Por Sebastián Ernesto González

El 23 de marzo del 2010, el docente José Manuel Flores Arguijo fue asesinado en el Instituto de la Colonia El Pedregal. Entre estudiantes y maestros, las balas asesinas del régimen post golpe terminaron con la vida de una persona que dedicó su vida a la lucha por las causas justas. Los últimos suspiros de Manuel, fueron en medio de los brazos de la maestra, amiga y camarada de lucha Rosa Vargas, quien sigue sintiendo aún, esos últimos latidos del corazón que siguen clamando justicia e igualdad social.

Son doce años ya los que han pasado del vil asesinato de Manuel Flores, miembro fundador del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) y, miembro de la Junta Directiva del COPEMH en el periodo  2000-2002, un docente más que incrementa la larga lista de crímenes que han quedado en la impunidad como también lo fue el de la maestra Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, muerta el 17 de marzo del 2011 después de una fuerte represión cometida por la Policía Nacional que, en aquel momento dirigía Óscar Álvarez, muy ligado a Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

A las muertes de los docentes Manuel Flores, y, la  maestra Ilse Ivania, hay que agregar las del docente Róger Abraham Vallejo, asesinado el 31 de julio del 2009, la muerte muy sospechosa de Félix Murillo y el asesinato del maestro Mario Contreras. A estos crímenes de lesa humanidad hay que contabilizar los de abogados, estudiantes, defensores de derechos humanos, campesinos y muchos más que, tenían como denominador común el ser miembros activos del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), movimientos de masas construido para oponerse al régimen post golpe.

Fiscalía y Corte Suprema de Justicia arraigaron impunidad

Mientras los fiscales y jueces se ensañaban persiguiendo a miembros de la resistencia para judicializarlos como delincuentes, funcionarios del régimen se lucían en violentar derechos laborales, tal y como lo hizo la ex rectora de la UNAH que ilegalmente despidió empleados, expulsó alumnos y acusó judicialmente a otros. En el caso del magisterio, el ex Secretario de Educación; Marlon Escoto, violentó la ley tantas veces como quiso, el caso más emblemático fue el del director del Instituto Central, despedido ilegalmente  sin ser reintegrado a su puesto de trabajo aún y cuando ganó el caso en los juzgados, el maestro Roberto Ordóñez murió en el año 2021 si haber recibido justicia.

La banda criminal que se adueño del país con el golpe de Estado del 2009, también controló la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, de ahí que no es extraño que funcionarios corruptos andan libres y personas honestas han sido martirizadas por el único pecado de pelear por un pueblo.

Actualmente, los operadores de justicia que antes reverenciaban al criminal Juan Orlando Hernández, con manos temblorosas deben decidir entre el delincuente o la petición de los estadounidenses de extraditarlo al norte. Sin duda alguna que, esta Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General, siguen siendo los mismos personajes corruptos que apañaron el crimen y bailaron al son del narco gobierno, siguen teniendo la misma sed de sangre que tenían antes, con la diferencia que ahora deben moverse al son de la justicia de USA, caso contrario; corren la misma suerte de ser extraditados y terminar su vida en la cárcel.  Por lo anterior, se vuelve imperativo la destitución de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General y el Fiscal Adjunto.

Por la creación de una comisión independiente que investigue los crímenes del régimen post golpe

Hasta ahora, no hay un tan solo personaje preso por los centenares de casos de violación a los derechos humanos, violación a derechos laborales, o, en el peor de los casos; por asesinato. Es obligación del actual gobierno de LIBRE, conducido por doña Xiomara Castro, no permitir que la impunidad siga siendo una coraza para los criminales, la lucha en las calles no ha terminado, hay que salir a exigir justicia para los mártires de la resistencia, estos claman desde sus tumbas que se condene a los asesinos y a los funcionarios que irrespetaron la ley.

José Manuel Flores Arguijo cumple 12 años de asesinado, el mismo tiempo que duró en el poder el Narco Partido Nacional. El magisterio, los sindicatos y campesinos tienen la obligación de exigir la investigación de todos estos crímenes cometidos por la estructura golpista, es seguro que muchos policías y militares que violentaron los derechos humanos ahora son parte del engranaje del gobierno de LIBRE, aun estos deben ser judicializados de ser encontrados culpables.

¡Sangre de mártires, semilla de libertad!

