quedando a cinco años para los decanos y vicedecanos; todos los vocales durarán en su cargo dos años. Sin duda esta propuesta de ley busca la restitución de los derechos estudiantiles, aunque de forma diferente a como lo planteó al inicio EPA. Con la figura del vicedecano, el vocal I (representante docente que ejerce el cargo de decano si éste se ausentaba y que por lo tanto era votado por el sector estudiantil, pues tenía que ser un cargo representativo, desaparece) y ahora ese ejercerá las funciones de decano en ausencia. Claro, las prácticas de clientelismo político propias de la política burguesa decadente se repetirán, pero eso es producto del contexto nacional. Es tarea del los sectores no dejarse engañar y ver quién en realidad no representa intereses personales o de los sectores poderosos de derecha. Así también se mantiene la desigualdad en la junta directiva, pues el profesional y el docente representan intereses similares y se mantiene la ausencia del sector trabajador.
Es imperativo que dentro de las propuestas de reforma universitaria con compromiso vinculante, los trabajadores tengan participación en la composición de las juntas directivas. De igual manera que la elección para rector sea universal para todos los sectores, sin cuerpos electorales y con votación directa y secreta, así como la conformación de un tribunal electoral permanente independiente en el que no haya injerencia de los grupos que mantienen el poder formal en las distintas unidades académicas, el CSU y la rectoría. Otra tarea será la fiscalización constante a este cuerpo.
Las tareas de la vanguardia estudiantil
Desde el PSOCA creemos que la participación de los colectivos y grupos estudiantiles (tales como EPA, instancias de coordinación de estudiantes de escuelas no facultativas, los grupos organizados en centros regionales y diversos colectivos en facultades, y escuelas y otras) en el proceso de reforma y sobre todo en el congreso y su seguimiento, es vital para detener los planes privatizadores de la universidad. Esta participación también es importante para la democratización de la universidad en sus formas de gobierno y para vincular la docencia y la investigación con la realidad nacional. De igual manera lo es para la toma de posición de la universidad en lo que se refiere a generar condiciones para un proyecto de nación incluyente, que cuestione tanto el poder de la oligarquía como el de sus competidores, los conocidos como sectores emergentes de la burguesía, aliados del actual gobierno de la UNE y con ello las ilusiones reformista de ciertos sectores de izquierda en busca un supuesto "capitalismo nacional no oligárquico".
Es necesario avanzar hacia la construcción de plataformas programáticas, buscando alianzas entre los grupos estudiantiles para poder pasar a la unidad. De igual manera, debemos generar alianzas con el sindicato de trabajadores y las organizaciones populares tal como se hizo durante la toma, apoyando la unidad del sector estudiantil. Esto tiene que ver con la necesidad de recuperar la universidad, pues la toma de los 54 días, las mesas de reforma e iniciativa de ley, la lucha por el presupuesto tal como manda la constitución, es solo el comienzo.
Estas plataformas y los respectivos colectivos, y en esto EPA tiene una gran responsabilidad, deberán trabajar las condiciones subjetivas del estudiantado, tomando en cuenta cuáles son los intereses actuales de estos, los intereses reales y los formales, usando métodos lúdicos y alternativos, como el arte y la imagen.
Esta tarea es de suma importancia para que el estudiantado participe en la reforma, pero también para neutralizar a la mafia de derecha que ha cooptado la AEU. Es vital que por medio del trabajo de base se vaya generando la conciencia para el repudio a estas camarillas y no sólo lanzar planillas en las elecciones, pues que eso tendría pocas posibilidades de éxito, ya que aquéllas controlan la institución, aunque podría ser una táctica de denuncia pero hasta ahí y puede quitar esfuerzo y recursos. Creemos que es más importante devolver el poder al estudiante por medio de la asamblea general y asambleas por unidad, las cuales también serían formas de participar en el congreso de reforma, logrando el desconocimiento de la actual directiva de AEU y obligándola a renunciar, creando posteriormente una nueva institución representativa del estudiantado con otra junta directiva ya no formada por planillas, sino con representantes de las asambleas y asociaciones por unidad académica tal como plantea la democracia de las clases populares no la democracia burguesa.