Por Carlos Alberto Funes

El 13 de marzo de 2020 la Secretaría de Educación envió una circular en la que se ordenaba el cierre de los centros educativos durante 14 días a consecuencia de la llegada del virus SARS-COV-2, desde entonces, la educación hondureña sufrió un retroceso trágico que las nuevas generaciones cargarán en sus mentes, son dos años ya sin clases presenciales, menos que medianamente virtuales, y, ahora; con un frío retorno a las aulas de clase.

Fueron dos años en que la narcodictadura se interesó solamente en robarse el dinero, y, en ningún momento hicieron algún esfuerzo mínimo por solventar el proceso educativo a través de un sistema virtual. El ex ministro de Educación Arnaldo Bueso, se dedicó todo ese tiempo ha distribuir la bolsa solidaria como un activista más del Partido Nacional, en reiterados foros televisivos se defendió como gato panza arriba ante los señalamientos que los dirigentes magisteriales le señalaban descubriendo su ignorancia en cuanto a política educativa. Fueron los docentes y las madres de familia que trataron de mantener viva la llama del proceso enseñanza aprendizaje.

El nuevo gobierno y el ilusionismo del retorno

El 28 de enero de 2022 asumió el poder el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) con doña Xiomara Castro en la presidencia de la república. Las nuevas autoridades en Educación se dieron a conocer en la última semana de enero generando mucha incertidumbre y caos en el inicio escolar, si bien es cierto que el gobierno saliente trató de retirarse creando inestabilidad en el sector educativo para sacar provecho y exprimir los últimos beneficios en dicha secretaría del Estado, no hay que desconocer que las nuevas autoridades educativas iniciaron cometiendo varios errores que más bien pareciera, son actos de “ilusionismo” para sacudirse de la espalda la responsabilidad del retorno seguro a clases.

Los antes dirigentes magisteriales y ahora autoridades de Educación no pueden aducir desconocimiento en educación para decidir políticas educativas contundentes que encarrilen el proceso hacia la luz al final del túnel, obviamente, tomar decisiones contundentes ante una realidad de carestía como la que han presentado; significa generarse rechazo de un sector o del otro. Sin embargo, en este momento lo más importante es salvar la educación.

La Presidenta del país doña Xiomara Castro, para bien o para mal decidió entregarle la educación a los dirigentes magisteriales que apedreaban al ex ministro Arnaldo Bueso cuando se hablaba del retorno a clases. El actual ministro de educación, los tres vice ministros y toda la estructura de las departamentales con sus distritales respectivas son personas que han salido de la lucha en las calles durante 12 años en que se aguantó la dictadura del partido Nacional, son los mismos dirigentes que denunciaban todos los días las debilidades de la educación virtual ante la ausencia del internet en las familias hondureñas, de la falta de las herramientas tecnológicas y de la falta de los implementos de bioseguridad, entonces… un acto de magia pura: ni presencial ni virtual.

Al no poder cumplir con el acondicionamiento de las instalaciones físicas de los centros educativos, no poder cumplir con internet gratis y otorgar herramientas tecnológicas a los educandos, no poder cumplir con los implementos de bioseguridad, como solución se ha llamado a un sistema semipresencial, que ni es virtual ni presencial.

El retorno seguro debe ser total y nacional

El colapsar los hospitales con masivos contagios sigue siendo el motivo para no hacer un llamado normal a clases presenciales, es una necesidad que no se puede seguir alargando el que educandos y docentes se adueñen nuevamente de sus espacios educativos. La educación virtual en los centros públicos ha sido un fracaso terrible, no por culpa de los docentes ni de los alumnos, sino más bien por la irresponsabilidad de un gobierno que nunca le importó la educación y de autoridades actuales que temen tomar decisiones que les genere rechazo de la base del magisterio.

Las autoridades actuales ya no deben pensar creyendo que siguen siendo dirigentes magisteriales, ahora son funcionarios públicos y deben tomar decisiones por el bien académico de una juventud marginada y maltratada. La educación necesita arrancar y hasta ahora solo se ha disfrazado, el retorno seguro a clases es impostergable, el discurso que “no hay dinero” ya no debe ser excusa.

Por Sebastián Ernesto González

La lista de los extraditados a los Estados Unidos ya va arriba de los treinta, acusaciones de tráfico de drogas, uso de armas para traficar, lavado de activos, asesinatos, asociaciones ilícitas, etcétera, son los delitos por los que todo extraditado ya cumplen condenas arriba de los 15 años o de cadena perpetua como el caso de Tony Hernádez, hermano de Juan Orlando Hernández. Actualmente hay varias solicitudes de extradición, siendo las más impactantes la del mismo expresidente Juan Orlando Hernández y la de Juan Carlos Bonilla, alias “El tigre Bonilla”, quien fue director general de la Policía Nacional y detenido el miércoles 9 de marzo por la tarde, después de andarse escondiendo de sus antiguos subalternos durante 10 meses.

Según la misma información que ha trascendido desde las mismas cortes de los Estados Unidos, todos los ya condenados y los solicitados en extradición venían siendo parte de una estructura criminal desde hace 20 años, un poco más o un poco menos. Curiosamente, el gobierno de Ricardo Maduro Joest del Partido Nacional fue en el periodo 2002-2006. Años en que se supone que todos estos criminales inciaron sus andanzas con el crimen organizado.

El asalto del poder por el cartel Hernández

Retrocediendo en la historia al periodo del ex presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), es más fácil ahora comprender la forma en que se dio el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Evidentemente, fue en ese periodo del 2002-2006 en que inciaron a estructurar una red criminal con el objetivo de asaltar el poder, situación que les fue facilitada por el discurso “antichavista”, “anticomunista”, y “anti reeleccionista” de los sectores que alimentaron la defenestración de Zelaya, y no hay que ignorar, el papel de los estadounidenses en sostener al Partido Nacional en el poder.

La empresa privada rápido encajó con esta banda, no fue difícil atraerlos al plan maquiavélico, siendo una burguesía parasitaria que todo el tiempo han hecho jugosos negocios con el Estado, sin importar quien estuviera al frente del gobierno, y, una banca privada emergente en consonancia con las políticas neoliberales que desde los años 90 venían ganando terreno, muy rápido se hicieron socios para el lavado de activos. Hasta ahora, solo la familia Rosenthal cumplió condena; Yani Hidalgo Rosenthal y su primo Yankel estuvieron presos en New York por menos de 5 años, mientras que su padre don Jaime Rosenthal fue pedido en extradición, pero murió sin ser llevado al norte. De tal forma que, el banco Continental de la familia Rosenthal en un suspiro fue desmantelado por el entonces presidente Juan Orlando Hernández.

Entre los individuos ya condenados en el norte con lazos fuertes en los gobiernos nacionalistas están: Fabio Lobo, hijo del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014); Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022); Alexander Ardón, primo de los Hernández y ex alcalde de El Paraíso departamento de Copán.  Se encuentran detenidos para ser extraditados en los siguientes días; Juan Orlando Hernández y Juan Carlos Bonilla. Al parecer, los órganos judiciales de USA hasta ahora solo tienen puestos los ojos en los Hernández, jerarcas militares y policías que utilizaron el poder para traficar droga al país del norte. Aún no hay empresarios de la banca privada, periodistas, personajes de la sociedad civil o pastores, que a todas luces estuvieron involucrados con el cartel Hernández. 

La telaraña criminal sigue intacta

Los constantes asesinatos múltiples, la quema de cárceles donde han muerto centenares de reos desde el 2003, la quema de buses, el asesinato de abogados, periodistas y defensores de los derechos humanos o defensores del ambiente, son solo el resultado del terror sangriento desatado por la estructura criminal que penetró el Estado, y que; falta mucho por desmantelar. El pueblo hondureño y el gobierno de doña Xiomara Castro no pueden estar esperanzados en que los gringos se llevarán a todos los involucrados en el narcotráfico. Desde ya, el pueblo debe organizarse para exigir un referéndum revocatorio para cambiar los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General Óscar Chinchilla. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, fue impuesto por Juan Orlando Hernández y tiene nexos muy estrechos con el Cartel Hernández, es ilusorio creer que todos caerán en los brazos de la justicia norteamericana, estos siniestros personajes aún siguen utilizando la influencia en la institucionalidad para sembrar el caos y boicotear cualquier aspiración del pueblo por obtener justicia y equidad social. La movilización popular para desmantelar la red criminal no debe estar sujeta en ningún momento a los condicionamientos que desde USA le hicieron al Partido LIBRE y a doña Xiomara Castro para permitirles ganar las elecciones del 28 de noviembre del 2021.

Por Frandav Lifú

El gobierno de doña Xiomara Castro ya lleva más de un mes de haber asumido la administración pública, hasta ahora, las frases de moda para los funcionarios del gobierno del Partido LIBRE y PSH son “no hay dinero”, “todo se lo robaron”, “saquearon las finanzas públicas”, o la frase más deprimente de todas “hasta los tenedores se robaron”. Si la narcodictadura se la pasó 12 años diciendo que la culpa fue de Mel, parece que ahora como un deja vu nos la pasaremos otro tanto de tiempo escuchando que la culpa es de la narcodictadura.

Al parecer, el guion está aprendido, todos pretenden sembrar en el imaginario colectivo que por la culpa de la narcodictadura no hay dinero y por ende; debemos dormir el sueño de los justos esperando un aumento salarial.

Los acuerdos para llegar al poder

Es ilusorio creer que los poderes fácticos permitieron que el partido Libertad y Refundación ganara las elecciones generales sin haber realizado algún pacto con los sectores involucrados en el golpe de Estado del 2009. El primero de ellos es la embajada estadounidense, que ya hasta el copete de las diabluras del narcotraficante Juan Orlando Hernández, decidieron sacarlo de una vez por todas de la administración pública. Fue la misma política del país del norte que protegió y avaló las ilegalidades del narcotraficante para que se impusiera con descarados fraudes en las elecciones del año 2013 y 2017.

El trabajo sistemático de los órganos judiciales estadounidenses en el desmantelamiento del cartel de los Hernández avanzaba desde el 2010 –año en que el Partido Nacional asumió el poder con Porfirio Lobo Sosa a la cabeza- a la par del financiamiento y reconocimiento del gobierno nacionalista y en consecuencia; del dictador que ahora se encuentra detenido para ser extraditado a New York.

Ante una probable crisis generada por la banda criminal que alimentaron, la política del pentágono se vio obligada a permitir el reconocimiento a todas luces de una contundente victoria de LIBRE, pero no sin antes doblarle el brazo al nuevo gobierno, obviamente, el pueblo envió placenteramente  aplausos y vivas hacia el norte por haber puesto fin a los 12 años de latrocinio de una banda criminal que aún sigue viva.

Cuando en octubre del 2021, Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras, estableció a espaldas de su base una alianza con el Partido LIBRE, obviamente, fue porque lo sentaron a negociar, aun y cuando sus principales cuadros hicieran rabietas de niño caprichoso y que ahora ya nadie recuerda. Sin embargo, ya es evidente que fueron comodines para encarrilar la nave al puerto que desean cuando esta se desvíe, tal y como sucede ahora con la amnistía a los presos políticos, en que todo los medios corporativos se exceden en resaltar situaciones de una supuesta impunidad a los personajes de Enrique Flores Lanza y Marcelo Chimirri –que si fueron perseguidos posteriormente al 28 de junio del 2009 y no antes- por sobre los centenares de personas asesinadas, detenidas, judicializadas o exiliadas por persecución política. Hablan de regular la amnistía pero no mencionan el hecho de proceder contra fiscales y jueces que abusaron del poder desde el golpe de Estado. Tampoco hablan de resarcir el honor y los daños a personas que luchaban en las calles. Sin duda alguna que, el giro que también dio un sector de la empresa privada fue porque condicionaron el reconocimiento y apoyo a Xiomara Castro.

El pretexto para seguir hundiendo a los trabajadores

Actualmente sigue en discusión el aumento al salario mínimo, la representación empresarial y la de los trabajadores aún no se ponen de acuerdo y tendrá que ser el gobierno el que defina el aumento. Así como se presenta el panorama no será de gran cosa el nuevo salario mínimo que se definirá, en detrimento de la capacidad adquisitiva de las familias hondureñas. La misma suerte corren los empleados públicos, docentes y doctores, el discurso es que “no hay pisto” y si algo han dejado demostrado los “cachurecos” es que el dinero abunda cuando no se lo roban.

Independientemente de lo que saquearon los delincuentes que ya no están o de los acuerdos que adquirió doña Xiomara previo a las elecciones del 28 de noviembre del 2021, la clase trabajadora debe organizarse y salir a las calles a exigir que se detenga el precio de los productos de la canasta básica que desde diciembre no dejan de aumentar, exigir un aumento general de salarios acorde con el actual índice de inflación y sobre todo; a exigir el enjuiciamiento de los funcionarios que saquearon el erario e incautación inmediata de los bienes personales y de los testaferros respectivos.